Revista Mensual | Número: Agosto de 2017
Fuentes consultadas: EE.UU.: Wall Street Journal (WSJ). Gran Bretaña: The Economist (TE). Alemania: Deutsche Welle (DW); China: Xinhua (XH); Rusia: Russia Today (RT); Irn: HispanTV (HTV) Venezuela: Telesur (TS). Cuba: Cubadebate (CD). Argentina: Clarín (CL); Crónica (CA); Cronista Comercial (CR); La Nación (LN); Miradas al Sur (MS); Página 12 (P12); Tiempo Argentino (TA).
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El Estado y la Revolución

La formalidad de una resolución
“Socialista, marxista y comunista”
No hay Plan B, hay que seguir adelante
Social y solidaria
Participativa y protagónica


La fractura del campo imperialista y la necesaria democracia protagónica. Venezuela vs. el mundo (imperialista) III

El Estado y la Revolución

“era un ‘pop’ violento que guió

el gran estilo siniestro.”

PR (1986)

 

 

Desde hace ya muchos meses, venimos analizando cómo recrudece el enfrentamiento entre la fuerza social que expresa el proyecto neoliberal y la que pugna por la integración continental bajo los principios de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), que brega por darle una salida a la caduca institucionalidad burguesa, y que pone en el centro de las discusiones cómo deben organizarse nuestros pueblos para resolver la crisis capitalista sin morir en el intento. La feroz ofensiva del imperialismo contra Venezuela y el proyecto de reforma constitucional que el gobierno bolivariano lleva adelante son hoy la manifestación central de la disputa. Tal como se ha visto en los artículos precedentes, la crisis del capitalismo provoca que las antiguas alianzas construídas desde la división internacional del trabajo estallen por los aires, y plantea la imposibilidad de obtener consenso tras los objetivos del capital concentrado, erosionando la legitimidad de la institucionalidad surgida al calor de dicho proceso.

Este mes analizaremos un nuevo fracaso de la ofensiva norteamericana contra Venezuela en la OEA –órgano que los yanquis gerencian a discreción– en tanto expresión de esa imposibilidad por mantener el “viejo consenso”; fracaso que justamente se consolida a partir de la negativa de un puñado de naciones pequeñas, otrora dependientes y serviles a los mandatos del Norte y hoy firmes en su negativa de subordinación a los mandatos imperiales.

De esa misma manera, las fuerzas terroristas de la oposición venezolana, a la espera de un “aval” internacional para una intervención extranjera, profundizaron su estrategia desestabilizadora (a través de asesinatos, saqueos, bombardeos a la población civil, etc.) mientras organizaban un plebiscito de dudoso resultado, que presentaron al mundo como instrumento de legitimación de sus acciones y objetivos. De esta manera, anunciaron la conformación de un Ejecutivo y una Corte Suprema “paralelos”, dejando en claro su total desconocimiento político de la Asamblea Nacional Constituyente y de la institucionalidad que emerja luego de su realización. Los intentos desesperados de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) no hacen más que poner de relieve su impotencia para detener la construcción de una nueva institucionalidad, expresión de un modelo económico y político socialista. Modelo de nueva sociedad basado en la colectivización de los medios de producción y cambio, bajo ferrea dirección desde y para los trabajadores y el pueblo en general, con el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en el rol de núcleo centralizador y motor de los necesarios avances que la situación demanda. Ante la consolidación de la tendencia que lleva a la nación bolivariana por esa senda, la oposición, exaltada, clama al mundo: “¡Defendamos la ‘democracia’, abajo la ‘dictadura’!

En esta línea, la crisis institucional, que se manifiesta en Brasil a través de una pública disputa facciosa entre los partidos políticos tradicionales, estalló con la reciente expropiación de gigantes empresas locales por parte de corporaciones globales, con acusaciones cruzadas de sobornos, retornos y falsificaciones, provocando una profunda deslegitimación general frente al conjunto de la sociedad, a la que llevan, necesariamente, a la miseria estructural, a través de sus políticas económicas y sociales. Esto ha generado que el ex presidente Lula da Silva concite el mayor apoyo popular frente a las elecciones presidenciales del 2018. Sin embargo, el capital concentrado necesita impedir por todos los medios que las mayorías puedan expresarse políticamente, por lo que le ha dado curso a una denuncia sin pruebas en connivencia con el Poder Judicial, sentenciando, por medio de una condena en primera instancia, a la inhabilitación a presentarse en cargos públicos por 19 años a quien hoy lidera las intenciones de voto en Brasil.

Por último, analizaremos la experiencia que vienen desarrollando las fuerzas populares en Colombia y Venezuela en pos de construir una nueva institucionalidad, basada en otros principios: la propiedad común de los medios de producción y de cambio y la necesaria creación de instrumentos de gobierno directo, organizados por la inmensa masa de desposeídos, la clase trabajadora. Sobre esas experiencias es que se arrojan las fuerzas imperialistas, puesto que deben abortar cualquier ejemplo regional que demuestre, de forma incuestionable, que es posible derrotarlos, reemplazarlos y construir alternativas que den respuesta a los problemas vitales de nuestras sociedades.

