Revista Mensual | Número: Octubre de 2017
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Fuentes consultadas: EE.UU.: Wall Street Journal (WSJ). Gran Bretaña: The Economist (TE). Alemania: Deutsche Welle (DW); China: Xinhua (XH); Rusia: Russia Today (RT); Irn: HispanTV (HTV) Venezuela: Telesur (TS). Cuba: Cubadebate (CD). Argentina: Clarín (CL); Crónica (CA); Cronista Comercial (CR); La Nación (LN); Miradas al Sur (MS); Página 12 (P12); Tiempo Argentino (TA).
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Sin vuelta atrás

Entregando las joyas de la humanidad
Privatización forzosa
Sigue ajustando
Otro tiro por la culata
Ningún cuento chino
Precisando las tareas
No te para ni el huracán


La fractura de las alianzas históricas de la burguesía
y la necesidad de avance que tiene clase trabajadora

Sin vuelta atrás

“Cuando la lucha de las clases se acerca a la hora decisiva,
el proceso de disolución de la clase reinante, de la vieja sociedad,
adquiere un carácter tan violento y tan áspero,
 que una pequeña fracción de esa clase se separa
y se adhiere a la clase revolucionaria,
a la clase que lleva en sí el porvenir.”
K. Marx, Manifiesto Comunista

 


Insistiendo con lo analizado en los artículos anteriores, y como señalamos todos los meses, la crisis de reproduccion que tienen los capitales concentrados se sigue profundizando en nuestro continente. Los hechos ocurridos durante este mes en América Latina siguen demostrando las condiciones de imposibilidad que tiene la burguesía mundial de llevar a cabo los planes de ajuste necesarios para salvaguardar sus intereses mediante la obtención de máximas ganancias a costa de la cooperación de los trabajadores para poder seguir compitiendo a escala global. Durante este mes, la cada vez más encarnizada lucha entre estos grupos económicos siguió su ritmo ascendente. Ante la falta del tiempo necesario para crear consensos, el desmenbramiento constante de las fracciones locales de la burguesía pareciera no tener límites, y allí donde la clase trabajadora fue históricamente más apabullada en las épocas del avance neoliberal es donde las condiciones del ajuste parecen estar más firmes. Estos planes aparecen cómo la propia necesidad objetiva que el capital concentrado tiene para poder reproducirse, en una situación donde la cooperación a nivel global permite producir muchísimas mercancías en muy poco tiempo, por lo tanto su posibilidad de obtención de ganancias diferenciales es cada vez más acotada.

Como venimos observando en los últimos meses, se van rompiendo las históricas alianzas entre los grupos económicos mundiales y los sectores oligárquicos locales, hijos directos de la expansión de los centros industriales europeos y de las relaciones capitalistas que los rigen, ya que no es posible que todos entren en el reparto de la riqueza generada por los trabajadores. Así, la apropiación de la renta de la tierra, minera o petrolera que antaño estaba mediada por esas fracciones locales de la burguesía mundial, no tiene razón de ser en los niveles de concentración actuales: los grupos económicos se encargan directamente de su explotación, arrasando todo el desarrollo que no tenga relación directa con sus intereses inmediatos, buscando profundizar la matriz económica primarizante de nuestro continente. Bajo este plan quedan desplazados vastos sectores de la sociedad, entre ellos los sectores industriales locales que se defienden vanamente intentando construir “capitalismos nacionales”. El grado de confiscación alcanza, entonces, a estos sectores encargados históricamente de “cuidar” los intereses del imperio en el subcontienete latinoamericano. Por lo tanto, se resquebraja toda posibilidad de acuerdos entre ellos, situación que gráficamente se expresa con los problemas de gobernabilidad que hay en los lugares donde, por elecciones o por la fuerza, se han instalado en el gobierno representantes de aquellas oligarquías nacionales, siendo Brasil el ejemplo más claro de descomposicion de esas relaciones de producción que les permitió armarse como bloques dominantes.

En este escenario emerge nuevamente la clase trabajadora como única capaz de poder resolver la crisis, creando relaciones que superen las capitalistas, asumiendo el papel de controlar las fuerzas productivas, poniéndolas en función de los pueblos. En este sentido, se van precisando las tareas concretas que tiene la clase obrera en los principios estructurales que delineó la Asamblea General Constituyente en Venezuela, poniendo en el centro del programa político e ideológico “el abandono de la cultura rentística”, heredada de la división internacional del trabajo que impuso la burguesía en su etapa ascendente. Pasamos, entonces, a analizar los acontecimientos ocurridos en el último mes que dan cuenta de este feroz enfrentamiento.

