Revista Mensual | Número: Marzo de 2017
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Fuentes consultadas: EE.UU.: Wall Street Journal (WSJ). Gran Bretaña: The Economist (TE). Alemania: Deutsche Welle (DW); China: Xinhua (XH); Rusia: Russia Today (RT); Irn: HispanTV (HTV) Venezuela: Telesur (TS). Cuba: Cubadebate (CD). Argentina: Clarín (CL); Crónica (CA); Cronista Comercial (CR); La Nación (LN); Miradas al Sur (MS); Página 12 (P12); Tiempo Argentino (TA).
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Verano, decretos y lucha

El rey esta desnudo, pero blande un martillo
Sin justicia
Los dinosaurios imperiales
Nubes en el horizonte
Una vez más: Patria o Colonia
Columna vertebral de un movimiento sin cabeza


Mientras ponen límites al avance de los monopolios, las fuerzas populares buscan rumbo

Verano, decretos y lucha

“Con buenas palabras se puede negociar, pero para engrandecerse se requieren buenas obras”

(Lao Tse)

El rey esta desnudo, pero blande un martillo

En el final de enero y el comienzo de  febrero  la  alianza gobernante seguiría encontrando límites a su accionar. Su plan de imponer una reforma en el mercado de trabajo −la famosa “flexibilización laboral”− y de reorganizar diversas estructuras del Estado y todos sus poderes, para sensibilizar el  duro corazón de los monopolios extranjeros y sus socios locales, convenciéndolos de lanzar la prometida “la lluvia de inversiones”, chocaba nuevamente con la dura realidad. Van a contramano de la historia. Pidiendo inversiones, encontraron la cautelosa incertidumbre de los grandes monopolios, que se preparan para las impredecibles consecuencias de la prometida ola de proteccionismo yanqui y la desconfianza hacia la estabilidad argentina, dada la falta de certezas sobre el tiempo que durará la estadia de Cambiemos en la Casa Rosada. Abiertamente, la canciller Susana Malcorra indicaba que la llegada de Trump a la Casa Blanca generaba preocupación y que “ha descolocado al mundo, no sólo a la Argentina” (LN 7/2). La intención de actuar abiertamente contra el Mercosur, para ingresar en el Tratado del Pacifico, quedaba ridiculizada por el mismo presidente yanqui, que abandonaba el barco antes de que entre su más cipaya tripulación. Era así que Temer y Macri, como indicaba el artículo anterior, se reunían en Brasilia para defender el libre comercio, que los propios monopolios no podían sostener en su competencia con China (P12 7/2).

El macrismo, orgulloso alumno “chupamedias” del imperialismo, se seguía esforzando por demostar que podía mantener ordenado el país, mientras sus planes y medidas no paraban de generar crisis económicas y políticas a  nivel local. En Febrero, empezará a notarse el cancancio de importantes sectores de la población ante la constante, y cada vez mas burda, parcialidad de la gobernanza de Cambiemos en favor de minorias que se enriquecen en detrimento de la mayoría de la sociedad. El escándalo del Correo, la baja en el aumento de jubilaciones y pensiones, la continuidad de los despidos, la modificación de la ley de ART −en beneficio de las aseguradoras y las patronales−, la negativa a homologar convenios colectivos que estén por encima de la pauta de aumento salarial que intentaba imponer el gobierno, la disolución de la partitaria nacional docente y la visión justificacionista de la útlima dictadura militar por parte de varios elementos del gobierno nacional serán algunas de las corrientes que constituyen el caudal que sigue horadando la piedra de la confianza en la sociedad argentina.

La alianza de gobernabilidad formada por los detractores del populismo, herida a fines de 2016 por la disputa vinculada a Ganancias (ver Análisis… anterior), se agigantaría en febrero con diversas crisis internas. La falta de mayoría en el Congreso llevaba al Gobierno a lanzar varios decretos, aprovechando el parate legislativo en el periodo vacacional, intentando saltarse el largo listado de concesiones, negocios y límites que sus aliados le exigían. Sin embargo, sus mismos aliados le recordorían que no les sería tan fácil el despotismo, mientras no “repartan”.  Graciela Camaño, esposa de Luis Barrionuevo −uno de los sindicalistas mas cercanos al Gobierno− y diputada por el massismo diría, en torno a la negativa de aprobar la modificación por decreto de la ley de ART: “No podemos permitir que se avance en derechos de los trabajadores con un DNU (CL 7/2)Pero el enfasís de la frase no estaba en el asunto de “los derechos de los trabajadores”, sino en el asunto de los DNU. Puesto que este método expresaba la intención del macrismo de actuar sin concertar acuerdos con otras fuerzas, desoyendo los intereses de las capas sociales que estos representan. El gobierno CEO chocaba otra vez con las condiciones de la crisis capitalista actual: cada vez menos valor producido para repartir significa que los peces grandes no pueden más que comerse a los chicos, puesto que el mismo proceso concentrador que necesitan para su reproducción en escala ampliada significa la expropiación lisa y llana de cada vez más numerosos sectores del propio capital. Sin embargo, al no contar con las condiciones políticas para aprobar los decretos, y luego de sendas negociaciones,  se acrodaba la reapertura extraordinaria del congreso para el tratamiento de estas mismas cuestiones (CL 8/2). Joaquín Morales Solá, el escriba oligárquico, entendía que este cambio de rumbo macrista conllevaba riesgo de “que el rechazo parlamentario, o la obligación de redactar proyectos de leyes para reemplazar los decretos de necesidad y urgencia, termine por debilitar la figura presidencial” (LN 25/1). La famosa y republicana “división de poderes” ya no resulta tan agradable como otrora, si resulta una traba al avance del capital monopolista.

La reapertura de sesiones perimitió que diversos sectores indicaran sus posicionamientos de manera pública, algo que el Gobierno quería evitar. Es así que la CTA en pleno y la Corriente Federal de Trabajadores –integrante de la CGT− rechazarían la modificación de la ley de ART, que obliga a los trabajadores a presentarse a una comisión médica, dependiente de las mismas ART, antes de poder iniciar juicio. “Las comisiones médicas (…) alejan a los trabajadores de los jueces naturales para garantizar las ganancias de la ART. (…) Macri pide a los jueces fallos equitativos favorables a los empresarios y no a los trabajadores”, decía Matías Layus, secretario general de La Bancaria de Rosario. En cambio la modificación era acompañada por la UIA, que la definía como “neceraria y urgente”, alineándose con el Poder Ejecutivo (P12 9/2).

Pero las críticas de esas organizaciones gremiales eran bastante comunes. Lo nuevo era la del FR, el GEN y hasta de Elisa Carrio, integrante de Cambiemos.  La reapertura, que debía ser el escenario de un gran acuerdo para el macrismo, donde se consensuaba entre los partidos del país la quita de derechos a los trabajadores, se volvería un escándalo. En el mismo momento en que se votaba la ley, el gobierno nacional bajaba por decreto el aumento de las jubilaciones y asignaciones (P12 15/2). La medida sería aprobada pero Cambiemos debió hacerlo en soledad porque, a último momento, el sector de la oposición que apoyaba el proyecto −el massismo y el bloque PJ de Bossio− optó por la abstención, en protesta por la baja de las jubilaciones y asignaciones. Carrióplanteó, parada y a los gritos: “Me comprometo y nos comprometemos a que impere la actual ley de actualización [de haberes jubilatorios](…) [sino] pido la renuncia a Basavilbaso [Emilio, titular de la Anses] o a quien sea. (…) No nos pidan responsabilidad si no tienen respeto por las leyes” (LN 16/2). Entre los aliados del macrismo, también se opondría el GEN de Stolbizer, quien indicaba que la ley de ART “es inconstitucional, (…) hace que el trabajador tenga un estatus inferior”. La diputada indicaba que con la reforma un turista accidentado en un taxi tenía más derechos que un trabajador argentino, puesto que el primero podría hacer un juicio y el trabajador no (P12 16/2).