Repasemos todo ello con mayor detenimiento.

La formalidad de una resolución

En nuestra región, la Organización de Estados Americanos (OEA) ha servido como principal órgano de legitimación de las políticas imperialistas surgidas desde su centro local, los Estados Unidos. Desde su creación en 1948, la OEA logró alinear un importante número de países de la región detrás de sus intervenciones militares, bloqueos comerciales e invasiones con “fuerzas irregulares” sobre aquellos territorios que lograban consolidar gobiernos anti imperialistas y simpatizantes de la URSS (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas). De esta manera, y para citar algunos ejemplos, en 1954 tropas mercenarias entrenadas por la CIA invadieron Guatemala –previa aprobación de una “resolución” del organismo que lo avalaba– para derrocar a su presidente Jacobo Arbenz; en 1961 la OEA apoyó la invasión de fuerzas irregulares también entrenadas por la CIA en Cuba, para luego expulsarla del organismo en 1962; en 1965 desembarcaron los marines yankis en Santo Domingo para impedir la inminente victoria del Movimiento Popular Constitucionalista sobre las fuerzas de la reacción militarista. La OEA envió a la capital dominicana a su Secretario General, el uruguayo José A. Mora, con el aparente propósito de obtener una tregua entre los beligerantes. Luego de múltiples gestiones, Estados Unidos logró por el estrecho margen de un voto la aprobación de una resolución que dispuso la creación de una Fuerza Interamericana de Paz, produciéndose, por primera vez bajo el sello de la OEA, una intervención colectiva en un país del área. Estos antecedentes, y muchos otros que siguieron, llevaron al líder de la Revolución Cubana Fidel Castro a definir al organismo regional como el “ministerio de Colonias” de los EEUU (https://www.ecured.cu/OEA).

Tras disolverse la URSS, los EEUU impulsaron la creación de la ya famosa Carta Democrática Interamericana, en donde se imponía como requisito para pertenecer al organismo la forma democrático-representativa para los gobiernos de los países de la región y el respeto al “mercado y la propiedad privada” (http://www.granma.cu/granmad/2009/05/29/interna/artic03.html), siendo estos dos puntos interpretados por EEUU según las conveniencias coyunturales. Lo significativo en este punto es la capacidad que el imperialismo norteamericano detentaba de “sentar en la mesa” a las distintas fracciones locales-nacionales de los países de la región y alinearlos contra la “amenaza comunista”; la OEA, desde su creación hasta su actual ocaso, ha sido el principal instrumento desde el cual se han desplegado este tipo de acciones.

Pues bien, actualmente, también ha sido desde la OEA que se ha querido comandar la “tormenta perfecta” contra Venezuela, en donde su Secretario General, el uruguayo Luis Almagro, ha encabezado las acusaciones del carácter “dictatorial” de su gobierno e insistido con la aplicación de la Carta Democrática como preludio a una intervención militar de fuerzas combinadas encabezadas por los EEUU. Desde dicho organismo se ha intentado dar el primer paso que avale una injerencia “consensuada”, mientras que (como hemos visto en artículos anteriores del Análisis de Coyuntura) fuerzas militares norteamericanas y colombianas realizaban preparativos y amenazas en las fronteras del país caribeño, al tiempo que se impulsa la acción interna terrorista de paramilitares, una vez más, entrenados y comandados por EEUU.

Sin embargo, nada de esto han podido concretar, ya que la otrora capacidad de “sentar en la mesa” a fracciones locales del capital hoy se ve transformada en incapacidad estructural. Esto se manifestó en la 47ª Asamblea General de la OEA, convocada en México para consensuar una intervención extranjera en Venezuela, que concluyó con un nuevo fracaso: el grupo de países encabezado por EEUU no consiguió una resolución consensuada sobre la “crisis” en Venezuela, ni siquiera una condena leve que exigiera el “respeto a los Derechos Humanos”. El canciller anfitrión, Luis Videgaray, trataba de explicar: “Tal vez no haya la formalidad de una resolución como nos hubiera gustado ver, pero lo que hay es un mensaje muy claro, que debe ser escuchado en las calles de Caracas (…) va dirigido a aquellos que están en la calle arriesgando su vida”. Un miembro de la opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD), Carlos Vecchio, cercano al sector terrorista y radicalizado que encabeza el dirigente Leopoldo López y que se encontraba presente en la Asamblea, afirmó tajante: “Esta organización no ha dado respuesta a la profunda crisis en Venezuela” (LN 22/6), rubricando así un nuevo fracaso de la política imperialista en sus intentos de “sentar en la mesa” a las naciones del continente en su ofensiva contra Venezuela.

