Revista Mensual | Número: Noviembre de 2017
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Fuentes consultadas: EE.UU.: Wall Street Journal (WSJ). Gran Bretaña: The Economist (TE). Alemania: Deutsche Welle (DW); China: Xinhua (XH); Rusia: Russia Today (RT); Irn: HispanTV (HTV) Venezuela: Telesur (TS). Cuba: Cubadebate (CD). Argentina: Clarín (CL); Crónica (CA); Cronista Comercial (CR); La Nación (LN); Miradas al Sur (MS); Página 12 (P12); Tiempo Argentino (TA).
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Diferentes montones

Elecciones y Base social PRO
Base electoral de Cambiemos
Coloquio de IDEAS: Frente Unido Patronal
Rifando el camino
¡Salud! ¡Adiós!
La Unidad no es monolítica
Se fractura desde el interior


La contradicción entre los intereses de la base social del PRO y la base electoral de Cambiemos

Diferentes montones

“Hay diferentes montones,
Unos grandes y otros chicos.
Si va pa’l montón del rico
El pobre que piensa poco,
Detrás de los equivocos
Se vienen los perjudicos”.

(Atahualpa Yupanqui)


Elecciones y Base social PRO

El 22 de octubre, la Alianza Cambiemos resultó vencedora en los comicios de medio término, constituyéndose en la primera minoría electoral. Tras el triunfo, muchos se preguntaron: ¿Cómo es posible que una fuerza política de indisimulable carácter reaccionario y antipopular, compuesta por cuadros de mediocre talla política e intelectual, que aplica políticas económicas regresivas y antinacionales, pudiese ganar las elecciones?

Para responder a esta pregunta, es preciso, en primer lugar, hacer un análisis de las bases objetivas que facilitaron tal resultado. Para ello, repasemos algunos hechos analizados por nosotros en ediciones anteriores de esta revista.

Durante el mes de mayo, la poderosa Asociación Empresaria Argentina (AEA) −asociación de los propietarios de los principales grupos económicos del país− incorporó 6 nuevos miembros a su selecto círculo: Carlos Blaquier (Ledesma), Alejandro Bulgheroni (Bridas Corporation), Eduardo Costantini (Consultatio-constructora y negocio inmobiliario), Marcos Galperín (Mercado Libre), Martín Migoya (Globant) y Luis Pérez Companc (Grupo Pérez Companc). Con las nuevas incorporaciones, la entidad alcanzó la representación de 800.000 millones de pesos en facturación al año, exportaciones por 10.000 millones de dólares y el empleo de 300.000 personas en forma directa. En el comunicado de la entidad que hizo pública la novedad, se decía: “Estas incorporaciones contribuirán al objetivo de promover el desarrollo económico y social de la Argentina, con especial énfasis en el fortalecimiento de las instituciones políticas republicanas, la plena vigencia del Estado de Derecho y la consolidación de un régimen económico que contribuya a movilizar las capacidades productivas del empresariado argentino” (LN 12/5). Una semana antes, se habían reunido en el hotel Llao Llao de Bariloche con las principales figuras del oficialismo para delinear el programa de reformas económicas que el Gobierno deberá aplicar hacia adelante. Del encuentro (estrictamente secreto) sólo dejaron trascender su apoyo electoral al Gobierno y el reclamo de acelerar las reformas fiscales (LN 4/5).

El primer efecto derivado de la homogenización programática de los principales grupos económicos del país fue la elección de las nuevas autoridades en la Unión Industrial Argentina (UIA): Miguel Acevedo (de Aceitera General Deheza) quedó como nuevo presidente de la entidad corporativa; la vicepresidencia primera quedó en manos de un hombre de Techint, Luis Betnaza; y como vicepresidente segundo asumió Daniel Funes de Rioja, de la poderosa Copal (industria alimenticia). Todos hombres vinculados a la AEA. Como contrapartida, quedaron excluidos de los cargos dirigentes históricos, representantes del capital medio –como Héctor Méndez (referente de la industria del plástico), José Ignacio de Mendiguren (de la rama textil) y Juan Carlos Sacco (representante de los gráficos)−, marcando el sesgo definitivo de los nuevos tiempos.

La colonización por parte del “Círculo Rojo” de la principal entidad patronal del país influyó rápidamente en el realineamiento de la vacilante Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en torno a las políticas oficiales. En un golpe de timón, jubilaron a su presidente Osvaldo Cornide −que se había manifestado en varias oportunidades crítico de las medidas económicas del Gobierno y apoyado el paro general de la CGT−, al que nombraron “presidente honorario”, y lo reemplazaron por Fabián Tarrío, un hombre mucho más afín a las políticas oficiales (CR 28/4).

Ya consolidado el frente patronal, a fines de mayo se reunió el Foro de Convergencia Empresarial, que aglutina a todas las principales entidades empresariales del país, bajo dirección de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina: AAPRESID (Asoc. Arg. de Productores de Siembra Directa); ABA (Asociación de Bancos de la Argentina); ACDE (Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa); AEA (Asociación Empresaria Argentina); AMCHAM; ARGENCON (Asociación Emp. Exportadoras De Servicios); Asociación Dirigentes de Empresas (ADE); BCBA (Bolsa de Comercio); CACC (Cámara Argentina de Centros de Contacto); Cámara Argentina de Comercio (CAC); Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO); CAEM (Cámara Argentina de Empresarios Mineros); CAMBRAS (Cámara de Comercio Argentino Brasileña); CCACh (Cámara de Comercio Argentino-Chilena); CCI (Cámara de Comercio Italiana); CECRA (Cámara de Comercio Española de la RA); CCIFA (Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina); Cámara de Comercio Sueco Argentina; CEMCI (Comisión Empresaria de Medios de Comunicación Independientes); CET (Confederación Empresaria del Transporte); CICOMRA (Cámara de Informática y Comunicación de la RA); CIRA (Cámara de Importadores de RA); CONINAGRO (Confederación Intercooperativa Agropecuaria); CRA (Confederaciones Rurales Argentinas); CREA (Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola); CSA (Cámara de Sociedades Anónimas); FAA (Federación Agraria Argentina); IDEA (Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina); SRA (Sociedad Rural Argentina); UDES (Unión Argentina de Entidades de Servicios); Unión Industrial Argentina (UIA). El objetivo era brindar apoyo público y decidido al gobierno de Cambiemos.