Entregando las joyas de la humanidad

Siguiendo la tendencia confiscatoria por parte del capital monopólico de escala mundial de los últimos meses, durante agosto se discutió en el parlamento brasileño la reducción de una histórica área de protección ambiental de la Amazonía de la selva de Jamanxim, en el estado de Pará, que posibilitará la compraventa de tierras y el desarrollo de cultivos y actividades mineras. Seguidamente, el actual presidente “interino” (resultado del golpe legislativo a Dilma Roussef), Michel Temer, autorizó por decreto del Poder Ejecutivo la extinción de una reserva natural de más de 47.000 kilómetros cuadrados en la Amazonía, entre los estados de Pará y Amapá (TS 24/8), cuya finalidad será la extracción de oro y otros minerales como cobre o niquel por parte de capitales privados. Creada en 1984 por la última dictadura militar brasileña, la Reserva Nacional de Cobre y Asociados (Renca) estuvo bloqueada hasta el dia de hoy a los inversores privados, manejada exclusivamente por una empresa pública estatal, la Compañía de Investigación de Recursos Minerales, que se dedicaba únicamente a labores investigativas para luego negociar con determinadas empresas explotaciones específicas. En otras palabras, la extracción estaba fuertemente regulada por el estado brasileño. Producida la movida legal, los funcionarios al servicio de las necesidades del capital global salieron, sin demora, a justificar la medida: el diputado Valdir Colatto (del PMDB) afirmó que el “objetivo es atraer nuevas inversiones, con generación de riqueza para el país, de empleo y de renta para la sociedad, basado siempre en los preceptos de sustentabilidad” (TS 24/8). Las áreas estratégicas que controlaron históricamente los estados semicoloniales a través de las oligarquías locales ahora son entregadas a cualquier costo, para garantizar su reproducción como grupo minoritario de la sociedad, aunque en su desarrollo terminen siendo devoradas por el capital global.

No obstante, en el caso de la Renca, la crisis de hegemonía de los capitales concentrados se expresaba a través de la acción del juez Federal Rolando Spanholo, quien “suspendió los eventuales actos administrativos que tengan base en el decreto 9.142 o cualquier medida sucesora del gobierno con el objetivo de extinguir la reserva” (TS 30/8). Así, se mostraba claramente la desarticulación de sus propios aparatos institucionales para el control de la renta y las ganancias, resultado de la imposibilidad que tiene el capital concentrado de reproducir a todas las fracciones del empresariado local, con el consecuente resquebrajamiento de la fuerza social comandada localmente por la oligarquía carioca. La actualidad de la minería brasileña grafica esta situación y los avances en su explotación por parte de capitales privados de base extranjera son solamente otra manifestación de la primarizacion de las economías del continente que impulsan los grupos económicos de escala global, como venimos analizando desde hace unos meses con la producción agroalimenticia del hermano país.

En este sentido, se pronosticó para este año la mayor producción de granos de la historia brasileña, con 241 millones de toneladas previstas, un 30% más que la campaña anterior, superando, además, el récord de 2015. En esto el arroz, el maíz y la soja representan el 93,7% del total de la producción, además de responder por el 87,9% del área cosechada (CL 14/9). Como parte de la descomposición que engendran estos capitales concentrados, gran parte de los funcionarios del gobierno y del parlamento carioca defienden fielmente esos intereses, empujando o apoyando las medidas tomadas por el Ejecutivo en materia de perder el control de las tierras que pertenecen al pueblo brasileño. Esto trae aparejado necesariamente la absorción de los capitales nacionales por parte del capital concentrado global, inclusive de algunos que tienen envergadura regional, cómo analizábamos el mes anterior para el caso del conglomerado productor de alimentos JBS, sometido a un mecanismo de confiscación que lo obligó a desprenderse de sus activos en Argentina y Uruguay en menos de dos meses como medio de acumular liquidez para “defender” terreno frente a sus competidores en el mismo territorio brasileño. Así, la acumulación de capital por parte de estos grupos de alcance regional o nacional alcanza, y poco, meramente para “defender” posiciones frente a la avanzada de las multinacionales, imposibilitando la suficiente acumulación que les asegurase el salto productivo que, eventualmente, les podría haber permitido competir a escala global, aunque más no fuera en una pequeña porción de algún sector del mercado. Recordemos, en este sentido, que el grupo de capitales brasileños JBS era el primer exportador de carnes congeladas del mundo, y que luego de sufrir la envestida de la “Justicia” carioca ha ido renunciando mes a mes a cuotas del mercado global a manos de competidores con mayor incidencia de capitales yanquis o europeos.

