Revista Mensual | Número: Julio de 2017
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Fuentes consultadas: EE.UU.: Wall Street Journal (WSJ). Gran Bretaña: The Economist (TE). Alemania: Deutsche Welle (DW); China: Xinhua (XH); Rusia: Russia Today (RT); Irn: HispanTV (HTV) Venezuela: Telesur (TS). Cuba: Cubadebate (CD). Argentina: Clarín (CL); Crónica (CA); Cronista Comercial (CR); La Nación (LN); Miradas al Sur (MS); Página 12 (P12); Tiempo Argentino (TA).
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Vientos de Poder

Corruptos por naturaleza
Legislativas y la "frazada corta"
Renuncia de Malcorra, y van...
Injustos por naturaleza
Terror Oligárquico en marcha
Quitando ladrillos de la casa propia
¡Malditos argentinos!
Y cada día más malditos...
1 conflicto, 2 conflictos... miles de conflictos
Azo Azo Azo... se viene el...
Epílogo


Se despedaza el entramado institucional de la oligarquía y el pueblo busca dónde agarrarse

Vientos de Poder

“Vientos de poder

en el crepúsculo final guían el viaje.

Que más de uno se ha entregado al polvo inca,

muestran los informes del control vigilante”.

(Hermética)

 

El mes de Junio nos adentró, un paso más, en la crisis de toda la superestructura político-jurídica que conlleva la oligarquía y su sistema de producción. La naturaleza parasitaria y corrupta de los cipayos y ceos en el Gobierno salía a todas luces y encendía la alarma de sus pensadores, ante la posibilidad de perder el poco capital político que conservan de cara a la sociedad. Por lo cual, la necesidad de controlar el Poder Judicial se torna imperioso y dramático. Por un lado, para controlar las causas de corrupción que aquejan a Cambiemos; por otro, para asegurar el andamiaje legal, y su instancia judicial, de la “necesaria” flexibilización laboral que se viene.

El plan económico, y la imposibilidad de controlar la justica totalmente, hacen de “Cambiemos” una locomotora en marcha pero que se va desarmando a cada paso que da. Así, se apresura la instalación del “terror social” como política de contención ante el rechazo popular, lo que muestra el carácter anti-democrático y represivo de los “niños bien” en el gobierno. Con las encuestas en picada, y el ascenso vertiginoso de Cristina Fernández de Kirchner, las usinas de pensamiento oligárquico se apresuraron a instalar la división entre peronismo y kirchnerismo. Pero, mal que le pese, este pueblo tiene memoria, y la discusión sobre cómo enfrentar al macrismo −elecciones legislativas mediantes− preocupa al matutino La Nacion y reabre el debate en el frente nacional.

Como si esto fuera poco, la conflictividad obrera no da descanso, siendo la provincia donde el macrismo obtuvo más del 70% de votos en las últimas elecciones presidenciales el eje de una de las luchas obreras más intensas de los últimos tiempos. El miedo a un “Cordobazo” del siglo XXI puso en alerta roja al conjunto de la oligarquía y sus espadachines políticos e intelectuales. Trataremos de extraer la mayor cantidad de enseñanzas posibles de este nuevo intento del movimiento obrero organizado, en su camino por reencontrarse con lo mejor de su historia, momento escencial en la lucha que entabla hoy contra el capital concentrado trasnacional y su oligarquía local.

Corruptos por naturaleza

Como venimos siguiendo en estos meses, la preocupación de la oligarquía por no “aparecer” manchada por temas de corrupción, malversación de fondos, conflicto de intereses y demás, de cara al conjunto de la sociedad, para conservar un margen de capital político que se viene cayendo a pedazos, va in crescendo. El mes comenzaba con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de activos (Procelac) investigando las maniobras de vaciamiento del Correo Argentino a través del desvío de dinero de sus cuentas a las empresas controlantes (Sideco y Socma), por la compra de acciones de la empresa automotriz Cherry SA; claramente todas pertenecientes a la familia Macri (P12 30/4).

Mientras, el juez federal Sebastián Casanello ordenaba el allanamiento de oficinas de la empresa brasileña Odebrecht, en relación al reparto de coimas para adjudicarse la construcción de dos plantas potabilizadoras, en sociedad con las constructoras locales Benito Roggio SA, Supercemento SA y Cartellone Construcciones (P12 25/5). En una semana, la empresa Iecsa, constructora presidida por Mauricio Macri −que posteriormente pasó a su primo Angelo Calcaterra− fue allanada por dos causas diferentes. Una, ordenada por el juez federal Marcelo Martínez Giorgi sobre cómo se adjudicó el soterramiento del tren Sarmiento; otra, ordenada por el juez Casanello por lavado de dinero. El dictamen que se presentó ante el juez mostraba que la brasileña Odebrecht y la argentina Iecsa actuaron juntas en el llamado a licitación para el soterramiento del Sarmiento hace más de una década.

Como si los vínculos del empresariado con la fuerza política gobernante Cambiemos fueran pocos, el juez federal Sergio Torres ordenó a mediados de junio una batería de allanamientos (Secretaría General de la Presidencia, Aerolíneas Argentinas, Inspección General de Justicia y varios organismos públicos) relacionados con distintas causas por irregularidades en la contratación oficial de aviones y otorgamiento de permisos para volar a las famosas empresas low cost (bajo costo), lo cual involucra al presidente Mauricio Macri, su padre Franco, el vicejefe de Gabinete Mario Quintana y otros funcionarios, imputándolos por delitos de asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la administración pública, defraudación contra la administración pública y tráfico de influencias (P12 6/6).

El caso de Odebrecht daba tela para cortar. El ministro de Justicia Germán Garavano se reunía con el abogado de la constructora con el fin de obtener algún elemento que le permita inculpar a funcionarios de la administración kirchnerista en la causa de las coimas, hecho carísimo en medio de la campaña electoral. Pero se iba con las manos vacías. La empresa le exigía impunidad absoluta y continuar con sus negocios a cambio de los nombres de los funcionarios implicados. Además de la falta de normativa jurídica para ello –como sí existe en la justicia brasileña−, el costo político a pagar por el Gobierno era demasiado alto.

La pluma de Morales Solá ponía en alerta sobre las consecuencias del accionar del macrismo, al tiempo que iba preparando el campo para atacar al poder judicial: “El acuerdo (…) podría provocar un escándalo político de dimensiones imprevisibles. (…) Abroquelados en la teoría de que el sistema de garantías argentino es largo y enrevesado, los jueces locales son anestesistas perfectos de las causas penales más renombradas” (Ln 24/5). Lo que está en juego es no sólo el rechazo popular a un acuerdo para “indultar” a una empresa. Sino que las consecuencias de que los ejecutivos de Odebrecht abran la boca podrían ser aún peores. Pues podrían destaparse de par en par todos los lazos de corrupción entre las burguesías del cono sur y toda la primera plana de los ejecutivos criollos y cariocas, dejando aún más a la vista de las masas la naturaleza misma de esta clase en descomposición.

Para colmo de males, el fiscal general brasileño Rodrigo Janot Monteiro de Barros daba orden expresa de que los datos de la investigación que él proporcionara quedasen en el estricto marco de la justicia. Es decir, en manos de su par argentina… Liliana Gils Carbó, a quien el macrismo intenta infructuosamente, desde que asumió, expulsar de su puesto.

Agotadas ambas vías, Garavano iba a pedir una manito un poquito más arriba… y viajaba a reunirse con el fiscal general de EEUU, Jeff Sessions, además de verse con Juan Cruz −veterano de la CIA y director del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental−, con el Servicio Secreto y con el Departamento de Seguridad Interior. Todas acciones que dan cuenta más bien de un grado de desesperación, más que de fortaleza, en el gobierno-CEO.