A mediados de Junio, el presidente Macri iniciaba su ataque contra los sindicatos y las leyes de protección laboral con su recordada conferencia de prensa. Nuevamente, el frente empresarial salió a respaldar al Gobierno. La UIA afirmaba: “Estamos totalmente de acuerdo con los dichos del Presidente del otro día, porque esto aumenta terriblemente los costos y no va en beneficio del trabajador, sino al contrario, porque hace que haya más trabajo en negro en vez de trabajo registrado”. Desde la Asociación de Bancos Argentina (ABA, que agrupa a las entidades extranjeras), opinaron en idénticos términos: “El actual estado de situación se caracteriza por tener una alta litigiosidad e incentivar una verdadera industria del juicio, con consecuencias directas sobre la generación de empleo genuino y las decisiones de inversión de las empresas”. También la usina del capital más concentrado en el país, el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) condenaba “la excesiva morosidad en el tratamiento de las causas judiciales, rayana en la negación de justicia”. Por su parte, la Cámara Argentina de Comercio (CAC) salía a definir a los juicios laborales como una “patología de larga data”. A estas, se sumaba el coro de lamentos sobre el costo obrero por parte de nucleamientos de los capitales pequeños, como la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA): “Los montos de los juicios, que se multiplican por millones, resultan imposibles de pagar”; o la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME): “Los juicios laborales son un problema muy grave que tienen las Pymes, sobre todo en materia de riesgos del trabajo” (todas las citas en LN 16/6).

Un mes después, ya inmerso en el calendario electoral, el Gobierno volvió a recibir un fuerte respaldo de las principales entidades empresarias del país, mostrando la unidad del bloque de la Gran Burguesía. En un comunicado conjunto, AEA, ABA, AmCham, ACDE, IDEA y SRA apoyaron abiertamente la maniobra para destituir al Camarista Federal Eduardo Freiler, dejando entrever las complicidades recíprocas (LN 23/8). De igual manera, ABA, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, IDEA, SRA y AEA respaldaron al Gobierno frente a la inmensa presión de la opinión pública por la desaparición forzada de Santiago Maldonado (LN 18/10).

Desde el exterior, también el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) mostraron acuerdo con las políticas oficiales (LN 28/7 y CL 16/8). Lo mismo hicieron los fondos de inversión, en especial el JP Morgan, que a días de las elecciones hizo conocer su posición a través de su vocero Facundo Gómez Minujín (CEO de la compañía en el país): “Está claro que la sociedad apoyó el gradualismo y que los cambios no sean fuertes. Pero ahora hay que ir a buscar al Congreso, ya mismo, para que respalde la reforma tributaria, la reforma del mercado de capitales y la reforma laboral. Si no avanza rápido en ese camino, en 12 meses la economía no va a poder seguir creciendo por los enormes problemas de competitividad. Lo digo con claridad: si en octubre de 2018 esas reformas no se aprueban, vamos a estar en un problema serio” (CL 15/9).

Todo lo expuesto muestra a las claras que el conjunto del arco que engloba a la Gran Burguesía argentina financiera-terrateniente (tanto nacional como extranjera) logró cohesionarse detrás de un programa económico y político común, y en más de una ocasión hasta pudo arrastrar la representación de la pequeña y la mediana industria y el comercio. Es así como llegó a la elección con un solo candidato. En su conjunto, estos sectores constituyen la base social a la que representa el gobierno de la Alianza Cambiemos. Sin embargo, lo hasta aquí expuesto no alcanza para explicar el triunfo cuantitativo obtenido en las elecciones. Falta analizar la base electoral del Gobierno.

Base electoral de Cambiemos

Dado el carácter actual del capitalismo y el hecho de que el gobierno del PRO representa a los intereses de la fracción más concentrada de capitales (tanto nacionales como extranjeros) y que estos intereses son –precisamente por el grado alcanzado de concentración y centralización− antagónicos con el resto de la sociedad, por su naturaleza “confiscatoria”, necesariamente la base social real que le es propia al macrismo no puede coincidir con su base electoral de masas. Es preciso, por tanto, esclarecer cómo una minoría oligárquica y fuertemente reaccionaria fue capaz de suscitar el apoyo de la primera minoría en las elecciones del pasado 22 de octubre. En el capítulo que sigue a éste, se mostrará en detalle los elementos culturales, ideológicos y superestructurales que explican el triunfo de Cambiemos, mientras que a continuación abordaremos los rasgos de índole más estructural.

El primer elemento que debe tenerse en cuenta es que en los últimos meses la economía dio muestras de reactivación. Durante el segundo trimestre, la suba del PBI fue de 2,7% interanual, expandiéndose a una tasa de 3,8% en el primer semestre del año (CL 21/10), con un importante crecimiento del consumo interno.

El consumo privado registró un aumento del 3,8% en el segundo semestre, mientras que en septiembre el alza fue del 4%, arrojando un crecimiento del 1% para el tercer trimestre. Constatándose a su vez, un aumento del 1,2% (a precio constante) en las ventas de los supermercados, lo que revirtió los últimos 4 meses de caída. Uno de los rubros que más creció fue el vinculado al programa −creado por el gobierno kirchnerista− “Ahora 12”, con un aumento en las ventas nominales y las operaciones del 52% y 62% respectivamente, frente al mismo mes de 2016 (LN 14/10). En tanto que la venta de inmuebles aumentó 42% en un año, de los cuales 26,6% fueron con créditos hipotecarios; estos últimos crecieron un 57% interanual, mientras que los préstamos prendarios subieron 69% (CR 25/9 y LN 4/10).

Al tiempo que se asistía a un aumento del consumo −en buena medida explicado por el piso muy bajo del 2016−, la pérdida del empleo se “amesetó”, luego de muchos meses de caída, al crecer 0,6% −con el rasgo de que creció más el empleo registrado (0,8%) que el informal (0,4%) y el cuentapropista (0,5%) (LN 19/10). Además, el salario real registrado tuvo un repunte del 3,3% interanual en los primeros siete meses de 2017 (LN 8/10). Ambos indicadores reflejan un cierto dinamismo económico que dio la sensación de una mejora en el bienestar popular, fundamentalmente para la porción de la población con trabajo estable.