Massa, con su oportunismo habitual, decía horas después de estar a punto de votar la reforma: “Le exigimos al Presidente la derogación del decreto que rebaja las jubilaciones. (…) Mientras el Gobierno no puede explicar cómo le quiso regalar a la familia del Presidente el Correo, aparece un decreto recortándole la plata a los jubilados y las asignaciones universales” (LN 16/2). La oposición de Massa, Stolbizer y Carrió, aliados del Gobierno hasta hace poco, marcaba la dificultad de apoyar una política abiertamente en favor de minorías, en detrimento de sectores trabajadores, y al mismo tiempo presentarse como una opción para la sociedad. Las elecciones de medio término se agregaban como un elemento que aceleraba aún más la ruptura del “pacto de gobernabilidad”.

Con el escándalo a cuestas e intentando evitar posibles deserciones, María Eugenia Vidal se ponía a la cabeza de la incipiente campaña bonaerense, designaba a su jefe de gabinete Federico Salvai como jefe de campaña (P12 18/2) y se reunía con 71 intendentes de Cambiemos, compeliéndolos a que salgan a defender las “decisiones difíciles” y que “sumen al Presidente y a su gobierno a las buenas noticias”, cuando se trate de inauguraciones y nuevas obras en sus distritos. [En] la provincia pagamos sueldos por el apoyo incondicional del Presidente”, amenazaba Vidal (LN 15/2). Ningún representante de la pluma oligárquica protestaba, como otrora, por el “reparto discrecional de recursos”, ya que ahora hay una causa noble para ello…

La “apretada” se sumaba a otras definiciones de Cambiemos que marcaban la débil coehsión de un frente integrado por radicales, liberales del PRO y diversos acaudalados del interior. A nivel nacional daba libertad a sus gobernadores para la definición de las listas, dando vía libre a cada jefe provincial para definir su estrategia (CL 25/1), mientras soportaba el eterno pedido de “listas de unidad” de los radicales bonaerenses comandados por Daniel Salvador, desconocido vicegobernador de Maria Eugenia Vidal.

Estos tironeos explican en parte la necesidad de las grandes corporaciones, un gabinete de intelectuales vinculados directamente con los monopolios, sin vínculos con empresarios medios o con las masas populares. Puesto que la política necesaria para el imperialismo no hace más que hundir la legitimidad, mejor personajes que no se apoyan en ella, sino en sus relaciones con los dueños del dinero. Mientras más preparados estén para actuar a contramano de las demandas populares, mas efectivos serán.

Sin embargo, esta “cualidad” de los CEO no era trasladable al Gobierno, que temía las consecuencias electorales del escándalo del correo y de las jubiliaciones. Recordemos que, sólo en el caso del correo, el Estado nacional le condobana una deuda a una empresa de la familia presidencial estimada en $70.000 millones de pesos, por el incumplimiento del contrato de concesión del correo dado en 1997 (P12 21/2 y LN 10/2). Cifra equivalente al pago por 40 años del “Futbol para todos” (LN 16/1/2016). En un hecho rayano a la ridiculez, el presidente Macri en conferencia de prensa informó que resolvía dar “marcha atrás” y volver a “foja cero” ambas medidas. Dijo desconocer el acuerdo con el grupo Macri y haberse equivocado: “Si quieren magos, llamen a Coperfield” (P12 16/2). El recule histórico, desprolijo, delarruesco, era un claro signo de debilidad política. Y la magistral frase parecía tener como destinatarias directas a aquellas grandes corporaciones que le exigen arrasar con todo sin contemplar los muertos en el camino. El problema es cuando el muerto puede ser el propio Gobierno CEO.

No obstante, y tal como dijimos, este no podía más que seguir haciendo su tarea, golpear toda la estructura de la Nación, tratar de barrer con toda legislación, acuerdo o costumbre que moleste a los monopolios. Así encaraba la paritaria docente. Es importante aclarar la importancia de la paritaria docente. Esta es fundamental por dos cuestiones para el disciplinamiento de la clase trabajadora en la argentina. Por un lado, el aumento estipulado es una referencia para todos los demás sectores −por ser una de las primeras del año y muy representativa por la cantidad de trabajadores de la educación que existen en el país. Por otro lado, afecta directamente la cuestión de los presupuestos provinciales, dado que muchas provincias no pueden encarar los aumentos con sus propios recursos, necesitando la asistencia del gobierno nacional. Por lo tanto, dos cuestiones, el control del déficit fiscal y el abaratamiento de los salarios (objetivos que persigue el gobierno) estaban presentes en tal paritaria. Como venimos analizando, el gobierno de Macri utiliza la falta de recursos provinciales como un método de asegurarse el control y el disciplinamiento de las provincias, de sus diputados y senadores. Con este mismo método se convocaba a una reunión en el Cosejo Federal de Inversiones a los gobernadores nacionales, para discutir cómo encarar la cuestión “de manera unificada”. La intención del gobierno era no realizar una paritaria nacional y dejar que cada provincia −las ricas por un lado, las pobres por otro− defina su aumento según sus posibilidades. Este método, idéntico al que quiere imponer el Gobierno con la realización de convenios “colectivos” por empresa, se apoyaba en la debilidad presupuestaria de las provincias, para tentarlas a aceptar aumentos muy por debajo de la inflación, en las regiones más pobres. Como en el 2001, el “control del déficit fiscal”, como modo de subordinación al capital trasnacional, se coloca por encima de las necesidades provinciales, sobre todo de las no favorecidas con el “don de la Pampa Húmeda”, profundizando al máximo la diferencia entre las ricas y las pobres. Esto no era más que un nuevo clavo a la crucificada unidad de la nación Argentina, ofrendada a los monopolios extranjeros que usaban la pobreza del interior como una forma de hacerse más facilmente con las voluntades gobernativas y con los recursos naturales provinciales. ¿Cuánto faltará para que un nuevo Domingo Cavallo vueva a proponer reorganizar el país en cinco regiones bajo el mando de un príncipe-CEO extranjero?

El diabólico pacto que buscaba Cambiemos, si bien era acompañado por algunos gobernadores como Alberto Weretilneck, de Río Negro, que amenazaba con dar un aumento por decreto si los docentes no aceptaban una suma cercana al 18% (CL 2/2), era rechazado por la mayoría de los gobernadores peronistas. El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, provincia donde Cambiemos recogío el 70% de los votos en 2015, indicaba que “los gobernadores peronistas acordamos preservar el poder adquisitivo de los docentes”. Juan Manuel Urtubey, de Salta,  propulsor del acuerdo con los fondos buitre en 2016, era explícito indicando que las fuentes de “financiamiento [del aumento] dependen de fondos nacionales. El niño mimado de la oligarquía salteña no decía más que una verdad, puesto que varias provincias no pueden alcanzar el salario mínimo nacional docente sin la asistencia del Fondo Compensador, que el año pasado distribuyó casi $ 1800 millones a las  provincias de Misiones, Santiago del Estero, San Juan, Formosa, Jujuy, La Rioja y Corrientes. Los gobernadores, que no tenían un problema ideológico particular con las poíticas neoliberales, comprendían como hombres prácticos que son, que con 1/40 de la deuda condonada al grupo Macri se resolvía el problema docente en el interior. Y que por lo tanto el macrismo buscaba alcanzar una “nueva normalidad” que minaba objetivamente las bases de sus respectivos gobiernos.

