Revista Mensual | Número: Abril de 2017
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Fuentes consultadas: EE.UU.: Wall Street Journal (WSJ). Gran Bretaña: The Economist (TE). Alemania: Deutsche Welle (DW); China: Xinhua (XH); Rusia: Russia Today (RT); Irn: HispanTV (HTV) Venezuela: Telesur (TS). Cuba: Cubadebate (CD). Argentina: Clarín (CL); Crónica (CA); Cronista Comercial (CR); La Nación (LN); Miradas al Sur (MS); Página 12 (P12); Tiempo Argentino (TA).
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La desestabilización de los zombis

A algunos se les viene la noche
Mala fama te dicen, bala te piden
Rebelión de los magistrados
Vos sos la dictadura
Va cayendo gente al baile
La calle es mía...
...Pero el plan y su aplicación todavía no


Con las masas en la calle y la clase obrera en el centro de la escena, el gobierno neoliberal se victimiza y prepara la represión

La desestabilización de los zombis

Locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes”.

(Rita Mae Brown)

A algunos se les viene la noche

Marzo fue, como anunciamos, un mes marcado por la movilización popular contra el plan neoliberal que intenta llevar adelante el gobierno de Cambiemos, en beneficio de la oligarquía y los monopolios extranjeros. Las diversas jornadas de lucha, ocupaciones callejeras y ollas populares confluyeron en los días 6, 7 y 8 de marzo, donde se realizaron masivas movilizaciones. Algunos hechos se destacaron, como la movilización docente o la reivindicación del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que enmarcaron  la movilización conjunta de todas las centrales sindicales y los movimientos sociales más numerosos, realizada el 7 de marzo. Los cientos de miles de personas que salieron a la calle durante esos tres días demostraban la creciente bronca que acumulan los sectores trabajadores y diversas capas del pueblo, en su búsqueda por frenar el empeoramiento de sus condiciones de vida. Se hacía patente el protagonismo indiscutido de las masas trabajadoras para la vida política nacional, como así también el acelerado proceso de organización y de conciencia que están viviendo.

Por primera vez desde el inicio del gobierno de Cambiemos, la masividad de las protestas demostraban que el macrimo iba perdiendo el control de la calle y que un sector importante de la población rechazaba fuertemente los lineamientos económicos, políticos y culturales que planteaba el consorcio de administración de negocios que forma el gobierno CEO.

En este contexto, la alianza gobernante continuaba acumulando disputas internas. Carrió siguía criticando medidas puntales del Gobierno y la disputa entre los cipayos políticos de profesión y los cipayos CEOS crecía. “Para un rico 20 pesos no es nada. Para un jubilado es mucho. (…) Es fácil ser CEO. (…) El Estado es mucho más complejo que una empresa privada, donde se presta atención a la rentabilidad”, decía la diputada, cuya interna sumaba ya a Jorge Macri, Aranguren, Mario Quintana y hasta Marcos Peña (P12 23/2).

También, la llamada “pata radical” de Cambiemos empezaba a renguear. Luego de un congreso, declaraba oficialmente el centenario partido: “Cambiemos debe mutar su ropaje de coalición electoral y parlamentaria para madurar (…) en una efectiva coalición de gobierno”. Y si bien expresaba su compromiso con “el cambio”, afirmaba que “ya no hay más margen para errores no forzados” (LN 25/2). Pero la disconformidad con el papel jugado en el Gobierno era más profunda en el ala del partido que hoy no lo conduce, el llamado “alfonsinismo”. Juan Manuel Casella, vocero de ese espacio, denunciaba que el partido podría terminar fagocitado por el PRO y afirmaba que “la UCR se ha convertido en un partido sin voz, sin opinión y sin comunicación con el pueblo” (P12 26/2).

Los únicos que parecían mantener un apoyo decidido hacia el Gobierno eran el sector más concentrado de los empresarios nacionales, representados por la asociación AEA. Jaime Campos, su titular, decía que a pesar de que la economía no mejoraba con vigor, lo más importante en “Argentina es que hemos optado por un régimen político y económico que no es el régimen populista del gobierno anterior”. Su fuerte apoyo al proyecto neoliberal lo justificaba en los avances en acuerdos flexibilizadores alcanzados en los últimos meses entre el Gobierno y algunos sectores de trabajadores, como “el acuerdo que se hizo con los petroleros para la explotación de Vaca Muerta (LN 12/3). Sin embargo, advertía sobre la dificultad de que su promisorio plan se haga rápido: “Creo que la política razonable es una política gradualista” (LN 12/3). Admitiendo indirectamente los costos sociales del progreso patrimonial de los sectores concentrados.

Frente a este sector, el empresariado mercado internista, nucleado en parte en la asociación Came, apoyaba la movilización del 7 de marzo, de la que hablábamos más arriba y que se situa en el centro de las disputas políticas del mes. Plegándose a las reivindicaciones obreras, Osvaldo Cornide, presidente de CAME decía que “la entidad comparte la mayoría de los puntos de la convocatoria de la CGT (P12 3/3) y buscaba incluir los reclamos de sus sector: mejorar las condiciones para la industria nacional que necesita protección (ver artículo anterior). La Nación, en la voz de Fernández Díaz, se burlaba del carácter pendular que siempre mostró este sector, recordando cómo Cornide fue oficialista de la dictadura militar, del alfonsinismo, del menemismo y hasta del kirchnerismo (LN 5/3)

Pero el plan basado de garantizar las ganancias al sector más concentrado no sólo chocaba contra los pequeños capitales, sino que iba generando un creciente clima de bronca en toda la sociedad. Los escribas oligárquicos advertían a su tropa sobre las complicaciones del caso. Fernando Laborda decía que “el gobierno de Mauricio Macri enfrenta un fenómeno que no había conocido en sus anteriores 12 meses de gestión: la caída general del optimismo ciudadano” (LN 13/3). Y Eduardo Fidanza, director de Poliarquía (encuestadora predilecta de “la tribuna de doctrina”) le ponía números: “Hace 14 meses poseían expectativas favorables el 71% [de los ciudadanos] y negativas apenas el 29% (…). Hoy, los desilusionados suman el 52% y los optimistas el 48%.  Y remataba: “Después de un año de poseer más aprobación que desaprobación, el Gobierno pasó a tener más detractores que partidarios” (LN 18/3).

Es decir, se verificaba en todos los planos el lento abandono del apoyo al Gobierno. Pero no sólo eso. El gran problema era que la población no acordaba con el ajuste. La encuestadora Management & Fit, que también daba cuenta de la caída del optimismo, planteaba que sólo el 40% apoyaba la gestión gubernamental. Sin embargo, indicaba algo más peligroso para el gobierno macrista, que el 51% de la población apoyaba la lucha docente, es decir que la población apoyaba a un sector que reclamaba un aumento que le permita no perder poder adquisitivo, más allá de no apoyar sus métodos (CL 19/3).