Pero si miramos con más atención el movimiento del salario real en relación a la inflación −deteniéndonos en analizar el impacto del alza de los precios según decil (el decil divide la población en diez estratos según su ingreso, siendo el “decil 1” el de más bajos ingresos y el “decil 10” el de más altos)−, obtendremos un cuadro mucho más completo de la situación. Según un estudio realizado por el Instituto de Estadística de los Trabajadores (IET), vinculado a la UMET y al CONICET, desde noviembre de 2015, la inflación acumulada del decil 1 de los asalariados formales fue del 79,6%, 19 puntos más alta que la del decil 10 que tuvo una inflación del 60,5%. En tanto que la media para los asalariados fue de 67,1%. Mientras que los decil 2 y 3 tuvieron una inflación por arriba de la media de los asalariados (71,8% y 69,5% respectivamente), los decil 4, 5 y 6 se encontraron casi empatados (66,7%, 66,6% y 66,1%), y los decil más altos estuvieron bastante por debajo (64,7%, 63,5%, 61,8%) (Ver: IET-ppt-7-8-17-1).

Recordemos que la inflación para el conjunto de la economía acumula en el año un 17% más un 40% correspondiente a 2016, lo que da 57% hasta septiembre de 2017. Estos datos nos permiten apreciar claramente cómo el aumento de precios afectó muy poco a los asalariados de las categorías más altas, mientras que fue gravosa para las categorías intermedias y devastadora para los de menores ingresos. Lo que explica el empinado aumento de la desigualdad: “En el segundo trimestre de 2017 la diferencia entre el ingreso familiar promedio del diez por ciento de los hogares más pobres y el diez por ciento más rico llegó a 19,6 veces. En el mismo período de 2016 la brecha fue de 18,9 veces. Dos años atrás, en el segundo trimestre la distancia entre los ingresos de los hogares del primer y el último decil había sido de 16,3 veces” (P12 29/9).

 Acá estamos ante una posible clave explicativa. Las políticas económicas del macrismo afectaron de forma desigual a los trabajadores. Si bien esto no puede trasladarse mecánicamente, sí puede observarse que un 60% de los asalariados se vieron significativamente perjudicados en estos 19 meses, mientras que un 40% (los de más altos ingresos) sufrieron un perjuicio menor (posiblemente compensado por otras prestaciones). Veamos ahora qué ocurrió con la actividad industrial.

La actividad industrial creció en septiembre un 2,3%, lo había hecho en un 5,1% en agosto juntando 7 meses consecutivos de crecimiento y un 1,5% acumulado en los 9 meses del 2016. En tanto que la construcción creció 13,4% en septiembre y viene creciendo en marzo (+10,8%), abril (+10,5%), mayo (+10,3%), junio (+17%), julio (+20,3%) y agosto (+13%). En su conjunto, el acumulado durante los nueve primeros meses del año registra un aumento del 10% con respecto a igual período de 2016 (LN 31/10). Esta expansión de la construcción representó un aumento de los empleos de 365.000 a 410 mil.

A su vez, la obra pública explica buena parte de la expansión económica. Veamos, por ejemplo, los renglones que más crecieron en este último mes: el despacho de asfalto, por ejemplo, creció un 87%; los laminados siderúrgicos no planos un 32%; y el cemento un 10%. Según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE, una aproximación del PBI) correspondiente a julio difundido por el Indec, la recuperación está motorizada por el sector agropecuario (con una suba interanual de 3,9%) y la construcción pública y privada (16,7%) –aunque en este caso se trata de construcción pública−, a la que se suma la industria manufacturera (5,4%), principalmente en los rubros vinculados con estos sectores (LN 10/10). Esto último lo confirma la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra): “En Córdoba, el 60% de las empresas metalúrgicas relacionadas con el segmento de la construcción tienen más ventas en unidades que un año atrás; igual situación vive el 55% de las vinculadas con el campo. A nivel nacional los datos son similares” (LN 17/10). En igual sentido opina Emmanuel Álvarez Agis, director de la consultora PxQ: “Lo que se observa cuando se desagregan los datos es que el mayor impulso proviene de la obra pública, con un sector privado que todavía no termina de arrancar” (LN 29/9). Vale aclarar que, pese a todo este “dinamismo”, la industria aún se encuentra (dos años después) por debajo de los valores alcanzados a fines de 2015.

Por lo tanto, una segunda clave explicativa reside en reconocer que en los últimos meses la economía dio muestras de revitalización, mostrando un alza en los principales renglones de la producción, que si bien no logró revertir los estragos de la última recesión económica, sí imprimió en el ánimo colectivo una sensación de recuperación. Aunque gran parte de este crecimiento se debió al gasto dirigido a la obra pública.

Un tercer elemento concurrente es el aparente contexto de estabilidad cambiaria (el dólar se mantiene abundante y estable en los últimos meses). Aunque incorporado en el análisis en tercer lugar, es en realidad el principal factor de estabilidad social. Si no fuese porque es absolutamente evidente el proceso de endeudamiento público, sería extraordinario afirmar tal estabilidad, por el acelerado deterioro de las cuentas públicas. El Estado padece un desbocado crecimiento del déficit gemelo (fiscal-comercial). El déficit comercial de los primeros 8 meses del año fue de 4498 millones de dólares, un 50% más que todo 2015. Mientras que el déficit fiscal en igual periodo sumó 283.045 millones de pesos, un aumento de 145% en relación al 2016, año en donde este déficit había duplicado el del 2015 (P12 15/10). A su vez, la fuga de capitales es la más alta de las últimas décadas, con un acumulado en el año de 15.530 millones de dólares (calculado entre el ingreso de divisas restado a los egresos); apenas el mes pasado 900 mil individuos compraron dólares al Banco Central (BCRA) (P12 20/10); y en lo que va del año la fuga de divisas por turismo representó 8200 millones de dólares menos para las reservas (CR 24/10). La contracara de esta “estabilidad” es la triplicación de los servicios de deuda cargados en poco menos de dos años de gestión PRO.

Es por esto que debe entenderse que sólo el crecimiento de la deuda externa explica la estabilidad macroeconómica, que proporciona una cierta estabilidad en el nivel de actividad económica, y empleo. Así como la libre disponibilidad de dólares, siempre tan requerido por la pequeña burguesía y las capas medias de nuestro país.

Resumiendo: el Gobierno logró sostener en lo inmediato, a través de endeudamiento internacional y la burbuja especulativa, la reproducción latente de algunas fracciones de pequeña burguesía y una porción considerable de trabajadores de altos salarios –además, no deben subestimarse los desembolsos crecientes dirigidos a solventar la llamada “economía social”, destinada a contener los reclamos de las capas más pauperizadas del proletariado−, garantizando en el corto plazo las condiciones para ampliar su base electoral.

