Revista Mensual | Número: Julio de 2017
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Fuentes consultadas: EE.UU.: Wall Street Journal (WSJ). Gran Bretaña: The Economist (TE). Alemania: Deutsche Welle (DW); China: Xinhua (XH); Rusia: Russia Today (RT); Irn: HispanTV (HTV) Venezuela: Telesur (TS). Cuba: Cubadebate (CD). Argentina: Clarín (CL); Crónica (CA); Cronista Comercial (CR); La Nación (LN); Miradas al Sur (MS); Página 12 (P12); Tiempo Argentino (TA).
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Blues de la artillería

Sos el as del "Club París"
As, lo tuyo no es el rock
Cierran los bares, por donde vas...
(Sos la joya del lugar)


La ofensiva imperialista sufre un nuevo revés. Venezuela contra el mundo (imperialista) Parte II

Blues de la artillería

“Si en Venezuela se realizan elecciones libres, renuncio a mi cargo”

Luis Almagro, Secretario General de la OEA

 

“Vienen tambaleando, gallos sofocados

Y la quetejedi prepara el festín

Le dan a la F100 a toda mostaza

A veces funciona, otras veces no”

PR (2000)

 

En la región latinoamericana se agudiza la disputa de las fuerzas sociales por el control del continente: a las elecciones de medio término en Argentina, con el regreso de Cristina Fernández de Kirchner al centro de la escena en 2017, se le suman a posteriori las presidenciales en Brasil, México, Colombia y Venezuela, con la posibilidad cercana de que Lula da Silva sea electo presidente del primero y Manuel López Obrador en el segundo para 2018. Esto se da cuando tan solo han transcurrido dos años desde que en 2015 las fuerzas políticas alineadas con el imperialismo anunciaron una derrota irreversible de los procesos nacionales y populares que caracterizaron como el “fin del ciclo populista”, al haber logrado el control de los gobiernos de Argentina y Brasil, así como del parlamento en Venezuela. Esto los envalentonó para proclamar el regreso definitivo de las burguesías cipayas que históricamente han gobernado nuestros países defendiendo intereses extranjeros.

Desde entonces, el imperialismo ha profundizado su política para destituir al Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV) del gobierno, embarcándose en una brutal ofensiva global que aún no ha visto su capítulo final. Como veremos más adelante, la presión regional e internacional mediante instituciones afines, la amenaza de una intervención bélica, el entrenamiento y promoción de fuerzas irregulares internas desestabilizadoras y la coordinación de una dirigencia opositora que desconoce el gobierno democráticamente electo de su país, han sido los recursos utilizados para lograr su objetivo. La derecha regional justifica sus ataques a la Venezuela chavista aduciendo que es un “régimen dictatorial”, mostrándose como la única fuerza que respeta y defiende la institucionalidad democrática, cuando, en realidad, su objetivo es aniquilar el movimiento político de la región que más ha avanzado en construir una respuesta que contemple las necesidades de su pueblo frente a la caducidad inminente del sistema capitalista. El grado de concentración y centralización del capital empuja a capas de la burguesía hacia las filas de los desposeídos; con ello, la institucionalidad forjada al calor de la división internacional del trabajo, que en nuestros países se montó sobre la incorporación de sectores de la burguesía nacional que se reprodujeron defendiendo los intereses foráneos, estalla por los aires. Así, tanto a nivel regional como nacional, las instituciones y partidos locales que en otros tiempos garantizaban la hegemonía del imperialismo ya no cumplen esa función. En este sentido, analizaremos, este mes, el (nuevo) fracaso estrepitoso de los EEUU por organizar la región detrás de una intervención a Venezuela, logrado principalmente por la oposición de las pequeñas y débiles naciones de la Comunidad del Caribe en la Organización de los Estados Americanos (OEA).