La realidad era límpida. Ante el ataque directo al empresariado mercado-internista menos concentrado (con la apertura de la importación), el congelamiento virtual de los salarios (que significaría un techo del 18% en los aumentos), a la política neoliberal se le quebraba la débil  base social que había conseguido arrebatar al proyecto popular entre 2011 y 2015. Fidanza lo admitía claramente: “El electorado se polarizó, volviendo al ballottage de 2015. Pero con un matiz crucial: ahora Cambiemos podría perder” (LN 18/3). Esto tenía que ver con que sectores de ingresos medios, incluídos muchos trabajadores, que con el proceso kirchnerista alcanzaron niveles de consumo altos, ahora veían progresivamente perder esta posición, abandonando su apoyo a un gobierno que representa las antípodas del interés obrero. Y en la misma línea, Joaquin Morales Solá alertaba con preocupación que en marzo se vivió un “estado de sublevación constante [que] se mezcla con huelgas que han sucedido y sucederán” (LN 19/3).

Ante este cambio en la correlación de fuerzas que significa tener partida su base social y el mantenimiento de un núcleo duro en el conurbano bonaerense que mantiene fidelidad con políticas populares, la estrategia del Gobierno fue denunciar un proceso de “polítización” de los reclamos económicos y la intención “desestabilizadora” del kirchnerismo, supuesto gran demonio detrás de todos los problemas nacionales.

Macri no se cansaba de repetir que “todas las cosas que estamos viendo muestran que hay una ansiedad por disparar el año electoral, que va en contra de lo que necesitan los argentinos” (LN 28/2). La política era demonizada. Hasta el punto en que Gabriela Michetti sugería “evitar las elecciones de medio termino” (LN 17/3) y la gobernadora Vidal llegaba a exigir a los sindicalistas docentes que “digan si son kirchneristas” (LN 15/3). Los monopolios estaban claramente nerviosos, pues la politización del conjunto de la sociedad es el peor escenario para las clases dominantes, tal como marca nuestra historia.

A su vez, observamos en versión argentina cómo la democracia representativa, otrora instrumento nodal para el ejercicio de la dominación por parte de la burguesía –en nuestro caso la oligarquía agroindustrial/financiera−, pasa a ser denostada por esta, pues ya no le es funcional a su sistema de dominación, desnudando así la verdadera escencia de este tipo de “democracia”: la dictadura de una pequeña parte de la sociedad sobre la inmensa mayoría que conforma el pueblo.

Por ello, el Gobierno mostraba cada vez más los dientes. El ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Hernan Lacunza decía criticando la actitud de no aceptar la conciliación obligatoria dictada en el conflicto docente: “Estamos en un país donde queremos imponer la anarquía, o la anomia. Cuando algo no me gusta, paso a la clandestinidad” (CL4/3). Sus palabras, en un mes como marzo además, subrepticiamente proponían una ligazón entre los sindicalistas docentes y “el demonio subersivo”, que impuso la anarquía y pasó a la clandestinidad”, según la conocida teoría de los genocidas de la dictadura. Ese relato, que inculpa a las organizaciones revolucionarias del golpe militar, era el argumento desempolvado para preparar la represión, salida militar que aparece cuando la política se cierra.

Mala fama te dicen, bala te piden

Con la situación nacional subiendo de tono y el garante del librecambio a nivel mundial en medio de “la era Trump”, el gobierno de Cambiemos buscaba refugio en un viaje a Europa (a la vieja usanza oligárquica), buscando apoyos para su programa. Con esta prerrogativa se daba el viaje a España, “único país avanzado de Occidente en el que el malestar social no se tradujo en un repliegue proteccionista”, según Carlos Pagni (LN 24/2). Petendía el gobierno argentino dar pasos hacia la concreción del tratado de libre comercio entre la UE y el Mercosur (asesinado y resucitado en forma zombi, por los gobiernos de Argentina y Brasil, luego del desaucio que EEUU infringió al tratado transpacifico).

Pero el viaje, lejos de poder apuntalar el tratado, se transformó en la constatación internacional de la nueva fama argentina. Mientras Macri repetía en el congreso español que su programa de gobierno se basaba en alcanzar la “pobreza 0” y la unión de los argentinos –retrotrayéndonos a la campaña electoral de 2015−, el jefe de la bancada de Podemos, Iñigo Errejón, desnudaba la política de Macri y daba algunos tiros por elevación a su propio gobierno neoliberal. Decía el diputado: “Es evidente que el señor Macri es uno de los suyos, señor Rajoy. Es evidente, cuando ha aplicado un tarifazo de gas, agua y electricidad, cuando tiene en un año de gobierno un saldo de 200.000 despidos, al mismo tiempo que salen los Papeles de Panamá” (P12 23/2). Además lo acusó de “combatir a los pobres” y de tener “encarcelada desde hace un año” a Milagro Sala.

El problema con esta nueva fama es que rompía la confianza del capital concentrado internacional. Este hecho lo marcaba Carrió en la exposición de Expoagro, usina del capital concentrado con inversiones agroindustriales, donde condicionaba la llegada de inversiones a la victora en las elecciones de medio término, porque “los inversores le tienen un miedo terrible a ese PJ que se trompea, que ambiciona y cambia de políticas” (LN 11/3). La misma temática se colaba en el centro de las discusiones del encuentro realizado por la revista inglesa The Econmist, realizado en Argentina. Allí, diversos economistas opinaron sobre el vínculo entre conflictividad social e inversiones, reconociendo con sus dichos cuál es el origen del aumento de las políticas represivas locales. Allí, algunos de los voceros de los monopolios sugerían la mano dura. Por un lado Aranguren, ministro de Energía e implícito representante de Shell en el gabinete, decía que “en la Argentina empieza a haber confianza porque hay reglas”. Y Joachim Maier, número uno de Mercedes-Benz −empresa que colaboro abiertamente con la represión ilegal y el secuestro de delegados en la última dictadura militar−, admitió que a su firma le iba bien, pero criticó la negativa a Uber para trabajar en el país. No es bueno proteger “lo viejo”, decía. Recordemos que el año pasado hubo varias protestas de taxistas oponiéndose a las nuevas tecnologías. Luego de estas disertaciones, Marcos Peña acusaba: “Hay gente a la que no le conviene el diálogo, que prefiere la violencia (LN 9/3).

Es decir que el proceso era transparente. Empujado a buscar inversiones, el gobierno no tiene más que exponerse a nivel internacional y profundizar “la confianza internacional” cortando de cuajo la resistencia a las políticas que intenta implementar. En esta misma línea, el periodista económico emblema de Clarín, Marcelo Bonelli, hacía pública una supuesta conversación privada entre ex presidente español Felipe González y Macri, donde el primero habría pedido que encarcelen a CFK, condicionando de esa manera la llegada de inversiones a la Argentina. Si bien el español y el presidente argentino desmintieron públicamente a Clarín, Bonelli siguió afirmando que la conversación había existido (TN 17/3). Todo esto derivó en un escandalo mediático que llevaba a  CFK a decir que “el pueblo argentino tiene derecho de saber cuáles son los condicionamientos que pretenden ser impuestos por los supuestos inversores” (P12 18/3).