La contradicción entre la base social que expresa el “PRO” y su base electoral lo demuestran los requerimientos permanentes de las expresiones de la Gran Burguesía al Gobierno para que reduzca el gasto público y realice la reforma laboral pendiente; aunque tal acción no puede más que dañar el apoyo al macrismo. Por eso, Gabriel Martino, presidente del HSBC decía a los propios, sin poder disimular la contradicción: “Lo más importante que hizo el Gobierno hasta hoy fue haber evitado una crisis y eso no está bien medido en el “círculo rojo” ya que es un país caro por sus altos costos” (CL 8/10) En tanto que Nestor Scibona, columnista de La Nación, explicaba más llanamente el problema: “Quienes critican el endeudamiento externo, y quienes advierten que el Estado vive de prestado pese a la alta presión tributaria no aclaran por dónde cortar el gasto sin afectar la gobernabilidad. El gradualismo es claramente una salida intermedia no exenta de riesgos ni apta para ansiosos (LN 24/9).

El Gobierno, con su política de “gradualismo”, que sostuvo hasta aquí, logró un triunfo electoral que le da una dosis de oxigeno en un ambiente cada vez más contaminado por las contradicciones que no deja de acumular. Mientras tanto, los intereses a los que representa aumentan la presión para que realice los cambios estructurales que necesitan. La reforma fiscal, la reforma previsional y la reforma laboral son las postas en las cuales la élite gobernante deberá sortear la suerte de su futura gobernabilidad.

Veamos a continuación cómo se desplegó, más allá de la suerte electoral, esta contradicción.

Coloquio de IDEAS: Frente Unido Patronal

“El despegue se da sobre la base de deuda pública, déficit externo y déficit fiscal. Pero sirve para ganar. Y ganar es fundamental para seguir con una buena agenda. Se viaja tan rápido como sea posible y tan despacio como sea necesario”

(Miguel Bein, LN 29/9)

La élite empresaria llegó a Mar del Plata entre el optimismo de los pasos (y las PASO) que viene dando el gobierno nacional y el pedido de reformas que aún requieren para acrecentar sus ganancias. En total, hubo 900 hombres de negocios inscriptos y 100 en lista de espera. Una semana antes de las elecciones de medio término, el coloquio de IDEA representó una muestra para propios y extraños del grado de cohesión en que se  encuentra su propia fuerza.  Según la tradicional encuesta realizada por D'Alessio Irol, a 278 ejecutivos socios de IDEA, el 86% de los ejecutivos tiene buenas perspectivas económicas para el próximo semestre. Este dato marcó un récord: fueron los mejores indicadores en 22 años, desde que comenzaron a hacerse las mediciones (LN 13/10).

El optimismo empresarial, como analizamos más arriba, es fruto de la convicción de contar con sus propios cuadros al mando del Ejecutivo nacional, gran parte del Legislativo y ni hablemos del Judicial. Un personal dispuesto a llevar a término las demandas requeridas por el gran capital, en medio de las condiciones que la competencia impone en un mundo cada vez más difícil para sostenerse jugando en la liga de los capitales que se reproducen a escala ampliada.

Entre las diversas políticas reclamadas por el empresariado, una que tuvo un insistente consenso fue el pedido al Gobierno de que no ceje en su empeño por ingresar al club de la OCDE. Cristiano Ratazzi, por ejemplo, planteaba: “Obvio que hay que ir a la OCDE. Hay que volver a las cosas que hacíamos hace 90 años, cuando éramos la octava potencia del mundo” (LN 13/10). Marcos Bulgheroni, uno de los dueños de Pan American Energy, se expresó en igual sentido: “Esto nos permitiría mejorar el nivel de inversión extranjera e incrementaría el intercambio con el mundo” (LN 12/10).

Pero la discusión central giró en torno a la reforma laboral. El encargado de introducirlo fue el CEO de Techint, Paolo Roca: “Hay una rigidez del marco laboral que al final  perjudica la capacidad de adaptación del país. Este es un mundo distinto en donde el trabajo a término, los trabajos puntuales y la flexibilidad se vuelven necesarios. (…) Necesitamos una flexibilidad laboral que hoy no existe junto a una reforma educativa que esté acorde a la necesidad del presente. Y las empresas deben tener un costo previsible para afrontar una situación de achicamiento si aparece una crisis. Esto se tiene que hacer en común acuerdo con las organizaciones sindicales” (P12 13/10).

El planteo es claro, frente a un mundo cada vez más competitivo, la reducción de los salarios (en forma directa o indirecta) se vuelve una cuestión vital para el abaratamiento de los costos de producción. Si la crisis golpea, el empresariado necesita flexibilidad para poder descargar la misma sobre las espaldas obreras. A su vez, esta flexibilización no sólo es necesaria, sino que es posible debido al cambio mundial en el mercado de trabajo, que vuelve la reforma un hecho “racional”, plausible de ser acordado aún con los mismos sindicatos. En tercer lugar, la burguesía demanda una reforma educativa que forme empleados adaptables a estos nuevos requerimientos. Definir el sistema educativo ha sido una función histórica central para la burguesía, ya que ahí se resuelve la formación y el perfil de la mano de obra que necesita en el proceso productivo en cada etapa histórica.

Marcos Galperin, dueño de Mercado Libre, expresó la misma idea, pero con menos sutileza y apelando a la vieja biblioteca liberal: “Es imposible salir del 30 por ciento de pobreza con el marco laboral actual, sobre todo después de la reforma de Brasil. (…) El 2,5 por ciento de aporte compulsivo al sindicato es un problema. El trabajador debería tener esa flexibilidad de elegir, así como el cliente puede elegir Mercado Libre u otra cosa. Pero los sindicatos tienen el monopolio [un monopolio sobre el trabajo, así como los empresarios lo tienen sobre el capital, pero de esto no dice nada Galperin]. Esta rigidez es la base del problema del Conurbano, porque explica las décadas de trabajo informal. (…) Hay que modificar el estatuto docente. Los maestros tienen que ser evaluados en función del resultado de los chicos. Si los alumnos no llegan al nivel de matemática mínimo, los maestros no están haciendo las cosas bien. (…) Los intereses de los gremios de los docentes no están alineados con los intereses de los alumnos. Está agotado el actual modelo sindical” (P12 13/10).