El eje del disenso estuvo dado por la negativa que los quince países miembros de la Comunidad del Caribe (CARICOM) presentaron para acompañar las políticas injerencistas descriptas con anterioridad, lo cual constituye un verdadero reflejo de la crisis de los capitales concentrados y de su incapacidad de encolumnar tras de sí sectores que históricamente lograron subordinar. El hecho de que países como Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Haití o Jamaica, por presentar algunos ejemplos, se nieguen a acompañar a la principal potencia imperialista en la región, en el mismísimo organismo que le ha servido para estos propósitos y que comandaba a discreción, expresa la actual incapacidad estructural del imperialismo. El grado de concentración y centralización del capital, que es la imposibilidad del capital de reproducir a todas las fracciones empresarias, hace que muchas de estas sean empujadas hacia las filas de los desposeídos, dificultando la construcción del consenso en torno de sus objetivos, puesto que ellas mismas se convierten en el objetivo. Aquello que parecía improbable en épocas de la “Doctrina Monroe” o del “Destino Manifiesto” (la expansión imperialista norteamericana de finales del siglo XIX y principios del XX) hoy es su cruda realidad.

A su vez, el papel que juegan los nuevos organismos regionales encabezados por Venezuela y Cuba –como la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA)– en la fractura del bloque imperialista resulta fundamental para comprender la decisión de las pequeñas naciones del Caribe. Desde el año 2002, tanto Venezuela como Cuba encabezan una serie de acuerdos políticos, económicos y sociales con aquella subregión, que han dado como resultado la creación de PetroCaribe, que permite el abastecimiento de hasta 185.000 barriles de petróleo diarios a tasas financiadas junto a la construcción de refinerías y otros servicios de infraestructura, además de numerosos acuerdos en materia de salud, en donde 1.161 profesionales cubanos se encuentran trabajando dentro de los países miembros, llegando a más de 98.000 pacientes beneficiarios de la Operación Milagro (oftalmología), o del papel de la educación, donde más de 3.600 jóvenes pertenecientes a los países caribeños se han graduado en Cuba en el nivel superior (https://www.ecured.cu/CARICOM). Actuando en esa fractura imperialista es que el inmenso Fidel Castro afirmaba, en el segundo encuentro Cuba-CARICOM, en 2005: “A la globalización neoliberal y egoísta, al antidemocrático orden político y económico internacional, debemos responder con la unidad y la globalización de la solidaridad y la promoción del diálogo, la integración y la cooperación genuina” (https://www.ecured.cu/CARICOM).

“Socialista, marxista y comunista”

En el capítulo interno de las agresiones imperialistas a Venezuela, la acción terrorista y desestabilizadora no se ha detenido,  explicitando su objetivo de frenar a como dé lugar la realización de la Asamblea Nacional Constituyente, convocada por el gobierno para el 30 de Julio, buscando derrocar al mismo, pretendiendo el “aval” internacional de la OEA, gerencia central de esa estrategia terrorista.

Rubricando la misma, el presidente de la Asamblea Nacional (AN, parlamento venezolano), Julio Borges, afirmó que las “protestas” continuarían “hasta lograr el cambio de gobierno y la restitución del orden constitucional. El actual régimen se puso al margen de la Constitución y en consecuencia su autoridad y decisiones son inconstitucionales y no pueden ser reconocidas ni obedecidas por nadie” (LN 21/6). De esta manera se alentaban las acciones terroristas, que este mes fueron las siguientes: el asedio a la base aérea militar Francisco de Miranda en La Carlota, Caracas, en donde miembros de la MUD quemaron tres camiones que habían sido utilizados para obstaculizar el paso; dentro de la base funcionaba una escuela primaria, cuyos estudiantes fueron afectados por el humo como así también dos efectivos militares por causa de los explosivos lanzados contra la misma (TS 23/6); un ataque a la sede del Banco de la Mujer, también en Caracas, con bombas Molotov y piedras (TS 23/6); un ataque terrorista a la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y al Ministerio de Interiores, Justicia y Paz, en donde se arrojaron explosivos desde un helicóptero robado del cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de la Policía (CICPC). Según un comunicado oficial “la aeronave voló hasta las inmediaciones del Ministerio (…) y efectuó alrededor de 15 disparos contra la edificación, mientras se desarrollaba en la terraza de ésta un agasajo a un grupo de comunicadores sociales. Para el momento del ataque, se encontraban ahí unas 80 personas. Posteriormente, el helicóptero fue llevado hasta la sede del TSJ (…) y fueron efectuados disparos y lanzadas al menos cuatro granadas de origen colombiano y fabricación israelí, de las cuales una no estalló y fue colectada” (TS 28/6). Además se quemó un almacén de alimentos del Estado, echando a perder 40 toneladas del mismo. Los alimentos iban a ser distribuidos a través del Mercado de Alimentos (Mercal, red de alimentos del Estado que vende productos subsidiados) y de 339 Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) a 278 escuelas, 31 Centros de Diagnóstico Integral, tres centros penitenciarios, un geriátrico, y 52 casas de alimentación, entre otros  (TS 30/6). El saldo de víctimas fatales asciende a 100, según cálculos oficiales, desde que se iniciara la “alzada” terrorista de la oposición.