La sucesión de escándalos imponían el reto de los propios intelectuales que habían colaborado con su llegada al gobierno. Fernando Laborda indicaba lo obvio: “Desde antes de llegar a la Casa Rosada, Mauricio Macri era consciente de que dos estigmas lo perseguirían a lo largo de su gestión: (…) ser el hijo de Franco Macri, un próspero empresario acostumbrado a hacer negocios con el Estado; el segundo, el prejuicio de muchos acerca de que el suyo iba a ser un gobierno para los ricos” (LN 17/2). Joaquín Morales Solá, como siempre, era mas directo: “Si el Gobierno insiste en conducir el Estado como lo hizo en las últimas semanas, corre el riesgo de perder las elecciones legislativas de octubre” (LN 19/2).

Con tantos síntomas −aliados cada vez más impredecibles en el Congreso, gobernadores cada vez más distantes por los constantes desplantes o pedidos de esfuerzos económicos−, comenzaba a crecer un fantasma para los monopolios: la posibilidad de una derrota electoral de dimensiones en el conurbano bonaerense. Se conocía que en algunos distritos de la 3ª sección electoral bonaerense, CFK alcanzaba el 60% de aprobación, donde la imagen negativa del presidente es la más alta del país (P12 29/1).

Con tantos inconvenientes, el Gobierno buscaba acercarse a a las organizaciones sociales y apurar la reglamentación de la ley de emergencia social. Su primera tarea era confeccionar los padrones de quienes percibirían “el salario complementario”, un subsidio acordado por la ley con las organizaciones (LN 14/2) y lanzaba grupos de jóvenes en villas del conurbano, de la primera y la tercera sección electoral −donde peores números mostraba el macrismo−, como así también en las afueras de Rosario y Córdoba. El grupo llamado Informalmente “Cordón popular”, que supuestamente no hace política, cuenta con 215 agentes, tiene la orden de vincularse con instituciones barriales y sus referentes para abrir un canal de diálogo sin intermediarios con el Ministerio de Desarrollo Social que dirige Carolina Stanley, para “bajar recursos” del Estado. Utilizan pecheras de color azul, el mismo que las de La Cámpora (LN 20/2). Esta “militancia paga”, que busca contener el descontento sin tocar el fondo del plan económico, pretende ser un puntal para disputar los barrios con las organizaciones populares. Sin embargo, los acontecimientos demostrarían que el Gobierno CEO sabe que contener la pobreza es el paso previo a reprimirla.

Sin justicia

El poder judicial, absolutamente desdibujado como una “tercera parte” dispuesta a imponer una justicia ciega, se muestra cada día más como lo que es: una espada para sostener el alicaído orden de cosas favorable a pequeñísimas minorías. Así, distintos jueces se dedicaban a investigar y citar a declarar a políticos kirchneristas. Distintas causas, como la reabierta –a fuerza de lobby− denuncia de Nisman o los supuestos casos de corrupción vinculados a la obra pública del Kirchnerismo, servían para fomentar ideas en las masas. Su objetivo era contribuir con el rechazo al gobierno anterior o el descredito a la política en general, distraer a la sociedad de formas de comprender y combatir el ajuste y el empeoramiento de las condiciones de vida.

En este marco, se citaba a declarar a los hijos de CFK para el 6 de marzo y a ella para 7 de marzo, el mismo día de la movilización en que la CGT, junto a la CTA y a diversas organizaciones, proyectaba hacer públicas sus diferencias con el Gobierno (P12 8/2). CFK denunciaba la obvia intención de ocultar el creciente descontento social, bajo la cantinela de la corrupción o la “herencia recibida”: “[Hay] una mezcla de persecución feroz, con objetivos de proscripción, (…) tapar todo lo que está pasando, nos sacan a mis hijos y a mí en la tapa de Clarín y no tienen que sacar la desocupación, las oficinas que cierran, el propio Clarín que echa a todos sus empleados de un taller para precarizar y flexibilizar trabajadores” (P12 7/2).

Pero, tal como venimos viendo con la internacional controversía que despertó el caso de Milagro Sala, o el caso del Correo, los monopolios no pueden avanzar con la holgura que necesitan. Y esto puede verse en el mismo aparato judicial, que viene mostrando cada vez más grietas por donde se cuelan las contradicciones que venimos señalando en la base de la sociedad.

Por ello, en el último mes, la justicia siguió siendo un gran campo de batalla. El del correo fue solamente el más resonado entre más de 80 casos de “incompatibilidad” que manchaban a varios funcionarios oficiales. Al lado de Aranguren y otros funcionarios de petroleras que ahora ofician como funcionarios del Ministerio de Energía, dedicados a controlar a sus ex patrones (ver Análisis… anterior), podíamos ver el caso de Juan Félix Marteau, Coordinador Nacional para el Combate del Lavado de Activos y abogado de “blanqueadores”. En febrero se sumaba a esta triste lista el caso de Luis María Blaquier, miembro de la renombrada familia oligárquica y ex responsable de las operaciones financieras del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, denunciado por operaciones que beneficiaron al Grupo Clarin y la empresa Arcor, suscribiendo Obligaciones Negociables que le costaron 22 millones de dólares a los fondos jubilatorios. El ex funcionario tuvo un paso por ambas empresas antes de ocupar su cargo, que ocupo durante un año, luego de “normalizar” su funcionamiento (P12 4/2). Susana Malcorra era imputada  por usar dinero público para financiar su candidatura como secretaria general de la ONU. Los gastos de ella y su equipo fueron de un total de  $1.309.000, en las semanas previas a su derrota electoral, (P12 6/2).

Todos estos casos mostraban cómo el Gobierno que intenta ser la expresión de los monopolios en el poder tambalea ante la imposibilidad de garantizar “negocios para todos”. La explosión judicial no es más que que la expresión superficial de dicha crisis estructural. Los grandes grupos necesitan controlar directamente resortes del Estado que le permitan posicionarse mejor en la competencia, regular o desregular ciertas áreas, financiarse a través de fondos públicos, como en el caso de Blaquier, o llegar al extremo de la estafa de “guante blanco”, como fue la concesión del Correo. Cualquier parecido con el accionar de los fondos buitres no es mera conincidencia, su diferencia es sólo de escala, puesto que en ambos casos actúan como capitales “parasitarios”, que encuentran mayores márgenes de ganancia en los juzgados que en las fábricas, mostrando la descomposición del sistema.

Los dinosaurios imperiales

Como decíamos, la intención del Gobierno de aprovechar el parate vacacional para avanzar en algunos temas terminó con varios escándalos públicos. Como antes nos ocupábamos del caso del correo, tenemos que hacer lo mismo con otro hecho significativo, como fue la disputa por el significado de los feriados del 24 de marzo y el 2 de abril, que el Gobierno empujaba para sentar las bases ideológicas de futuras represiones.

Con un decreto de fines de enero, Macri hacía pública su intención de hacer movibles por decreto los feriados antes citados. Con la excusa de estimular el turismo, se ocultaban intereses poco inocentes.

Pero la declaración de la movilidad de los feriados desató una lluvia de críticas de diversos sectores, desde aliados hasta opositores a Macri. Personajes como el diputado oficialista Ricardo Alfonsín (UCR), hijo del primer presidente luego de la dictadura, pedía retroraer el decreto. Lo propio hacía el presidente de la Unión Cívica Radical, José Corral (CR 29/1). Intendentes y gobernadores peronistas criticaban fuertemente la medida y exigían retrotraer el decreto. En la mayoría de los casos, se decretaban asuetos para el 24 de Marzo en sus distritos, en un claro gesto de desafio al poder ejecutivo: “La Pampa no es parte ni va a ser cómplice del gobierno nacional en la desmemoria y desmalvinización, indicaba el secretario de Derechos Humanos provincial, Antonio Curciarello (LN 28/1). “El 24 de marzo es el día de la memoria que no es de un gobierno de turno sino de la democracia y de todos los argentinos”, agregaba Katopodis, alcalde de San Martín, posición acompañada por los municipios de Lomas de Zamora, La Matanza y 3 de Febrero (LN 28/1). También sería criticado por todos los organismos históricos de DDHH (P12 28/1).