Volviendo al punto del avance de los capitales concentrados extrajeros sobre la propiedad de la tierra en nuestras tierras, la situación brasileña se asemeja a la vivida en Colombia. En este sentido, un informe publicado por la organización internacional OXFAM reveló que el país cafetero “el 1% de los propietarios concentra más del 80% de las tierras rurales”, y aunque no es un hecho novedoso en aquel pais, la tendencia “se ha agravado en las últimas décadas”, indica el organismo. Por otra parte, precisa que los predios de mayor extensión, es decir, aquellos que tienen más de 500 hectáreas, “ocupaban 5 millones de hectáreas en 1970”, y para 2014 “pasaron a ocupar 47 millones”. En contraposición, el informe precisa que los pequeños propietarios de tierra, aquellos con “menos de 10 hectáreas”, ocupan apenas el 5% del total de las tierras rurales, “con un tamaño promedio de 2 hectáreas” cada uno. Colombia se sitúa en el primer lugar del 'ranking' de desigualdad en la distribución de la tierra, seguida por Perú, Chile y Paraguay (RT 26/8). La concentración de la tierra en pocas manos aparece como un aspecto fundamental para la dominación imperial, en la medida que es una necesidad objetiva el primarizar aún más nuestras economías latinoamericanas –subordinadas históricamente a los capitales globales–, permitiendo con ello obtener más y mejores ganancias con sus inversiones, reduciendo costos de la producción y apropiándose de los esfuerzos del conjunto de la sociedad a través del control de la renta del suelo por parte de grupos oligárquicos locales cada vez más reducidos en su poder “aguantar” la absorción por parte de aquellos monopolios de escala global.

Privatización forzosa

Como hemos señalado en ediciones anteriores, a la apropiación de la tierra como medio fundamental de producción del continente se le suma el control de la renta –que aquella proporciona–, presentándose también como necesidad imperiosa de las 147 corporaciones el dominio sucedáneo de la infraestructura estratégica de los países dominados. Las privatizaciones y los aumentos constantes del costo de los servicios esenciales para la población son dos formas concurrentes en que se presenta dicha apropiación de los recursos primarios. En este sentido, sigue siendo el Brasil del gobierno conducido institucionalmente por Michel Temer la nave insigna para la aplicación de los planes de ajuste modelo, por el enorme peso que tiene hacia el interior del continente la economía del vecino país. Al ya conocido aumento en los combustibles, entre otras medidas confiscatorias que provocaron reacciones hasta en parte del empresariado brasileño que apoyaba al gobierno oligárquico, Temer profundizó el plan de privatizaciones con un nuevo paquete que incluye más aeropuertos, rutas y puertos; la principal empresa de electricidad, una lotería y hasta la Casa de la Moneda; yacimientos petrolíferos, líneas de transmisión de energía, autopistas y el aeropuerto insignia de la ciudad de San Pablo, Congonhas. Además, reducirán la capacidad de subsidiar créditos desde el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), entidad ligada históricamente a los sectores industriales brasileños (como por ejemplo la constructora Odebrecht, presa actual del capital monopólico global).

En total, según indicó el ministro jefe de la Secretaría General de la Presidencia, Wellington Moreira Franco, serán incorporados al programa de ventas y concesiones a la iniciativa privada 57 activos estatales, para paliar el gran déficit fiscal que tiene el país. El mismo superó en julio los 6.370 millones de dólares, acumulando entre enero de 2017 y ese mes 24.110 millones de dólares, lo que obligó a elevar el numero pronosticado para todo el año de 43.900 a 50.275 millones de dólares. “El objetivo de este programa es enfrentar la cuestión del empleo y de la renta”, señaló el funcionario (LN 25/8), haciendo pasar como una necesidad social lo que es puro negocio para los conglomerados privados. No es difícil dilucidar quiénes aplaudieron estas medidas: el director general de la Organización Mundial del Comercio, Roberto Azevedo, ponderó la postura “aperturista” de Brasil frente al proteccionismo “de los años anteriores”. Por su parte, desde el Partido de los Trabajadores afirmaron mediante un comunicado que “estas nuevas medidas dan continuidad a un proceso acelerado e irrestricto del gobierno golpista y antibrasileño de vender el patrimonio del pueblo de Brasil a precios irrisorios y de destruir todos los mecanismos de los cuales dispone el Estado para hacer avanzar el desarrollo nacional” (LN 25/8). A su vez, la transferencia de riqueza hacia los sectores concentrados de la economía se refleja en el crecimiento de la especulación financiera que refleja el índice Bovespa (Bolsa de San Pablo). Las principales acciones ganan un 150% desde inicios de 2016 y el indice en dólares se ha recuperado un 149%, mientras que la moneda local recuperó el 95% de toda la caída iniciada antes del golpe parlamentario contra Dilma (CR 30/8). Todas estas medidas tienden a liquidar al empresariado local, sea pequeño o mediano, incluyendo a grandes capitales que hasta el momento participaban del reparto principal de la riqueza generada por los trabajadores.

Este escenario económico de guerra abierta entre capitales se traduce en la imposibilidad de generar el consenso político dentro de la burguesía brasileña para aplicar las medidas confiscatorias de una manera ordenada y en “paz”. Los bloques económicos regionales, constituídos a partir del control de la renta del suelo y de la subordinación al capital financiero global, se fracturan cada vez más ante la necesidad que tienen los grupos más concentrados de escala global de fagocitárselos en pocos bocados.