Rebelión de los magistrados

Pero como venimos analizando, antes del último recurso para el disciplinamiento de las masas, que es la represión, existe el poder judicial, que históricamente juega como garante último “no militar” de la propiedad. El problema es que en la situación actual los monopolios necesitan disolver la resistencia social a su expoliación y eso implica controlar con mucha más firmeza al poder judicial. Por lo tanto, el estado de cosas dentro de la justicia debe ser sistemáticamente violentado por el actual gobierno. Con esas necesidades, el gobierno de Cambiemos busca construir una justicia a su medida, chocando no solamente con los intereses de las clases subalternas, sino también con capas acomodadas de la población, que históricamente sí entraban en el reparto del dinero, el poder y el prestigio. Esta contradicción entre las necesidades del capital (representado en sus intereses por el gobierno de Cambiemos) y la misma superestructura jurídica del país, se traslucía en el conflicto desatado por el pedido de juicio político a varios jueces laboralistas, llevado adelante por el ministro de Trabajo Jorge Triaca. El pedido de juicio político, una medida que claramente pretendía disciplinar a los jueces, era lanzada contra los magistrados que avalaron la paritaria realizada por La Bancaria, aceptada por dos de las tres cámaras empresariales (sólo la de bancos extranjero no aceptó). Como sabemos, el Gobierno no quería homologar el convenio porque este acuerdo superaba el límite planteado por este (18% o 19%), llegando a casi un 25%. También era puesto en el banquillo el juez Luis Arias, que declaró inconstitucional la conciliación obligatoria dictada por el gobierno provincial, como método de frentar el paro docente (P12 18/3).

A este hecho se sumaba el traslado por decreto de la Justicia Federal a la Ciudad de Buenos Aires. Cambio que implicaría darle al Gobierno la potestad para nombrar varios jueces en los contencioso adminsitrativo, que son quienes tratan casos de corrupción. Ante estos sucesos, los trabajadores judiciales lanzaban un paro que iba a tener el apoyo inédito de todas las instituciones que nuclean a los magistrados. Hecho nunca visto, por las grandisismas diferencias ideológicas que existen entre las distintas vertientes del poder judicial. Como nunca, agrupaciones de diversa opinión política confluían en el repudió a las políticas macristas. La Asociación de Magistrados − enemiga delcarada del kirchnerismo−, Justicia Legítima −indudablemente vinculada al krichnerismo− y la Asociación Nacional de Jueces coincidieron en lanzar un fuerte repudio a los ataques a distintos jueces laboralisas. Cerca de 3.000 judiciales se movilizaron al Palacio de Justicia con el respaldo de las agrupaciones de Abogados Laboralistas, Abogados por la Ciudad, Abogados de los trabajadores y Gente de Derecho, liderada por el titular del Colegio de Abogados de Capital, Ezequiel Rizzo. “Traspasan los delitos contra la administración y quieren nombrar jueces y fiscales para tener impunidad”, decía Julio Piumato, titular del gremio de los judiciales, que pocos meses antes había participado de movilizaciones exigiendo la reapertura de la causa Nisman. El dirigente además denunciaba un intento de “flexiblización laboral (CL 22/2). La Asociación de Abogados Laboralistas catalogaba el pedido de juicio político como “un ataque a la independencia judicial. (…) Se trata de uno más de los sistemáticos ataques a los jueces laborales, en este caso fundado en el contenido de sus sentencias (…) [porque] resolvió una medida cautelar en favor del sindicato de bancarios en contra de la injerencia del Ministerio de Trabajo”(LN 22/2).  Es este sentido,  la CGT expresó en un comunicado su “rechazo categórico” a la mudanza de los tribunales y  repudió el “juicio político” a  los presidentes de la Cámara del Trabajo. “Ningún juez puede ser acusado ni perseguido por el contenido de sus fallos” (CL 22/2).

Pero las trabas judiciales a los decretazos macristas continuaban. El juez subrogante Alejandro Segura dictó la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia que modificó el sistema de riesgos del trabajo. El magistrado, a cargo del Juzgado Nacional del Trabajo N°41, consideró que la normativa viola el “principio de igualdad” (P12 23/2), dándole la razón a las asociaciones sindicales que se oponían e inclusive a sectores de la oposición colaboracionista, como Margarita Stolbizer.

En este marco de violaciones sistemáticas a la constitución nacional por parte del gobierno, un grupo de 15 diputados del Frente para la Victoria (FPV), reconocidos kirchneristas, elaboraba un proyecto para realizar el juicio político a Mauricio Macri. Acompañaba con su firma el proyecto José Luis Gioja, presidente del PJ, mostrando cómo las aguas se van caldeando (LN 23/2).

Sin embargo, no todo estaba en contra del macrismo en términos judiciales. La justicia jujeña desestimaba en cuestión de días un pedido de juicio político contra la presidente de la Corte Suprema provincial, Clara de Langhe de Falcone, por los probados vínculos entre ella y el gobierno de Gerardo Morales (P12 12/3).

Otra buena noticia para el macrismo era que la Justicia confirmó que los familiares de funcionarios pueden sumarse al blanqueo, avalando el decreto macrista que lo permitió entre “gallos y medianoches” (LN 17/3), y que era citada a declarar CFK por la causa los Sauces, por el juez Bonadio, el mismo día en que se iba a realizar la movilización  de la CGT (Perfil 3/2).

Todos estos hechos mostraban que la justicia estaba absolutamente desnuda de su disfraz de neutralidad. El poder judicial era poco más que un campo de batalla donde diversos sectores de la sociedad dirimían sus intereses. El problema del macrismo era que parece existir en la justicia una relación de fuerzas que realentizaba las necesidades de los grupos monopolícos. Esta trabazón judicial era una nota más en la lenta acumulación de contradicciones que empujaban el aumento de la violencia política. La discusión en torno a los Derechos Humanos y la escalda represiva confirmarían esta tendencia.

Vos sos la dictadura

Con los ánimos cada vez más crispados y las masas populares en la calle, el macrismo y varias de sus usinas de pensamiento salían a dar la batalla de ideas. Lo que el año pasado aparecía como una insinuación, hoy se volvía la explicita posición del Ejecutivo, la idea de la “memoría completa”. Plan de media, como indicábamos en el análisis anterior, no es otra cosa que la reversión de la teoría de los dos demonios, pero con una intención diferente a la de los radicales, que con ella intentaron juzgar a los militares. En este caso, es utilizada para liberarlos (o darles prisión domiciliaría) y enjuiciar a los viejos revolucionarios. Iván Petrella −Secretario de Integración Federal y Cooperación Internacional del Ministerio de Cultura de la Nación− hacia explícita esta posición cuando proponía poner en el centro la “empatía”, tanto con Hebe de Bonafini, como también “con la familia del militar Lambruschini, que perdió a su hija Paula, de quince años, por una bomba de Montoneros. Enfocando los problemas de manera a-historica y apelando a sensaciones, se persigue el objetivo de dejar fuera de la discusión los objetivos económicos de la dictadura.

