Revista Mensual | Número: Octubre de 2017
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Fuentes consultadas: EE.UU.: Wall Street Journal (WSJ). Gran Bretaña: The Economist (TE). Alemania: Deutsche Welle (DW); China: Xinhua (XH); Rusia: Russia Today (RT); Irn: HispanTV (HTV) Venezuela: Telesur (TS). Cuba: Cubadebate (CD). Argentina: Clarín (CL); Crónica (CA); Cronista Comercial (CR); La Nación (LN); Miradas al Sur (MS); Página 12 (P12); Tiempo Argentino (TA).
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Guerra de policía contra el gaucho (versión siglo XXI)

Y dale con la Post-Verdad
De Unitarios y Federales al siglo XXI
Gradualismo o sustentable shock
Cipayismo for Export
Justicia adicta con amigos poderosos
Del “nunca más” al “otra vez” y “las veces que sea necesario”…
Nuestro desaparecido y los dueños de la dictadura
Movimiento Nacional, reconfiguración de fuerzas y falta de brújula
Reforma Laboral a la Criolla
¿Qué es pasar a la ofensiva?


Mientras los monopolios empujan el desguace del país y desmontan el frágil estado de derecho, el frente nacional busca cómo superar el momento de la resistencia

Guerra de policía contra el gaucho (versión siglo XXI)

Bajo el sol mi cráneo candente
busco comprender,
y los registros del tiempo pasado,
desvelar mi mente.

 

Vivo el destierro del hombre nativo
bajo las grises magias conquistantes.
Que aún prosiguen traficando el miedo
como ayer gauchos al desierto.

 

Despierto en los caminos
de la tierra muerta.
Me observo junto a mis hermanos
harto de miserias
y despojados de todo derecho
por el blanco imperio

(Hermética)

 


Durante los últimos meses, vimos cómo la oligarquía lograba construir un núcleo de apoyo a su programa. El cual, si bien a largo plazo arrasa con amplios sectores de la población, a través del endeudamiento internacional logra sostener en lo inmediato el modo de vida de algunas capas de la pequeña burguesía e incluso de una pequeña porción del proletariado con mayores salarios. Este hecho se materializaba en las PASO. Es así que Cambiemos −frente electoral que representa los intereses de los grupos económicos más concentrados− lograba quedarse con la victoria electoral en varios territorios donde anteriormente no había obtenido esos niveles de aprobación. Si bien la “bocanada de oxígeno” que recibía en las elecciones es importante, el Gobierno no pierde de vista que los objetivos profundos que enarbola requieren de la preparación de un fuerte andamiaje judicial, que aparece nuevamente en funcionamiento aceitado y articulado con el “frente represivo”. La manipulación de pruebas judiciales, la desaparición forzada de personas con la complicidad del aparato judicial, el aumento de la violencia con operaciones de infiltración en marchas –todo ello en articulación global con las potencias imperialistas decadentes−, hace ver a una oligarquía que, con un agotamiento estructural de su sistema mundial de reproducción, no está dispuesta a entregarse sin dar pelea.

Por su parte, las fuerzas que se enfrentan con la misma todavía están buscando las causas materiales de la derrota de diciembre de 2015 y, si bien se dan pasos, en lo esencial todavía no hay atisbos de comprender de manera profunda a qué se están enfrentando. Una parte del frente nacional “olfatea” que la reconstrucción de la burguesía nacional no puede ser el objetivo. Pero, ¿cuáles son los objetivos del frente nacional?

Por si esto fuera poco, el proceso de reformas que necesita empujar el imperialismo, con eje en lo laboral, pone en guardia al movimiento obrero, que a los tumbos y con contradicciones entre sus diferentes líneas parece ir comprendiendo que su problema es político y, por tanto, requiriere, más que protestas parciales, una estrategia acorde al momento histórico. Dicho lo anterior, analicemos los problemas de nuestra patria.

Y dale con la Post-Verdad

Con los datos de las PASO ya cerrados por la justicia electoral, los mismos arrojaban que ganó CFK por el 0,21%. En la categoría a senador, Unidad Ciudadana cosechó finalmente el 34,27 por ciento de los votos (equivalentes 3.229.194 sufragios), mientras que Cambiemos obtuvo el 34,06 por ciento (3.208.870 votos), por lo que la diferencia entre ambos fue de solamente de 20.324 votos. Tercer lugar para el frente 1País, 1.451.688 sufragios, es decir un 15,26. En cuarto lugar quedó el Frente Justicialista de Florencio Randazzo, que cosechó 559.516 votos, un 5,88 por ciento del total (P12 30/8). Ni lento, ni perezoso, el jefe de gabinete, Marcos Peña Brown, decía: “No insistan en que hubo un engaño. (…) Hay un sistema que hay que modificar, que es obsoleto y lento, pero no hubo de ninguna manera manipulación ni falta de transparencia” (LN 30/8). El ministro, dueño de la cadena de supermecados La Anónima, se olvidaba de todas las maniobras que ejecutaron el día de las elecciones contra las fuerzas opositoras, con eje en Unidad Ciudadana, y de paso aprovechaba para tirar un centro sobre la instalación del voto electrónico, lo único que podría garantizar futuros “fraudes patrióticos”.

Para ahondar el papelón de Cambiemos, las elecciones que se realizaron en Salta contaron con este sistema, suscitando controversias para diferentes sectores. Un hacker anunciaba por twitter una dirección en la que estaban disponibles los códigos fuente de las máquinas de la empresa MSA –contratada para aportar el software para las elecciones−, lo que permitiría manipular el sistema electoral salteño, que es el mismo que el presidente Mauricio Macri insiste en llevar a todo el país. La información era constatada por un grupo de profesionales informáticos que, reunidos en la agencia oficial Telam, afirmaban que los archivos esenciales para el funcionamiento del sistema que este hacker había publicado en la web eran los mismos que poseen los CDs oficiales (P12 30/8).

La prueba piloto salteña mostraba a las claras los pasos que debe seguir la oligarquía a escala nacional. El remplazo de la participación de la sociedad en los procesos eleccionarios por sistemas informáticos controlados desde empresas privadas más las fuerzas de seguridad controlando los lugares de votación. Esto deja entrever, por un lado, la falta de fuerza militante de la oligarquía. Por otro lado, el hecho fundamental: la necesidad de cercenar toda participación popular en los procesos políticos generales y en las elecciones en particular. Lograr que la sociedad no se involucre en nada parece ser la condición que les permitiría aplicar el fraude planificado.

Es decir que la post-Verdad no surge de la nada. Tiene condiciones materiales para su aplicación. Estas se sintetizan en reducir toda la vida de la sociedad al plano de lo privado, dejando “libre” el manejo de los asuntos públicos −que determinan lo privado− al pequeño círculo que representa localmente a los 147 grupos que controlan la economía global.

La campaña seguía en Florencio Varela, con palabras de Macri y Vidal: “Estamos para liberarlos de la pobreza (…) No estamos acá para lograr la supervivencia de los que están en la pobreza, sino para liberarlos de ella, para darles las herramientas para que puedan crecer, porque no son pobres, están pobres” (LN 31/8). Faltaría la fábula de “no les voy a dar el pescado sino enseñarles a pescar”… Nuevamente, el entramado conceptual de atar las problemas populares a un pasado del cual ellos no son responsables, y colocándose como “liberadores” de los mismos, y no como los creadores de los problemas, que es lo que realmente son, pone en el centro la post-verdad de la oligarquía como estrategia política. Es decir, apelar a todo lo sensorial, buscando evadir el más mínimo grado de razonamiento lógico por parte del pueblo. Ya que este iría contra todo el armado conceptual señalado.

Esto, lejos de ser un detalle de color, nos habla a las claras de la situación decadente de la oligarquía local como pata de un decadente imperialismo. Si anteriormente sus intelectuales salían a la palestra para debatir y sostener argumentos, su derrumbamiento como clase dominante –que tiene, como vemos mes tras mes, una base económica− lo lleva a la necesidad de que nada para el pueblo pase más allá de lo que le marcan los sentidos. Adiós filosofía clásica y moderna. Adiós Platón. Adiós Descartes. Adiós iluminismo burgués. La condición de dominación actual de la burguesía se convirtió en que la población abandone paulatinamente el uso de la razón.

De Unitarios y Federales al siglo XXI

Con la “liberación de la pobreza” como título, la Corte Suprema autorizaba a María Eugenia Vidal a quedarse con 50 mil millones de pesos del ex Fondo del Conurbano que, hasta ese momento, se repartía entre el conjunto de las provincias. De este modo, Córdoba perdería 7 mil millones al año, Entre Ríos 3.500 y Salta más de 2.000 (CL 30/8). Como vimos en el artículo 5, la concentración y centralización del capital hace explotar por los aires la conformación histórica del Estado argentino, el cual fue la victoria de la oligarquía terrateniente porteña −bajo la dirección del imperialismo británico− sobre los pueblos del interior y sus caudillos federales. La “macrocefalia” de Buenos Aires, producto de ser el centro expoliatorio de la oligarquía que saquea al interior, tiene un efecto secundario, indeseable para nuestra clase dominante: el gran conurbano bonaerense, que recibe a los hijos desterrados del interior −expulsados por la concentración de la propiedad, la tecnificación del trabajo agrícola y la pobreza− y que con su trabajo crean las riquezas que hacen de Buenos Aires la gran capital del país. Se trata de la mayor aglomeración poblacional de la Argentina, la segunda de Sudamérica y donde el dominio ideológico de la oligarquía es históricamente más débil (tal como vimos en el Análisis… anterior a propósito de la ubicación geográfica del voto).

