Revista Mensual | Número: Agosto de 2017
Fuentes consultadas: EE.UU.: Wall Street Journal (WSJ). Gran Bretaña: The Economist (TE). Alemania: Deutsche Welle (DW); China: Xinhua (XH); Rusia: Russia Today (RT); Irn: HispanTV (HTV) Venezuela: Telesur (TS). Cuba: Cubadebate (CD). Argentina: Clarín (CL); Crónica (CA); Cronista Comercial (CR); La Nación (LN); Miradas al Sur (MS); Página 12 (P12); Tiempo Argentino (TA).
[<< Volver a la primera plana]

Deshumanizando el capital

Concentración
Fusiones
La extranjerización
La entrega
Las diversas fracciones del negocio agroindustrial exportador exigen cambios parciales
Los flexibilizadores atacan de nuevo


La flexibilización laboral: el único plan del capital frente al retraso tecnológico

Deshumanizando el capital

                “Un robot no hará daño a un ser humano o, por inacción, permitir que un ser humano sufra daño.”

Isaac Asimov - Primera ley de la robótica

Durante el mes de julio se publicaron una serie de notas periodísticas que informaban sobre la introducción de nuevas tecnologías en el ámbito laboral. Dos sectores, particularmente, se están viendo fuertemente afectados. Uno de ellos es la industria automotriz por la incorporación masiva de robots al proceso de trabajo; el otro, el sistema bancario por la generalización del fintech (banca digital y otros servicios financieros por medio de nuevas tecnologías). En este último caso, la mitad de las entidades financieras ya se asoció con un desarrollo tecnológico de tales características. Según la consultora británica PwC, “en la Argentina, la mitad de las organizaciones del sector financiero ya están asociadas con un desarrollo tecnológico fintech y superan el 80% las que esperan estarlo en los próximos tres años”; mientras que el BCRA informó que entre 2000 y 2015 se redujo 34% la cantidad de bancos minoristas que operan en la Argentina. Al mismo tiempo, ya son 60 las fintech que operan en el país, cantidad que supera holgadamente los 49 bancos privados minoristas en actividad (LN 17/7).

En cuanto a las automotrices, la Fiat, por ejemplo, en su planta radicada en la provincia de Córdoba incorporará –en la unidad de chapistería– 163 nuevos robots, que la convertirán en una de las más modernas de América latina. De esta manera, el nivel de automatización en el sector superará el 80%, poniendo a la planta argentina a la altura de las instalaciones de Fiat Chrysler más modernas del mundo, como la planta de Pernambuco (Brasil). Por su parte, Renault-Nissan incorporó 80 vehículos guiados automáticamente (AGV, por sus siglas en inglés), que hacen mucho más fluidos y eficientes los procesos logísticos que van desde el almacén de piezas a las líneas de montaje. Según Diego Vignati, presidente y director general de Nissan Argentina, la fábrica cordobesa “se integrará a una gran red de plantas en Tailandia, México y España, conocidas por su fortaleza en la fabricación de la pick-up NP300 Frontier”. También Volkswagen, en su planta de cajas de velocidad, cuenta con 59 robots en sus líneas de montaje. Esta incorporación masiva de robots y procesos automatizados, según Diego Casali, director del Cluster Tecnológico de Córdoba, ya no sólo avanza en procesos rutinarios, operativos y de poco valor agregado en los que las automotrices fueron pioneras, sino también en puestos donde el análisis es clave (LN 10/7).

Es evidente que, aunque la compañía asegure que está capacitando al personal para interactuar con los robots, la automatización de un sector al 80% requerirá una plantilla de operarios menor a la que tenía antiguamente, acrecentando el proceso de repulsión de trabajadores de la actividad productiva. Este proceso se da, desde la óptica capitalista, como una competencia de costos entre trabajadores vs. robots. En realidad, nunca ha dejado de ser el mecanismo por el cual el capital, al elevar la composición técnica (relación maquinaria/trabajo vivo), reduce costos salariales y aumenta la productividad del trabajo; solo que a una escala nunca antes vista por la humanidad.

En el marco de las relaciones mercantil-capitalistas, donde la máquina y el salario son otros tantos factores que representan costos al capital, la posibilidad tecnológica de realizar procesos complejos, que antes solo podía hacer un ser humano, posiciona a los capitalistas en un lugar de fuerza frente a los trabajadores para negociar las condiciones de venta de la fuerza de trabajo. A su vez, la existencia misma de esta posibilidad se introduce como un factor decisivo en la competencia entre capitales desatando una carrera –cada vez más veloz– entre los mismos por la reducción de costos de producción, dada la posibilidad de reemplazar la casi totalidad del trabajo humano, forzando la precarización de los convenios laborales para compensar dicho abaratamiento, a la par que se vuelve imparable la repulsión de los trabajadores de sus puestos de trabajo. 

Es en este contexto de competencia desatada a escala planetaria que se dio en nuestro país la renegociación del convenio colectivo entre empresarios y el sindicato de mecánicos (S.M.A.T.A.) que analizamos en números anteriores de este artículo y que contempla modificaciones de horarios, de sistemas productivos y de escala salarial (los ingresantes en la categoría 1 cobrarán por hora 15% menos y el bono que los trabajadores perciben cada año con las vacaciones, que equivale a 190 horas, será de 100 y aumentará de manera escalonada). Sin embargo, para Diego Vignatti, presidente de Nissan Argentina, las condiciones de productividad (en particular para competir en el mercado externo): “Hoy no son óptimas. Hay que mejorar desde todos los ángulos, gremial, de procesos, de infraestructura, de logística. El gobierno nacional entiende y nosotros también entendemos las restricciones políticas y económicas para avanzar en la velocidad que quisiéramos, pero hay que hacer reformas porque no estamos solos. Brasil acaba de aprobar una reforma laboral que le dará mayor competitividad a su industria” (LN 15/7).

Lo que Vignatti tiene en mente, para lo cual hay “restricciones políticas y económicas”, es una reforma laboral que precarice las condiciones generales de trabajo en el país. Mientras estas condiciones se van edificando la tarea es ir horadando sectorialmente la resistencia obrera, allí donde ésta se encuentra en un grado menor.

En este sentido, se dirigieron las palabras de Roberto Murchinson, Presidente del XX Encuentro Anual de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE): “El empresariado puede aportar su visión para dónde ir, ayudando al Gobierno en su tarea de crear un ambiente amigable para las nuevas tecnologías y la generación de nuevas iniciativas. (…) su rol pasa más ahora por ayudar a los emprendedores o participar en estas iniciativas; decidiéndose a adoptar nuevas formas de organización del trabajo, con menos control horario y más por objetivos, consensuando acuerdos con los gremios en un juego en el que todos puedan participar y beneficiarse” (CR 27/6).

