Revista Mensual | Número: Octubre de 2017
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Fuentes consultadas: EE.UU.: Wall Street Journal (WSJ). Gran Bretaña: The Economist (TE). Alemania: Deutsche Welle (DW); China: Xinhua (XH); Rusia: Russia Today (RT); Irn: HispanTV (HTV) Venezuela: Telesur (TS). Cuba: Cubadebate (CD). Argentina: Clarín (CL); Crónica (CA); Cronista Comercial (CR); La Nación (LN); Miradas al Sur (MS); Página 12 (P12); Tiempo Argentino (TA).
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El embudo

La oligarquía queda sin su patrón    43
Descomposición del poder judicial y el respaldo de la gran burguesía
Nada que deba ser del Estado permanecerá estatal.
Petróleo
Concentrando energías
Minería
Aerolíneas
El Correo
Cuentas al rojo
Déficit gemelo
Reclamo empresario
El desguace Nacional
El empleo, los trabajadores y la política


La concentración y la centralización del capital a escala planetaria
socaban las bases del Estado Nacional.

El embudo

“Federalismo mentira, desde que tengo memoria.”
LeónGieco


Como venimos analizando, el grado de concentración y centralización del capital en manos de un puñado de corporaciones mundiales pone en jaque a cada vez más fracciones de la sociedad que se ven expropiadas de sus condiciones materiales de reproducción. No sólo ya la gran mayoría de trabajadores y los capitales medianos y pequeños “mercado internistas”, sino que las mismas oligarquías locales marchan a un proceso de liquidación por la competencia que imprime la acelerada carrera de incorporación de nuevas tecnologías al proceso productivo.

Con la crisis de las oligarquías empieza el proceso de descomposición de las instituciones del régimen: el “orden nacional”, con su división de poderes y su estructuración territorial en administraciones provinciales y municipales, deja de corresponderse con la base económica de la sociedad, lo que abre un proceso de cambio y revolución. Durante el mes de septiembre asistimos a la agudización de esta tendencia y de la contradicción que con ella se desenvuelve entre la oligarquía y sus amos del norte (cada día más incapaces de contenerlos en un proyecto común).

Es así como el ensimismamiento de la burguesía estadounidense, fruto de la crisis en la que se encuentra (que ya hemos analizado en los primeros artículos de esta edición), empuja a la gestión de Trump –en representación de parte de su burguesía imperialista– a enemistarse con sus aliados históricos, con el único fin de “ganar tiempo” ante el creciente desarrollo de las contradicciones al interior de la sociedad norteamericana.

La oligarquía queda sin su patrón

Al cierre del mes anterior veíamos que durante la visita del vicepresidente norteamericano, Michael Pence, la oligarquía vernácula procuraba destrabar algunos conflictos comerciales que impiden el ingreso de productos agroindustriales al mercado norteamericano sin mucho éxito. Finalizada la visita de la delegación norteamericana, a contramano de todo lo esperado por la tribuna PRO-dependencia, el único anuncio –además del desaire a la opción militar contra Venezuela– fue que la Argentina empezará a importar carne de cerdo desde EEUU. De esta forma, el gobierno de Macri sumaba a las quejas de las pequeñas y medianas industrias mercado internistas –por la apertura importadora– el malestar de un sector que, si bien no es de los más relevantes para la economía nacional, sí es parte del complejo agroindustrial en donde Macri ha acumulado un gran apoyo para su política gubernamental.

Pero lo que desnudó cabalmente la crisis de hegemonía imperial fue la decisión del Departamento de Comercio de Estados Unidos, apenas finalizada la visita del vicepresidente, de aplicar aranceles de entre 50,3 y 64,1%, y con carácter retroactivo a mayo, para el ingreso de biodiesel argentino, a sabiendas que tal nivel de aranceles equivale a una prohibición. Como para que podamos dimensionar el conflicto en que entró el núcleo agroexportador con esta medida repasemos un poco los datos del sector. El biodiesel es un biocombustible que puede sustituir al gasoil, en distintas proporciones; en la Argentina todo el gasoil contiene un 10% de biodiesel desde hace cinco años. Dicho combustible se obtiene a partir de aceites vegetales. En la Argentina, el más abundante es el de soja. Argentina es el tercer productor mundial de soja, detrás de Estados Unidos y Brasil, pero es el primer exportador de sus cuatro derivados fundamentales: harina proteica, aceite, biodiesel y glicerina. Los embarques anuales promedian un valor de 20.000 millones de dólares. De manera que dicho complejo es el más importante de la economía argentina, factura tres veces más que la “emblemática” industria automotriz y es la principal fuente de divisas. Las exportaciones de biodiesel alcanzan a 1.200 millones de dólares anuales, superando a las de carne vacuna. Del total, el 95% corresponde al mercado de los Estados Unidos (CL24/8). El sector cuenta con 38 plantas productoras con una capacidad instalada de producción de 4,5 millones de toneladas al año. Dieciocho de ellas están ubicadas en Santa Fe, abarcando el 80% de la capacidad de producción. Las principales cerealeras exportadoras son, a su vez, dueñas de las mayores aceiteras y de las principales productoras y exportadoras de biodiesel. Hay dos jugadores fuertes en la industria aceitera argentina: Dreyfus y Vicentín lo que muestra a su vez en alto grado de concentración en la propiedad del negocio (P12 31/8). Como puede observarse, el golpe no es solo contra la oligarquía argentina, sino contra todo un sector del capital financiero global que articula una cadena de valor transnacional.

Intentando naturalizar la nueva arbitrariedad imperialista, el ex embajador de Estados Unidos en Argentina, Noah Mamet, pretendió restarle relevancia a un conflicto que podría llevar a la paralización de todo el sector productor de biodiesel argentino: “Esta decisión no deben tomarse de manera personal; históricamente mi país ha tenido disputas comerciales con todos sus socios” (P12 1/9). Estados Unidos siempre tuvo “disputas comerciales con sus socios” pero la frecuencia y gravedad de estas atentan cada vez más contra cualquier acuerdo político que en el pasado pudiese sostener con sus aliados. Y demuestra que los intereses de EEUU no son compatibles con los del resto del mundo, sino más bien opuestos, expresión de en un capitalismo en crisis donde la lucha inter-burguesa pone sobre la mesa su propia esencia disgregadora.

