Revista Mensual | Número: Agosto de 2017
Fuentes consultadas: EE.UU.: Wall Street Journal (WSJ). Gran Bretaña: The Economist (TE). Alemania: Deutsche Welle (DW); China: Xinhua (XH); Rusia: Russia Today (RT); Irn: HispanTV (HTV) Venezuela: Telesur (TS). Cuba: Cubadebate (CD). Argentina: Clarín (CL); Crónica (CA); Cronista Comercial (CR); La Nación (LN); Miradas al Sur (MS); Página 12 (P12); Tiempo Argentino (TA).
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Tigres de papel

Problemas para alinear a la tropa
Escrachando al capital
Un muerto que se descompone a martillazos
Sólo valen nuestros cuervos
Campaña de asedio y resistencia
Salir a asustar
Príncipes de reinos de mierda
Cerrar el camino de las ideas
Ante la batalla electoral
 Derroteros del enemigo público


Mientras se desmorona el Estado liberal, se agudiza la lucha de clases y el campo nacional busca las claves de su unidad

Tigres de papel

“No hay tiempo de más,

no hay tiempo de más

una hora es fatal

un minuto igual.

No, no me digas que no se puede,

no, no me digas que no se puede,

que no se puede volar”

(Manal)

 

Como indicábamos en el Análisis… anterior, la oligarquía nacional y los monopolios extranjeros, es decir los sectores de gran burguesía de la Argentina, intentan en el delicado desequilibrio mundial imponer una serie de reformas en el país que les permitan aumentar los beneficios que extraen de él. Sus políticas no son otras que las del afamado neoliberalismo: sumisión a los organismos de crédito internacionales y al capital extranjero, con su correlato de ajuste fiscal, flexibilización laboral −hoy bajo la forma de “luchar contra el costo argentino”− y una inserción subordinada al mercado mundial, como proveedor de materias primas.

El nivel de concentración económica que venimos describiendo a lo largo de toda esta publicación achica los márgenes de negociación del capital concentrado, impidiendo que este tenga propuestas no sólo para vastas capas de trabajadores (amenazados cada vez más por el desempleo y la precarización), sino para sectores de la burguesía menos concentrada. En este marco, la propuesta de los sectores concentrados a los medianos y pequeños es participar de una cruzada contra la “industria del juicio”. Así, las grandes cámaras y nucleamientos de la gran burguesia en el país –SRA, AEA, la ACDE (Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas) AMcham y el Foro de convergencia empresaria, que los nuclea a todos−, desde el gobierno CEO que controlan, dicen defender no sólo su interés, sino el de las pymes, supuestamente amenazadas por “la mafia de los juicios laborales”. Analizaremos los límites estrechos que tiene este programa y cómo se expresa en la superestructura política.

Veremos también cómo la velocidad impresa en la crisis política y social acelera el proceso de descomposición de diversas instituciones del Estado. Al respecto, analizaremos particularmente el modo en que la búsqueda por parte del Gobierno-CEO de alinear todos los poderes del Estado en su programa de reorganización nacional constatemente desnaturaliza la vieja división de poderes, que supone el buen funcionamiento del Estado burgués, mostrando cómo su dominio desmorona las bases del mismo Estado que la oligarquía supo construirse.

Recorreremos también la fuerte crisis de representación que sufre el  sistema de partidos, y cómo esta crisis no hace más que hacerse visible ante el proceso electoral venidero, donde las alianzas no paran de cambiar y el elenco político se reordena constantemente, con unas pocas excepciones donde se mantiene una misma visión estratégica. Analizaremos el derrotero de las expresiones políticas de la alianza social oligarquico-imperialista y de las fuerzas políticas populares.

Analizaremos también el papel y la lucha que viene desarrollando la clase trabajadora, blanco de todos los dardos arrojados por el proyecto reformador de CAMBIEMOS y base social fundamental de la posibilidad de superar esta etapa. Veremos cómo el aumento de la represión y la persecución a las organizaciones de trabajadores exigen una profunda crítica de la situación y una autocrítica de las acciones realizadas hasta el momento, para pensar cómo seguir hacia delante. Autocrítica que en ningún caso puede arrancar sin la previa aclaración de que todos los ataques de los monopolios mediáticos y de la justicia adicta a los poderes económicos concentrados se alimentan del temor de la oligarquía por una fuerza política que con inmensas limitaciones puso en duda su dominio absoluto sobre el país y se planteó en diversos momentos avanzar sobre sus intereses, en favor de las mayorías. Por ello, la mirada crítica/retrospectiva parte de que en 2003 se dio un salto cualitativo en la lucha popular contra las minorías que controlan la economía nacional y el conjunto del país, porque una autocrítica que adolecezca de esto carece de de todo sentido histórico y político y es triste propaganda oligárquica.

Problemas para alinear a la tropa

El gobierno de Cambiemos −que como el de Temer en Brasil representa el elenco político que busca ins-trumentar las reformas neoliberales que los grandes grupos concentrados están obligados realizar en su dura competencia− buscó, sobre el acuerdo de los propietarios del país, frenar posibles disidencias internas, bloqueando la posibilidad de que se expresaran en las PASO. Con esta estrategia es que el Consejo Nacional del PRO decidía que no haría elecciones internas para elegir los candidatos de Cambiemos, sino que llegarían en listas únicas (LN 1/6), como mostrábamos el mes pasado. En julio podremos ver cuánto pudo realizarse ese plan.

A nivel de la provincia de Buenos Aires, Cambiemos cumplió a rajatabla con la no realización de internas, por lo menos a nivel de candidatos nacionales. Su obvia consecuencia es que la UCR fue a la cola. La lista de senadores es encabezada por Esteban Bullrich, el polémico ministro de educación de cuna oligárquica, y Gladys Gonzalez, la interventora del SOMU (el sindicato de obreros Maritimos Unidos, intervenido por el macrismo hace más de un año) y titular de ACUMAR, una de las dependencias con mayor presupuesto de la provincia de Buenos Aires. Es decir que ni siquiera siendo primera minoría ingresaría al Senado un aliado radical. En la lista de candidatos a diputados, de los 15 primeros nombres, sólo 3 militan en las filas radicales y recién aparecen en el quinto lugar, razón por la cual podrían tener dificultades para ingresar más de un diputado. Un síntoma de la tensión que esto significa con la UCR es que Ricardo Alfonsín −que dejará de ser diputado por la provincia de Buenos Aires a fines de este año− no figura en la lista. Este no ahorraba críticas a su partido: “La UCR debe ponerse los pantalones largos y decirle al Gobierno las cosas que a nuestro juicio están haciendo mal”. Al tiempo que criticaba la poca participación de la UCR en el armado de listas y cuestionaba a Ernesto Sanz por actuar “como un representante del PRO en la UCR” (P12 27/6). El PRO sabe que es la fuerza que más diputados sumará, puesto que su  participación electoral en 2011 fue muy baja en la provincia y, por lo tanto, casi cualquiera de los resultados previstos (primera minoría, segunda o tercera) aumentaría considerablemente su caudal en la Cámara Baja, asegurándose incondicionales.