Ahora bien, ¿qué argumentos esgrimen para declarar “inconstitucional” un gobierno elegido por el voto popular y desconocer una Asamblea Constituyente que debe ser refrendada de la misma manera, mientras alientan las acciones descriptas con anterioridad?

Monseñor Diego Padrón, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, declaraba al respecto: “La Asamblea General Constituyente permitirá la permanencia ilimitada del actual gobierno en el poder y la anulación de los poderes públicos. Esta asamblea será impuesta por la fuerza y sus resultados serán la constitucionalización de una dictadura militar, socialista, marxista y comunista” (LN 8/7). Oscar Alberto Pérez, el policía que comandaba el helicóptero que ametralló y bombardeó a sus compatriotas, daba sus propios argumentos: “Estamos plenamente seguros de lo que estamos haciendo (…). Si se da esta Constituyente no habrá Venezuela, les habremos regalado el país a los cubanos” (TS 5/7). Luisa Ortega, Fiscal General de Venezuela y descollante figura opositora, que aún no ha imputado ni enjuiciado a ninguno de los terroristas que llevaron a cabo las acciones que hemos descripto, ni ha condenado públicamente que se ametralle desde un helicóptero a 80 ciudadanos indefensos, afirmó: “De consolidarse la constituyente, los venezolanos comenzaríamos a vivir las horas más oscuras de toda nuestra historia republicana. De consolidarse este proyecto, se terminaría de desmontar definitivamente la democracia” (LN 27/6).

Pues bien, el Parlamento, las Fuerzas de Seguridad, el Poder Judicial y el Episcopado Católico pretendieron alertar con sus declaraciones y acciones sobre el peligro de que la “república”, la “democracia”, el “orden constitucional” den paso a una “dictadura socialista, marxista y comunista” que sigue como modelo a Cuba, y, al mismo, tiempo alentaron la desestabilización interna a través de ejercer violencia hacia el pueblo y pidiendo una intervención extranjera que dé fin al gobierno bolivariano. Cada uno de los sectores que forman el Estado burgués venezolano advierten públicamente el peligro de su extinción si se realizara la ANC, si se creara una institucionalidad conforme a los principios del Socialismo, sustentada en la colectivización de la propiedad de los medios de producción y de cambio y la democratización de los instrumentos de gobierno (devenido del primer punto). Es decir, los sectores que encarnan el interés imperialista tienen plena conciencia de que el proyecto de una ANC tiene como objetivo la institucionalización de aquello que Fidel Castro definiera como la “solidaridad y cooperación genuina”, que es otra conducta, otra propiedad, visiblemente antagónica a la que dichas fuerzas representan.

En este contexto, la MUD, respaldada por la Iglesia Católica local obsesionada con el “comunismo”, convocó para el mismo día en que debía realizarse un simulacro de la ANC a un “proceso nacional de decisión soberana”, en donde se proponía mostrar al mundo el “masivo” rechazo de la sociedad venezolana a la reforma constitucional, al tiempo que aquellas posturas sostenidas por los representantes de la oposición concitarían un gran apoyo popular. Henrique Capriles, gobernador del estado de Miranda y líder de la oposición, afirmaba: “Esto es político, a partir del 16 de julio (fecha de la convocatoria) comienza la hora cero: el inicio de un juicio popular. Es para que los venezolanos se expresen”, afirmando la instalación de 1.700 centros electorales, muchos de ellos en parroquias, y la invitación a “observadores internacionales” que garanticen su transparencia (LN 4/7).

Pues bien, al concretarse el “plesbicito”, la oposición, junto con gran parte de las corporaciones multimediáticas globales, anunciaba que 7.535.259 personas habían votado en contra del proceso constituyente y, por lo tanto, del presidente Nicolás Maduro. Acto seguido, en coordinación con todos los portales corporativos de noticias, la MUD anunciaba la formación de “un gobierno de unión nacional y nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia”, en lo que suponía en los hechos la creación de un Ejecutivo y una Corte paralelos (LN 18/7). Leopoldo López, terrorista encarcelado por asesinatos y desmanes en 2014, afirmaba que “el pueblo desconoció la Constituyente y ordenó la restitución del orden democrático” (LN 17/7). Ahora bien, como hemos visto en meses anteriores para las “consultas populares” opositoras en Venezuela, los antecedentes de la MUD en relación al fraude electoral y las más diversas artimañas para “obtener” resultados favorables hacen que dudemos del resultado declarado en todo el mundo. Y es que, haciendo algunos números, éstos dejan algunos interrogantes que pasamos a describir.

En primer lugar, frente a la afirmación que hiciera el presidente de la Asamblea Nacional Julio Borges de que “Hoy Maduro estaría revocado”, las mismas cifras publicadas por los rectores universitarios que acompañaron el proceso, convocados por la oposición, desmienten totalmente ello, puesto que en las elecciones presidenciales que eligieran a Nicolás Maduro presidente éste obtuvo mayor cantidad de sufragios (7.587.579, es decir, 52 mil votos más). Por lo que, si la MUD quisiera esgrimir estos datos, así como los presentan y sin ningún cambio, como un virtual referendo revocatorio (gran anhelo opositor durante un año y medio), no alcanzarían a lograrlo, puesto que requerirían 52 mil votos más uno.

