Revista Mensual | Número: Octubre de 2017
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Fuentes consultadas: EE.UU.: Wall Street Journal (WSJ). Gran Bretaña: The Economist (TE). Alemania: Deutsche Welle (DW); China: Xinhua (XH); Rusia: Russia Today (RT); Irn: HispanTV (HTV) Venezuela: Telesur (TS). Cuba: Cubadebate (CD). Argentina: Clarín (CL); Crónica (CA); Cronista Comercial (CR); La Nación (LN); Miradas al Sur (MS); Página 12 (P12); Tiempo Argentino (TA).
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Del Común

Única salida posible
No hay garantía
Sin ellas no lograremos cambiar nada
El fin de los imperios


La debacle del imperialismo
y la irrupción de alternativas para nuestro tiempo

Del Común

“Se rompe loca mi anatomía

con el humor de los sobrevivientes

de un mudo con tu voz

de un ciego como yo.

¡Vencedores vencidos!”

PR (1988)

 


La crisis que transita el orden capitalista vigente produce, en el continente latinoamericano, el desmembramiento de las estructuras regionales y nacionales que sirvieron al dominio imperialista. La escala y desarrollo que adquieren las corporaciones monopólicas las empuja a expropiar a sectores que históricamente le sirvieron para estructurar su poder regional, lo que genera que los Estados Nación y los organismos regionales ya no puedan asumir la organización política de la sociedad, quedando dichas corporaciones enfrentadas a la inmensa mayoría de la población. Este mes, en Venezuela, el imperialismo sufrió un claro embate en su ofensiva contra el gobierno del Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV), signado por la imposibilidad de lograr el acompañamiento de la mayoría de países de la región, el abandono de los organismos que históricamente expresaron y ejecutaron sus intereses (OEA) y, centralmente, por el contundente rechazo de millones de trabajadores venezolanos que se opusieron a verse arrastrados al caos social que Estados Unidos viene organizando desde la muerte del comandante Hugo Chávez y que ha profundizado en los últimos 6 meses. Cada vez es más explícito que el capital concentrado sólo se puede reproducir generando caos y ordenando el asesinato sistemático de líderes y dirigentes políticos, sociales y sindicales que promueven la organización de aquellos sectores sumidos en la miseria y el hambre. De esta manera, el puñado de corporaciones monopólicas genera en nuestros pueblos el terror para organizarse, el terror por poner lo común primero, el terror por reivindicar lo justo.

Así, y a pesar de ello, veremos cómo los Acuerdos de Paz en Colombia y el paso a la política “legal” de las FARC se constituyen en una alternativa de unidad de todos los sectores perseguidos, marginados y empobrecidos que ven la posibilidad de incorporarse a un sistema político que históricamente los proscribió. En este sentido, el proceso bolivariano es otro de los faros en la región, puesto que evidencia aquello que dijera Fidel Castro en relación a que la conducta revolucionaria debe tener “conciencia del momento histórico” y “cambiar todo lo que deba ser cambiado”, y esto, cuando es apropiado por millones, no hay fuerza en el mundo que pueda detenerlo.

Única salida posible

El respaldo que obtuvo la convocatoria del gobierno venezolano para la realización de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) rubricó el fracaso de una estrategia imperialista que, desde que se lo propuso, falló en el objetivo central de terminar por todos los medios posibles con el proceso revolucionario venezolano.

Como afirmábamos el mes anterior, los EEUU, la Unión Europea y un puñado de naciones latinoamericanas (trece), se propusieron evitar la votación que dio origen a la ANC, advirtiendo que de hacerse, ello supondría un “límite” que se estaría cruzando. A través de la resucitada Organización de los Estados Americanos (OEA), los comunicados diplomáticos, la formación, entrenamiento y dirección de grupos terroristas dedicados a generar caos al interior de Venezuela, se quiso presentar al mundo que lo que allí ocurría era una “dictadura” insensible que, por todos los medios, pretendía perpetrarse infinitamente en el poder a través de la represión interna y la anulación de la “democracia”. Así, los representantes del imperialismo plantearon la necesidad de aplicar “todas las medidas posibles” para que cesen las irregularidades y la nación caribeña pueda retomar el rumbo “normal” que vio interrumpido cuando asumiera en 1999 Hugo Chávez. De esta manera, desde la OEA que conduce Luis Almagro se lanzó, una vez más, una ofensiva con motivo de lograr aplicar la “Carta Democrática” y así dar un halo de consenso y legitimidad a una intervención militar que termine con la situación descripta.

