Revista Mensual | Número: Julio de 2017
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Fuentes consultadas: EE.UU.: Wall Street Journal (WSJ). Gran Bretaña: The Economist (TE). Alemania: Deutsche Welle (DW); China: Xinhua (XH); Rusia: Russia Today (RT); Irn: HispanTV (HTV) Venezuela: Telesur (TS). Cuba: Cubadebate (CD). Argentina: Clarín (CL); Crónica (CA); Cronista Comercial (CR); La Nación (LN); Miradas al Sur (MS); Página 12 (P12); Tiempo Argentino (TA).
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Por la salida más digna

Ajustar y morir en el intento
Aprietes obsoletos
Las puertas al infierno
Negocios son negocios
Adonde nos llevan tus planes
Tu techo es mi piso
La hora sin sombra
Abriéndonos paso


El empatanamiento de las fuerzas del ajuste y el papel de las fuerzas populares latinoamericanas

Por la salida más digna          

“Argumentos tenemos millones para defendernos;

el capitalismo es indefendible, el imperialismo es indefendible;

el socialismo, cualesquiera que sean los errores que puedan cometer los hombres

 —y no habrá ninguna obra humana en que los hombres no cometan errores—,

 es lo más noble, lo más justo y lo más digno que se pueda llevar a cabo.”

Fidel Castro Ruz

 

Cómo observábamos en los artículos precedentes, las manifestaciones de profundización de la crisis mundial no dan respiro; Latinoamérica, en ese sentido, no es una excepción, a pesar del tan canturreado “fin del ciclo populista” que auguraban los multimedios y escribas a sueldo de los principales grupos concentrados tras el ascenso presidencial de Mauricio Macri y de Michel Temer hace menos de 20 meses. En los últimos números de esta publicación, venimos analizando cómo los grupos económicos concentrados de escala global que operan en nuestro subcontinente intentan preparar las condiciones políticas y económicas que les permitan dar el salto productivo que los mantenga en carrera dentro de un mercado en guerra, donde la automatización de los procesos productivos exacerba la competencia intercapitalista. El enfrentamiento ha llegado a puntos de ebullición que vislumbran estallidos por todo el continente, dado que el único camino que tiene los monopolios para “ofrecer” es el del ajuste permanente, dejando afuera de todo marco reproductivo a la mayoría de la población.

En el contienente americano esta tendencia toma la forma de una fractura hacia adentro del bloque económico dominante, que se expresa en los intentos de las fracciones locales de esa burguesía mundial, las oligarquías rentísticas (históricas entreguistas de las riquezas del continente), por sobrevivir a los embates del capital monopólico norteamericano y europeo. Su accionar de “resistencia” ante la concentración que las amenaza se traduce en crecientes procesos de ajuste sobre la clase trabajadora, negociando condiciones sociales y laborales imposibles de cumplir sin que crescan los niveles de desigualdad, desempleo y de expulsión de enormes masas de población del mercado. Por ello, estos planes de ajuste están encontrando serias limitaciones en el nuevo despertar de esas masas, luego de la oleada de ataques del capital concentrado en los últimos 2-3 años: los golpes de estado contra los gobiernos nacionales y populares y la aplicación de la guerra económica coordinada con los sectores oligárquicos en cada uno de los paises. Ante ellos, se erigen los pueblos de la región en una búsqueda constante por cimentar caminos que superen el actual estado crítico de la economía mundial, sin esperar nada de aquellas fuerzas del pasado que son la encarnación del caos, el hambre, la guerra, la destrucción de la naturaleza y la miseria total de la humanidad.

Ajustar y morir en el intento

En Brasil, el gobierno de Temer, tras aplicar un ajuste económico a medida de los sectores concentrados, cae en una falta de legitimidad difícil de superar: con un 87% de impopularidad entre la población brasileña, se complica lograr la imposición de nuevas condiciones que pretenden aquellos capitales. Luego del recorte presupuestario que contó con el apoyo del congreso nacional, de la entrega de Petrobras a los capitales privados y del intento de reforma previsional que fue contestado por el paro nacional más grande en veinte años convocado por las organizaciones obreras sindicales, los indicadores económicos brasileños muestran la primarización a la que está siendo sometida su economía: “Si bien el crecimiento trimestral fue del 1%, esto fue posible por una cosecha récord (soja y maíz), que empujó la actividad agrícola un 13,4% en relación con los tres últimos meses de 2016, siendo la mayor expansión del sector en más de 20 años. El segundo mejor desempeño fue para la producción y distribución de electricidad, gas, agua y saneamiento, con un aumento del 3,3%; la industria también tuvo un leve incremento, del 0,9%. Mientras tanto, el sector de servicios se quedó estancado, el consumo de las familias se retrajo un 0,1%, los gastos gubernamentales se redujeron un 0,6% y las inversiones sufrieron un significativo retroceso del 1,6%, una cifra preocupante. (...) El IBGE apuntó que el resultado del primer trimestre de 2017 fue positivo en comparación con el último de 2016 (que fue revisado de -0,9% para -0,5%). Sin embargo, en el interanual, el PBI disminuyó un 0,4%. Si se tiene en cuenta la actividad en los últimos 12 meses, el dato acumulado arroja aún una contracción del 2,3%.” (LN 2/6).