Lo que interesa resaltar aquí es cómo la crisis sistémica del capital hace aflorar más claramente tres cuestiones. Primero, que las fuerzas políticas que dominan el poder ejecutivo son los representantes mismos de la Gran Burguesía argentina, la famosa “patria contratista” de los 90 −que supimos ver en películas como “Memorias del Saqueo”−, la que subsiste a base de esquilmar al Estado y acoplándose al capital financiero mundial, entregando los recursos de la patria. Segundo, que se trata de la pata local de un entrelazado regional y global (lazos entre las empresas del grupo Macri con Odebrecht, la justicia brasileña, los servicios secretos yanquis, etc.). Tercero, la naturaleza parasitaria de esta clase. Es decir, la corrupción que conlevan en su misma naturaleza, pues se incorporaron a la División Internacional del Trabajo como los lugartenientes políticos de ese capital financiero global, a cambio de negociados locales y regionales, como ya hemos visto en el conjunto de los artículos anteriores.

Es este el fundamento de lo que aparece en la superficie bajo la palabra “corrupción”. El proceso –más simple o más complejo− mediante el cual el gran capital se apropia del conjunto de las riquezas creadas por las manos y mentes trabajadoras. Esa es su razón de ser. No pueden no ser corruptos. Son la corrupción. Pues en la expropiación de los pueblos está la raíz de su subsistencia en tanto clase. Lo que el desarrollo de la crisis hace es desocultar más y más este mecanismo, al cortarse la posibilidad de distribuir entre sectores más pequeños del capital los resultados de la expropiación. Por más que el mono se vista de seda…

Legislativas y la “frazada corta”

Con el armado para las PASO y las elecciones legislativas pisando los talones, todas las fuerzas políticas se convulsionan. Al inicio de mes, el Consejo Nacional de PRO decidía que no haría elecciones internas para elegir los candidatos de Cambiemos para agosto, sino que llegarían en listas únicas (LN 1/6).

Con lo cual, las quejas de los aliados no se hicieron esperar. La centenaria UCR reclamaba que los dejaban marginados del armado de las listas (LN 4/6). El partido de Alem se juega el 63% de sus escaños, esto es, 24 de sus 38 diputados nacionales. A lo cual la dirección de Propuesta Republicana (PRO) se preguntaba de qué se quejaban, si ellos les ofrecen encabezar las boletas nacionales en 13 de los 24 distritos. Es decir, reponer un poco más de la mitad de la bancada que ostentaba, para que las otras pasen a manos de dirigentes sin peso territorial pero orgánicos al macrismo. El PRO pretende armarse sobre el cadáver cercenado del radicalismo, el cual, agonizante, resiste.

En Santa Fe gobiernan el socialismo y la UCR en una sociedad que lleva 10 años. El PRO, junto al sector del radicalismo que conduce el presidente de la UCR, José Manuel Corral, apunta a romper ese frente que derrotó al PJ en 2007, para formar Cambiemos y desplazar al PS de la gobernación. En Córdoba, el PRO impuso al ex árbitro de Futbol Héctor “la coneja” Baldassi como cabeza de lista y desplazó al radical Diego Mestre, hermano del intendente de la capital Ramón Mestre, el jefe del radicalismo provincial. Horacio Rodríguez Larreta y Elisa Carrió borraron de un plumazo a Martín Lousteau, cerrándole la puerta de Cambiemos en la cara, el cual era apoyado por la institucionalidad de la UCR. En Provincia de Buenos Aires, el diputado Ricardo Alfonsín reclamó que se habiliten las primarias abiertas simultáneas y obligatorias, pero ante la negativa de María Eugenia Vidal se autoexcluyó de las listas. La preocupación principal es que la brecha entre el PRO y la UCR se expanda a partir de octubre (P12 6/6).

Como nos tiene acostumbrados, el diario de los Mitre daba en el clavo. Así se expresaba en una nota editorial: “Sonará a frase trillada, pero la frazada es corta y los tres socios −Pro, UCR y Coalición Cívica− exhiben ambiciones legítimas de acrecentar sus respectivos rebaños legislativos” (LN 2/6). ¿Qué significa esto?

El partido centenario de Alem va hacia un proceso de fagocitación lenta por parte de PRO. A pesar de que la UCR sea el que presta el armado territorial a nivel nacional –pues cuenta con un arraigo de larga data−, no puede imponer la toma de decisiones en la coalición política que integra, ya que la base social que representa y su programa objetivamente no tienen futuro en sí mismos, ante el proceso de concentración y centralización económica que venimos analizando en los demás artículos del Análisis… La raíz de la crisis de los partidos políticos se encuentra en el grado de concentración que ha alcanzado la economía a escala global y nacional. Por lo cual, no es sólo la UCR la que es fagocitada, sino todo el sistema de partidos políticos que quiera “pararse” en el medio de los monopolios y los explotados y creer que desde ahí puede constituir fuerza social.

Un ejemplo más de ello es la dificultad que vienen enfrentado el Frente Renovador de Sergio Massa y el GEN de Margarita Stolbizer para entusiasmar a la población con su propuesta de la “Ancha avenida del medio”, una combinación de propuestas como el control de las importaciones para sostener a parte del empresariado mercado-internista y el control de precios en favor de un sector de los asalariados, por un lado, con la mano dura represiva contra todo lo que “descarta” el sistema, por otro.

Mientras tanto, las PASO se empezaron a vivir por adelantado con las elecciones a intendente de la capital de Corrientes, más las elecciones de diputados provinciales en La Rioja y Chaco. En Corrientes, la alianza ECO-Cambiemos entre radicales y PRO −que postuló al radical Tassano de la mano del Gobernador Radical Ricardo Colombi− se impuso por 52% contra 44% de los votos del actual intendente peronista Fabian Rios.

En las elecciones legislativas provinciales en La Rioja, el Partido Justicialista se hacía con el 23% de los votos. En tanto, el segundo lugar se lo disputaban Encuentro por La Rioja, tambien peronista, con el 18%, y Cambiemos, con el 18%. Es decir, entre las fuerzas que representan al peronismo reunían más del 41% de los votos contra los 18% de Cambiemos. En Chaco, el oficialismo provincial del Gobernador Domingo Peppo y el intendente de Resistencia Jorge Capitanich se impuso a Cambiemos por 47% contra 35%. Con este panorama, La Nación, a través de la pluma de Morales Solá, analizaba: “El resultado es confuso. (…) El peronismo no está muerto, aunque ninguno de los peronismos que ganó expresa ahora al Kirchnerismo” (LN 5 y 6/6).

NI lento ni perezoso, Morales Solá quiere correr el foco de que Cambiemos recibió 2 derrotas en las elecciones a escala de diputados provinciales y separar al peronismo del kirchnerismo, enmascarando que Chaco es una de las provincias donde el kirchnerismo tuvo uno de los mayores márgenes de apoyo en elecciones nacionales, siendo su gobernador e intendente de capital afines a CFK. Sobre la construcción ideológica de la oligarquía de separar peronismo de kirchnerismo y contraponerlos como contradictorios hablaremos más adelante.

Renuncia de Malcorra, y van…

En todo este concierto, se continuaban acumulando renuncias en Cambiemos. Ante la presentación de la renuncia de la canciller Susana Malcorra, Macri indicaba: “Nuestra canciller nos abandona, no al equipo, pero sí como canciller. Por temas estrictamente personales va a dejar de ejercer este rol tan importante” (LN 30/5).

Las diferencias al interior del gabinete sobre temas cruciales siguen saliendo a la luz. Marcorra es remplazada por Jorge Faurie, diplomático de carrera vinculado históricamente a la dictadura del 76. En propias palabras de la Tribuna de Doctrina, “responde sin dudar al jefe de Gabinete” Marcos Peña (LN 30/5). Y al día siguiente, el matutino oligárquico salía, a través de una editorial, a definir un poco mejor qué es lo que entendía por “temas estrictamente personales”: “La canciller saliente tuvo una actitud más bien contemporizadora al comienzo −diríase incluso condescendiente− (…) para con las violaciones de los derechos humanos por parte del autoritario régimen de Nicolás Maduro” (LN 31/5).

