Revista Mensual | Número: Marzo de 2017
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Fuentes consultadas: EE.UU.: Wall Street Journal (WSJ). Gran Bretaña: The Economist (TE). Alemania: Deutsche Welle (DW); China: Xinhua (XH); Rusia: Russia Today (RT); Irn: HispanTV (HTV) Venezuela: Telesur (TS). Cuba: Cubadebate (CD). Argentina: Clarín (CL); Crónica (CA); Cronista Comercial (CR); La Nación (LN); Miradas al Sur (MS); Página 12 (P12); Tiempo Argentino (TA).
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Desorientados

Intentando lo imposible
El sur tampoco puede esperar
Complicaciones en el frente interno
Ladrilo por ladrillo
Nuestra Brújula está afinada


Ante la imposibilidad de sobrevivir a la crisis, las oligarquías latinoamericanas buscan salidas conocidas pero inviables

Desorientados

“Quisiste con ternura, y el amor

te devoró de atrás hasta el riñón.

Se rieron de tu abrazo y ahí nomás te hundieron

con rencor todo el harpón (…).

Por eso en tu total fracaso de vivir,

ni el tiro del final te va a salir”

“Desencuentro”, C. Castillo

 

Durante el mes de febrero, el proceso de crisis económica global continuó el curso de su manifestación en Améerica Latina. La profundización de la disputa entre los capitales más concentrados de escala mundial por el reparto de la riqueza planetaria, que expulsa del mecanismo productivo a sectores cada vez más vastos de la población, deja también sin posibilidad de reproducción a una parte considerable de las oligarquías locales o, por lo menos, biende las fracciones del empresariado la burguesíaregional que han estado a la cabeza de responsables de desarrollar las relaciones capitalistas en los países periféricos durante buena parte del largo siglo XX; en la aceleración de la tendencia estructural hacia la crisis sistémica –como analizábamos previamente en el primer artículo de esta revista–, se los fagocita su propia lógica expropiatoria, sucumbiendo al ritmo de fusiones, absorciones o quiebras por “corrupción”. En relación a esto, los acuerdos de libre comercio sohan sido la herramienta más apropiada que los capitales concentradosmonopolios han desarrollado  para someter a las economías dependientes en la última parte del siglo pasado, profundizando el papel a que hafueronn  sido destinadas dichas naciones como meras productoras de materias primas para ser consumidas en la producción industrial de las economías centrales; sosteniendo, a su vez, el “buen pasar” de las poblaciones de las principales y minoritarias economías primermundistas, mientras la pobreza y la extrema subsistencia se volvía crónica en nuestros castigados países.,

pPero debido al grado de desarrollo de la crisis, estos tratados y acuerdos comerciales son cada vez más difíciles de sostener sin pasar por brutales procesos de ajuste para las amplias mayoriasmayorías del pueblo trabajador y no poco de las fracciones empresarias mercadointernistas. Esta es la razón por la cual el ALCA no logró el consenso necesario para ser aplicado en 2005. Y es también la causa de que veinte años después de puesto en funcionamiento, el TCLAN no haya fomentado ni la mejora de los trabajadores mexicanos ni tampoco de los estadounidenses. Solo ha contribuido a apalancar el proceso de concentración de los capitales con base en Norteamérica; o, incluso, de solo una fracción de ellos.   

En este sentido, el principal hecho que ha repercurtido en nuestra región desde la asunción presidencial de Donald Trump en la primera economía mundial es el anuncio de la salida de EEUU del Tratado de Libre Comercio de America del Norte (TCLAN) y del proyectado Acuerdo Estratégico Transpacífico (TPP), lo que pone de manifiesto las fracturas existentes, previamente, tanto entre algunos de los principales capitales con base estadounidense como también al interior de las fracciones dominantes en cada país den Ameérica Latina. Como decíamos en el primer artículo de este Análisis…, la exacerbación de la competencia intercapitalista deviene, necesariamente, guerra comercial. Y el cisma que ello origina pega, primeramente, sobre la economía mexicana –segunda de Latinoamérica y una de las primeras quince de todo el planeta por volumen de PBI–, donde su literal expulsión del TCLAN es solo el primer estertor de un quiebre que atravesará a toda la región, desde la frontera yanqui hasta la Patagonia.   