En esta misma línea, veremos cómo en Brasil la disputa facciosa entre un Poder Judicial alineado y formado por los EEUU encabeza una ofensiva contra las corporaciones locales (Odebrecht, JBS y Petrobras) y los partidos políticos que las representan, dando al país una verdadera crisis de representatividad y legitimidad de la institucionalidad burguesa. Todo ello bajo el acuerdo de ejecutar un brutal ajuste sobre las espaldas de la clase trabajadora. La crisis del sistema capitalista genera en las sociedades gobernadas por sus fuerzas políticas un verdadero caos social, ya que un reducido número de corporaciones monopólicas concentran porciones inmensas de la producción social, expropiando a las mayorías, por lo que la única “gobernabilidad” posible es el caos, el terror, la miseria generalizada y el hambre. Veremos para los casos de México, Colombia, Puerto Rico y Brasil ese escenario que evidencia de manera explícita la imposibilidad del orden imperialista de dar respuesta a los problemas vitales de las sociedades sobre las que gobierna. Por ello necesita erradicar bajo cualquier forma la experiencia venezolana: puesto en evidencia su verdadera y caótica naturaleza en la región, su horrorífico saldo social y económico, la única posibilidad de obtener tiempo es impedir que se erija una alternativa que demuestre que es posible derrotar al imperialismo.

La refutación del “fin del ciclo populista” por parte de los procesos nacionales y populares en la región latinoamericana abre una inmensa posibilidad para esas fuerzas que, con el ejemplo de Venezuela latente, propinen un duro golpe al orden imperialista en decadencia.

Sos el as del “Club París”

 Tal como hemos analizado durante el corriente año, el imperialismo norteamericano recrudeció su ofensiva contra Venezuela con el objetivo de destituir del gobierno al Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV), combinando la presión internacional organizada desde la Organización de Estados Americanos (OEA), la amenaza de una intervención militar y el impulso dado a fuerzas irregulares internas (“guarimbas”) que realizaron actos de vandalismo, sabotaje y terrorismo.

Este mes, la OEA nuevamente ocupó el centro de la escena internacional al promover una declaración que condenó al proceso venezolano, “exigiendo” una cantidad de puntos a cumplir, bajo la amenaza de intervenir directamente a través de sanciones y reprimendas bélicas. El núcleo duro de la ofensiva imperialista, EEUU, Perú, Canadá, México y Panamá, impulsaba una resolución que pidió “el cese de la violencia, suspensión de la Asamblea Constituyente, liberación de presos políticos y llamado a elecciones de forma inmediata” (LN 1/6). Mientras los borradores se sometían a consideración, el Comando Sur de los EEUU realizaba ejercicios militares en la isla de Barbados, a 1.078km de Venezuela, con unos 2.500 militares de EEUU, Canadá, Francia, México y Reino Unido. Su jefe, Kurt W. Tidd, afirmó que dichas maniobras “permiten garantizar la seguridad de la región” y anunció que tendrían dos fases: Tradewinds Fase I, en Barbados desde el 6 al 12 de junio y la Fase II, que se realizaría en Trinidad y Tobago, a unos 600 km de las costas venezolanas, desde el 13 al 17 de junio (TS 7/6). Con ello, la desestabilización interna mediante la utilización de fuerzas irregulares evidenciaba la tercer pata de esta verdadera “tormenta perfecta” contra la nación caribeña.

En primer lugar, se conoció la noticia del asesinato del juez Nelson Moncada, de 37 años, quien había ratificado la condena de 13 años de prisión al guarimbero Leopoldo López. El ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, afirmó: “(…) el juez fue interceptado por un grupo de sujetos que se encontraban en una barricada opositora y le ocasionaron la muerte” (TS 1/6). Por otro lado, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) informó sobre el desarme de una célula que entrenaba a menores de edad para desestabilizar durante las manifestaciones opositoras en el municipio del Chacao, estado de Miranda (gobernado por el dirigente de la Mesa de Unidad Democrática, Henrique Capriles). Un joven de 15 años testificó recibir 60.000 bolívares por actuar en cada manifestación, dinero administrado por el coordinador de la célula “quien repartía drogas, alcohol, pólvoras y balas”; el joven afirmó que el diputado opositor Miguel Pizarro patrocinaba dichas actividades (TS 7/6). También, se conoció la detención de Elver Tarazona González, de 37 años, paramilitar colombiano encargado de organizar células de choque, entrenamiento de jóvenes para atacar a las fuerzas de seguridad y cabeza de una operación cuyo objetivo era asesinar a manifestantes opositores, mediante personas uniformadas de Guardias Nacionales Bolivarianas (GNB) y de miembros del Sebin, para presentar a las víctimas como excesos del gobierno bolivariano (TS 1/6).