Pasado el duelo, y mientras Macri pedía transformar la Cancillería en una gestoría de negocios (LN 17/6), Malcorra daba las verdaderas razones de su renuncia. Por un lado, declaraba que tenía “diferencias” con el presidente y muchos miembros del Gabinete porque tenían una visión “muy, muy dura” sobre la situación en Venezuela, mientras que la postura de ella era “escalar la presión de manera gradual”. Sobre el uso de la cláusula democrática para expulsar a Venezuela del Mercosur dijo que “no estaba bien el uso” y que, sin embargo, la primera línea del Gobierno insistió con esa posibilidad en el bloque regional, refiriéndose a Marcos Peña y compañía (P12 16/6).

Así, la renuncia de Susana Malcorra se suma a las de Martin Lousteau a la embajada de Estados Unidos, la de Isela Constantini a Aerolíneas Argentinas y la de Alfonso Prat Gay al Ministerio de Hacienda y Finanzas.

Las palabras de Susana Malcorra dejan ver claro cuál es el punto de ruptura con los cuadros anteriormente nombrados. Claramente, ninguno de ellos se ha convertido en revolucionario ni nada por el estilo… sino que la fracción del capital financiero que representa el PRO y el desenvolvimiento de su plan económico requieren cuadros muchos más subordinados a su núcleo duro, que no tengan ningún grado de autonomía o que puedan responder a sectores económicos y políticos que no sean los que conducen la “mesa chica” del PRO. Es decir, están redefiniendo el marco del acuerdo al interior del conjunto de las fuerzas políticas que “llegaron” al ejecutivo en 2015, en representación de diferentes fracciones del capital, y todo pareciera que están “echando del barco” a unos cuantos actores.

Como vimos en el artículo 5, la famosa “frazada corta” es que no hay lugar para todos en este proyecto, ya no sólo para los sectores populares, sino que quedan “destapadas” fracciones gigantes de Gran Burguesía “nacional”. La necesidad del capital inclina la balanza por terminar con el “gradualismo” e ir insertando una línea más dura, tanto en cuestiones económicas cuanto en políticas, hacia adentro y hacia afuera del país.

Injustos por naturaleza

Al igual que el mes anterior, la ofensiva del Gobierno sobre el Poder Judicial continuó y se desarrolló a una escala superior. El Colegio de Abogados de la Capital Federal realizaba el encuentro “Diálogos para la Argentina, Transparencia y Desarrollo”, organizado en la Bolsa de Comercio; para que María Eugenia Vidal lanzase: “Necesitamos jueces con el mismo compromiso y valores para que, cuando nosotros enfrentamos la corrupción haya una respuesta del Poder Judicial” (CL 1/6). Por si la gobernadora había sido muy general en su planteo, Mauricio Macri aclaraba: “Si el señor De Vido (…) tiene demasiados amigos en la Justicia Federal, los miembros de la justicia federal tienen que saber que (…) los argentinos queremos saber la verdad, así que más vale que nos representen. Si no, vamos a buscar otros jueces que nos representen” (LN 1/6). Así, la envestida contra el Poder Judicial en general, y en particular contra los jueces federales, quedaba exhibida en su completitud. La funcionalidad que el Poder Judicial siempre tuvo con la oligarquía vacuna, dando la espalda al conjunto del pueblo −a pesar de su tan mentada “independencia y parcialidad”− ahora es usada como ariete contra ella misma. La necesidad del Gran Capital de controlar la justicia de cabo a rabo sale a la luz por completo.

Entre tanto, la disputa por el control de Consejo de la Magistratura seguía su derrotero. Héctor Recalde denunciaba: “El Gobierno está buscando tener un poder hegemónico en la Justicia”, mientras el bloque del FPV en diputados denunciaba que el fallo judicial para desplazar al senador Ruperto Godoy del Consejo de la Magistratura por no ser abogado formaba parte de una maniobra del oficialismo para remover al camarista federal Eduardo Freiler (LN 25/5). Con la maniobra del macrismo estancada, el oficialismo perdió la posibilidad de iniciar el juicio político al juez que maneja las causas contra CFK por Hotesur y remplazarlo por alguien del riñón de Cambiemos.

Pero la necesidad de la oligarquía de avanzar en su plan de reorganizar la justicia acorde al nuevo nivel de concentración y centralización del capital aceleró también durante todo el mes las reuniones entre la UIA, la AEA y el Gobierno para coordinar la ofensiva contra la justicia laboral. Con este telón de fondo, los actores corporativos del gran capital “nacional” salieron a plantar bandera sobre el tema. El vicepresidente de la UIA y presidente de la COPAL (Industrias Alimenticias), Daniel Funes de Rioja, denunciaba: “La mafia de los juicios laborales destruye la generación de empleo futuro. (…) El sistema de juicios laborales es perverso y frena la llegada de inversiones extranjeras al país” (Cl 13/6). Por si las palabras del Pope de las Alimenticias no era Claro, el presidente Mauricio Macri se expedía: “Hay que enfrentar la mafia de los juicios laborales y terminarla, porque destruye la generación de empleo futuro. (…) Cuando alguno de los estudios laboralistas convence a un pibe, de una pyme, de que tiene que hacer ese juicio, dejan a siete, ocho, diez o doce trabajadores en la calle, porque la pyme cierra”. Para que la persecución contra los laboralista pueda ser más clara, Macri ponía nombre y apellido al tema: “Existe un grupo de estudios con un grupo de jueces laboralistas, conducido por Recalde, que convencen a los trabajadores de impulsar demandas que terminan en el cierre de pymes” (LN 13/6).

Ni lentos ni perezosos, la renovada cúpula de la UIA, con su presidente Miguel Acevedo, de la empresa “PRO-dictadura”, Aceitera General Deheza, apuntalaba las palabras de Macri: “Estamos totalmente de acuerdo con los dichos del Presidente del otro día, porque esto aumenta terriblemente los costos” (LN 16/6). Es decir, según los popes de la gran burguesía argentina, por culpa de los juicios laborales, por un lado, no llegan las inversiones; por otro, no se generan más puestos de trabajo y los que hay se deben mantener en “negro”. ¿No sería una necesidad propia del capital abaratar la fuerza de trabajo, y el argumento de los juicios laborales una excusa para llevar adelante mayores niveles de flexibilización y depreciación de la fuerza de trabajo?

El diario de los Mitre, a través de un editorial, mostraba en carne viva a dónde necesitan llegar: “Es necesario que se entienda que la generación de empleos de calidad, junto a la reducción de los niveles de informalidad y de litigiosidad, deberán empezar por la búsqueda de un amplio consenso en torno de una política que flexibilice las condiciones de contratación, acompañada de una fuerte disminución de los impuestos al trabajo” (LN 14/6). Las crudas razones de la avanzada contra la justicia laboral salen a la vista. La reformulación de la instancia laboral del Poder Judicial, de pies a cabeza, es condición sine qua non para “flexibilizar las condiciones de contratación” y “la disminución de los impuestos al trabajo” que necesita la oligarquía. Esa justicia laboral, heredada de la época del primer peronismo −donde los trabajadores a través de sus organizaciones sindicales, lograron construir una pequeña “trinchera” dentro de este oligárquico poder, ganando lugares para abogados provenientes de las filas sindicales o cercanos a ellas−, es la que debe ser barrida por completo, con la reorganización del aparato judicial en su conjunto.

Pero las fracciones de la pequeña burguesía que no entran en el proyecto de Cambiemos salían a despegarse del tema y a aclarar tantos. El presidente de Apyme –una de las representaciones de los pequeños y medianos empresarios−, Eduardo Fernández, decía: “La situación socioeconómica determina que las pymes han cerrado o están en dificultades; no es justamente por un juicio laboral. (…) El mayor perjuicio lo genera no poder pagar las tarifas, una baja en las ventas producto del ingreso de importaciones y una retracción del mercado interno con concentración económica” (P12 14/6).