Por más que Temer declare el renacimiento de la economía, los índices de desempleo (en el orden del 13,7%), la creciente desigualdad entre los sectores sociales y la concentración de la producción y el comercio en grandes conglomerados que superan los límites nacionales muestran claramente los principales beneficiarios del ajuste llevado adelante desde el golpe parlamentario a Dilma Roussef. En este sentido, lo que viene ocurriendo con las empresas nacionales que ocupan sectores estratégicos de la economía brasileña es ejemplificador del mecanismo que empuja el capital monopólico para devorarlas. El caso del frigorífico JBS grafica bien esta operatoria: en poco más de tres meses se produce un recorrido mediático-judicial que deviene en el desprendimiento de activos en Argentina y Uruguay como forma de atenuar los costos de las denuncias por corrupción e insalubridad que afronta en Brasil. El proceso de crisis acelarada en que entró la megaempresa de alimentos incluyó la investigación de la policía federal brasileña en marzo y la posterior denuncia de la Unión Europea acerca de la falta de controles sanitarios para las carnes procesadas que la empresa envía a todo el planeta. Luego de todo ello, en junio se produce la compra “forzosa” –en medio de la confesión de corruptores de sus dueños, los hermanos Batista, involucrando directamente al presidente Temer– por parte de otro grupo económico mayoritario: el conglomerado Minerva. De esto toma nota Jorge Castro, que desde el punto de vista del imperio, presenta la cuestión de la siguiente manera: “Pero si algo da idea de la velocidad y fuerza del proceso que estamos viviendo, fue lo que acaba de suceder con los activos de JBS en la región. La empresa brasileña, jaqueada por el escándalo de las coimas que sus propietarios, los hermanos Batista, reconocieron haber pagado a los gobiernos de Lula, Dilma y Temer, tuvo que desprenderse de sus plantas en Argentina, Uruguay y Paraguay. En una sorpresiva operación, las compró otro gigante brasileño, el grupo Minerva”.

Cabe recordar que la JBS era una de las dos empresas más importantes de producción frigorífica brasileña; a su vez, uno de los puntales de su economía. El mecanismo concentrador queda explicitado: la incesante presión mediante la vía judicial es la antesala de la adquisión de la empresa por parte de otra que opera a un nivel regional superior. Si bien es verdad que para esos capitales nacionales la única forma de reproducirse es mediante esos mecanismos “ilegales” y mediante la protección estatal (en este caso, mediante el financiamiento preferencial del banco estatal de desarrollo brasileño, el BNDES), lo que está en profundidad es el grado de concentración y centralización que afirma cada vez más el carácter monopólico de la matriz económica actual, impidiendo que sobrevivan los capitales que no pueden competir en estas nuevas condiciones de “liberalización” generalizada de las “barreras económicas” que el gobierno interino de Temer vino a imponer. Y por más que son empresas que ocupaban un lugar destacado en la escala nacional, las porciones de mercado que necesitan controlar son ahora mucho más regionales si pretenden sobrevivir en la jugla del mercado mundial, y el tiempo de su “ampliación” es demasiado para la velocidad que adquiere la concentración a escala planetaria.

Algo similar ocurre con el caso mediático y continental de la compañía de infraestructura de origen bahiense Odebrecht, que viene siendo desplazada como principal empresa constructora de capitales brasileños del escenario local y también regional, al compás que se incrementa el destape de las coimas pagadas a funcionarios de una decena de países. A medida que son procesados centenares de ejecutivos de este conglomerado brasileño, se produce un ingreso sostendio de capitales externos dirigidos a ocupar posiciones en el negocio de la infraestructura bajo licitación pública (construcción de aeropuertos, carreteras, saneamiento, energía, telecomunicaciones, etcétera). Este rubro creció en Brasil más del 500% en el primer cuatrimestre del presente año en comparación con el mismo período de 2016. El flujo de capitales con destino a las infraestructuras representa más del 50% de la inversión directa en el país para operaciones registradas por el Banco Central (BC) entre enero y abril,  sumando un total de 21.500 millones de dólares. A pesar de esas cifras, en el mes de mayo el Banco Central redujo la proyección de ese flujo al 50% debido a la profundización de la crisis política brasileña; la rama en cuestión se satura rápidamente cuando la tendencia monopólica es bien definida, confirmando que el desarrollo del monopolio niega, cada vez más claramente, la tan mentada “libre competencia” entre capitales en el mercado.