Así, el saldo arrojado desde que la oposición llamó a la desobediencia civil es de 72 muertes, más de 500 personas heridas, numerosas ciudades víctimas de actos vandálicos, 300 integrantes de la GNB heridos (45 de bala), bloqueos a rutas vitales para el abastecimiento interno y enfrentamientos callejeros de baja intensidad casi ininterrumpidos desde que en abril comenzaran las acciones opositoras (TS 18/6). El Tribunal Supremo de Justicia advirtió sobre la posible prisión a los jefes comunales opositores que den vía libre a las protestas por ser cómplices de la desestabilización. En este contexto, tres alcaldes (Chacao, Baruta y El Hatillo) fueron acusados por estos cargos y sin amedrentarse realizaron una conferencia de prensa donde anunciaron su “total apoyo” a las manifestaciones: “Es un compromiso que tenemos con el país”, aseguró Ramón Muchacho, alcalde de Chacao, municipio del este de Caracas y Gerardo Blyde, alcalde Baruta agregó: “yo no tengo miedo de ir preso, porque sé que aunque esté preso, Baruta seguirá protestando” (LN 26/5). Mientras ello ocurría, la MUD anunció su rechazo a participar de la Asamblea Nacional Constituyente y presentar a sus candidatos, desconociendo el nuevo llamado al diálogo político que realizara el presidente Nicolás Maduro; su comunicado rezaba “Cualquier participación en dicho proceso es un acto de complicidad con el fraude a la Constitución y por ende quien llegare a realizarlo se declara copartícipe del Fraude” (ET 31/5).

Pues bien, la condena internacional a través de la OEA, la imponente amenaza (y acción) de 2.500 militares comandados por los EEUU a 600km de sus fronteras y la brutal insurrección guarimbera con motivo de desestabilizar al gobierno bolivariano, conforman una verdadera “tormenta perfecta” que tiene como único objetivo el cambio de raíz del rumbo político obtenido cuando en 1999 Hugo Chávez se hiciera con la presidencia de Venezuela.

Sin embargo, a pesar de la fortaleza militar norteamericana, la pericia de sus servicios secretos para entrenar fuerzas irregulares desestabilizadoras y la aparente capacidad de extorsión a naciones dependientes y sumisas para obtener resultados políticos regionales, el imperialismo sufrió un nuevo revés en su ofensiva al no obtener los 22 votos necesarios en la OEA para cubrir con un manto de legitimidad el golpe de Estado que allí se preparaba (TS 19/1). La oposición de la Comunidad del Caribe (CARICOM), socia del ALBA y PetroCaribe en mecanismos de integración regional comandadas por Venezuela y Cuba, junto con Nicaragua y Bolivia, fue, sin dudas, lo que impidió que se produjera un golpe al gobierno del PSUV consensuado por las naciones de la región.

Con ello, se evidenció la crisis del imperialismo en la región, dado que sus alianzas con las burguesías locales no gozan de buena salud al no poder garantizar la reproducción de las mismas, por lo que su política se apoya en bases cada vez más endebles. Así, los acuerdos regionales confeccionados a fines de siglo XIX donde las burguesías cipayas subordinaron el interés nacional y se entregaron a las fauces del capital, explotan por los aires. ¿Cómo explicarse sino la obstrucción de la CARICOM (compuesta por: Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago) a la ofensiva norteamericana en un organismo tan suyo como la OEA, casi extinto pocos meses atrás? A pesar de poseer poderosos mecanismos de extorsión y subordinación, tributarios de la dependencia estructural que la enorme mayoría de la región sufre respecto de los países centrales como EEUU, no pueden obtener el acompañamiento de países pequeños económica y políticamente, no pueden “sentarlos a la mesa” puesto que ellos son el plato principal.

De esta manera, la propuesta de los países impulsores de dichas medidas de “suspender la Asamblea Constituyente”, acompañada por la desestabilización interna y el abierto boicot llevado a cabo por la MUD, evidencian el otro aspecto de la crisis imperialista: a pesar de sus reiterados fracasos, deben frenar a como dé lugar la profundización del socialismo en Venezuela e impedir que se institucionalicen nuevas formas de organización social, antagónicas al orden imperialista, a la sociedad capitalista.