Todos estos hechos llevaban al recule del Gobierno, que el 29 de enero decretaba la inmovilidad de los feriados del 24 de Marzo, del 2 de Abril y del 20 de junio. Lejos de ser un problema de administración turística, el intento por borrar la condena pública a la última dictadura se vuelve algo recurrente para la actual administración. Famosas fueron las declaraciones de Dario Loperfido en este sentido, hace un tiempo.

Pero la lucha ideológica no se detendría en el tema de los feriados, sino que se profundizaría, puesto que el titular de la aduana, Juan Jose Gomez Centurión, partícipe de ambos levantamientos “carapintadas”, haría públicas una serie de opiniones abiertamente justificacionistas de la última dictadura militar. El mismo día que se conocía la recompuesta “inmovilidad” de los feriados, Gomez Centurión indicaba que la dictadura fue la reacción militar a un intento de golpe de Estado guerrillero, que mató “de más” por falta de pericia. Negó la existencia de centros clandestinos de tortura y de un plan sistemático de desaparición. Finalizaba diciendo que la diferencia entre 30.000 y 8.000 “eran 22.000 mentiras” (CL 29/1).

Aunque rápidamente el gobierno de Cambiemos salìa a desprenderse de esta posición, claramente no salió a criticar el fondo de las declaraciones de Gomez Centurión. “No es una cuestión de números, que haya un solo desaparecido ya es un problema gravísimo”, dijo el ministro del Interior Rogelio Frigerio, encargado de poner la cara (LN 31/1). Las declaraciones del ex carapintada provocaban el rechazo de Margarita Stolbizer y hasta de Pedro Robledo, presidente de Jóvenes PRO, que subía a su cuenta de Twiter una foto suya con Estela de Carlotto (LN 31/1). Todo lo cual mostraba también lo poco preparada que tenía a su propia tropa el imperialismo para las trompetas de guerra.

A pesar de los tibios detractores de su lugarteniente, el hecho político estaba y la avanzadilla del ex militar dejaba liberado el terreno para que diversos intelectuales oligárquicos salieran a edulcorar la posición procesista del funcionario, con el claro objetivo de dar una lucha ideológica sobre el significado de la última dictadura cívico-militar, así como sobre la Guerra de Malvinas. Respecto de esta última, Luis Alberto Romero indicaba que lo que había que eliminar de la conmemoración era todo vestigio de nacionalismo, de reivindicación de la lucha contra el invasor imperialista. Proponía que “Los veteranos y los muertos en la guerra (…) no fueron héroes, sino víctimas de la dictadura”. Por lo tanto, lo que debía conmemorarse no era el 2 de abril, día de la recuperación de las islas, sino el 10 de junio, día de la rendición… En cuanto al Terrorismo de Estado, opinaba que “no parece ni moralmente justo ni cívicamente útil limitar la conmemoración a los muertos desaparecidos durante la dictadura. (…) Están los asesinados entre 1973 y 1976 por lo que fue el proto-terrorismo de Estado. Están todos los muertos −militares y civiles− asesinados por las organizaciones armadas”. Como conclusión, decía que el 24 de marzo quedaba chico y que se debía conmemorar el 10 de diciembre como día de los derechos humanos, por el día en que retornaba la democracia (LN 31/1). Por último, proponía una nueva y creativa forma de la teoría de los dos demonios. Decía que el demonio era uno solo, que estaba en ambos bandos, era creer que se podía “construir sobre un asesinato un mundo mejor” (LN 31/1).

Días después, una editorial de La Nación acompañaba el espíritu de los posicionamientos de Romero y Gómez Centurión: “En marzo de 1976 se había llegado a un verdadero vacío de poder frente a una situación caótica. El peronismo descartaba el juicio político a la presidenta y carecía de capacidad y programa para apoyarla o sustituirla. Incluso en la oposición reconocían no tener soluciones. El terrorismo montonero y del ERP producía víctimas, atacaba cuarteles y asesinaba a policías y civiles. (…) Los setenta deben juzgarse con la historia y la memoria completas, que es exactamente la contracara del relato kirchnerista (LN 7/2).

Otros acompañaban con argumentos todavía menos serios. Fernando Iglesias indicaba que la dictadura era consecuencia de la disputa entre dos facciones del ejército, “el partido militar y el partido populista” (LN 7/2). Y Jorge Fernández Diaz decía que “Montoneros no hizo nada para frenar el golpe; por lo tanto, también fue cómplice de la noche más larga y oscura. El justicialismo cometió crímenes de lesa humanidad” (LN 12/2).

Este compendio de argumentos que explicita o implícitamente avalan lo dicho por Gomez Centurión y la movilidad, fallida por el repudio de muchísimos sectores, de los feriados en cuestión, debe ser explicado y refutado. El gran problema que tienen la oligarquía y los monopolios –que llegaron al gobierno del Estado con lo “mejorcito” que tenían a mano en tiempos de su descomposición final como clase dominante− es que la dictadura fue digitada por ellos mismos al servicio de su reproducción. Por ello la importancia del término “cívico-militar” para denominarla. Esto es, instigado por civiles con intereses en la base económica, y posteriomente en la política, y realizado por los militates. Todos los argumentos de “la tribuna de doctrina” buscan borrar la cuestión esencial de que la dictadura sentó las bases de un proceso de concentración y centralización económica que golpeó tremendamente la industria, bajó los salarios, estimuló la especulación financiara, estatizó la deuda privada y generó un endeudamiento récord, que preparó las bases para las futuras crisis de deuda, hiperinflación y convertibilidad, es decir, 30 años de políticas neoliberales. El centro de lo que se quiere negar, borrar, es que en las razones de la dictadura no hay sólo “ideas acaloradas”, sino intereses económicos, intereses de clases en pugna. Y clases que no pugnaron –y pugnan− solamente en la Argentina, sino a nivel mundial, y en América Latina con alto grado de enfrentamiento. La intención constante de la oligarquía es presentar la dictadura como un hecho nacional, sin poder explicarla, enmarcarla en lo que fue, un proceso continental de represión orquestado por los intereses estadounidenses, puestos en duda hasta sus cimientos luego de la Revolución Cubana, por la lucha espontánea de las masas populares latinoamericnas y la acción de diversas organizaciones revolucionarias. Recordemos que la presencia de Obama en la conmemoración del 24 de marzo del año pasado, cuando se cumplían 40 años del golpe, ponía en el centro esta necesidad de limpiar a los yanquis se toda culpa. 