En segundo lugar, analizando los resultados finales arrojados por la oposición, el ex rector del Consejo Nacional Electoral (CNE), Jorge Rodriguez, denunciaba que se había dado un proceso de “voto cíclico itinerante”, lo que quiere decir que varias personas emitieron votos en distintos centros de votación. Para corroborar su afirmación, el portal inter-gubernamental TeleSur publicó en sus diversas plataformas videos que muestran a un mismo individuo votando en numerosos centros de votación en Caracas. Es más, en la rueda de prensa dada por los rectores opositores, un periodista los consultó por si era posible que un votante sufragara “diez y siete veces” en el mismo día (lo que se podía apreciar claramente en el video mencionado) y éstos contestaron que “era posible”, frente a la irrefutable evidencia.

Siguiendo con sus dudas, el ex rector del CNE afirmaba que en el recuento final “hablaron de votos totales, pero nunca de votantes”, puesto que, además de poder votar hasta 17 veces un solo individuo, se produjo una “multiplicación de votos”. Dice Rodríguez: “han multiplicado por tres cada una de las opciones. Dicen que votaron más de 6 millones de personas porque, supuestamente, las tres opciones del ´sí´ suman 6,152 millones y hubo 930.000 votos nulos y se los sumaron”. Como si ello fuera poco, afirmaba que “votaron niños de 10 años, miles de menores de edad, votaron australianos, austríacos, brasileños, norteamericanos” (TS 16/7).

Quizás lo más impactante sean los datos que arrojan los venezolanos en el exterior, en donde el registro electoral tiene contados 101.000 personas habilitadas para votar, y según la oposición participaron ¡693.000!

Ahora bien, las denuncias de fraude por votaciones de menores y extranjeros no habilitados, por el hecho de que en el conteo se tomaron las votaciones de individuos que sufragaron hasta 17 veces, y que si elegían las tres opciones que daba la papeleta se contaban como 51 votos, que se sumaron los votos nulos, que en el extranjero sextuplicaron al registro oficial de votantes; para entender y aclarar lo sucedido la mejor opción era recurrir a los registros y tema resuelto. Pero esto no se pudo hacer, ya que la MUD mandó a quemar todos los registros de votación, bajo el argumento de que si se conocieran estos individuos serían perseguidos por la “dictadura”, por lo que no hay forma de comprobar absolutamente nada de lo que afirman como escrutinio final, proceso que además tiene innumerables irregularidades, como hemos visto recién (https://actualidad.rt.com/actualidad/244582-plebiscito-opositor-venezuela-matematicas-fallan).

Sin embargo, ninguno de estos datos es relevante para las fuerzas imperialistas que abogan permanentemente por el respeto de la democracia, dado que se apuraron y no dudaron en mostrar a “sus” 7 millones y medio de votantes como una “victoria” frente al mundo y propiciaron la creación de un “gabinete paralelo” supuestamente legitimado por esa cantidad de personas. Necesitan mostrar estos resultados como reales aunque los mismos sean totalmente ilegítimos porque la base material sobre la que se reproduce el capital concentrado está en crisis y la institucionalidad sobre ella montada se hace añicos, dado que el grado de concentración y centralización deja ingentes masas de población sin la posibilidad de reproducirse y ya no puede justificar su política como parte del bien común. Su persistente defensa de la “Democracia” pierde todo sentido en cuanto revela el carácter de clase que la sustenta y, por lo tanto, su profundo accionar es, en realidad, anti- democrático, apoyado en asesinatos, saqueos, desconocimiento del voto popular, fraude electoral y mentiras sistemáticas. Ya ni siquiera le es funcional la democracia bajo la cual se constituyeron los estados nacionales en el siglo XIX.

No hay Plan B, hay que seguir adelante

La situación política en Brasil constituye actualmente uno de los ejemplos más crudos de lo afirmado con anterioridad. El discurso sobre las “formas democráticas”, que incluso hoy mismo esgrime Brasil para conformar la ofensiva imperialista contra Venezuela, chocó con la realidad al desplazar a la presidenta Dilma Rousseff del Partido de los Trabajadores, electa por 54 millones de votos, a través de una artimaña impulsada por el Congreso Nacional. De allí surgió una “coalición gobernante” compuesta por los principales y tradicionales partidos políticos de Brasil, quienes sustentan con su voto una política económica y social dirigida contra la clase trabajadora y el pueblo en general, y contra algunas de las corporaciones locales que rápidamente han sido extranjerizadas o están en vías de serlo.