Sabiendo esto, Cambiemos juega con fuego. Pretende atender su crisis de hegemonía en el conurbano bonaerense quedándose con los recursos provinciales que hoy hacen a las provincias medianamente viables. Esto significa romper los pactos históricos con los cuales los monopolios, en la alianza con la oligaquía porteña, incorporaron de manera subordinada a las derrotadas provincias del interior al mercado mundial. Como repetimos hasta el hartazgo, el grado de concentración y centralización del capital impiden al imperialismo seguir sosteniendo a capas enteras de sus “socios menores” (como lo son las oligarquías provinciales). Debe por tanto reestructurar los acuerdos a imagen y semejanza del nuevo grado de concentración alcanzado. “Entre gallos y medianoche”, resucitan los objetivos del dos veces ministro de Economía y ex presidente del Banco Central en tiempos de la dictadura, Domingo Cavallo, cuando −bajo el argumento de que varias provincias eran inviables económicamente− proponía desarmarlas, eliminar toda su estructura estatal y reagruparlas en 8 regiones que sólo tengan un poder central de orden administrativo.

Los hechos demuestran que la política de Cambiemos intenta radicalizar las consecuencias del dominio del mercado mundial sobre el desarrollo de las provincias. Tal mercado, que no es otra cosa que el escenario de la disputa entre los grandes monopolios que a sangre y fuego buscan sostener sus ganancias , es el que empobrece a las provincias y convierte sus recursos naturales en mercancías al servicio del capital trasnacional, al tiempo que envenena su suelo y expulsa a sus hijos. La importancia de esta aceleración en el método de expropiación del interior, que indudablemente tiende a la disolución del país, nos obligará a seguir de cerca este tema en los próximos meses, ya que amenaza con traer consecuencias gravísimas.

Gradualismo o sustentable shock

La bancarrota del interior y la aceleración de tendencias que amenazan la centenaria unidad nacional a favor del caos imperialista, hacía que la cipaya gran burguesía criolla saliera apuntalar al gobierno de sus CEOS. El siderúrgico Paolo Rocca, del grupo Techint, voz importante dentro de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y del el Foro de Convergencia Empresaria (FCE), señalaba la importancia de un poder porteño fuerte para el imperialismo: “La continuidad es un valor muy importante para los inversores. (…) La gobernabilidad, la percepción de que el Gobierno está en condiciones de tomar decisiones, es central para que las empresas se decidan a invertir” (CL 31/8).

Por su parte, Gustavo y Germán Segré, titulares de Center Group do Mercosur –empresa de logística que se ocupa de tercerizar los procesos de otras empresas, flexibilizando y aplicando herramientas informáticas− mostraban otro aspecto de los contradictorios deseos monopolistas: “Brasil obliga a la Argentina a apurar las reformas estructurales. (…) Nos muestra el Camino. (…) Obligará a la administración del presidente Macri a iniciar rápidamente negociaciones legislativas para al menos no quedarnos rezagados en lo referido a la reforma laboral y tributaria, o será un ‘Game Over’ para nuestro país dentro de un Mercosur” (CL 27/8). Los dos polos estaban planteados. Los monopolios necesitan un gobierno perdurable para realizar las reformas que garanticen una nueva correlación de fuerzas. Pero al mismo tiempo les urge acelerar las reformas, que no son otra cosa que la legalización de la flexibilización laboral, el ajuste, el endeudamiento y la consiguiente párdida de soberanía. Macri, expresión política de este capital financiero, al que su propio desarrollo lo encierra en contradicciones, asumia el desafio de superarlas: “¿Cómo congeniar la relación entre resultados materiales inmediatos y su sustentabilidad política a largo plazo?”. En base a este problema discute su estrategia el corazón de la gran burguesía argentina.

Humberto Schiavoni, Presidente del Pro a nivel Nacional, traducía esto a objetivos políticos. “Necesitamos que el cambio decante naturalmente en normalidad” (LN 1/9). Cambiemos buscaba lograr que las reformas constituyan una nueva normalidad, a imagen y semejanza de los monopolios. Eduardo Fidanza, niño mimado de La Nación, analizaba los pasos de su clase: “Se puede arriesgar aquí una hipótesis paradójica: expandir el gasto público, por la centroderecha, fue una de las herramientas que ésta empleó para ganar, con un resultado módico. (…) La gente (…) le ha dicho al poder político: te bancamos, no tenemos otra opción; postergamos el bienestar como muestra de confianza, pero aguardamos resultados” (LN 6/9). De este modo, la discusión entre gradualismo y sustentabilidad aparece más que clara. El gradualismo es la estrategia que los CEOS en el Gobierno llevan adelante, con el beneplácito del imperialismo, que les permitió endeudarse, para poder solventar el déficit. Entiéndase: “engordar en el corral” a las capas medias, mientras descarga el proceso de ajuste y represión sobre los sectores más humildes. Ejemplo de esto es la diferencia de inflación que percibe cada sector. Mientras el 20% más pobre de la población, perdió 10% de poder adquisitivo, el 20% más rico perdió sólo el 1%, según datos de la Dirección de Estadísticas porteña. Por esto cae el consumo en bienes básicos como leche, carne y pan, mientras se produce un salto exponencial en consumo en bienes de alta gama.

Esas fracciones de la pequeña burguesía −que todavía no están sintiendo inmediatamente con la misma intensidad que sectores de trabajadores, jóvenes, desocupados, etc., en términos materiales, los efectos del proceso económico−, en un periodo de tiempo más mediado, también serán afectadas, ya que así lo requiere la lógica de acumulación del capital, es decir, la famosa expropiación de la pequeña burguesía. Esta escisión “temporal” que crea la oligarquía, en base a sostener el gasto con deuda, le permite incidir temporalmente en las capas medias del pueblo y golpear a este por partes separadas. Sobre esta base económica se monta el andamiaje político-ideológico que coordina la oligarquía a través su control sobre medios de comunicación. La estrategia de “divide y reinarás” vuelve a mostrarse a todo lujo.

Por lo cual, podríamos decir de manera campechana que el gradualismo es clientelismo oligárquico para capas medias, puesto que mantiene artificiales beneficios económicos para esas capas, al tiempo que prepara las bases para el desastre económico.

Cipayismo for Export

Pero los acuerdos económicos con la gran banca internacional, que permiten un endeudamiento acorde con el gradualismo, no serían los únicos que el gobierno de Cambiemos hacía con el imperialismo para sostener su hegemonia. A las visitas del mes pasado del ministro de Economía británico y el vicepresidente yanqui, que mostraba claramente el espectro de alianzas internacionales en el cual se asienta el macrismo, se sumaba la visita de Benjamín Netanyahu. El primer ministro Israelí decía en la conmemoración del atentado a la AMIA: “Agradezco a Macri la búsqueda de los culpables. La amenaza de Irán es una amenaza permanente. Irán seguirá siendo la punta de lanza del terror. (…) Llegó el momento de hacer responsable a Irán por lo que ha hecho. (…) Sabemos que Irán y Hezbollah iniciaron estos atentados, y sus actividades no se han detenido hasta el momento” (CL 11/9; LN 12 y 13/9). Netanyahu, fiel a su estilo imperial, nos enseñaba la supuesta verdad que la justicia argentina no había alcanzado, sin, obviamente, más pruebas que su apoyo internacional. Insistía con la “pista Iraní”, pista que comienza a investigarse con el testimonio de un agente de la CIA –y que introduce en la justicia argentina el fallecido fiscal Nisman−, al tiempo que atacaba a algunas de las fuerzas más importantes que luchan contra el terrorismo mercenario pagado por Occidente en Medio Oriente.

La compañía del genocida de palestinos Netanyahu comenzaba con empresarios dedicados a la venta de armas, al espionaje y al entrenamiento militar (HTV 13/9) y era acompañada en el escenario de la AMIA por la Ex mujer del Fiscal Nisman, Sandra Arroyo Salgado, y demás funcionarios de primera línea macristas (LN 13/9). Ademas, por esos días, el juez federal Claudio Bonadío unificaba las causas por “traición a la patria “contra Cristina Kirchner y sus funcionarios en relación al acuerdo firmado con Irán para investigar a los sospechosos del atentado, y la causa por encubrimiento abierta por Nisman. Sin dudas, un regalo de bienvenida a nuestro sanguinario visitante.

El gobierno argentino y el israelí firmaban además acuerdos en materia de seguridad pública, que propendían a “profundizar y mejorar la cooperación entre la policía y las otras autoridades de los dos países para prevenir y descubrir en forma eficaz las actividades delictivas identificando a sus autores, por medio del intercambio de información operativa y estratégica y mediante la cooperación directa entre las respectivas agencias a todos los niveles” (P12 17/9). La articulación de fuerzas imperiales con la oligarquía criolla rememora la asesina “Operación Cóndor” de los 70. Retomaremos este tema más adelante.

Además, continuaban las repercusiones por la visita del ministro de Economía pirata-inglés del mes pasado, cumpliéndose 1 año de aquel acuerdo firmado entre el Reino Unido y la Argentina. Un grupo de ex combatientes, acompañados por la ex embajadora argentina en Inglaterra, Alicia Castro, junto con el premio nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, organizaban un acto donde se denunciaba: “Ha sido obviada la legal y constitucionalmente necesaria intervención del Congreso en la ratificación de este acuerdo. (…) La Argentina ha sufrido enormes retrocesos en relación a los recursos naturales, la militarización de las Islas y la relación con los países vecinos. (…) Coincidió con la designación del nuevo funcionario designado por el gobierno británico para las islas, Nigel Phillips, un militar y no un funcionario político, lo que puso de relieve el interés sobre la base militar. (…) Pretenden negociar nuestra soberanía en las Islas Malvinas a cambio de supuestos negocios” (P12 14/9). Nuevamente, el carácter antipatriótico de la oligarquía y su gobierno CEO entrega la sangre de los 649 argentinos caídos en combate a cambio de algunos negociados que le sirvan para apalancar su plan de ajuste disfrazado.