Por último, otro aspecto de la crisis del imperialismo en la región es que en los países gobernados por las fuerzas políticas afines, como Argentina y Brasil, no logran construir consenso alrededor de sus programas económicos y sociales, ya que el desarrollo de los mismos requiere la expulsión de amplias capas de la sociedad hacia las filas de los desposeídos y esto sólo lo pueden hacer a través de la violencia ejercida por el estado que se expresa en los altos guarismos de asesinatos y desapariciones. Esto se observa en aquellos países que se autoconvocaron a “superar el populismo” y a “restaurar la normalidad”con la restauración de la derecha en el gobierno y que actualmente transitan un fracaso estrepitoso en sus políticas que generan un amplio rechazo, incluso de sus votantes o adeptos.

Veamos este último punto con mayor detenimiento.

As, lo tuyo no es el rock

Brasil constituye sin duda uno de los duros golpes que han recibido las fuerzas nacionales y populares en la región, al cobijar un golpe de Estado contra el tercer gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) –votado por 54 millones de personas–, que acomodó el rumbo económico y social a la necesidad de las corporaciones concentradas locales e internacionales y, por extensión, redireccionó su política exterior a los dictados de los centros mundiales de poder.

La ejecución de dicho programa fue llevado a cabo por una coalición partidaria, con una gran fortaleza parlamentaria, compuesta por lo más tradicional de la política brasileña. Uno de esos partidos formaba parte del gobierno petista hasta que fue consumado el golpe: el Partido del Movimiento Democrático del Brasil (PMDB), cuyo mayor referente, Michel Témer, hoy ocupa la presidencia de la Nación. Otros, como el Partido de la Social Democracia del Brasil (PSDB), con miembros prominentes como el ex presidente neoliberal Henrique Cardozo, de ser furibundos miembros de la oposición, una vez pergeñado el golpe, pasaron a integrar la “coalición”.

Pues bien, hemos recorrido el camino realizado por el gobierno interino en casi un año, donde han resaltado los “consensos parlamentarios” para ejecutar un brutal ajuste y una histórica transferencia de ingresos de la clase trabajadora hacia las corporaciones financieras, cuyo resultado ha arrojado una también histórica desocupación y recesión económica. A su vez, la revelación por parte del Departamento de Estado de los EEUU de dos investigaciones judiciales vinculadas a actos de corrupción (Odebrecht y el llamado “Lava Jato”), investigadas y ejecutadas localmente por jueces y fiscales formados por los EEUU, y que vinculan a dos de las más grandes empresas nacionales que posee Brasil y Latinoamérica, Petrobras y Odebrecht, produjo una disputa interna sin precedentes en la política local. Así, jueces y políticos encabezaron una feroz (y pública) batalla que ha dejado a numerosos ministros fuera de su cartera, jefes de partidos en prisión, jueces de la Corte “accidentados” y, como veremos, al presidente interino al borde de la destitución. De esta manera se manifiesta la imposibilidad que tienen las fuerzas locales que responden a los intereses imperialistas de generar una alianza para gobernar: si bien la coalición se originó a partir del acuerdo de tumbar al gobierno de la fuerza política representativa de los sectores nacionales y populares, a la hora de gobernar exponen sus profundas contradicciones, dado que el grado de concentración y centralización del capital hace que los gigantes monopolios deban expropiar a fracciones de la burguesía local (Odebrecht, JBS, o Petrobras, por caso) y desplazarla. Así, los Estados Nacionales y los partidos políticos que expresan dichas capas dejan de corresponderse con las necesidades de acumulación del capital y entran en una profunda crisis, exponen cada vez más su naturaleza corrupta y hacen públicas sus disputas internas por seguirse reproduciendo, ya que la profundidad de la crisis no permite que todas las fracciones subsistan.