Está situación pone de manifiesto la desesperación de los capitales con base en EEUU por “priorizar” el desarrollo económico interno, que no logra generar empleos ni, mucho menos, recuperar algo de lo que fue su pujante cordón industrial de la posguerra. Para lo cual, en medio de su también histórico quiebre en la alianza con los “socios” europeos, necesitan expandir fuertemente su presencia expropiatoria sobre nuestro subcontinente, arrasando todo vestigio de justicia social que hubiera brotado en los últimos años entre nuestras naciones. Es lisa y llanamente la imposibilidad de que eaquellos capitales monopólicos transnacionales puedan seguir  sostenierndo” a sus antiguos aliados estratégicos en cada uno de nuestrlos países; mucho menos cuando la presencia de las inversiones chinas y rusas avanza a paso firme desde hace poco más de un quinquenio, sin menoscabo del papel que cumplen Venezuela, Bolivia o Ecuador como muro de contención de los deseos expansionistas de los capitales imperiales.

De esta manera, el intento desesperado de aquellas fracciones oligárquicas latinoamericanas por “sobrevivir” en un nuevo escenario que las enfrenta, cada día más, con sus ex aliados, se manifiesta en la búsqueda urgente por acumular el mayor volumen de capital al precio de expropiar al grueso de las fracciones más pequeñas de capitales locales y, prioritariamente, del conjunto del pueblo trabajador. De ahí que los planes de ajuste masivo que llevan adelante en pocos meses los gobiernos de Macri o Temer no tengan posibilidad de “menguar” su intensidad, achicando también el margen de maniobra de los sectores empresarios ligados a la producción exclusiva para los mercados nacionales. Estos, sin ninguna posibilidad de llevar adelante un programa político y económico propio, pendulan entre el apoyo a los sectores rentísticos vinculados a la producción de commodities (como socios minoritarios y, por ello, de poco futuro) y ela apoyolianza con a los sectores nacionales populares del pueblo que enfrentan a las oligarquías. A medida que las posibilidades económicas de reducen, se extingue también el consenso político, caldeando las calles de la región, y obligando a los trabajadores a poner las barbas en remojo.

Intentando lo imposible

El mes pasado veíamos cómo los países más vinculados con EEUU a través de los TLC eran los primeros en ser perjudicados por la renuncia a seguir impulsando el Tratado Transpacifico anunciada por el presidente electo Donald Trump, convirtiendo a Mexico en el principal ejemplo de cómo se convulsionaba la economía azteca en un lapso de pocos días. La oligarquía mexicana ha sido hasta ahora muy beneficiada por el intercambio con su vecino del Norte. El comercio sin aranceles aduaneros permitía que colocaran en EEUU hasta el 77,5% de las exportaciones, integradas casi en su totalidad por materias primas (petróleo crudo) y productos agrícolas o sus derivados menos elaborados. A su vez, los productos de origen industrial que son vendidos desde México se fabrican casi en su totalidad por empresas extranjeras, dentro las cuales la mayoría son estadounidenses (fuente: https://prezi.com/p5bn_iv1dul2/principales-productos-que-exporta-mexico-a-eu-y-canada). Este mecanismo de dependencia neocolonial, a que viene siendo sometida “legalmente” la patria azteca desde hace casi un cuarto de siglo, se esconde tras un ilusorio resultado superavitario en la balanza comercial que le significa al conjunto de las empresas de producción mexicana unos 122.685 millones de dólares en sus transacciones con EEUU (LN 27/01). Junto con ello, el año pasado, el mercado mexicano recibió 15.797 millones de dólares en inversión de empresas norteamericanas –la mitad de la totalidad de la inversión extranjera yanqui– a lo cual se suman 23.600 millones de dólares que implican las remesas que los mexicanos residentes en EEUU envían cada año a sus familias en el país de origen (LN 27/01).