Pero en marzo, cuando la clase trabajadora se volvía el principal freno para el avance del plan neolibreal, con la multitudinaria marcha docente, la movilización de las 2 centrales sindicales y la movilización en conmemoración del Día de la Mujer Trabajadora (realizadas el 6,7 y 8  de marzo) −mostrando el profundo rechazo que una parte fundamental de la sociedad argentina tiene  hacia el plan de gobierno−, la cuestión de la represión a los trabajadores se ponía en el centro. Como en el 75 −cuando el movimiento obrero se enfrentaba al “rodrigazo”, y el imperialismo utilizaba la fractura al interior del frente nacional para imponer una dictadura cívico-militar que mediante una fuerte represión, encarada fundamentalmente contra sectores trabajadores, propiciara las condiciones del plan neoliberal que necesitaban lo monopolios extranjeros−, hoy se multiplicaban los elementos embrionarios de “guerra sucia” contra organizaciones de trabajadores. Roberto Baradel, Secretario General del SUTEBA bonaerense, y una de las caras visibles de los sindicalistas duros en el conflicto docente, denunciaba haber sido amenazado en multiples ocasiones (LN y P12 2/3). El Poder Ejecutivo se negaba a proporcionarle custodia policía y el presidente en plena apertura de sesiones del Congeso chicaneaba: “No creo que Baradel necesite que lo cuiden” (Ámbito Financiero 1/3).

Entre tanto, luego de la movilización del 8, en las inmediaciones de la Plaza de Mayo se realizaba una razzia, al estilo de la dictadura, y se detenía violentamente a varias militantes que había participado de la manifestación (P12 9/3 y 18/3). Horacio Vertbitsky denunciaba que luego de que se movilizaron casi un millón de personas en 3 días, casi sin incidentes, debío vivirse “una cacería de mujeres lanzada desde los gobiernos nacional y porteño dos horas después de la desconcentración” (P12 12/3). Había que mostrar, a cómo dé lugar, hechos de violencia y endilgárselos a los y las participantes de las tres marchas. De ese modo, se buscaba ocultar el hecho central que constituían los cientos de miles de trabajadores lanzados a las calles contra el plan que se busca imponer.

La represión, como método de amedrentamiento de la sociedad, fundamentalmente a los sectores organizados, comienza a ser corriente. Se conocía una entrevista a Rafael Vargas, delegado del sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma de Jujuy (Soeail), donde denunciaba el accionar represivo de la empresa: En 2011 retomamos las luchas, las protestas, las medidas de fuerza. Al no poder desarticularnos, la empresa hizo uso de sus influencias en los tres poderes de la provincia y nos persiguió con denuncias penales. (…) Si los organismos que defienden los derechos humanos tanto adentro como afuera de Argentina no logran parar esto, que no extrañe que cada vez seamos más los presos. (…) Iremos todos presos, pero no vamos a parar” (P12 21/3). Tan claro el accionar empresarial como la voluntad de los trabajadores de resistir las andanadas.

Pero los parecidos del 2016/7 con la dictadura no acababan allí. Una resolucion ministerial de defensa daba vía libre a las Fuerzas Armadas a realizar tareas de inteligencia interior, expresamente vedadas por las leyes de Defensa, Seguridad Interior e Inteligencia. El informe del CELS indicaba que el Gobierno parece estar preparando el terreno para profundizar la intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos sociales, a pesar de que distintas leyes establecen que no pueden hacer tareas de seguridad interior (LN 21/3).

La dictadura revivía no por el discurso procesista de quienes detentan las primeras magistraturas, sino por sus propósitos y en la polarización de clases que se iba generando. Ante la movilización de masas, varios intelectuales oligárquicos advertían sobre la posibilidad de que los sectores moderados del sindicalismo pierdan terreno. “La capacidad de los actuales líderes de la CGT para conducir y encauzar el conflicto social ha sido cuestionada”, decía la Tribuna de Doctrina en relación a la marcha del 7 de Marzo. Temían que la movilización y el enfrentamiento del final signifiquen la radicalización del movimiento trabajador. Y por lo tanto un nuevo límite para los monoplios (LN 10/3).

Todo indicaba que la única tranquilidad que podía tener el Gobierno neoliberal era la falta de unidad de las fuerzas populares. Sin embargo, el plan de acomodar todas las condiciones al capital concentrado contribuía constantemente al surgimiento de la oposición de las masas que van siendo afectadas por el único cambio constatable, la constante pérdida de posiciones frente a aquel.

Pasemos a analizar entonces los movimientos de las clases que integran las fuerzas del pueblo en la Argentina.

Va cayendo gente al baile

En estas circunstancias, diversos sectores del peronismo iban definiendo posiciones. Por un lado, el sector vinculado a San Luis, liderado por el gobernador Alberto Rodriguez Saa, aparecía cada vez más cerca del kirchnerismo y con los posicionamientos públicos más firmes contra el gobierno CEO. El gobernador hablaba, luego de un encuentro con Oscar Parrilli en el instituto Patria, de la necesidad de “unir a todo el peronismo”  para “enfrentar al modelo neoliberal”. Indicaba que entre su sector y el kirchnerismo tienen “coincidencias enormes con la descripción de lo que está pasando en el país con este gobierno neoliberal que siembra el hambre, se endeuda para gastos corrientes, el desempleo y el cierre de fábricas”. Destacaba que “no sólo queremos a un peronismo unido, sino debemos encontrarnos con todas las fuerzas que están luchando contra este modelo” (CL 22/2). Y fijaba algunos lineamientos del acuerdo: “Yo quiero poner en el programa por ejemplo que no quiero una Argentina con presos políticos y con espionaje político(CL 22/2). De esta manera, se solidarizaba con la persecución sufrida por CFK y por Milagro Sala, al tiempo que repudiaba las escuchas que se conocieran hace poco tiempo. Estas palabras, en la boca del un gobernador que cerró la paritaria docente en 40%, a contramano del plan de ajuste llevado adelante por el gobierno nacional, marcaban el modo en que el desarrollo progresivo del proceso expropiatorio empuja incesantemente hacia la unidad de aquello que se había fracturado violentamente en 2015. Así es que se reformulaban las alianzas al interior del peronismo.

En la misma línea de “los Saa”, el PJ de la provincia de Buenos Aires planteaba su apoyo a CFK y a Milagro Sala, contra la persecución política del ejecutivo, y planteaba que “no había que agredirse [al interior del peronismo] porque el enemigo era el gobierno” (CL 24/2). Esas palabas, en boca de Oscar Romero, diputado por el FR, miembro de la comisión directiva del SMATA, mostraban cómo la aceleración del enfrentamiento social iba haciendo tomar posición a diversos actores, más allá de su pertenencia a uno u otro frente electoral, por su lugar en la sociedad.