De esta manera, el empresario Joesley Batista, del gigante JBS (frigoríficos), en el marco de las declaraciones que hizo acusando a la “coalición” y sus principales figuras de cobrar sobornos, afirmó que el presidente Temer “lidera la mayor y más peligrosa organización criminal del país. Ese grupo es muy peligroso. No se puede pelear con ellos. (…) Entonces mi convivencia con ellos fue siempre manteniendo media distancia, ni dejando que ellos se acerquen demasiado ni dejándolos muy lejos para que no armara alguna cosa en mi contra” (LN 18/6). También, se conocía, a través de un artículo periodístico, que desde la presidencia se había utilizado a la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) para espiar la vida del juez del Supremo Tribunal Federal (STF) “con el objetivo de encontrar cualquier detalle que pueda afectar su posición de encargado de Lava Jato” (LN 11/6). La presidenta de la Corte, Carmen Lucía Antunes Rocha, afirmó al respecto: “No quiero creer que eso haya sucedido. Usar un órgano de inteligencia del Estado de forma espuria para investigar a uno de los Poderes de la República en plena actuación constitucional y legal, como forma de intimidación, es el establecimiento de un Estado policial, un Estado de Excepción” haciendo, una vez más, pública la disputa facciosa entre el Poder Judicial, patrocinado por los EEUU y encabezando el proceso acusatorio contra las fuerzas políticas tradicionales, y la “coalición gobernante” (LN 11/6). A partir de esto, el Consejo Federal de la Orden de Abogados de Brasil (OAB) entregó un nuevo pedido de juicio político (impeachment) contra Temer, sumando ese a los otros ¡12! ya presentados por diversos partidos de oposición. El presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, responsable de analizarlos, afirmó que se encargaría de hacerlo “con calma”, puesto que una decisión de esa envergadura “no se puede tomar de la noche a la mañana” (TS 25/5).

A los 13 pedidos de juicio político realizados en el Congreso se sumó que el Tribunal Supremo Electoral de Brasil debió expedirse por las denuncias que acusaban a la fórmula presidencial Dilma Rousseff – Michel Temer de haberse financiado con dinero ilícito. Guilmar Mendes, titular del TSE y “amigo personal” del presidente hacía un análisis de la situación: “El TSE no es juguete de nadie. Tampoco le cabe resolver la crisis política; eso es bueno que se diga. El tribunal no es instrumento para la solución de una crisis política. Entonces no vengan a pedir que resolvamos una crisis que ellos crearon. Que resuelvan sus crisis” (LN 30/5). Quien hacía estas afirmaciones será el encargado de absolver a la fórmula mediante el voto de desempate y argumentando, por encima de las evidencias que habían sido presentadas, que con el mismo velaba por la “estabilidad del gobierno de excepción” (P12 11/6). Pues bien, además de los pedidos de juicio político, las grabaciones comprometedoras y las filtraciones de operaciones de inteligencia que involucran a Michel Temer, este mes fue detenido uno de sus asesores, el ex diputado Rodrigo Rocha Loures, bajo la acusación de ser el intermediario entre las corporaciones corruptoras y el presidente corrompido. Desde hace tiempo, el Poder Judicial de Brasil adoptó una jurisprudencia que imita una figura utilizada por los EEUU desde 1978: la delación premiada que le otorga beneficios al imputado que brinde información de los otros supuestos miembros de una asociación delictiva. Con esa figura es que en Brasil han sido apresados tantos funcionarios y miembros de la “coalición”, con esa figura el apresado Loures delató a su otrora socio y líder político Temer, quien seguro de sí mismo afirmó: “Dudo que me denuncie. Primero, porque no sería verdad. Segundo, porque conociéndolo, me parece difícil que haga eso” (ET 3/6) A confesión de parte…

Sin embargo, mientras las facciones representativas de las distintas capas de la burguesía se hunden en un enfrentamiento cada vez más profundo, las políticas “consensuadas” y ejecutadas por el gobierno de facto les concitaron una enorme masa crítica opositora, la cual se manifestó de forma contundente con la histórica huelga general que hemos tratado el mes anterior en este Análisis de Coyuntura. Su desprestigio frente a la inmensa mayoría que sufre el brutal ajuste no para de crecer, y hace cada vez más difícil el gobierno de la “coalición”. Frente a esto, el presidente Temer ordenó por decreto la intervención del ejército para reprimir las protestas generadas por dichas políticas, encabezadas por la Central Única de Trabajadores (CUT, la más numerosa de todas las centrales) y Fuerza Sindical. El ministro de Defensa (curiosamente ocupándose de estos asuntos) afirmaba al respecto: “el presidente resaltó que es inaceptable el desorden, el descontrol, y que no permitirá que actos como estos vengan a empañar un proceso que se desarrolla de forma democrática y en respeto a las instituciones”. Así, 1.500 militares tomaron posición en el Palacio del Planalto y en distintos puntos de la Explanada de los Ministerios. El presidente de la Cámara baja, R. Maia, abandonaba la anterior “calma” para reconocer que había formado parte de quienes habían solicitado tal medida “porque el ambiente ahí afuera estaba volviéndose un infierno” (LN 25/5). Las protestas emanadas de amplios sectores de la sociedad obligaron a que el presidente anule su decreto en menos de 24hs después de formularlo, aunque quedó explicitada la intención del gobierno de recurrir al enfrentamiento directo con las mayorías trabajadoras, si fuese necesario para continuar con la ejecución de su programa de ajuste.