Ganan los ‘farmers’ de Iowa y pierden los chacareros y el estado argentino”, decía en el diario Clarín su columnista vinculado al agro-negocio argentino Héctor Huergo. Según explica el editorialista del “Clarín Rural”, en EEUU es obligación mezclar biodiesel en todo el gasoil, lo que configura un mercado total de biodiesel de 7 millones de m3, Argentina abastecía el 15% (equivale a 1.200 millones de dólares) de este mercado, que es lo que disputan los sojeros del “Medio Oeste” yanqui. Para producir un litro de biodiesel, hace falta un litro de aceite. Para sustituir la importación de biodiesel argentino, los norteamericanos necesitarán 1 millón de toneladas de aceite adicionales. La consecuencia inmediata de la mayor demanda es que el precio del aceite subió un 7% en Chicago. Mientras que en la Argentina fue al revés: al no producirse más biodiesel, “sobra aceite” y esto deprecia el precio. Los granos que antes iban al aceite se derivan ahora para la producción de harina: “Al moler 7 millones de toneladas adicionales de soja, habrá 6 millones de toneladas adicionales de harina de alto contenido proteico”. En consecuencia, también se derrumbó el precio de la harina un 5%. Por último, un subproducto del biodiesel, la producción deglicerina refinada –de la que Argentina es el mayor exportador mundial con varias plantas recién instaladas con la última tecnología– se encuentra paralizada. El mercado de glicerina también se lo quedarán los procesadores de biodiesel estadounidense (CL 2/9).

En pocas palabras: los capitales más concentradosse quedan con “todo” porque no hay lugar para “todos” los capitales en el mercado mundial. Es un hecho necesario de la acumulación de capital. La renuncia al librecambio por parte del gobierno yanqui es un fenómeno usual en la era imperialista, donde los acuerdos inter-monopolios violan sistemáticamente la lógica simplemente mercantil. Pero lo que indica este fenómeno en la situación de crisis aguda del capitalismo, es la incapacidad de la gran burguesía de los EEUU de repartir el valor socialmente producido con las fracciones de burguesía dependiente que jugaron históricamente como sus agentes en los territorios semicolonizados o sometidos por los mecanismos financieros y diplomáticos. La necesidad de apropiarse el grueso del valor social, por parte del capital más concentrado y, de esta manera, liquidando las condiciones de reproducción de la fracción agroindustrial local, debilita la capacidad de dominio de aquel en estas tierras donde se huelen aromas rebeldes.

En medio del desplante del país del norte, y tras cuatro años de espera, la Cancillería argentina dio a conocer la readecuación de aranceles conforme al fallo de la Organización Mundial de Comercio (OMC) para la reapertura del mercado europeo de biodiesel (CL 8/9). Antes de las denuncias por dumping del viejo continente la Argentina exportaba unos 1,5 millones de toneladas por 1.400 a 1.500 millones de dólares. Entonces, casi el 90% del biocombustible iba a ese mercado, que cubría la mitad de sus necesidades con el producto argentino. La baja de los aranceles impuestos por la UE de un 30% a entre un 4,5% y 10%, llevará la protección total a entre 9 y 15%, lo que haría posible recuperar los niveles de exportación del 2011 y 2012, por la alta competitividad del sector en nuestro país. Sin embargo, según un informe de la consultora Abeceb, si la Argentina exportara los volúmenes de entonces (1,7 y 1,5 millones de toneladas), compensaría la pérdida de Estados Unidos, pero “no es posible aventurar que la Argentina podrá volver a exportar esas cantidades” porque ese bloque cambió su postura respecto de los biocombustibles: “En 2015, el Parlamento Europeo aprobó una legislación que obliga a una reducción gradual en el uso de agrocombustibles en el transporte, a un máximo permitido de 7% en 2021 y 3,8% de todo el combustible utilizado en 2030. El bloque consideró que el uso de alimentos para la producción de biocombustibles, por su impacto en la deforestación y los cambios que producen en el uso del suelo, acelera el cambio climático” (LN 8/9). Además, la creciente productividad argentina en este rubro difícilmente podrá ser absorbido por una UE inmersa en una profunda crisis.

Así vemos el modo en que el capital monopolista, incapaz de liderar el destino político y económico mundial, no puede garantizar la reproducción ampliada y, por esto, orientar políticamente a los brazos locales de su dominio. De esta manera los hacedores de la patria terrateniente quedan huérfanos en medio de una lucha de gigantes.

En esta situación, la República Popular China aparece como una posible alternativa para el negocio del complejo agroindustrial local. En los primeros siete meses del año, el comercio con el “gigante asiático” representó algo más del 65% de los envíos totales de carne congelada del país, con un total de 47.104 toneladas peso producto. Este volumen significó un 45% más que lo enviado a ese país en el mismo período del año pasado, cuando se habían colocado unas 32.595 toneladas (CR 18/9). Sumado a esto y en compensación a la caída del Biodiesel, la República Popular China notificó que la empresa estatal Sinograin vuelve a importar aceite de soja argentino luego de más de dos años. De igualarse los montos anteriores, este mercado representaría unas 540.000 toneladas, por 1.400 millones de dólares (LN 18/9). De esta manera China continúa recogiendo sin prejuicios de tipo ideológicos los despojos del antiguo orden mundial que el imperialismo moribundo va dejando abandonado tras de sí, en el camino de su lenta agonía.

Expulsado del “sueño americano”, el sector agroindustrial argentino quizá logre mantener sus negocios orientando sus ventas hacia el gigante asiático, pero es necesario entender que los cambios en las relaciones económicas internacionales suponen un impacto tremendo en la economía y en la política nacional. La oligarquía local nació como una extensión de los intereses imperialistas. Su poder y dominio provienen de encarnar esos intereses. Son una clase nacional a condición de representar y estructurar la dependencia del país a la división internacional del trabajo impuesta por el imperialismo. Por eso la descomposición del orden imperialista es su misma descomposición. La crisis del centro capitalista es su crisis. En tal sentido, la pérdida de hegemonía del centro imperial arrastra a la elite argentina a un proceso, no lineal pero sí irreversible, de descomposición y pérdida de su poder político, ideológico y social con el cual sometió a todas las fracciones burguesas subalternas y a la clase trabajadora. Lo que desnuda la debilidad estructural y simbólica de la oligarquía financiera/terrateniente vernácula. Lo que sumado al malestar de los trabajadores y el pueblo se combina en un tiempo de cambio decisivo. Es decir, la crisis del orden nacional que se abre con este proceso, no es de ninguna manera un reaseguro para el surgimiento de un orden más justo, es sólo su condición de posibilidad. El camino hacia la definitiva liberación nacional y social está abierto, pero también la posibilidad de la disolución de la unidad nacional.