Sigue ajustando

Sin duda que, además de romperse las históricas alianzas construídas por el capital monopólico y los sectores oligárquicos, es la clase trabajadora quien sufre principalmente los efectos de la expropiación de los recursos y del desplazamiento sistemático del mercado laboral a manos de aquellos. Durante fines de agosto se conocieron los detalles de la reforma laboral brasileña. Crismar Lujano, Investigadora del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), resumía los principales aspectos de la misma: jornadas de trabajo que podrán ser de hasta 12 horas diarias y un máximo de 60 semanales; se contemplan 36 horas ininterrumpidas de descanso. El tiempo de almuerzo durante la jornada puede ser reducido a 30 minutos. El pago de salarios será calculado sobre una base horaria o diaria, ya no mensual, y el empleador podrá convocar al empleado con un mínimo de tres días de antelación y le informará cuál será la jornada de trabajo; además se suprime el derecho a horas extras. Crea una figura inexistente hasta ahora: el trabajador autónomo exclusivo, el cual podrá prestar servicios a un único empleador, aunque su vínculo laboral no sea considerado “permanente”, estando la empresa “contratante” eximida de responder por garantías mínimas de trabajo. En cuanto a los despidos, se reduce el tiempo de notificación de 30 a 15 días de anticipación; el patrón estará obligado a pagar sólo la mitad del previo aviso. La indemnización no queda atada al salario y el trabajador pierde el derecho al seguro por desempleo.

En cuanto a las vacaciones, estás podrán ser fragmentadas en tres períodos, según lo que sea acordado, siempre que uno de ellos no sea inferior a 14 días, y los otros dos deberán tener al menos cinco días corridos cada uno. Higiene: la reforma deja sin garantías de seguridad sanitaria mínima a los trabajadores. El empleador queda liberado de las responsabilidades de cubrir cualquier incidente en o durante la jornada de trabajo. Asimismo, las embarazadas podrán trabajar bajo condiciones que se pueden catalogar como de insalubridad. El tiempo usado por el trabajador ida y vuelta hasta el lugar de trabajo no será contado como parte de la jornada laboral. Próximamente, Temer enviará el plan de reforma previsional, que implica un aumento de la edad jubilatoria y de los años de aportes requeridos, entre otras modificaciones (TS 23/8). Claramente, además de garantizar las condiciones para la reproducción de los sectores concentrados brasileños, la reforma laboral aprobada en Brasil señala el camino que deben seguir las oligarquías del continente para poder subsistir en la exacerbada competencia monopólica. A su vez, según datos oficiales del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), el desempleo en Brasil bajó del 13,6% a 12,8%. Pero estos datos, aparentemente positivos, se dieron sobre la base de un incremento del 4,6% en el número de trabajadores “informales”. El “cuentapropismo”, como en el caso argentino, es la única fuente laboral que crece bajo el amparo de los gobiernos (neo)liberales actuales. Al respecto, el coordinador de Trabajo y Rendimiento del IBGE, Cimar Azeredo, remarcó que “todo proceso de aumento de la población empleada es algo positivo, pero ese dato preocupa, porque está basado en la informalidad. Si la dinámica perdurara tendríamos empleos de baja calidad. El empleo sin contrato carece de garantías laborales” (CR 1/9).

Empiezan, así, a emerger los resultados de la reforma laboral de marras, a pesar de las luchas que el movimiento obrero brasileño abrió contra esta, con tres grandes huelgas con movilización, señalados como los más grandes de su historia moderna. Aparece la precarización como método de abaratamiento de los costos de la mano de obra, condición bajo la cual los capitales pueden ampliar sus márgenes de beneficios para poder seguir compitiendo, en un escenario donde se aplican nuevas tecnologías en todas las ramas productivas, lo que permite hacer más mercancías en menos tiempo de trabajo, achicando cada vez más el valor de aquellas y, por lo tanto, la tasa de ganancia de los dueños de los medios de produccion.

Mientras tanto, las consecuencias sociales de estas condiciones que impone el capital sobre los trabajadores siguen profundizándose y extendiéndose por todo el continente. En Chile, territorio económico caracterizado como “ejemplar” por los organismos internacionales al servicio del imperio por su aplicación “constante” de las recetas económicas neoliberales, una medición del Ministerio de Desarrollo Social indica que hay 10.610 personas en situación de calle. 85% son hombres y 15% mujeres. En la Región Metropolitana de Santiago alcanzó el más alto índice, 43,9%, seguido por Valparaíso con 11,9% y el Biobío con 9%. El 62,8% de los mismos llegó a la calle por problemas con su familia o pareja, el 15% por consumo de alcohol y droga y el 11,5% por dificultades económicas (TS 30/8). Cabe recordar que las movilizaciones y protestas que se extendieron hace dos meses en Chile el eje convocante era la necesidad de detener el avance de la reforma previsional, impulsadas por la Coordinadora “No+AFP”, que busca volver a un sistema previsional bajo la órbita del Estado. A su vez, en Puerto Rico, uno de los mayores estados “libre asociados” de EEUU, se produjeron manifestaciones en contra de las medidas de ajuste (nuevos impuestos, aumento en el costo de los servicios públicos y recortes al sistema de pensión pública), en un contexto donde hay un índice de desempleo del 10% y la deuda publica asciende a 74 mil millones de dólares, mientras la recesión perdura hace una década, causando un éxodo de casi 450.000 personas hacia EEUU, sobre una población de 3,4 millones de habitantes. Allí, los manifestantes se congregaron en las afueras de la oficina de la Junta de Supervisión y Administración Financiera, que fue establecida el año pasado a través de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, aprobada en junio del año pasado por el congreso de los EEUU para obligar al líder del gobierno puertorriqueño, Ricardo Rosselló, a recortar el gasto social para atender el pago de la deuda pública.