Como puede observarse, existe unidad de concepción entre los “dueños del país” en cuanto al problema central que el Gobierno debe resolver. La gran batalla que debe dar para que avance la fuerza social del gran capital debe tener como resultado la derrota del Movimiento Obrero y, como expresión de esto, la destrucción de sus organizaciones. Para ello, la táctica que parece orientar a la mafia de CEOs en su cometido es la de eludir un enfrentamiento abierto con el ejército oponente, reemplazando una confrontación definitiva por múltiples batallas parciales que disgreguen la fuerza enemiga. Por eso, el conjunto de los empresarios empuja que la modalidad con que se  avance en los cambios laborales sea a partir de negociaciones a nivel sectorial y no de forma generalizada como ocurrió en Brasil, en virtud de sostener un delicado equilibrio político que el Gobierno obtuvo de parte de algunos sindicatos que no mostraron ningún tipo de oposición al avance patronal. Miguel Gutiérrez, presidente de YPF, explicaba este concepto: “La verdadera reforma laboral está en los detalles. Nosotros hicimos un borrador y se lo mandamos al sindicato. Ahí entendimos los límites que teníamos en la conversación sindical. A partir de ahí empezó una negociación punto por punto, ida y vuelta. El resultado es que la productividad aumentó un 70% de los sets de fracturas” (P12 13/10). Guillermo Pereyra, Secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado, complementó la idea, ante la mirada complaciente de los amos orgullosos por la buena educación impartida a su personal: “Esto no fue una flexibilización. La explotación no convencional no estaba incluida en el convenio colectivo de trabajo. Lo que hicimos fue discutir esta nueva actividad. El convenio no se tocó”. El convenio no se habrá tocado, pero al que no dejan de “tocarlo” por todos lados es a él.

Otro ejemplo de lo mismo, lo brindó el CEO Daniel Herrero: “En Toyota un gran problema era el ausentismo. Nos pusimos de acuerdo con el sindicato para que la última palabra la tuviera el médico de Toyota y si no se armaba una  junta médica. Nunca tuvimos que hacer una junta médica. Yo quiero al mejor empleado y le quiero pagar el mejor salario pero con una cuota de productividad y eficiencia. Así empezaron a venir los proyectos. Aumentó la producción, el empleo y el ausentismo cayó a menos del 3%” (P12 13/10). Martín Berardi, director general de Ternium Siderar, terminó de redondear la IDEA: “Hay un clima positivo de negocios, sin duda. Y el resultado de las PASO confirma un rumbo. El Gobierno empieza a aplicar políticas sectoriales, lo cual es bueno. El ejemplo es lo de Vaca Muerta, el software y las automotrices” (P12 13/10).

Pero quien sintetizó más claramente el rumbo fue el mismo presidente Macri, CEO de la Argentina: “Al trabajo no lo defendemos si levantamos conquistas en contra de la productividad, porque condenamos a todos los que están afuera. Hay que darse cuenta de que esto no funcionó. Nos tenemos que sentar Gobierno, empresas y sindicatos a discutir. En el mundo alguien produce lo que nosotros producimos, así que tenemos que ir hacia una integración. Nosotros tenemos que bajar impuestos y avanzar con la infraestructura, ustedes –en relación a los empresarios− invertir y los sindicatos deben bajar el ausentismo y aumentar la flexibilidad en la fábrica para hacer muchas cosas. Si nosotros, los argentinos, nos damos maña para hacer un montón de cosas. Es estúpido, absurdo, hacer una sola. (…) Brasil ha sentado unas bases impresionantes, tiene un sistema institucional mucho más sólido y una justicia totalmente independiente. (…) El Kirchnerismo caminó hacia el sur y no hacia el norte, pero no hay lugar para eso, ya no se discute, como hizo Chile, es como la ley de la gravedad. (…) Acá son todos del círculo rojo. Es la gente políticamente involucrada, la que discute las propuestas, proyectos e ideas. La gente que está en el runrun y que intenta tallar en la opinión. Si ustedes tienen más coraje para expresar sus ideas, hacen más sólido al país” (P12 13/10).

La posición de la Gran Burguesía está clara. Las citas nos eximen de mayores comentarios. El triunfo electoral prepara las condiciones para avanzar en fracturar al movimiento obrero, confiando en la desmoralización de los trabajadores luego de la victoria electoral del macrismo. La estrategia será gradual, no en su contenido (que es radical), si no en su forma. Se buscará penetrar sectorialmente, violando los convenios colectivos de trabajo, para construir una situación de hecho que naturalice la destrucción de las leyes de protección laboral y la representación de las direcciones sindicales, deslegitimadas a consecuencia de su impotencia ante el embate “realista” de la oligarquía financiera. El modelo brasileño no lo es sólo en tanto ejemplo de flexibilización, sino también como forma de obligar a la fuerza oponente a acordar las medidas de ajuste que el gran capital necesita y, en ese movimiento, desarticular la legitimidad que ésta tiene al volverse, ella misma, ante sus representados, vehículo del ajuste precarizador.

Desde la vereda de enfrente, Carlos Minucci, secretario general de la Asociación de Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE) y miembro de la Corriente Federal del Sindicalismo, demostraba que el Movimiento Obrero argentino, poseedor de una larga experiencia, no puede ser engañado tan fácilmente: “Más allá de las pantallas gradualistas sabemos que se viene una flexibilización laboral porque tenemos un déficit comercial de 1083 millones y alguien lo va a pagar. Y en ese contexto se vuelve a hablar de pasantías y de bajar los costos de jubilados y trabajadores que son los que ya en los 90 han pagado ese desfasaje. (…) Esto es lo que piden los empresarios pero yo me pregunto: ¿De qué les van a servir estas reformas si después van a tener que cerrar las fábricas porque nadie va a poder comprar nada?” (CR 19/10).

Rifando el camino

Mediante el decreto 794/2017 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno Nacional creó la empresa Corredores Viales S.A., que tendrá las mismas funciones que tiene Vialidad Nacional. Según figura en el documento, el principal accionista de la Sociedad Anónima será el Ministerio de Transporte, con un 51% de las acciones, mientras que el restante 49% le corresponderá a la Dirección Nacional de Vialidad. Sin embargo, el texto aclara que “en caso que el interés público lo requiera podrán participar de la sociedad personas de carácter privado a través de los procedimientos de selección correspondientes”, lo cual implica que las acciones pueden ser vendidas a privados.

Según dice el texto del documento de marras, el propósito de la empresa será “la construcción, mejora, reparación, conservación, promoción, ampliación, remodelación, mantenimiento, operación, financiación, administración, explotación y prestación de servicios al usuario, en trazas, rutas, autopistas, accesos, corredores y cualquier otra red vial de jurisdicción nacional, y el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones resultantes de toda concesión con cobro de peaje que se le confiera”. Es decir, las mismas funciones que tiene hoy Vialidad Nacional.  La dependencia del ministerio que encabezaba Guillermo Dietrich transformada en sociedad anónima emplea alrededor de 6000 trabajadores.