Es decir, desde una mirada meramente economicista, la economía mexicana parece ser una beneficiaria neta de su relación de intercambio abierto con la potencia yanqui: tanto las empresas como las familias son “receptoras” de verdes dólares provenientes del norte. Pero el problema se devela cuando veamos que el grueso de dichas empresas son firmas estadounidenses o subsidiarias “locales” de aquellas, que se benefician extraordinariamente con los bajos costos de producción latinoamericanos mientras duplican sus ganancias por la baja carga impositiva que implica remitir ganancias a sus casas matrices, expoliando así constantemente al conjunto del pueblo mexicano de sus fuerzas productivas. A su vez, el “atractivo” sueño yanqui de prosperidad ha generado que más de 30 millones de mexicanos migren hacia EEUU, contribuyendo al rompimiento de los lazos que estructuran a la sociedad azteca.

El ejemplo más resonante de esta dependencia industrial mexicana se produce en la rama automotriz, donde la existencia de bajos costos (fruto de pagar salarios muchos menores que en su pais de origen) permite ganancias por encima de la media a las firmas norteamericanas, mientras otorga meramente “chances de sobrevivir” a una parte de la clase trabajadora mexicana, que perjudica así lo que podría ser un desarrollo industrial realmente nacional, independiente de la reproducción de sectores del capital norteamericano.

Por ello señalamos que el grado de dependencia de la nación azteca pone en peligro su propia existencia ante el escenario planteado: la crisis creciente imposibilita a los capitales concentrados sostener esa política dependiente, ya que tiene que arrebatarle a sus “socios menores”, a cualquier costo, el control de los recursos naturales y del aparato industrial instalado bajo su propia égida. Ante este peligro, y luego de fallidos acercamientos con el nuevo mandatario estadounidense, el gobierno mexicano de Enrique Peña Nieto, ante la dificil situación politica que se encuentra luego de dos débiles triunfos electorales –con la izquierda siguiéndolo de cerca  y con el EZLN cuestionando su dominio territorial cada vez con mayor concenso de la población, sumado a los asesinatos y desapariciones llevadas a cabo por las organizaciones narco que provoca una agotamiento popular–, anunció medidas desesperadas: “se decidió relanzar el sello 'Hecho en México', para identificar los productos manufacturados en el país y alentar a que la población los compre aclarando que ‘esto no significa distinguir si las empresas que los producen son nacionales o no, pues lo importante es que esos productos estén hechos por manos mexicanas…”. El golpe de “marketing” se completaba con “la simplificación de la tarifa de comercio exterior en aproximadamente 40%; la formación de un fondo de 1.300 millones de pesos mexicanos para fomentar sectores estratégicos como el automotriz, aeronáutico, eléctrico, electrónico, energético y agroindustrial; y la simplificación de al menos el 25% de la carga burocrática de los trámites (requisitos, tiempos, costos) para realizar inversiones (…) informó que comenzará una ronda de consulta de 90 días con empresarios y diversos sectores para evaluar qué reformas son necesarias en el TLCAN (RT 3/02). Es, en otras palabras, la insistencia en que se resuelve con más inversión extranjera y para eso es necesario profundizar las condiciones de realización que los capitales foráneos ya tenían, so pena de aplicar mayores ajustes sobre la clase trabajadora, única manera de que el TLC “funcione”.  

En el mismo sentido, tal vez mas crudamente, el polémico canciller mexicano, Luis Videgaray, afirmaba que “será necesario hacer unas adecuaciones al tratado. Aunque subrayaba que su país “no aceptará un regreso a ‘políticas proteccionistas’ como el sistema de cuotas de importación o la imposición de aranceles (RT 3/02). Para resolver el libremercado nada mejor que más libremercado, a costa de lo que fuere, incluido el hambre de las mayorías, de aquellas “manos mexicanas”; nada más ni nada menos que mayor descarga de la crisis sobre los trabajadores con el salario mínimo peor pago del continente.

De todas maneras, Videgaray también anunciaba el inicio de los esfuerzos de México para intensificar las relaciones comerciales y tratados comerciales con América Latina, Europa, Asia y Africa, asi como también obligándose a pedir audiencia con China, elevando la asociación con aquel el país asiático al nivel de “estratégica e integral” (XH 31/1). Es decir, la presión empresaria mexicana obligaba a buscar alternativas comerciales ante el estallido del TCLAN y de los sucesivos fracasos de los sectores rentísticos en conseguir una salida con EEUU. La fractura al interior del empresariado mexicano se ahonda, necesariamente, y con ello la incapacidad de “ser fuerza gobernante”. La debilidad política de Peña Nieto (que analizaremos en mayor detalle en el siguiente artículo de esta revista) se basa en dicha falta de unidad estructural de la “burguesía” mexicana.