Atendamos a la explicación que el académico de la UCA, Julián de Diego, vierte sobre este concepto: “En un contexto de incertidumbre y de estanflación, las variables no integran la relación de causalidad con los acontecimientos inciertos, cuando aparece una anomalía como es la robotización o informatización. Es más, da la impresión, de que todo se va sistematizando a través de nuevos programas, aplicaciones y sistemas, y con ello, se van simplificando los procesos, eliminándose funciones, tareas y puestos de trabajo (…). Uno de los procesos es el de la llamada ‘uberización’ de la economía y se basa en la creación de valor en función de la distribución de la capacidad productiva entre un número siempre importante de usuarios, bajo la influencia y los efectos de redes (…). Los beneficios son recíprocos en la medida que la plataforma se administre con flexibilidad y cada operador sea un mini-emprendedor que se asocia al sistema para brindar un servicio de más calidad y eficiencia y de menor precio para el usuario. En rigor, la plataforma ahorra o elude ciertas cargas o tributos que redundan en el precio, y esa es hoy una encrucijada que genera mucho rechazo (…). A su vez la robotización procura primero hacer de la producción en serie un proceso eficiente y del menor costo posible. Los robots serán un ‘commodity’ como cualquier producto genérico” (CR 27/6).

El “poco cristiano” académico de la Universidad Católica, parece acordar con el ministro y candidato de Cambiemos Esteban Bullrich en su propuesta pedagógica, plasmada en un sistema educativo que forme niños “capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla” (CL 4/10/16). Claro que esa “incertidumbre” no es otra cosa que la violencia más perversa desatada por el capital contra el trabajo. Cínicamente describe el mecanismo por el cual supone el capital financiero podrá salir del contexto de “estanflación” –al que él mismo nos metió– a través de la flexibilización laboral que convierte a cada operario en un “mini-emprendedor” sin un vínculo laboral directo con la empresa que así “elude ciertas cargas o tributos”, todo esto bajo la amenaza de perder la fuente de trabajo por reemplazo tecnológico.

Con una cuota menor de optimismo, Paolo Rocca –dueño de Techint– señaló los peligros que conllevan para el capitalismo la nueva situación: “El cambio tecnológico es una amenaza que tenemos y a la vez una oportunidad. Cuando la transformación es muy fuerte, quedan muchos desplazados (…). Hay muchos que quedan excluidos. Esto atenta contra la gobernabilidad. Hay que generar equilibrio, porque una empresa se legitima abriendo camino a la movilidad social. En el conurbano bonaerense la desindustrialización, el cambio tecnológico, hace difícil la inclusión (…) ninguna empresa sobrevive en conflicto con la comunidad” (citas en: Perfil 30/6; P12 30/6; la política online 30/6; mundo empresarial 1/7). Lo que el empresario ítalo-argentino señala es la contradicción inherente al actual estado de cosas que vuelve imposible el proyecto de transición que esboza Julián de Diego, hacia una economía prácticamente sin trabajadores. Un sistema solamente capaz de albergar a una parte cada vez más pequeña de la población –a la cual a su vez le exige un deterioro progresivo de sus condiciones de vida para poder seguir permaneciendo incluido– genera un ciclo de convulsión social de resultados impredecibles.

En términos políticos (no mecánicos, pero en última instancia insuperables) el dominio del interés de clase que expresa Rocca, y con él todo el capital financiero, mina sus propias bases de sustentación haciendo imposible cualquier consenso democrático, para sostener dichos intereses. Fijémonos, si no, de qué manera formula Rocca la salida al dilema que planteó más arriba. Dice el empresario: “Debemos concentrarnos en aumentar la competitividad de nuestras empresas y nuestro primer compromiso es construir empresas que puedan competir, de ahí se deriva la generación de empleo” (La política online 30/6). Pero el aumento de la productividad y la generación de empleo son, con el actual salto tecnológico, términos contrapuestos. La persecución de sus intereses como capitalista individual, es decir ganar la lucha competitiva por la supervivencia frente a otros capitales, sólo puede agravar el cuadro general de desocupación y con ello la gobernanza política de su clase sobre la clase trabajadora.

Insistimos: el aumento de la composición orgánica del capital no sólo representa un menor número de trabajadores. También achica el número de capitalistas, por el necesario proceso simultáneo de concentración y centralización del capital que liquida a su paso la existencia de los capitales rezagados (menos concentrados). Este movimiento de la estructura se traduce en el lenguaje de las fusiones y adquisiciones dentro del mundo empresario. Pero siempre, un aumento de la escala productiva de uno, supone la pérdida de mercado de otro. Así debe entenderse.

Concentración

Según estimó el Ministerio de Producción, en el país hay un total de 605.000 empresas activas en el último año, de las cuales el 99,4% son Pymes y apenas el 0,6% se trata de grandes compañías. Es decir, que tan solo hay 3.630 empresas consideradas grandes. El resto del universo corresponde a firmas con menos de 200 empleados. Sin embargo, las grandes empresas explican el 56% del Producto Bruto Interno (PBI) y el 36% del empleo privado (datos en CR 21/6, LN 27/6 y ABECEB.com 10/04/2017). A su vez, hay que considerar la dependencia de las pymes de estas grandes firmas. Según dijo el ministro Cabrera, en un encuentro organizado por la UCA: “Alrededor de cada una de esas inversiones [grandes empresas] se genera un ecosistema de pymes con las cuales cada empleo se multiplica por diez” (LN 6/7). Si bien la intención del ministro es remarcar el rol de las pymes en la creación de empleo, es evidente que en gran medida las pequeñas y medianas empresas son dependientes de los “ecosistemas” que crean las grandes corporaciones, lo que revela que el grado de concentración real de la economía es aun mayor que el que deja ver los números ya de por sí impresionantes.

Los datos de concentración económica deben considerarse siempre a la par de los de productividad. Los saltos tecnológicos empujan el rendimiento del trabajo, aumentando la producción con igual o menor tiempo de trabajo contenido. Lo que evidentemente redunda en una concentración de los mercados en cada vez menos capitales y por lo tanto la fusión, quiebra o adquisición de empresas van configurando el nuevo mapa de la propiedad.