Luis Raffaghelli, presidente de Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo (ANJUT), lanzaba un documento: “Advertimos con gran preocupación la generalización de esta práctica de denunciar a los jueces y juezas por el contenido de sus sentencias, y alertamos sobre su inusitada gravedad institucional, dado que atenta contra la independencia del Poder Judicial” (CL 12/6). Si bien nunca este fue “autónomo o independiente” −pues como ya vimos, es la constitución de la oligarquía como clase nacional la que armó la superestructura jurídica−, el nivel de concentración económica de hoy acota la supuesta “libertad” que tenía cada una de las fracciones oligárquicas regionales que componen la justicia a través de los jueces federales.

El propio Héctor Recalde salía al cruce: “¿Cómo el Presidente va a decir que necesitan jueces que los representen? (…) Buscan jueces que los representen, que representen al neoliberalismo. (…) Busca atemorizar para disciplinar a los jueces laborales. (…) Es un empresario en la Presidencia. (…) Esto se parece más a un autoritarismo que a un gobierno republicano” (P12 14/6). Con argumentos rudimentarios pero claros, Recalde arrimaba ideas al quid de la cuestión que venimos analizando.

Como vinimos siguiendo a lo largo del apartado, el programa de Cambiemos −con el eje puesto en el “Costo Argentino”− requiere de una ofensiva en toda la línea contra el Poder Judicial, para que sea absolutamente orgánico a su estrategia. Esa estrategia choca, por un lado, con los jueces federales que no se le subordinan (“no enfrentan la corrupción”), amenazando con “buscar otros jueces”. Por otro, con el fuero laboral de la justicia, que debe ser desbaratado por completo para actuar acorde a las medidas económicas de flexibilización y desregulación. A su vez, golpea sobre el corporativismo que caracteriza a este poder, del cual la oligarquía fue su histórico beneficiario.

La construcción ideológica que hace el macrismo es “para alquilar balcones”. Reformulando lo que decíamos el mes pasado, ¿cómo puede ser que la pelea al interior de la clase dominante adopte hoy la forma de una “facción política” enfrentada de modo radical con una “facción judicial” de la misma clase? Otra vez vuelve a aparecer la “frazada corta” de la que nos hablaba Joaquín Morales Solá. El proceso de concentración y centralización económica −que venimos siguiendo minuciosamente en su expresión nacional en el artículo 5− es el que no permite que el conjunto de los grupos sociales que conforman la sociedad argentina siga entrando en la reproducción social, como lo venía haciendo hasta ahora. Y luego de dejar fuera de juego a los sectores obreros y populares, le llega la hora a numerosos sectores de la propia clase dominante.

La constitución de la oligarquía como clase nacional exigió en su momento el amalgamamiento de sus intereses regionales −expresados en el armado de las instituciones estatales. El proceso de desmantelamiento del Estado-nación como el que venimos viendo, producto de la lógica misma del capital, objetivamente rompe esos acuerdos constituidos hace más de 100 años. Esto se expresa hoy, entre otras cosas, en el desmantelamiento de la justicia federal tal cual la conocemos, para intentar reorganizarla a “imagen y semejanza” de la una nueva etapa expropiatoria que precisa el capital. Con lo cual, si reconocemos el carácter objetivo del proceso, ¿cómo el máximo dirigente político del cipayismo, sentado en el sillón de Rivadavia, no va a decir que necesita jueces que lo representen? Puede que sus expresiones provoquen repulsión, pero no podríamos negar la sinceridad de sus palabras al mostrar tan claramente sus intereses. ¿No será que al doctor Recalde le cuesta asumir a qué nos estamos enfrentando?

Terror Oligárquico en marcha

No obstante, los comentarios de Recalde (“esto se parece mas a un autoritarismo que a una republica”), resultaban justos para lo que acontece en la vida social de nuestra patria. Es decir, denunciaban el carácter antidemocrático de la oligarquía, cada vez que van saliendo más a la luz las medidas represivas que debe tomar. El matutino Pagina 12 denunciaba al respecto: “La Dirección de Captación de Comunicaciones (Dicom) pasaría a funcionar como agencia de inteligencia. Desde el ejecutivo se le daría acceso a distintas bases de datos del Estado” (P12 28/5). Por si esto fuera poco, La Nación se explayaba sobre el tema: “El Gobierno confeccionará una gigantesca base de datos en la que constarán en detalle el perfil, el salario, la afiliación gremial y el compromiso con el trabajo de cada uno de los empleados del sector público nacional, que reúne a 740.000 empleados. (…) Tienen el potencial de alcanzar a unos cuatro millones de trabajadores” (LN 30/5). Desde la jefatura de Cambiemos se va preparando la información necesaria para intensificar la represión.

En la misma línea que sus jefes, las fuerzas de seguridad seguían amedrentando a los sectores populares y juveniles. Así, la Prefectura ingresaba a la Universidad de Mar del Plata (UnMdP) a “patrullar”. Cuando los efectivos fueron anoticiados sobre la prohibición de ingresar a una institución universitaria nacional por el artículo 31 de la Ley de Educación Superior, los prefectos no sólo se negaron a abandonar el predio sino que comenzaron a amedrentar y exigir documentos de identidad del personal universitario. La prefectura volvía a dar la nota, pero esta vez por el barrio de Barracas, en la Villa Zabaleta, Capital Federal. Allí, un grupo de prefectos se hicieron presentes para requisar violentamente a dos jóvenes que “por casualidad” eran hermanos de Kevin Molina, un niño de 9 años asesinado en 2013 en un tiroteo protagonizado por dicha fuerza. La familia había denunciado la relación de la prefectura con bandas locales, por el negocio de liberación de zonas para delinquir. En una de esas zonas liberadas, se produjo un tiroteo donde fue asesinada la criatura. Ante la aparición de un grupo de vecinos para increpar a los prefectos, los mismos empuñaron sus armas de fuego para dispersar a la gente (P12 20/6).

A esto, se sumaban dos hechos de “inseguridad” que fueron icónicos este mes. Por un lado, la noche del 10 de junio, en la localidad de Lomas de Zamora, se producía un delito en el cual un trabajador de seguridad privada, que salía de su vivienda a las 22 horas con su criatura de 3 años a comprar una pizza, era abordado por un adolecente de 16 para robarle. Al retirarse e identificar el pantalón del adulto como el de alguna fuerza de seguridad, le efectuaba un disparo, impactando sobre la criatura de 3 años, con el deceso inmediato del menor (LN 11/6). Como si la tragedia hubiera sido poca, al día posterior, en la misma localidad, se producía el secuestro de un matrimonio. La comunicación inoperante entre la comisaría 6ta de Lomas y la Unidad Antisecuestro de la Policía Bonaerense daba como resultado que los efectivos de la comisaria desarrollen una persecución a alta velocidad del auto en el cual los delincuentes mantenían secuestrada a la pareja, provocando un choque en el cual fallece el matrimonio completo más un delincuente (P12 12/6). La noche siguiente se produjo una movilización de vecinos en la zona de Temperley a la comisaría de la zona. En el tumulto, algunos ingresaron al edificio y se trenzaron a golpes de puño con el personal de guardia, exigiendo ver al comisario. Mientras los efectivos bonaerenses trataban de desalojar a los vecinos del establecimiento, el comisario mayor Javier Villar les gritaba: “Vayan a hacer política a otra parte” (InfoBae 13/6).