Por otro parte, y como una de las principales derivas que necesitamos analizar, lo que ocurre con el estallido de los TLC desde la maniobra de Trump es la necesaria profundización del aislamiento estadounidense, fundamentalmente si estos nuevos lazos que busca con desesperación Peña Nieto se consuman con el bloque del Mercosur o, pero incluso, si sucede dicho acercamiento con los países del ALBA.

El sur tampoco puede esperar

En Chile, el gobierno de Michele Bachelet también tomó nota de lo sucedido con el TCLAN y, siendo históricamente la puerta de entrada del librecomercio yanqui en America del Sur, rápidamente tuvo que anunciar mediante su ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, que el Acuerdo Estratégico Transpacífico (TPP) ya no es parte de la agenda del gobierno, luego que Estados Unidos abandonara este proyecto de asociación económica”, aunque afirmaba que eso no significa, sin embargo, que Chile cambie de rumbo. Nos interesa seguir avanzando en la integración con países de la región Asia-Pacífico (TS 24/1); es decir, no hay margen económico para no seguir profundizando el acercamiento con la gran potencia asiática y sus vecinos, aunque eso demande una nueva etapa de negociaciones “individuales” con dichos países asiáticos.

Pero la situación para los chilenos no es distinta que para sus pares mexicanos: la fracción dominante de la burguesía históricamente vinculada a la producción de cobre también está jaqueada por la arremetida de los capitales monopolicos (que de “socios mayores” ahora necesitan pasar a ser directamente “propietarios” de la mayor reserva cuprífera del planeta); la oligarquía trasandina necesita una salida que garantice su reproducción en un marco interno de creciente malestar social, que se moviliza inclusive contra el propio gobierno “popular” de la Concertación. Por otra parte, el cambio de rumbo yanqui hace que Chile (que su elite gobernante) pierda la condición de “aliado preferencial” que tenía desde la dictadura de Augusto Pinochet. La orientación hacia el libre comercio con los mercados del Pacifico, principalmente con China y Corea del Sur, demanda un esquema de alianzas que le permitan negociar con mayor “espalda”, lo cual obliga a los empresarios chilenos a volver la mirada sobre el Mercosur, como única salida política posible.

En este sentido, Mauricio Macri y Bachelet firmaban durante febrero la Declaración de Chacabuco, por medio de la cual se proponen impulsar “la convergencia entre Mercosur y la Alianza del pacífico”, expresando que "las tendencias proteccionistas observadas a nivel internacional se contradicen con el esfuerzo para alcanzar el crecimiento sostenible y el desarrollo inclusivo”. Además, celebraron el inicio de las negociaciones para alcanzar un acuerdo de liberalización comercial” (CL 12/2). Es decir, la arremetida del norte obliga a juntarse más con los países de la región, aunque las posibilidades reales de “complementarse” económicamente sean exiguas, dado el carácter rentístico sobre el que se erigen sus núcleos empresarios.

Mientras tanto, para no quedarse atrás, los gobiernos de Argentina y Brasil se reunieron para tratar la situación del Mercosur que –una vez cumplido el objetivo de correr a Venezuela del ente regional en diciembre último– se relanzaría a la conquista de los mercados donde entren los pocos “commodities” competitivos locales, dejando de cumplir el papel de integración económica y cultural intraregional que tenía con los anteriores gobiernos. De esta manera se expresaban los deseos del órgano de la oligarquia argentina con respecto a este encuentro: “de cara al mundo, la reunión entre Temer y Macri servirá para reforzar el compromiso de ampliar la inserción internacional del Mercosur a través de acuerdos más significativos de libre comercio con otros bloques y países. Tras la traumática salida de Venezuela del Mercosur a fin del año pasado, el tan demorado acuerdo con la Unión Europea (UE) ya depende más de cuestiones internas europeas que de obstáculos ideológicos dentro del Mercosur. Y ahora, liderados por los diplomáticos argentinos y brasileños, el bloque despliega una agenda de búsqueda de acuerdos de libre comercio con Canadá, Japón, Corea del Sur y los países de la Asociación de Libre Comercio Europea (Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein)” (LN 5/2). Además, en la cumbre realizada entre ambos presidentes –y por sus respectivos sequitos de funcionarios/CEOs– insistieron en la necesidad de incrementar las relaciones con toda la Alianza del Pacífico, incluido en ello México.