En Capital Federal, las listas a dedo expulsaron a una parte de la alianza CAMBIEMOS, cuando el radicalismo porteño presionara para la realización de internas y ante la negativa jugara −junto con le Partido Socialista− con el ex ministro kirchnerista y embajador en EEUU del actual gobierno Martín Lousteau (LN 26/6 y Telam 14/6). Como sabemos, la crisis política fue “apagada” por Elisa Carrió, que es −en los papeles de la alianza− apoyada por una parte importante del electorado porteño.

Las dificultades con las listas únicas se presentaron también en 9 distritos más, donde sí habrá internas. Se trata de Santa Fe, La Pampa, Entre Ríos, Santa Cruz, Catamarca, Salta, Neuquén, San Luis y Córdoba (LN 26/6). La intención del PRO de ponerse las ropas del cadáver todavía tibio de la UCR multiplicaban las resistencias pusilánimes  del partido centenario, que sin programa propio ni una clara base social −distinta de la macrista− no para de perder influencia.

En el origen de todos estos cambios electorales −donde vemos a los partidos tradicionales transfigurados y a nuevas agrupaciones tener sus “15 minutos de fama”− está que la profunda crisis de relaciones sociales que vivimos, causada por la demencial concentración y centralización del capital, que se expresa en la imposibilidad de los partidos tradicionales para representar a las clases y fracciones de clase que eran normalmente su base electoral. Y que por tanto esa base electoral fluctúa constantemente entre diversos partidos y el abstencionismo, buscando salida a sus crecientes dificultades, que poca solución tienen en este estado de cosas. Tal situación es la base para el comportamiento camaleónico de las diversas ofertas electorales que buscan hacerse con el apoyo de sectores que perdieron su representación tradicional y se encuentran descontentos.

Dicho esto, se hace transparente el derrotero de Sergio Massa, cuyo frente “Un País” reemplazó al efímero Frente Renovador, desguazado en parte por el novedoso “randacismo”. El adalid de la “ancha avenida del medio” prometió incorporar a la organización social Libres del Sur, ex aliada de Elisa Carrió y Alfonso Prat Gay, pero el cierre de listas terminó expulsando al sector de origen piquetero, porque las pobres listas de “un país” no alcanzaban para todos los que querían entrar. “Teníamos un acuerdo con la gente de Massa para ocupar cierto lugar y no se respetó”, explicaba Humberto Tumini, presidente de Libres del Sur, al tiempo que llamaba a “votar en blanco, si al final no se respeta el acuerdo”, alcanzando un nuevo nivel de incoherencia política (LN 27/6).

La única importancia de Massa actualmente parece ser que encarna una contradicción para el dominio imperialista, puesto que a pesar de haber confesado a fines de junio que se presentaba porque su objetivo era “frenar” a la ex Presidenta (P12 25/6) −comprobando que su frente en última instancia se alinea con los monopolíos extrajeros que ven en el kirchnerismo un enemigo del plan flexibilizador y de entrega−, en los hechos su participación fractura al sector más “plebeyo” de la base electoral con que cuenta la alianza de la oligarquía y los monopolios, representada por el macrismo. Lo que surgió como una forma de fracturar al peronismo ahora pareciera alejar al sector que acepta el discurso de la corrupción (“la herencia recibida”y el “se robaron todo”), pero que está crecientemente descontento con el macrismo por la situación económica. Fernando Laborda, escriba de la oligarquía, avisaba sobre este peligro: “Los potenciales votos de la provincia de Buenos Aires para Esteban Bullrich y Gladys González que terminen yendo a Massa y Margarita Stolbizer podrían terminar consagrando, en el peor de los casos, el primer puesto para Cristina Kirchner y Jorge Taiana” (LN 14/7). Por ello, agregaba el propio Laborda, “hay en Cambiemos un inconfesable deseo de que el eje de la corrupción tenga más peso en el debate público que las penurias económicas que afrontan muchos argentinos”. Deseo que no parece estar convirtiéndose en realidad…

En este marco de crisis, la desnaturalización absoluta de las PASO en el distrito mas populoso del país −donde las cuatro opciones que a priori se presentan como mayoritarias no tendrán internas y en términos formales son frentes que no existían hace más de 3 años (Unidad Ciudadana, Cambiemos, Un país y Cumplir)−, muestran, por un lado, la fractura expuesta que la clase dominante viene mostrando a partir de su imposibilidad de reproducir al conjunto de sectores del capital (crisis de hegemonía); por otro, la dificultad de hallar una salida a dicha crisis por parte del frente nacional, que no logra aún despojarse del mismo interés de aquel contra el que pelea.

Escrachando al capital

En todo este contexto, el malestar de las grandes mayorías encontraba cada vez más fundamento. El gobierno aumentaba el salario mínimo por decreto por primera vez desde el 2004 solamente en un 20,3%, menos que la estimación de inflación del año y muy por debajo de la actual canasta básica de $ 14.060 (LN 28/6). Un informe de Unicef indicaba que 1 de cada 2 jóvenes es pobre en el país y que el 15% de los niños eran hijos de madres adolecentes (P12 11/7). A esto se sumaba que el Gobierno −a través de la cartera de Desarrollo Social que conduce Carolina Stanley− suspendía unas 173 mil pensiones por invalidez, por tratarse de personas que tienen un porcentaje de invalidez inferior al 76 %  (P12 23/6), ponía en revisión 35 mil pensiones por viudez (CL 21/6) y 150 mil subsidios para estudiantes jóvenes “Progresar” (28/6). La situación extrema llevaba a que se realizaran más de 100 mil presentaciones en una semana, que la Justicia Federal de Viedma, Río Negro, aceptara un pedido de amparo colectivo presentado por un grupo de damnificados por el ajuste (P12 24/6), que un jubilado se suicidara  en una oficina de Anses en Mar del Plata y que en respuesta de esta tragedia los trabajadores del organismo realizacen un paro nacional. “Las políticas de este Gobierno atentan tanto a la vida de los jubilados como a las condiciones de los trabajadores y trabajadoras”, declaraban. La dramatica situación emulaba con justeza a las bizarras situaciones vividas en 2001. A iguales métodos, iguales resultados.

La creciente bronca hacía que en cada aparición pública de las figuras más importantes del Gobierno se constataran escraches más o menos espontáneos. El acto por el día de la bandera en Rosario duró menos de 20 minutos y fue acompañado por un fuertísimo operativo policial que cerró varias calles aledañas, impidiendo que la población civil se acercase al Monumento a la Bandera. Intentaban preservar al presidente de un hecho ya cotidiano en los actos oficiales: los insultos de la población. María Eugenia Vidal había sido insultada dos días antes en Mar del Plata. El 16 de junio Vidal y Macri habían sufrido igual trato en Tigre. El ministro de Justicia, Germán Garavano, también enfrentó insultos y gritos en la sede de la ex ESMA (LN 21/6). En el acto del 9 de julio, la vicepresidenta Michetti (que reemplazaba a Macri, de viaje en Alemania)  fue insultada en Tucuman (P12 10/7). Un sector creciente de la población mostraba cada vez más expresiones de bronca.