Con estos hechos como marco, el secretario de Seguridad Interior Nacional, Gerardo Milman, decía: “El Congreso nacional está en ‘deuda’ en la discusión de un ‘régimen penal juvenil’ para evitar que permanezcan como inimputables los jóvenes de 16 o 17 años”. Y argumentaba: “La evolución de la humanidad respecto a los procesos infantiles y adolescentes demuestra que hoy los jóvenes son mucho más adultos” (LN 11/6). Siguiendo la línea de pensamiento del secretario, la juventud “evoluciona” hacia la delincuencia, por lo cual la salida al problema es la baja a la edad de imputabilidad. No sería el problema de la delincuencia juvenil la consecuencia lógica de un modelo de país que deja fuera de la reproducción a cada vez más sectores de la sociedad, modelo que a su vez “reutiliza” la misma delincuencia como excusa para aplicar medidas represivas en toda la línea. La aplicación de la teoría de la evolución da para todo. El viejo Darwin rasguña las piedras para salir de la tumba…

Y por si lo dicho no resulta suficiente, la Secretaria de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos daba a conocer un informe que planteaba lo siguiente: “De diciembre 2016 a abril 2017 se duplican las detenciones por ‘resistencia a la autoridad’. Siendo muchas veces ese cargo una excusa por las fuerzas de seguridad para armarle una causa a la persona demorada y aplicarle miedo ante la posibilidad de quedar detenido por averiguación de antecedentes. El informe continúa denunciando que ‘la actuación policial está potenciada por la decisión política (…) pero hay algo nuevo que es la reacción social, las mayorías no legitiman a la policía. Cada vez que se detiene a alguien la policía es repudiada, la policía se ve desbordada por los vecinos’” (P12 19/6). Como venimos siguiendo, en los últimos meses queda más palpable que el desenvolvimiento del plan de Cambiemos requiere una política represiva de envergadura, el correlato del siglo XXI de la dictadura cívico-militar de los 70. Es decir, necesitan aplicar Terror en la población para que “acepte” el plan económico sin chistar. Pero como bien dice el informe, amplios sectores de la sociedad −incluso algunos que por su componente económico y cultural podrían estar más vinculados al macrismo−, empiezan a rechazar estas políticas, llegando incluso a ocurrir actos de confrontación directa con las fuerzas de seguridad. A pesar del accionar de los medios de comunicación monopólicos −donde se trata de simplificar y manipular las causas reales e históricas del problema de la delincuencia, y utilizándola como excusa para aplicar la política represiva que necesita el gran capital en función de sus necesidades−, gigantescas porciones de la población repudian hasta el hartazgo a las fuerzas públicas y privadas de seguridad y su accionar. No nos cansamos de repetirlo, las heridas del 2001 siguen abiertas y más vivas que nunca.

Quitando ladrillos de la casa propia

Como hecho trascendente, este mes el Macrismo intentó avanzar sobre el sistema nacional de pensiones. Desde diciembre del 2015 a la actualidad, se dieron de baja más de 170 mil pensiones, de las cuales, sólo en los últimos meses, fueron anuladas 70 mil, a través del endurecimiento de las condiciones para acceder al beneficio (P12 14/6). El titular de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales (CNPA), Guillermo Badino, explicaba la posición del gobierno: “Dimos de baja pensiones a personas que no son inválidos totales y permanentes, sino que tienen cierto grado de discapacidad. Una persona con síndrome de down no es sujeto de derecho de esta pensión”. Claramente, como los números no cierran, hay que “ajustar” por cualquier lado. Los recursos de amparo no tardaron en llegar desde los propios damnificados, ONGs y agrupamientos de personas con alguna discapacidad, al Poder Judicial, más una convocatoria a manifestarse en el Obelisco (CL 15/6). Otra vez, el macrismo empantanado por sus propias acciones, con una justicia que no termina de ser orgánica al nivel que necesita y con el rechazo de grandes sectores de la sociedad, trataba de replegar de la manera más ordenada posible.

Con la suspensión de las medidas de recorte de pensiones, la marcha atrás sobre la ley del 2x1, la ley de emergencia social propuesta por los movimientos sociales, se ha dado base a una idea que hace unos meses está sobrevolando. La idea de que el movimiento nacional está “pudiendo frenar” el avance del macrismo. Lo que interesa destacar aquí es que la suspensión momentánea de esta medidas –como los intentos de ajuste macrista que se “frenaron” vía protestas y movilización popular− no resuelve las contradicciones que se presentan y agudizan cada día más, sino que a lo sumo logra “patear la pelota para adelante”, acumulando mayor nivel de contradicciones y empujando a un “estallido” de las mismas en un nivel más desarrollado.

Con una conflictividad en ascenso e indicadores sociales cada vez más paupérrimos, ya el mes pasado la Iglesia argentina había salido a jugar en el debate sobre la ley del 2x1, la “grieta” y la “reconciliación”. Este mes −con el fondo de la tan mentada “Expo Empleo Joven” que realizó la oligarquía en el predio de la Sociedad Rural, mostrando a miles de pibes tratando de conseguir un laburo, para llevarse solamente un par de volantes y una gran desilusión−, se divulgaba un informe de UNICEF sobre la pobreza: “Hay 5,6 millones de chicos en la pobreza, de los que 1,3 millones sufren directamente hambre. (…) Un tercio (29,7%) de la población general argentina está en la pobreza” (LN 8/6). Con este panorama social, la cúpula de la Iglesia volvía a ser caja de resonancia de las dificultades que tiene la oligarquía para sostener el statu quo. En el Tedeum por el 25 de mayo, el arzobispo de Buenos Aires, cardenal Mario Poli, decía: “No hay motivo para hacer fiesta patria cuando buena parte de nuestro pueblo no se siente invitado. [Esa parte] no posee igualdad de oportunidades y carece de lo necesario para una vida digna. (…)  La inequidad genera violencias. (…) Es un dato de la realidad” (LN 26/5). Pasando de promocionar la ley del 2x1 a criticarla, y ahora a advertir que la violencia tiene sus causas en la desigualdad creciente, la cúpula eclesiástica siempre pone un huevo en todas las canastas, tratando de asegurarse su supervivencia en un futuro incierto.

Ahora bien, siguiendo la línea de razonamiento de Poli. Si la inequidad genera violencia, para que no haya violencia no tendría que haber inequidad. Por lo que cabría preguntarle al prelado, ¿qué es lo que genera la inequidad? Pues la mentada “inequidad” es la expresión en el plano social de un modelo que sólo puede reproducir al 10% de la población, ofreciéndole al restante 90% una carnicería social: desde droga y delincuencia, a consumismo y frivolidad, con todos sus matices y degradés intermedios. Por lo cual, la cabeza de la Iglesia argentina, cada vez más, se ve en la disyuntiva entre sostener un statu quo que deja a todo el mundo afuera o apoyar un futuro de cambio pero incierto para sí.

¡Malditos argentinos!

Con todo este panorama, La Tribuna de Doctrina oligárquica publicaba algunos datos con los que intentaba explicar por qué no “enamoran” las políticas neoliberales en nuestro país. La consultora Quiddity describía que la confianza hacia el sector empresario es de 41% en la Argentina; a diferencia del 52% en Brasil, 58% en México y 62% en Colombia. A su vez, se indicaba que en nuestro país sólo un 23% siente cercanas a las multinacionales. Por último, frente a la pregunta de si es mejor un país con mayor cantidad de empresas privadas o mayor cantidad de empresas del Estado, en la Argentina el resultado era: 41% del Estado, 36% privadas y 23% no sabe (LN 11/6).

Con lo que el rechazo hacia la situación actual toma forma como un problema de larga data y más extendido de lo que los cipayos creían. Por alguna razón, “los argentinos” no confía en los empresarios, en especial en las multinacionales; y a pesar de todas las campañas de desprestigio y desguazamiento que sufrieron las empresas del Estado, sigue siendo mayoritaria la idea de que “lo público” hace a un país mejor.