Para el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, “lo que busca el decreto es tercerizar y achicar Vialidad Nacional”, con el fin de “lograr un nuevo convenio colectivo con los trabajadores; modificar el régimen de trabajo, lo que implicaría pérdida de derechos y un fuerte recorte de los salarios” (P12 5/10).

Desde UPCN, acusan que se trata de una “privatización encubierta” de Vialidad. César González, titular del Sindicato de Trabajadores Viales, afirmó que “el personal deja de ser empleado del Estado y pasa a ser empleado privado, con muchas restricciones en los derechos del trabajador” (CR 5/10).

Desde el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv), expresaron  su “preocupación y rechazo” por lo que describieron como “una nueva estafa vial”. Conaduv afirma que el decreto publicado en el Boletín Oficial representa un paso para la privatización de Vialidad Nacional: “Es una clara entrega a la voracidad de la denominada patria contratista, el nefasto club del peaje y los amigos del poder para obtener fenomenales ganancias, sin tener en cuenta la defensa del interés general, y generar serios perjuicios sociales y económicos a los usuarios viales y a toda la comunidad en su conjunto” (P12 7/10).

Como para sumarle dramatismo a la suerte que correrán los trabajadores viales, el gobierno porteño −caja de resonancia para los avances nacionales del gobierno actual− planea que en las autopistas de la CABA no existan más cabinas de peajes para el 2021. AUSA llegó a un acuerdo con el sindicato de comercio para empezar a implementar este sistema. Implica el compromiso por parte de la empresa de capacitar junto al sindicato a los empleados actualmente dedicados directa o indirectamente al cobro de peaje. Según fuentes del Gobierno, esta capacitación se hará "mejorando su empleabilidad y de esa manera garantizando su continuidad laboral" (CR 21/9). ¡El último que pida un remís!

¡Salud! ¡Adiós!

El Gobierno relanza con la CGT un plan de salud para quienes no tienen cobertura”, titulaba el diario Clarín. Y en su bajada decía: “Este plan tomó nuevo impulso gracias al entendimiento entre los gremios y la Casa Rosada”.

¿En qué consiste ese entendimiento? Simple. Los sindicatos dan apoyo a la medida a cambio de recuperar una parte sustancial del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), unos 30.000 millones de pesos que el kirchnerismo retuvo a lo largo de toda la década pasada. Este acuerdo empezó a concretarse el 2 de agosto de 2016 cuando Macri se reunió con la cúpula de la CGT y acordó la devolución del fondo. Al día de hoy: de los casi 30.000 millones, 2704 ya se pagaron en efectivo a los gremios por deudas retrasadas; $ 14.267 irán a los sindicatos en bonos del tesoro 2020, cuyos intereses se pagarían de manera trimestral; $ 4500 están aún congelados y serían para un fondo de emergencia ante una catástrofe natural o epidemia, y unos $ 8000 serán destinados para la cobertura universal de salud.

Lo dramático de la situación es que la mentada “Cobertura Universal de Salud” es un engaño sabido por todo el mundo. Si hay un acuerdo es porque parte de la dirigencia obrera está dispuesta a entregar la salud del conjunto del pueblo trabajador a cambio de unas migajas. Pero por si queda alguna duda, el ex ministro de Salud de la Nación, Daniel Gollán, médico sanitarista, explicó de que se trata la Cobertura Universal de Salud (CUS): “Es un sistema de aseguramiento que parte de una falacia: ya teníamos cobertura universal de salud. Desde 1946 todo el mundo puede atenderse en los hospitales públicos y la cobertura es total. La gente va a tener que pagar por servicios que antes no pagaba. Van a dar una credencial, y la gente va a acceder a una canasta básica de prestaciones. Hasta determinado límite, te paga el Estado, lo otro lo tenés que pagar vos”. Además, el plan pretende limitar la cantidad de tecnologías y medicamentos (rayos, etcétera) que cubre el Plan Médico Obligatorio (PMO) a través de las obras sociales y las prepagas. “Es el gran negocio de la privatización. En las provincias que adhieran, formalmente habrá hospitales públicos, pero de autogestión. Es una pseudo-privatización: una ventanilla para los que pagan, y otra para los que no pagan” (P12 3/10).

Es difícil no pensar en una traición. Y quizás la sea. Pese a ello, la decisión de la dirigencia sindical −tanto del sindicato de comercio para el caso de las autopistas, como de la CGT para la “cobertura universal” de salud− parte de la misma raíz “racional”: existe el firme convencimiento de la imposibilidad de evitar la aplicación de las medidas impulsadas por el Gobierno. Las reformas, el cambio tecnológico, el ajuste estructural, etc. son inevitables por el mismo impulso del sistema. El papel de los sindicatos −se piensa− en esta etapa de “ofensiva del capital” es replegarse y salvar lo que pueda ser salvado. Esto es, en primer lugar, la institución sindical, base desde donde se podrá reemprender luego la reconstrucción de lo perdido. La negociación por arriba se muestra entonces perfectamente compatible con el “gradualismo” del PRO. Ambas estrategias comparte la convicción de la irreversibilidad del proceso económico y social abierto en 2015. Ambos consideran que las reformas deben ser graduales y negociadas entre las partes. Pero acá terminan las coincidencias. Una diferencia capital los separa. Mientras el PRO ve en el gradualismo una herramienta de ofensiva contra los trabajadores y el pueblo, la cúpula sindical ve en el gradualismo la posibilidad de resistir por medio de la negociación (no exenta de presión) la ofensiva del capital.

La Unidad no es monolítica.

Más arriba señalamos que la AEA había logrado romper la tradición “pluralista” en la UIA, al imponerle a la principal entidad corporativa de los industriales una dirección afín a sus intereses, que son los de los grupos económicos más concentrados, a la vez que excluir la representación de los capitales medios, de sectores que por sus dimensiones cuantitativas históricamente mantuvieron un peso en la toma de decisiones del directorio de la Unión. Uno de estos sectores es el textil, que por su extensión (en unidades productivas y en empleados), es el principal rubro industrial del país, aunque no lo es bajo ningún concepto por su productividad o grado de concentración.