Descomposición del poder judicial y el respaldo de la gran burguesía

Un hecho que se repitió en el mes y guarda una enorme importancia, fue el explícito apoyo con el que salieron los sectores más concentrados de la economía a respaldar los desaguisados del gobierno de Macri. Primero fue el respaldo al golpe judicial que perpetró el macrismo junto a la Corte Suprema para destituir al Camarista Federal Eduardo Freiler. Tras el escandaloso hecho, prácticamente todas las expresiones de la gran burguesía salieron en apoyo. En una declaración conjunta titulada sínicamente “Sin justicia no hay Republica” la Asociación Empresaria Argentina (AEA); la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA); la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham); la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE); el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) y la Sociedad Rural Argentina (SRA) declararon: “Las entidades abajo firmantes, que promueven desde sus orígenes los valores y principios de comportamientos éticos y republicanos, expresan su visión sobre el correcto funcionamiento de la Justicia, como requisito indispensable para que haya república. En tal sentido consideran que los jueces, que tienen facultades para decidir sobre la libertad y el patrimonio de las personas, deben mantener comportamientos éticos ejemplares, sin sombra de dudas, y ser referentes de ello para la sociedad toda. Por tal motivo es vital que la propia Justicia funcione de manera transparente para preservar la institución que el juez representa, tomando las medidas necesarias para asegurar que todos los jueces cuya probidad esté objetivamente en duda sean investigados y juzgados en forma rápida y efectiva, dentro del marco de la ley. De esta forma se generará la confianza necesaria de la ciudadanía en el Poder Judicial y, por ende, el clima adecuado para el desarrollo de las empresas y la atracción de inversiones de largo plazo que generen empleo digno y sostenible” (LN 23/8). La cita nos excusa de cualquier comentario. La destitución del camarista era necesaria para avanzar en las causas contra Cristina Kirchner.

Luego de este pronunciamiento aconteció otro en igual sentido, para el que se congregaron la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, el Instituto para el Desarrollo Empresarial de Argentina (IDEA), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Asociación Empresaria Argentina (AEA); refiriéndose, esta vez, a la desaparición de Santiago Maldonado: “Nuestra sociedad ha confirmado inalterablemente su vocación de vivir en paz y libertad en un todo conforme con los principios de la Constitución argentina. Ese ideario se ha visto seriamente afectado por los inadmisibles incidentes de violencia ocurridos”. A su vez, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) difundía por su lado un intitulado “Comunicado por la Paz”, en el que expresaba: “La no violencia activa y creativa es un estilo de política para la paz anclado en los valores humanos. Trabajemos juntos para que la no violencia se trasformeen el estilo característico de nuestras decisiones, relaciones, acciones y de la política en todas sus formas” (LN 6/9). Es evidente que la intencionalidad de ambos comunicados es hacer énfasis en el conflicto social, y el clima de violencia ocultando el hecho fundamental de la desaparición forzada realizada por la gendarmería.

Ambas intervenciones, que intentan legitimar dos hechos ilegales (la destitución del camarista y la desaparición forzada de Santiago Maldonado) demuestran que las principales corporaciones patronales del país acompañan el proceso de degradación institucional y de la autoridad emanada de la imparcialidad del sistema judicial. El Estado como entramado institucional encargado de velar por los intereses colectivos de la clase capitalista implosiona como parte de la crisis capitalista. Esta crisis del poder público obliga a la gran burguesía argentina a jugar abiertamente, públicamente, para intentar mantener la cohesión interna, exponiendo sus posiciones que contradicen la propia legalidad formal. Hecha la ley hecha la trampa dice el burgués, y el pueblo va sacando conclusiones.

Nada que deba ser del Estado permanecerá estatal.

Petróleo

El sector petrolero es una de las ramas estratégicas en que el gobierno PRO-imperialista se alistó para la recepción de las tan mentadas inversiones de capital extranjero. Por ello tomó las medidas necesarias para que eso ocurriera, garantizando la ampliación de los márgenes de rentabilidad del negocio petrolero en el país. Un ejemplo de ello fue el convenio realizado con el sindicato de petroleros conducido por Pereyra, acompañado por el decreto que redujo el arancel a la importación de equipamiento petrolero del 35% al 7%. Sin embargo, las inversiones anunciadas todavía no terminan de concretar una mejoría en los números del sector. Muy por el contrario, todos ellos marcan una fuerte tendencia negativa. Por ejemplo, según datos del Ministerio de Energía y Minería hubo un aumento del déficit comercial energético del 70,5% interanual, que pasó del 891 a 1.519 millones de dólares. Resultado del aumento en las importaciones de energía en un 38 por ciento, desde 1.389 millones de dólares en el segundo trimestre de 2016 a 1.916 millones en el segundo de este año, constituyéndose en un importante aporte al déficit estructural de la cuenta corriente del Balance de Pagos (CR 6/9).

El aumento de las importaciones se explica por el derrumbe en la producción de petróleo que registró una caída interanual del 8,9% mientras que la de gas natural fue del 1%. La merma en la producción se trasladó al conjunto del sistema. El petróleo procesado mostró una baja del 0,6% y el gas natural entregado a distribución fue un 0,6% menor que un año antes (P12 30/8).

Bajo la vieja receta de tirar abajo algo que vale 100 para comprarlo a 10, vemos cómo durante el 2017 la producción de petróleo cayó al nivel más bajo en los últimos 10 años, la contracara es el desmantelamiento de la estructura de explotación convencional que estaba en manos de YPF, favoreciendo la extranjerización y por consiguiente la dependencia de su capital productivo. Este ingreso de capitales marca un cambio en la industria petrolera dejando de lado la explotación de los pozos convencionales, para pasar de lleno a la explotación de manera “no convencional” bajo el dominio de la tecnología de punta en manos del capital extranjero. Es así como a las inversiones ya anunciadas por las grandes multinacionales del rubro este mes se sumó la noruega Statoil que llegó al país para explorar shale oil junto con YPF en Vaca Muerta. Su objetivo es ingresar al bloque neuquino como socio, con una participación del 50%; mientras YPF, que será el operador, mantendrá el otro 50% restante. El acuerdo con el grupo con sede en Stavanger, Noruega, y negocios en más de 30 países, marcará el comienzo de operaciones de Statoil en el país. La zona elegida es el área exploratoria Bajo del Toro, que abarca una superficie de 157 kilómetros cuadrados (CR 28/8).