De todas maneras, estos movimientos que realizan los monopolios exigen, abiertamente, mayores y más drásticas modificaciones de las leyes laborales, sociales e impositivas que constuyeron los últimos gobiernos del PT en el hermano país. En este sentido, luego de que los inversores extranjeros colocaran durante mayo 1.100 milllones de dólares en la compra de acciones cariocas, Zeina Latif, economista jefe de XP Investments (una de las mayores consultoras financieras de Brasil, con activos calculados en al menos 3.900 millones de dólares, y controlada en un 49% por la firma yanqui General Atlantic), dejó en claro cómo están mirando a la “recuperación” brasileña desde el núcleo financiero que opera en el país: “No hay exactamente optimismo; hay una sensación de que los inversores le están dando al gobierno el beneficio de la duda por los grandes avances que hubo en este último año (…) el gobierno no debería dormirse en los laureles, los mercados pueden rápidamente revisar sus posiciones”; es decir, si el debilitado gobierno de Temer no profundiza las líneas del ajuste generalizado, permitiendo mayor control de la economía brasileña por parte de los capitales monopólicos, toda la situación, de punta a punta, esa “recuperación”, puede quedar truncada.

Aprietes obsoletos

Mientras tanto, a nivel regional, la situación brasileña se generaliza: los “aprietes” sobre los gobiernos no distinguen la tendencia política de la fuerza en el poder del Estado, dada la urgente necesidad de los capitales concentrados por asegurarse las condiciones de su reproducción a escala global. Para ello los monopolios se sirven de las herramientas que desarrollaron históricamente para ejercer su posición económica dominante hacia adentro de nuestras naciones, y en ese sentido las burguesías nacionales, que controlan el grueso de los recursos estratégicos para la producción (la tierra, los hidrocarburos, la extracción de minerales, entre otros), se prestan como ariete central del redoblado ataque sobre nuestras poblaciones. Por ello en Colombia, durante junio, el gobierno que encabeza el derechista Juan Manuel Santos también experimentaba los condicionamientos que conlleva querer “pertenecer” al selecto grupo de países “desarrollados”: en un nuevo balance económico, la OCDE afirmaba que si bien Colombia logró “sortear la desaceleración mundial y la caída de precios del petróleo”, recomienda al país retomar tareas pendientes del informe 2015 para posibilitar su ingreso al organismo interestatal.

Como sucedió en Brasil, la OCDE señala como prioridad la modificación del sistema de pensiones colombiano, contemplando “promover la igualdad en la edad de pensión entre hombres y mujeres; incrementar rápidamente, a mediano plazo, la edad de jubilación” y, a su vez, entre algunos maquillajes, plantea seguir bajando los costos de producción para las empresas. Estas medidas se sumarían a la situación de ajuste que viene propinando contra los sectores obreros y populares el gobierno de Santos mediante la suba del IVA y a través de la decisión que tomó EEUU de reducir la ayuda financiera destinada, principalmente, al desarrollo del postconflicto armado luego de los acuerdos de paz con las FARC. Dichas políticas no encuentran mayor oposición entre el empresariado colombiano ya que el grueso de ellos viene pereciendo ante las fusiones y/o absorciones por parte de las multinacionales: en 14 años fueron 35 las empresas nacionales que desaparecieron a manos de la concentración de capitales.

En este sentido, la multinacional estadounidense Sun Valley Foods (SVF) comprará la compañía colombiana Pollos El Bucanero, que factura alrededor de 550.000 millones de pesos anuales y tiene 10,8 por ciento de participación del mercado local, aportando a la producción del país unas 163.000 toneladas anuales de carne. La operación origina además una integración económica en territorio cafetero con Provimi S.A., que es subsidiaria de la multinacional estadounidense Cargill, que controla el 15 por ciento del segmento de producción de granos en Colombia y el 13 por ciento en el caso del maíz amarillo (ET 1/6). De esta manera, “asociada” a capitales locales, la multinacional yanqui pasa a ejercer el control de una parte importante de la cadena agroalimentaria regional, cuyo volumen viene creciendo como expresión de la necesidad que presentan los grupos económicos de escala global (parte de esas 147 corporaciones que siempre mencionamos en el primer artículo de esta publicación) por hacerse con el control de los alimentos y de los recursos energéticos en nuestro continente de manera directa. A costa de desplazar, inclusive, a las fracciones locales de las oligarquías rentísticas que se constituyeron, históricamente, como apéndices de aquellas burguesías industriales con base en los países centrales, y que han ejercido casi ininterrumpidamente el control de la tierra y de sus productos, asegurándose la exportación de materias primas a bajos costos, impidiendo, además, el desarrollo industrial independiente de nuestras naciones.