Así, uno de los países que encabeza la ofensiva regional contra Venezuela tildándola de dictatorial y exigiendo “elecciones libres” se desgarra en sus incapacidades y enfrentamientos facciosos, mientras empuja a la inmensa mayoría a la miseria y al hambre. Sin embargo, esta “democracia” funcional a los intereses de las corporaciones financieras que exigen sangre, sudor y lágrimas al pueblo de Brasil, inmersa en intromisiones constantes entre los distintos “poderes” que conforman la “república”, víctima de encarcelamientos masivos de funcionarios de primer orden por aceptar sobornos, no merece cuestionamiento alguno en relación a su funcionamiento. En palabras del Secretario General de la OEA, Luis Almagro: “El tema de Brasil es un tema que tiene determinadas particularidades, pero no tiene un tema institucional de fondo, las instituciones están funcionando” (TS 2/6). A continuación analizaremos la situación que atraviesan las otras naciones latinoamericanas que son gobernadas por fuerzas políticas afines al imperialismo y agreden junto con los EEUU a la digna Venezuela, y veremos que lo de Brasil es un común denominador de lo que ellos definen por democracia.

Cierran los bares, por donde vas…

Colombia, país que ha sufrido convertirse en el instrumento de los EEUU para la región, encabezando las políticas de militarización interna con la excusa de la lucha contra el narcotráfico y las políticas neoliberales, este mes fue protagonista de numerosas protestas sociales en varios departamentos de la región del Pacífico (Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño). En Chocó, se realizó un paro cívico en reclamo del cumplimiento de los 10 puntos acordados en 2016, que incluían entre otros, la construcción de rutas, hospitales y la ampliación de la conexión eléctrica a municipios que no la tienen. En Buenaventura, principal puerto colombiano del Pacífico, donde transita el 49% del comercio exterior, se realizó un reclamo por el derecho al agua potable, servicio del que carece la mitad de la población. Hidropacífico, empresa privada controlante del recurso, hace exitosos negocios vendiendo agua a los buques y quitándosela a los ciudadanos, cobrando a los primeros 17.500 dólares el metro cúbico. En Tumaco, campesinos cultivadores de coca protestaron contra el proceso de erradicación de cultivos ilícitos, denunciando que el gobierno no estaría cumpliendo con lo pactado en los acuerdos de Paz, los cuales obligaban a la sustitución de los cultivos y la promoción de subsidios a los campesinos que lo llevan a cabo (TS 26/5).

A su vez, organizaciones sociales como Cumbre Agraria, Proceso de Comunidades Negras (PCN) y Congreso de los Pueblos protestaban contra la criminalización por parte del Estado colombiano hacia líderes sociales, sosteniendo que la Fiscalía General de la Nación realiza falsos montajes. La vocera de Congreso de los Pueblos, Marylen Serna afirmó: “Estamos siendo perseguidos y necesitamos saber en qué van las investigaciones contra los paramilitares en las regiones y las investigaciones de los asesinatos de nuestros líderes”. La dirigente utilizaba como ejemplo la detención de Milena Quioz, líder social de Arenal, bajo el argumento de que, según la acusación, organizar manifestaciones de gran convocatoria “atentaban contra el orden público” (TS 12/6).

Dentro de ese marco, el Instituto Nacional de Salud de Colombia presentó un informe que dio cuenta de que en el transcurso del corriente año, 89 niños menores de cinco años habían fallecido por causas evitables y develaba que el 13,2% de los niños de Colombia se encuentra en estado de desnutrición y en regiones postergadas como la zona de la Amazonía Colombiana los índices saltaban hasta el 34,7% (Vaupes) y 27,9% (Guajira) (TS 27/6). En esta línea, desde el 11 de mayo la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) de Colombia realiza una huelga y numerosas movilizaciones que tienen como objetivo primordial, en palabras de su presidente Carlos Rivas “No solamente el tema salarial, nosotros estamos exigiendo alimentación, transporte e infraestructura para los niños” (TS 12/6).