Además afirmar que el Terrorismo de Estado fue contra la guerrilla, niega que el terrorismo es una táctica militar orquestada por el Imperio, que intenta golpear fuertemente a un sector, para que otros escarmienten por el ejemplo del miedo. La constante intención de plantear que eran los grupos guerrilleros el enemigo a combatir por el proceso militar oculta el hecho de que estos fueron una mínima porción de los asesinados por la dictadura, el hecho de que se cercaron fábricas y se secuestró de los establecimientos de trabajo a muchísimos trabajadores, a comisiones internas enteras, que pertencian a organizaciones de base y que resistían el avance de las políticas neoliberales que necesitaban implantar las grandes empresas norteamericanas y europeas, golpeadas por la crisis del petróleo y la constante caída de la tasa de ganancia industrial. Deben negar el hecho de que más que contra los guerrilleros, fue contra todo cuadro u organización que pudiera expresar la rebeldía que nacía del cuerpo mismo americano. Así como diluyen los constantes crímenes de las potencias (las tremendas sangrías actuales de Yemen, o Irak, para dar un ejemplo), en sus guerras preventivas, con sus enemigos inventados, aquí ubican en el lugar de las ideas las razones de la dictadura y las motivaciones de los distintos grupos que en esos años participaban de la vida política del país. Por los dichos de los intelectuales orgánicos a los intereses oligárquicos, podemos identificar un plan de máxima, uno medio y uno de mínima, desprendidos de los litros de tinta que gastan en el asunto de la dictadura. Expresados a veces de manera fragmentaria, por diversos actores, pero siempre defendiendo los mismos intereses, un mismo núcleo de afirmaciones, basados en hechos aislados, que buscan colocar sus intereses como justos y razonables. Su plan de máxima es atacar toda reivindicación de un cuadro o proceso revolucionario, de reivindicación de la militancia (idea a la que temen profundamente), o de lucha contra el imperialismo, y trocarlo por la reivindicación de los “héroes  de la represión a la subversión”. Negar toda idea de un plan sistemático, porque golpea de frente el núcleo de su justificación, y plantar la afirmación de que “defendieron la nación, contra el enemigo subversivo”. Tesis difícil de sostener si se reconoce que se avalaron los intereses de las potencias imperialistas en el país y se mataron a miles de civiles que poco tenían que ver con movimientos guerrilleros −incluídos varios empresarios, que fueron expropiados por la fuerza, cuando se negaron a vender sus empresas. De otro modo, deberían aceptar abiertamente su condición de clase y el enfrentamiento contra los trabajdores.

El plan medio es la “memoria completa”. La tesis de Romero. Que toma como centro la idea de que hay que juzgar también los “crímenes” de los guerrilleros. Esto no es más que la teoría de los dos demonios, con un nombre cambiado. Pero con una intención contraria a la de los radicales que la crearon, intentando juzgar a los militares, porque esta busca abrir la puerta para perseguir a los viejos militantes y liberar a los viejos represores. O acordar una “nueva paz”, donde sus intereses dominen en la sociedad civil, sin que nadie los discuta. El plan mínimo es indicar que lo hecho por le kirchnerismo es ilegítimo, para desprestigiar la idea de un plan Civico-militar.

El grave problema del frente nacional es que debemos asumir no solamente la idea de un plan cívico-militar que asesinó y torturó a miles. Sino el importante hecho de que en la Argentina se dio parte de una lucha mundial contra el control económico de los monopolios. Que, con diferentes tácticas, se planteó romper con los lazos de dependencia que atan el país, alcanzando la justicia social y la soberanía política. Teniendo la claridad de que eso se alcanza combatiendo a la oligarquía terrateniente, núcleo de la burguesía en la Argentina. La confrontación no fue entre civiles inocentes y militares represores, fue entre los intereses de los trabajadores y demás sectores populares y los de las potencias imperialistas. El resto fueron mediaciones.

El otro hecho destacable en función de la disputa por los derechos humanos fue el encarcelamiento de Cesar Milani, ex jefe del ejército con CFK. Fue famoso por plantear que este tenía que acompañar el proyecto nacional y popular. Se lo encarceló, por el caso Ledo, que investiga su complicidad con el secuestro de un conscripto en la dictadura cívico-militar (LN 18/2). En su encarcelamiento, por lo menos festejado por sectores del poder, vemos  otra constante en el accionar oligárquico, fomentar las contradicciones en el frente nacional y atacar la posible unidad entre sectores de las fuerzas armadas y de los trabajadores. Ellos saben que sin fuerza, no hay justicia.

Nubes en el horizonte

Pero la justificación de la dictadura estaba muy lejos de ser una cuestión de nostálgicos procesistas, y obviamente era un arma política para el presente. Como venimos analizando, mes a mes se preparan los motores para sostener con represión y violencia el inviable plan de los monopolios.

Durante febrero, el Gobierno planteaba dos temas, la baja en la edad de imputabilidad y el endurecimiento de controles migratorios, para prohibir el ingreso a extranjeros con antecedentes (LN 30/1). Esos cambios eran pintados como necesarios para atacar la “inseguridad”.

Sólo días después de la modificación de los controles migratorios, se realizaba un estrafalario operativo  en Liniers, se requisaban micros y se controlaban a 500 pasajeros extranjeros, mayoritariamente de Bolivia, Perú y Paraguay. Del operativo participaron oficiales de Drogas Peligrosas, de la Policía Federal, de la Superintendencia Federal de Transporte, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y personal de Interpol, pero no hubo un solo detenido, sólo se requisaron mercaderías, que muchos inmigrantes venían a vender en distintas ferias (LN 28/1). Es decir, 4 cuerpos policiales eran utilizados para perseguir trabajadores migrantes, como el mes anterior la policía antidisturbios había sido utilizada para reprimir manteros.

En este campo también el gobierno no paraba de recibir críticas, inclusive de aliados. En su habitual nota de opinión, Eduardo van der Kooy, editorialista de Clarín, mencionaba a “Menores e inmigrantes, aspirinas contra la inseguridad”. Luego, indicaba que “la administración de Mauricio Macri  se ocupa de acicatear dos debates. (…) Como si la problemática de la inseguridad estuviera sólo circunscripta a menores y extranjeros” (CL 26/1).

También se oían críticas de organizaciones como el CELS, Amnistía Internacional Argentina, la Iglesia Evangélica y la Fundación Comisión Católica Argentina de Migraciones, entre otras. Estas pedían una reunión urgente al Ejecutivo. Criticaban a la Ministra de Seguridad, diciendo que “Patricia Bullrich, repitió una y otra vez que son extranjeros ‘el 33 por ciento de los presos por delitos federales’, omitiendo que menos del 6 por ciento de la población carcelaria total es extranjera y que sobre dos millones de inmigrantes que viven en la Argentina apenas 1420 (es decir, el 0,07 por ciento) están presos por delitos vinculados al narcotráfico, con el que son reiteradamente vinculados por el discurso oficial.”  (P12 26/1) El diputado Salteño Alfreo Olmedo, conocido por sus posicionamiento de extrema derecha, proponía constuír un muro en la frontera con Bolivia, hechando nafta al fuergo y trabajando para construír un chivo expiatorio para culpar de los problemas del país. La respuesta iba a llegar del mismísimo presidente del Senado de Bolivia, José Alberto Gonzáles: “Quisiera sugerirle a ese diputado que hable con la esposa del señor Macri, que la señora (Juliana) Awada le cuente cómo trabajan los bolivianos. (…) Yo personalmente he estado participando en procesos donde esta señora estaba involucrada por trabajo esclavo. Así que, señores, antes de pensar en muros, piensen bien en su economía” (P12 2/2)

Las políticas que se intentan implementar son las típicas políticas de mano dura, que buscan construír un enemigo, aumentar los presupuesos de las fuerzas de seguridad y la injerencia extranjera en estas, al tiempo que  se desentienden de atacar las causas más profundas de la violencia y la delincuencia, el aumento de la desigualdad y la pobreza. Buscan además llevar la división al seno del pueblo, utilizando las diferencias culturales y raciales como armas contra la organización.

De este modo, se oculta que el crimen organizado, lejos de tener que ver con la migración obligada de diversas masas de proletarios, es una forma de hacerse con grandes sumas de dinero, contratando con altos grados de explotación a ese creciente ejercito de reserva, cada vez más degradado y asinado. La estigmatización de los jóvenes, como sujetos peligrosos, privilegiados para delinquir por cobijarse en vacios legales, enfoncan el problema desde el punto de vista de la propiedad y nunca desde el punto de vista del desarrollo de todos los miembros de la sociedad. Los grandes administradores del crimen quedan siempre ocultos en sus oficinas y countries.