Justicia adicta con amigos poderosos

Acorde a lo que iría a reclamar Benjamín Netanyahu, se conocían nuevos datos sobre la investigación del caso Nisman. “La junta interdisciplinaria de expertos de la Gendarmería Nacional (…) [encontró] rastros de ketamina en el organismo de Nisman y un nuevo establecimiento de la hora de la muerte”. Estos nuevos datos dejaban entrever que Nisman podría haber sido drogado para que no se resistiera (LN 27/8). Recordemos que en días previos se venía barajando la hipótesis de un “pacto de sangre” entre la ministra Patricia Bullrich y el mando superior de la Gendarmería, en el cual se daría total apoyo a la fuerza ante la desaparición forzada de Santiago Maldonado, a cambio de que esta vuelva a realizar pericias que den como conclusión que Nisman fue asesinado.

A su vez, la utilización de diversos estamentos del aparato judicial para desacreditar y, si es posible, encarcelar a la oposición, continuaba. Además de las acusaciones a Cristina Fernández ya señaladas, la Unidad de Información Financiera (UIF) pedía a la Justicia que tanto la ex presidenta como el ex ministro Julio De Vido y los ex funcionarios José López, Carlos Santiago Kirchner y Nelson Periotti sean indagados en la causa conocida como “la ruta del dinero K” (LN 16/9).

Como dijimos, con una paz momentánea entre el Poder Judicial y el Ejecutivo Nacional, el mes pasado el macrismo pudo avanzar en la destitución del juez Freiler, bisagra para poder dar de baja las causas que este tenía contra Mauricio Macri y reasignar las que llevaba adelante contra la gestión de CFK a otro magistrado más acorde a los gustos de la oligarquía. Por esto mismo, las entidades corporativas de la gran burguesía argentina salieron a expedirse. El documento titulado “Sin Justicia no hay República”, fue emitido por la Asociación Empresaria Argentina (AEA), que preside Jaime Campos; la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), que encabeza Claudio Cesario; la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (Amcham), cuyo titular es Alejandro Díaz; la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE), presidida por Juan Manuel Vaquer; el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), conducido por Javier Goñi, y la Sociedad Rural Argentina (SRA), cuyo presidente es el doctor Luis Miguel Etchevehere (LN 23/8).

El mismo indicaba: “Las entidades abajo firmantes, que promueven desde sus orígenes los valores y principios de comportamientos éticos y republicanos, expresan su visión sobre el correcto funcionamiento de la Justicia, como requisito indispensable para que haya república. (…) En tal sentido, consideran que los jueces, que tienen facultades para decidir sobre la libertad y el patrimonio de las personas, deben mantener comportamientos éticos ejemplares. (…) Todos los jueces cuya probidad esté objetivamente en duda [deben ser] (…) investigados y juzgados en forma rápida y efectiva. (…) De esta forma se generará (…) el clima adecuado para el desarrollo de las empresas y la atracción de inversiones de largo plazo que generen empleo digno y sostenible” (LN 23/8). Nuevamente, la plana mayor de la gran burguesía argentina salía defender a sus representantes políticos y judiciales ante las maniobras descaradas que tenían que realizar para poder dar pasos en sus planes. Pero el apoyo moral y político estaba lejos de ser garantía. Por lo tanto, el crecimiento de la violencia se volvía inevitable.

Del “nunca más” al “otra vez” y “las veces que sea necesario”…

Y así fue. La reforma laboral planteada y la consiguiente transferencia de riqueza que significará deben apuntalarse, como viene sucediendo desde que asumió el nuevo gobierno, con hechos de creciente represión, intimidación y violencia.

Así, se conocía que un local de la Cámpora de Capital Federal era baleado luego de la presentación de la candidatura de Cristina. Los ataques fueron realizados el 27 de junio, primero, y luego el 4, 8 y 28 de julio (P12 25/8).

Además, mientras estudiantes de la escuela secundaria Juana Azurduy, en Moreno, protestaban por la situación edilicia del edificio, efectivos de la Gendarmería se acercaron, pidieron nombres y tomaron fotos. Los gendarmes preguntaron a los estudiantes si la protesta era por Santiago Maldonado, pregunta que en boca de un gendarme se transforma casi en una intimidación. Mariana Cattaneo, secretaria general de Suteba Moreno, contaba: “Enseguida nos acercamos los adultos para preguntar quién los había mandado y decirles que no podían sacarles foto a los chicos. Lo único que respondían era que estábamos cometiendo un delito por cortar la calle”. (P12 31/8).

La intensificación de las medidas represivas no sólo ocurría en Buenos Aires, sino en todo el ámbito nacional. En Córdoba, un día antes de la marcha por Santiago Maldonado y con la excusa de investigar una movilización que se había hecho días antes, un fiscal dispuso 15 allanamientos sobre organizaciones sociales, partidos políticos y hasta comedores y bibliotecas barriales. El objetivo, según dijo el fiscal provincial Gustavo Dalma, fue “buscar material y a las personas que actuaron encapuchadas en la marcha que del lunes pasado” (P12 1/9), en una manifestación contra el Gatillo Fácil de la policía local.

En el litoral santafesino, la policía de la provincia detenía a tres militantes de la Federación Juvenil Comunista cuando reclamaban por la aparición con vida de Santiago Maldonado, mientras realizaban una volanteada (P12 2/9). A los pocos días, estudiantes del Instituto Educativo Superior Nº 28 Olga Cossettini de Rosario, que realizaban una clase abierta en la calle por Santiago Maldonado, eran increpados por gendarmes cuando intentaban colgar carteles que anunciaban la clase pública. Mientras los increpaban e intentaban retenerlos, los gendarmes les decían: “Vení flaco. Yo soy la autoridad, vení para acá, callate la boca” (P12 9/9).

Todos estos hechos mostraban cómo la intimidación y la violencia eran la respuesta atropellada con la que se buscaba frenar el creciente proceso de politización entre los jóvenes.

Diversos hechos mostraban el modo en que se espesaba el clima político. El premio nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, después de plantear su rechazo ante la visita de Netanyahu, sufría un robo en su casa, en la cual los delincuentes maniataron a su nieto de 18 años en una silla. Esquivel indicó que “los tres hombres [se comportaron] como personas muy correctas, que actuaron con guantes y mucha precisión. Era un operativo muy bien organizado, y hablaban de manera educada y firme” (P12 16/9). Cualquier parecido con servicios de inteligencia es pura casualidad…

Pero a las bravuconadas policiales y parapoliciales se sumaba la criminalización de los militantes. Un simpatizante kirchnerista y su mujer eran detenidos acusados de enviar el paquete bomba que explotó tres días antes de las elecciones en las oficinas de la empresa Indra. Durante el arresto del matrimonio en su casa de Claypole −una vivienda humilde de ladrillos sin revocar, piso de tierra, sobre una calle sin asfaltar−, no se hallaba ninguna referencia a grupos violentos (LN 14/9).

Intimidación de la juventud. Intimidación de las capas más humildes de los trabajadores. He ahí una pata del plan represivo que comienza a dibujarse como sistemático.

Así lo justificaba la tribuna de doctrina una semana antes de la movilización por la aparición de Santiago Maldonado: “El ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, detectó que existen facciones que podrían alterar el orden público en toda esta semana con fines políticos, en decenas de municipios bonaerenses, donde pondrá el foco la vigilancia de la policía bonaerense” (LN 31/8). Como si esto fuera poco, se filtraba una “Orden Interna Reservada” de la Policía de la Ciudad, donde se aconsejaba a los uniformados prescindir del uniforme en la vía pública, extremar la atención ante “conductas sospechosas” y hasta se los alertaba por la posibilidad de ser víctimas de secuestros por parte de “células anarquistas”, al tiempo que caracterizaba a “facciones trotskistas, kirchneristas y revolucionarios” como los sujetos del “alboroto” (P12 31/8). Estos eran los flamantes enemigos internos con que Cambiemos reemplaza a los “subversivos” de la Doctrina de Seguridad Nacional.

En otro tiempo, acuartelaban las fuerzas, las hacían bailar, les llenaban la cabeza y las sacaban a aplicar represión a todo trapo. Hoy, de manera burda, con diferentes formas, el objetivo es el mismo: pertrechar una fuerza que tendrá que jugar violentamente contra el pueblo.

El otro hecho a resaltar fueron las persecusiones que el Gobierno busca aplicar contra los jóvenes que participaron de las más de 25 tomas de escuelas que se realizaron en la Capital Federal, contra la reforma educativa empujada por le macrismo. Más adelante trataremos en particular este tema, pero en este aparatado cabe señalar que “el gobierno porteño reflotó un instructivo en el que ordena a los directores que en caso de tomas las denuncien ‘inmediatamente’ a la policía” (P12 8/9). La medida fue calificada como intimidatoria por la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE). Como vimos en meses anteriores, el grado de politización generalizada en los jóvenes −en especial los menores de edad− hace necesario que la oligarquía ejecute medidas de coerción directa ya no sólo contra hijos de obreros o trabajadores desocupados, sino también contra los hijos de profesionales, comerciantes y empleados “de cuello blanco” que abundan en la ciudad-puerto. Nuevamente, la imposibilidad manifiesta del imperialismo y sus secuaces locales de ofrecerles un futuro a las nuevas generaciones choca como un tren contra la movilización de amplios sectores, en este caso, de jóvenes, que tienden a contactar con los trabajadores y demás capas que se oponen al proceso de confiscación.