Visto desde el punto de vista de la ocupación, si tomamos por ejemplo el caso de las automotrices en argentina, observamos que en 1974 la industria empleó 57.400 personas, el mayor nivel de su historia, para producir un total de 286.312 unidades; mientras que en 2011, el año  en que se alcanzó el record de producción con 828.771 vehículos se emplearon apenas 32.307 trabajadores, es decir que con un 56% de los obreros del setenta se produjo en 2011 casi tres veces más vehículos. Así, entre ambos extremos se observa que la productividad por empleado pasó de 5 coches anuales a 25. Considerada en su conjunto, la producción manufacturera pasó de representar el 27% del empleo nacional en 1974 a ser el 10% en la actualidad (aunque equivale al 22% del empleo en blanco) (datos en CL 9/7 y Télam del 7/2). Mientras que en el sector primario de la economía se asiste a un proceso similar, pasando de ser del 20% la ocupación laboral en el sector en los años 70 a rondar el 7% en la actualidad. Sumados el sector manufacturero y el primario no llegan al 20% del empleo de toda la economía. Estos datos demuestran que, en la tendencia, cada vez es menor la proporción de obreros que sostienen con su trabajo a todos los otros sectores de la sociedad. Por lo tanto, cada vez es menor el tiempo de trabajo útil que los capitalistas y otros sectores tienen para repartirse entre sí; agudizando cada vez más la competencia entre todos por la supervivencia. Tendencia que inevitablemente retroalimenta, a su vez, la innovación que eleva la productividad por aumento de la composición técnica, achicando aún más la torta en un círculo vicioso, sin solución de continuidad.

La concentración y centralización de la propiedad se manifiesta en el desarrollo incesante de la ciencia y de la técnica aplicada al proceso productivo, volviéndolo cada vez a una escala mayor. La destrucción de una parte del capital por el triunfo de otra fracción es el efecto de esta tendencia endógena de la acumulación de capital. Y en términos de clase, se expresa como la necesidad de la oligarquía terrateniente-financiera local y del capital financiero internacional, simultáneamente, de apropiarse del trabajo acumulado y los recursos naturales en posesión del resto de la sociedad. Es decir, la expropiación de las condiciones de existencia del resto por parte de una minoría cada vez más reducida.

A los datos industriales habría que agregarles la situación de la propiedad rural. Según un estudio de Oxfam de enero de este año, el 0,94% de los dueños de las grandes extensiones productivas maneja el 33,89% del total del territorio argentino. El 99,06% restante controla apenas el 66,11% del territorio. Ese 1% se calcula por las propiedades mayores a 2.000 hectáreas, aunque en este caso el promedio de propiedad del 1% es de 22.000 hectáreas. De las 246.947 Unidades Productivas Agropecuarias (UPA) registradas, que ocupan 23,2 millones de hectáreas de tierra útil para la producción, el 83% de esas UPA solo abarca al 13,3% del total de tierras lucrativas del país, estando el 87% restante en manos del 16,7% de propietarios. Esta tendencia a la concentración se profundizó pese a que en los últimos años se incorporaron cuantiosas nuevas tierras a la producción gracias al salto tecnológico de la actividad (datos en Ámbito Financiero 17/1). Este tendencia estructural es la base sobre la que se apoya el actual proceso de concentración y el correlato de exclusión social que desató las políticas económicas del gobierno de Cambiemos en este año y medio de gestión.

Los datos de empleo proporcionados por el Indec, por ejemplo, muestran que en el primer trimestre el 33,3% de los asalariados se desempeñaba en la informalidad. Son 5 millones en todo el país. En el conurbano bonaerense el empleo en negro es de 36%, 51,6% en Santiago del Estero, 42,5% en Salta y 42,4% en Tucumán. En la otra punta, con apenas el 9,3% se ubican Ushuaia-Rio Grande y Rio Gallegos con el 11,9% (aunque ambas economías se encuentran en un acelerado proceso de deterioro, originado por las nuevas reglas económicas). En la Ciudad de Buenos Aires es del 24,2%.

El desempleo promedio es del 9,2%. Mientras que la desocupación es muy alta en los grupos de entre 19 y 29 años siendo el 40% del total de desocupados, lo que equivale a casi 700.000 jóvenes. Un millón de desocupados son menores de 30 años. En el caso puntual del primer centro industrial del país, el Gran Buenos Aires, el desempleo promedio es del 11,8%, que se duplica entre los varones jóvenes (20,5%) y entre las mujeres (22,5%). Si estos datos se combinan con el 11,7% de subocupación (gente que trabaja pocas horas aunque está dispuesta a trabajar más) y el 36% de informalidad laboral, la situación revela toda su gravedad (P12 21/6).

En cuanto al ingreso, según el mismo Indec, en junio del 2017 la brecha entre el 10% de la población que más gana y el 10% que menos gana fue de 21,8 veces; mientras que en marzo del 2015 era de 17,8 veces, es decir sufrió un incremento del 23% (P12 18/7). Es indudable que esto es el resultado de políticas públicas que favorecieron la transferencia de ingresos de los sectores populares a los sectores concentrados de la economía. Pero a esa explicación hay que agregarle que esto ocurre no como una libre elección de los ricos de perjudicar a los pobres, sino como una necesidad de los capitales más concentrados de sostener su tasa de ganancia frente a este proceso general de achicamiento del valor socialmente producido por la sustitución del trabajo vivo (fuerza de trabajo) por trabajo muerto (maquinaria-robótica).

Esta insaciable voracidad, de parte del gran capital, por devorar la riqueza producida para sostener su reproducción, y la conciencia de esta necesidad irreductible, es lo que llevó este mes al diario de la oligarquía terrateniente y financiera, desde su editorial, a atacar el concepto neoliberal de “derrame” emparentándolo al “populismo” que demuestra servir para cualquier pirueta retorica: “Es la ‘teoría del derrame’, una metáfora banal, inventada para descalificar al capitalismo y sus dos pilares fundamentales: los derechos de propiedad y la libertad individual. La promesa de bienestar basada en la iniciativa privada es denunciada como subterfugio de los ricos para mantener sus privilegios (…) el progreso personal se logra con mérito y esfuerzo, no mediante el ‘derrame’ de sobras de un festín” (LN 25/6). Más allá de las intenciones de La Nación de atacar el gasto público (al que nos referiremos más adelante) queda claro en su postulado doctrinario que el capitalismo ya no puede justificar su existencia ni siquiera a través de la promesa de un futuro “derrame” que nunca llega. ¡Porque verdaderamente se tienen que comer hasta las migas que se le caen de la boca! Tal es la profundidad del proceso de concentración y centralización. Veamos a continuación de qué manera se expresó esta tendencia en la coyuntura del mes.