Pero dicho “afianzamiento” del Mercosur acarrea un riesgo de doble filo, ya que la posibilidad de que estos gobiernos oligárquicos “neoliberales” pierdan prontamente el mando estatal se acrecienta día a día. Tengamos en cuenta que tanto en Brasil como en Argentina la intención de voto de los ex presidentes Lula da Silva y Cristina Fernández mantiene una tendencia que los consolida como únicos “favoritos” de cara al 2018 y 2019, respectivamente. Entonces, fortalecer el Mercosur con México es potecialmente peligroso para dichas elites porque si “retornan” las fuerzas políticas populares que se expresan tras Lula y CFK, ¿cuánto más debilitados quedarían estos sectores minoritarios y oligárquicos frente al proyecto regional de una Patria Grande?

Ahora bien, ¿tienen acaso otra opción dichas elites? No pueden más que profundizar esas relaciones con el mundo, y con ello el acercamiento de las naciones, constituyendo bloques de intereses económicos y políticos que se mantienen como tendencia principal ya que, a juzgar por los hechos sucedidos en los últimos meses, en la lucha con los capitales trasnacionales, se ven obligadas a fusiones y concentraciones que exigen, esencialmente, los planes de ajuste masivos para mejorar la productividad de sus “commodities”. Pero esta “inserción mundial” se produce con los productos más competitivos que tienen ambos paises, el agro y el petróleo, los cuales son crecientemente explotados por los grupos concentrados trasnacionales, dejando de lado a sus otrora “lugartenientes locales”.  Así, estas “protoburguesías” locales van quedando cada vez más en peligro de extinción ante las acciones que el capital concentrado global está empujado a tomar. Los “escandalosos” sucesos del Lavajato en Brasil y una docena de países de la región no sólo puso sobre tablas la imposibilidad de las fracciones más concentradas brasileñas de sobrevivir en medio de la guerra comercial mundial, sino que también implicó el socavamiento de diversos grupos económicos “locales” en todo el subcontinente latinoamericano; blanqueando, así, la fractura existente entre ellos y los capitales monopólicos trasnacionales.

Complicaciones en el frente interno

Con esta situación, las oligarquías, que históricamente se apropiaron de los recursos naturales de toda la sociedad y los usaron para su propia reproducción, están en un gran atolladero al volverse los capitales monopólicos hasta por sus propias rentas. Como venimos analizando estos últimos meses, los planes de ajuste para poder “zafar” de la rapiña voraz de los grupos concentrados globales están haciendo agua en todos lados y, lo que es peor aun, están dejando afuera a los sectores empresarios mercadointernistas imposibilitados por sus condiciones de desarrollo de competir a escala mundial. Así, las políticas económicas aplicadas para sostener el funcionamiento de nuestros estados se vuelven a basar en la privatización y el endeudamiento. Donde aparece más claramente esto es en Brasil, cuando a fines de enero el gobernador de Rio de Janeiro, Luiz Fernando Bigfoot, acordó con el gobierno federal la privatización de la Compañía de Agua y Alcantarillado de Río de Janeiro (Cedae) a cambio de la obtención inmediata de un préstamo de cinco billones de reales (moneda local) para el pago de salarios atrasados en el Estado y entre los trabajadores de la compañía (TS 26/1). La respuesta por parte de los trabajadores no se hizo esperar, ya que, con mucha experiencia a cuestas, identificaron bien los mecanismos de la medida como parte de una política generalizada de ajuste. Así lo definía el dirigente del Frente Popular, José Carlos Madureira: “no es más que el retorno de la agenda neoliberal a nuestro país (TS 26/1). A su vez, el ministro de Agricultura brasilero, Blairo Maggi, declaró que se proponen aprobar, para fines de junio, una ley que levantará los límites a la compra de tierras agrícolas por parte de extranjeros (LN 3/2), lo cual fue avalado más tarde por Meirelles cuando afirmó “que la agroindustria es uno de los sectores de más rápido crecimiento en el país y, por lo tanto, requiere inversión” (CR 17/2).