Pero los “escraches” venían también de quienes que exigían acelerar más la transferencia de recursos desde el pueblo hacia los sectores más concentrados. José Luis Espert afirmaba: “Macri tiene que cambiar en serio”. El ortodoxo economista pedía un drástico ajuste fiscal. “Hoy, Pro no para de nombrar gente y crear cargos ridículos en el Gobierno cuando al mismo tiempo muchos pedimos que directamente baje el gasto público preocupados por los niveles salvajes de presión impositiva y endeudamiento insostenible al cual está llevando al país. (…) El experimento que están haciendo de endeudar al país a una velocidad que no le va en zaga al menemismo, no terminará bien (si no para de hacerlo) por más buenos modales de Cardenal Newman que tengan. El déficit fiscal, lo demuestra nuestra triste historia económica, es malo independientemente de quien lo tenga” (LN 8/7).

Y el escriba Luis Majul se sumaba al coro que acusaba de tibio al Gobierno: “Mauricio Macri [deberá] demostrar que no es un presidente de transición, sino uno que vino a transformar de verdad la Argentina. (…) Dependerá (…) de (…) si decide poner en marcha las reformas estructurales en las que cree, más allá de cualquier reacción coyuntural de la volátil opinión pública” (LN 14/7).

Es decir, el Gobierno no tiene más tiempo para comprar. El tiempo se acaba y hay que meter mano en bolsillo ajeno antes de que se deslegitime aún más el Gobierno (octubre de este año) y sobre todo antes de que se pudiera agotar el control del aparato del Estado (que podría ocurrir en 2019). ¿Y después? Después vemos. El tiempo del ajuste feroz es ahora, parece indicar el capital más concentrado que puso todo su aparato judicial y mediático para colocar a Macri en el sillón de Rivadavia. Luego puede ser tarde. ¿Pero no atenta esto contra la política electoral? Es posible. Pero los intereses de las clases están por encima de los tiempos electorales. Y la oligarquía financiera/terrateniente que encarna el capital más concentrado en el país está urgida de avanzar, por más votos que ello quite.

El único sector que parecía acompañar más abiertamente al Gobierno era el empresariado industrial. No por amor sino por espanto. El opinologo de La Nación Francisco Olivera  decía que “en tiempos de campaña (…) los empresarios, todavía escépticos de un gran despegue económico e incluso bastante críticos de Mauricio Macri, han decidido acompañar las políticas oficiales (…) hasta no estar seguros de que quedó despejada la peor de las amenazas, que es el regreso del populismo” (LN 30/6).

Quién mejor explicaba la posición del sector industrial más concentrado en la Argentina –sumido en sus insalvables contradicciones− era Paolo Rocca, dueño del grupo Techint, cuando decia que por la robotización “la transformación de los últimos 25 años es impresionante, y por lo que aprendimos con lo que ha pasado en el pasado esta transformación genera inequidad. Hay muchos que quedan excluidos por esta transformación, y la brecha entre los que tienen más y los que tienen menos se amplía. Pasó en 1800, en 1900, pasa hoy. La gente de mayor formación gestiona la globalización y puede ser protagonista, mientras los que menos recursos tienen terminan siendo víctimas. Esto a mi punto de vista atenta contra la gobernabilidad. Los gobiernos tienen que encontrar el equilibrio. Argentina y América Latina tienen que pensar cómo insertarse en este contexto. Creo que el gran desafío de las empresas es leer esto. Apoyar y sostener la posición del Gobierno para que encuentre la medida para poder navegar en esta situación de tanta volatilidad. Vamos hacia una desglobalización de las cadenas de valor, (…) donde las empresas mueven sus plantas más cerca de donde está su consumo (CL 30/6. Subrayado nuestro).

Es decir que este sector tiene conciencia de los “costos” de la avanzadilla neoliberal. Necesita multiplicar los Temer y sus reformas para avanzar sobre los trabajadores, pero a diferencia de la oligarquía terrateniente –que es una pata del capital financiero foráneo− necesita preservar un mayor grado de legitimidad hacia adentro del país, lo cual implica cierto grado protección a los capitales medios y pequeños, junto con un sector –aunque sea cada vez más pequeño− de la clase trabajadora. Es por ello que se enrola más abiertamente en la estrategia macrista de “comprar tiempo” mediante el “gradualismo”.

He aquí la base material del posicionamiento de los diferentes sectores del capital ante el escenario electoral y su imposibilidad cada vez más clara de plantear un horizonte que supere el cortísimo plazo.

Un muerto que se descompone a martillazos

Dicho lo anterior, podemos ver cómo el Gobierno de los pretendidos reformadores neoliberales no para de horadar el régimen republicano liberal del país, en su intento de garantizar un nuevo estado de cosas que permita el domino de los grupos monopólicos.

El presidente lograba finalemente que Carlos Alberto Mahiques, ex ministro de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, se convierta en camarista de la máxima instancia penal del país −la Cámara de Casación Penal−, avalado sólo por un decreto presidencial y la mayoría de CAMBIEMOS en el Consejo de la Magistratura, a pesar de la resistencia de los propios miembros de este organismo por no haberse sometido a concurso público para cubrir la vacante en el cargo (P12 14/7).

Y los martillazos a la división de poderes continuaban. La Cámara en lo Contencioso Administrativo daba la razón al fallo que pretendía remover del Consejo de la Magistratura a Ruperto Godoy, consejero representante de la oposición en el cuerpo, elegido por el Congreso Nacional, por el hecho de no ser abogado (LN 5/7). Este denunciaba una maniobra del Ejecutivo: “No me voy a ir del Consejo. El Gobierno quiere poner y sacar jueces a dedo, y disciplinar al resto del Poder Judicial. (…) No hay independencia. Para este gobierno, la república no existe (LN 10/7. Subrayado nuestro).

Además, se promulgaba la “ley penal empresaria” para tratar las causas de corrupción vinculadas a la obra pública, tipo Odebrecht. El proyecto oficialista daba amplia libertad de negociación al Poder Ejecutivo para hacer “acuerdos administrativos” con las compañías imputadas por fuera del ámbito judicial y con retroactividad a los supuestos delitos cometidos, para que se puedan negociar concesiones por información. Esto permitiría blindarse ante la posibilidad de que la corrupción propia salga a la luz y dirigir las investigaciones desde el Ejecutivo. Si bien el articulo que permitía eso no fue aprobado −por el rechazo unánime de la oposición−, la ley tuvo media sanción y declaró “imprescriptibles” los delitos de corrupción, con penas mínimas superiores a los 4 años para que no sean excarcelables, pero con reducción de las sanciones económicas a las empresas que “colaboren” (P12 6/7). Lo votado era suficiente para inhibir políticamente a un opositor y llevarlo preso por algunos años, sin quitar una sola concesión a las empresas corruptoras.

Conocíamos el “know how” de estas practicas cuando se hacía público el viaje de una comitiva de fiscales y jueces argentinos a Washington, para reunirse con el Departamento de Justicia de la potencia imperial y recibir información de una base construida por los norteamericanos con las confesiones de Odebrecht y los documentos que aportó la constructora brasileña, en el marco del acuerdo por el cual se le permitió seguir haciendo negocios a cambio de pagar una multa de 3500 millones de dólares (LN 12/7).