A contramano de estos posicionamientos, estaba el Gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, que haciendo honor a su fama de “esperanza blanca peronista” de la oligarquía del interior, decía que el gobierno CEO  era “el Gobierno que eligieron los argentinos y desde mi lugar ayudo en lo que puedo para que le vaya bien”. Y planteaba que el PJ no debía confrontar con las políticas de ajuste, liberalización económica y flexibilización laboral, sino tener una propuesta “superadora”. Con esto, implícitamente, el gobernador, que abiertamente buscó los máximos beneficios para los buitres, pedía que el peronismo aplicara mejor el neoliberalismo que los CEOs (CL 7/3). Con el habitual cinismo neoliberal, el gobernador que más sale en las revisas ostentando su vida millonaria, decía: La Argentina está en un tránsito y el problema es que todos los argentinos creemos en los milagros. (…) La recuperación del poder adquisitivo del salario debe ser gradual, no porque uno quiera o no quiera, sino porque el freno a la inflación es gradual. No hay un milagro. Todo el proceso es un tránsito naturalmente doloroso” (Telam 3/2).

Es decir que dentro del peronismo aparecían dos grandes tendencias: el sector que empujado por la lucha contra el Gobierno endurecía su discurso contra las políticas neoliberales y otro que abiertamente intentaba que el peronismo ocupe el triste lugar del elenco de Cambiemos.

Estas tendencias generales se verificaban en el apoyo a la movilización del 7 de marzo, realizada por  la CGT y la CTA, que iba a recibir el apoyo tanto del PJ como del FR.

Por lo tanto, el frente nacional se iba reordenando, nucleando a todos los sectores que se resisten a una concentración económica que corta su propia base de desarrollo (los sectores trabajadores y los empresarios medios y pequeños), pero ahora con una marcada dificultad por parte de los sectores mercado-internistas para mostrar una línea política que construya unidad. Como venimos analizando hace varios meses, el peronismo vive en su interior una lucha facciosa que no dejó de verificarse en marzo, puesto que bajo el paraguas de la unidad frente al macrismo y con la dificultad de eliminar de la ecuación a CFK, por el alto nivel de aprobación en el conurbano bonaerense, distintos sectores pugnaban por espacios. Era así que Florencio Randazzo planteaba su candidatura a una futura interna en la provincia de Buenos Aires. Y Scioli respondía a ese hecho diciendo que “cualquier candidato que quiera competir tiene que ir a las PASO” (CL 7/3). Ninguno de estos sectores esbozaba un programa diferenciador, ni explicaba cuáles eran las razones de peso para la lucha facciosa. La interna significaba una precaria preservación de la unidad, intentando, sin discutir programa, que el voto sea el arbitro del reparto de cargos.

La latente disputa de intereses estaba clara. ¿Cómo el frente nacional puede construir una fuerza política que pueda  enfrentar al “enemigo neoliberal”?

Aparecían unas pocas voces que proponían ideas. Por un lado, Daniel Arroyo, Ex ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, vinculado al Sciolismo, proponía un plan que expresaba blanco sobre negro las necesidades del empresariado mercado-internista. Decía que el programa social del futuro gobierno peronista debía propiciar que la escuela actualice sus programas para estar a la altura de los cambios en el mercado (revolucionado por los cambios tecnológicos), desarrollar el mundo de las Pymes, para generar mayores cantidades de empleo y estimular el minicredito a tasas bajas, para que “las familias” puedan endeudarse y estimular el consumo (CL 9/3). Es decir, el desarrollo social sería una consecuencia del desarrollo de ese empresariado mercado-internista. Ya hemos hablado en numerosas ocasiones acerca de los límites de esta concepción burguesa, que sigue trabando el desarrollo del frente nacional y la consecusión de sus tareas históricas, pese a ser mayoritaria al interior del mismo.

Otra de las propuestas que se realizaban al interior del movimiento nacional era la realizada por Fernando “Chino” Navarro, diputado de la provincia de Buenos Aires y dirigente del Movimiento Evita. Este respondía a las criticas que el diario La Nación había hecho a la Ley Emergencia Social, indicando que poner en el centro dicha ley era intentar asumir lo que dijera el físico norteamericano Stephen Hawking, “que este capitalismo llevará a la humanidad al colapso ya que no se ha resuelto qué hacer con una población que crece exponencialmente y un empleo que decrece en términos relativos debido al desarrollo tecnológico. Decía además que “las matrices de movilidad laboral en la Argentina indican que, en una economía en crecimiento, sólo 7 de cada 100 trabajadores que tienen trabajos precarios terminan obteniendo empleos formales y mejores” (LN 24/2).

Ante tamaña problemática, que tanto hemos analizado en las páginas de esta revista, las propuestas de Arroyo mostraban su tremenda debilidad. Pero la de Navarro, y de todo el movimiento de desocupados, se confesaban sólo como un paliativo que “complementa el ingreso familiar de los trabajadores más vulnerables”, para acercarlo a las condiciones “que el legislador estableció como vital para los demás trabajadores hace ya más de 40 años” (LN24/3).

En ese marco es que reconocíamos las palabras del presidente la Comisión de Pastoral Social de Episcopado, el arzobispo Jorge Lozano, quien alertaba que con 13 millones de pobres “no hay paz social en la Argentina. (…) La paz tiene que ver con la justicia y cuando hay injusticias no podemos decir que hay paz, por más que no haya actos de violencia” (LN 12/3).

Se hacía explícita la decadencia de un sistema que no puede más que prometer una “recomposición” fantasiosa e inverificable, y con una conducción del frente nacional que todavía espera recuperar ciertas condiciones del pasado, con el arbitrio del Estado, pero sin un cambio de fondo en la relación de fuerzas en la sociedad civil, que implica otro lugar y otra conducta para las grandes masas populares. En este marco de grandes presiones, se ponía en el centro la lucha del movimiento obrero, que en marzo demostraba otra vez ser el sector más convocante del país. Nos ocuparemos ahora de sus conflictos parciales y del proceso de toma de conciencia que viene desarrollando a partir de los mismos.

La calle es mía…

La actualización del informe de deuda social de la UCA indicaba la degradación de la situación social. La informalidad laboral afecta al 50% de los trabajadores, entre ellos a más del 30% de los asalariados y a más del 70% de los falsos “patrones”, “microemprendedores” y “cuentapropistas”, todos ellos población sobrante para el modelo de crecimiento vigente. Con la indigencia en el 6,9% de la población y la pobreza en el 33% (CL 11/3), es entendible que las clases desposeídas salgan a la lucha. Y así lo hicieron. En marzo, todas las capas de la clase trabajadora se manifestaron contra el modelo económico vigente.