Las puertas al infierno

Aquella situación de enfrentamiento intercapitalista exacerbado en Colombia o en Brasil son solo muestras de una tendencia que, al ser global, imprime una escala que excede, por lejos, las fronteras nacionales. En ese sentído, las disputas se producen también, y cada vez más, en el orden de los intentos por construir condiciones de reproducción de escala regional, para cuyo propósito los denominados Tratados de Libre Comercio (TLC) son una de las principales herramientas de avance de los grupos concentrados por sobre los capitales “nacionales”. Como exponente máximo de aquellos tenemos en nuestro continente americano hace casi un cuarto de siglo el ahora tambaleante TCLAN, firmado entre Canadá, México y los EEUU. Así, el anunciado fin de dicho acuerdo, cuando la asunción presidencial de Donald Trump en enero último, obligó a buena parte del empresriado mexicano a redefinir su participación en las relaciones económicas de la nación azteca con sus vecinos, tanto los de más al norte cuanto los que nos hallamamos al sur del Panamá. Por esa amenaza que efectuó Trump de hacer caer las preferencias arancelarias generalizas para el ingreso de productos mexicanos en suelo estadounidense –en conjunto con la recuperación de competitividad que ha efectuado la explotación de petróleos y gas yanquis mediante el desarrollo del “fracking”–, la oligarquía petrolera mexicana tuvo que empujar un “gasolinazo” que causó conmoción social y duros enfrentamientos con el gobierno de Peña Nieto. Ahora, durante junio, el gobierno de Trump accedió a rediscutir los términos del TCLAN antes que darlo de baja, pero, lógicamente, imponiendo condicionamientos mucho más leoninos para los productos aztecas: “México consiguió mantener el acceso al mercado estadounidense, sin aranceles, y una mejora en el precio mínimo que se pagará por la libra de azúcar mexicana. A cambio cedió en cosas que a EEUU le importaban mucho: se reduce significativamente la proporción de azúcar refinada que México podrá introducir a EEUU, de 52 a 30%; no se ponen límites ni aranceles a la introducción de fructuosa estadounidense a México y se establecen sanciones más estrictas para México, en caso de violación de los términos del acuerdo.” (CR 8/6); una muestra más de la denominada “doctrina del Gran Garrote”, como la definieron hace muchas décadas los propios yanquis.

El caso del azúcar es uno de los ejemplos de cómo las necesidades del imperio no sólo primarizan aún más las economías latinoamericanas sino que obligan a estas a bajar sus costos de producción. En simultáneo, con los mismos objetivos pero desde los intereses de los capitales europeos, la canciller alemana Angela Merkel realizó una minigira relámpago empujada a actuar rápidamente en los países americanos. Y ante los aprietes del norte, el empresariado mexicano, en voz de su presidente Peña Nieto, busca alternativas comerciales: “[el presidente mexicano] resaltó la importancia de las relaciones con Alemania y aseguró que sostienen intereses en común asociados a ‘la democracia, el libre comercio, la protección del medio ambiente, el estado de derecho, los derechos humanos’. Cabe recordar que este interés de los capitales alemanes está vinculado en primera instancia a la producción automotriz y a las inversiones que vienen haciendo los grupos empresarios germanos que llegan en búsqueda de reducir el costo de la mano de obra, aprovechando la amenaza de EEUU en dar de baja el TCLAN, prohibiendo potencialmente el ingreso de coches fabricados en territorio azteca. Otro de los destinos elegidos por la canciller alemana, para fortalecer los lazos con el Mercosur pero sin pasar por un consternado Brasil, fue Argentina. Al igual que con su par azteca, con Macri se pronunciaron a favor de apurar las negociaciones por un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Merkel señalaba: “Los dos queremos defender el libre comercio y el sistema de negociación multilateral de la OMC…. Todos tenemos que cooperar y los dos abogamos por un mundo libre y abierto, y con dar un cariz humano a la globalización”, y Macri meloneaba: “El socio natural para América Latina es Europa, esperamos algo especial en esta integración. Desde luego, estos tratados sólo pueden sostenerlos capitales con mayor desarrollo de sus fuerzas productivas que el grueso de las empresas locales; son acuerdos comerciales donde predomina abiertamente el interés de aquellos capitales que dominan el tiempo de trabajo en su rama productiva, por lo tanto resulta inevitable que los sectores más concentrados de los países latinoamericanos sean los únicos que se beneficien de los mismos, reforzando, además, la matriz primarizante de nuestras economías, imponiendo las condiciones que aquellos centros productivos mundiales necesitan: la entrega de los recursos naturales, la libre disposición de materias primas y el bajo costo de la mano de obra; todas condiciones que auguran mayor concentración empresaria en nuestros países.