Sin embargo, el imperialismo no logró generar el consenso necesario para llevar adelante su objetivo militar, ya que la mayoría de los gobiernos latinoamericanos le negó el apoyo requerido. El grado de concentración y centralización del capital, de donde resultan gigantescas corporaciones monopólicas con un alto desarrollo tecnológico, mina las bases materiales de la antigua división internacional del trabajo imperialista y, por lo tanto, de toda la organización política regional que la sostuvo. Así, la posibilidad de reunir a una mayoría de naciones latinoamericanas contra el “peligro rojo” venezolano se reduce considerablemente, puesto que muchos de los sectores que otrora eran “sentados en la mesa” hoy se ven transformados en el “menú”. La situación planteada para el conjunto de países de la región también sucede al interior de cada uno de ellos, en donde las burguesías que históricamente encarnaron los intereses del imperialismo se ven sumidas en crisis políticas, ya que no pueden garantizar la reproducción de amplias capas de la sociedad que son empujadas a las filas de los desposeídos, al hambre y la miseria. Es por ello que se produjo esta doble derrota de la ofensiva imperialista: en el plano regional, en ningún momento logró reunir a la mayoría de los países para lograr derrocar al gobierno bolivariano, obteniendo el escaso número de 13 adhesiones hasta la realización de la ANC; al interior de Venezuela, los 8 millones de personas que se movilizaron para manifestar su apoyo a la convocatoria oficial, dejaron en evidencia la escasa adhesión interna que la ofensiva imperialista recogió durante todo este tiempo.

Este contundente golpe no hizo más que profundizar la fractura al interior de las fuerzas imperialistas. Por un lado, los EEUU promovieron un paquete de sanciones económico financieras y la abierta amenaza de una “opción militar” para resolver definitivamente el “problema”, lo que produjo el rechazo de sus hasta entonces socios latinoamericanos y europeos, quienes rápidamente tuvieron que demostrar públicamente su desacuerdo. Sin embargo, frente a esta imposibilidad, la OEA no se detuvo en su embate hacia el gobierno bolivariano y a partir de un informe del Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) donde se afirmaba que la democracia venezolana “está apenas con vida”, dado que “el uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva durante las manifestaciones y la detención arbitraria de manifestantes y presuntos opositores políticos denota que no se trata simplemente de actos ilegales o insubordinados de funcionarios aislados” (LN 31/8), mandó a realizar una investigación para determinar si los asesinatos constituían “crímenes de lesa humanidad”, haciendo un claro paralelismo con las dictaduras militares patrocinadas por los EEUU, que durante décadas se encargaron de desaparecer 200 mil dirigentes políticos, sindicales, estudiantiles y sociales en toda la región. El Secretario General del organismo, Luis Almagro, explicaba claramente el objetivo: “Si la evaluación concluye, por ejemplo, que existen delitos de lesa humanidad (…) se la envía a la Corte Penal Internacional que, a diferencia de otros organismo, actúa contra las personas, no contra los Estados. Por lo tanto, algunas personas pueden quedar presas. (…) Puede ser un jefe de Estado” (LN 7/9).

Pues bien, si no se pudo obtener mayoría en el organismo para fijar una posición respecto de Venezuela, la CPI de La Haya podría declarar al presidente de ese país como un “terrorista” que impulsa crímenes de lesa humanidad y promover su detención. La necesidad de reproducirse a escala ampliada del capital concentrado produce la inevitable pérdida de consenso dentro de fracciones que otrora constituían su base fundamental de poder, dado que las instituciones regionales que expresaban dicho bloque ya no pueden lograr “sentar en la mesa” a sus históricos aliados y por lo tanto dejan de cumplir su función. Igualmente, la necesidad de erradicar la experiencia revolucionaria en Venezuela persiste, por lo que se recurre a instancias globales que puedan expedirse contra ella y, así, empujar la tan anhelada intervención militar. Sin embargo, en las alturas y bien al centro es que se observa la fractura de las fuerzas imperialistas: a pesar de las amenazas militares y las sanciones económico financieras impulsadas de forma unilateral por los EEUU, diversos sectores europeos manifestaron su desacuerdo con ello y propusieron alternativas significativamente alejadas de la prepotencia norteamericana. El canciller de Francia, Le Drian, afirmaba la “necesidad de ver rápidamente evidencia de que Venezuela está lista para relanzar las negociaciones con la oposición y participar de un proceso creíble y sincero”, aclarando que su país “continúa vigilante” con el gobierno del PSUV, pero que está dispuesto a acompañar el diálogo “única salida posible de la crisis” (LN 13/9). De esa manera, se reconocían los persistentes esfuerzos y convocatorias del gobierno del PSUV al diálogo político entre las fuerzas de la nación caribeña, el cual fuera abandonado el año anterior unilateralmente por la opositora MUD. Por lo tanto, se aislaba aún más la estrategia terrorista de desestabilización y golpe de Estado. Finalmente, se confirmó la propuesta de realizar una nueva mesa de diálogo entre el gobierno bolivariano y la oposición en Santo Domingo y la constitución de una comisión de seguimiento conformada por “países amigos”: México, Chile, Bolivia y Nicaragua y dos más a confirmar. Esto es significativo puesto que tanto México como Chile fueron parte de las 13 naciones latinoamericanas que sustentaron y promovieron la ofensiva norteamericana hasta la realización de la ANC, en donde el curso de acción tomado por los EEUU, las fueron alejando (TS 15/9).