Mientras tanto, la situación social se sigue descomponiendo en todo Brasil. En febrero el desempleo llegó al 12%, duplicando el 6,5% que tenía en 2014 (CR 1/2), siendo la industria automotriz una de las más afectadas, perdiendo 518.000 puestos de trabajo en tres años. Dos cuestiones se desprenden de estos hechos: la primera es que con la profundización del ajuste presupuestario los estados o provincias subordinados al estado central quedan desde el punto de vista fiscal y económico a la deriva, siendo empujados por el gobierno de Temer a resolver por su cuenta los defícit que acarrean, obligándose a tomar deuda y privatizando “todo lo que sea privatizable”. A su vez, los gobernandores estaduales son obligados a votar mediante sus representantes contra los intereses nacionales, exigidos por la necesidad de recibir más transferencia del gobierno federal, desacreditando aún más al conjunto de la fracción dirigente de los partidos políticos tradicionales.

La segunda cuestión en juego es que se rematan al mejor postor los recursos estratégicos de las economías latinoamericanas, cediendo el control de lo que le corresponde a la sociedad toda. Generan, a su vez, mejores condiciones para la llegada de capitales concentrados que primarizan aún más la economía, desarrollando solamente los sectores mundialmente competitivos (por condiciones naturales e históricas), en detrimento de los sectores industriales mercadointernistas, dejando con ello un tendal de trabajadores desocupados, que profundizan la descomposición de las relaciones sociales. Pero esta realidad no es solo brasileña. Por caso, en Colombia se hizo efectivo el anunciado aumento del IVA, que pasó del 16% a un 19%, descargando así el ajuste sobre los trabajadores (ET 1/2). Consecuentemente con esto, y teniendo en cuenta lo que señalaba la firma de capitales Standard & Poor´s acerca de que “Colombia gasta a partir de un ingreso que no tiene” (ET 17/2), el gobierno de Juan M. Santos anunció que empieza “la revisión” de su gasto público –al igual que Brasil. En otras palabras, son los mismos sectores rentísticos los que necesitan descargar en el conjunto de la sociedad la crecienete crisis económica que los aqueja. De esta manera, el déficit presupuestario colombiano se ahonda desde hace más de 24 meses, al tiempo que crece sostenidamente el desempleo, cuyo registro muestra una suba del 8,9 en 2015 al 9,2% durante 2016 (TS 27/1).