Se hace evidente desde dónde parten las instrucciones para la “reconstrucción republicana”…

Sólo valen nuestros cuervos

Un capítulo aparte amerita el embate macrista contra la justicia laboral. El presidente decía estar dispuesto a  combatir la “mafia de los juicios laborales” y para defender “a las pequeñas empresas y a sus trabajadores” (LN 3/7). El falso argumento es que los juicios laborales, y hasta los mismos fueros laborales, son la razón del quebranto de las PyMES, ocultando que −más allá de la contradicción objetiva que existe entre el capital y el trabajo en estos juicios−, las PyMES son amenazadas fundamentalmente por el achicamiento del mercado interno y la competencia de las grandes empresas nacionales y extranjeras, que en general terminan absorbiéndolas, por contar con mayor composición orgánica.

El plan de lo sectores más concentrados era darse una infantería, metiendo adentro de sus planes a un sector de las pequeñas empresas, apoyados en su descontento por los costos de las demandas judiciales que enfrentan, para mantener unido al arco propietario.

A mediadios de Julio se conocía la merma de un 20% en los juicios por accidentes laborales, mostrando el avance del capital sobre el trabajo (P12 11/7). Esto se daba por la entrada en vigencia de nueva ley de ART, que dificultaba el acceso a las instancias judiciales a los trabajadores, obligándolos a pasar por comisiones médicas dependientes de las aseguradoras.

Con esta disputa de fondo, la Corte Suprema de Justicia hacia un guiño al ejecutivo y fallaba que si un trabajador inicia juicio y no puede probar que su dolencia es fruto de su actividad laboral, entonces es el trabajador quien debe abonar todos los costos del juicio (LN 5/7). El fallo, a medida de las aseguradoras y las empresas demandadas, significaba un desincentivo fuertísimo para iniciar acciones legales, teniendo en cuenta que el  trabajador justamente es la parte que no cuenta con capital para responder en caso de perder la demanda.

Ante estos embates, el FPV en el Congreso realizaba una denuncia ante al OIT, donde acusaba que desde el ejecutivo “persiguen a jueces y abogados para intimidar a los trabajadores que reclaman por sus derechos como una forma de flexibilización laboral”.

Campaña de asedio y resistencia

Pero el poder judicial bastardeado y desnaturalizado hasta el extremo también estaba de campaña. Mientras en Avellaneda CFK presentaba el frente Unidad Ciudadana, se realizaba una “espontánea” movilización a Comodoro Py para pedir el “fin de la impunidad” y “cárcel” para la ex Presidenta (LN 21/6). Desde esa sede judicial, varios jueces, encabezados por Bonadío, procesaban a Julio De Vido y los secretarios de Transporte que estuvieron en el cargo entre 2003 y 2014, pero no a Florencio Randazzo, competidor directo de la ex Presidenta. También imputaban a Martín Sabbatella y a la primera candidata a diputada por Unidad Ciudadana, Fernanda Vallejos (LN 11/7).

Como decíamos, Comodoro Py estaba de campaña. La Cámara de Casación Penal confirmaba la condena a tres años de prisión en suspenso para Milagro Sala, pero además disponía que se la juzgue por amenazas, un delito por el cual el tribunal del juicio oral la había sobreseído, porque ningún testigo pudo definir cómo se habían realizado. Si se confirma la condena por las amenazas, la prisión debería ser efectiva por ese delito (P12 23/6).

Finalmente, Carlos Stornelli, el fiscal que fue candidato de Macri en 2003, dictaba la indagatoria y el pedido de detención a Julio de Vido, comenzando una operación mediática y un debate en el Congreso para definir su remoción del cuerpo (LN 5/7). Pero la frutilla del postre era la detención del contador de CFK, Victor Manzanares, por orden del juez federal Claudio Bonadío, por supuesta “obstrucción de la Justicia” en la causa Los Sauces (LN 18/7). El abogado de Manzanares, Carlos Beraldi decía lo obvio: “La detención es ilegal, tiene una finalidad electoral y se inscribe en el marco de una persecución” (P12 18/7). Bonadío además aseveraba que citaría a CFK para declarar antes de octubre por el delito de “traición a la patria”, en relación al memorándum firmado con Irán para investigar el atentado a la AMIA (LN 10/7). La finalidad obvia es deshabilitarla para las elecciones de octubre.

Todos estos hechos nos mostraban cómo la “división de poderes” no constituye más que una broma de mal gusto para los trabajadores y el pueblo.

Lo aseveraban los nuevos embates contra la Procuradora General de la Nación, Liliana Gils Carbó. En julio era iniciada una investigación contra ella por enriquecimiento ilícito (P12 12/7), a lo que  se sumaba el rumor de una destitución por decreto presidencial, algo a todas vistas inconstitucional. Macri en conferencia de prensa acusaba a la procuradora de ser “una militante política que obstruía las causas contra el kirchnerismo y volvia a pedirle que renunciara (LN 13/7). La Nación afirmaba en un editorial que Gils Carbó  “desplegó un planificado intento por colonizar el Ministerio Público, incorporando cientos de personas cuyo único activo de relevancia era el de ser fanáticas funcionales al Estado populista corrupto que impuso el matrimonio Kirchner” (LN 13/7).

El contraataque de la procuradora tenía un sabor agridulce. Por un lado, criticaba fuertemente al Gobierno, denunciaba una operación mediática en su contra para justificar una destitución por decreto y, como antes el consejero Godoy, decía que el objetivo del Gobierno era tener una justicia servicial (P12 11/7). Ahora bien, en su defensa la procudora se comparaba con Luisa Ortega, la fiscal general de Venezuela. “Maduro pretende destituirla por un modo contrario a la constitución. Lo que me pasa a mí, que están procurando armar una puesta en escena para justificar una destitución por decreto”. Y concluía el paralelismo diciendo que querían destutir a Luisa Ortega “por cumplir su rol constitucional y denunciar violaciones a los derechos humanos” (P12 11/7). Luego, jefa de los fiscales argentinos encabezaría un encuentro latinoamericano de solidaridad con la fiscal venezolana.

Presa de una ideología liberal que le impide comprender el verdadero carácter de la pelea, que toma hoy la forma de estos ataques contra ella por parte del Gobierno, la Procuradora se equiparaba con quien ha aceptado ser una pata del plan de intervención imperial en Venezuela, como la fiscal Ortega. Dicha ideología es el límite que impide ubicar al enemigo en su verdadera dimensión internacional y en su expresión nacional. Y, por lo tanto, comprender que no hay tal “justicia independiente” que hay que defender frente a los ataques del macrismo, sino un sistema judicial amañado por la propia oligarquía argentina, el cual debe hoy desarmar y rearmar en función de profundizar la subordinación a sus intereses. En fin, que no es lo mismo el accionar de esta oligarquía −que no duda en reformar el Estado que creó para acondicionarlo a la nueva situación−, que el del pueblo venezolano, que también pretende transformar el Estado pero en este caso para tener más herramientas para controlar a las enloquecidas fuerzas del mercado, en función de los intereses del conjunto de la nación caribeña y de los pueblos de Nuestramérica.

Aparece cada vez más evidente la traba que supone para el frente nacional el luchar contra el enemigo utilizando sus propias herramientas ideológicas, su propio aparato conceptual construido sobre la base de sus intereses materiales desde 1853 en adelante.