El achicamiento de YPF contempla la venta de otros activos además de las reservas de hidrocarburos. Es así como YPF designó a Citigroup como agente asesor sobre lo que podría ser el mayor acuerdo corporativo en Argentina este año. Venderá su participación en la distribuidora de gas Metrogas que presta servicio a 2,2 millones de clientes en la Ciudad de Buenos Aires y 11 municipios del conurbano bonaerense. La venta podría concretarse en unos 700 millones de dólares. El 30% restante de las acciones se lo reparten ANSeS (8,13%); el personal (10%); y acciones que cotizan en las bolsas de valores de Buenos Aires y de Nueva York (P12 29/9).

Así se va configurando el mapa de las “ansiadas” inversiones extranjeras que, según el coro oficialista, le harían tan bien al destino nacional, pero cuya meta exclusiva es adueñarse de los recursos estratégicos del país, bajo las condiciones políticas, económicas y jurídicas que el gobierno de Macri les garantiza y así tonifica sus músculos para la pelea mundial en la que se encuentran.

Concentrando energías

Bridas, el holding de la familia Bulgheroni y de la china CNOOC, anunció junto a BP (ex British Petroleum) que consolidarán en un nuevo grupo empresario sus participaciones en la petrolera Pan American Energy y en la refinadora y comercializadora Axion Energy. Así nacerá Pan American Energy Group (PAEG), que se convertirá en la primera petrolera privada integrada de la Argentina y posiblemente de la región. La nueva compañía tendrá ventas anuales por arriba de los 7.000 millones de dólares y será la firma privada más grande del país, ya que su facturación por negocios locales superará incluso lo que obtiene Techint en la Argentina. La firma británica gestiona en todo el mundo 18.000 estaciones de servicio y unas 16.000 refinerías. Ese negocio, hasta el momento, está dominado por YPF. Bridas había accedido, con la compra de la red de estaciones de Esso en la Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, a 751 estaciones de las cuales unas 300 ya tienen la nueva marca. La conducción del nuevo gigante quedará en manos de la familia argentina; Alejandro Bulgheroni será el presidente de la empresa, mientras que su sobrino Marcos ocupará el sillón del CEO (LN y CR 12/9). Por otra parte, Pampa Energía absorberá las centrales térmicas de Güemes y Loma de la Lata, luego de la adquisición de los activos de Petrobras Argentina. Además, pasó a controlar alrededor de 30 reservorios petroleros en Neuquén, una refinería ubicada en Bahía Blanca y una red de 100 estaciones de servicio en todo el país. A esto se suma la central térmica Genelba, ubicada en Marcos Paz; y la represa hidroeléctrica Pichi Picún Leufú, en Neuquén (CL 24/8).

Si unimos el conjunto de hechos, aparece claro un retroceso acelerado de los posicionamientos logrados por YPF desde su estatización. Mientras que por un lado abandona la explotación convencional, por el otro se pasa a posiciones de subordinación a capitales extranjeros en lo que hace al modelo no convencional del shale oil bajo el dominio de tecnología externa, lo que trae aparejado el desmantelamiento de las banderas históricas de soberanía energética.

Minería

Este mes salió publicado en el Boletín Oficial la decisión del gobierno de derogar una norma establecida por Julio De Vido en 2012, que obligaba a las mineras a sustituir importaciones. Según dicha resolución, las mineras debían tener “departamentos de sustitución de importaciones” destinados a elaborar planes que favorecieran el compre nacional. La eliminación de dicha norma golpea duramente a la industria metalúrgica vinculada al sector. A su vez, el gobierno derogó también otra resolución que establecía la obligatoriedad para las mineras de contratar transporte marítimo argentino para el traslado del mineral (LN 26/8). Ambas medidas tienen un sentido evidente: reducir los precios de producción al incorporar la competencia extranjera en este renglón de los costos de las mineras. Pero a su vez, estas medidas entrañan una mayor desvinculación de la explotación minera de todo el entramado productivo del país, agravando aún más su carácter de enclave extractivo.

Aerolíneas

Este mes las empresas presentaron un total de 503 nuevas solicitudes que se suman a las 135 rutas ya otorgadas para traslado aéreo de pasajeros y carga, bajo el sistema de lowcost. Esta ampliación choca en más de un 90 por ciento con rutas que opera Aerolíneas Argentinas en la actualidad, horadando a la compañía al ponerla a competir en aquellas rutas que su rentabilidad le servía para compensar los servicios a destinos económicamente menos redituables. Pero este no es el único desquicio que incorpora esta política de “cielos abiertos”. La mayoría de las solicitudes de rutas aéreas están hechas por compañías “fantasmas” sin ninguna capacidad ni experiencia operativas reales, que pretenden simplemente obtener el derecho por los paquetes aéreos para actuar como intermediarios con otros capitales y embolsarse la diferencia, sumiendo al sistema en la especulación financiera.

Por ejemplo, la noruega Norwegian inscribió el 26 de enero Norwegian Air Argentina, una sociedad anónima que se armó con dos abogados como socios locales, con una supuesta inversión de 1.300 millones de dólares. Esta compañía pedirá un mínimo de 72 rutas de cabotaje y otros 96 destinos internacionales, convirtiéndose en una de las estrellas del nuevo sistema. Sin embargo, el HSBC Research informó que la empresa europea se encuentra quebrada. Tiene una deuda equivalente a 11,4 veces su patrimonio por lo que “sus planes para arrendar los Airbus A320 y crear una empresa argentina son imaginativos” (P12 6/9). Otro ejemplo es el de Buenos Aires International Airlines, una compañía sin trayectoria reconocida en el mercado que pidió operar 178 vuelos. La empresa dijo tener el respaldo de un importante fondo internacional, con inversiones por 6.000 millones de dólares en todo el mundo.

Quienes salieron a oponerse a semejante entrega fueron los trabajadores del sector, que realizaron un paro en el aeroparque metropolitano Jorge Newbery en protesta por el ingreso al país de las compañías aéreas "low cost" y en reclamo de mayores medidas de seguridad.