En México, país que forma parte del núcleo duro destituyente contra Venezuela y que impulsó un documento que reclamaba el “cese de la violencia”, se conoció la escalofriante cifra de que 32.218 personas se encuentran desaparecidas, según estadísticas recientes de la Secretaría de Gobernación. En enero la suma nacional fue de 30.942 casos, es decir que en tan solo un cuatrimestre, 120 días, 1.276 personas desaparecieron en México, a razón de unas diez por día (CD 2/6).

En este sentido, los dos países que han sido los mejores alumnos de las políticas imperialistas, han llevado a sus pueblos a una situación de pobreza y penuria. Los acuerdos de libre comercio que ha firmado México y de los cuales ha sido globo de ensayo para replicar con otros países, solo han profundizado la primarización de su economía y generado una transferencia de la riqueza producida por sus trabajadores hacia los grupos económicos concentrados. Esto ha profundizado su dependencia económica y en la crisis actual el estado mexicano ya no es controlado por su burguesía, sino por bandas narco que dominan el territorio donde la vida de la población sobrante para el capital ya no tiene valor y su única política es aniquilarla. El estado narco es la implosión de la institucionalidad burguesa frente al desguace de las políticas neoliberales y planteauna coyuntura muy desfavorable para la organización popular. En el caso de Colombia, los acuerdos de paz firmados con las FARC, permiten que los conflictos sociales que anteriormente estaban soterrados bajo la amenaza de ser acusados de terrorismo, salgan a la luz, dejando en evidencia las consecuencias de las políticas neoliberales. Por esto, el desarme de la guerrilla es solo el comienzo del proceso que implica construir la paz que es cómo el pueblo colombiano va a organizarse para resolver los problemas y necesidades que lo aquejan. 

Este mes también se realizó en Puerto Rico, “Estado libre asociado” a los Estados Unidos de Norteamérica (formalización de la dependencia económica sin ningún acceso a los derechos políticos de la Unión) un referendo que consultaba a su población sobre el acuerdo por la anexión plena a los EEUU. Cabe mencionar que la Organización de Naciones Unidas (ONU), mediante su Comité Especial para la Descolonización, lleva realizadas 36 resoluciones abogando por la libre determinación e independencia de Puerto Rico y su pueblo (CD 25/6). El status de Estado libre asociado refleja la forma jurídica que obtuvo la anexión forzosa de lo que el país de norte consideró su “espacio vital” durante los años de expansión imperialista, fundamentalmente entre finales del siglo XIX y principios del XX. En 1898, durante un enfrentamiento bélico con el decadente imperio Español, los EEUU lograron arrebatarle a los peninsulares sus dominios sobre Puerto Rico, Filipinas y Cuba, tres territorios que consideraban parte del espacio a anexionar. Desde entonces, Puerto Rico ha permanecido bajo el control norteamericano, dando en 1917, a través de una votación en el Congreso de ese país, el status de Estado libre asociado. Ello significa que está sujeto a los poderes plenos del Congreso estadounidense mediante la Cláusula Territorial; el poder de ejercer su soberanía recae en el Congreso estadounidense y que, por ejemplo, ningún puertorriqueño pueda votar en las elecciones presidenciales de los EEUU y que la única autoridad soberana que allí radica por el voto popular sea el de un Gobernador (https://www.ecured.cu/Puerto_Rico). Los partidos políticos que allí abogan por la independencia plena de su nación, Independentista Puertorriqueño (PIP) y Popular Democrático (PPD) realizaron un público boicot considerando el referendo como “una farsa” y llamaron a la sociedad a no presentarse. Cabe mencionar que el país se encuentra en bancarrota debido a una descomunal deuda externa con los EEUU, con el 46% de la población (3.500.000 personas) bajo la línea de pobreza y 5 millones (casi un país y medio) viviendo fuera de sus fronteras (CD 19/6). Frente a este llamado el pueblo se manifestó de forma contundente: tan solo el 22,7% concurrió a las urnas para convalidar la estrategia anexionista (la opción del “Si” obtuvo un 97%), dando cuenta del profundo descrédito que la política colonial tiene en la sociedad puertorriqueña (ET 11/6)