También afirmamos que una de las victorias alcanzadas por el gobierno nacional fue lograr la reactivación económica en varios sectores apalancados por la mayor capacidad de consumo y la obra pública. Aunque, claro está, sin bases sólidas para justificar una expansión perdurable, ya que el mecanismo está sostenido en última instancia por un estratosférico endeudamiento externo. Y que esta expansión todavía no logró alcanzar los indicadores de 2015. Sin embargo, no todos los sectores lograron revertir la caída. Hubo disminuciones en varios rubros centrales: la industria del tabaco (-10,8%), la industria química (-7,2%), la industria alimenticia (-4,7%) y la industria textil (-0,3%). Esta última, pese a la reactivación del consumo interno, continua cayendo y acumula una baja de 10,9% respecto a los primeros nueve meses de 2016, ya de por sí malos. La perspectiva es mala si se considera que luego de las elecciones volverán las políticas de ajuste al consumo, como ser: aumentos de tarifas, transporte, combustible, etc.; que volverán a afectar al consumo popular.

Pero la cosa es aún peor. Según datos de la Fundación Pro-Tejer (de los industriales textiles), el ingreso de prendas del exterior creció 57% en un año; y en dos años, el salto representó el 100%. De las prendas importadas, el 80% provino de China. La cantidad de importadores creció de 504 a 570 empresas entre 2015 y 2016 y en 2017 pasó a 817 firmas (P12 7/10). El problema se extiende a toda la industria de la indumentaria. Para la industria del cuero, la situación es igual de perjudicial. “La suba de importaciones ha sido letal para un sector que ya perdió más de 1400 puestos de trabajo y sufrió el cierre de más de 50 empresas”, denunció Ariel Aguilar, presidente de la CIMA (que nuclea a las empresas de la manufactura del cuero). La cámara precisó que en lo que va del año ingresaron 27.327.506 unidades de productos de marroquinería, contra las 19.306.009 en el mismo período de 2016, mientras que “el sector continúa con una caída en las ventas de un promedio del 20 al 25 por ciento y el uso de la capacidad instalada en un 65 por ciento” (P12 3/10).

Recordemos que la balanza comercial se derrumbó en estos últimos meses, alcanzando un déficit histórico. Según datos del Indec, las exportaciones aumentaron en los primeros nueves meses del año un 0,7% interanual, mientras que las importaciones lo hicieron un 17,7% en el mismo periodo, resultando así en un intercambio comercial negativo de US$ 5200 millones y llegaría a fin de año a los 7000 millones. Además, el mes pasado, en promedio, los precios de las exportaciones bajaron el 5,3%, mientras los de importación crecieron el 3,1% (CL 24/10).

Esta situación motivó un enérgico reclamo de la Unión Industrial Argentina (UIA), en oposición a la oleada importadora que también alcanza al rubro automotriz. La Junta Directiva de la Unión Industrial Argentina (UIA) pidió que el Gobierno retome la publicación detallada de las operaciones de comercio exterior −en particular lo referido a importaciones de sectores productivos sensibles−, que se encuentra interrumpida desde julio en las bases de la AFIP. La conducción de la entidad industrial manifestó su “preocupación por la falta de información sobre el detalle de las operaciones de comercio exterior desde julio de este año” (CL 11/10).

¿Qué ocurre? La nueva conducción de la UIA, ligada a los sectores más concentrados de la industria nacional con capacidad de exportación, apoya a rajatabla el plan económico del macrismo, por ser expresión de intereses que están reñidos con los sectores orientados fundamentalmente al consumo interno. Pero, a su vez, necesita articular las demandas de los capitales medios para poder conducir al bloque, de lo contrario estas fracciones podrían articular con la fuerza social nacional, lo que sería peligrosísimo en términos de aislamiento para estos grupos concentrados. La comprensión por parte de los capitales medios de dicha situación le otorga a éstos una capacidad limitada pero real de presión sobre la cúpula, sin por ello perder su carácter subalterno. A su vez, sin estos capitales medios, la UIA, como representación corporativa, perdería toda relevancia en el juego de la Gran Burguesía vernácula. Esa contradicción está contenida en la UIA y la misma amenaza siempre con una ruptura de la entidad patronal.

Pero no sólo en la UIA hay quejas sobre la apertura importadora. Daniel Rosato, presidente del Departamento de Política Social de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (Uipba) decía al respecto: “No pedimos cerrar las fronteras, pero necesitamos que se busque darle competitividad a las pymes metalúrgicas locales que, por ejemplo, compiten contra bienes importados para el sector petrolero que no pagan ningún tipo de arancel” (CR 9/10).

Las Pymes, a su vez, se movilizaron. Un foro con 500 empresarios reclamó en el Congreso medidas que reviertan la caída del consumo interno resultante del menor ingreso de los sectores asalariados, de la apreciación del tipo de cambio, del aumento de las tarifas de servicios públicos, del incremento de los precios internos de los productos; y denunció la situación de caída de las exportaciones y suba de las importaciones. En esa jornada, Marcelo Fernández, titular de CGERA, expresó la voluntad de rearticular el Frente Nacional: “Tenemos la necesidad de abroquelarnos en una unidad de criterios, en torno a una propuesta de desarrollo para los sectores pymes. Hoy, sin ese liderazgo político fuerte que tenía Perón en los 70, deberíamos ver cómo suplirlo con una mesa de consenso fuerte muy sólida. Y como en los 70, los sectores mayoritarios para un proyecto económico consensuado somos los empresarios nacionales pymes y los trabajadores. Somos mayoría, pero si no tenemos una propuesta clara para este momento, nuestra representatividad está puesta en duda(P12 11/10).

De los dichos de Fernández se desprenden dos cuestiones. Primero, la amenaza que potencialmente representan las fracciones de capitales medios y pequeños orientados al mercado interno para la Gran Burguesía. No por su poder de fuego político en sí, que es bastante pobre, sino por la posibilidad de que todos estos sectores, empujados por la política antinacional del PRO, terminen articulando una fuerza contra ellos. La segunda cuestión es que esta búsqueda de rearticulación tiende necesariamente a encontrarse con “los trabajadores”, como en otros momentos de su historia. Sólo que esta vez la alianza nacional-popular para el empresariado mercado-internista puede solamente tener un carácter “defensivo”, por las limitaciones de clase, en un mundo donde el valor tiende a reducirse cada vez más y las fusiones corporativas tienden a asumir una escala global. Mientras que para los trabajadores la estrategia “defensiva” es imposible, por coincidir con la estrategia del macrismo del “gradualismo”, que termina imponiendo las reivindicaciones del gran capital flexibilizador. Sólo una alianza cuyo contenido sea la profundización de la lucha social y política contra la oligarquía terrateniente-financiera-imperialista tiene alguna posibilidad de triunfo. Y esta radicalidad sólo puede ser expresada por el interés de la clase desposeída y, por lo tanto, enfrentada al carácter privado de la propiedad de los medios de producción, en condiciones de superar dicha fase de la historia de la humanidad.