 Así, al profundizarse los ajustes sobre la clase trabajadora, el principal resultado es que, a medida que se sigue agrandando la masa de desplazados, las distintas capas de la sociedad tienden a unirse contra la opresión del capital concentrado, aunque todavía dentro de una perspectiva “negativa”: buscando “volver” a conseguir “la inclusión” en los marcos de una mejora constante de las condiciones salariales –es decir, dentro de la disputa en el mercado por el precio de venta de la fuerza de trabajo–, sin poder salir del marco de las relaciones productivas donde el capital es la relación dominante.

Otro tiro por la culata

Pero como venimos analizando permanentemente, donde se juegan las cartas cruciales, en la batalla entre las fuerzas imperialistas y las fuerzas emancipadoras de los pueblos, es en Venezuela. Ante la guerra económica impuesta por el imperio, el avance sin pausa de la discusion en la Asamblea General Constituyente, además de marcar el rumbo y de apuntalar las experiencias del pueblo Bolivariano, saca a la luz las contradicciones que los capitales globales tiene a su interior. Luego de intentar doblegar a las fuerzas gubernamentales bolivarianas en su unidad con el conjunto del pueblo trabajador venezolano, mediante el desabastecimiento alimentario y medicinal y de las corridas financieras y los faltantes de papel moneda; y también ante el fracaso de la anunciada intervención militar por falta de consenso en el resto del continente, ahora se ataca al proceso bolivariano desde las sanciones económicas directas contra el Estado venezolano para hacerlo entrar en Default. Para ello, EEUU extendió las medidas confiscatorias –aplicadas ya contra cuentas personales de funcionarios venezolanos en bancos monopólicos– a la prohibición directa de que “cualquier persona, entidad, empresa o asociación, legalmente radicada o que realice actividades en Estados Unidos, pueda efectuar negocios con nuevos bonos de deuda que sean emitidos por cualquier instancia del Gobierno venezolano, a saber, bonos de la República emitidos por el Banco Central venezolano o la empresa estatal Pdvsa”.

Con esta medida no se afectan directamente los bonos ya emitidos por el estado venezolano y por Pdvsa, que ya están en manos de tenedores estadounidenses, aunque ante las sanciones algunos de estos han cotizado como “bonos basura”, lo que coloca a Venezuela como una “zona de peligro” para la inversión, según las instituciones financieras dominantes en el mercado de bonos internacional (TS 25/8). Estas disposiciones fueron exigidas por la oposición venezolana, digna lacaya de los intereses imperiales, mediante misivas dirigidas a las entidades financieras, en varios casos de manera personal por el presidente de la Asamblea Nacional y miembro de la MUD, Julio Borges, con el objetivo de cerrar para el estado venezolano y Pdvsa las puertas de los mercados financieros asociados a EEUU. El bloqueo financiero impide ofrecer en dicha plaza dominante bonos para financiar al fisco venezolano, impidiendo además el ingreso a Venezuela de divisas extranjeras.

Esto último afecta también las recientes asociaciones de Pdvsa con empresas chinas y rusas para la explotación petrolera en la Faja del Orinoco. Confesado desde sus propios voceros, la medida apuesta a que Venezuela caiga en default, como lo aseguró el secretario del Tesoro de EEUU, Steven Mnuchin, afirmando que las nuevas sanciones económicas impuestas son para “ahogar al país suramericano” (TS 25/8). En tanto, El canciller Jorge Arreaza afirmó: “esta es la peor agresión que ha recibido Venezuela, primero la amenaza militar y ahora la amenaza con las sanciones económicas”. En este sentido, la respuesta por parte del gobierno bolivariano no se hizo esperar. Maduro, en reunión con parte de su gabinete, afirmó que “las medidas ilegales de EEUU violan la legalidad internacional, la carta de Naciones Unidas y ratifican un camino imperial de agresión contra Venezuela, América Latina, el Caribe y los pueblos del Sur… [Donald Trump] pretende imponer un bloqueo para ahogar económica y financiera a la República Bolivariana de Venezuela”. Recordó también que fueron dirigentes opositores los que solicitaron la implementación de sanciones y exigió al Tribunal Supremo de Justicia y a la Asamblea Nacional Constituyente determinar responsabilidades legales para con los promotores de ataques contra Venezuela, iniciándoles un juicio por traición a la patria.