Así, las sociedades gobernadas por las fuerzas políticas alineadas con el imperialismo evidencian su verdadera naturaleza: miseria y pobreza generalizada, desapariciones forzadas, falta de servicios básicos y el caos generado por la imposibilidad de las burguesías locales de generar consenso sobre las políticas de ajuste que deben aplicar. De esa manera, la ofensiva realizada contra Venezuela aparece como la única herramienta a su alcance para obtener tiempo: hacer, por todos los medios, que ese proceso no pueda. Veamos porqué.

(Sos la joya del lugar)

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo: “Es un manual, el de EEUU, que ha fracasado en Venezuela y yo le digo saquen sus narices de Venezuela, volvieron a fracasar en Venezuela, en Venezuela no va a haber intervención, en Venezuela lo que viene es paz, diálogo y Constituyente” (TS 15/6). Venimos analizando que la ofensiva imperialista contra Venezuela evidencia la necesidad del imperialismo de frenar a como dé lugar el proceso de construcción del socialismo en esta fase de institucionalización, en donde se convoca a la clase trabajadora, joven y adulta, sectores empresariales no monopólicos, y amplios sectores de la sociedad a dar un ordenamiento jurídico en correspondencia con ese proceso y en reemplazo de las formas preexistentes.

Así, se designaron un total de 545 constituyentes para la asamblea, 364 miembros territoriales (comunas y municipios) y 181 sectoriales (trabajadores, empresarios, campesinos, juventud, mujeres, indígenas, pensionados y personas con discapacidad) dándose un período de dos días para inscribirse a la elección, obteniéndose en tan corto tiempo un total de 55.000 personas postuladas: 19.876 solicitudes de las comunas y consejos comunales (deben tener un 3% de las firmas correspondientes a su municipio), 1.154 de empresarios, 2.680 de estudiantes, 4.972 de pensionados, 1.406 de personas con discapacidad y 13.271 de trabajadores (TS 31/5 y ET 3/6 y 4/6). Al respecto, Maduro, dijo: “decenas y decenas de líderes y lideresas de base pertenecientes a la oposición que se han inscripto y han roto con Julio Borges (presidente del Parlamento) y los demás guarimberos. Ya la ANC le pertenece al pueblo”, respecto al desconocimiento público que hiciera la MUD del proceso constituyente (LN 3/6).

También, numerosos dirigentes sociales se pronunciaron en relación al mismo: Joel Capriles, vocero de un consejo comunal, afirmaba que “si no constitucionalizamos las misiones podríamos perderlas”; Miguel Rico, comunicador popular, también resaltaba que “Una de las razones que me impulsa a ser constituyente es la posibilidad que nos va a dar la ANC para generar los cambios que requiere la estructura del Estado y avanzar en la construcción de la patria socialista que soñaron Bolívar y Chávez. Hacia allá vamos, hacia un texto constitucional que fortalezca un nuevo modelo económico y social en favor del pueblo” (TS 7/6). También se pronunciaron los trabajadores de la administración pública, deseosos de que la ANC pueda poner de relieve la “importancia de controlar la burocracia y la corrupción”, en palabras de su representante en la misma Esteban Arvelo, “es necesario darle rango constitucional a esas normas (…) que van dirigidas a sancionar a los funcionarios que incumplan con su deber, funcionarios públicos burócratas, corruptos. Queremos rescatar e implementar un conjunto de valores que deben llevar a ese servidor público, su deber a su pueblo” (TS 14/6)

Frente al problema de qué tipo de Democracia necesitan nuestros pueblos, surgen los claros contrastes entre una institucionalidad burguesa en decadencia y desprestigiada, sin posibilidades de dar respuesta a ninguno de los problemas vitales de las sociedades que dicen representar y la posibilidad de construir una alternativa, basada en un “nuevo modelo económico y social en favor del pueblo”, que la reemplace. Contra ello se levanta la furia asesina del imperialismo: erradicar a como dé lugar una alternativa que pueda mostrarse frente a los pueblos de la región como exitosa en su enfrentamiento al orden capitalista decadente.



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