La crisis institucional se ha expresado a través de la salida a la luz del proceso a Odebrecht y otros casos de corrupción, a partir de lo que se agudizó la feroz lucha facciosa, signada por acusaciones y denuncias públicas de corrupción que han atravesado horizontal y verticalmente a la “coalición gobernante”. A esto se suman las políticas de ajuste brutal que viene realizando el gobierno de Michel Temer contra la clase trabajadora y el pueblo en general, lo que ha generado un creciente descontento social signado por manifestaciones, cortes de ruta y huelgas generales, producto de la desocupación y la miseria crecientes.

Así, luego de que se “conociera” la adulteración pública sobre los permisos sanitarios para la exportación y venta interna de carnes en Brasil, y de que la corporación de esa nacionalidad (JBS) líder en procesamiento de carne en el mundo se viera afectada en su valorización bursátil a raíz de dichas denuncias (perdieron u$s 1.500 millones), por lo que tuvo que extranjerizar gran parte de su propiedad, sus ejecutivos “dieron a conocer” una serie de acusaciones de corrupción contra el presidente de facto Michel Témer, lo cual precipitó trece denuncias de juicio político en el Congreso y tres denuncias penales contra su persona. Las denuncias se hicieron a través de la publicación de audios comprometedores en donde el presidente de facto aceptó dinero en concepto de soborno. Como la Policía Federal hizo públicas sus acusaciones contra la corporación mencionada, sus ejecutivos emprendieron una verdadera vendetta mafiosa contra quienes cobraron por su protección y rompieron el pacto, puesto que a raíz del escándalo debieron vender gran parte de sus activos a corporaciones extranjeras, además de enfrentar procesos penales.

A pesar de que Michel Temer dijo que los audios revelados eran falsos, el Procurador General Rodrigo Janot confirmó la denuncia formal contra él por el delito de aceptar sobornos, presentando cargos ante el Supremo Tribunal Federal, abonando así los pedidos de juicio político ya radicados en el Congreso (TS 26/6). Janot afirmó que Témer “valiéndose de su condición de jefe del Poder Ejecutivo y líder político nacional, recibió para sí y por intermedio de (su ex asesor y diputado) Rodrigo Rocha Loures, una ventaja indebida de 500.000 reales (US$ 150.000) ofertada por Joesley Batista, presidente de JBS”. Además, el informe de la Policía Federal aseguró que al recibir el pago se habían encontrado intentos por “obstruir las investigaciones”, por lo que se acusaba a Témer de obstrucción de la justicia y asociación ilícita (LN 27/6). Independientemente de la naturaleza de las acusaciones, lo cierto es que se hace pública una feroz disputa facciosa, en donde las corporaciones locales son expropiadas por sus competidores globales y en el proceso mismo revelan los acuerdos espurios que en condiciones “normales” no suelen tener carácter público.

Nuevamente el Congreso debía hacerse cargo de un impeachment contra un presidente, aunque esta vez con acusaciones reales y denuncias penales de por medio, sumadas a las encuestas que dan a Temer un 93% de impopularidad, en donde el 69% consideraba su gestión mala o pésima y 23% regular. A pesar de ello, el estudio revelaba que en la población más rica mejora la imagen del presidente, con una magra aprobación del 15% (TS 24/6), o sea, el gobierno de facto viene desarrollando un modelo económico y social dirigido hacia el 15% de la población más rica de Brasil.

Así, Tasso Jereissati, presidente del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), socio mayor de la “coalición gobernante”, afirmaba que “entre las razones que llevaron a la caída de Dilma, la principal fue la falta de gobernabilidad. Ahora está sucediendo lo mismo. Yo no tengo capacidad de decir si Temer es culpable o no. Pero tengo capacidad para para decir que estamos llegando a la ingobernabilidad” (LN 8/7). A la vez, el histórico líder del mismo partido, Fernando Henrique Cardoso, señalaba: “Apelo al presidente para que medite sobre la oportunidad de un gesto de grandeza, con el cual ganará la anuencia de la sociedad para conducir una reforma política y comandar nuevas elecciones”. Sereno, el presidente Temer se defendía: “No hay Plan B, hay que seguir adelante. Nada nos destruirá, ni a mí, ni a nuestros ministros” (LN 27/6).

Pues bien, la expropiación de fracciones locales del capital por parte de corporaciones globales, la disputa facciosa entre los sectores en disputa, la disolución paulatina de la “coalición gobernante” a través del abandono de sus miembros prominentes acusando de ingobernabilidad, el repudio mayoritario de la sociedad y el dato que evidencia la verdadera naturaleza del imperialismo, un proyecto económico y social dirigido al 15% de la población enriquecida, ponían en evidencia nuevamente el carácter de clase de la tan mentada “democracia” en la actual crisis capitalista.

Sin embargo, las mismas encuestas arrojaban que, de presentarse en las elecciones presidenciales en 2018, el ex presidente Luis Ignacio Lula da Silva sería electo por la mayoría del voto popular, dato sumamente preocupante para la “coalición” debido a que Lula expresaría a esa inmensa mayoría de Brasil que se opone a la actual situación (LN 27/6). ¿Qué hacer frente a la incapacidad de “sentar en la mesa” a las mayorías, trabajadores y pueblo en general, de construir consenso alrededor de las políticas necesarias a las corporaciones imperialistas, de verse frente a una inminente derrota electoral a manos del “populista” Lula da Silva?