Representantes de los gremios aeronáuticos coincidieron en afirmar que “no es posible que las compañías low cost operen en el país ya que eso nos lleva a una política de tercerización y precarización extrema de las condiciones laborales poniendo en riesgo la vida de todos los tripulantes y pasajeros” del servicio aéreo. Las declaraciones de Pablo Biró, de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y de Ricardo Cirielli, de la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA), fueron lapidarias: “Acá nosotros decimos que faltan pilotos y Dietrich dice que sobran. Si son los pilotos que egresan de un aeroclub a los que les quiere dar la expansión, va a haber lluvia de cadáveres, no lluvia de currículums ni revolución de los aviones. Va a ser la revolución de los muertos” (LN 11/9). Por su parte la Asociación Argentina de Aeronavegantes, que no adhirió al paro, expresó en un duro comunicado su “preocupación por la llegada de la línea aérea Norwegian” al mercado argentino, advirtiendo que la aerolínea “es actualmente eje de las principales discusiones a nivel mundial por sus prácticas de dumping, de competencia desleal y sus políticas de precarización laboral” (LN 9/9).

Mientas esta política se consolida se continúa desfinanciando a Aerolíneas Argentinas con la excusa de reducir el déficit. El gobierno anunció un recorte en los subsidios que pasaran de 320 millones de dólares a 180 millones para este año. Con el agravante que la reducción se da en un contexto inflacionario, con acuerdos paritarios en el sector de entre 35 y 44% y aumentos de los combustibles y costos de mantenimiento de las aeronaves. Como el déficit operativo se mantiene, agravado por un contexto de mayor competencia, la única salida que le quedará a la línea de bandera es financiarse vía deuda o ir desprendiéndose de activos (vender aviones) para solventar por un tiempo sus gastos. El desenlace de esta situación ya lo conocemos…

El Correo

El correo es otra empresa estatal que suena para ser reprivatizada. Un rumbo coherente con la estrategia del gobierno si se tiene en cuenta la importancia que va cobrando la logística y la entrega “puerta a puerta” en el comercio vía internet. El modelo de la reprivatización será la conformación de una empresa mixta “privado-estatal” al estilo de la DHL alemana, sólo que el socio asignado al Estado no es otro que OCA, que mantiene una deuda con la AFIP de entre 1.400 y 1.700 millones de pesos, lo que significaría un salvataje mil millonario. Mientras se está a la espera de una decisión política en este sentido, el gobierno viene preparando el terreno insertando cuadros empresariales en la compañía estatal. Todos hombres vinculados a OCA cercanos al vice jefe de Gabinete Mario Quintana (P12 6/9).

Ante la ofensiva privatista los cuatro gremios que representan a los trabajadores salieron a denunciar el “plan de desguace” del Correo Argentino y se declararon en alerta y movilización. La declaración la rubricaron las conducciones de la Asociación Argentina de Trabajadores de la Comunicación (Aatrac), Federación de Obreros Empleados de Correos y Telecomunicaciones (Foecyt), la Federación de Obreros y Empleados del Correo Oficial y Privados (Foecop) y la Federación de Empleados Jerárquicos y Profesionales del Correo (Fejeproc). En el comunicado alertan sobre la posibilidad de que en un futuro no muy lejano el Correo Oficial se transforme en un “basurero postal” ya que dos de las tareas más redituables del servicio postal quedarían para los privados: el e-commerce y su logística (P12 30/8). La protesta sindical valió una reunión con el ministro de Modernización, Andrés Ibarra. En ella el funcionario lejos de calmar las dudas de los trabajadores las agravó. El funcionario les habló de reformar el plan estratégico y de reducir el déficit de la empresa hoy estatal que asciende a 4.000 millones de pesos. Ante ese escenario los gremios manifestaron en un comunicado su oposición de manera “terminante a cualquier medida que pretenda afectar la estabilidad y las condiciones de trabajo” que prevé el convenio. Entre los trabajadores se sabe la existencia de la nómina de cuatro mil empleados que serán invitados a un retiro voluntario o, en su defecto, podrán ser despedidos. Este proceso implicará una erogación de 1.200 millones de pesos que, como sostienen los gremios, ya está aprobada (P12 6/9).

Cuentas al rojo

Mientras el estado va enajenando progresivamente sus activos físicos, continúa la carrera desbocada hacia el endeudamiento. Según los datos aportados por el INDEC este mes, a julio del 2017 la deuda externa del sector público contabiliza un total de 204.818 millones de dólares, elevándose en tan sólo un año 28.005 millones; al tiempo que la deuda total del sector público asciende a 302.700 millones de dólares al 31 de agosto (infobae 19 y 27/9). Aun así, el gobierno prevé endeudarse todavía en 2.500 millones de dólares más para cerrar el año con las cuentas “en orden” (LN 28/8).

Mientras que el déficit fiscal se redujo un 9,3% interanual, por el ajuste fundamentalmente en las tarifas energéticas, el déficit público no para de crecer traccionado por el crecimiento de los servicios de la deuda. En el mes, el rojo fiscal fue de $ 22.090 millones, mientras los ingresos crecieron un 28,3% (a $ 185.117 millones) y el gasto primario, un 22,9% (a $ 207.227 millones), marcando una notable mejoría. Sin embargo, en igual mes el déficit financiero, creció un 18,6%, y fue de $ 32.729,9 millones. Haciendo que en los primeros siete meses del año el resultado fiscal promedio registre un aumento del déficit del 21,3%, que pasó de $ 137.156 millones en el acumulado de 2016 a $ 166.375 millones este año (LN 23/8).

Esta alarmante situación llevo a la calificadora Standard & Poors (S&P) a alertar: “Hay un signo de interrogación en cuanto a la deuda, que dentro de poco tiempo podría tornarse preocupante si la actividad no avanza más, y en ese caso habrá que imprimirle mayor velocidad a la baja del gasto público” (CR25/8). La preocupación no es para menos si la comparamos con los números de la región. Los intereses de deuda que paga el Estado nacional con relación al Producto Bruto son un 50% más altos que los que afronta Perú, y 4,5 veces mayores a los que paga Chile (CR 18/9).