Esta situación se hacia palpable cuando el jefe de la Bonaerense, Pablo Bressi, era vinculado con el narcotráfico por el ex superintendente de Seguridad de Mar del Plata, Marcelo Di Pasqua. Este último, desplazado por la gobernadora Vidal luego del intrigante episodio de los hermanos Lanatta, fue beneficiado por un fallo judicial para ser restablecido en su cargo. Ahora presentó una denuncia penal contra el jefe de la policía bonaerense, acusándolo de encubrir e incluso participar en la comercialización de drogas y de instaurar "una política de persecución y hostigamiento” contra subordinados que podrían estar al tanto de los hechos que ahora le imputan (LN 9/2). Es importante destacar que Bressi fue colocado por recomendación de la embajada yanqui, como admitió Cristian Ritondo en una discusión con la diputada Florencia Arrieto, del FR a mediados del año pasado (HTV 6/6/2016), mas precisamente por la DEA (agencia yanqui expulsada de Bolivia por Evo Morales por sus vínculos con el narco y causante de muchísimos crimenes en México por sus “extrañas” negociaciones con los carteles) y confirmado en su cargo a pesar de que penden contra él multiples denuncias por narcotráfico, inclusive algunas realizadas por Elisa Carrio (LN 7/8/2016). Bressi es una pieza central en el plan “Argentina sin narcotráfico”, caballo de troya del estrechamiento de vínculos entre la policía argentina y la norteamericana, acordado en sendas visitas de funcionarios yanquis, inclusive de Obama, el año pasado.

Con todos estos hechos iba constituyéndose una especie de Estado de Sitio de a pedazos. El ministro de Educación prohibía la actividad política en las escuelas. Roberto Baradel, titular de Suteba, criticaba la medida indicando que “la actividad política es inherente a la democracia. (…) La medida significa un enorme retroceso en esa dirección” (LN 30/1). Poco tiempo después, se hacían públicas diversas amenazas al citado Baradel (P12 13/2). También los gremios estatales denunciaban persecusiones a trabajadores de planta permanente de la UIF (Unidad de Información Financiera). Indicaban que “en el área de administración quedan 5 personas que se encargan de controlar a 40.000 personas que reportan movimientos financieros” (P12 30/1). Es decir que se buscaba intimidar a trabajadores que podían acceder a información sobre los flujos de capital en el país.

Además, era detenido el secretario general de ATE Río Negro, Rodolfo Aguiar, mientras participaba de una manifestación de varios gremios −ATE, Uocra y empleados judiciales–, donde se repudiaba la visita del Presidente a tierras patagónicas. La causa de la detención era saltar una valla se seguridad custodiada por la policía provincial (P12 9/2).

Estas situaciones mostraban cómo el poder económico, en su crisis actual, rompe toda democracia real, incurriendo cada vez más en el uso del espionaje y la represión, para tratar de evitar perder control sobre la sociedad. Los defensores de la dictadura genocida no pueden más que cumplir paso a paso la metamorfosis, la maduración de sus métdos dictatoriales. Por sus frutos los conocerás, dicen… Absoludamente armónico con la extrema libertad para los monopolios, va figurándose un Estado de Sitio para los trabajadores y el pueblo.

Y a pesar de esto, la lucha no cesa. Nos ocuparemos ahora de los movimientos dentro del frente nacional.

Una vez más: Patria o Colonia

Esta especie de nueva década infame donde el país parece ingresar, con un gobierno CEO repleto de “incompatibilidades”, que impulsaba el ajuste, la represión y la pérdida de derechos, empujaba a la reorganización del frente nacional, derrotado electoralmente, como venimos analizando hace meses, por su desorientación política para enfrentar la embestida de los grupos económicos, que buscaron por todos los caminos terminar con un gobierno que atacó algunos de sus intereses, y amenazaba con profundizar su disputa.

La crisis política que siguió a la derrota electoral, sinceró profundas diferencias de intereses contenidas en el frente nacional. Y el mes de febrero fue una vidriera excelente para recorrerlas. Por un lado, estaba el sector que pretendia disolver el peronismo en la estrategia massista, “una oposición responsable”, que no sacara los pies del plato de la nueva posición que pretenden tome la Argentina con respecto a los grandes capitales internacionales y las potencias los actuales gobernantes. Miguel Angel Pichetto Indicaba que el PJ se debía un proceso de “cambio generacional” que ponga a la cabeza a dirigentes de entre “40 y 50 años”. Y citaba en este sentido a Randazzo, Massa y gobernadores jóvenes. Como Urtubey, de Salta, publicista de los fondos buitre y esperanza de la oligarquía salteña; Sergio Uñac, de San Juan o Domingo Peppo, del Chaco. Criticaba la gestión del kirchnerismo, habiendo sido jefe de la bancada de senadores por el oficialismo durante 12 años: “Lo que terminó, terminó. Lo que debe empezar debe ser lo nuevo. (…) El peronismo tiene que terminar con algunas taras autoritarias. (…) El modelo de conducción rígido que se ejercitó desde el poder y que nos ha hecho daño en la relación con la sociedad. (…) El Frente para la Victoria fue una alianza electoral como lo fue el Frejuli” (LN 29/1). Sus palabras indicaban su intención de que la política del peronismo sea la de acompañar al macrismo, dispuntando la manija, pero no el programa. Sin embargo, en sus palabras se traslucía la irrealidad de pretender construir ese vergonzozo “acuerdo nacional” modelo siglo XXI. Interrogado sobre las posibilidades de mantener el diálogo con el Gobierno en un año electoral, explicaba que  “la inseguridad, la lucha contra el narcotráfico, el control migratorio, la defensa del empleo y de sectores de la industria nacional, la relación con los sindicatos y la política impositiva podrían estar en una agenda pública en la que se podría avanzar con ciertos niveles de consenso” (LN 29/1). Es decir, repetía la agenda del gobierno CEO, que análizabamos mas arriba, y le pegaba a los intereses de la burguesía mercado-internista y del movimiento obrero sindicalizado. El avejentado y repuesto en el poder neoliberalismo que buscan implantar el gobierno CEO y sus  jefes imperialistas, tiene como condición la liquidación de la industria nacional no vinculada al agro y de toda legislación obrera que ponga límites a las ganancias del capital.

Otro sector del frente nacional, el representado por CFK, proponía en un encuentro con dirigentes del peronismo porteño construir “un espacio más amplio para derrotar a Cambiemos” (LN 28/1). El sindicalista Victor Santa María aseguró que la ex presidenta les pidió “ser amplios en la construcción porque la gente no ve todavía al Frente Para la Victoria como una alternativa mayoritaria”. Aunque se dejaba entrever que en ese reagrupamiento el límite era Massa (LN 28/1). Lo que estaba de fondo era que con CFK trasladándose a Buenos Aires comenzaría un acercamiento con diversos sectores cercanos al massismo, o a diversos grupos que luego de la derrota electoral marcaron diferencias con el kirchnerismo, como el grupo Esmeralda, comandado por el intendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde, o el grupo Establo, cuya figura más destacada es el ex precandidato presidencial Julián Domínguez.

Con la intención de realizar un congreso en Santa Teresita, se repetía la necesidad de de la unidad. “La unidad es el eje central de la propuesta sobre la que estamos trabajando. Hay que estar fuertes para enfrentar las políticas de este Gobierno que ataca a los más humildes. (…) pensamos un gran frente electoral”, aseguró Fernando “Chino” Navarro, diputado provincial y dirigente del Movimiento Evita (P12 1/2). Pero la unidad no se construye invocándola. La falta de un programa y la gran cantidad de intereses en pugna, en el seno del frente, llevaban a la suspensión del congreso de marras, que se aplazaba hasta principios de marzo (P12 18/2).