Fusiones

“Un robot debe hacer o realizar las órdenes dadas por los seres humanos,

excepto si estas órdenes entrasen en conflicto con la 1ª Ley”

Isaac Asimov - Segunda ley de la robótica

Finalmente el mes pasado se concretó la absorción del Deutsche Bank por parte del Banco Comafi, por un monto de 45 millones de dólares. Con esta adquisición el banco argentino suma una pata en el segmento mayorista, como custodio de valores de los fideicomisos financieros. Un negocio de 450.000 millones de pesos, de los cuales unos $150.000 están depositados en el Banco de Valores y el ex Deutsche (CR 4/7).

Además del Deutsche, el Comafi adquirió en el pasado la filial argentina de Banco di Napoli (1992); The Capital Corporation, la primera empresa especializada en leasing de la Argentina (2004); Crediclick, una compañía de créditos personales por Internet (2007); y Microlending Argentina (Mila), especialista en créditos prendarios (2009); Provencred, una firma con más de 35 años de experiencia en el mercado de préstamos personales y fuerte presencia en el interior del país (2009); Cuota Ya, empresa especializada en el financiamiento del sector retail (2009); ABN AMRO Bank, actualmente The Royal Bank of Scotland (2012); y la cartera de tarjetas de crédito de Diners Club International en la Argentina (2013). De esta manera se va configurando lo que describíamos más arriba en relación a la fusión entre la banca tradicional y las nuevas tecnologías de internet.

La multinacional Arcor de la familia Pagani concretó, también en el pasado mes, la compra de la papelera Zucamor por un monto de 128,57 millones de dólares. Consolidándose como líder en el mercado de envases flexibles, de papel y cartón en la región. La compra del 51% de Zucamor, que estaba en manos de la Holandesa Zuc Cooperatief, y del 49% restante en control de las empresas Asama, Camie, Hassa, Subel y Malugan le dan el 100% de las acciones de la compañía. Está adquisición viene a engrosar el control que Arcor ya tenía del negocio del packaging en la Argentina con la firma Cartocor, una empresa líder en el negocio de papel y cartón, flexible y material POP. Además, la compañía líder mundial de caramelos, incorporó 22.700 hectáreas dedicadas a la forestación, consolidando la integración vertical en la industria de golosinas (CL 5/7).

De mayor relevancia aún fue la adquisición de Telecom por parte del grupo Clarín. La operatoria se dio a través de la compra de Telecom Argentina por el fondo Fintech, del empresario mexicano David Martínez, iniciada por el año 2015. En estos últimos meses, el fondo terminó de adquirir la participación de algunos accionistas menores, entre ellos las acciones de la familia Werthein que quedó completamente desvinculada de la empresa. A su vez, Fintech, desde 2006, detenta el 40% de Cablevisión, mientras que el 60% restante pertenece hoy a Cablevisión Holding. Con la autorización de los dos directorios –Cablevisión y Telecom– se creó la mayor compañía infocomunicacional del país con una participación en Telecom del 41,27% por Fintech y de un 33% por Cablevisión Holding. Si bien aún resta la autorización de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) y del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), se descuenta que el gobierno dará luz verde a la maniobra (CL 30/6). El resultado de la fusión es la creación de la segunda empresa más grande del país después de Techint. Bajo su influencia quedó el 42% de la telefonía fija; el 34% de la telefonía móvil, el 56% de las conexiones a Internet por banda ancha fija, el 35% de conectividad móvil y el 40% de tv paga (estos porcentajes son más elevados en las zonas de mayor poder adquisitivo y concentración demográfica del país). Aparte, el Grupo Clarín es el mayor editor de diarios, es propietario de radios líderes en AM (Radio Mitre) y FM (La 100) y de una de las cadenas de televisión abiertas más importantes (El Trece), además de ser accionista en Papel Prensa SA, la Agencia DyN y poseer señales de tv paga (P12 2/7). También, en el mismo mes se conoció la adquisición, por parte de Telecom, del 70% de la compañía de televisión satelital paraguaya “Tuves” (CR 3/7), proyectando el grupo, de esta manera, sus negocios e influencia a la región.

Es obvio, que tamaña concentración mediática vuelve imposible cualquier intento de democracia que no se erija contra dicho poder. Lo contrario sería someter la agenda pública a las necesidades y designios del monopolio que por su naturaleza es antagónico con los intereses de las mayorías.

La extranjerización

Estos ejemplos y otros confirman la tendencia que venimos observando en este último año y medio de algunos grupos económicos nacionales que buscan consolidar sus posiciones internas en algunos rubros claves (agroindustria, telecomunicaciones, energía) como nichos donde guarecerse del proceso global de concentración, pero que no tienen nada que ver con un intento de preservar la soberanía e integridad de los Estados Nacionales, para lo cual haría falta la articulación de un proyecto integral el cual son incapaces de formular.

Como señalamos el proceso de concentración es el resultado de la lucha a muerte entre capitales. Cuando una empresa perece por falta de rentabilidad, es decir que sus costos de producción son demasiado altos frente a la retribución que obtiene por la venta de la mercancía producida, lo que ocurre es que su estructura de costos es muy elevada en comparación con sus competidores (puede haber múltiples factores posibles por lo que ocurra esto, no todos directamente económicos, los factores políticos tanto internos como internacionales pueden gravitar y lo hacen en muchos casos más que los primeros). En lenguaje empresarial se diría que “se volvió poco competitiva”. Debe entonces o bien reducir costos o aumentar el rendimiento de la fuerza de trabajo. En su columna, Héctor Huergo se refiere al fondo del problema: “Más litros de leche, o más kilos de carne por hectárea. Valor agregado en origen. Porque valor agregado no es mayor grado de elaboración sino reducción del costo por unidad de producto” (CL 24/6).