Pese a las luces de alerta tanto de adentro como de afuera, los organismos internacionales salieron a respaldar la estrategia económica del gobierno y a seguir estimulando la deuda, como mediación para aplicar las reformas estructurales. Así lo hizo, por ejemplo, el número dos del FMI, Alejandro Werner, quien elogió “el ordenamiento fiscal con una visión gradualista” aunque pidió una “reducción de las regulaciones” para favorecer las inversiones (CL 24/8 y CR 25/8). En la misma línea que el fondo opinó el CEO local de JP Morgan, Facundo Gómez Minujín: “Lo que hay que hacer es tomar deuda y trabajar en las reformas para crecer (…). Está claro que la sociedad apoyó el gradualismo y que los cambios no sean fuertes. Pero ahora hay que ir a buscar al Congreso, ya mismo, para que respalde la reforma tributaria, la reforma del mercado de capitales y la reforma laboral. Si no avanza rápido en ese camino, en 12 meses la economía no va a poder seguir creciendo por los enormes problemas de competitividad. Lo digo con claridad: si en octubre de 2018 esas reformas no se aprueba, vamos a estar en un problema serio” (CL 15/9).

Lo que debe entenderse de esto es que el mentado “gradualismo” es simplemente el mecanismo de tomar deuda para financiar el bienestar de una parte de la población (la base electoral del macrismo) y hacer sostenible el funcionamiento de la economía mientras se aplican las reformas estructurales que demanda el mercado y que vuelvan irreversibles la extranjerización de los recursos estratégicos del país.

Déficit gemelo

El otro gran problema que afrontan las cuentas públicas es el exponencial crecimiento del déficit comercial. Según un informe de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav) el déficit comercial de 3.427 millones de dólares entre enero y julio es récord nacional, superando al rojo de 3.255 millones de igual período de 1994. “Semejante deterioro comercial se explica por un virtual estancamiento de las exportaciones, que crecen a un ritmo del 1,4 por ciento acumulado, mientras que las compras de bienes desde el exterior se incrementan por sobre el 15 por ciento. La avalancha de importaciones tiene origen en un incremento sustantivo de la adquisición privada de vehículos de pasajeros (42,3 por ciento), además de una notoria suba de bienes de capital y consumo (13,8 y 12,5 por ciento, respectivamente)” (P12 31/8). Entre los bienes de capital importados sobresale la compra de camiones, maquinaria agrícola, vial y ferroviaria, “casualmente” todas ligadas a los sectores agroindustriales y a las economías de enclave extractivas que tanto han sido beneficiadas por el gobierno de Macri.

El principal problema que agrava la situación comercial es el imparable déficit con Brasil. Según el INDEC “las ventas a Brasil medidas en unidades en el período enero-julio de 2017 presentan una caída de 11,6% en comparación con el mismo acumulado del año anterior” (CL 31/8). En el último mes el déficit comercial sumó 606 millones de dólares, un 74,1% más que en igual mes de 2016. El rubro más distorsivo es el automotriz, en septiembre cayó un 11% la compra brasileña de autos argentinos. Mientras que se calcula que el 70% de los autos que se vendieron en el país fueron importados (P12 9/9). Para colmo, para agravar aún más la situación y poder sepultar al Mercosur (burgués) Brasil analiza excluir la importación de leche de Argentina y Uruguay.


Reclamo empresario

Esta situación motivó un enérgico reclamo de la Unión Industrial Argentina (UIA) en oposición a la oleada importadora, fundamentalmente en el rubro automotriz. Si bien la nueva conducción de la UIA, ligada a los sectores más concentrados de la industria nacional con capacidad de exportación, apoya a raja tabla el plan económico del macrismo, a su vez, necesita articular las demandas de los capitales medios. La extinción de los capitales medios nacionales, debilita en última instancia a la cúpula industrial. Su cada vez más escaso, pero aún activo, poder de presión y de negociación de sus propias posiciones como miembro subordinado de la gran burguesía argentina, depende de su capacidad de dirigir a la fracción media de capital. Esa contradicción está contenida en la UIA y la misma llevará en algún momento a una ruptura de la misma. En un documento público la UIA afirma: “El avance de las importaciones en un contexto en el cual la industria recién comienza a mostrar signos de recuperación implica un riesgo para la producción local y el mercado de trabajo, que durante 2016, de hecho, se produjeron 24.550 desvinculaciones laborales en la industria con respecto al nivel registrado el año anterior. A modo de alerta, el informe agrega: “Si se regresara al nivel de empleo industrial de 2008, se perderían 50.280 puestos más” (P12 9/9).

El reclamo también puntualizó la necesidad de reducir los impuestos. Así lo expresó, Miguel Acevedo, que asumió en mayo la presidencia de la UIA: “Hay inversión, mucha tecnología, pero hay trabas en el medio ambiente en que se mueve: intendencias y provincias que cobran altas tasas, el impuesto a los Ingresos Brutos, al Cheque; este Gobierno va a tener que ir mejorándolo. No todo es el dólar: hay que bajar la inflación, tener una moneda competitiva” (CR 28/8). El objetivo es concretar una reforma fiscal, porque en las intendencias y provincias se cobran altas tasas (…) son cosas que en la argentina de hoy ya no se pueden tolerar. El sentido de la reforma es evidente. Menos impuestos significan transferencia de recursos que son volcados del conjunto nacional hacia los bolsillos de los capitales más concentrados locales. Esto es menos dinero para las provincias y los municipios.

El desguace Nacional

El rojo en las cuentas públicas para poder seguir solventando las crecientes erogaciones provenientes de la deuda externa presiona acelerando el ajuste del gasto públiconacional y de las provincias. Durante el mes de septiembre, tomó relevancia la discusión sobre la reforma fiscal impulsada por el Gobierno Nacional, los límites y su correlato en la Coparticipación Federal de los ingresos. La crisis estalló a raíz de la presentación de parte de la provincia de Buenos Aires, ante la Corte Suprema, de un reclamo para eliminar el tope de $ 650 millones anuales del Fondo del Conurbano. Con esto pretende recuperar recursos que actualmente se coparticipan. La mayoría de los gobernadores, incluidos muchos del oficialismo, alzaron la voz oponiéndose de plano al planteo de su par bonaerense, María Eugenia Vidal. Es un hecho de que sin esos fondos ningún presupuesto provincial cierra. Actualizado, el Fondo alcanzaría hoy los $ 53.000 millones anuales.