Además, sobre los efectos económicos de las sanciones detalló que afectan directamente a la empresa Citgo, filial de Pdvsa en EEUU, y también al suministro de crudo venezolano a dicho país, porque impiden los mecanismos de pago. Convocó a los tenedores de bonos de deuda y a los inversionistas de EEUU a una reunión los próximos días para trabajar en conjunto (TS 25/8). Pero, como ocurre con cada ataque que el imperio realiza contra Veneuela, las sanciones empujan a profundizar el control productivo por parte de los trabajadores, es decir, a que no dependan solamente de la explotación de la renta petrolera y menos aun si el mercado para esos productos es el principal enemigo a enfrentar. En este sentido, el presidente de la Comisión de Economía Diversificada y Productiva de la Asamblea Nacional Constituyente, Eduardo Piñate, indicó que las sanciones son “una oportunidad para nosotros, para seguir avanzando en la construcción de nuestro modelo productivo, del modelo productivo autónomo, soberano, independiente” y que es necesario convocar a la unidad nacional de todos los sectores productivos de la nación para “avanzar, abrir los caminos, superar de una vez por todas el desgastado modelo rentista petrolero” (TS 31/8). Una vez más, además de no tener el tiempo suficiente para crear las condiciones adecuadas para su reproducción, ya que tiene que devorarse necesariamiente a sus miembros, el capital concentrado fortalece las posiciones que se encaminan a la emancipación política y económica venezolanas con proyeccion contiental y hasta mundial, impulsándolas en el desarrollo de relaciones productivas que superen las actuales capitalistas. Presos de su contradicción fundamental, el capital global agrupado en los 147 grupos económicos, no puede generar consensos que permitan una ofensiva sobre el desarrollo del plan bolivariano.

Ningún cuento chino

Esa proyección mundial que tiene el proceso bolivariano no se encuentra escindida de la disputa que vienen dando tanto China como Rusia contra los capitales norteamericanos y europeos por el control de la economía mundial. En America Latina esto se viene expresando en las distintas inversiones que realizan fundamentalmente en los sectores infraestructural y energético. Según un informe de la OIT, China generó 1,8 millones de empleos en América Latina y el Caribe a través de comercio, inversiones y proyectos de infraestructura durante las últimas dos décadas. El grueso del impacto laboral, 1,2 millones de puestos, se registró por el comercio que el gigante asiático ha profundizado con la región. Sólo los empleos generados por el comercio con China de 2005 a 2011 representaron casi el 50 por ciento de los que se crearon por las relaciones comerciales de Estados Unidos en América Latina (XH 8/9). En ese marco, la reunión de la Comisión Mixta de Alto Nivel China-Venezuela para el seguimiento de toda la cartera de inversión conjunta evaluó la posible ampliación de la participación de China en la empresa petrolera empresa mixta chino-venezolana Petrosinovensa, ubicada en la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO) Hugo Chávez, para participar en la reactivación de 800 pozos en dicha Faja. Con esta ampliación en la capacidad productiva se generará un incremento de producción de 42.000 barriles diarios y el ministro de Petróleo, Eulogio Del Pino, anunció que se desarrollará una nueva refinería en el país asiático junto a la petrolera China National Petroleum Corporation (CNPC).

Al respecto el presidente de Pdvsa, Nelson Martínez, expresó que “estas relaciones estratégicas vienen sin duda a combatir los efectos perversos que el imperio norteamericano pretende crear en el entorno económico del país. Para nadie es secreto que nuestras relaciones bilaterales estratégicas no son nuevas” (TS 31/8). Cabe destacar que el desarrollo de la política China del “ganar-ganar”, en las inversiones necesarias para el desarrollo de las economías latinoamericanas, contribuye sin duda a mejorar las condiciones para el control, por parte de la clase trabajadora, de las fuerzas del mercado. Bajo la misma logica, Rusia envió un primer cargamento de 30 mil 525 toneladas de harina de trigo, y hay un segundo en camino a Venezuela. El vicepresidente, Tareck El Aissami, dijo al recibirlo: “No va a faltar la comida para Venezuela en ningún rubro, ninguna materia prima. No será (Donald) Trump ni el imperio norteamericano el que pueda detener el curso indetenible de la Venezuela-Potencia”; el país “no está solo” ni que “jamás lo estará” porque “cuenta con el reconocimiento internacional de otros pueblos que también luchan por su soberanía y libertad” (TS 1/9).

Desde la vereda de enfrente, los voceros del capital concentrado observan con temor estas alianzas estratégicas que van en contra de la lógica de rapiña que caracteriza a los monopolios, más aún cuando Rusia tiene el 49,9% de Citgo Petroleum, filial de la estatal PDVSA en EEUU. Así lo explica el “experto” en los asuntos latinoamericanos Marcelo Cantelmi en su columna semanal de Clarin: “[Venezuela] necesita a Rusia y también a China para obtener una liquidez que le permita mantener ese comportamiento, evitar un default de su deuda y blindarse de una doble amenaza norteamericana: la suspensión de las compras de petróleo, y la restricción que rige para las operaciones con bonos en dólares emitidos por Caracas y PDVSA” (CL 25/8). Si bien es absolutamente necesario poder cerrar filas con los pueblos que intentan buscar alternativas al capitalismo, no se logran sólo desde la magnitud de las inversiones chinas o rusas, sino que estos acuerdos estratégicos en contra de las fuerzas del caos, destructoras de la naturaleza y de la humanidad, deben tener su centro en la transformacion de las economías rentísticas, aún controladas por los grupos económicos de escala global, buscando promover el control por parte de los trabajadores de las fuerzas para producir, desde sus propias bases, y bajo su mando central.