La quiebra de SanCor, la segunda empresa láctea del país, es un ejemplo de esto. Sus elevados costos de producción no le permitieron enfrentar el recrudecimiento de la competencia interna y externa expresados en la depreciación del precio final de los productos lácteos. Fenómeno agravado en el mercado interno por la recesión económica que contrajo en más de un 25% el consumo de leche por la población. Con su corrimiento, empezó a ocurrir un fenómeno interesante. Una parte importante del mercado antiguamente controlado por ésta comenzó a ser ocupado por empresas pymes, de escala local, que vieron su oportunidad tras la quiebra del gigante oligopólico. Concretamente Saputo y Tregar. Este florecimiento repentino de la “libre competencia” estimuló la imaginación de Luciano Di Tella, dirigente de la cámara Apymel (Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas): “A las pymes que eventualmente desaparezca el segundo jugador del mercado obviamente las favorece. Lo que sucede es que uno no sabe si SanCor no se va a recuperar; entonces yo no sé si invertir en una máquina que después, si SanCor se reactiva, no me sirve para nada” (P12 13/7).

En realidad, lo que está ocurriendo no tiene que ver con la recuperación o no de SanCor si no con el proceso de expansión de los capitales monopólicos, que ya controlan el mercado mundial, sobre las posiciones nacionales. Es así que se conoció el interés de distintas multinacionales por comprar la antigua cooperativa de Santa Fe y Córdoba, cuyo precio fue tasado en 1.000 millones de dólares, pero que cuenta con un pasivo del 40%. Los pulpos transnacionales interesados en adquirirla son: la Cooperativa Fonterra, con base en Oceanía, que es el primer exportador de leche del mundo y el cuarto productor del planeta y sus dueños son 12.000 tamberos; Fonterra, dueña de Soporle, la mayor empresa de lácteos de Chile; Lala, número uno en Centroamérica con 163 centros de producción y distribución; y, finalmente, la francesa Lactalis, que factura US$ 20.000 millones, dueña de Parmalat, Lactel, y Celia. La condición impuesta por todas estas grandes compañías para realizar sus inversiones en el país es que previamente se realice un proceso de saneamiento de la compañía, acompañado por una flexibilización de las condiciones de trabajo (CL 16/7). Esto significa que el Estado argentino se haga cargo de la deuda impositiva y con los trabajadores; además de presionar/reprimir con el objetivo, explícitamente dicho, de aumentar la explotación de los trabajadores.

Otra adquisición extranjera en el país fue la compra de Masisa por la gigante austríaco de productos derivados de la madera Egger Group (que posee un volumen de negocios de 2.340 millones de euros). La operación se concretó por un monto de 155 millones de dólares. Si bien Masisa era en una empresa de capitales chilenos, su inserción de más de 20 años en el país y su condición de empresa líder constituyen otro ejemplo de avance del gran capital internacional sobre nuestro territorio (CR 18/7).

La entrega

En julio, se difundió el pacto celebrado entre la empresa satelital de bandera Arsat con la estadounidense Hughes, para crear la nueva compañía “Newco”, que será la encargada de construir el tercer satélite de factura nacional, el “Arsat 3”, destinado a proveer Internet satelital (Banda Ka). En rigor de verdad, lo que hubo hasta acá fue la firma de una carta de intención para avanzar hacia un acuerdo definitivo entre ambas empresas. Según trascendió, la estatal Arsat aportará u$s 230 millones (que era el monto que estaba previsto que cueste el nuevo satélite), y Hughes u$s 50 millones. A cambio de esto la compañía de capitales estadounidenses accederá al control del 51% de la nueva empresa y Arsat retendrá el otro 49%. Con ese 51% Hughes obtiene la potestad de nombrar al nuevo directorio y tendrá control pleno sobre las decisiones operativas. A su vez, la Argentina cede una de sus posiciones orbitales para que sea empleada por Hughes (USA).

La creación de una tercera compañía busca evadir la Ley Nacional de Desarrollo Satelital que prohíbe la “transferencia y/o cualquier otro acto que limite, altere, suprima o modifique su destino, titularidad, dominio o naturaleza, o sus frutos o el destino de los mismos, sin previa autorización del Honorable Congreso...”, porque como reza el comunicado del nuevo director de Arsat: “La carta de intención firmada con Hughes no prevé, bajo ninguna circunstancia, la privatización de Arsat”, porque lo que hace es integrar ésta compañía –sin modificar su directorio ni ninguno de sus activos originales– a una nueva sociedad con Hughes, en la que, eso sí, será la empresa yanqui la encargada de la fabricación de los nuevos satélites. Con este subterfugio banal operan la entrega del desarrollo tecnológico nacional más importante de las últimas décadas.

Más ridícula fue la explicación dada para justificar la necesidad de la asociación: “Nuestras misiones satelitales no pueden seguir financiándose con impuestos a los argentinos, por eso Arsat 3 busca viabilizarse con aportes privados”. Podría haber sido (igual sería una entrega), pero lo patético es que el monto previsto previamente para la construcción del satélite era de 230 millones de dólares, y esto es: ¡el mismo monto que Arsat, de todas maneras, comprometió aportar a la nueva compañía! (todas la citas en CR 18/7).

La única lógica que puede explicar el accionar del gobierno en esta materia es el cumplimiento a una exigencia del imperio de entregar un desarrollo tecnológico autónomo, que pueda convertirse en basamento para avanzar en la independencia económica del país. Ya en el pasado la Argentina entregó su programa de cohetería espacial, de aeronáutica, automotriz, etc. Siempre con la complicidad de la oligarquía nativa.

El núcleo de la dependencia económica y, por lo tanto, la subordinación política hacia el imperio, se basa en que los capitales monopólicos controlan la producción de las maquinas y las patentes de las innovaciones científico-tecnológicas, con lo que regulan los tiempos de la industrialización del país dependiente, succionando sus riquezas de manera permanente por ser siempre, en última instancia, el destinatario del gasto productivo ante cualquier expansión de la escala industrial. Porque el ahorro destinado a reinversión productiva (cuando no es un aumento de la cantidad de trabajadores exclusivamente) debe ir a la maquinaria que se fabrica en el centro. Piénsese como ejemplo en el caso de la industria automotriz argentina: cuanto más se desarrolla más dependiente se vuelve del exterior, dado que necesita más dólares para adquirir la maquinaria, los insumos y las propias partes del auto que la argentina es no produce localmente (pese a que en la década del 50 había alcanzado ese desarrollo), o sea que cada vez más requiere del diseño, la tecnología y las propias autopartes producidas en los países centrales.