En medio de este clima de provocaciones, se realizó la tercera marcha nacional contra el gatillo fácil, con la consigna “¡Ni un pibe ni una piba menos! ¡Ni una bala más!”, hecho que se sumaba al reclamo por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Se realizaban movilizaciones en Córdoba, Rosario, Tucumán, Mar del Plata y Capital Federal, organizadas por familiares de víctimas de la violencia institucional. Emilia Vasallo, madre de Pablo Paly Alcorta, asesinado el 18 de mayo de 2013 por la Policía Bonaerense, denunciaba: “La represión existió en todos los gobiernos pero con este se profundizó. En los últimos dos meses y medio tuvimos 7 casos de gatillo fácil. Hay desapariciones forzadas como la de Santiago Maldonado, detenciones arbitrarias, torturas en comisarías y una justicia que es cómplice” (P12 28/8).

Nuestro desaparecido y los dueños de la dictadura

Pero toda esta situación de violencia y enfrentamiento latente volvía a condensarse en la lucha popular por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Es así que en conmemoración del Día Internacional del Detenido Desaparecido, y por una semana, la CTERA proponía realizar en todos los establecimientos educativos del país la campaña “¿Dónde está Santiago Maldonado?”. La propuesta del sindicato era que los docentes repartieran cuadernillos didácticos para el nivel inicial, primario y secundario. También se expondría la imagen de Santiago en carteles y carteleras. El 1º de septiembre, a un mes de la desaparición de Santiago Maldonado, se realizaría en las escuelas un minuto de aplausos por el joven, se izarían las banderas a media asta y se tomaría asistencia nombrándolo y explicando su ausencia. También se proponía realizar radios abiertas, siluetazos y diversas expresiones artísticas en donde se expondrían los trabajos realizados en las escuelas (P12 30/8). La destacable actitud del sindicato docente de promover la discusión de un problema político que afecta a toda la sociedad, como es la desaparición de un compatriota que tenía un compromiso militante y a su vez perteneciente a la juventud, hizo saltar de sus sillones a los intelectuales más promiscuos de la oligarquía ganadera.

El genocida diario La Nación salía con los tapones de punta, en una editorial que titulaba: “La desaparición de Maldonado y el adoctrinamiento escolar”, en la que bramaba: “La repudiable politización de la desaparición de Santiago Maldonado ha llegado a las escuelas. (…) Es lamentable, peligroso y profundamente triste (…) intentar adiestrar a sus afiliados, usándolos como vehículos de mentiras y desinformaciones, (…) manipular la realidad, forzar la historia. (…) Comparar al actual gobierno con una dictadura militar [es] una aberración; usar a nuestros hijos con fines políticos, una inmoralidad. (…) La CTERA, como cualquier gremio vinculado con la docencia, debería hacer eso: docencia. Hoy sólo intenta manipular, avasallando los derechos de maestros y alumnos (LN 31/8. El subrayado es nuestro).

La táctica de la tribuna de doctrina fue trabajar para detener la jornada propuesta por CTERA, bajo el argumento de que la educación debe ser “neutral”, “apolítica”. Y detrás de sus intelectuales, los funcionarios nacionales denostaban con las mismas ideas la medida empujada por el gremio docente: “Los docentes están para enseñarles a los chicos a pensar con criterio, pero jamás para enseñarlos lo que tienen que pensar. (…) Usar a los chicos como instrumento de la lucha político partidaria nos da una gran canallada”, indicaba el ministro de Educación nacional, Alejandro Finochiaro (30/8 Radio Aire de Santa Fe).

Como analizamos a lo largo del Adec, la oligarquía necesita evitar una politización de la sociedad que “desborde” el estrecho marco de los reclamos inmediatos. La masividad que alcanzó el reclamo por Santiago Maldonado, con una fuerte incidencia en los jóvenes y en las capas medias, pone en “peligro” su construcción ideológica como clase y, potencialmente, su reproducción económica futura. A la oligarquía y su pasquín le duelen que un sindicato pretenda encabezar un debate, porque demuestra la potencia de los trabajadores para identificar al enemigo en común y desnudarlo de cara al conjunto de la sociedad. Esto hace encender las alertas rojas del establishment oligárquico.

Con esta disputa, y a más de un mes de la desaparición de Santiago Maldonado, el derrotero sobre el tema se acrecentaba. La ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el de justicia German Garavano levantaban la reunión pactada con los organismos de Derechos Humanos por el caso Maldonado. Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, advertía: “Este gobierno está haciendo correr peligro a la democracia y a cada ser viviente”. Por su parte, la titular de Madres de Plaza de Mayo Línea fundadora, Taty Almeida, se sumaba: “Cómo vamos a seguir trabajando juntos si no reconocen la desaparición forzada de Santiago, siguen (…) defendiendo a la Gendarmería” (P12 23/8).

A nivel judicial, la Fiscalía Federal de Esquel, a cargo de Alejandra Ávila, solicitaba al juez Guido Otranto “la recaratulación de la causa que ha quedado registrada como desaparición forzada de persona” (Pg12 25/8), colocando al Estado como el responsable potencial de la desaparición. Con cada vez menos margen, el juez ordenaba el secuestro de las computadoras y los celulares personales de los 65 gendarmes que el 1° de agosto participaron del procedimiento donde fue visto por última vez Santiago (P12 26/8).

Mientras tanto, Patricia Bullrich esquivaba la responsabilidad: “[Al Gobierno] le preocupa que quieran generar una ingobernabilidad, cuando no pudieron con las marchas ridículas como la de la central obrera o intentar coparnos la calle todos los días o decir que nos vamos a ir en helicóptero”. Y cerraba con esto: “Decir que el Estado hizo desaparecer a Maldonado es una locura” (LN 28/8). “La gendarmería no es responsable de la desaparición. Trabajamos para que este no sea otro caso como el de Julio López” (P12 28/8).

Acto seguido, el impresentable juez que lleva la causa, Guido Otranto, desligaba de responsabilidades al jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad Pablo Noceti −ex abogado defensor del dictador Leopoldo Galtieri−, a pesar de que el funcionario fue señalado por varios gendarmes y por el ministro de Gobierno de Chubut, Pablo Durán, como el que planificó y coordinó la represión ese 1º de agosto (P12 6/9). Por las dudas, Otranto sentenciaba: “Creo que no fue él quien coordinó el operativo. La gendarmería iba a actuar por iniciativa propia cada vez que hubiera un corte de ruta con violencia” (P12 11/9). Al tiempo que nos ayudaba a resolver el caso: “La hipótesis más razonable es que Maldonado se ahogó” (SIC) (LN 17/9). Omitiendo testimonios a su antojo, y confirmando con nada una ridícula hipótesis, mostraba cómo el estado de derecho se desmoronaba ante el desfachatado encubrimiento de la violencia planificada.

La intencionalidad de ir corriendo de la escena al Ejecutivo nacional y dejando en el medio a la Gendarmería se hacía manifiesta.

La actitud de Patricia Bullrich de rechazar la responsabilidad de la Gendarmería empezaba a generar fisuras en el frente interno de Cambiemos. En el Congreso, el jefe de ministros Marcos Peña Brown respondía ante los múltiples cuestionamientos: “No descartamos ninguna hipótesis. (…) No actuamos (…) encubriendo a nadie. (…) Seremos todo lo duros que se deba ser con cualquier persona del Estado” (LN 31/8). De a poco, el gobierno CEO iba apuntando a la Gendarmería como fusible. El coordinador de políticas públicas de la Jefatura de Gabinete, Hernán Iglesias Illa, decía que “lo que más probablemente haya pasado, o lo peor que podría haber pasado, es que algún gendarme suelto le haya pegado a Santiago Maldonado sin saber que lo estaba hiriendo gravemente(P12 10/9. Subrayado nuestro.).

La crisis al interior de la fuerza que representa Cambiemos volvía a tomar ribetes barrocos; su imposibilidad de mantener cohesionado, de manera más o menos duradera, un plan de acción, los va desbarajustando al punto de que con la radicalización del reclamo popular, de a poco, el gobierno CEO le va soltando la mano a su fuerza de choque de elite, para salvar la imagen propia de cara a la sociedad.

De este modo, quedaba Patricia Bullrich, como el ala del Gobierno más cercana a Gendarmería. Portadora de las más rancias relaciones, se conocía este mes que Guillermo Yanco, su actual pareja, era un reconocido publicista de Natanyahu y tenía vínculos con los servicios de inteligencia Israelíes, el famoso Mossad. En este marco, el candidato de Unidad Ciudadana Leopoldo Moreau denunciaba: “El actual jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, se comunicó en dos oportunidades con el director general de Gendarmería, Gerardo Otero, para manifestarle su interés en el nombre del Gobierno nacional en el sentido de que los peritajes que se le habían adjudicado a la Gendarmería finalmente dieran como resultado la hipótesis del asesinato de Nisman”. Y agregaba que, luego de la desaparición de Maldonado, el comandante se comunicó directamente con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien le manifestó que estaba interesado “en la necesidad de que la Gendarmería no saliera manchada de esta situación” (P12 19/9).