No hay garantía

El fracaso de la estrategia yanqui sin dudas repercutió sobre la dirección política de la oposición interna venezolana, la cual vio derrumbarse, cual castillo de naipes, su proyecto destituyente luego del masivo respaldo popular a la realización de la ANC.

En primer lugar, la auto exiliada y ahora ex fiscal Luisa Ortega realizaba, bajo la protección norteamericana, una gira por distintos países afines “contando” las atrocidades del “régimen” y presentándose como una perseguida política por revelar la verdad de la dirección política del PSUV: la corrupción, único fin de todo el proceso venezolano. Así, afirmaba tener “pruebas” (que llegó a guardar en su exilio en lancha, al parecer) de que la empresa Odebrecht había depositado 100 millones de dólares al dirigente venezolano Diosdado Cabello y afirmó: “No hay garantía de que en Venezuela alguna investigación relacionada con el crimen organizado, el tráfico de drogas y la corrupción tenga condena” (LN 24/8). Pues bien, tan solo dos semanas después la empresa Odebrecht negaba dichas acusaciones y afirmaba que “tras revisar en sus sistemas y los testimonios de quienes colaboran con la mega operación anticorrupción Lava Jato, no procede la acusación de haber pagado 100 millones de dólares al ex presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello” (CD 7/9).

En relación a la acusación de que en Venezuela no se pueden realizar investigaciones sobre corrupción, el nuevo fiscal Tarek William Saab lo contradecía, al revelar una trama de sobornos millonarios encabezada por la ex fiscal Ortega, su marido el diputado Germán Ferrer y dos fiscales del Ministerio Público, que les habría proporcionado más de seis millones de dólares a su patrimonio personal (CD 24/8). También, se hacía público el hallazgo de 60 mil dólares (en billetes cuya numeración indicaba que habían sido entregados directamente por bancos extranjeros) en el automóvil personal de la opositora Lilian Tíntori, esposa del guarimbero encarcelado Leopoldo López y vocera de la estrategia terrorista dentro de la “coalición” opositora venezolana. Frente a tamaño escándalo, la acusada tan solo atinó a excusar que dicho dinero no era para financiar las actividades terroristas sino para un “tratamiento médico” de un familiar cercano, más precisamente su “abuelita, que tiene 100 años y está hospitalizada hace semanas” (CD 31/8). De esta manera, dos de las principales exponentes de la estrategia terrorista dentro de la MUD, que hasta la contundente votación de respaldo a la ANC se presentaban como dominantes, quedaron duramente deslegitimadas frente a la sociedad que pretendían “salvar”.