Con la brújula averiada ante la cruda realidad, la oligarquía sigue tratando de encontrar explicación racional a estos datos. Para lo cual, Aldo Abram, director de la Fundación Libertad y Progreso, ensaya una respuesta: “Desde la época del primer peronismo, hay una percepción muy negativa del empresariado. No hay que olvidar que en la marcha peronista se canta «combatiendo al capital». (…) La predilección por la intervención del Estado tiene que ver con que los argentinos son por naturaleza caudillistas y creen en líderes mesiánicos que van a resolver los problemas. (…) Vemos al Estado como un papá, y tendemos a delegarle responsabilidades que no le son propias. Es muy inmaduro por parte de la sociedad” (LN 11/6). Como se dijo alguna vez, a la oligarquía le llegó el parte de defunción pero no quiere darse por enterada. Los datos de las encuestas reflejan simplemente la acumulación histórica de experiencia que ha hecho el pueblo argentino a lo largo de décadas de sufrimiento y lucha; y mal que les pesa a La Nacion y compañía, el pueblo identifica cada vez más claramente los fundamentos de sus males.

Con semejante panorama, La Nación arremetía tanto a sus camaradas empresarios como a sus lugartenientes en el Gobierno. Por un lado, a los empresarios que fueron allegados al kirchnerismo, les dedicaba un editorial: “Resultaría, sin embargo, igualmente saludable un hondo examen de conciencia por parte de sectores empresariales que durante demasiado tiempo, en lugar de rebelarse frente a la fuerte injerencia estatal en la economía, (…) buscaron sacar provecho de esa situación cediendo, (…) alimentando a funcionarios todopoderosos (…) en lugar de servir al bien común” (LN 20/6). Por otro, al Ejecutivo de turno, le recordaban en otra editorial –bajo el sugestivo título de “Gobernar sin complejos”−  a qué clase pertenecen y qué interés deben defender: “La práctica de la política en democracia se enfrenta a un dilema: o bien decir y hacer lo que beneficie al país y al conjunto social, o bien dejar eso de lado y actuar según lo que convenga electoralmente (…) Suele adjudicarse la culpa al ‘capital concentrado interno y externo’ o a los ‘formadores de precios’. (…) Procederes que muestran una suerte de autocensura originada en el complejo de no parecer un gobierno de derecha o, en algunas ocasiones, elitista. (…) Es la percepción de un intento equivocado de evitar ser considerado elitista o, tal vez, de construir algún puente con sectores populares o juveniles, sin darse cuenta de que éstos son los primeros en advertir la falta de autenticidad (…). El liderazgo que lo permita no se construirá con actitudes acomplejadas ni mimetizaciones ideológicas o costumbristas carentes de autenticidad” (LN 10/6).

Con el 2001 a flor de piel, la conciencia de las masas tiene marcado a fuego lo vivido en los 90 con las políticas neoliberales de libre mercado, teoría del “derrame”, flexibilización laboral, corralito, corralón, represión, muerte y mil penurias más que le tocó vivir. Esa experiencia es la que se expresa en las encuestas de opinión pública. El rechazo abrumador al empresariado, en especial a las multinacionales, y la preferencia de “lo público” sobre “lo privado” es la “barrera conceptual” con la cual choca el armado ideológico de la oligarquía. Como bien nombra Abram, ese choque tiene un pasado en el peronismo y en el “caudillismo”; siendo estas las formas orgánicas en las cuales se expresó, por estas latitudes, la lucha y resistencia de los pueblos del Plata al avance del imperialismo. Resistencia encarnada, primero, en los caudillos federales −con el brigadier Don Juan Manuel de Rozas a la cabeza− y, casi 100 años después, continuada por el general Perón y el Movimiento Peronista naciente el 17 de octubre de 1945. Es decir que, aunque no le guste a Abram y sus amigos, este pueblo tiene historia de donde pararse. Es ese papel histórico que el pueblo comienza a retomar −en un contexto de crisis estructural para la oligarquía, donde su naturaleza parasitaria sale a la luz de la manera más descarnada, donde el grado de concentración económica hace explotar por los aires la superestructura que supo construir, y donde sólo puede incorporar a su proyecto a menos del 10% de la población− la que le quita el sueño y hace temblar de espanto a la oligarquía. Por esto, sin dudarlo, los cuadros más lucidos de La Nación llaman la atención a Cambiemos sobre sus “complejos”, es decir, su actitud de negar “su procedencia de clase”. Pues los números ya sentenciaron lo que piensa la mayoría del “inmaduro” pueblo argentino. Por lo tanto, hay que avanzar con el plan neoliberal “sin complejos”, aunque ello implique arrasar con gran parte de ese pueblo. Menuda tarea para la alianza Cambiemos, que asumió el duro intento de representar los intereses de la vieja oligarquía argentina en la convulsionada situación actual.

Y cada día más malditos…

Con la discusión por las PASO al rojo vivo, y el problema de la “unidad” sobre la mesa, el Partido Justicialista realizaba un encuentro de la “Comisión de Acción Política”, en la cual se terminaba de configurar el cuadro de situación. El diario de la Corneta informaba: “En la disputa dentro del PJ, la mayoría de los dirigentes empiezan a alinearse con CFK” (CL 31/5); y comenzaba a nombrar la larga fila de intendentes y demás funcionarios, que, algunos por convicción y otros por buscar un lugar bajo el sol, se encolumnan detrás de la candidatura de la ex presidenta. La Nación agregaba: “En clara mayoría, el kirchnerismo insistió en que la interna debe resolverse con una lista de unidad liderada por Cristina Kirchner y quienes respaldan a Florencio Randazzo ratificaron que la salida del laberinto está en las PASO” (LN 1/6). Esta contradicción se profundizaría con el correr de los días.

Ni lento ni perezoso, nuevamente Joaquín Morales Solá ponía sal en las heridas: “Las reglas del juego las impuso Cristina cuando era presidenta y promovió la ley de internas abiertas y obligatorias. (…) Ahora no quiere saber nada con las disposiciones de esa ley” (LN 14/6). Recordemos que la misma fue promovida como un intento del kirchnerismo por intentar volver a politizar a la sociedad luego de la dictadura cívico-militar y la debacle de los 80 y 90, haciendo que todo el electorado –y no sólo los afiliados a los partidos− elija a los candidatos que cada fuerza llevará a la confrontación electoral final. Es decir que, en esta búsqueda, lo que se hizo fue “emparchar” un sistema de partidos políticos que ya volaba por los aires, luego de la eclosión del año 2001. (En las legislativas de ese mismo 2001 hubo 25% de abstencionismo, 10% de votos en blancos y 13% de votos nulos; es decir que un 48% de compatriotas rechazaba toda la superestructura que nos había llevado hasta allí).

Agarrándose de ese mismo sistema de partidos en extinción, la oligarquía busca hoy desviar el foco de su plan expropiatorio y criminal para ponerlo en el vacío de la “legalidad” y la “renovación” de figuras políticas. Además de agitar, obviamente, las heridas no cerradas entre el peronismo y el kirchnerismo.

Al respecto, Cristina Fernandez daba una nota al canal C5N, donde expresaba: “Lo que es fundamental es construir de cara a la sociedad una propuesta en la que la gente vea que esos dirigentes van a defender sus intereses. (…) Existe una estrategia por parte de la derecha para provocar divisiones en los sectores de la oposición. (…) No voy a formar parte de ninguna estrategia que juegue a dividir” (P12 26/5).

Como ya hemos dicho el mes pasado, Cristina es acreedora del respeto popular por ser la que mejor y más a fondo define al enemigo, dentro de la concepción que plantea “reconstruir la burguesía nacional” y “hacer un capitalismo no salvaje”. En este caso, su análisis de cómo en un año y medio de gestión el macrismo borró de un plumazo numerosas conquistas −que el campo popular creía haber recuperado para siempre− derivaba en la necesidad de armar un frente con todos lo que este proceso deja afuera, y eso objetivamente excede el peronismo.