Los diversos posicionamientos tenían la misma dolencia. La falta de un programa que enfrentara específicamente las políticas neoliberales y plantee qué política se tendría con cada sector y qué sujeto social debía llevarlo a cabo. Ningún discurso salía de hacer una colección de lugares comunes o una lista de problemas, no se apuntaban causas, ni estrategias para combatir hasta el final este plan económico. La misma dolencia que prefiguró la derrota contra el improvisado equipo CEO, que a empujones busca instalar la idea de una nueva “caída del muro” en tiempos de pleno “hundimiento mundial del imperialismo”.

Edgardo Mocca, periodista de opinión de Página 12, indicaba al respecto: “La amplitud política es un requisito crucial en una época en que el sectarismo equivale a la complacencia con el gobierno de los Ceos. Pero sin un discurso político claro y una hoja de ruta más o menos perceptible, la unidad puede ser (…) un amontonamiento oportunista, como un reflejo defensivo de una burocracia política que se siente amenazada y está dispuesta a tragar sapos para mantener un lugarcito en la distribución de cargos (P12 12/2. Subrayado nuestro). Sus fuertes palabras explicaban en parte la crisis que envenena al frente nacional, la falta de una conducción que pueda ir más allá del sostenimiento de lo que hay, o de lo que hubo. Este límite nace de la primacía que todavía tienen en el frente nacional las ideas y prácticas del empresariado mercado-internista, que por sus propios intereses no puede poner en duda la hegemonía de la oligarquía en la Argentina, puesto que marchar sobre la renta, para utilizarla en pos de constituir mayores grados de independencia económica, significaría poner en duda su mismo lugar como propietarios.

El intento por sostener la vieja sociedad no permitía al frente nacional correrse de la disputa por espacios en el aparato del Estado actual; o –lo que es o mismo− de la venia de sectores empresarios. Con estas contradicciones de fondo, se suspendía el congreso del PJ en Santa Teresita, y se aplazaba hasta principios de marzo (P12 18/2). Porque todas las líneas internas mantenían una lucha facciosa, que no planteaba los problemas de fondo.

Las más fuertes definiciones venían de sectores de la Iglesia, aunque con la habitual generalidad y ambigüedad de los curas. El papa Francisco, en una entrevista al diario El País de España, citado por varios diarios, decía que el “populismo latinoamericano” no era igual que el europeo, porque en el primero tenían protagonismo “los pueblos, por ejemplo los movimientos populares” (P12 22/1). Indicaba en esa misma entrevista que “el cipayo es aquel que vende la patria a la potencia extranjera que le pueda dar más beneficio. Y en nuestra historia argentina, por ejemplo, siempre hay algún político cipayo. O alguna postura política cipaya. Siempre la ha habido en la historia. Así que Latinoamérica tiene que rearmarse con formaciones de políticos que realmente den a Latinoamérica la fuerza de los pueblos” (El País 22/1- citado por LN 9/2). Proponía que en centro de las organizaciones políticas latinoamericana esté la no venta de la patria al rico extranjero, dándole un mazazo a la política de “seguridad jurídica” y “generación de confianza” de nuestro actual gobierno.

Otra característica que se mantuvo entre todos los sectores del peronismo fue que las divergencias ideológicas se diluían al momento de apoyar al movimiento obrero organizado en sus reclamos, cuando estos alcanzaban hegemonía en el seno de los trabajadores. Es así que todo el arco del peronismo iba, uno a uno, apoyando la movilización del 7 de marzo, propuesta por la CGT en rechazo al incumplimiento del acuerdo de no despedir y el empeoramiento de las condiciones económicas.

Columna vertebral de un movimiento sin cabeza

Como venimos analizando, mes tras mes, la clase trabajadora demuestra ser el núcleo de la oposición a la avanzada empresarial por erradicar derechos y congelar aumentos. El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) indicaba que, tomando el último trimestre del 2016, se registraron un promedio 237 conflictos económicos mensuales, es decir, casi 8 por día. El 55% en el sector público y en el 45% en sector privado. El informe mostraba que en los últimos meses los conflictos “se prolongan por más tiempo y reúnen a más organizaciones y trabajadores” (P12 28/1). Ejemplo nítido de esto fueron las medidas conjuntas entre estatales, docentes, judiciales y trabajadores de la salud contra el ajuste. O la solidaridad del sindicato de camioneros para con los despedidos graficos en la planta AGR, del grupo Clarín (P12 30/1).

Las razones para luchar estaban lejos de acabarse. CEPA también indicaba que los datos de creación de empleo planteados por el Gobierno, a pesar de la ola de optimismo lanzada por el ministor Dujovne (ver artículo anterior), habían sido presentados sin estacionalidad, por lo tanto, no eran correctos. Indicaba que no hubo 23.000 nuevos puestos sino un recorte de 1.740 (P12 28/1). Se mantenía la ola de despidos, especialmente en el sector industrial.

La empresa PC Arts (Banghó) despedía a 200 trabajadores, indicando que priorizaría la importación (CL 24/1). Al tiempo que el Secretario de Comercio defendía la quita del arancel a la importación, diciendo que “beneficiará muy fuertemente a los consumidores y será muy positiva para la creación neta de empleos” (CR 26/1). Entre tanto, empresas como Positivo BGH, Newsan (Noblex), Radio Victoria, Digital Fueguina, PC Arts Argentina (Banghó), Exo, Novatech, Corporate Corp (Ken Brown), Grupo Núcleo, Air Computers o PcBox ya cerraron plantas o despidieron a más de 700 empleados, al no poder competir con productos importados sin arancel (CR 21/2).

La plástica Mascardi despedía a 43 de sus 130 trabajadores, alegando problemas de productividad. Se realizaría una toma de la fábrica en respuesta (CR 9/2). También cerraba la única fabricante nacional de llantas que seguía produciendo en el país, despidiendo a 170 empleados, luego de 40 días de conflicto y diferentes intentos por evitarlo (CR 15/2).

Dos de los conflictos más extensos del mes fueron el de los bancarios y el de docentes. El primero llevaría a una escalada de huelgas y asambleas. El conflicto se desató porque a pesar de que el gremio había acordado un aumento del 24% con las cámaras bancarias, el Ministerio de Trabajo no homologaba el nuevo convenio. Eso empujaba una puja donde lo económico rápidamente se volvía político, puesto que el gobierno nacional, gerente de negocios del empresariado, pretendía un techo de aumentos del 18%, y no le temblaba el pulso para desconocer acuerdos “entre privados”. “El Ministerio de Trabajo interfirió en el cumplimiento de los acuerdos que se estaban llevando adelante”, decía el secretario de prensa de la Asociación Bancaria, Eduardo Berrozpe (CL 9/2). La Bancaria denunciaba que el Gobierno, al rechazar la homologación del acuerdo paritario que el gremio rubricó con las dos asociaciones de bancos nacionales públicos y privados, “pretende un arreglo que reduzca el aumento del 19,5 al 18 por ciento” (CL 9/2). Luego de una fuerte lucha de parte del sindicato, y de la amenaza de 3 días de paro bancario, se respetaba el 24,3% de incremento para todos los bancarios, en dos veces (CL 16/2).

El otro conflicto, el de los docentes, que como indicambamos más arriba jugaba un rol de referencia, de importancia electoral y en el freno o no del plan de provincializar aún mas la educación, llevaba a la amenaza del paro para el 6 de marzo, día estipulado para el comienzo de las clases. El conflicto llevaba a una escalada verbal entre la gobernadora Vidal y los gremios, donde la gobernadora acusaba a estos por la falta de acuerdo. Decía: “Los trabajadores no están perdiendo, salvo que haya cuestiones políticas” (LN 7/2). El clima que intentaba imponerse desde ciertos sectores de la prensa era que del paro docente dependía “un escenario de conflicto o de paz social en el inicio del año escolar” (LN 7/2).