Precisando las tareas

En este sentido, los pasos dados por la Asamblea Constituyente van siendo cada vez más precisos en su definicion y en las tareas que de ellos se desprenden. En principio, cómo agrupar a los distintos sectores económicos que deben ser puestos bajo la égida de los 15 Motores de desarrollo de la producción en función de la superación de la “cultura rentística”: la ANC aprueba que “convocará a las instancias representativas de los sectores económicos, incluyendo a los sectores empresariales a concurrir ante esta soberana y plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente a debatir sus opiniones y propuestas en torno al modelo económico que nuestra patria reclama” (CD 1/9). La aprobación de este decreto da rango constitucional a los acuerdos que viene cerrando el gobierno con sectores empresarios nacionales, que no encuentran opción para seguir en pie ante la concentración y centralización económica.

A su vez, el reforzamiento del desarrollo de los CLAP (Comité Local de Abastecimiento y Produccion) y los CPT (Consejos Productivos de los Trabajadores) como base del control productivo de toda la economía plasmó como parte de las ocho leyes aprobadas este mes: la Ley Constituyente para el Abastecimiento Soberano y Precios Acordados estipula la fijación de precios justos de 50 bienes y productos esenciales, como leche en polvo, pollo, atún, mantequilla, queso blanco duro, jamón de cerdo, jabón de baño, aceite, entre otros; la Ley Constituyente de los Consejos Locales de Abastecimiento y Producción, que permitirá otorgarle rango constitucional a fiscales populares de abastecimiento y precios, para ser “los ojos, oídos y las manos del sistema de precios acordados, en los barrios, comunidades, parroquias, calles y ciudades de Venezuela”; la Ley Constituyente para la Regulación y Funcionamiento de las Casas de Cambio, para extender las casas de cambio a todo el país, no solo en la frontera, a la vez que se espera que funcionen a través del Sistema de Divisas de Tipo de Cambio Complementario Flotante de Mercado (Dicom), con la meta de superar los precios fijados por el dólar paralelo; la Ley de Promoción y Protección de Inversión Extranjera, para dinamizar la atracción de las divisas extranjeras para que contribuyan al desarrollo de los 15 motores de la Agenda Económica Bolivariana; la Ley de Régimen Tributario para el Desarrollo Soberano del Arco Minero; la Ley constituyente de Impuesto a Grandes Patrimonios para colocar los impuestos a las grandes fortunas (incluída una investigación financiera a pedido de Maduro que establezca en 30 días los nombres y orígenes de las grandes fortunas recabadas durante la guerra económica); La Ley de Régimen especial Tributario para la Protección Social del Pueblo y Sanciones a los delitos de Economía, a través de la cual el Gobierno creó una Unidad Tributaria Punitiva para perseguir a todos los que cometieron delitos en el campo de la economía; la Ley constituyente para la Creación del Consorcio Agroalimentario del Sur Agrosur, “para crear un gran consorcio agroalimentario en Venezuela y lograr la coordinación nacional de los esfuerzos productivos de los 20 principales rubros del país” (TS 7 y 8/9).

Estas leyes no son caídas del cielo, ciertamente representan toda la discusion que el pueblo y los trabajadores venezolanos fueron empujados a dar a partir, fundamentalmente, de la guerra económica impuesta por el imperio y sus aliados locales. La necesidad histórica que tiene la clase trabajadora de controlar la producción y el desarrollo económico bajo otras premisas que no sean la conducta consumista que responden a intereses que son propios de una clase, la burguesía, que utiliza todos los mecanismos de cooperación desarrollados por la humanidad en función de su reproducción. Ese control en la base de la población, con la dirección centralizada del gobierno bolivariano, conlleva que no solo se limite a la comercialización y distribución de las mercancías con base en la renta, sino que tome control de esa fuerza de cooperación que producen los trabajadores, es decir, de las fuerzas productivas. El carácter de esa transición, desde una sociedad donde domina el comportamiento rentístico, subordinado desde el consumo, hacia el nuevo modelo económico donde los trabajadores asumen la conducta de productores, se encarna cada vez más en la conciencia de las masas, y el control de la economía aparece como momento necesario y fundamental.