Cambiemos hace renacer los pactos de sangre entre civiles y uniformados, para instalar a sangre y fuego un modelo económico neoliberal. Destino obvio de un gobierno neoliberal, que más temprano que tarde deberá profundizar la represión para acallar la lucha popular.

Con ese telón de Fondo, se produjo la movilización nacional en reclamo de la aparición con vida de Santiago Maldonado. Las movilizaciones se hicieron sentir en diferentes ciudades del país como Comodoro Rivadavia, Mendoza, San Miguel de Tucumán, Rosario, Córdoba, Mar del Plata, Jujuy, San Luis, San Juan y Misiones, con una masiva participación. Pero el fantasma de la dictadura continuaba y varias movilizaciones eran infiltradas por las fuerzas represivas.

El diario La Nación describía así lo acontecido en la ciudad de Buenos Aires: “Al terminar, y cuando la mayor parte de los manifestantes ya habían desconcentrado, un grupo de violentos activistas provocó graves disturbios [y] (…) obligó la intervención de las fuerzas de seguridad. Hubo al menos 8 heridos y más de 20 detenidos” (LN 2/9). Sobre la movilización en Rio Negro, decía: Concentración masiva en El Bolsón. Allí, un pequeño grupo de encapuchados, al que la multitud repudiaba al grito de ‘infiltrados’, se acercó al portón de entrada del Escuadrón 35 de Gendarmería y comenzó a tirar piedras (LN 2/9. Subrayado nuestro). Mientras, las imágenes iban mostrando cómo actuaban los agentes de civil de las fuerzas de seguridad, primero agitando al interior de los manifestantes que se habían quedado, para caldear el clima y promover la confrontación; para luego aislar a algunos de esos manifestantes, marcándolos como “objetivos de caza”, tanto de agentes uniformados como de personal civil infiltrado. A estas imágenes se sumaban eso mismos infiltrados haciendo pintadas en diferentes monumentos históricos con consignas inconsecuentes, las cuales después serían levantadas por los medios de comunicación para asustar a la pequeña burguesía con el fantasma de la violencia política. Al volver la oligarquía a dominar el Poder Ejecutivo con un gobierno surgido de su seno, volvía, luego de 12 años, pero de manera ampliada, el accionar característico de las fuerzas represivas.

A todo esto, el reclamo por Santiago Maldonado tomaba dimensiones internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le exigía al gobierno que determine su situación y paradero (P12 24/8). Por su parte, la cadena Británica BBC informaba: “La frase (…) ‘¿dónde está Santiago Maldonado?’ rompió récords en las redes sociales y está escrita en las paredes de todo el país. (…) Una Argentina volvió al ranking de países desaparecedores. (…) Un país que pudo sobreponerse a una dictadura con su infierno de 30 mil” (P12 2/9).

Con la presión internacional en alza y una ascendente movilización popular, las entidades corporativas de la gran burguesía criolla tenían que salir a defender en primera persona a sus representartes políticos en el Gobierno. Conjuntamente, la Asociación Empresaria Argentina (AEA), el Colegio de Abogados de la ciudad de Buenos Aires, la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (ConInAgro), la Cámara Argentina de la Construcción (CamArCo) y el Instituto para el Desarrollo Empresarial de Argentina (IDEA), lanzaron un comunicado que rezaba: “Las entidades aquí firmantes consideran que la preocupación que todos compartimos por Santiago Maldonado y su familia, debe encontrar una pronta solución por los caminos institucionales y evitar todo tipo de acción violenta y/o manipulación político partidaria. (…) La historia contemporánea de nuestro país nos ha enseñado que la violencia jamás puede ser un recurso idóneo. (…) Nuestra sociedad ha confirmado inalterablemente su vocación de vivir en paz y libertad. (…) Ese ideario se ha visto seriamente afectado por los inadmisibles incidentes de violencia ocurridos el viernes 1 de septiembre en espacios de la vía pública” (CL 5/9).

Pero no todos participaban de manera tan ecuánime en la farsa de la oligarquía y los monopolios. Dardo Chiesa, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), los hermanos menores de la SRA, salía de manera más descarnada a mostrar su pensamiento: La Argentina sabe lo que es la lucha antisubversiva, espero que no tengamos que volver a eso. (…) Estamos siendo víctimas en el Sur de ocupaciones de campos hechas por los mapuches. (…) Esto tiene financiamiento, tiene estructura. (…) Esto es un delito de sedición que está catalogado como traición a la Patria (P12 17/9. Subrayado nuestro). Y Santiago Nazar, vicepresidente SRA de Bariloche, remachaba: “Esto es todo un manejo de medios y de estrategias al estilo de Sendero Luminoso y ese tipo de grupos” (LN 27/8).

La pluma de Joaquín Morales Solá salía a ponerle el toque final a la posición de la oligarquía: “Los desmanes llegaron para quedarse; (…) grupos radicalizados (…) no aceptan las reglas del juego del sistema democrático ni del sistema económico. (…) Las combaten. (…) La violencia NO es, por lo tanto, un fenómeno pasajero. (…) La siguiente fase de la desestabilización es, según las evidencias y las confirmaciones oficiales, la creación de un clima de violencia permanente en el espacio público. (…) Si la democracia y la sociedad no sirven porque son despreciablemente ‘burguesas’, como la llaman, el único atajo que les queda es el de la violencia” (LN 3/9).

Como vemos, la oligarquía, a pesar de que para la tribuna habla de republicanismo y paz, se para como el país mismo, y llama “traición a la patria” a la recuperación por parte de los pueblos originarios de aquellas tierras que aquella usurpó –genocidio indígena mediante− allá hacia fines del siglo XIX, para satisfacer las demandas del capital financiero británico. Los terratenientes argentinos, aliados históricamente al imperialismo, son los que más rápido toman conciencia de que debe aplastarse todo movimiento que pueda opnerse a su dominio sobre estas tierras. Y fogonean la represión, acusando a quienes se oponen de ser “antidemocráticos”. Ya analizamos a fondo el número pasado el contenido de su “democracia” (ver Análisis… anterior): la dictadura para los trabajadores y el resto de los sectores populares, ya que cada día menos capas del pueblo logran reproducirse dentro del sistema amañado desde aquel largo siglo XIX.

En momentos de crisis internacional, mejor prevenir que curar. En sus palabras, podemos ver cómo la dictadura fueron ellos. Se desnudan diciendo que ahora esperan “no tener que volver a la lucha antisubversiva”. A su pesar, debemos decir que ninguna represión resolverá la contradicción entre una minoría que se apropia de la renta y del trabajo argentino y una mayoría que cada vez sufre más la expropiación. Contradicción transversal a la vida nacional, que nunca se fue, y está en la base de la lucha del pueblo contra la oligarquía. Lucha que está siempre presente, aunque intenten borrarla, y que hoy pide ser retomada en una escala mayor a aquella en que quedó la etapa anterior, frente a la agudización de la crisis del imperialismo y la oligarquía local, que empujan a una expropiación de mayores proporciones.

La violencia no surge entonces, como dice Morales Solá, de las intenciones de “grupos radicalizados”. La violencia surge de la desigualdad derivada de las necesidades más profundas de la oligarquía y los monopolios. La violencia no es más que una característica fundamental del plan sistemático que aplicó en épocas pasadas y aplicará nuevamente la oligarquía. Sus necesidades objetivas de reproducir su capital de manera ampliada conllevan una expropiación masiva, una desigualdad creciente y, por lo tanto, la aplicación de una violencia permanente, que haga que los sectores desplazados de la estructura social no puedan organizar resistencia alguna. Esa resistencia es la que Morales Sola denuncia como “no aceptar las reglas del sistema”. La violencia que necesita la oligarquía es la misma política que el Imperio propone a la hermana República Bolivariana de Venezuela: la guerra económica, financiera, las “guarimbas” (ver Artículo 4 de la presente edición).

Los límites para aplicar este plan en los marcos de la propia democracia burguesa muestran la crisis que tienen como clase. Lo que tienen que hacer no entra en los marcos del estado de derecho burgués que ellos mismos supieron construir. Y, para la eliminación total o parcial de “las garantías democráticas”, deben construir un enemigo interno que sirva para justificar un estado de excepción.

La democracia en Argentina, con todas sus falencias y su indudable carácter burgués, no fue producto de la voluntad política de la oligarquía y sus cuadros, sino una conquista lograda por la lucha de miles de hombres y mujeres, provenientes de las filas de los trabajadores: jóvenes, madres y demás sectores que se opusieron a la barbarie de la dictadura genocida y neoliberal. Para reconocer la acción de los sirvientes de la oligarquía en el ejecutivo, basta citar el voto calificado, la década infame, el golpe del 55, los 17 años de proscripción al peronismo y golpe del 76, con los 30 mil compañeros desaparecidos. El sistema democrático es una conquista lograda por la sangre y el sudor del pueblo y no una cualidad propia de la oligarquía. A pesar de ello, esa democracia “burguesa”, tal como la define Morales Solá, fue la forma −concesiones mediantes− por la cual la oligarquía continuó sosteniendo su dominación. Como dijimos en apartados anteriores, después de más de 150 años de desarrollo, la base material que permitía integrar a una cantidad más vasta de sectores subalternos a un modelo económico hoy llegó a un grado de agotamiento que hace implotar esa superestructura democrática.

Por lo cual, esa “democracia burguesa” es, por un lado, insostenible para los monopolios. Por otro, se muestra cada vez más impotente para el pueblo que lucha por derrotar el accionar de los monopolios. Esa es la encrucijada histórica del presente.