Con este panorama regional, el clima social se enrarece, partiendo del sector que produce todas las riquezas: es la clase trabajadora quien más sufre las consecuencias de los ajustes y reducciones que llevan adelante los gobiernos oligárquicos. Su situación laboral se vuelve de una inestabilidad permanente, lo que conlleva que, como ocurrió durante 2016, se registren cada mes mayor cantidad de conflictos laborales, que en muchos casos derivan también en protestas sociales nucleadas en torno de fuertes huelgas por sector. Recordemos que, sobre el fin del año pasado, los camioneros colombianos sostuvieron durante un mes un paro general, que puso en estado de movilización a toda la central de trabajadores colombiana, recibiendo el apoyo de diversos sectores del pueblo. En este sentido, un foco de conflicto laboral y económico clave estalló en Chile, luego de que el gobierno permitió el ingreso de capitales extranjeros a las minas de cobre, que han estado históricamente reservadas a la explotación estatal, incluso en los peores avances del neoliberalismo durante el pinochetismo. Así, la mina de cobre “La Escondida” (la más grande del mundo), que extrae el 19% del cobre chileno y el 5% de la producción global, de declaró en huelga general luego de que fracasaran los intentos por lograr un acuerdo en el convenio colectivo anual entre BHP Billiton, la principal accionista controlante de la producción de la mina, y los sindicatos del sector. Por ello, “mientras los trabajadores piden un bono de término de conflicto de casi 39.000 dólares y un reajuste salarial del 7%, BHP ofrece un bono de 12.400 dólares y cero reajuste. La última gran paralización de La Escondida fue en 2006 y duró 26 días. La empresa calcula que estará al menos 15 días sin producir”. La ministra chilena de Minería, Aurora Williams, cree que “‘hay un impacto que puede darse en el precio y en el corto plazo. Una menor producción de cobre tiene impactos fiscales en los ingresos y probablemente en el Imacec (Índice Mensual de Actividad Económica)’. La falta de producción puede repercutir en el 1% del PBI del mes en Chile, han dicho especialistas, y el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, ya advirtió que el efecto puede ser incluso mayor que los incendios forestales que devastaron cuatro regiones del país durante el último mes. La producción de 1,1 millones de toneladas de cobre al año, que es el 5% de la oferta mundial, podría caer a su vez en 1,7% (LN 10/2). Claramente, la necesidad del capital es ajustar los salarios cada vez más, ya que de otra manera no puede sostener sus márgenes de ganancia en el contexto del enfrentamiento intercapitalista. Ante esto, como observamos en el caso de los mineros chilenos, la clase obrera en nuestros países se moviliza frente a los ajustes, pero todavía lo hace dando respuestas desde lo meramente sindical, desde la búsqueda por “resolver” sus intereses sectoriales, a través de la mejora salarial, pero sin poder direccionar sus esfuerzos hacia la lucha contra las causas de su creciente malestar. El rol rentístico y expropiatorio de esos capitales concentrados es rara vez puesto en cuestión, impidiendo con ello la reunión de fuerzas políticas del conjunto de la sociedad, condición necesaria para la derrota de las minorías oligárquicas. El proceso de luchas en ascenso sigue, así, huérfano de una conducción política superadora de la relación capital-salario.

Ladrilo por ladrillo

Mientras tanto, la construcción de una alternativa superadora a la crisis terminal del sistema capitalista no se hace esperar en algunas de las naciones integrantes del ALBA, que son la parte más dinámica de la CELAC. Ellas, en conjunto con las acciones de China y Rusia sobre el continente, buscan no el reemplazo del rol que el imperialismo está perdiendo, sino el desarrollo de relaciones diferentes, que tengan por objetivo el desarrollo pleno de los pueblos. Por caso, en Venezuela siguen los avances del plan político con relación a los motores fundamentales de la economía –a pesar de seguir sometida a una feroz guerra económica impulsada desde el corazón financiero imperial–, tras el llamado del presidente Nicolas Maduro a todos los sectores de la sociedad  a trabajar para que el país salga adelante. Luego de comenzar a desenmarañar el desabastecimiento alimenticio y de medicamentos a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), y de tomar medidas pertinentes con respecto a las mafias del combustible en la frontera con Colombia, durante el mes de febrero se han profundizado los acuerdos con China a través de la XV reunión de la Comisión Mixta de Alto Nivel China-Venezuela donde participarpn empresarios de ambos países y se suscribieron acuerdos para fortalecer la industrialización (TS 13/2). Seguido a esto, el gobierno de Venezuela anunció la realización de 123 proyectos para el desarrollo de industrias básicas, impulsados a través del Fondo Conjunto China-Venezuela. El viceministro de Planificación Industrial e Inversiones Estratégicas, Marcial Arenas, informó que los proyectos abarcan las áreas de minería, hierro y madera, que en conjunto tienen el objetivo de impulsar la producción nacional. “Los proyectos (…) apuntan hacia una transformación estructural de los sectores, (y) el ministro (de Industrias Básicas) Juan Arias nos ha dado la instrucción de que nos dediquemos a la exportación de aquellos productos que tengan mayor valor agregado nacional para rescatar nuestra soberanía (TS 20/2).