No te para ni el huracán

Como siempre, la demostración más acabada de ese control se ve en Cuba, que sigue soportando los constantes ataques del imperio. Esta vez, siguiendo la misma lógica de sus antecesores, Trump renovó la llamada Ley de comercio con el enemigo que sustenta el bloqueo a cuba, un estatuto de 1917 al que John Kennedy recurrió en 1962 para imponer el bloqueo sobre La Habana y que desde entonces han renovado, año tras año, los diez presidentes siguientes. Para justificar la medida, Trump abogó que “corresponde a los intereses nacionales” de Washington (CD 8/9). Pero estos intereses chocan de frente con la fractura que ocasionan las políticas impulsadas por los sectores del capital concentrado. El grupo Engage Cuba manifestó que la Cámara de Representantes de EEUU bloqueó por segundo año seguido la votación de una enmienda que busca ayudar a que agricultores estadounidenses puedan vender productos a Cuba. El congresista republicano por Arkansas Rick Crawford quiso incluir una enmienda en las facturas de gastos para el año fiscal 2018 con el fin de prohibir las restricciones al financiamiento de ventas de productos agrícolas al país caribeño, pero líderes de la cámara baja insistieron en declarar esta enmienda ‘no en orden’, imposibilitando su votación (CD 8/9).

De todas maneras esto no interrumpe el curso de las transformaciones que la isla revolucionaria viene haciendo en pos de controlar las fuerzas del mercado. En esta línea, durante fines de agosto, Cuba suscribió el instrumento de adhesión al convenio constitutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), con el fin de fortalecer las amplias relaciones con la región centroamericana y propiciar el apoyo a proyectos de desarrollo económico-social y de integración, formalizando su entrada como socio extra regional a esta importante institución bancaria, lo que posibilitará el acceso a nuevas fuentes de financiamiento externa y jugará un papel clave en la concreción de múltiples proyectos recogidos en la Cartera de Oportunidades para la Inversión Extranjera en nuestro país. Los socios fundadores del BCIE son Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica; entre tanto, Panamá, República Dominicana y Belice se incorporaron con posterioridad. Junto a Cuba, figuran como miembros extra regionales México, Taiwán (RPCh), Argentina, Colombia y España (CD 28/8). A su vez, se sigue desarrollando lo planteado en el proceso de debate del plan de reestructuración de la economía cubana, donde se pone en discusión qué papel debe tener la productividad y cómo se debe llevar a cabo. En este rumbo, se rescatará la industria del henequén, una planta de la que se extrae una fibra natural muy preciada para hacer cordeles y sogas, cuyo destino básico son sectores de la agricultura, en especial para la campaña tabacalera. En este caso no se pudo concretar sobre lo planificado, y desde la Empresa Nacional de Fibras Naturales (de reciente creación) se impulsa hacia las Unidades Económicas de Base para que se produzca lo necesario y previsto. Tanto el proceso de desfibrado de las pencas como la elaboración industrial descansan en viejas máquinas, que por razones lógicas limitan la eficiencia y los rendimientos en ambos casos (CD 28/8).

Así, la productividad aparece puesta en función del desarrollo de los intereses comunes y no al servicio de la obtención de máximas ganancias y de la competencia entre capitales por quedarse con más mercados. Esta misma lógica se expresa no solamente en lo económico, sino que aparece como un valor cultural desarrollado en función de la realización plena de toda la sociedad. Con el paso del huracán Irma, todas estas cualidades brotan a flor de piel, en tanto organizan al pueblo para resolver los problemas planteados, tomándolos en sus manos. Raúl Castro así expuso la actuación del pueblo cubano: “ha primado la unidad de los cubanos, la solidaridad entre los vecinos, la disciplina ante las orientaciones emitidas por el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil y los Consejos de Defensa a todos los niveles, la profesionalidad de los especialistas del Instituto de Meteorología, la inmediatez de nuestros medios de comunicación y sus periodistas, el apoyo de las organizaciones de masas (…). Las jornadas que se avecinan serán de mucho trabajo, donde volverá a quedar demostrada la fortaleza de los cubanos y la confianza indestructible en su Revolución. No es tiempo para lamentarnos, sino para volver a construir lo que los vientos del huracán Irma intentaron desaparecer” (CD 11/9).

 Con estas ideas como principios de acción inquebrantables es que la clase trabajadora en latinoamerica enfrenta este periodo de transición, donde el carácter cada vez más social de la producción colisiona con el carácter privado y cada vez más minoritario de su apropiación, por parte de las fuerzas que encarnan el caos y la destrucción del planeta, los 147 grupos económicos y sus cada vez más reducidos representantes locales oligárquicos. La discusión en la Asamblea General Constituyente tiene cada vez más precisiones y profundiza cada vez más en su momento económico, sobre el control productivo. Cómo vimos, esto tiene dos instancias: el de escalas pequeñas, en el seno de cada comuna, que en el caso venezolano son los CLAP y los CPT; y el momento de la centralización y planificación más general para garantizar el desarrollo pleno de los pueblos, poniendo el eje en que las fuerzas que la cooperación genera deben estar en función de aquel desarrollo y no para la concentración de la riqueza en cada vez menos manos.



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