Movimiento Nacional, reconfiguración de fuerzas y falta de brújula

El conflicto por la coparticipación del Fondo del Conurbano −que vimos en el segundo apartado del artículo−, hacía que representantes de 21 provincias se juntaran en la Casa de San Juan ante la posibilidad de que la Corte Suprema fallase a favor del reclamo Vidal. Las 21 provincias firmaron un documento que decía: “La pretensión bonaerense perjudica gravemente al resto de las provincias y municipios y su tratamiento indefectiblemente debe darse a través del debate entre Nación, las provincias y el Congreso Nacional”. Además, solicitaron “respetuosamente” a los jueces de la Corte que “no tomen resolución alguna” hasta tanto no sean escuchadas “todas las jurisdicciones”. El santafesino Miguel Lifschitz planteó: “Es una señal política inédita en la Argentina que gobernadores de distintos partidos se pongan de acuerdo en un tema en común” (P12 7/9). Como ya dijimos, si la Corte fallaba a favor de la demanda de Vidal, las provincias perderían 53 mil millones de pesos que deberían salir de la coparticipación que se reparte entre las 23 provincias restantes. Como veíamos, esto era el acta no escrita de la disolución del Estado-nación tal como lo conocemos, porque sin esos 53 mil millones los mercados internos provinciales se desmoronan como castillos de naipes, llevándose consigo inmensidad de sectores propietarios del interior. La reasignación de recursos singnificaba la liquidación de capas enteras del capital Pyme del interior, tanto como el hambre y el desempleo masivo para los trabajadores de esas regiones. La inmensa mayoría de los gobernadores, representantes de los poderes económicos locales, intentaban oponerse a la medida, pero la debilidad estructural del empresariado del interior no podía materializar una estrategia global de oposición al macrismo, y acababa con un ofuscado pedido a la Corte Suprema, que no por casualidad tiene asiento en la Ciudad Buenos Aires.

En la misma línea de acción, el pánico que comienza a invadir a algunos sectores del interior se traducía en el exilio masivo de intendentes de las filas del randazzismo, hacia Unidad Ciudadana, más por espanto que por amor. CFK recibía en el Instituto Patria al intendente de Chacabuco y primo del ex presidente de la cámara de diputados, Julián Domínguez. El mismo decía: “Cristina es la única dirigente capaz de frenar el ajuste del gobierno de Macri”. El intendente de Castelli, Francisco Echarren, agregaba: “Es difícil sostener [el apoyo a Randazzo] porque toda la militancia quiere votar a Cristina. Quieren votar a Unidad Ciudadana. Todos los militantes quieren que pierda Macri” (P12 6/9). Los pocos que quedaban en el bote de Florencio Randazzo salían a despotricar contra CFK.

Per no todas las cicatrices del movimiento nacional cerraban por el espanto. Emilio Pérsico, dirigente del Movimiento Evita, indicaba en un documento de discusión interna, a propósito del espacio que conduce la ex presidenta: “¡Con tal de no confrontar ideas hasta se fueron del peronismo!” (P12 15/9).

Contiguamente, desde el movimiento sindical, dos de los triunviros que componen la CGT, mordiéndose la lengua, dejaban entrever a sus bases la necesidad de votar por CFK, como el único camino para intentar frenar el ajuste y la reforma laboral. Primero fue el turno de Héctor Daer, de Sanidad, quien es además diputado por el massismo: “No tengas dudas. (…) En octubre voy a hinchar por el peronismo, y dentro de eso por el que le haga más fuerza al gobierno”. A los pocos días, Juan Carlos Schmid, admitía: “Yo he sido muy crítico de la administración anterior, pero si me tocara votar en la provincia de Buenos Aires, no tendría dudas en ejercer un voto opositor” (P12 17/9). Por si esto fuera poco, el secretario gremial de la CGT y adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, aportaba también, tratando de no quedar pegado del todo: “Vamos a llamar a los trabajadores a que voten a la oposición y, en la provincia de Buenos Aires, están Cristina y Massa; ojalá que los trabajadores les den el voto” (InfoBae 17/9).

Con estos nuevos apoyos, Cristina hacía un amplio llamado a la unidad de la oposición: “Nadie debe renunciar a nada, ni a sus ideas, ni a lo que dijo, ni a lo que hizo, menos aún a sus aspiraciones futuras. (…) El Gobierno NO puede tener un cheque en blanco para el GRAN ajuste; (…) ofrecemos nuestra boleta para que pueda representar su voto opositor y trabajar en conjunto por un cambio de rumbo” (LN 12/9). A pesar de sus escurridizas bases, Massa y Randazzo se negaban a cualquier acuerdo y acusaban a CFK de dividir al peronismo y construír una falsa polarización (CL 11/9 y P12 13/9).

Con los datos del recuento definitivo cantando la victoria de UC en la provincia de Buenos Aires, CFK salía a ponerle picante a la contienda: “El Gobierno perdió en 14 de 24 jurisdicciones. (…) La gente decidió un modelo de oposición en la elección. Este plan económico no es sustentable ni en lo social ni en lo económico. Tenemos que analizar quién está en condiciones de ponerle un freno al Gobierno” (LN 31/8). Así, CFK marcaba la cancha al conjunto de las fuerzas electorales. Lo que está en juego es la continuidad del plan económico oligárquico.

Continuando los días, y lanzada la campaña a escala nacional, CFK aclaró que no se trata de ser portadores de malas noticias “sino advertir que lo que está ocurriendo ya pasó y que cuando se hizo nos fue para el tujes. (…) Deben recordar que con algunos gobiernos se puede disfrutar de vacaciones, de llegar a fin de mes y con otros sólo se puede ser pobre”. Al tiempo que denunciaba “la concentración de poder económica, financiera, mediática, inédita en la historia que detenta el Gobierno” (P12 31/8). Es decir que proponía enfrentar al poder económico, pero al mismo tiempo convocaba a la población en defensa de su consumo.

No obstante, a pesar de estos límites sobre el papel activo del pueblo argentino en su liberación, afirmaba que “la famosa grieta no es un invento argentino a partir de 2003. Viene de mucho antes. Tenemos que hacer un intento por superar esto. Son 200 años de frustraciones. La pelea no es porque uno es kirchnerista y el otro macrista, es porque hay dos modelos de sociedad y de país” (P12 15/9). Demostrando nuevamente ser el mejor cuadro del movimiento nacional. Mérito que −como ya hemos expuesto en anteriores Análisis…− proviene de tener la capacidad de definir al enemigo tanto por su recorrido histórico como por sus bases materiales actuales. La capacidad de atar en un solo análisis que este modelo económico es la recreación del “Menemato Neoliberal”, que él mismo nos llevó a la explosión del 2001, que a su vez esto tiene “200 años de frustración” y que se dirime entre “dos modelos”, es lo que muestra la sagacidad política e intelectual de CFK y la admiración −a pesar del escarnio mediatico− que amplias franjas de la sociedad tienen por ella. Pero nuevamente sus límites aparecen cuando después del análisis del enemigo debe pasar a las cuestiones propositivas. Es decir, al planteamiento de las tareas que tienen planteadas los sectores populares. Decir que “con algunos gobiernos se podía disfrutar”, muestra los límites en una concepción que no mira a las masas como protagonistas de la historia. Sino como meras consumidoras y beneficiarias de un modelo que ellas no constuyen.

Como venimos analizando en los anteriores números, la victoria electoral de Cambiemos en 2015 estuvo asentada en una campaña de desgaste sistemático que se apoyó en una base real: los límites de la reconstrucción de la “burguesía nacional”. Esos límites están marcados por la propia naturaleza del imperialismo: el monopolio, con mercados cartelizados y gandes masas de capital financiero generando burbujas por doquier.

En este contexto de la lucha política, ¿puede el objetivo de recuperar el consumo de la “década ganada” aglutinar al conjunto de los sectores que están siendo expoliados, o están próximos a hacerlo? La estrategia de constituir al pueblo como el mercado interno de un empresariado nacional independiente del imperialismo, ¿no coloca al propio pueblo en un lugar pasivo, y extremadamente similar al que le propone el gobierno CEO?

Como hemos visto a lo largo de esta publicación, los pueblos que están encabezando el proceso de transición a nivel global, que logran en la descomposición del imperialismo comenzar a forjar un nuevo rumbo, son los que se han planteado consecuentemente su lucha contra el imperialismo, en la cual sus direcciones políticas y gubernamentales ponen el eje en el papel de las masas como constructores reales, no idealizados, del porvenir. Caso de esto es la Revolución Bolivariana, en Venezuela, en la cual los trabajadores y demás categorías del pueblo −ahora mediante la herramienta de la Asamblea Constituyente– están dando una infatigable lucha por la liberación, la justicia social y la paz. De ese modo, van logrando, con mucho esfuerzo, controlar al imperialismo y sus secuaces locales, en el camino de derrotarlos definitivamente.

Reforma Laboral a la Criolla

Con el ejemplo de Brasil y esperando la aceleración de la flexibilización laboral luego de las elecciones, se multiplicaba la lucha económica del proletariado.

La mina de carbón de Río Turbio era tomada por sus trabajadores, luego de que trascendiera el despido de personal en la sede de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT) en Buenos Aires. Una veintena de mineros tomaba la mina a casi 400 metros bajo el nivel del mar. Por la medida, el fiscal federal Guillermo Marijuan pedía al juzgado federal de Río Gallegos que interceda para que cese la protesta y proteja los bienes (LN 12/9).