Otra de las manifestaciones de la crisis que atraviesa la oposición venezolana fue la ruptura al interior de la “coalición” respecto a qué camino se debería tomar frente a la contundente victoria del PSUV en las elecciones por la constituyente. En este sentido, el sector guarimbero, del cual Tintori es representativa, sostenía su negativa a participar de las elecciones convocadas por el Consejo Nacional Electoral para elegir gobernadores, mientras que todas las otras fuerzas propusieron su participación. De esta manera, la MUD convocaba a elecciones internas para definir sus candidatos, dando una prístina explicación respecto del cambio de opinión de la “coalición” opositora, en palabras de Henry Ramos Allup: “La comunidad internacional está respaldando nuestra participación electoral porque ese fue uno de los planteamientos esenciales que hicimos, que se fijara un calendario electoral. Ahora que fijaron el calendario (…) ¿Qué vamos a decirle a la comunidad internacional? ¿Que no vamos a elecciones?” (TS 10/9). La aclaración es de relevancia puesto que, al inscribirse y presentarse a las elecciones convocadas para octubre, la oposición reconocía ipso facto, luego de estar llamando a desconocerlas durante años, las instituciones del gobierno revolucionario y, por sobre todas las cosas, la autoridad emanada de la ANC. Es decir, estaría reconociendo su derrota. Allup continuaba: “Si no nos inscribimos en las elecciones, el chavismo ganaría 23 gobernaciones y también regalaríamos 335 alcaldías. Quien considere que no debe votar está en su derecho, pero no se pueden demonizar ni a quienes participan ni a los que no. Con las explicaciones, ya hay personas que antes no querían participar y ahora sí lo van a hacer. El 65% de la población es proclive a la participación, según las encuestas” (LN 12/9). Finalmente, el partido del elocuente Ramos Allup, Acción Democrática, se terminará imponiendo en la interna opositora, habiéndose informado que “cerca” de 900 mil personas concurrieron a las urnas para participar de la interna (LN 12/9).

Podríamos prescindir de la desconfianza respecto del dato inexacto sobre la cantidad de concurrentes a la interna, como también de los antecedentes inmediatos que nos harían dudar si tan solo la mitad de los sufragios declarados son confiables; pero no podemos dejar de obviar la merma de apoyo popular entre los “supuestos” 7 millones de venezolanos que habían emitido un voto a favor de la oposición antes de la constituyente y los “cerca” de 900 mil que concurrieron esta vez. Ya sea porque aquella vez se exageró y mintió la cantidad con motivo de presentar una inmensa oposición a la “dictadura” o porque entre la ANC y estas elecciones la MUD perdió prestigio, lo cierto es que esta cifra, “cercana” al 5% del padrón electoral, parece corresponderse con su situación política actual.

Finalizaba este triste capítulo la MUD aceptando la convocatoria al diálogo realizada por el presidente Nicolás Maduro y abandonando, por el momento, la estrategia terrorista; tan solo en 6 meses saltaron del “desconocimiento total” del gobierno bolivariano al pedido de intervención militar extranjero a inscribirse en las elecciones convocadas por el PSUV y sentarse a dialogar con el mismo. Así lo explicaba Nicolás Maduro: “Nosotros no les mentimos. Estamos hablándoles con la verdad. Cuando anuncié que había conversaciones con la oposición desde hace meses atrás para llegar a acuerdos políticos y para instalar una mesa de diálogo por la paz, lo decíamos en serio, estábamos trabajando nacional e internacionalmente” (TS 15/9). En Venezuela se manifiestan dos puntos centrales del problema político en la región: por un lado, quienes generan el caos, quienes promueven el terrorismo y la desestabilización son las fuerzas imperialistas, que además expresan un sector minoritario y cada vez más aislado, puesto que enfrenta a amplias capas de la sociedad que pretende someter a través de dicho comportamiento; por otro lado, se encuentran los millones que participaron en la votación de la ANC, que se oponen a vivir en la violencia y en la miseria y buscan construir una salida que se imponga a la decadencia del sistema capitalista.

Veamos estos puntos con mayor detenimiento

Sin ellas no lograremos cambiar nada

Hemos analizado durante meses la naturaleza caótica del capitalismo en descomposición, la irracionalidad que gobierna las sociedades donde las fuerzas políticas representativas de los intereses de las corporaciones monopólicas poseen el gobierno y ejecutan las políticas para ellos necesarias. Esta irracionalidad es resultado de la necesidad del capital concentrado de succionar valor de todo el mundo, lo que genera la expropiación de capas de la burguesía y la precarización del trabajo y de las condiciones humanas de existencia, es decir, debe arrasar con todo para garantizar su reproducción, lo que hace que sus intereses se contrapongan a los de las mayorías. Por lo tanto, el terrorismo, la militarización de la vida cotidiana, la creación de grupos paramilitares patrocinados por los EEUU, constituyen su única posibilidad de avanzar; es decir, sólo a través de injertar el terror en las sociedades que debe esquilmar es que puede garantizar un grado de cohesión respecto de las políticas que impulsa. Terror por construir organización que les haga frente, terror por construir organización política, sindical, social, cualquier herramienta que pueda estructurar una alternativa desde los trabajadores y el pueblo general al saqueo embrutecedor que realiza.