La expropiación del desarrollo autónomo de la industria satelital tiene este fin: abortar el camino hacia la independencia económica. No importa cuánta soja siembre la argentina, si Monsanto controla la innovación genética de las semillas, si los motores con los que se hace la maquinaria agrícola hay que comprarlos afuera, y si el flujo de la big-data con la que se está realizando el nuevo salto tecnológico en la rama pasa por los satélites extranjeros; todo el dinero que entre saldrá necesariamente hacia esos destinos. Por ejemplo, el mes pasado, Monsanto presentó una nueva tecnología que se basa en el Big-data, para reducir riesgos ambientales logrando aumentar los rindex entre 6% y 10%. La Argentina será uno de los primeros países en ensayar esta nueva tecnología (CL 15/7). Simultáneamente, Ricardo Buryaile, ministro de Agroindustria, pidió nuevamente por la reforma a la ley de semillas, que debe incluir el pago por los derechos de propiedad, y que daña considerablemente la capacidad de reproducción de un sector numeroso de los medianos y grandes propietarios de tierra (CL 22/6).

Por su parte, la industria petrolera espera un boom productivo. En Vaca Muerta se augura para el 2018 la duplicación de su producción (CL 9/7). Esta expansión se explica por la introducción de las tecnologías de extracción no convencional. La explotación tradicional se encuentra en caída libre (la producción de gas y la de petróleo está a niveles de hace 36 años) como mostramos en el número anterior de esta revista. La consecuencia ya señalada es el debilitamiento de la infraestructura tradicional de YPF y su reconversión a un esquema productivo que depende de tecnología bajo control norteamericano (CR 10/7).

La industria automotriz es un ejemplo de integración de capitales locales a las cadenas imperialistas de valor. Está industria, tan depreciada los últimos 20 meses, mostró recientemente un significativo crecimiento que empieza a revertir la caída de los últimos dos años. Durante el mes de mayo subió un 17,4%, lo que representa un incremento anual del 8%; mientras que en Junio se patentaron 76.210 automotores, un crecimiento del 39,8% con respecto al año pasado, lo que constituyó un aumento del 9,2% interanual; impulsada fundamentalmente por un alza de las exportaciones del 36,1% (CR 5/7). Recuérdese que las terminales automotrices son todas de firmas extranjeras (Volkswagen, Chevrolet, Renault, Ford, Fiat, y Toyota); tan sólo una porción de las autopartes son nacionales. En este último aspecto, el mes pasado se planteó una reforma del Régimen de Incentivo Fiscal para la industria metalúrgica que extiende la cobertura de dicho estímulo para provocar el reemplazo de más autopartes importadas por productos nacionales (CR 29/6).

Otro sector de la industria automotriz que empieza a hacer sus primeras apariciones públicas es el de las nuevas tecnologías de almacenamiento eléctrico que están posibilitando la generalización de los autos impulsados por electricidad. En este sentido, el mes de julio se informó la intención de la automotriz china BYD de fabricar los primeros colectivos eléctricos en la Argentina antes de 2019, al tiempo que estudia la posibilidad de instalar su planta en Salta, en el Parque Industrial Güemes; con una inversión de entre 80 y 100 millones de dólares (CL 22/6). La ubicación no es casualidad, cerca de allí, en Jujuy, el presidente Macri y el gobernador Morales estuvieron estimulando acuerdos de inversión por 1.000 millones de dólares para la extracción del Litio. Los principales emprendimientos serían el de salar de Cauchari, explotado por la compañía Exar, con participación de capitales canadienses y jujeños (por 800 millones de dólares); y el yacimiento Olaroz, donde tiene emplazado su complejo de producción la firma “Sales de Jujuy" (habiendo realizado una inversión de 160 millones de dólares) (CR 30/6).

En conjunto, los sectores que se presentan con perspectivas de “viabilidad” son, en primer lugar, el agropecuario (y su industria derivada), el petrolero energético, el minero, el automotriz. Todos extractivos menos uno, pero subalterno e incapaz de autonomizarse –la industria automotriz en realidad depende de los ingresos provenientes de las rentas (agraria y petrolera), por sí sólo es deficitario, en términos de divisas. Pero consideradas específicamente son industrias derivadas de una matriz productiva vinculada a las energías fósiles y una matriz alimenticia vinculada a la proteína animal. Es en este aspecto que hay que considerar los profundos cambios provenientes del salto tecnológico que esta operándose.

En términos energéticos las nuevas tecnologías abandonan el petróleo por otras fuentes más limpias. En una editorial de La Nación se reflexionaba sobre el asunto de la siguiente manera: “Las consecuencias de este fenómeno pueden ser enormes también para la Argentina: varias provincias y dos de las tres empresas más grandes del país (YPF y Techint) dependen del dinamismo del sector de combustibles tradicionales. En el activo argentino se anotan las gigantescas reservas de litio del Norte, que según publicó The Economist hace unos días, con un gobierno amigable con los mercados pueden ser un boom económico” (LN 25/6).

Las nuevas tecnologías también están atravesando fronteras impensables. El mes pasado se realizó en Argentina, un congreso intitulado “Carne Sintética: La Innovación en la era de la Producción 4.0”, convocada por el BID, el INTAL, el INTA y el Ministerio de Agroindustria. Aunque cueste creerlo, la tecnología de cultivo de carne in vitro para alimentación está muy avanzada. Según María Renner, responsable de Relaciones Científicas en Grid Exponencial: “Estamos cerca de la producción de alimentos sintéticos. De hecho, ya está ocurriendo dentro de los laboratorios y hay distintas startups desarrollando alimentos variados. Existen muchos conocimientos de biología molecular que están adaptándose a la producción de alimentos, el potencial es muy grande” (LN 2/7). De generalizarse en algunas décadas esta tecnología, ¿qué pasará con el complejo agropecuario? Si bien, estos límites se presentan más a mediano, largo plazo y son difíciles de verse hoy como una realidad, están allí y modelan el futuro. Mientras tanto otros problemas más inmediatos aquejan a los mismos sectores. Estimulando las demandas sectoriales, y demostrando igualmente sus límites. 

Las diversas fracciones del negocio agroindustrial exportador exigen cambios parciales

El diario La Nación, órgano de partido de la oligarquía terrateniente, en una de sus editoriales intitulada “Los costos del campo” planteó: “El reciente aumento del 6% en el precio del gasoil ha producido críticas fuertes y justificadas en medios agropecuarios. La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina (FADA) ha hecho saber que la participación estatal en la renta agrícola ha subido al 74%, el de mayor rango hasta aquí desde el comienzo del gobierno de Mauricio Macri.... Al cabo de un año y medio de la nueva gestión presidencial, el Estado ha recuperado seis de los puntos que había perdido en la rentabilidad agropecuaria... no habrá soluciones perdurables mientras no baje el gasto público, se reduzca a límites razonables el déficit fiscal y se encare la reforma fiscal integral. La magnitud de la presión impositiva, dentro de un cuadro de superposiciones escandaloso, equivale al 38% del PBI. Es de casi un tercio más que en alguno de los países vecinos. Hay 33 gravámenes que pesan sobre la actividad agropecuaria. Es mucho lo que el campo tributa a favor de los intereses generales para que esté penando como lo hace por un cúmulo adverso de circunstancias potenciadas por los viejos males de base del sector público” (LN 8/7).