A pesar del intento del gobierno nacional de repartir migas entre los descupados con la Ley de Emergencia Social, las organizaciones salieron a la calle en varias jornadas de lucha. La agrupación Barrios de Pie realizó varias protestas por la decisión de recortar planes sociales (CL21/2 y 22/2). En estas, se interrrupía por varias horas el tránsito en el puente Pueyrredon. Además, se realizaba un acampe en la 9 de julio, con el mismo reclamo. La CCC también realizaba cortes en el centro de la Ciudad de Buenos Aires. Estas dos agrupaciones, más la CTEP, lanzaban un plan de lucha a principios de marzo por sus diferencias con el gobierno nacional en el tratamiento de la ley de marras (P12 11/3). En el marco de este plan de lucha, el 15 de marzo se realizó una jornada de protestas y ollas populares en los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires. Hubo bloqueos en el Puente Pueyrredón, la Panamericana y la Autopista Buenos Aires-La Plata. (CL 15/3). Un día antes, agrupaciones piqueteras vinculadas a partidos de izquierda realizaban un corte en la avenida 9 de julio (LN 15/3).

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en medio de la evidente incompetencia para frenar las protestas, abrió el fuego con críticas a Emilio Pérsico, dirigente del movimiento Evita: Pérsico llega a fin de mes siete veces, (…) busca poner al Gobierno en una situación de ingobernabilidad”. El líder piquetero respondía: “La ministra no puede controlar la calle, pero no es por culpa de ella. Busca defender su trabajo, pero las marchas son masivas” (LN 16/3).

Pero también el movimiento obrero ocupado salía a la calle. Como indicábamos más arriba, 3000 trabajadores judiciales realizaban una manifestación contra el traspaso de varios juzgados a la Capital Federal, denunciando un intento de “flexibilización laboral” (CL 22/3).

Una de las protestas más emblemáticas de marzo fue la que realizaron alrededor de 500 operarios del petróleo, junto a sus familias, en Neuquen. Los manifestantes mantuvieron cortado el ingreso hacia El Orejano, el principal yacimiento de gas no convencional de Vaca Muerta y cortaron el flujo de petróleo que va por ducto desde los yacimientos de Rincón de los Sauces hasta las refinerías que posee YPF en Luján de Cuyo, Mendoza, ocasionando graves pérdidas que ya se calculan en US$ 16 millones por día. Reclamaban por el despido de alrededor de 200 petroleros. En el mismo momento en que se realizaba la protesta, el Secretario General de los petroleros, el senador Guillermo Pereyra, se encontraba acompañando al presidente Mauricio Macri en su gira por España.  Pereyra, que jugó de garantía de flexibilización laboral para los empresarios extranjeros, se mostró en favor de los reclamos, a pesar de haber avalado poco antes un acuerdo de flexibilización laboral entre su sindicato y las empresas del sector, que prometía la supuesta creación de más fuentes de trabajo (CL 23/2). El conflicto escaló a tal punto que hasta el intendente de esa localidad neuquina, Marcelo Rucci, se puso al frente de los cortes y dijo que YPF  “es un desastre. (…) Tratan a los compañeros como si fueran productos de una góndola, y no padres de familia, con una insensibilidad increíble y un cinismo terrible” (CR 23/2).

También los metrodelegados de la línea “C” del subte porteño realizaban protestas denunciando despidos (CL 28/2). Luego, a mediados de mes, la Cámara Nacional de Apelaciones revocó la personería gremial de los Metrodelegados, por pedido de la UTA. Segovia, uno de representantes de la entidad gremial, declaró que el fallo tenía una intencionalidad política, porque el gobierno de Cambiemos atacaba constantemente los trabajadores, y que además respondía al “lobby de la UTA”, dispuesta a “negociar una paritaria a la baja” (P12 11/3).

Pero marzo iba a contener conflictos inesperados. Puesto que hasta la Asociación de Futbolistas Argentinos Agremiados realizaba un paro. Sergio Marchi, Secretario General del gremio, denunciaba presiones por parte del ministro Jorge Triaca. Los futbolistas denunciaban que los clubes que no juegan en Primera División son “los que peor están”, porque el gobierno nacional retuvo de manera prolongada el dinero que les correspondía por el Fútbol para Todos y provocó que sus tesorerías entraran en cesación de pagos. El Estado no les pagó hasta asfixiar económicamente a los clubes, porque las sumas no entregadas llegaron a ser entre el 50% y el 80% de sus presupuestos (P12 4/3). Esta era una muestra más de la crisis profunda en que se halla el capitalismo, en tanto modo de organizar el conjunto de la vida social. Puesto que de fondo estaba construir la idea de la necesidad de la privatización del futbol, por la crisis de los clubes, y la resistencia de estos, dentro de los cuales se hallan los futbolistas, muchos de los cuales comienzan a vislumbrar que sus sueños de brillar con este deporte se esfuman cada día más entre las nubes de la crisis. Y no por falta de talento o de voluntad para jugar cada día mejor, sino simplemente porque dentro del actual estado de cosas son una pequeña minoría quienes llegan a consagrarse. El grueso debe resignarse a quedar en el camino, aunque sus gambetas enloquezcan a una multitud. Entre los futbolistas también empieza a vislumbrarse ese aroma a “población sobrante” que atraviesa a todos los ámbitos del trabajo y de la vida social en general.

Pero sin lugar a dudas, el conflicto sindical más importante del mes fue el conflicto docente. Como punto de referencia de todas las paritarias, por su magnitud, por la época del año en que se realiza y por su importancia en relación a los presupuestos provinciales, es siempre un conflicto central en términos económicos. Pero el choque entre las necesidades del gobierno neoliberal y las de los trabajadores, la masividad de las protestas y el nivel de confrotación planteado desde el ejecutivo provincial y nacional, puso el conflicto docente en el centro de la vida política del país.

Los gremios no aceptaron cerrar con un aumento del 18% y realizaron varios paros, que retrasaron el inicio del ciclo lectivo. Ademas, se realizó una multitudinaria movilización el día 6 de marzo, donde participaron mas de 50.000 personas y se planificaba otra movilización para el 22 de marzo (luego del cierre de esta edición).

El nivel de la confrotación marcó el clima político de todo el mes. Los poderes ejecutivos nacional y provincial salían a ubicarse en una posición de claro repudio al accionar de los gremios, a pesar de la masividad de las protestas. La gobernadora Vidal convocó a 60.000 voluntarios para reemplazar a los docentes que hicieran paro. A pesar de no convocar finalmente a estos voluntarios, por la presión de las protestas (CL 28/2), este hecho marcaba un cambio fundamental. El macrismo comenzaba a prepararse para salir a disputar en las calles, con la intención de estimular el conflicto en la sociedad civil y contrarestar a las organizaciones de trabajadores. Vidal acusaba a los sindicalistas de realizar la protesta por motivaciones políticas y les exígia que digan si “eran kirchneristas”. Además, en un hecho histórico, otorgó un adelanto paritario con un piso de $ 1500 y $ 1000 a los docentes que no acaten el paro, es decir, a los “carneros” (LN 16/3). Se acusaba a los docentes por el ausentismo y se indicaba que trabajaban solo 4 horas díarias, entre otros métodos por desacreditar entre la población su protesta (P12 6/3).