Varios gremios −SUTEBA, FED, UDA, Amet, Sadop, Udocba nucleados en CGT y en CTA− lanzaban una consigna común por el conflicto: “Unamos las escuelas. Ningun docente bajo la línea de la pobreza (P12 13/2).

Todos estos hechos mostraban cómo el movimiento trabajador luchaba contra el plan económico, aunque aún de manera fragmentaria y defensiva. Los trabajadores en su base tenían cada vez menos margen para la negociación, y eso lo demostraba el crecimiento de los conflictos y las unidades defensivas. Así, la lucha contra los despidos, el aumento de las tarifas y el techo a las paritarias se volvían banderas unánimes. Y esta conciencia práctica que iba naciendo en cada vez más sectores presionaba todas las estructuras sindicales. Como indicábamos en el Análisis… anterior, el triunvirato cegetista pasó del brindis de fin de año con el Presidente, festejando el “acuerdo” antidespidos y la modificación de la ley de Ganancias, a indicar, en la voz de Carlos Acuña, que “los empresarios quieren avanzar para esclavizarnos” (CL 10/1). La CTA, en franco proceso de unidad, anunciaba la pronta reunificación y se acercaba cada vez más en términos de programa (LN 30/1).

Por su parte, el macrismo buscaba desacreditar las protestas, presentando la conflictividad social creciente como producto del año electoral y apoyándose en el rechazo que genera gran parte de la dirigencia sindical en la población (CL 2/2). Defendía la modificación de la ley de ART, que buscaba cortar “la industria del juicio laboral”. Intentaba convencer a los trabajadores de que la pérdida de sus derechos generaría “confianza” para inversiones y puestos de trabajo (LN 24/1). Figurita repetida…

Pero quizás la afrenta más grave contra el movimiento obrero era la realizada por el ministro de Trabajo Jorge Triaca, cuando pidió el juicio político a los jueces Graciela Marino y Enrique Arias Gilbert, por fallar en favor de La Bancaría, instando a cumplir el acuerdo a los banqueros y a “no interferir” al poder ejecutivo (CL 20/2).

Como indicábamos antes, el Gobierno iba a intentar acercarse a algunos gremios. Enaltecía públicamente e invitaba a un viaje oficial por España al secretario general de Petroleros de Neuquen y senador nacional por el MPN Guillermo Pereyra, por haber aceptado la pérdida de condiciones laborales para sus representados, con la promesa de nuevas inversiones (Perfil 21/2). Llevarían como ejemplo a los trabajadores que aceptan perder derechos por inversiones. Recordemos que, tras los acuerdos que Pereyra aceptó, las empresas frenaron 900 despidos y abrirán programas de retiros voluntarios (CR 26/1).

También el Gobierno se acercaba al sindicato de mecánicos SMATA, prometiendo grandes inversiones en la industria automotriz (CL 27/1).

Estos movimientos particulares chocaban con la gran mayoría de las ramas. Las declaraciones del secretario de prensa de la CGT, Jorge Sola, marcaban la nueva situación: “El camino entonces es la acción y la rebelión, y los bancarios ya lo han llevado adelante (LN 28/1). Juan Carlos Schmid lo reafirmaba: “El diálogo está roto en tanto el Gobierno no reaccione y tenga otro enfoque económico”. La CGT lanzaba así un plan de lucha donde se comenzaría con una movilización el 7 de marzo y un paro para la última semana del mismo mes (LN 3/2). Ademas, el 13 convocaban a una movilización las organizaciones sociales, que pretendían acompañar el pland de lucha de la CGT y conmemorar los cuatro años de Jorge Bergoglio en el Obispado de Roma.

Fiel a su estilo, Carlos Acuña aclaraba que el gobierno de Mauricio Macri se pone “del lado de los patrones” y criticaba los dichos del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, quien calificó como un “paro político” la medida dispuesta para la segunda quincena de marzo. “Parece que él (por Dujovne) nació de un repollo, lo pusieron los que ganaron las elecciones y las elecciones se hacen con política. (…) Se firmó un acuerdo antidespidos y no se cumplió. Ahora atacaron un aumento salarial de los bancarios. No cumplen nada, todo lo que es para los trabajadores lo bombean” (LN 6/2). Otro de los triunviros, Schmid, se preguntaba: “¿El movimiento obrero está desprestigiado o somos un peligro?”; y se contestaba: “Los empresarios extranjeros preguntan cuál va a ser el movimiento obrero en los proximos años” (P12 5/2).

Sin embargo, a pesar de que el centro del plan económico es atraer inversiones extranjeras en base a flexibilizar el trabajo y permitir el saqueo de las riquezas del país, la unanimidad sobre la medida de fuerza −autorizada por el comité confederal en septiembre del año pasado y pospuesta varias veces− no llegaba. Roberto Fernández, secretario general de la UTA, aseguraba que hay un mes para conversar y buscar una solución para todos, frente a las medidas de fuerza convocadas por la central sindical. Aclaró que la intención de la CGT “no es derrumbar ningún gobierno”, pero también advirtió: “Si no nos sentamos todos juntos para buscar una solución para el bien de todos, esto va a traer enfrentamientos porque acá hay que defender el trabajo” (LN7/2). Los gremios del trasporte, menos afectados que los industriales, intentaban ser cooptados por el Gobierno, con la promesa de inversiones (CL 18/2).

También el macrismo se apuraba en reglamentar la Ley de Emergencia Social, para atraer a las organizaciones sociales, con la “caja” que eso signficaba. Lograban que Daniel Menéndez, de Barrios de Pie, diga que el macrismo no tenía una política clientelar. Sin embargo, Juan Grabois advirtió que “el problema al que hay que hacerle frente es más profundo que el deterioro del poder adquisitivo, se trata de modificar el sistema económico” (P12 21/2).

Sin embargo, parecía claro que los esfuerzos del macrismo no alcanzaban y la CGT ratificaba la movilización y el paro, sin ponerle fecha aún a este último. Sergió Palazzo, secretario general de La Bancaria, seguía siendo una de las voces más elocuentes: “Este gobierno vino a consolidar la inequidad y la injusticia. Es un gobierno de ricos que funciona, legisla y actúa para que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. (…) La movilización del 7 y el paro tienen un origen común en la ruptura de la confianza en la palabra del gobierno y del sector empresario” (LN 12/2).

A fines de mes, el movimiento obrero emprendía una campaña nacional buscando apoyo a la movilización del 7 de marzo. Y lo encontraba en casi todos los partidos de la oposición y en las cámaras empresarias PYME y CAME. Como así también en sectores desocupados.

Volvía así a demostrar lo que dijera Fernando Laborda, escriba oligárquico de La Nación, en diciembre: “La CGT puede celebrar que ha vuelto a ser reconocida como la columna vertebral de un cuerpo que hoy carece de cabeza” (LN 23/12/2016). Pero así también, lentamente, se volvía imposible el apoyo a un plan que es contrario a las mayorías del país y se identificaba que el problema no era sindical, sino político. ¿Qué hacer después de la movilización y después del paro general? ¿Cómo se resuelve esta situación?

No puede pedírsele a un gobierno que defiende determinados intereses que “rectifique el rumbo”, que deje de ser lo que es. Por lo tanto, el movimiento de la sociedad toda –es decir, los acontecimientos− demuestra que cada vez madura más la necesidad para los trabajadores de ser la cabeza. Es decir, de que el cuerpo que puede realizar la liberación nacional elabore su proyecto.



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