Y aquí es donde volvía a meter la cola el diablo, en la pluma del eterno Morales Solá, que descargaba munición gruesa: “El peronismo fue para Cristina sólo un oportunista instrumento electoral. Acaba de romper definitivamente con el movimiento que fundó Perón. (…) La instancia superadora se convirtió. (…) en un conglomerado de agrupaciones de izquierda (…). El resultado es una alianza con un discurso de izquierda antisistema y antidemocrático. (…) Es el discurso de los años 70, que denunciaba la ‘democracia formal’. (…) Es ella, no el PJ, la que tiene los votos. (…) Esa fragmentación del voto peronista coloca al macrismo en las puertas de una victoria bonaerense” (LN 18/6).

Nuevamente, la enajenación de la oligarquía nubla su mente y la hace pisar sobre su propio razonamiento. Ese proceso de vaciamiento del sistema de partidos políticos −del que hablamos en párrafos anteriores− se expresó crudamente en el peronismo. El mismo fue perdiendo sus raíces históricas anti-imperialistas, pro-estatistas y de liberación nacional y social que supo construir en base a la organización de los trabajadores, para −con la caída del Muro y de la Unión Soviética y el avance del imperialismo a nivel mundial a inicios de los 90− ser el aplicador del programa de Washington para nuestra patria. Ese vaciamiento ideológico del peronismo tiene su base en la derrota estratégica infundida al pueblo en los 70 con la dictadura cívico-militar, los 30 mil compañeros desaparecidos y la transformación de la estructura económica a imagen y semejanza de lo que necesitaba el capital financiero mundial; con el consecuente cambio en la composición de la clase trabajadora.

Al ver que las masas, de a poco, y con algunos dirigentes consecuentes a la cabeza, van recuperando esa experiencia histórica −la cual vimos expresarse más arriba en un rechazo al empresariado y una preferencia por lo estatal ante lo privado−, se enciende la alerta roja de las usinas de pensamiento oligárquico. Por esto, salen a fracturar la relación entre peronismo y kirchnerismo.

El peronismo fue la estrategia política que se dio el pueblo, con eje en la clase obrera, para luchar contra el imperialismo y sus aliados locales; en un momento histórico donde la estructura económica basada en la producción manufacturera hacía de este país un océano de obreros industriales sindicalizados. Pasada la noche negra de los 70, con la inserción del capital financiero internacional y el salto cualitativo que dio la producción hacia la Gran Industria, el grueso del componente social del peronismo −que era el obrero fabril− es roto desde la base económica misma, por el proceso de expulsión creciente de fuerza de trabajo y la fragmentación de la misma en grandes bloques divididos por su condición de trabajo (en blanco, en negro, desocupados, etc.), aun siendo todos parte de la clase trabajadora.

Es el desarrollo progresivo de la conciencia del pueblo sobre este proceso material, que va desde los 70 para acá, lo que da como resultado la reconfiguración del movimiento nacional expresado a partir del 2003 por el Kirchnerismo, que vuelve a dar al Peronismo su carácter histórico como movimiento de liberación nacional y social, actualizado a condiciones económicas e históricas que no son las mismas que las anteriores a los 70.

Por mucho que le pese a Morales Sola, y les quite el sueño a sus amigos oligárquicos −con su estratagema de levantar a Florencio Randazzo−, el “hecho maldito del país burgués” vuelve de a poco a retomar su línea histórica anti-oligárquica, anti-imperialista y “democrática-popular”, en tanto se pone sobre la mesa la imposibilidad de una democracia verdadera bajo el dominio del capital.

1 conflicto, 2 conflictos… miles de conflictos

Con la conflictividad obrera en ascenso, el intendente del partido cordobés de Brinkmann, Gustavo Tévez, confirmó el cierre de la planta lechera de SanCor en la zona, cuya producción estaba frenada desde hacía tres meses, y la pérdida de 120 puestos de trabajo (CR 20/5).

A su vez, con la paritaria metalúrgica estancada, la UOM llamó a paros de treinta minutos luego de cada hora de trabajo, con una bomba de tiempo en el polo industrial de Tierra del Fuego, que promete dejar sin trabajo a más de 13 mil personas en Rio Grande. También los despidos en el sector bancario se hacían sentir con el cierre de cinco sucursales del banco HSBC en Buenos Aires, San Luis y Entre Ríos, dejando 70 despidos.

Con este trasfondo, el conflicto docente volvió al ruedo. Con el Frente Gremial Docente exigiendo una resolución urgente de la paritaria y sumando quejas por los comedores escolares que habían sido amenazados de no recibir la cuota alimentaria los días de paro, los docentes convocaron a una huelga el miércoles 14 de junio. El Director general de Cultura y Educación, Alejandro Finocchiaro, acusaba: “La propuesta no fue analizada. Pidieron la devolución de los días de paro descontados; ellos ya sabían que eso estaba fuera de negociación. (…) El derecho constitucional de huelga consiste en una inasistencia justificada para la gente, pero no significa que hay que pagarle el sueldo” (LN 13/6). El discurso contra el derecho de huelga iba asomando lentamente. Por si su subordinado no había sido claro, la gobernadora Vidal salía a marcar la cancha: “Lamento que hoy hagan el paro 127 de los últimos diez años, porque toman de rehenes a los chicos. (…) No ayudaron a mejorar el salario ni la calidad de la escuela pública” (CR 15/6). Con más de 4 meses de conflicto, el enemigo sabe dónde golpear. La contraposición entre el interés general de la población y el interés particular de un sector de trabajadores por la lucha salarial es el caldo de cultivo por donde la oligarquía busca fracturar el frente nacional.

Casi a fin de mes, con el inicio del Consejo del Salario, la CGT salía a reclamar un salario mínimo de 15 mil pesos, lo que implica un reclamo de aumento del 87 por ciento para el piso salarial. Con lo ánimos caldeados, y sin continuidad de la lucha después del último paro general, algunos sectores empezaban a tensar de la cuerda para volver a retomar un plan de lucha. Pablo Moyano aseguraba que se está preparando una “gran movilización”: “Si la CGT no adhiere, muchos gremios vamos a acompañar esa protesta. (…) No podemos mirar para otro lado cuando siguen cerrando empresas, a las paritarias les pusieron un techo, la inflación no cede, el Impuesto a las Ganancias no lo modificaron y no hay un aumento de emergencia para los jubilados. (…) Tiene que haber una reacción. (…) Si Cambiemos llega a tener una victoria en octubre, se va a venir un ajuste brutal” (P12 17/6).

Es de resaltar cómo el sector que tiene acumulada la lucha del Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA) es uno de los primeros en tomar conciencia de la presión creciente de las bases obreras ante las políticas neoliberales impuestas. Hecho que hace crujir a todas las instituciones sindicales, empujándolas a ponerse a la cabeza de la pelea contra el modelo. Nótese cómo el Impuesto a las Ganancias −que era el primer reclamo ante el gobierno de CFK−, ahora es bajado a lugares inferiores, ante el avance sobre cada una de las conquistas históricas de la clase obrera.

El planteo es reaccionar frente al avance del capital más concentrado. Pero, tal como señalamos sobre los planteos de CFK, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se reacciona cuando después del paro general último, desde todos los niveles de macrismo dijeron que no piensan cambiar un ápice de su programa?

Azo Azo Azo… se viene el…

Junio presentó un conflicto de proporciones provinciales y de gran profundidad, como fue el librado en Córdoba por los choferes. El conflicto inició cuando la UTA Nacional (Unión Tranviaria Automotor), conducida por Roberto “el gallego” Fernández, firmó una paritaria por el 21% a pagar en tres tramos. La seccional cordobesa del gremio, la cual esta intervenida desde hace más de un año y medio, fue sobrepasada por múltiples sectores que reclamaban por la aplicación del convenio colectivo que poseen los choferes cordobeses, el cual fija una jornada más reducida tanto en días como en horas de trabajo y una cláusula que establece una suba salarial superior a la que se cierre en la paritaria nacional.