A pesar de todos estos hechos, el paro se realizó, convocado por las cinco federaciones docentes y adhesiones de sindicatos de base de las 23 provincias. La titular de CTERA, Sonia Alesso, decía que “en las paritarias de las provincias están ofreciendo el 10, 15, 18 y 19 por ciento de aumento, menos San Luis. (…) Esto ha generado muchísima bronca entre los docentes” (12 6/3). Ctera habló de una adhesión del 95 por ciento en las escuelas públicas, Sadop del 75 por ciento en las privadas. En la movilización docente se manifestaron 70 mil trabajadores, postergándose el inicio de las clases en 22 provincias. “El neoliberalismo quiere volver a dividir nuestro salario en 24 distritos, como ya lo hizo en los 90”, dijo Mario Almirón, de Sadop (P12 7/3).

Pero el conflicto docente, como todos los conflictos obreros del mes, mostró un incipiente grado de conciencia sobre que cada protesta está indisolublemente ligada a la resolución de los problemas nacionales. Muestra de ello fue la movilización docente del 6, donde se escuchó en numerosas columnas y en los mismos oradores del palco –entre los que se destacaron el propio triunviro de la CGT Carlos Acuña − un canto que al día siguiente sería fundamental, el pedido por parte de las bases de un “paro general” a nivel nacional. Acuña decía desde el escenario: “No sólo los docentes están sufriendo los atropellos de este gobierno, sino que lo están sufriendo todos los trabajadores del país”, luego de lo cual reafirmaba la necesidad de fijar una fecha para la Huelga General (P12 7/3).

Al calor de estos conflictos, se ponía en el centro la capacidad de movilización de los trabajadores y el rechazo al plan económico neoliberal. Sin embargo, todavía aparecían grandes dificultades para superar los límites del reclamo salarial o económico y para la elaboración de propuestas realmente superadoras, que vayan más allá de la instancia paliativa.

…Pero el plan y su aplicación todavía no

Con todo el recorrido que hemos realizado, podemos ver cómo la movilización de 7 de marzo condensaba un año de protestas anteriores. Como decíamos el mes anterior, el rápido deterioro en la relación entre el triunvirato cegetista y el gobierno, luego del incumplimiento empresario del acuerdo de no despedir hasta marzo, empujaba nuevamente a casi todos los sectores del sindicalismo a enfrentarse con el poder ejecutivo. “Cualquier contradicción es menor comparada con la que nos enfrenta a estos sectores que gobiernan para los ricos”, decía Hugo Yasky (P12 4/3), a pesar de que a fin del año pasado su relación con el triunvirato se había visto fuertemente afectada. Más allá de las diferencias internas en las centrales, y de las diferencias objetivas desprendidas de los distintos lugares en la producción, todas las expresiones de la clase trabajadora, ocupada y desocupada, confluían en la movilización de 7 de marzo, donde se especulaba con el lanzamiento del primer paro nacional contra el gobierno CEO, por parte de la central mayoritaria, la CGT. Pero el hecho central era que la movilización era la fuga de una presión social evidente, que se verificaba en la creciente movilización de masas contra el proyecto que proponía sistemáticamente la transferencia de ingresos a los sectores más ricos y el combate a toda organización de trabajadores. Más de 400 mil trabajadores mostraban su descontento el 7, con la participación de diversas organizaciones de la clase obrera.

En medio de la profunda confusión que reina en los sectores empresarios, que son atacados por el plan económico, desarticulados por el congelamiento del mercado interno y el proceso de concentración, la unidad de los sectores trabajadores en la movilización y la capacidad de la CGT para nuclearlos se volvían indiscutiblemente los ejes vertebradores del descontento social. Luego de un año en que sectores crecientes de la población esperaban de la CGT señales para el enfrentamiento al plan económico neoliberal, ahora, por la profundidad de la crisis, las justificaciones para dilatar las medidas se diluían y el rechazo se encontraba nuevamente en la calle.

Además de las organizaciones propiamente “económicas” de la clase trabajadora, la mayoría de las organizaciones que responden a sectores populares avalaban la medida. Tanto el PJ a nivel nacional como distintos agrupamientos de izquierda apoyaban la medida. Contaba también con el aval del FR de Sergió Massa (LN 23/2) y de las centrales empresarias que nuclean al empresariado menos concentrado −Came y la CGE (P12 22/2 y LN 3 /3). Inclusive Juan Carlos Schmid indicaba que si bien “la Unión Industrial decidió no hablar, (…) hablé con [Luis] Pagani −grupo Arcor− y [Aldo] Roggio –grupo Roggio−, y me dicen que no ven una situación muy estimulante en los próximos meses. (…) Son sectores que están siendo agredidos como nosotros por la política económica de este gobierno” (LN 3/3). Por su parte, la conducción nacional de la UCR rechazaba participar de la movilización, luego de reunirse con la CGT. No obstante, una pata del partido centenario, la Organizacion de Trabajadores Radicales se diferenciaba de la conducción del partido y apoyaba la marcha (P12 24/2 y 5/3). El radicalismo continuaba así su proceso de “despedazamiento”, ofreciendo una nueva muestra de la crisis terminal en que se halla el sistema tradicional de partidos políticos, otrora elemento escencial de la construcción hegemónica oligárquica.

Todos estos signos marcaban cómo el sector que se enfrenta a los intereses de los monopolios extranjeros es cada vez mas vasto.

Pero la confluencia de todas las capas del pueblo conducidas por el movimiento obrero organizado en un acción directa no sería absolutamente armónica. Sino que las contradicciones en el frente nacional se expresaban cuando CFK, que era citada a declarar el mismo día de la movilización, daba su apoyo a la marcha y convocaba a quienes la consideran su conducción política a no manifestarse en apoyo a su persona en el juzgado de Comodoro PY, sino a que “marchen junto a los trabajadores y trabajadoras” (P12 25/2). La reacción inmediata del sindicalismo más vinculado al triunvirato fue de reproche al kirchnerismo. Me es indiferente [la convocatoria de Cristina]. No queremos partidizar la marcha”, decía Daer. “Cristina es parte del pasado. Se acordó tarde de acompañar a la CGT”, agregaba Abel Frutos, dirigente del sindicato de panaderos (LN 25/2). Sin embargo, la aparición de CFK mostraba cómo un sector de la dirigencia seguía de cerca el cambio en la relación de fuerzas que comenzaba a evidenciarse y el papel fundamental que tenía el accionar del movimiento obrero. Sabía que si la movilización era un éxito se le inflingiría un fuerte daño al macrismo.