En este sentido, la canciller Delcy Rodríguez ha ratificado que su pais es un aliado estrategico de China: “Nosotros somos un aliado firme y así lo queremos ratificar en nombre del presidente Nicolás Maduro. Somos un aliado firme frente a estos desafíos que hoy enfrenta la humanidad y nosotros creemos que China juega y jugará un papel esencial, destacado y relevante en un mundo de equilibrio, en un mundo de justicia y de paz”. Las  autoridades Chinas han acordado invertir 20 mil millones de dólares en el país, apuntando hacia el desarrollo autónomo del mismo, en conjunto con los principales países del bloque BRICS. Por otro lado, contrariamente a las naciones donde se están aplicando sendos ajustes, en los países del ALBA se vienen empujando mejoras en las condiciones de la clase trabajadora, como sucede en Nicaragua donde (luego de consolidar el proceso político en las elecciones de diciembre pasado con el amplio triunfo de Daniel Ortega y su compañera con un 70% de los votos), el gobierno con representantes del sector empresarial y los sindicatos “pactaron elevar el salario mínimo del país un 8,25 por ciento. Es el noveno acuerdo tripartito en materia de salarios logrado durante los últimos 11 años, según informó el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguerri. ‘Este es un triunfo de los trabajadores’, enfatizó la ministra del Trabajo, Alba Luz Torres” (TS 18/2).

Nuestra Brujula está afinada

Mientras tanto en Cuba, el pilar fundamental de la transición hacia otro modelo de gobierno y estado que supera las miserias del actual, se sigue profundizando la construcción del socialismo en base a los principios que la Revolucion estableció hace medio siglo, incluso con la prevención que el cambio de gobierno en Estados Unidos obliga. Así, el proceso abierto luego del último Congreso del Partido Comunista cubano en cuanto a las reformas económicas en la isla no se detiene. En este sentido, un hito histórico se produjo a fines de enero con la llegada a un puerto estadounidense de un navío cargado con contenedores de carbón cubano, convirtiéndose en la primera exportacion de la isla hacia EEUU desde el inicio del bloqueo (CD 25/1). Las reacciones no se hacían esperar, ya que inmediatamente los Puertos de Everglades y Palm Beach, en Florida, cancelaban a último momento la firma de sendos acuerdos de cooperación con Cuba tras las declaraciones del Gobernador de dicho estado, Edward Scott, quien amenazaba a los empresarios en cuestión con recortes de subsidios estatales a los puertos que firmen tratativas comerciales con la isla (CD 30/1). Es decir, el “libre mercado” se extinguía a manos de las necesidades políticas de la potencia del norte. Pero, la fuerza de la crisis es demasiado profunda, y la medida no podía evitar que ya sean cinco los puertos que firmaron acuerdos con Cuba, entre ellos los de Texas, Louisiana y Virginia, ciudades “faro” para el comercio marítimo yanqui (CD 30/1).

A su vez, para engranar más al enemigo del norte, se realizó en la isla la reunión “Cuba Oil & Gas 2017”, en la que se debate, a nivel internacional, acerca de la inversión en hidrocarburos en la isla; recordemos que los proyectos de exploración y producción energéticos están abriendo todo un área nueva en la economía cubana (potencialmente crucial para el fortalecimiento de la independencia energética y económica de la isla), luego de que se determinara una importante reserva petrolera en la plataforma submaria cubana (CD 19/2). El desarrollo proyectado con la independencia energética insular implica la participación de quince naciones, incluyendo entre ellas intereses tan diversos como los de China, Rusia y EEUU.

Es este desarrollo económico y social independiente el que se profundiza desde la constitución del ALBA, con Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia a la cabeza de la realización práctica y concreta de este anhelo patriótico latinoamericano. Por ello, durante la V cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), celebrada a fines del mes de enero en Republica Dominicana, Evo Morales señalaba que para superar la crisis del capitalismo “el nuevo modelo económico es el social comunitario, un modelo económico que se basa en la recuperación de sus recursos naturales con la nacionalización de empresas estatales” y que “es importante identificar las características de la crisis y evaluar el comportamiento de las políticas imperialistas”. Desde luego, estas son las premisas a desarrollar por la clase trabajadora latinoamericana y sus dirigencias políticas más avanzadas para afinar cada día más el rumbo elegido, fortaleciendo el camino recorrido. Veamos ahora cómo se producen los enfrentamientos politicos entre las fuerzas oligárquicas (que expresan el pasado) y las fuerzas trabajadoras y populares (que tienen planteado construir la sociedad del futuro) en nuestra región. 



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