De esa manera se garantizan los salarios de miseria, la enorme franja de “población sobrante” para el capital, las bajas tasas de sindicalización y la poca participación social en los problemas comunes, siempre y cuando no emerja una alternativa que demuestre la posibilidad concreta de superarlos. México y Colombia han servido de ejemplos precisos a esta situación, donde gobiernos alineados con los EEUU han promovido la militarización de la vida cotidiana, han permitido la incorporación de fuerzas paramilitares al servicio de las grandes corporaciones monopólicas y han sumergido a sus sociedades a un empobrecimiento y miseria crónicas. Tan solo a modo de ejemplo, en México se produjeron, en solo seis meses, 12.155 asesinatos, de los cuales el 72% son ejecuciones de las fuerzas paramilitares y el 80% permanece impune. Han asesinado a 108 periodistas desde el año 2000, también sin encontrarse culpables por los mismos. Además, tan solo en dos años, se registraron 1.442 agresiones, detenciones, asesinatos y desapariciones contra activistas, 579 fueron agredidos, atacados, amenazados, hostigados, vigilados ilegalmente o seguidos. En el último año, 795 personas fueron detenidas arbitrariamente durante diversas protestas sociales y también se registraron 123 homicidios de defensores de derechos humanos. México lleva la escalofriante cifra de 30.000 desaparecidos en su haber, mientras que los familiares de dichas personas son asesinadas impunemente al investigar el paradero de sus seres queridos (LN 15/9 y TS 30/8). Además, cuatro de cada diez personas que lo habitan viven debajo del umbral de la pobreza y 8 de cada 10 (de ese 40%) están en situación de extrema carestía. El 5% de los trabajadores cobra el salario mínimo impuesto por el gobierno, que es uno de los más bajos de Latinoamérica (u$s 115 al mes) (CR 12/9). Es decir, terror para garantizar la cohesión social que permita aplicar las políticas de miseria y hambre que les son necesarias al puñado de corporaciones monopólicas que las impulsan.

Así como el mes anterior en éste Análisis… veíamos en Colombia la inmensa cantidad de asesinatos en manos de fuerzas paramilitares de dirigentes políticos, sociales y sindicales y la correspondiente baja tasa de afiliación sindical (de las más bajas de la región); con una desocupación del 11,2%, un sub empleo del 32,7% y el 49,2% de la población por debajo de la línea de la pobreza, a pesar de ser (en PBI, U$S 500.000 millones) la cuarta economía de la región (www.ecured.cu/Colombia). El empobrecimiento y la miseria de las mayorías, a costa de la acumulación de un puñado de corporaciones monopólicas, las cuales forman grupos militarizados y utilizan a las fuerzas de seguridad formales para la aplicación de una política terrorista que impida la organización en su contra y logre cierto grado de cohesión interna. Para graficarlo con precisión, este mes la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley para la prohibición constitucional del paramilitarismo, con 99 votos a favor y 10 en contra. El senador Iván Cepeda afirmaba que “el paramilitarismo es un flagelo que ha sacudido la historia del país desde hace décadas como una política del desdoblamiento del Estado en organizaciones que sembraron el terror”. Las organizaciones que impulsaban el proyecto afirmaron que “el paramilitarismo tuvo su origen en el Estado que lo ha prolongado como instrumento de discriminación por las opiniones políticas y las acciones de reivindicación de derechos y su impacto a lo largo de varias décadas” (TS 29/8).