Negocios son negocios

Son tales los grados de contradicion entre los sectores concentrados del capital que, en medio de la guerra económica que están llevando adelante al unísono contra el gobierno revolucionario bolivariano en Venezuela, se produjo un choque abierto entre sus principales fracciones. Así lo muestra la polémica que provocó la compra de acciones de PdVSA por parte del grupo financiero estadounidense Goldman Sachs Inc. por aproximadamente 2.800 millones de dólares. Con la venta de estos bonos, que habían estado en el poder del Banco Central de Venezuela (BCV), el gobierno conducido por Nicolás Maduro consigue inyectar unos 865 millones de dólares a la economía de la República Bolivariana en medio del recrudecimiento del acecho de la oposición local dirigida desde EEUU ante el inminente proceso electoral de la reforma constitucional a fines de julio. La operación bursatil no se hizo directamente entre la banca de inversión norteamericana y el Banco Central de Venezuela (BCV), sino que los papeles fueron adquiridos por una institución financiera ubicada en el Caribe, que luego los puso a disposición del mercado a través de un intermediario al que, una vez ofertados, Goldman Sachs compró entre un 85 y 90 por ciento ellos (TS 29/5). Las protestas desde la oposición política venezolana no se hicieron esperar: el presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, Julio Borges, criticó la acción del banco estadounidense y envió una misiva al director ejecutivo de Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, en la que asegura estar “indignado” ante la compra de los bonos y aseguró que Venezuela adquiría, así, una nueva deuda. Borges envió una docena de cartas a importantes bancos globales para exigirles no hacer ninguna operación con Venezuela mientras gobierne el PSUV. “Tengo la intención de recomendar a cualquier futuro Gobierno democrático en Venezuela a no reconocer ni pagar estos bonos”, amenazó Borges (TS 29/5) porque, sacando cálculos, el parlamentario afirmó que Goldman Sachs “se sacó la lotería”, con una ganancia del 333%: compró los bonos con un descuento del 69%, por lo que su inversión de hoy de US$ 865 millones recibirá en 2022 la cantidad de US$ 3.747 millones, sumados los intereses: “Se trata de la tasa de interés más alta de la historia de los bonos”.

Así, los personeros del golpismo local intentaron, desesperados, echar atrás la operación financiera –que de hecho debilita su “argumento” de que el gobierno venezolano ha llevado a la quiebra económica al país– pero, aunque patalearan y criticaran la estabilidad financiera del estado venezolano, el “mercado” internacional demuestra lo contrario, ya que PdVSA nunca ha caído en situación de impago; además, Venezuela es el país con las mayores reservas mundiales de crudo, lo cual otorga seguridad a los inversores (TS 29/5). Cuando se trata de retornos financieros rápidos y voluminosos en relación al capital inicial invertido, no parece haber un acuerdo político entre los grandes capitales globales, porque como reza el dicho, “la única bandera para el capital son sus ganancias”. Además, esta compra de bonos se produce justamente cuando el estado venezolano se encuentra cerrando acuerdos con distintas compañías internacionales.

Sobre esto, en el marco del XXI Foro Económico Internacional de San Petersburgo, el ministro venezolano de Comercio Exterior e Inversión Extrajera, Jesús Faría, afirmó que las empresas rusas ayudan en “gran escala” al desarrollo económico del país, sobre todo con la participación en la extracción de petróleo en la cuenca del Orinoco (TS 2/6). Así mismo, en la misma cumbre en territorio ruso, Venezuela invitó a otras empresas del mundo a invertir en el sector gas y petróleo (CD 2/6). Esta compra se bonos por parte de la Goldman se produce también cuando los países de la OPEP cerraron un nuevo acuerdo en relación a las cuotas de producción mundial de petróleo, tras la gran caída de precios ocasionada por el desarrollo del fracking estadounidense.

Adonde nos llevan tus planes

Mientras tanto, salen cada vez más a la luz las consecuencias sociales del proceso de concentración que se da en las matrices productivas nacionales creadas en interés y beneficio de las necesidades de aquellos capitales industriales mundiales. Los índices que miden la igualdad entre los sectores sociales y el desempleo siguen arrojando guarismos desesperantes para el conjunto de los trabajadores, quienes sufrimos materialmente los efectos de aquella concentración acelerada de la economía. En un informe de Global Wealth (“Salud Global”) del Boston Consulting Group (BCG), se advierte un crecimiento del 5,3% de la riqueza privada global, donde América Latina se ubica como la segunda región con mayor aumento de las fortunas personales durante 2016, creciendo un 9% con respecto a 2015 (CR 15/6). En este mismo sentido, también van apareciendo índices regionales que muestran el crecimiento de la desigualdad, no casualmente con mayor profundidad en los países que estuvieron históricamente más subordinados por los capitales yanquis y europeos a través de los TLC, con sectores oligárquicos locales que fueron moldeados a medida de la necesidad de aquellos intereses imperialistas.