Salir a asustar

Pero el miedo al accionar de la justicia no alcanzaba, había que controlar la calle. Y por eso la represión era el paso obligado para hacer posible un plan económico que ataca a las mayorías del país. La violenta represión realizada por la policía metropolitana en la 9 de julio nos mostraba que, detrás del debate sobre si reprimir o no la protesta social −que habían protagonizado Macri-Bulrrich y Rodriguez Larreta−, los planes para crear un aparato policial que pueda frenar de manera violenta las protestas seguían desarrollandose. La acción policial de fines de junio mostraba el accionar coordinado entre la policía antimotines y policías de civil que instigaban a los manifestantes a lanzar piedras contra dicha fuerza en plena protesta, para después llevar detenidos a varios manifestantes (P12 29/6).

Este accionar mostraba que, en un año y medio de gobierno, el macrismo había preparado una policía capaz de aplicar una represión ilegal, con policías infiltrados, uniformados sin identificación y métodos propios de la dictadura militar, acompañados por la estigmatización de la protesta realizada por las autoridades políticas. El ministro de Seguridad y Justicia de la ciudad indicaba que habría “intervención policial en las protestas que tengan como objetivo generar violencia. (…) La ciudad cuenta con policia preparada (P12 3/7). Carolina Stanley, “cordero beato” del macrismo, justificaba diciendo que “nunca nos quedó claro qué estaban pidiendo” (P12 2/7), a pesar de que el pedido era claro: solicitaban un aumento en los planes Argentina Trabaja, dado el agravamiento de la situación económica. Los detenidos ese día eran acusados bajo la figura de “intimidación pública”, en vez de “resistencia a la autoridad”. El detalle burocrático significaba que la pena por participar en una protesta social podía llegar hasta los 6 años de prisión (P12 7/7).

La Tribuna de Doctrina oligárquica, siempre rápida de reflejos, buscaba asegurarse que el Gobierno no se achique ante el repudio generalizado a la represión, advirtiendo en palabras de Carlos Pagni: “Macri, para desmentir el sadismo social que le imputan las distintas variantes de la oposición, podría mirar para un costado y desistir de imponer la ley en el espacio público. (…) No conseguiría (…) popularidad. Pero se ganaría el malestar de la mayoría” (LN 29/7). Y en una editorial posterior, La Nación agregaba: “Quien esconde su rostro bajo una capucha, esgrime un arma −y un palo lo es−, incendia bienes [ese día se quemaron gomas viejas], daña el patrimonio (…) y enfrenta a la autoridad no es un manifestante; es un delincuente” (LN 5/7).

Pero el círculo de la operación mediática se cerraba culpando al kirchnerismo por la violencia. El matutino monopólico Clarín usaba en sus páginas a Alberto Amato −un hombre del Grupo desde hace mas de 30 años, que cumplió funciones en la colaboracionista revista Gente durante toda la dictadura− para decir sin tapujos: “Pareciera que el kirchnerismo busca un muerto, esa especie de enaltecimiento de la guerrilla urbana setentista. (…) No hay forma de igualar al actual gobierno con aquella dictadura” (CL 4/7). Con lo cual, se busca anticipar al responsable de lo que ya se sabe que viene en la Argentina…

Se sumarían a la seguidilla represiva el violento desalojo de la fábrica Pepsico −del que nos ocuparemos en el último apartado− y las denuncias penales contra piqueteros en Neuquen realizadas por YPF (LN 4/7). Pero además, aparece en forma creciente una represión de “baja intensidad”: la saña de la policía contra los jóvenes de los barrios periféricos −denunciada por las organizaciones de abogados CIAJ y AJUS− que son obligados a bajar de los colectivos por “averiguación de antecedentes”, no para detenerlos, sino para sufrir “provocaciones, insultos, destrato y maltrato de la policía” (P12 30/6).

Como frutilla del postre, un dato aportado por el Cronista Comercial confirmaba una vez más el origen de las órdenes policiales, tal como observamos en el caso de las judiciales: en la mayoría de los operativos de seguridad que involucran traslados de Macri por la provincia de Buenos Aires no sólo hay agentes policiales, sino también “francotiradores, espías infiltrados por AFI y personal de servicios israelíes” (CR 28/7); demostrando así que, lejos de ser esta intentona neoliberal un proceso puramente argentino, es un proceso mundial, donde los monopolios intentan darse las condiciones políticas para su dominio, prestando la “ayuda” necesaria para garantizar la eficiencia imperial a las oligarquías locales.

La importancia que da el Gobierno al control de los aparatos represivos se verificaba nuevamente con alguno de los cambios dados en el gabiene. Oscar Aguad, quien fuera el encargado de desguazar la Ley de Medios amparado en decretos presidenciales, era designado nuevo ministro de Defensa. El radical, abogado de 67 años, inició su carrera política como secretario de Gobierno de la Municipalidad de Córdoba, entonces gobernada por Ramón Mestre. Cuando Mestre llegó a la gobernación en 1995, fue ministro de Asuntos Institucionales y Desarrollo Social, desde donde coordinó la represión a la protesta desatada tras una quita del 30 por ciento al sueldo de los empleados estatales y de los jubilados, y una reducción del horario laboral del 40 por ciento. Fue entonces cuando Aguad se ganó el apodo de “El milico”, por su cercanía con el genocida Luciano Benjamín Menéndez y el jefe de Inteligencia de la policía cordobesa Carlos “Tucán” Yanicelli, acusado de cometer delitos de lesa humanidad durante la dictadura (P12 12/7). Elenco y acciones demuestran que cada vez más se preparan motores para una represión frente a las masivas protestas que van a venir, en un escenario latinoamericano donde la Constituyente venezolana marque probablemente un nuevo quiebre en las relaciones de fuerza regionales.

Príncipes de reinos de mierda

A nivel internacional, Argentina continuó con su plan de acercarse a las potencias prometiendo entrega por inversiones. Desde el año pasado se sabía que el país asumiría en 2018 la presidencia pro-tempore del G20 (CL 27/6/16), pero lo que podría haber sido puro formalismo, dada la profunda crisis mundial, se transformaba en un hecho significativo. El alineamiento con Alemania, en defensa del libre comercio y el tratado de París −contradiciendo al ejecutivo del gigante de barro EEUU−, los descarados ataques contra Venezuela propinados por nuestro presidente −que eyectaron del gobierno a la ex canciller Susana Malcorra− y la sumisión internacional a los dictados del gran capital −pago a los buitres, recomposición del vinculo con el FMI, aumento récord del endeudamiento, pedidos de disculpas por la estatización de YPF a inversores españoles, entre otras afrentas a la dignidad nacional− a expensas de la riqueza y el bienestar argentinos, planteaban un escenario donde la presidencia argentina en el G20 pudiera ser una forma de empujar los planes mundiales de flexibilización laboral y hacer de nuestro país un gendarme en la delicada situación latinoamericana, donde “la ola conservadora” parece comenzar a estancarse, sin poder voltear a la Venezuela socialista −que se propone profundizar su modelo−, ni recomponer las relaciones de dominación en Brasil (LN 6/7). Macri le regalaba en el G20 a los poderosos del mundo la crítica de un latinoamericano al país bolivariano: “Venezuela no respeta a los derechos humanos y peligra la paz social que todos los que estamos acá pregonamos” (LN 8/7).

El otro objetivo que los europeos le encomendaron al macrismo es asumir activamente el objetivo de romper las resistencias internas para la firma de un tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Euopera, que claramente no será más que otro fuerte eslabón de la cadena de la dependencia. La ridícula figura de Macri se presentó en un recital con Shakira (cantante vinculada al capital gusano de Miami), con la clara intención de disfrazar al pigmeo de moderno estadista y prepararlo para las operaciones políticas venideras (CL 4/7).