Es precisamente por ello que los Acuerdos de Paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) adquieren una significación trascendental para la región. En este contexto de muerte, es que las FARC decidieron dejar de lado la lucha armada y promover su incorporación al sistema político colombiano, el mismo que las ha perseguido y el que asesina a miles de dirigentes políticos, sindicales y sociales a lo largo y ancho del país. La pregunta es ¿Por qué? ¿Qué es lo que se analiza, desde la dirección de la ex guerrilla, que les hace tomar la decisión de que el actual momento histórico permite conquistar los objetivos planteados a través de la incorporación, como Partido Político, al sistema colombiano y no mediante la lucha armada? Este mes se realizó el Congreso Fundacional de las FARC (que ahora cambiaron el significado de sus siglas, al proponerse como Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común), que contó con 1.200 delegados de la nueva fuerza política y se realizó en la capital de Colombia. Allí, Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, expresaba los propósitos que llevaron a tal acción: “Nuestro compromiso es ofrecer nuestra fuerza y energía por la unidad de los sectores progresistas, democráticos y revolucionarios del país, de los movimientos políticos y sociales, de las múltiples organizaciones sectoriales y reivindicativas en el nivel nacional, regional y local (…). Tenemos que tomar conciencia de la amplitud con la que debemos dirigirnos a la Nación, sin dogmas ni sectarismos, ajenos a toda ostentación ideológica, con propuestas claras y sencillas. (…) No necesitamos convencernos de que somos revolucionarios, sino sumar más y más gente al proceso por las grandes transformaciones del país” y “El régimen y el sistema no están hechos para nosotros, pero estamos inmersos en ellos y dispuestos a cambiarlos. Requeriremos de cabeza fría y de masas que nos respalden en todos los espacios. Nuestra misión fundamental será ganarlas, sin ellas el adversario hará lo que quiera con nosotros, sin ellas no lograremos cambiar nada” (youtube.com/watch?v=f7YjvTaZxFw). De esta manera, el líder de las FARC dejaba en claro que la incorporación al “régimen y al sistema” no se debe a una claudicación en los principios sostenidos durante más de 50 años, ni al abandono de la creencia de la necesidad de la transformación revolucionaria para resolver los problemas vitales de su sociedad, sino que la descomposición del imperialismo, y con ello la incapacidad de las fuerzas políticas que representan sus intereses, abre un amplio campo para que todos los sectores sociales que lo enfrentan puedan organizarse para superarlo. El nuevo partido político se propone construir la “unidad” de todo ese amplio abanico y no construir una organización partidaria que contribuya a partirlo aún más. Es decir, Partido en el sentido de una línea política representativa de un sector social determinado, “la clase trabajadora”, pero conciente de las condiciones para atraer a diversos sectores sociales objetivamente enfrentados con las fuerzas imperialistas, aunque dispersos y aterrorizados por su accionar.

Así, Londoño resaltaba las propuestas presentadas con el objetivo de construir “un país mejor, justo, democrático, soberano y en paz. En donde la violencia desaparezca definitivamente del escenario de la política y en el que nadie sea perseguido, asesinado o desaparecido. Una sociedad dividida por enormes desigualdades sociales y económicas es semillero permanente de conflictos e injusticias. Un sector de la población detenta privilegios de fábula mientras que grandes franjas soportan implacables condiciones de vida” (TS 1/9). Bajo estas premisas se votó, tras cinco días de reunión y deliberaciones, los puntos centrales de la orientación ideológica del naciente partido. En ella, se planteaba “superar el orden social capitalista vigente” y se reafirmaba, a través de la votación de los mil doscientos delegados, la conducción del Estado Mayor Central de las ex FARC (CD 1/9).

Resultaban significativas las opiniones del candidato liberal a la presidencia, Luis Fernando Velasco, al respecto: “el partido de las FARC será un jugador de izquierda más definido. En lugar de quitarles espacio a los partidos de esa orilla, ganará militancia de un gran número de colombianos que no se han sentido representados. Al fin aparece en el espacio político un partido antisistema. Va a tener respaldo. Tenemos un sistema muy inequitativo, y alguien que haga política contra eso tendrá quien los acompañe” (ET 2/9). Respaldaba estas afirmaciones la encuesta que publicara Gallup, en donde la naciente fuerza política sería la de mejor imagen pública en todo Colombia (12%, contra el 10% de todas las otras organizaciones políticas) y la imagen negativa de los partidos tradicionales ascendería al 87% (TS 31/8).

Pues bien, avanza un núcleo revolucionario cuyo objetivo es construir la superación del “orden social capitalista vigente”, compuesto por miles de mujeres y hombres que han arriesgado su vida por ello durante decenas de años, que comprende el error de presentar una organización “sectaria” y cuyo principal esfuerzo se radica en poner al servicio de la unidad de todos los sectores sociales enfrentados al imperialismo esa fuerza acumulada tras decenas de años de lucha. La claridad en el análisis y los objetivos de la tarea política, y los miles de mujeres y hombres concientes de ello, resulta central desde el punto de vista regional, en donde hemos visto y estamos viendo el desmembramiento de numerosas fuerzas progresistas, nacionales y populares, llevadas a cabo por miembros de los propios partidos que las encarnan (incluso, en el caso de Brasil, encabezar el golpe de Estado que las derrocan) o de las alianzas que conforman con el objetivo de hacerse con el gobierno de un país. Pero, por sobre todas las cosas, la conciencia de que el partido político debe construirse como herramienta de las masas, que son el sujeto de transformación social, el pueblo trabajador, para lograr los objetivos planteados. De ello que se afirme que “sin ellas no lograremos nada”.