Pues bien, el Poder Judicial de Brasil –en donde gran parte de sus elementos fueron formados en los EEUU y realizan acusaciones y encarcelamientos en función de investigaciones allí originadas–, a través del juez de primera instancia Sergio Moro, un día después de aprobada la leonina reforma laboral que describimos en el artículo precedente, condenó a Lula a 9 años y medio de prisión y lo inhabilitó por 19 años para ocupar cargos públicos, por “hallarlo culpable de corrupción pasiva y lavado de dinero”. Según la sentencia, la constructora OAS entregó al candidato un departamento como “propina” por los contratos que la firma obtuvo con PetroBras, inmueble que, según reconoce la propia acusación, Lula nunca ocupó y cuya propiedad figura a nombre de la compañía… por lo que, además, el propio fiscal que impulsó la denuncia y acusación, Deltan Dallagnol, admitió estar “falto de pruebas, pero pleno de convicciones” sobre la culpabilidad del imputado (P12 13/7).

Una democracia que sostiene representantes del 15% de la población más rica de Brasil, que nadie votó y cuyos funcionarios están plagados de denuncias penales y pedidos de juicio político, es la única que puede desarrollar la política imperialista. Incluso, frente a la actual crisis, debe valerse del Poder Judicial como uno de sus últimos nichos para determinar quiénes pueden participar de un proceso eleccionario, ya que necesita que sea un sector cada vez más reducido el que gobierne. Así, la diputada del Partido Comunista de Brasil, Jandira Feghali, afirmó tajante: “esta condena será revertida porque no hay pruebas; las condenas basadas en convicciones no convencen ni a la sociedad brasileña ni a nosotros, así que pido el máximo respeto para el presidente Lula, que volverá a ser elegido por el pueblo en las urnas de este país” (TS 12/7).

Social y solidaria

Colombia ha significado otro ingrato ejemplo de la desorganización y el caos provocado por la sucesión de gobiernos alineados con el imperialismo, en donde a las esperables cifras de pobreza, desocupación y miseria se agregan la proliferación de fuerzas paramilitares empleadas por las grandes corporaciones para “resolver” la conflictividad que sus políticas económicas y sociales generan. Así, 186 líderes sociales fueron asesinados desde enero de 2016 hasta julio de 2017, 52 de ellos en el corriente año en donde, además, se registraron cinco homicidios selectivos contra miembros de las FARC-EP. El Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, indicó que “los departamentos que presentan más casos son Cauca, Antioquía, Norte de Santander y Córdoba. La gran mayoría de los homicidios y amenazas se han registrado en zonas donde antes estaban las FARC-EP” (TS 13/7).

Pese a todo ello, las FARC no abandonan su estrategia de “ganar la paz” rubricada en los Acuerdos con el Gobierno de Juan Manuel Santos, y avanzan a paso firme hacia la consolidación de una organización política que sirva de expresión para todos los sectores sociales que, con la excusa de combatirlos, han sido perseguidos, asesinados y proscriptos. De esta manera, durante un congreso realizado por la Unión Patriótrica, el dirigente de las FARC-EP Andrés París afirmaba que el partido político en conformación participará en una “convergencia de la izquierda lo más amplia posible para ganar las elecciones presidenciales de 2018. Hemos dicho que no vamos a proponer candidato propio, hemos conversado con las distintas fuerzas que han intervenido y han recogido el sentimiento de paz y unidad”. Al Congreso fueron invitados dos de los líderes políticos de Colombia proscriptos por su orientación ideológica: el ex alcalde de Bogotá, Gustavo Petro y la ex Senadora Piedad Córdoba, quien ya anunció sus intenciones de competir por la presidencia (TS 23/6).

Tal como lo viene propugnando el chavismo en Venezuela, los miembros de la mencionada organización impulsan la transformación de cada una de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN), territorios rurales donde se origina su principal base de sustentación social y de los cuales poseía control militar, en Economías Sociales del Común (Ecomun), proyectos productivos y económicos basados en la “economía social y solidaria” como base para la construcción de la paz y la organización social sobre las premisas de la propiedad común y la solidaridad (TS 5/7).

La condición de posibilidad para que la “convergencia de la izquierda” exista supone una alternativa para los problemas vitales de la sociedad que pretende conducir, en la cual nuevamente encontramos los principios de colectivización de la propiedad de los medios de producción y de cambio y la solidaridad. Uno de los puntos centrales de la firma de los acuerdos en Colombia es cómo sigue la vida del país una vez firmada la paz, es decir, el pueblo colombiano debe resolver los problemas que largos años de políticas neoliberales le han dejado y esto no es posible hacerlo desde la institucionalidad burguesa, por lo que lograr que el desarrollo de una política que responda a las necesidades del pueblo es un paso hacia la nueva humanidad que debemos construir.