En este marco, iniciaba el encuentro de presidentes del Mercosur en Mendoza, donde argentinos y brasileños prometían trabajar para alcanzar el acuerdo de marras (LN 15/7). A su vez, el canciller Jorge Faurie declaraba su apoyo al gobierno brasileño y amenazaba al gobierno venezolano con la “suspensión permanente” del país caribeño del Mercosur, de no desistir este de la convocatoria a una Asamblea Constituyente (Infobae 21/7).

El diputado del Parlasur por el Frente para la Victoria Oscar Laborde, organizador de la Cumbre de los Pueblos −que se realizó en paralelo a la de presidentes−, caraterizaba la situación del organismo: “El Mercosur y los gobiernos que lo conforman han reorientado la integración hacia una forma de dependencia, funcional al capital transnacional y contraria a toda posibilidad de desarrollo autónomo e inclusivo para nuestros países. (…) Buscan hacer irreversible este camino a partir de la firma de acuerdos de libre comercio, particularmente el acuerdo en la negociación con la Unión Europea” (P12 18/7).

Es a la luz de estos hechos que resuenan las palabras de Paolo Rocca que citábamos más arriba. A pesar de los límites del macrismo para los intereses de los monopolios internacionales, estos no pueden soltarle la mano sin la amenaza de que un cambio de timón en la Argentina signifique un cambio en las correlaciones de fuerza de alcance mundial.

Cerrar el camino de las ideas

Como vemos, el agravamiento de la crisis conlleva la profundización de la lucha de clases. Ante los despidos masivos en industrias, la grave crisis de las PyMES, el avance sobre los derechos laborales y la cada vez más clara situación privilegiada de los grandes monopolios se acelera la búsqueda de respuestas por parte de los sectores populares, empujados a sacar conclusiones o sufrir las consecuencias. En este marco, un repaso por la embestida de los escribas oligárquicos nos permitirá comprender qué temores los aquejan, cuando su margen de maniobra disminuye por la imposibilidad de formular un plan que contenga no sólo a los sectores trabajadores, sino también a vastas capas de su propia clase.

Frente al conflicto de PEPSICO, donde claramente la acción gubernamental privilegió el derecho de propiedad contra el derecho a sostener la fuente laboral −es decir el derecho de un grupo económico trasnacional, frente al derecho de más de 450 familias−, la Tribuna de Doctrina apuraba a la Justicia a fallar a favor de la empresa, amparándose en argumentos propios del filosofo inglés John Locke, del siglo XVII: “Los derechos naturales fundamentales son anteriores a la creación del Estado. Son aquellos que posee todo ser humano por el solo hecho de haber nacido. Los más relevantes son el derecho a la vida y a la libertad, es decir, a elegir cada uno su propio camino siempre que respete el derecho de los demás. Les sigue el derecho de propiedad”. Este vejestorio intelectual iba en defensa de intereses bien actuales: “La empresa tomó una decisión encaminada a mejorar su eficiencia, llevando su producción a otra planta propia cercana a su principal fuente de materia prima. Más allá de las absurdas hipótesis conspirativas elaboradas por quienes quisieron hacer del caso un motivo de ‘resistencia social’, la cuestión se resolvía dentro de la ley. La mediación oficial con la intervención del gremio de la alimentación logró favorecer a los despedidos con doble indemnización” (LN 18/7).

El argumento pretendía defender que sólo el resguardo de la propiedad privada era lo que garantizaba la eficiencia económica de la sociedad. Y que no existía contradicción de fondo entre los intereses de los trabajadores y los de los monopolios. En este marco de ideas, privilegiar el interés de los trabajadores por sobre el de los empresarios traería aparejado una falta de “eficiencia” que reportaría en atraso económico a largo plazo, por el congelamiento de la productividad. Y el atraso en la productividad general haría huir las famosas “inversiones” del país, aumentando el desempleo. El obvio correlato de estas afirmaciones era que el Estado, para defender el bien común, debía seguir la conducta del macrismo. Respetar a rajatabla la propiedad privada, con su particular consecuencia, hacer todos los esfuerzos para que los ricos sean cada vez más ricos y tengan menos escollos para enriquecerse, suponiendo que de ese modo el mercado constituiría un sistema virtuoso donde todos los problemas de la sociedad se resolverían.

Ni lentos ni perezosos, los mismos editorialistas atacaban el obvio contraargumento a ese tipo de planteos. Que sus dichos  no eran más que “la teoría del derrame”, la idea de que si los ricos son cada vez más ricos, su riqueza rebalsaría del vaso hasta constituir el enriquecimiento general. Nuestra oligarquía vernácula cantaba “quiero retruco” y decía: “La ‘teoría del derrame’ es una metáfora banal, inventada para descalificar al capitalismo y sus dos pilares fundamentales: los derechos de propiedad y la libertad individual. La promesa de bienestar basada en la iniciativa privada es denunciada como subterfugio de los ricos para mantener sus privilegios. (…) La esencia del capitalismo implica movilidad social e igualdad de oportunidades. Cuando no hay corrupción ni populismo, el progreso personal se logra con mérito y esfuerzo, no mediante el ‘derrame’ de sobras de un festín. En el capitalismo verdadero cualquiera puede sentarse a la mesa y no son migas las que caen, sino excluidos que ascienden hasta ella. Esa inocultable realidad impulsa a miles de familias a buscar un futuro en Estados Unidos, Gran Bretaña o Alemania. (…) Para que la dinámica capitalista impulse prosperidad en la Argentina (…) es indispensable desatar los nudos de corrupción y privilegios que sustentan el costo argentino y ahuyentan la inversión en la economía real (LN 25/6. Subrayado nuestro)”.

La hidalguía de nuestra oligarquía sólo puede medir talla con su vejez. Para responder a sus argumentos debemos como ellos pensar el mundo y la “dinámica capitalista” en general (en forma abstracta), pero también en la historia.

Por un lado, la dinámica capitalista hace que cada capital necesite mejorar su eficiencia para triunfar en la competencia, lo que genera centralización y concentración económicas. Esto es, el encadenamiento de los procesos productivos y la disminución de los propietarios. Esto significa que la “libre competencia”, por la propia dinámica económica capitalista –que citaba nuestra querida oligarquía− da paso a la constitución de los monopolios como consecuencia lógica del funcionamiento del sistema (hecho histórico constatable desde la segunda mitad del siglo XIX). Esto desarticula la “dinámica social ascendente”. Es decir hay cada vez más sectores propietarios a nivel mundial que se “proletarizan”, es decir, pierden su propiedad y dejan de “sentarse a la mesa” −a contrapelo de lo que pregona el matutino. La riqueza social −creada por la clase trabajadora en general− no es apropiada pues por un sector privado constituido por una multilplicidad de empresas, sino por un puñado de monopolios que −como hemos referido infinidad de veces en esta publicación− hoy día no superan las 147 corporaciones, que controlan más del 50% de la producción mundial. Para el caso argentino, el propio diario mitrista nos indicaba que en la Argentina el 40% de las exportaciones se concentra en 15 empresas y que en ese grupo predominan las compañías extranjeras y las que están vinculadas a los agronegocios (LN 30/7/2011).