México grafica bien esa situación, donde un nuevo informe de la CEPAL afirma que es uno de los países más desiguales de América Latina con un índice de Gini de 0,93 por ciento respecto a la concentración de los activos físicos en 2014. Para la secretaria ejecutiva de organismo, la mexicana Alicia Bárcena, este es uno de los casos más preocupantes, debido a que “dos terceras partes de la riqueza total están en manos del 10 por ciento de las familias del país, y el uno por ciento de las familias acaparan más de un tercio” (TS 11/6). Esta situación se da en un marco de crecimiento económico real de un 7,9% anual promedio entre 2004 y 2014, tambien según la CEPAL, lo cual demuestra que ese crecimiento de la riqueza producida por el conjunto de la sociedad mexicana no escapa a la tendencia objetiva de concentración en pocas manos, donde predominan los que controlan los sectores estratégicos como el energético o el alimentario, y que están vinculados a las empresas de capital yanqui o europeo afincadas en territorio mexicano.

Otro aspecto que señala la incapacidad de dar una salida a la crisis mediante los mismos ajustes económicos que la profundizan es el crecimiento del desempleo juvenil en América Latina, que se incrementó un 18,3% en relación a 2015, según un informe de la OIT, alcanzando el nivel más alto en toda la década. Para las condiciones que intentan imponer las fuerzas del mercado controladas por los 147 grupos económicos mundiales, es indispensable sostener una mano de obra de bajo costo que pueda garantizar un amplio margen de ganancias y que, por ser esta una mercancía clave que se vende en aquel mercado, cuanto mas haya disponible menor será su precio, creano una importante reserva de mano de obra barata. Pero las posibilidades de sostener estas políticas encuentran su límite ya que lo que antes era un “ejército de reserva” controlado por los capitales se transformó en población sobrante para el mercado.  

Tu techo es mi piso

Justamente esas consecuencias objetivas que trae el dominio del capital en su etapa monopólico-imperialista empiezan a generar estallidos por la expulsión sistemática del mercado de vastos sectores de la sociedad, fundamentalmente de la clase trabajadora, aunque también, en no menor medida, de importantes fracciones de la burguesía menos desarrollada. Las protesta concretada por los trabajadores brasileños a fines de abril, a través del paro nacional convocado por la CUT, se transformó en un hecho de importancia relevante al detener momentaneamente la ofensiva del capital trasnacional en Brasil, consiguiendo imponer entre la población la consigna política “Fuera Temer”, y obligando a la fuerza oficialista a volver sobre sus pasos y posponer la reforma laboral, generando una fractura entre el partido de gobierno con algunos de sus aliados.

En Colombia, tal vez en menor medida, se replica el panorama brasileño, donde durante 37 días se realizó un paro docente. Si bien el reclamo comenzó por la disputa salarial, pronto tomó ribetes políticos: en este sentido el presidente de Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), Carlos Rivas afirmó que “No es solo un tema salarial, nosotros estamos exigiendo alimentación, transporte e infraestructura para los niños. Luchamos por la calidad de la educación en Colombia”. La protesta docente se sumó a las que se dieron en varios departamentos de la región del Pacífico, de gran importancia para la economía ya que es la zona donde se encuentran los principales puertos colombianos: el Chocó, el Valle del Cauca, el Cauca y Nariño. En Chocó se realizó un “paro cívico” en reclamo del cumplimiento de los 10 puntos del acuerdo de 2016, que incluían la construcción de carreteras, hospitales y la ampliación de la conexión eléctrica a municipios que no la tienen. De esa zona colombiana, la protesta más destacada, por la masividad de fuerzas populares que aglutina, se produjo en Buenaventura, que es el principal puerto del Pacífico colombiano, donde se mueve el 49% del comercio exterior, y donde el desempleo alcanzaba al 63% de la población en 2014. El reclamo está centrado en el derecho al acceso del agua potable, del que carece la mitad de la población. El Gobierno no ofrece respuesta alguna, el dinero de las obras aprobadas desaparece y la empresa privada Hidropacífico, de vital importancia en la zona, plus ganancias vendiendo agua embotellada a los buques extranjeros que amarran en el puero, a costa de sustraersela a los ciudadanos.

En Tumaco, por otro lado, campesinos cultivadores de coca protestan contra el proceso de erradicación de cultivos ilícitos; denuncian que la erradicación no está cumpliendo con lo pactado en el acuerdo de paz (que implicaba planes de sustitución de cultivos y apoyo a los campesinos), sino que está siendo una erradicación forzosa. Las manifestaciones terminaron en enfrentamientos con el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), que han dejado un muerto, varios heridos y destrozos (TS 26/5). En la protesta de los docentes colombianos el mismísimo alcalde de Bogotá, el colombiano-estadounidense Enrique Peñalosa, tuvo que salir a ofrecer sus “disculpas” por la represion del Esmad contra los maestros que movilizaron junto con padres y familias de los estudiantes. Lo más destacable de estos hechos es que se evidencia cada vez más la imposibilidad que tiene el capital de generar consenso entre la poblacion y sostener o llevar adelante su plan político, que solo plantea a futuro una sociedad del caos, impidiendo sistemáticamente que las fuerzas populares se organicen superando esas limitaciones económicas que contienen las relaciones capitalistas en su estado de descomposición.