Participativa y protagónica

En esa línea, el proceso que está desarrollando el pueblo trabajador venezolano cobra suma importancia, como así lo ha demostrado la intensidad con que el imperialismo intenta detenerlo. Cabe mencionar, en primer lugar, que el día 16 de julio se realizaron, además del plebiscito opositor que hemos tratado, un simulacro informativo de la Asamblea Nacional Constituyente convocada para el 30. Más allá de todas las valoraciones esgrimidas anteriormente, que simultáneamente confluyan ambos procesos echa definitivamente por tierra aquello del carácter “policial” o “dictatorial” del gobierno venezolano. En palabras del ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas: “Podemos retar a cualquier país del mundo a comparar el vigor de su democracia con la nuestra. Si en algún lugar del mundo echó raíces el concepto originario de la democracia, la participación activa, la democracia participativa y protagónica consagrada en nuestra Constitución, es Venezuela” (TS 16/7).

Sin embargo, cierto es que en la mencionada jornada se cristalizaron las dos “Democracias” que hoy colisionan de frente en Venezuela: la que sostiene la organización de la sociedad bajo el imperio de la propiedad privada de los medios de producción y de cambio y las pocas corporaciones globales que ya son dueñas de la mayoría de lo producido por miles de millones de trabajadores en todo el mundo, que a su vez los empujan a la inhumana miseria, expresada por el “gobierno paralelo” de la MUD y la que expresa el proyecto de los desposeídos y la colectivización de esos medios de producción, pujando por una institucionalidad, un Estado, que exprese esa nueva conducta, esa nueva propiedad. Esta última es la llamada Democracia participativa y protagónica que se pretende profundizar en el proceso constituyente. A través del mismo es que las comunidades indígenas, por ejemplo, realizarán un total de 3.473 asambleas para elegir los representantes a la ANC, según sus usos, culturas, tradiciones y costumbres, que serán 8 en total (TS 3/7). También se intenta constitucionalizar la experiencia de profunda transformación social, como las Misiones, que en el caso de la Misión Robinson ha permitido alfabetizar a casi dos millones de venezolanos; en palabras de Nicolás Maduro: “Con la constituyente vamos a constitucionalizar los derechos del pueblo, todas las misiones y grandes misiones creadas por el Comandante Chávez, así nadie las pueda eliminar ni acabar jamás” (TS 3/7). Tales transformaciones, por ejemplo alfabetizar un pueblo empujado a la miseria por décadas de gobierno liberal, no pueden realizarse sin modificar las bases materiales que producen millones de trabajadores “sobrantes” para el capital, esto es, el carácter privado de la propiedad sobre los medios de producción, expresado en un puñado de corporaciones globales. Constitucionalizar las Misiones implica poner en primer plano la conducta necesaria para que ningún ser humano transite la miseria que le propone la sociedad capitalista en descomposición y hacer de ella el pilar desde el cual se erige la institucionalidad social; un Estado que exprese esa conducta solidaria, cuya base material es la propiedad común de los medios de producción y de cambio.

Es así, que Maduro resaltaba que “La Constituyente es para consolidar el modelo social, para recuperar la economía dentro de un modelo económico productivo socialista, verdaderamente humanista” (TS 16/7). Dicho modelo tiene como premisa necesaria la participación de la inmensa masa de los desposeídos, de la clase trabajadora, en el control y organización de esos medios de producción y los órganos de gobierno desarrollados para garantizarlo; con eso choca incesantemente la ofensiva imperialista, por eso es que persistentemente es derrotada en sus acciones terroristas y desestabilizadoras. Así, un estudio realizado por la encuestadora Hinterlaces, daba a conocer que el 75% de los venezolanos está de acuerdo con el desarrollo de un modelo económico socialista, el 54% aprueba la Asamblea Constituyente y el 63% afirma no confiar en que la oposición pueda resolver los problemas económicos del país (TS 16/7).

Por ello, luego del simulacro, la dirección bolivariana profundizaba su apuesta por la ANC y anunciaba la conformación del Plan P200, cuyo objetivo es que los principales dirigentes de la revolución se dirijan a los 200 pueblos más poblados y con situaciones más difíciles, recorriendo cada calle, “hablando y escuchando al pueblo”. En palabras de Nicolás Maduro: “No se hace revolución desde una oficina o un carro con aire acondicionado, el que quiera hacer revolución tiene que llenarse los pies de barro y a las comunidades y caseríos para ver la necesidad de nuestro pueblo” (TS 17/7).

Sin duda que los esfuerzos de Venezuela por desarrollar una institucionalidad que surja de la confrontación y derrota de las fuerzas imperialistas significa un verdadero Faro en la región, en donde los pueblos trabajadores se enfrentan a la inhumanidad de la sociedad capitalista en descomposición. El triunfo de la Constituyente, la derrota del imperialismo en Venezuela, marcarán un camino a seguir por todas las sufridas sociedades latinoamericanas.



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