Estos choques revivían no sólo la división de los últimos años, sino la disputa histórica entre los sectores de la izquierda peronista y los sectores sindicales de los 70. Herida no cicatrizada, y en la que el capital concentrado echa vinagre cada vez que vuelve a abrirse.

Pero, como decíamos más arriba, la profundización de la lucha económica contra los intereses de los trabajadores llevaba al gobierno CEO a la consiguiente profundización de la batalla ideológica y esto a la necesidad de clarificar las posturas entre los trabajadores. El caso del conflicto docente fue quizás el caso paradigmático donde la virulencia de los ataques y de la intransigencia ajustadora del macrismo hizo rebalsar los marcos de un conflicto económico. Decia Baradel: “Estoy convencido de que el Gobierno quiere utilizar al conflicto docente como Thatcher hizo con los mineros en Inglaterra. (…) Macri quiere quebrarnos para tener vía libre para privatizar y para imponer la flexibilización laboral de todos los trabajadores del país” (P12 19/3).

Sin embargo, otros sectores intentaban que el descontento no rebalse el cauce de la lucha económica y se troque por la impugnación de todo el plan económico, en vistas al descontento generalizado. Así, Héctor Daer respondía a los intentos de tachar de “electoral” a la movilización por parte del macrismo, diciendo que se “se trata de descalificar una medida que es simplemente una movilización” (CL 28/2).

Pero estaba lejos de ser “sólo una movilización”. Las palabras de Luis Barrionuevo, uno de los sindicalistas más cercanos al gobierno, lo demostraban: “Las cosas están mal. Hemos pasado más de un año ayudando, bancando, aguantando, pero todo vino sobre los trabajadores, sobre los que menos tienen. Estos escuchan pero no hacen absolutamente nada. Prometen y no hacen. (…) Estos chicos no entienden nada. (…) No conocen lo que es la realidad de administrar, gestionar y desarrollar” (P12 13/3). Luis Barrionuevo, a pesar suyo obviamente, mostraba los terribles límites de su política de “colaboarar y negociar” con el gobierno neoliberal, puesto que con el nivel de crisis actual no había migas que alcancen.

Otros sectores, los vinculados a los gordos y algunos otros grandes gremios, apostaban a influenciar al Gobierno. Si hay una rectificación de rumbo y esta movilización sirve de advertencia del descontento de vastos sectores de trabajadores y sociales, bienvenido sea (…), pero si esto no sucede, por supuesto que se va a incrementar el plan de lucha”, decía Andrés Rodrigez, Secretario General de UPCN (CL 21/2). La repetida fantasía de un cambio de políticas económicas cada vez se verificaba más irreal.

No dudo que el martes se va a anunciar el paro general”, expresaba sus deseos Hugo Yasky, Secretario General de la CTA del pueblo (CL 5/3), cosa que finalmente no sucedió. Sino que en medio de una masiva movilización, el tirunvirato de la CGT adelantó el acto una hora, aduciendo la nutrida concurrencia, y cerro rápidamente la movilización con 3 discursos cortos, donde se explicitaba que se iba a realizar un paro nacional, pero sin ponerle fecha. Mientras transcurrían los discursos, en muchas de las columnas que ya se encontraban frente al escenario se escuchaba el pedido de paro nacional y la dilación de la fecha explotó en un conflicto donde los secretarios generales debieron salir custodiados del palco y refugiarse a más de 100 metros del lugar. El acto terminaba así con disturbios, aunque sin heridos. La imagen del atrio siendo removido del escenario marcaba un hito. Si bien desde la CGT se inculpó por los disturbios a sectores de La Campora, esto no explica por qué el repudio a la dilación de la fecha fue generalizado, ni por qué al día siguiente, en la conmemoración del día de la mujer trabajadora (otra de las importantes movilizaciones del mes, que mostraba el clima general de disposición que existía en vastos sectores populares), se repetía el canto de “pone la fecha, la puta que te parió…” con el que las columnas, el día anterior, reclamaban a su conducción endurecer las posturas.

El repudio de las bases trabajadoras marcaba la dificultad en sostener la política del acuerdo, y este grave suceso significaba que el sindicalismo ya no podía plantearse un método para ser incorporado, para negociar a fin de ser “tenido en cuenta” por el Gobierno. Y no por la decisión o falta de decisión política de ningún sector, sino porque la necesidad de concentrar la economía, y las novedosas condiciones de la producción (donde la robotización está a la orden del día) se verifica en una tremenda disputa de intereses entre los diversos capitales, que lleva a romper las condiciones para una “incorporación”.

Este repudio marcaba la cancha a todos los sectores.

Al día siguiente del acto, la Corriente Sindical Federal, constituída por gremios integrandes de la CGT y de la CTA, decía en un comunicado: “Advertimos que ignorar la decisión orgánica adoptada en el último Comité Central Confederal, el reclamo contundente de cientos de miles de trabajadores en todo el país y persistir en un supuesto diálogo que el Gobierno y los grandes empresarios condenan a la esterilidad, sólo servirá a quienes quieren deslegitimar y fragmentar a nuestra querida CGT para profundizar una situación de crisis de conducción que afecta al campo nacional  y popular”, al tiempo que proponía como fecha tentativa del paro el 30 de marzo. En ese mismo sentido se pronunciaba la CTA, que convocaba a un paro nacional para ese mismo día, fecha en que se conmemora el primer paro contra la dictadura. Yasky decía: “Si la CGT convoca al paro vamos a intentar unificar, sino la CTA convoca al paro (LN 15/3).

Chocaban al interior del movimiento obrero dos concepciones. Una que intentaba “golpear y negociar”, que no pretende pensar la problemática política, resumida en la frase del triunviro Hector Daer: “Si el Gobierno cree que podemos encauzar modificaciones, que ellos las tienen que encauzar, nosotros no gobernamos, bienvenido sea”. O en las palabras de Juan Carlos Schmid, cuando decía: Así como este gobierno ha reconocido errores muchas veces, les pedimos ahora que corrijan este rumbo para ir a otro escenario y nos alejemos de la confrontación social” (LN 2/3).

Quedaba planteada nuevamente la otra concepción –de la cual aún sólo notamos algunos destellos en el conjunto de sectores que conforman el movimiento de los trabajadores−, en tanto necesidad de salir de la encerrona de no tener un programa que propiamente pueda representar los intereses de los trabajadores y proyectarlos como la única legítima defensa del interés nacional. Es decir que no alcanza con la crítica a una conducción, puesto que esta expresa una concepción y una conducta de las bases, que en muchos casos no toman dimensión de los cambios sociales que implicaría poder “controlar las enloquecidas fuerzas del mercado” que atacan constantemente la vida. Sin definiciones de fondo sobre este probema, pero con la promesa de continuidad en el ciclo de lucha −dada la definición del paro nacional convocado para el 6 de abril por la CGT y apoyado por ambas CTA−, el movimiento obrero continúa recorriendo el camino para encontrar solución a las necesidades del conjunto del país.



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