La hora sin sombra

Sin dudas, donde más se recrudece día a día el enfrentamiento entre las fuerzas de la clase trabajadora y las fuerzas del imperialismo, tomando rasgos cada vez más violentos, es en Venezuela, donde el capital trasnacional busca construir el escenario propicio para una intervención militar directa estadounidense o “internacional”. Pero frente a estas presiones el pueblo bolivariano, con la dirección del PSUV, está profundizando el desarrollo de los motores económicos estratégicos, que desde enero son quince, con los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) como las células de la nueva matriz social. Dichos CLAPs constituyen la nueva forma de organización popular-comunal encargada de garantizar el abastecimiento alimenticio y farmacéutico de cada población o barriada, cuyo objetivo es transformarse en la columna vertebral del desarrollo del plan productivo con el que el gobierno revolucionario bolivariano se propone superar el modelo rentístico petrolero que ata el desarrollo del país al accionar de las fuerzas imperialistas.

Además, la estrategia se complementa con la convocatoria a los sectores empresariales públicos y privados mediante la llamada “constituyente económica”, según el plan estipulado por sus respectivos ministerios. Sin dudas esto se complementa con la mayor presencia de inversiones que viene planteando China en nuestra región, que se inscribe en el desarrollo integral de la política del “ganar-ganar”. Al respecto, durante junio se produjo la reunión de la Comisión Mixta de Alto Nivel China-Venezuela, en Beijing, donde se firmaron acuerdos en el sector petrolero para incrementar la producción conjunta de crudo a 325.000 barriles diarios; también en agricultura se evaluó sumar, con apoyo de Pekín, más de 100.000 hectáreas de cereales, y más de 80.000 hectáreas de algodón (TS 11/6). A su vez, en el sector industrial se evaluó instalar una fábrica de camiones pesados y medianos en Venezuela, así como una línea de motores. También la empresa china Foton Motor, que fabrica autobuses, vehículos de pasajeros y de carga, camiones y maquinaria agrícola y de construcción, mostró interés en la producción de estos productos en Venezuela en conjunto con el sector privado. “También se planteó la posibilidad de la inversión de China en el sector de construcción, en la elaboración de productos de higiene personal y del hogar, mediante los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) y los corredores de la Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor” (TS 12/6).

Como podemos ver, a medida que va avanzando el proceso, se va superando la improvisación y se proyectan líneas esenciales tanto en el desarrollo interno como en la coordinación del plan global de control de las fuerzas del caos que proponen China y Rusia principalmente. Es necesario para las fuerzas del capital deterner los avances que viene haciendo el pueblo venezolano, siendo ello una condición fundamental para poder profundizar a escala regional el proceso de ajuste que garantize sus condiciones de reproducción. Esto se intenta mediante la abierta guerra económica que, como venimos analizando mes tras mes, tuvo diferentes etapas y tensiones, siendo la forma que toma en Venezuela el intento de generar “el caos permanente”, necesario para el dominio del capital en la etapa de su descomposición.

Esto lleva a que todas esas medidas económicas orientadas hacia el control de la producción puedan ser afirmadas y promovidas en base a una nueva Constitución que profundice el carácter transformador de la promulgada en 1999, ante lo cual la fuerzas del imperio no se quedan de brazos cruzados y, además de sembrar el terror en las calles, intentan en la OEA condenar al gobierno bolivariano, sin lograr el apoyo de la mayoría de los estados latinoamericanos, demostrando aún más la imposibilidad de resolver políticamente aquello que no pueden reorientar desde lo económico.

Casi en simultáneo, el gobierno estadounidense volvió a tensionar las relaciones con Cuba, a través de medidas contra el deshielo iniciado por Obama, prohibiendo nuevamente a los estadounidenses viajar a la isla, gastar dinero en hoteles o restaurantes de los militares, e impidiendo que las empresas yanquis puedan hacer negocios con firmas que controlen las fuerzas armadas cubanas. Paradójicamente, el presidente yanqui afirmó que “no queremos que Estados Unidos apoye un monopolio militar que explote y abuse de los ciudadanos de Cuba”. Una vez más, aseguró que EEUU no levantará las sanciones a menos que “el régimen de los Castro” convoque a elecciones libres, legalice a los partidos políticos de oposición, libere a todos los “prisioneros políticos” y garantice la libertad de asamblea y de expresión, todas afirmaciones brindadas durante un discurso en Miami (LN 17/6). A estas declaraciones se sumaba el hecho de que, unos días antes, desde la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC), se impuso una multa a la compañía American Honda Finance Corporation (AHFC), por un valor de 87 mil 255 dólares, por violar las regulaciones del bloqueo estadounidense contra Cuba (CD 8/6). El renovado bloqueo que promulga el gobierno de Trump lleva tensión para con los mismos capitales estadounidenses que ven en la isla una posibilidad de reproducirse con un grado de seguridad mayor que en ningún otro lugar del mundo. A su vez, este tipo de medidas, contradicen el apoyo mayoritario de la población estadounidense, que ve con buenos ojos el deshielo con la isla y la búsqueda de nuevas estrategias que no ahonde el fracaso de 50 años de intentos por doblegar a la revolución de los barbudos.