Dieciocho gobernadores y tres vicegobernadores se juntaron en la Casa de la Provincia de San Juan, en la Capital Federal, sin distinción de “raza y religión” para acordar un documento en el que le pidieron “respetuosamente” a la Corte que “no tome resolución alguna hasta tanto se dé el debate entre la Nación y las provincias y el Congreso” (LN 7/9). Los 21 presentes fueron: Lifschitz (Santa Fe), Schiaretti (Córdoba), Sergio Uñac (San Juan), Carlos Verna (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa), Rosana Bertone (Tierra del Fuego), Lucía Corpacci (Catamarca), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Domingo Peppo (Chaco), Hugo Passalacqua (Misiones), Juan Manzur (Tucumán), Juan Manuel Urtubey (Salta), Sergio Casas (La Rioja), Alberto Weretilneck (Río Negro), Omar Gutiérrez (Neuquén), Ricardo Colombi (Corrientes), Gerardo Morales (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza) y los vice de Alicia Kirchner (Santa Cruz), Alberto Rodríguez Saá (San Luis) y Claudia Ledesma (Santiago del Estero) (LN 7/9).

Estalla la contradicción secular entre Buenos Aires y el interior, como en las guerras civiles del siglo XIX. El gobernador socialdemócrata de la provincia de Santa Fe, Miguel Lifschitz, apuntó a la prensa que de perderse parte de la coparticipación, “se generaría un problema de gobernabilidad y se pondría a las provincias en situación de quebranto”. Por su parte, el cordobés Juan Schiaretti embistió contra la desigualdad en el reparto de subsidios: “Lo que no se dice es que si bien Buenos Aires dejó de recibir el Fondo del Conurbano, junto con la Capital Federal reciben más de $80.000 millones en subsidios anuales. Esos fondos también se deben incluir en la masa coparticipable” (LN 30/8). El sanjuanino Gattoni indicó que su provincia “no está dispuesta a ceder un peso; si no, no se puede cumplir lo acordado”. En tanto, que el riojano Sergio Casas, planteó que “con un golpe de ese tipo sobre las finanzas públicas sería imposible, prácticamente para todas las jurisdicciones” (LN 28/8).

Para poder analizar el peso del financiamiento nacional en las arcas provinciales repasemos algunos datos. La mayoría de las provincias no generan ni un tercio de sus gastos. Según un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), los ingresos propios de 14 de las 24 provincias representan a lo sumo un 31% de sus ingresos totales anuales. En el podio de las provincias más dependientes están Formosa, La Rioja y Santiago del Estero. En la primera, los ingresos provinciales representan apenas el 9% de la masa total de ingresos anuales del distrito. En La Rioja son el 10% y en Santiago, el 12%. Las siguen Jujuy y Chaco, con el 14%; Corrientes (16%) y Catamarca (18%). Otras cinco provincias superan el 20% de dinero propio en sus arcas. Son San Luis (21%), Salta, (23%), Entre Ríos y Misiones (27%), y Tucumán (29%). El ranking de las provincias menos independientes del poder central se completa con San Juan, que genera el 30% de sus recursos, y La Pampa, que la supera por un punto: el 31% de sus ingresos son propios (LN 18/9). En el otro extremo, el de los distritos económicamente más autónomos, se ubican la ciudad de Buenos Aires, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Buenos Aires, Mendoza, Tierra del Fuego, Córdoba, Río Negro y Santa Fe; es decir la Pampa Húmeda más petróleo. La única excepción es Tierra del Fuego, pero que en la actualidad se encuentra fuertemente castigada por los cambios en el régimen arancelario.

Así queda expuesta la radiografía de la fractura nacional, en donde si bien en sus orígenes el país dependiente “no integrado” en una cadena industrial quedaba subordinado al puerto de Buenos Aires, controlado por los dueños de la Pampa Húmeda, como mediación del dominio imperial y la burguesía industrial de afuera; el actual grado de concentración y centralización del capital quiebra al Estado Nación, en la medida en que desguaza a la estructura económica nacional, dejando en el quebranto absoluto a las provincias empobrecidas. Empobrecidas, cabe afirmar, por el desarrollo dependiente y desigual, “agroexportador” del capitalismo en la Argentina. El nuevo programa oficial abre el camino a los monopolios para que prácticamente se vinculen de manera directa con las provincias donde se encuentran los recursos naturales que más les interesan, dejando al resto del territorio como estados provinciales “fallidos”. A la par que desintegra los lazos de solidaridad económica que vinculaban a las distintas provincias en un todo nacional. Mientras tanto, la tendencia estructural es utilizada para hacer política coyuntural. El gobierno nacional sostiene con partidas diferenciadas aquellas provincias gobernadas por el oficialismo. Es así que la Casa Rosada giró el 84,5% de los aportes del Tesoro a intendentes de Cambiemos. Los jefes comunales oficialistas acapararon $ 321 millones de los $ 379,5 millones que fueron a la provincia. A nivel “nacional” los gobernadores de Cambiemos accedieron proporcionalmente a más del doble de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que los mandatarios de la oposición (CR 13/9).

Pero esta es sólo una situación transitoria. Al final el interior tendrá que ajustarse el cinturón, “sincerar sus cuentas públicas”. En este sentido, este mes el Gobierno elevó al Congreso su proyecto de ley de Responsabilidad Fiscal, el cual implica un fuerte límite al gasto, al endeudamiento y a la contratación de personal en el sector público para las provincias. El objetivo es poder exhibir un recorte en el déficit presupuestario. El proyecto obliga a las provincias a mantener constante el gasto corriente en términos reales (descontada la inflación), no aumentar la relación de cargos ocupados en el sector público, establecer pautas de fin de mandato a los gobiernos provinciales para que no aumenten el gasto durante los últimos seis meses de administración y que no eleven la presión fiscal impositiva principalmente para las empresas, con especial énfasis en aquellos gravámenes relacionados con el trabajo, la producción y su financiamiento entre otros puntos (P12 15/9).