En este sentido, la experiencia en Venezuela resulta verdaderamente ilustrativa.

El fin de los imperios

La respuesta venezolana a las amenazas de intervención militar consistió en una contundente demostración de fuerza al realizarse ejercicios militares en todos los estados del país, de los cuales participaron casi un millón de personas; unos 200.000 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y otros 700.000 milicianos, reservistas y civiles, abonando aquello de que solamente con las masas es que pueden librarse batallas de envergadura. Así, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, afirmaba que “este ejercicio busca, en primer lugar, decirle al mundo entero, con nuestra vocación pacifista, con nuestra necesidad de paz, nuestro mensaje de integración y diálogo político, pero también con nuestra firmeza y decisión irrevocable de defender esta patria, que hay una FANB y un pueblo dispuestos a dar todo de sí para defender estos valles, estas montañas, esta patria” (CD 26/8). En relación a la “vocación pacífica” de quienes llevan adelante el proceso revolucionario en la nación caribeña, resulta muy significativo que desde que la ANC comenzó a sesionar no ha habido más asesinatos ni desordenes mayores, dejando en evidencia que tal accionar es exclusivo de los grupos terroristas patrocinados por los EEUU. Pero no solo eso, la mencionada asamblea discutió este mes una Ley Constitucional Contra el Odio, la Intolerancia y por la Convivencia Pacífica, en donde se pretende dar rango constitucional (y penas que se correspondan con el mismo) a la prohibición de agredir a otra persona por pensar distinto o ser distinto, como hemos visto ocurrir durante todos estos meses de guarimba, en donde se ha llegado a prender fuego a militantes chavistas tan solo por su orientación política. De esta manera, se pretende también dar cauce a las investigaciones que puedan determinar con precisión quiénes fueron los instigadores de los grupos terroristas que arrojaron 130 muertes durante seis meses ininterrumpidos de acciones desestabilizadoras, y se condene penalmente a los dirigentes políticos opositores que participaron de ello (TS 30/8).

Pues bien, no solamente la ANC ha garantizado la pacificación de Venezuela, a través de la movilización de millones de trabajadores que manifestaron su apoyo a la misma, sino que ha podido vencer aquella estrategia de “desconocimiento” que numerosas naciones del mundo y, por supuesto, la oposición interna intentaron esgrimir.

Por eso, la afirmación de Timochenko en relación a que “sin las masas no lograremos nada” resulta una verdad de hierro, puesto que la conciencia en millones de que la ANC es una herramienta para construir una institucionalidad que refleje la democratización del poder, lo cual se viene construyendo hace años en Venezuela, pudo impedir su “desconocimiento”, los numerosos intentos por detenerla. Tanto es así, que hoy el proceso constituyente delimita los marcos en los que se debe desarrollar la política en la nación caribeña.

Así, el presidente Nicolás Maduro proponía que “el poder constituyente se tiene que hacer sentir (…) es mi opinión como jefe de Estado (…) todos los gobernadores o gobernadoras que resulten electos tienen que subordinarse al poder constituyente si no deben ser destituídos de inmediato. Todo partido político, candidato, candidata, está aceptando de manera explícita, pública y directa los poderes originales, plenipotenciarios y magnos de esta Asamblea Nacional Constituyente. Imposible que asuma ningún gobernador o gobernadora si no acepta las elecciones adelantadas y decretadas” (ET 7/9). De esta manera, se cierran las puertas para cualquier maniobra posterior que pretenda desconocer el accionar de millones por construir una Democracia que sirva para resolver los problemas vitales de su sociedad; proceso imposible de lograr sin una conciencia del momento histórico actual encarnada en millones de trabajadores. El presidente Nicolás Maduro expresaba esa conciencia al afirmar: “Esta es la etapa post- hegemonía estadounidense y debe ser en paz, ya basta de guerras, bombardeos y sanciones. El siglo XXI será el fin de los imperios”.



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