Abriéndonos paso

La profundización de las medidas tendientes a controlar las fuerzas productivas desatadas se hacen cada vez más necesarias desde el interés de los trabajadores. Como venimos analizando desde hace varios años, ello se ve con mayor claridad en los países miembros del ALBA, donde se viene haciendo un esfuerzo popular en pos de construir lo que Hugo Chavez llamó el “Socialismo del siglo XXI”. En este sentido, luego de la victoria de Alianza País en las elecciones presidenciales de Ecuador, salió a la luz la herencia que recibe Lenín Moreno del saliente Rafael Correa: se duplicó la inversión en salud, con 100 nuevos hospitales y 500 centros mejorados; en educación fueron invertidos u$s 19.500 millones en educación; u$s 7.620 millones en la construcción y mejora de 9.200 km de carreteras, haciendo de la red vial ecuatoriana una de las mejores de Iberoamérica. El crecimiento promedio del PIB entre 2007 y 2015 fue del 3,9%, comparado con el 2,9% de Latinoamérica, de acuerdo con el balance presentado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en diciembre de 2015, de los cuales 9% se destina a la inversión pública. Correa también obligó a Chevron, segunda petrolera de Estados Unidos y sexta a nivel mundial, a pagar una indemnización de u$s 9.500 millones por haber causado uno de los mayores desastres medioambientales del mundo entre 1964 y 1990 (TS 24/5).

Otra de las naciones donde el crecimiento económico a base del control de la renta está a disposición del desarrollo de la sociedad en su conjunto es Bolivia, en donde, cada vez que habla públicamente, Evo Morales ratifica el rumbo que ha tomado el Estado Plurinacional: “el desafío del Gobierno es llegar al Bicentenario de Bolivia con ‘cero’ de extrema pobreza (…). Cuando llegamos (al Gobierno en 2006) la extrema pobreza estaba en 38 por ciento, hemos bajado a 16 por ciento, no estoy conforme, hay que seguir bajando (…) después de la nacionalización de nuestros recursos naturales y pese a la caída del precio del petróleo estamos mejor económicamente, y durante los tres últimos años ocupamos el primer lugar en crecimiento económico de toda Sudamérica” (TS 10/6). Sin duda alguna, todos estos avances se lograron a partir de una clara definición antiimperialista y de la comprension de que no se puede organizar una sociedad, cuando la producción es cada vez más social a nivel global, sin hacer de las masas de trabajadores y de sus organizaciones de base (sindicales, sociales, culturales) actores económicos concientes y activos participantes.

En este sentido, en cuba se produjo un proceso de debate donde participó todo el pueblo en más de 4.470 reuniones a lo largo y a lo ancho de la isla que culminó en la Asamblea Nacional del Poder Popular donde se discutieron los documentos “Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista, el Plan de Desarrollo hasta el 2030” y “Lineamientos de la Política del Partido y la Revolución para el período 2016-2021” (CD 31/5). En dichos materiales uno de los principales aspectos desarrollados es el plan de reestructuración de la economía cubana, donde se pone en discusión qué papel debe tener la productividad y cómo se debe llevar adelante, “intentando pasar del trabajo manual, artesanal, a la optimización de cada eslabón de la producción a otra escala, con el reconomiento de cada paso” (CD 5/6). Es la productividad puesta en función de los intereses comunes, en estrecha relación con el desarrollo potenciado de todos los miembros de la sociedad, y no al servicio de la obtención de máximas ganancias y de la competencia entre capitales por quedarse con más mercados.

En definitiva, donde cada vez puede menos el capital concentrado es en aquellos lugares donde las fuerzas populares, encabezadas por los trabajadores organizados y con dirigencias revolucionarias, han adoptado una conducta que concierne al control de las fuerzas productivas, poniéndolas al servicio de los intereses del desarrollo de toda la sociedad, cosa que nunca ha podido garantizar el sistema capitalista con el poder de sus 147 grupos económicos mundiales, que sólo pueden proponer el caos, el hambre y la miseria de toda la humanidad. Así, el desarrollo de los acontecimientos y sus resultados van mostrando que, además de ser necesario, el plan de los trabajadores controlando y desarrollando las fuerzas productivas en función de la humanidad es la salida más justa.



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