A su vez, el Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, con Jorge Loma Ávila a la cabeza, mantenía arduas negociaciones con la empresa TecPretrol por el cierre de la conciliación obligatoria, frente a casi 250 despidos que el brazo petrolero del grupo Techint dispuso en la cuenca del Golfo San Jorge. Al día posterior, El vicegobernador de Chubut, Mariano Arcioni, anunció desde Buenos Aires que se había llegado a un acuerdo entre la empresa Tecpetrol y el Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, a través del cual la compañía del Grupo Techint aceptó dar marcha atrás con despidos. Ávila decía: “No hay que olvidar que se han levantado más de 250 telegramas de despidos y lo que ahora hay que discutir es una reconversión, pero lo cierto es que eso ya será otra instancia”. Al tiempo que recordaba que hay trabajadores que desde hace un año y nueve meses están cobrando el 70 por ciento de su salario sin trabajar (CL 15/9).

Mientras tanto, la “crisis” del correo volvía a la “palestra”. Un documento de circulación interna salía a la luz, indicando “la necesidad de que el Correo se reformule adaptándose a las nuevas demandas de la evolución tecnológica”. La incorporación de las dos principales tecnológicas “nacionales” al círculo de AEA, como son Globant y MercadoLibre, tiene su correlato en las operaciones gestadas desde el gobierno CEO de desguace de una empresa estatal estratégica.

Además, la llegada de las Aerolíneas Low Cost (Bajo Costo) hacía poner en guardia a los gremios de la actividad. La Asociación Argentina de Aero Navegantes (AAA) difundía un comunicado que decía: “Vemos con preocupación la llegada de la línea aérea Norwegian, quien es actualmente eje de las principales discusiones a nivel mundial por sus prácticas de dumping, la competencia desleal y sus políticas de precarización laboral, no lo vamos a avalar. (…) Si Norwegian opera internacionalmente, Aerolíneas una vez más se ve bajo amenaza” (CL 8/9).

Es de resaltar cómo el proceso de flexibilización laboral se comienza a dar entre los sectores de trabajo registrado mejor pago, donde el movimiento sindical es fuerte pero se ve “acorralado” ante el avance del proceso tecnológico que reemplaza en forma acelerada la fuerza de trabajo.

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social convocaba al “tridente” que representa a los trabajadores desocupados (CCC, Barrios de Pie, CTEP/ME). Al salir de la reunión, el responsable de Barrios de Pie, Daniel Menéndez, anunciaba: “Fue la peor reunión desde que asumieron. Se juntaron para avisarnos que no van a cumplir con lo que se votó en Congreso. Se destinó sólo el 30% de la ley” (P12 4/9). Ante la falta de respuestas por la Ley de Emergencia Social, los movimientos sociales convocaban a una jornada de protesta, haciendo en diferentes puntos de la ciudad ollas populares (CL 4/9). Contraatacando, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, decía: “Hay organizaciones que más que mostrar la pobreza vienen a generar una situación conflictiva. Tiene que ver con la historia de los 10 últimos años. De toma y daca, te doy sino me cortas” (Telam 3/9). La estrategia de la zanahoria y el garrote se volvía cada vez más garrote y menos zanahoria.

El gremio docente, nuevamente, se llevaba parte del protagonismo del mes, no sólo por lucha en el caso Maldonado, sino por la pelea contra la política de mercantilización de la educación que impulsa el macrismo. El Ministerio de Educación firmaba un convenio con la Fundación Cimientos para que preste asistencia técnica y capacitación al Programa Nacional de Tutorías del secundario. La ONG nombrada tiene como socios a bancos (HSBC, Galicia, Supervielle), financieras (JP Morgan), compañías de seguros (Zurich) y empresas multinacionales como Exxon y Coca Cola (P12 29/8). De esta manera, las corporaciones, a través de fundaciones y ONGs, pasan a incidir en las lógicas y contenidos pedagógicos de manera directa. A su vez, el acuerdo es una muestra de cómo, mientras desguaza el sistema de formación a cargo del Estado, Cambiemos abre al mercado las puertas para crear millonarios negociados, pasando responsabilidades de la órbita pública a manos privados.

El Secretario General De UTE, Eduardo López, decía: “Hay un tema de soberanía educativa: el responsable de garantizar el derecho social a la educación debe ser el Estado. (…) Cambiemos terceriza, cede el poder de decisión del Estado”. La discusión sobre el contenido del Estado, la comprensión acerca de qué es el mismo, vuelve a ponerse en primera línea.

Pocos días después, el gobierno porteño empujaba la reforma educativa con el slogan “Secundaria del Futuro”, que contiene la división de los ciclos en básico y orientado, con prácticas laborales en el último año, el reemplazo de las notas por un sistema de créditos y la agrupación de materias por áreas de contenido. El nuevo esquema constaría de un ciclo básico de dos años, otro orientado de dos y el último, el “integrador y formativo más allá de la escuela”. Esto se traduce en un sistema de las denominadas “pasantías”, consistentes en que el alumno asista a trabajar a empresas privadas que convenien con cada institución en forma gratuita, de modo de que las corporaciones ahorren aún más de lo que ya hacen en salarios. También el 6° y 7° de la escuela primaria serán incorporados a la reforma y tendrán 10 días de tiempo preparatorio para la secundaria. Se incorpora la figura del tutor (dos por curso) y la implementación del plan que el año que viene alcanzará a 16 escuelas porteñas con 2495 alumnos de primer año. En los siguientes tres años se sumarán 132 escuelas, 44 por año (P12 31/8).

El momento de las reformas −tanto laborales, fiscales, tributarias, etc.− que necesita hacer el capital por estas tierras, toma la forma en lo educativo de flexibilización y reemplazo de fuerza de trabajo, con la desaparición de cargos docentes, caída de horas y, lo que es más grave, la irrupción descarada de las grandes corporaciones como organizadores ideológicos de los contenidos educativos. Como expusimos más arriba, la educación es un territorio estratégico en disputa, que el imperialismo no puede dejar librado al azar, ante la reconfiguración generalizada que debe hacer de la sociedad. Reforma laboral y reforma educativa son dos momentos de un mismo proceso expropiatorio del gran capital.

Menos de una semana después, Alrededor de dos mil docentes, padres y alumnos se movilizaron al Ministerio de Educación para rechazar la iniciativa impulsada por el Gobierno, parar presentar un petitorio exigiendo una reunión con la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña. Al reclamo se sumaron once escuelas de la Ciudad que habían sido tomadas por los estudiantes el día anterior. Las tomas se fueron extendiendo a más escuelas de la Capital Federal (P12 7/9).

Con la espuma en la boca, por el rechazo popular que surge ante que cada medida que toma el gobierno cipayo de Cambiemos, la oligarquía volvía a la lucha ideológica para pertrechar sus fuerzas. De ese modo, una editorial de La Nación acusaba: “Se trata de tomas políticas, que reconocen la inspiración de sectores del kirchnerismo y de la izquierda, revestidas hipócritamente de falsas razones educativas. (…) Acciones de fuerza violentas y producto de la prepotencia no son la forma de disentir de una reforma. (…) La ocupación de los colegios representa un resabio de épocas y metodologías perimidas. (…) El propósito de la reforma es concretar una auténtica renovación (…) en perspectivas para superar signos de agotamiento” (LN 12/9). La imposibilidad de presentar un futuro posible para numerosas capas de la sociedad −sean estos jóvenes de secundario, estudiantes universitarios, profesionales, etc.− es lo que provoca, por un lado, un proceso de agitación social de envergadura, que tiende a ampliarse y profundizarse. Por otro, el pertrechamiento sobre sí mismos por parte de la oligarquía y demás capas que, en términos relativos, “entran” en el proyecto que esgrime Cambiemos. Así presentada, la polarización llegó para quedarse y ahondarse.

¿Qué es pasar a la ofensiva?

Con la movilización del 22 de agosto como hecho fundamental del mes, todos los actores salían a posicionarse. De esta manera, el ministro de Trabajo de Cambiemos, Jorge Triaca, decía: “Hay gremios que buscan los consensos y diciendo la verdad y hay otros que se mantienen atados al pasado”. Y cerraba su planteo aclarando que “la reforma de Brasil no es un espejo para la Argentina” (CL 23/8). Nuevamente es de resaltar cuál es el camino que la oligarquía debe cerrar para las fuerzas que se le oponen. En este caso, como vimos con los apoyos soterrados de algunos dirigentes de peso de la CGT a CFK, la posibilidad de zanjar la fractura que ocurrió en el frente nacional, expresada en la pelea entre CFK y Hugo Moyano a propósito de las elecciones de 2011. Es decir, el macrismo debía cortar toda posibilidad de una rearticulación del frente nacional, entre trabajadores, estudiantes, universitarios, profesionales, pymes, etc. Esto es lo que la oligarquía debe evitar sea como sea.

Por otro lado, su necesidad intrínseca de aplicar una reforma laboral que permita reacomodar “el mercado del trabajo” a las necesidades del capital más concentrado no quita que tenga conciencia de lo que implicaría tomar de manera lineal los procedimientos que se están llevando adelante en Brasil. La conciencia del enemigo al cual se enfrenta −representado en un movimiento nacional, con anclaje en los trabajadores, que supo crear el peronismo y resistir años de dictadura, hambre, miseria y plan genocida− hace que los personeros de la oligarquía intenten no tomar medidas que aglutinen al frente nacional. Una medida de ese tipo sería una burda reforma antiobrera como la que se aplica en Brasil. Por tanto, busca encontrar la versión “gradualista” de la reforma brasileña.