El empresariado nacional en proceso de liquidación tendrá que optar entre una muerte rápida a manos del gran capital que lo expropia, o un proceso de transformación gradual junto a los trabajadores, en el camino de una transición hacia una nueva sociedad Justa, Libre y Soberana; es decir, sin explotación del hombre por el hombre y del imperialismo sobre los pueblos.

Se fractura desde el interior

Durante los últimos dos meses, un conflicto de dimensiones históricas enfrenta a la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires con los demás gobernadores del país. La causa de la disputa es el reclamo que Buenos Aires hizo ante la Corte Suprema para que le sea reintegrado el Fondo del Conurbano, que actualmente se coparticipa entre las 23 provincias. El monto global en juego son algo más de 53.000 millones de pesos, pero podría suponer un retroactivo de 300.000 millones más.

La historia del “Fondo de Reparación Histórica del Conurbano” se inicia en 1992, cuando la Provincia de Buenos Aires comienza a percibir el 10% de la recaudación del Impuesto a las Ganancias como medida compensatoria por la pérdida de participación relativa en la Ley de Coparticipación. En enero de 1996 se fijó por ley un tope de 650 millones el monto que la provincia puede recibir. El resto de lo recaudado en este concepto se reparte entre las demás provincias. Lo ocurrido es que el tope quedó fijo pero la inflación no, convirtiendo al Fondo, de un recurso presupuestario de la Provincia de Buenos Aires, en un medio de financiación del resto de las provincias. Este año, por ejemplo, la provincia de Santa Fe recibió 4.809 millones de pesos, mientras que Buenos Aires 650 millones (ver: Télam 6/9). De todas maneras, el reclamo bonaerense deja de lado que la provincia recibe por otra vía lo que no percibe por ésta. Por ejemplo, de las sumas milmillonarias que se proyectan para obras de transporte en el presupuesto 2018, 49.000 millones (el 60% del total) quedarán en CABA y la Provincia de Buenos Aires, en detrimento de las rutas del interior del país (CR 25/9).

La posibilidad de que la Corte Suprema le dé la razón a la gobernadora Vidal puso en alerta a los demás gobernadores, quienes se coaligaron −más allá de las cuestiones partidarias− para enfrentar a Buenos Aires. Es así que a principios del mes de Septiembre se reunieron 21 de los 23 gobernadores (solo faltó Chubut por problemas de transporte y obviamente María Eugenia Vidal) y sacaron en conjunto un documento dirigido a la Corte, donde  le solicitaron que “no tome resolución alguna hasta tanto se dé el debate entre la Nación y las provincias y el Congreso” (LN 7/9). La respuesta de la Corte fue citar individualmente a todos los gobernadores para que expongan sus intereses, quienes coincidieron en afirmar: “El conflicto no debe resolverse en un contexto judicial, sino político” (LN 27/9).

El problema de fondo es el quebranto de la mayoría de las provincias, incapaces de solventarse con recursos propios. Recordemos que, según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), los ingresos propios de 14 de las 24 provincias representan a lo sumo un 31% de sus ingresos totales anuales. Y para agravar aún más la cuestión, precisemos que el 75% de esos ingresos propios provienen del cobro de Ingresos Brutos: el principal blanco de los ataques del capital concentrado que lo denuncian como distorsivo (P12 9/9). Por eso, el gobierno nacional aprieta a las provincias para que bajen la presión tributaria, negándose a enviar al Congreso la prórroga del compromiso de 1993 sobre pacto fiscal, que de entrar en vigencia obligaría a las provincias a disponer de un esquema de exención de Ingresos Brutos a la actividad primaria y a la industria, entre otras, y derogar el impuesto a los Sellos. Es decir, el total colapso presupuestario (CR 2/10).

Todo esto se suma a una situación ya de por sí muy grave. Como venimos señalando, los estados provinciales, en la era PRO, utilizan el endeudamiento externo como la principal herramienta para cubrir sus gastos corrientes. La situación de futura insolvencia es tan evidente que la misma consultora de las finanzas globales Moody’s pidió a las provincias “no tentarse con los dólares” y alertó por el posible “descalce de monedas” que “pueda convertirse en un problema”. La consultora dio la voz de alarma luego de que los bonos globales emitidos, por lo que denominan “sub-soberanos”, alcanzaron un monto estimado de 10.600 millones de dólares en el último año y medio, lo que hizo que la exposición de la deuda en moneda extranjera se haya más que duplicado con relación al año 2012 (LN 5/10).

Mes tras mes, la situación fiscal de las provincias se agrava. En paralelo, el gran capital no cesa de reclamar por menor presión impositiva. El endeudamiento parece ser la única solución para afrontar los rojos presupuestarios, pero más que una solución es la demostración de la inviabilidad del régimen actual, preparando las condiciones para una crisis de magnitud inusitada.

Mientras tanto, las partes en descomposición del todo empiezan un tironeo por los recursos que sólo puede agravar más la situación. Todo esto, en un contexto general que conduce irremisiblemente a un estallido social, aunque aún con fecha incierta. En este marco, el gobierno de Macri buscará, en los próximos meses, sentar las bases para un nuevo acuerdo de Coparticipación Federal; pero con ello no hará más que exacerbar las contradicciones ya existentes entre regiones, centralmente entre el núcleo agroexportador y el resto del país. O sea, entre Buenos Aires y el Interior. Así como en el siglo XIX la resolución de la crisis abierta tras la independencia se dirimió cuando Buenos Aires sometió al resto del país y lo forzó a incorporarse al proyecto agroexportador dependiente del que ella era cabeza, en el siglo XXI Buenos Aires tendrá nuevamente que declararle la guerra al Interior, pero esta vez su objetivo será excluirlos del modelo que sueña instaurar.

El desguazamiento nacional que supone un puñado de provincias o ciudades que puedan integrarse al mercado mundial y una mayoría de territorios condenados a la marginalidad económica, social y política −condena que se carga sobre decenas de millones de argentinos y argentinas− es la bomba de tiempo debajo del sillón de Rivadavia, que las medidas favorables a la concentración del capital, analizadas en este apartado, no hacen más que acelerar.



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