La ecuación es despiadadamente simple. En la década del noventa las privatizaciones fueron el pago de la deuda externa, vía entrega de las empresas públicas, que fuera tomada bajo la dictadura cívico militar. En 2001 se trató de cambiar deuda por territorio y recursos naturales, pero el estallido popular lo detuvo. Hoy el macrismo vuelve recargado. Entrega la Nación y sus recursos a las potencias extranjeras como prenda de subordinación neocolonial, mientras endeuda al país para ganar tiempo y repartir migajas con la esperanza que la explosión no lo alcance. Pero el coctel es explosivo, el ahogo fiscal de las provincias puede revertirse en una fuerza ingobernable arrojada contra el proyecto económico del gobierno nacional aislándolo por completo. Y si esta presión encuentra su correlato en el malestar creciente en los cinturones urbanos que rodean a las grandes ciudades del país, estaríamos sin duda ante un escenario similar al del 2001.

El empleo, los trabajadores y la política

Según el Instituto de Trabajo y Economía (ITE) de la Fundación Germán Abdala, los últimos datos oficiales dan cuenta de un retroceso de 33.000 empleos durante el gobierno de Mauricio Macri. Ese número surge de la pérdida de 73.251 puestos en rubros con salarios superiores a la media, frente a una creación de 40.277 puestos en ramas donde los salarios se ubican por debajo del promedio. Los registros oficiales muestran, sin embargo, una paulatina recuperación en los niveles de empleo total. Los informes del gobierno dan cuenta de la creación de 159.800 puestos de trabajo desde que asumió el gobierno de Cambiemos. Pero este aumento se explica por una dinámica donde 85 de cada 100 puestos originados durante la nueva gestión corresponden a ocupaciones de bajos ingresos: cuentapropistas, monotributistas, municipales, casas particulares y monotributistas sociales. “Los puestos perdidos fueron compensados con empleo precario y de menor remuneración, lo que implica un notable deterioro en la calidad del empleo argentino”. El mayor crecimiento de asalariados se produjo en aquellos sectores con salarios entre 10 y 25% debajo de la media de la economía argentina. Por su parte, la mayor destrucción de empleo se concentra en aquellos asalariados que se encuentran hasta un 10 y 25% por encima del promedio como la industria manufacturera, la minería o las actividades inmobiliarias. El cuentapropismo creciente es un claro síntoma del aumento de la precarización e inestabilidad para aquellos que no caen directamente en la categoría de desocupados (P12 14/9).

Debemos considerar aquí las implicancias sobre el trabajo que tiene el aumento de la productividad vía la incorporación de tecnologías y su tendencia. Según un estudio elaborado por los economistas Diego Aboal y Gonzalo Zunino, del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve) de Uruguay, que forma parte del amplio informe titulado “Robot-lución”, difundido por el Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (Intal) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID): No hay ningún sector de la actividad en el que sea menor al 50% la proporción de puestos laborales con probabilidad de ser reemplazados por la fuerza de una máquina o la inteligencia artificial (LN 28/8). Por su parte, el economista liberal, Levy Yeyati, en una conferencia sobre robotización organizada por la Universidad Torcuato Di Tella, aseguraba: “Habrá mayor productividad, más riqueza y productos que todavía no tenemos...”, aunque también apuntó que “la sustitución tecnológica puede generar que las máquinas estén en pocas manos, lo cual traería efectos sobre la equidad y, a la vez, sobre la propia actividad económica, porque si se concentra la riqueza y no se hace nada al respecto, al afectarse los ingresos quedaría perjudicado el consumo” (LN 28/8).

Podríamos compartir el razonamiento de Yeyati para otra sociedad distinta a la capitalista, pero en esta sociedad la riqueza se expresa en forma de valor, y esto no es otra cosa que trabajo acumulado. El salto en la productividad al que estamos asistiendo con la combinación de la Robotización/Inteligencia Artificial/Internet de las Cosas (que no es otra cosa que un salto en la cooperación del trabajo social) redunda en una enorme reducción del trabajo vivo necesario para la producción y la circulación de las mercancías, por lo tanto en una reducción del valor socialmente producido. La manifestación visible de este proceso anárquico de producción cada vez más veloz de mercancías se observa en el atiborramiento de los mercados, saturados por cada vez más mercancías que no serán consumidas por nadie, sobre todo porque tiende a caer el consumo en términos relativos a medida que crece la desocupación/subocupación y la pauperización de las mayorías.

Como a lo largo de la historia del capitalismo, las innovaciones tecnológicas, los cambios en la organización del proceso de trabajo, y un mayor control de la fuerza de trabajo, a través de la expropiación del conocimiento de los oficios y saberes acumulados por la experiencia de los obreros, más la eliminación de todo un sector de trabajadores calificados, por sustitución tecnológica, le permite al capital no sólo aumentar la productividad del trabajo sino mejorar las condiciones de su dominio sobre el trabajo, ampliando su despotismo sobre la clase obrera. Esto se expresa en la pérdida de capacidad negociadora de los sindicatos de las condiciones laborales y salariales.

Tematizando los cambios tecnológicos y el reemplazo masivo de fuerza de trabajo (trabajo vivo), la CGT lanzó la conformación del Consejo Social del Trabajo y la Tecnología, para analizar la temática del impacto de la robotización en el mundo del trabajo; para lo cual la central obrera presentó un informe titulado “Impacto tecnológico en el mundo del trabajo” en el cual se concluía: “Ni adecuada, ni de punta: tecnología conveniente”. En el encuentro de marras, el triunviro cegetista Juan Carlos Schmid expuso: “Acá estamos hablando de algo más que defender un convenio colectivo de trabajo, un salario o discutir con el empleador, acá hablamos del lugar desde el que nos construimos como seres humanos y eso es lo que nos da el trabajo” este es “un debate impostergable”, ya que “será la piedra basal para conformar el Consejo Social del Trabajo y la Tecnología” (CL 14/9). La “conciencia sindical” del problema insiste en dictarle una moral a la historia: “la tecnología conveniente”; en lugar de problematizar las relaciones de propiedad de los medios de producción y las tareas urgentes de los trabajadores como sujetos que deben pasar al control efectivo, social, de dichos medios de producción (y por lo tanto de la tecnología). Cómo organizar la producción/circulación de los bienes es el problema de fondo que tienen planteado los trabajadores y con este problema choca la noción sindical que no supera la posición de subordinado del capital.

La toma de conciencia de este problema por parte de los trabajadores determinará la suerte del conjunto del pueblo. La conquista de su autonomía como clase, como sujeto histórico capaz de transformar la sociedad, se desarrolla subterráneamente, y de ese desarrollo depende la superación histórica del proceso de disgregación nacional y social. Como un embudo, todos los hechos conducen hacia un mismo punto.



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