Como vemos, la competencia entre capitales por captar las porciones de un valor social cada vez pequeño es feroz, lo que los empuja a la necesidad de achicar la porción del mismo destinado al pago de la mercancía que produce esa misma masa de riqueza: la fuerza de trabajo. Esto es, rebaja salarial, empeoramiento de las condiciones de trabajo, etc. Esto significa, sin metáfora alguna, que para que los capitales subsistan los trabajadores en Argentina deben consumir menos. A confesión de parte, relevo de pruebas: Argentina hoy consume menos carne que en los últimos 5 años (Infobae 10/1/2017) y el consumo de leche es el más bajo desde la crisis de 2001 (CR 22/2/2017).

La oligarquía, fiel a su estilo, sale a presentar como racional la necesaria expoliación de los trabajdores y el conjunto del pueblo en esta época de descomposición del sistema imperialista, para intentar sostener su hegemonía sobre el conjunto de la sociedad civil en el país. Pero no puede ya más que trabar con argumentos incompletos y falaces la comprensión de la situación actual. Pues superar esos falsos argumentos –ese irracionalismo cada vez más agudo− implicaría asumir puntos de vista que supondrían su propia liquidación como clase.

Ante la batalla electoral

Como la fuerza social oligárquica, el frente nacional también se prepara para la batalla electoral, sin escapar a la crisis general de los partidos que venimos analizando. A finales de junio se definía que las diferencias en el peronismo no se definirían en la interna del PJ. La lucha facciosa dentro del frente nacional planteaba dos espacios. Uno que bregaba por la “renovación en el peronismo”, opción que representaba Randazzo y su propuesta de internas, y otra que proponía la unidad, representada por CFK. El marco de este debate, como indicamos más arriba, era la ya conocida táctica del macrismo de no tener interna en la provincia, para poder tener varios meses para instalar a sus candidatos y evitar roces internos, fundamentalmente, con el radicalismo.

Un breve recuento marca las dimensiones del apoyo de los jefes distritales a la candidatura de CFK: Jorge Ferraresi (Avellaneda), Patricio Mussi (Berazategui), Walter Festa (Moreno), Ariel Sujarchuk (Escobar), Verónica Magario (La Matanza), Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Fernando Gray (Esteban Echeverría), Gustavo Menéndez (Merlo), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Alberto Descalzo (Ituzaingó) y Julio Pereyra (Florencio Varela). Mientras que una minoría mantenía su cercanía a Randazzo, fundamentalmente del interior de la provincia (CL 19 y 20/6). El frente “Cumplir” además cuenta con el apoyo oficial del Movimiento Evita, algunos sectores del movimiento obrero (particularmente la UOM) y de varios diputados que provienen del massismo (Como Alberto Fernández, Oscar Romero del Smata) como figuras más importantes.

Randazzo se mostraba en público con argumentos cada vez más similares a los políticos del frente oligárquico-imperialista, para marcar diferencias con la ex Presidenta. En diversas apariciones públicas, el ex ministro de Transporte hacía centro en las críticas a la gestión presidencial anterior y con la postura actual de Cristina: “Cristina Kirchner decidió irse del peronismo para no participar de una PASO conmigo. La que dividió el espacio opositor tiene nombre y apellido: Cristina Kirchner” (LN 17/7). Y machacaba: “Lo que digo es que Cristina es soberbia. No quiso hacer primarias. (…) Y tampoco quiere hacer autocrítica. Ella aplicó la teoría del derecho consumado. Dijo que ella es la candidata, que los intendentes le decían que en los barrios pedían por ella, y listo, chau PASO” (Infobae 1/7). Interpretando como un capricho personal el hecho de que en vastos sectores del conurbano bonaerense −el espacio geográfico mas poblado del país, donde viven la gran mayoría de los trabajadores de la provincia), la intención de voto para la ex presidenta ronda el 40% (CL 20/6).

Jorge Taiana, que participa de la mesa nacional del Movimiento Evita, pero pidió licencia para  secundar en la lista a CFK de la provincia de Buenos Aires, resumía la necesidad de buscar la unidad para “detener este proyecto neoliberal” en marcha (P12 26/6). Ante las consultas del matutino oligárquico sobre sus diferencias conocidas con el kirchnerismo (se alejó del Gobierno luego de abandonar la cancillería en 2010), decía: “Por encima de las diferencias que tengamos sobre el pasado, existe una convicción profunda de que sólo la unidad de la mayoría de los argentinos y sobre todo de los sectores más humildes permite evitar que el gobierno de Macri siga avasallando derechos y afectando el tejido social y productivo. (…) Macri le pagó US$ 15.000 millones a los buitres, que son empresas norteamericanas. La figura de Macri atrae ilusiones sobre un liderazgo de centroderecha en la región en momentos de crisis de gobiernos populares” (LN 2/7).

El frente encabezado por CFK era lanzado a finales de junio en le estadio de Arsenal de Sarandí, con una masiva convocatoria de más de 100 mil personas, en un acto atípico, donde no hubo palco, ni banderas partidarias. Claramente, se tomaba nota de la tremenda crisis de los partidos a la que nos referimos más arriba y se apelaba más al movimiento de la población “suelta” que a los sectores organizados acompañan ese movimiento. En la concentración se convocaba a la población en general a “poner un límite al ajuste”, haciendo hincapié en los testimonios de los ciudadanos afectados por las medidas económicas; buscando correr los aparatos partidarios y los números económicos, para poner en el centro la empatía con el sufrimiento ajeno. “Con ellos no tenemos futuro”, afirmaba CFK (LN 20/7). Como siempre, el planteo de quién es el enemigo estaba claro.

Ahora bien. Los límites del planteo los marcaba el más versado de los escribas oligárquicos, Eduardo Fidanza, cuando decía que “el de Cristina es un discurso de la necesidad y el resentimiento, en clave policlasista: cada uno tiene una necesidad insatisfecha que lo impulsa a demandar un presente sin sufrimiento y la restitución del futuro” (LN 8/7). “Contando las costillas” del movimiento nacional, el enemigo dejaba al desnudo que el planteo de Cristina no supera la matriz conceptual que encarna la propia oligarquía, en tanto la interpelación al pueblo sigue siendo en tanto “consumidor”, remarcando cómo el consumo bajó sustancialmente desde la llegada de los CEO al Gobierno.

Según el planteo, es el Estado quien en manos del movimiento nacional puede volver a “volcar la tortilla” hacia los trabajadores y los sectores populares. El mismo límite que veíamos más arriba a propósito de los dichos de Gils Carbó sobre Venezuela. Aparece el aparato del Estado armado por la oligarquía como algo neutral que se puede mover hacia un lado u otro según quién lo “ocupe”.

De nuevo, el problema del sujeto aparece sobre la mesa. ¿Quién puede detener al neoliberalismo? ¿Cómo? ¿Qué batallas políticas tenemos por delante? ¿Cómo se logra frenar a los grupos monopólicos que controlan el 70% del PBI argentino y son el cuerpo material del neoliberalismo a enfrentar? Aquí, en la positivización, en el cuál es el sujeto y en los métodos de esa positivización encontraba límites el planteo sin dudas más profundo dado en el seno del frente nacional.