El editorialista de La Nación hizo referencia, también, a las declaraciones del presidente de La Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere, quien manifestara su descontento con la política energética del gobierno, a raíz de la autorización de la suba del precio de los combustibles: “La suba representa 3.600 millones de pesos más para el campo”, dijo. En tanto que el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Dardo Chiesa, fue más duro: “Es un castigo, sobre todo para las zonas inundadas” (LN 8/7).

Los pooles de siembra expresaron, del mismo modo, su malestar por las exacciones estatales. Su principal vocero, Héctor Huergo, argumentó desde su columna en el diario Clarín: “Las retenciones le están pegando fuerte al desarrollo sojero argentino. Si el gobierno necesita uno de cada tres camiones, puede hacer algo más imaginativo que capturarlos en el puerto. Así como tiene la audacia de colocar un bono a cien años, podría pedir prestado ese camión que hoy expropia sin anestesia. Ya sé, aumentaría el déficit cuasi fiscal. Pero un rápido ‘precio lleno’ (aunque una parte se pague con un bono) dinamizaría tremendamente a este sector clave de la economía” (CL 1/7). No obstante la quita de retenciones a todos los granos y la baja de dicho impuesto a la soja, que significó una transferencia de riquezas monumental a favor de los grandes terratenientes y de los capitales invertidos en el negocio agrícola, los voceros de la oligarquía financiera campestre piden más… mucho más. Que el Estado se endeude y que el ajuste castigue a los trabajadores y a la fracción de capital industrial-mercado internista.

También opinó sobre los costos operativos la Fundación Mediterránea desde su instituto-usina (Ieral), introduciendo el reclamo por el dólar: “Pese a los avances logrados en los últimos 18 meses, se requiere seguir trabajando en la reducción de costos internos (impuestos, logística, laborales no salariales), en mayor productividad y en la apertura de nuevos mercados, incluida la firma de acuerdos comerciales, como podría ser el del Mercosur con la Unión Europea (…). El costo alto en dólares es la complicación mayor, el gobierno es pro negocios, pero hay que reducir el impacto de ese factor; hay tareas para hacer y llevan tiempo, aunque hay empresas que están muy urgidas” (LN 10/7).

Por su parte, la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea) denunció el deterioro de la renta, proponiendo, a modo de compensación exenciones impositivas y, sobre todo, el financiamiento barato para el impulso y la aplicación de las innovaciones tecnológicas que dicha entidad desarrolla: “A rindes promedio normales y con los precios actuales vemos una baja de la rentabilidad, lo cual nos preocupa un poco porque las variables de ajuste no son muchas. Los alquileres deberían ser la variable más importante a ajustar, pero sabemos que es un tema delicado, depende mucho de las zonas y, seguramente, a aquellos que tuvieron rindes buenos va a ser difícil ajustar. Pero también hubo muchas zonas afectadas que no terminaron la cosecha (…) las retenciones y el tipo de cambio son los temas más importantes, pero no los únicos. También está el tema impositivo, la innovación. Cuando tenemos problemas de competitividad tenemos que pensar las cosas de otra forma, obviamente ayudados por infraestructura, impuestos, pero no tenemos que dejar de lado la innovación” (LN 18/7).

En síntesis, desde la zona núcleo, los grandes propietarios de la tierra perciben un deterioro de las condiciones de rentabilidad que el macrismo les garantizó a inicios de su gobierno con la devaluación y la quita simultanea de retenciones. Las medidas reclamadas se orientan fundamentalmente hacia la recomposición de estos índices por medio de una disminución de la carga fiscal, financiamiento subvencionado y un incremento del gasto público destinado al desarrollo del sector exportador. A la par, se percibe que la variable de ajuste más inmediata para recomponer rentabilidad es forzar la apreciación del dólar. La otra pata del complejo agroexportador, las cámaras que nuclean a los acopiadores de granos, las industrias derivadas y los puertos, también plantearon sus demandas por sostener la competitividad frente a otros actores. En algunos casos, lograron concesiones parciales y en otros profundizan sus reclamos. Por ejemplo, la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) de la Argentina, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) lograron una resolución de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia de la Nación (CNDC) para que se fije (en forma provisoria) una tarifa máxima de referencia hasta que se verifiquen condiciones de competencia para los servicios obligatorios de practicaje y pilotaje (asesoramiento en la conducción de los barcos que ingresan o salen de determinados puertos realizado por personal habilitado que conoce las características particulares de los puertos en que prestan servicios). Con esta medida se busca reducir los costos portuarios nacionales y mejorar su competitividad internacional (CL 4/7).

Quien no parece poder hacer frente a la competencia externa es la Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos (Ciafa), en cuyo informe advirtió el crecimiento en la importación de productos agroquímicos formulados (ya terminados) alertando la inminente desaparición de 2.400 puestos de trabajo sobre 6.000 directos: “El año pasado, las importaciones de productos formulados subieron un 25% en volumen. De 56,9 millones de litros en 2015 saltaron a 71,1 millones de litros en 2016. Para 2017, de acuerdo a una encuesta de expectativas y proyecciones que hizo Ciafa entre sus asociados (de 35 que están en agroquímicos 25 son pymes), se prevé otro aumento del 32 por ciento. La mayoría de las importaciones de productos terminados viene de China” (LN 4/7). Es importante atender al hecho de que esta industria depende de las materias primas que le provee la industria petrolera, que se encuentra declinante por la merma de producción y los precios (inflados) desacoplados de los internacionales.

Tampoco pareciera estar desarrollándose “el supermercado del mundo” que postula el presidente como plan estratégico para el país. La Cámara de Industriales de Productos Alimenticios está pidiendo la “toalla” frente a la presión de la competencia externa. El mes pasado envió una carta al Secretario de Comercio para solicitar la inclusión de los “tomates enteros o en trozos” y del “maíz dulce en conserva” en el régimen de Licencias No Automáticas, ya que los volúmenes de importación crecieron en los últimos meses un 1078 % con respecto al mismo período de 2016 (CR 22/6). Digamos que una de las “patas” industriales del proyecto agroindustrial-exportador, esencialmente la que debería desplegarse en la Argentina (puesto que la “otra pata” industrial del agro se basa en todos los insumos agroquímicos y tecnológicos en su amplísima mayoría importados) se atrofia por la apertura comercial favorable a las grandes corporaciones trasnacionales.