La recuperación de nuestra historia vuelve a aparecer, ya que ese convenio viene de larga data. Fue firmado por un dirigente histórico del movimiento obrero, Atilio Lopez (dirigente sindical peronista, organizador del Cordobazo, vicegobernador cordobés en la “primavera camporista”, asesinado por la triple A en el 74). Con el marco de una seccional intervenida y de poca representatividad, se lanza un conflicto encabezado por múltiples comisiones internas y cuerpos de delegados.

Pasados los días y con el conflicto en ascenso, el intendente radical de la ciudad de córdoba, Ramón Mestre, salía con los tapones de punta: “Han sumergido en el caos a Córdoba con violencia e ilegalidad. Algunos sugerían desde lo absurdo un «Cordobazo» (…). La extorsión y la violencia paralizan la ciudad”. A su vez, anunciaba un plan de emergencia que consistía en que unas 150 unidades saldrían desde la Escuela de Aviación militar con la custodia de 1200 efectivos de la policía provincial y 500 gendarmes (P12 12/6). Como ya dijimos, ante “nuevas recetas viejas”, todos retoman desde la experiencia histórica acumulada; tanto los trabajadores como la oligarquía.

César Pereyra, el delegado de los choferes de la Coniferal –la empresa de transporte ubano de la ciudad de Córdoba− decía que en la UTA nacional “no entienden que Córdoba es otra cosa, otro convenio, no es el de Buenos Aires. No pueden pasar por alto la historia: acá tenemos el convenio que selló el Negro Atilio López. Y mañana los gremios de la CGT Rodríguez Peña nos van a acompañar”. Así, el conflicto ya rebasaba el marco de un gremio e iba sumando al conjunto del movimiento obrero cordobés. Con el apoyo de algunos sindicatos de peso −como el de Luz y Fuerza, el de los maestros (Ctera), el Sindicato único de Recolección (Surrbac) y los municipales (SUOEM)−, más las dos vertientes de la CGT que conviven en Córdoba −una kirchnerista dirigida por los recolectores de Mauricio Saille y otra delasotista dirigida por el Municipal, Jose Pihen−, se convocaba a una movilización por el centro de la ciudad.

Con el conflicto en franca radicalización y expandiéndose a otros sectores, el carácter reaccionario de muchos sectores iba saliendo a la luz. Así, el intendente anunciaba que convocaría a una consulta popular para considerar “servicio esencial” el transporte y pedía a los legisladores nacionales y provinciales que “avancen en dictar herramientas legales que permitan garantizar” estos servicios. (LN 12/6). A los pocos días, la sesión para anular el derecho a huelga en determinados servicios ni siquiera obtuvo el quórum necesario para debatirse (P12 14/6). Debemos seguir de cerca los límites de una lucha reivindicativa parcial, tal como vimos en el caso de los docentes. Pues si esta no se enmarca en una pelea mayor del conjunto de los trabajadores, choca de frente contra gran parte de la sociedad, lo cual es utilizado por la oligarquía para azuzar contradicciones al interior del pueblo.

Para sorpresa de todos, cuando uno podría esperar el apoyo del sindicato nacional de la actividad, nuevamente el secretario General de la UTA, Roberto Fernández, decía: “De persistir los trabajadores en el incumplimiento del acatamiento de las directivas de nuestra entidad, quedarán fuera de la cobertura gremial” (LN  13/6). Como vimos desde el inicio del artículo, la crisis del capital y toda su superestructura no sólo hace tambalear a la oligarquía, sino a todas las instituciones que fueron surgiendo dentro de la estructura capitalista. Incluso los sindicatos, que −al enfrentarse a una nueva situación que no puede resolverse dentro de los marcos mismos del sistema y que requiere superar la lucha puramente reivindicativa− quedan en la disyuntiva entre seguir peleando por cuestiones meramente reivindicativas dentro del sistema o lanzarse a una tarea que no saben ni cómo hacerla ni a qué destino los llevará.

Después de más de 8 días de huelga, los delegados de los choferes en huelga anunciaban que volverían al trabajo pero no cobrarían el boleto a los pasajeros. Como parte del acuerdo, se anunciaba la reincorporación de los choferes despedidos –condición innegociable de los huelguistas– y el pago de las horas no trabajadas durante la última semana. Sobre el reclamo salarial que originó el conflicto, las partes acordaban “seguir discutiendo” (Pg12 13/6). Así, en la provincia donde el macrismo supo obtener una de las más amplias diferencias en las elecciones del 2015 con respecto al kirchnerismo (70%), la sangre no llegó aún al río y la versión del Cordobazo Siglo XXI se posponía, por un tiempo.

 

Epílogo

Como venimos analizando desde hace tiempo, el desenvolvimiento del plan de la oligarquía, con sus representantes políticos en el Gobierno, agudiza la crisis de toda la superestructura política, jurídica, cultural, etc. Esa crisis tiene bases materiales en el grado de concentración y centralización del capital, del cual la oligarquía financiera/terrateniente es la representación más descarnada dentro del país. Pero lo que interesa resaltar es que esa crisis de la estructura y la superestructura que venimos siguiendo cada vez va tocando más la conciencia y las formas organizativas que se dieron los trabajadores. Como bien saben los cuadros del cipayismo, la llegada al poder político fue gracias a una campaña de descrédito orquestada por sus usinas mediáticas, y por los límites propios del campo nacional y popular para afrontar la situación. Es decir, el enemigo construyó un ideario pero sobre la base de los límites de las ideas y prácticas que priman en el movimiento nacional.

El conflicto aparece así. Los “de abajo” protestan contra los “de arriba” porque estos no les resuelven los problemas; y los “de arriba” protestan contra los “de abajo” porque piden algo que ya no se puede resolver. Como analizamos en el apartado sobre CFK y la táctica de la oligarquía de dividir peronismo de kirchenrismo, el cambio en la estructura económica que sufrió el país con la dictadura cívico-militar de los 70 rompió la base material donde se sustentaban los grandes sindicatos por industria y la estrategia del “golpear y negociar”; o mejor dicho, la lucha reivindicativa-económica. Con la transformación de la economía, la expulsión a mansalva de trabajadores del proceso productivo y el cambio estructural que sufrió la clase trabajadora −al fracturarse en ocupados, desocupados, subocupados, registrados, no registrados, etc.− explotó por los aires la mera pelea por mejores sueldos y condiciones de trabajo. Es decir, la concepción de que el mundo gira solamente alrededor de la lucha sindical reivindicativa. Al parecer, a esta concepción también le llegó su parte de defunción. Pero ella tampoco quiere anoticiarse. La crisis de toda la superestructura también subsume a los sindicatos, en tanto estos sólo se mantengan como instituciones que defienden la venta de la mercancía fuerza de trabajo en mejores condiciones.

Por lo cual, los trabajadores son los primeros en ser empujados a retomar su historia −buscar en su pasado el punto más álgido de su experiencia−, para encontrar la punta del ovillo que les permita desenredar la madeja. De manera empírica van tomando conciencia de su interés como clase, pero chocan de frente ante una situación que no se puede resolver solamente pensando en vender la fuerza de trabajo en mejores condiciones, sin un órgano que permita hacer síntesis de su experiencia histórica, elevarse a la lucha política y proyectar su hegemonía al conjunto de la sociedad.

En un mundo que les muestra a las claras que esa mercancía que tienen los trabajadores no puede ser más comprada por la burguesía como hace décadas pasadas, y que la necesidad misma del capital hace que deba avanzar velozmente en el remplazo, tecnología mediante, de los puestos que quedan; los trabajadores van chocando consigo mismos, con su conciencia, madurando de manera empírica la necesidad de un cambio de ideas y conducta que les permita enfrentar consecuentemente el mundo que se les impone, del cual son creadores. Es decir, que les permita asumir su rol histórico como productores de la vida misma, como organizadores mismos del conjunto de la sociedad.



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