Dicho esto, podemos pasar a analizar el derrotero del la clase trabajadora a lo largo del periodo analizado.

 Derroteros del enemigo público

A esta altura de los sucesos, se hace obvio que el modelo que intenta implantar el gobierno de CAMBIEMOS implica eliminar conquistas y doblegar a la clase trabajadora, quitándole sus derechos y rompiendo sus organizaciones, que fueron capaces de alcanzar tales conquistas. Por lo tanto, constantemente, por acción u omisión, el Poder Ejecutivo ataca al movimiento trabajador. Pero la animosidad en el periodo analizado tomó otro nivel. Públicamente, el Gobierno se declaraba “enemigo de las mafias sindicales”, tal como se había declarado “enemigo de la mafia de los juicios laborales”.

A pesar de los constantes ataques, los trabajadores seguían dando la lucha económica. Los trabajadores de  ANSES realizaban 2 paros nacionales (CR 22/6). Se sumaba el de los trabajadores del puerto de San Lorenzo, en Rosario, donde varios gremios reclamaron que equiparen sus salarios con el de los aceiteros, históricamente mejor remunerados (CR 21/6). Los reclamos llevaron a los trabajadores a detener por algunos días las exportaciones de granos, generándole un importante trastorno a las multinacionales que controlan la exportación.

Dos fueron las fuentes más importante de conflicto. Por un lado, una ola de allanamientos e intervenciones gremiales, que diversos poderes del Estado inflingieron a los sindicatos. Por otro, la resistencia ante la pérdida de fuentes laborales, fruto de la crisis económica.

El allanamiento al Sindicato de Camioneros y la intervención del Sindicato de Canillitas marcaban una política de amedrentamiento orquestada desde el Poder Ejecutivo, ante gremios que se oponían abiertamente a sus políticas. En el caso de Canillitas, la intervención llegaba días después de que el secretario general, Omar Plaini, se manifestara públicamente en favor de la candidatura de CFK y sólo 10 días después de que se diera publicidad a la fusión de Clarín con Telecom, que transformaba al grupo en la empresa más importante de la rama (P12 3/7). Plaini denunció que el juez Martínez de Giorgi no tiene competencia laboral, actuó con “una clara intencionalidad política” y que realizaba una “persecución al movimiento obrero”. Ante la intervención, el respaldo de organizaciones políticas y de la CGT era fuertísimo (P12 3/7).

Pero los conflictos más importantes fueron a consecuencia de la crisis económica, con los despidos en sectores industriales (más de 1000 en una semana). Puma anunciaba la reducción de sus plantas en las localidades riojanas de Chilecito y Chamical, dejando en la calle a 180 trabajadores. 70 empleados eran  desafectados por el cierre de los talleres ferroviarios Rioro, cerca de Rosario. La firma química Lanxess en Zárate dejaba sin empleo a 170 trabajadores. Y la planta bonaerense de Florida de la alimenticia Pepsico cerraba sin previo aviso, despidiendo a 450 trabajadores y anunciando que trasladaría la producción a Mar del Plata, donde contrataría a 150 operarios, que reemplazarían lo que en Florida producían 450 (P12 23/6).

Este último conflicto significaría un duro enfretamiento entre trabajadores y la políca luego de que un grupo de trabajadores, acompañado por sectores de izquierda, queriendo impedir el traslado de los equipos decidieran ingresar a la fábrica con la intención de frenar el vaciamiento “No queremos plata, que se nos va a ir como arena entre los dedos”, dijo el  delegado Luis Medina (P12 27/6).

El conflicto se visibilizaría por la cruda represión del 12 de julio, donde un grupo de trabajadores resistió el desalojo en medio de un gigantesco operativo policial.

Este conflicto desataba al mismo tiempo un debate al interior del movimiento obrero, ya que la gran mayoría de los trabajadores de Pepsico acordaron el despido con doble indeminización, negociado por le Sindicato de la Alimentación, luego de que la empresa declarase le cierre de un día para otro. A pesar de eso, un sector vinculado a partidos de izquierda con presencia en la fábrica denunciaba este acuerdo como una entrega y ocupaba la planta. El Gobierno, el diario La Nación y la patronal defendían la legalidad de su accionar y pedían a los gritos el desalojo de la misma. Por lo tanto, se debatía qué estrategia era la más correcta. Es claro que el acuerdo indemnizatorio no para el plan de ajuste, sino que es un parche, que termina sólo aliviando circunstancialmente la situación social, como ya pasó en los 90 con miles de retiros voluntarios. Al mismo tiempo, ya es reiterada la imposibilidad de sostener los conflictos mediante la sola toma de fábricas que −si bien aparece como una actitud subjetivamente más combativa− no plantea algo más allá del sostenimiento de los puestos de trabajo. Es decir, pedirle al capital que detenga su proceso de desarrollo objetivo que describimos en otro apartado (y en todo el Análisis… mes tras mes).

Los límites de ambas estrategias mostraban cómo el camino de la lucha económica sin más no puede resolver los conflictos, y cómo el movimiento obrero necesita dar el paso a la política, donde en cada conflicto se denuncie el plan económico del enemigo, pero a su vez se busque la unidad de los trabajadores en pos de un proyecto propio que supere el de la oligarquía decadente.

La trampa es pensar que el movimiento obrero puede dar respuesta a los conflictos puntuales desde la lucha puramente económica, sin un proyecto de país coherente, que contemple a todos los sectores que son avasallados por los monopolios y pretenda darles plan. Sin esto, obviamente todas las luchas se volverán cuesta arriba, y nos debatiremos entre la administración de las catástrofes (doble indemnización) y el heroicismo pusilánime (la toma aislada y sectaria). Como no nos cansamos de repetir en esta publicación, la lucha antiburocrática sin más pierde de vista al verdadero enemigo de clase y contiene además una errónea lectura del momento actual del desarrollo económico, donde los monopolios deben liquidar los beneficios de esa capa superior del movimiento obrero, por los altísimos niveles de concentración y centralización económica. Por lo tanto, entendermos que el problema no está en un sector minoritario que traba el desarrollo del colectivo, sino en constuir una estrategia común desde el punto de vista de los trabajadores.

En este sentido, resulta significativo el debate sobre la justeza o no de la realización de la movilización del 7 de agosto, día de San Cayetano y contra el modelo económico vigente, que se dio entre la Corriente Federal de TRabajadores y CFK, donde la CFT llamaba a movilizar al movimiento obrero y la candidata a no movilizar esa día, para, en cambio, “convocar a una gran votación el 13 de agosto”, hecho aceptado finalmente por la Corriente (LN 8/7). Mostraba como el frente nacional todavía busca comprender cuáles es la clave para avanzar sobre los intereses oligárquicos, qué papel jugarían las elecciones y cuál la participación directa de las masas.

Lo que se discute, de fondo, no es una marcha más o menos, sino dos cuestiones centrales. Uno. Si una potencial derrota electoral del macrismo es condición suficiente para “frenar la avanzada neoliberal”. Dos. Si los trabajadores pueden continuar esperando que el empresariado nacional lleve a término la definitiva independencia del país contra la oligarquía apátrida y deben tomar las riendas del frente nacional para hacerse cargo de lo que el conjunto del pueblo espera de ellos.



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