Otro sector que reclamó condiciones para su desarrollo fue el de la industria del etanol, que presionó a los gobernadores de Córdoba y Tucumán para que reclamen a Nación una reglamentación que amplíe el corte de la nafta con alcohol del 12 al 15%. La respuesta del gobierno nacional fue “no son competitivos”. El secretario de Agregado de Valor, y dirigente de la CRA, Néstor Roulet, les dijo: “Hoy pagamos el etanol 90 centavos de dólar cuando en Brasil se paga 50 centavos. No compiten. Nosotros queremos trabajar en competitividad; vamos a ir a licitaciones y el que pone el menor precio va a ganar. Si hacemos todo el cambio, en lugar del 15% podemos ir al 85%. El gobierno ya tomó la edición de seguir aumentando el etanol, con otra norma mucho más competitiva” (LN 26/6). Los dueños de la tierra cuidan su renta como Cancerbero las puertas del Ades; a los precios de sus insumos industriales los amedrentan con la apertura de importaciones.

En resumidas cuentas, las industrias y sectores derivados de la producción primaria reclaman protección para desarrollarse frente a la competencia internacional. En este escenario los únicos que parecen obtener beneficios son aquellos que están directamente vinculados al sector agroexportador, mientras que los otros orientados al mercado interno son presa de una política aperturista que va horadando sus condiciones de sustentabilidad. Gran parte de la industria se ve amenazada por la presión importadora, al punto que, esta situación, llevó al mismísimo Paolo Rocca (Techint), a anunciar los peligros en los que está incurriendo el gobierno. En un pasaje de su discurso en el encuentro anual de la ACDE alertó a los funcionarios presentes: “Ningún gobierno puede hacer una apertura indiscriminada sin poner en riesgo su gobernabilidad y su consenso” (P12 30/6). El problema es la falta de competitividad. Para Gustavo Grobocopatel, presidente de Los Grobo, la cuestión se explica así: “Argentina venía de desequilibrios muy grandes sin crecimiento económico durante muchos años por un deterioro de la relación internacional, signados por menores importaciones y exportaciones, el país tiene costos que son el doble que los de Brasil y el triple que los de México en muchos sectores industriales” (CL 10/7). En sintética consigna: hay que bajar impuestos a la actividad agroindustrial y ajustar el salario en toda la línea.

 

Los flexibilizadores atacan de nuevo

“Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta

protección no entre en conflicto con la 1ª o la 2ª Ley”

Tercera ley de la robótica, Isaac Asimov

A mediados de junio, el gobierno declaró cabalmente su voluntad de avanzar hacia una reforma laboral en los próximos meses, destinada a mejorar la productividad y competitividad del país. Para ello buscará construir los consensos que presenten la reforma como inevitable: “Tanto el sector empresario como el de representación sindical tienen que analizar el proceso de producción con la madurez que requiere la situación”, indicó el ministro de Trabajo, Jorge Triaca. En este sentido, el principal argumento que esgrime el gobierno para su implementación es la reciente sanción en Brasil de una nueva ley laboral que precariza significativamente las condiciones de trabajo, aumentando los márgenes de rentabilidad y competitividad en el vecino país. La reforma en Brasil “afecta el desarrollo de nuestra economía” insistió Triaca; y agregó: “Vemos que es a través del consenso que generamos oportunidades de empleo como hicimos el año pasado con la reforma de ART y Ganancias (CR 18/7). La alternativa, al igual que en la década del 90 se presenta entre la flexibilización laboral y el crecimiento del desempleo.

Pero el consenso buscado no es otro que “la reformulación de las formas de contratación y desvinculación, como la adecuación de los convenios colectivos”, según dice oficialmente el Ministerio de marras (CR 18/7). Es decir la baja de los salarios reales mediante la pulverización de las condiciones de contratación, escala de remuneración y desvinculación ¡Los 90 recargados!

Las condiciones de trabajo no solo las flexibiliza una ley, mucho más determinante es la situación del mercado. Un incremento significativo de la desocupación, es un aumento de trabajadores buscando empleo, lo que deteriora “naturalmente” la capacidad de negociación del trabajo frente al capital, como una mercancía que se devalúa por su superabundancia. Los  reclamos del establishment de reducir el gasto social del Estado y el empleo público en aras de la concentración de la riqueza, profundiza, a su vez, esta tendencia a crear nuevos oferentes de trabajo donde antes había población “pasiva” u ocupada en empleo público. De fondo, la presión ejercida de manera estructural por el “salto tecnológico” operado en el centro del sistema capitalista actúa como una doble vía de desestabilización: hacia los trabajadores amenazando su estabilidad laboral ante la posibilidad de ser sustituidos por un robot; hacia los empresarios como una amenaza de quedar rezagados frente a un competidor más dinámico. La respuesta a esta situación en un país periférico es la misma que la de una pequeña empresa frente al monopolio de su rama: extender en forma absoluta la explotación del obrero para compensar su retraso en términos de productividad. Este mecanismo puede retrasar la tendencia que lleva a su liquidación como capital, pero de ninguna manera detenerla.

En la Argentina comandada por la oligarquía cipaya, los efectos de esta nueva oleada tecnológica conllevan a una “reprimarización” de su economía, que se vuelve esencialmente extractiva y más dependiente que nunca de los desarrollos tecnológicos extranjeros. La flexibilización laboral busca mejorar la competitividad de algunos nichos productivos mejorando la rentabilidad del capital para así atraer inversores y fortalecer las posiciones de algunos actores concentrados propios. Pero aun en el caso de volverse una política “plausible” en términos económicos, el ajuste feroz sobre las condiciones de vida del pueblo trabajador, la desarticulación de todo el entramado social que conllevaría, y la protesta obrera y popular resultante, la vuelve imposible social y políticamente.

Hasta aquí analizamos los rasgos sobresalientes del proceso de concentración y centralización del capital fruto del nuevo esquema tecnológico emergente y sus consecuencias para los trabajadores. A continuación veamos cómo se expresó la realidad de la estructura en la superestructura política.

 



[ << Volver a la primera plana ]