Enseguida, las entidades corporativas de la gran burguesía argentina salían a apuntalar los planteos de su gobierno. El flamante presidente de la UIA, Miguel Acebedo, se quejaba: “La marcha se entiende más desde el sentido político, porque no se puede justificar desde el lado económico. Los números de empleo están aumentando. (…) Necesitamos una reforma laboral pero no a la brasileña” (LN 16/9). Por si las palabras anteriores podían haber tenido una pizca de ambigüedad, el representante de las grandes alimenticias (Copal) y abogado por la UIA, Daniel Funes de Rioja, aclaraba: “Lo que se debe hacer es exactamente lo contrario a lo que ellos realizaron. Se debe abrir un diálogo social para encontrar la fórmula de ser más eficientes, competitivos y lograr mayor inclusión social” (CR 24/8). La primera línea del gran empresariado nacional tiene que salir a apuntalar las posiciones, queriendo “vender gato por liebre” con la idea de que su necesidad de aumentar la productividad puede traducirse en “inclusión social” −en los marcos de este sistema− y no, simplemente, en aumento de sus ganancias. La incapacidad de sostenerse en la lucha por los mercados, ante sectores del imperialismo que los arrasan, empuja con extrema urgencia a sectores altamente concentrados a escala nacional pero minúscula ante las grandes corporaciones transnacionales que enfrentan. Teniendo en cuenta las formas que sean más conducentes a esquivar el choque con el movimiento sindical, la burguesía lumpen nacional está obligada a meter la reforma laboral en cuotas, a pesar de no contar con el tiempo necesario.

El acto de la CGT contó con un solo orador, Juan Carlos Schmid. La escasez de cuadros del Concejo Directivo era notoria, y ante la batahola entre diferentes seccionales del sindicato de camioneros el acto que estaba convocado a las 15hs terminó iniciando 14:45hs, con un discurso que duró sólo 13 minutos, contados por reloj. En el mismo, Schmid se solidarizó con el atentado terrorista contra el pueblo catalán perpetrado en Barcelona, repudió las amenazas de EEUU al hermano pueblo venezolano, reclamó por la aparición con vida de Santiago Maldonado y agrego: “La ministra de Seguridad (Patricia Bullrich), tan ejecutiva en desalojar obreros de las fábricas, tiene que actuar con la misma celeridad porque nosotros no queremos que haya otro Julio López”. Y prosiguió: “Recientemente hubo elecciones, pero este sector representa la creación de riqueza en este país y no nos alcanza solamente con votar. No venimos a levantar la bandera de ningún candidato, ni venimos detrás de ninguna conspiración, venimos con una demanda: trabajo digno y salario justo. (…) Rechazo cualquier acusación que diga que los trabajadores atrasan al país o son un freno para las inversiones. (…). Venimos a buscar las respuestas a esta plaza porque la respuesta es política y va a ser la política la que va a sacar al país de la crisis. (…) ¡El trabajo no es la explotación de unos vivos sobre los otros! Si no siempre va a haber conflictos en la calle de este país” (P12 23/8). Desde los inicios del MTA, Schmid ha demostrado ser uno de los cuadros más lúcidos que tiene el movimiento sindical argentino, pero el problema de no entender la naturaleza del fenómeno político-económico con el que nos enfrentamos, hace perder la brújula hasta a un cuadro de su envergadura. Los planteos que realiza Schmid pueden tener buena intención, pero chocan de frente con lo que fuimos analizando a lo largo del mes. El grado de concertación y centralización a que ha llegado el capital, hace explotar por los aires todo tipo de reconfiguración que integre al conjunto de la sociedad. Trabajo y salario digno, programas educativos integrados, proyectos científicos para el desarrollo del país, es decir, las conquistas que supo conseguir el movimiento obrero, a lo largo de años de lucha y sangre, son las que necesita barrer el capital para profundizar la productividad, dios ante el que se rinde el capital, ávido de maximizar sus ganancias en la competencia. Cuando el promedio salarial en Argentina ronda los u$s 550, mientras en Brasil es de u$s 300 y ni que hablar de México, donde ronda los u$s 132 (sputnik 18/4).

Desde el punto de vista del capital, objetivamente, los trabajadores argentinos, por las conquistas que supieron obtener, “frenan las inversiones”. Ese es el origen de lo que Schmid llama “la explotación de unos vivos sobre otros”, la naturaleza misma del capital, la compra y venta de la fuerza del trabajo, que se desarrolló durante siglos, y dio como resultado el panorama que analizamos: 147 corporaciones manejan el 50% del PBI mundial. Subsumiendo al mundo en un caos que está en función únicamente de su desarrollo.

Las limitaciones del acto eran expresión de las fuertes divisiones en las cúpulas sindicales. Cada vez se hacía más evidente la discusión entre sectores que reclamaban el avance hacia una huelga general y otros que ponían freno de mano. Y más acercándose el próximo Comité Central Confederal del 25 de Septiembre. La reunión entre los gremios denominados Gordos e Independientes se realizaba en la sede de la UOCRA. De la misma participaba el dueño de casa, ex integrante como agente de inteligencia del batallón 601 del ejército, Gerardo Martínez; Rodríguez (UPCN), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Francisco “Barba” Gutiérrez (UOM), Rodolfo Daer (Alimentación), el docente Sergio Romero (UDA), y Héctor Daer y Carlos West Ocampo (Sanidad). Estos grupos consideran que el endurecimiento de la relación con el Gobierno promovido por el moyanismo responde a intereses particulares y no a la defensa del trabajador (P12 1/9). Mientras tanto, Schmid decía: “No se descartan medidas de fuerzas, será un debate”. También se sumaban el sector de la Corriente Federal de los Trabajadores (CTF), liderada por el Bancario Sergio Palazzo, apoyando la realización de una medida de fuerza.

Nuevamente, el hijo del dirigente del gremio del plástico y ministros de Trabajo, Jorge Triaca, operaba y reunía a los sectores más acomodaticios en la sede de UPCN, para frenar la posibilidad de un paro. Al salir del encuentro, Triaca opinaba: “No es oportuno [el paro] porque tenemos voluntad de diálogo. Volvimos al diálogo (LN 5/9). El resto de los dirigentes, palabras más o menos, eran igual de obsecuentes. “Quizá la estrategia nuestra no tenga tanto que ver con realizar una medida de fuerza”, señalaba Héctor Daer. “Más allá de la conflictividad. Fue de tono amigable. El ministro nos garantizó que todos los temas laborales los debatirá con la CGT”, completaba Gerardo Martínez.

La interna al interior del sindicalismo tiene larga data. Por un lado, los sectores vinculados a ramas de la producción y el servicio que −a pesar de los cambios de proyecto− mantienen, con algunas subidas y bajadas, un cierto poder adquisitivo para sus afiliados y se ven “menos” empujados a las acciones directas. Por otro, los sectores más vinculados a empresas privadas de capitales nacionales mercado-internista −que son las primeras afectadas con el cambio de modelo económico− empujan con ansias medidas de fuerza que intenten “frenar” el avance del gobierno de los CEOs.

El mes cerraba con una entrevista realizada por el matutino Página 12 a Juan Carlos Schmid, donde este decía: “Usted una vez me preguntó cuándo vamos a pasar a la ofensiva, y yo reflexiono: ¿Qué es pasar a la ofensiva? Hacer paro todos los días, hacer una movilización cada 20 días. Creo que lo está requiriendo, más allá de la protesta que surge en la base que muchas veces no tiene toda la información de la conducción, es el armado de una estrategia porque el Gobierno va a estar dos años más. Por lo tanto, tenemos que armar una serie de acciones que nos permitan encontrar una alternativa frente a todo eso. Porque si hacemos todas las protestas y se termina votando como se vota no se puede cargar la romana a la central obrera”.

La altura política de Schmid vuelve a reflejarse. La definición por la negativa, por lo que se sabe que no resuelve, muestra la acumulación de una experiencia empírica histórica abrumadora. Recordemos que Schmid, Moyano y otros dirigentes son los que encabezaron las primeras resistencias contra el menemismo.

Ahora bien. Si definimos que −a pesar de las formas superficiales que toma− Cambiemos es en esencia una fuerza débil, ya que está parada en la peor crisis estructural del imperialismo, sabemos que la toma de medidas de acción directa, como paros, movilización, toma de fábricas, etc. no son una respuesta global al problema que afrontamos, sino que se requiere del armado de una estrategia. Entonces, ¿Cuál es esa estrategia? ¿Cuál es su contenido?

El primer paso de una estrategia es definir el problema a resolver, en este caso, el enemigo al que nos enfrentamos. Como ya hemos visto, existen grandes vacíos teóricos e ideológicos sobre este aspecto, como así también sobrados ejemplos de lucha en la historia de nuestro movimiento obrero, como el viseral odio a la oligarquía que Evita enseñó a tener en la lucha política.

Como dijimos en los apartados previos, fue la acción de colocar un problema político en el centro de la acción de masas lo que asustó a la oligarquía −como el caso de Ctera promoviendo el esclarecimiento del caso Maldonado. La acción de superar el problema inmediato, salarial, de cada gremio, de tomar en nuestras manos los problemas de conjunto.

Sin un movmimento nacional donde los trabajadores logren desarrollar esa nueva estrategia que entrevé Schmid, con eje en el movimiento obrero, pero en articulación con el conjunto de los sectores subalternos que expulsa el imperialismo y la oligarquía, las protestas se repetirán sin poder avanzar en derrotar al enemigo.



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