Revista Mensual | Número: Noviembre de 2017
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Fuentes consultadas: EE.UU.: Wall Street Journal (WSJ). Gran Bretaña: The Economist (TE). Alemania: Deutsche Welle (DW); China: Xinhua (XH); Rusia: Russia Today (RT); Irn: HispanTV (HTV) Venezuela: Telesur (TS). Cuba: Cubadebate (CD). Argentina: Clarín (CL); Crónica (CA); Cronista Comercial (CR); La Nación (LN); Miradas al Sur (MS); Página 12 (P12); Tiempo Argentino (TA).
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Dejá de llorar, que nos han declarado la guerra

Desguace del Estado Nación Color Amarillo
Coloquio IDEA y la definición de las elecciones
Oleada Amarilla: ¿Debilidad o Fortaleza?
El hecho maldito del País Burgués
Polarización y desaparición de la “ancha avenida del Medio”
El “ariete” Judicial
Preparando la guerra contra el “hecho maldito” en la calle
¿Ola Amarilla o Límites Propios?
Luchan divididos, son derrotados todos juntos
La objetividad de la crisis y la conciencia de los trabajadores


El desarrollo de la conciencia de los trabajadores argentinos frente a la violencia oligárquica

Dejá de llorar, que nos han declarado la guerra

“El viento lo canta llorando. Padre, ya están aquí...
Monstruos de carne con gusanos de hierro.
Padre, no tengáis miedo, decid que no, que yo os espero.
Padre, que están matando la tierra.
Padre, dejad de llorar que nos han declarado la guerra”.
(Joan Manuel Serrat, “Padre”)

 


Este mes, las elecciones legislativas fueron un punto de inflexión que hizo posicionarse a todos los actores de la sociedad. Con más de un 20% de abstención y sin ninguna fuerza que supere el tercio de apoyo REAL, el hecho electoral continúa mostrando la debacle irremontable del sistema de partidos políticos −tejido históricamente por la oligarquía y herido de muerte en diciembre de 2001− y su incapacidad para dar respuesta a los problemas que la sociedad argentina tiene planteado resolver.

En  ese marco, el coloquio de IDEA funcionó como un congreso partidario de la gran burguesía argentina, donde se pactó cómo encarar las elecciones. Sostener la política de gradualismo, blindar ideológicamente al Gobierno y, post-elecciones, radicalizar el proceso de reformas, poniendo en el centro del proceso de trasformación al empresariado. La profundización del proyecto de Cambiemos tuvo su correlato en el “ariete Judicial”, como elemento de terror para los opositores y vanguardia del proceso de desregulación de las condiciones laborales; pagando el costo de ahondar el descrédito que tiene el Poder Judicial de cara a la sociedad.

En la misma línea, el plan económico de Cambiemos requiere de una política represiva de envergadura, la cual, con la aparición sin vida del cuerpo de Santiago Maldonado, da un paso más en mostrar la naturaleza genocida de su propuesta. Las implicancias de la muerte de Maldonado todavía son difíciles de medir en la conciencia de las masas a futuro, pero es claro que la reacción masiva en rechazo del hecho pone en un bretel más que complejo a las necesidades de aplicar represión masiva por parte de la oligarquía.

Mientras tanto, el movimiento nacional se enfrenta o dos hechos de envergadura. Por un lado, el reclamo de Vidal sobre el fondo del conurbano, que potencialmente coloca en un estado de disolución a la mayoría de las provincias del interior, volviendo a poner sobre la mesa las contradicciones en la conformación del Estado nacional y −sobre todo− la macrocefalia que sufre el país con Buenos Aires y su ciudad puerto. Por otro, los límites que acarrea el concebir como centro de la acción política la apropiación del aparato del Estado –lo que equivale a decir “la reconstrucción de la burguesía nacional”− volvieron a dar la nota con los datos de las elecciones.

Mientras tanto, el movimiento obrero trata de tomar conciencia del carácter objetivo del proceso y se anoticia de que la burguesía le ha declarado la guerra…

Desguace del Estado Nación Color Amarillo

El mes anterior finalizaba con la licitación por parte del Ministerio de Energía de la Nación, a cargo del hombre de la petrolera Shell, Juan José Aranguren, de tres nuevas centrales térmicas, de las cuales dos eran ganadas por empresas de Nicky Caputo, amigo personal de Mauricio Macri y primo hermano del ministro de Finanzas nacional (LN 26/9).

La superposición entre las funciones públicas y los negocios privados de los CEOS en el gobierno se sucedían. El gobierno nacional creaba la empresa Corredores Viales Sociedad Anónima, superponiendo sus funciones con la Dirección Nacional de Vialidad. El paquete accionario quedaría dividido en un 51% para el Ministerio de Transporte y un 49% para Vialidad Nacional, pero el mismo escrito de su creación aclaraba que “en caso que el interés público lo requiera podrán participar de la sociedad personas de carácter privado a través de los procedimientos de selección correspondientes” (P12 5/10). Lo cual implica que las acciones pueden ser vendidas a privados. El secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, exponía de forma clara el objetivo de la medida: “Lo que busca el decreto es tercerizar y achicar Vialidad Nacional”. Las privatizaciones de los años 90, con formas diferentes, vuelven a ser el camino que necesita recorrer el capital.

Otro tanto ocurría con el sistema de salud. A inicios de mes, el ministro de Salud Nacional, Jorge Lemun, lanzaba el sistema “Cobertura Universal de Salud”. Él mismo explicaba el principal objetivo de la propuesta: “Está el subsidio cruzado que se produce cuando los que tienen una cobertura se atienden en el sistema público porque nos da el gasto en el sistema público cuando uno pagó ya en el otro, así que la identificación del paciente y saber su cobertura es uno de nuestros objetivos”. Como ya vimos en el accionar sobre Vialidad Nacional, los procesos de privatizaciones encubiertas están a la orden del día como necesidad absoluta del Capital. El ex ministro de salud de la nación del Kirchnerismo, Daniel Gollan, planteaba: “Es un sistema de aseguramiento que parte de una falacia: ya teníamos cobertura universal de salud. (…) La gente va a tener que pagar por servicios que antes no pagaba. Van a dar una credencial, y la gente va a acceder a una canasta básica de prestaciones. Hasta determinado límite, te paga el Estado. (…) Van a instalar criterios de productividad. (…) Es el gran negocio de la privatización” (P12 3/10).

Mientras tanto, la discusión sobre el denominado “Fondo del Conurbano” volvía al centro de la escena. María Eugenia Vidal insistía con la demanda de que el mismo sea reactualizado en su totalidad para la Provincia de Buenos Aires, poniendo en juego la sustentabilidad económica de las restantes provincias. Los propios gobernadores que componen Cambiemos salían a poner sus reparos. El de Mendoza, Cornejo, esquivando el choque con Vidal, señalaba: “Estamos ante una injusticia que no puede ser arreglada con más injusticia. El congelamiento del fondo fue injusto para Buenos Aires. Pero salir de esa situación sacándole plata al resto de las provincias es tan injusto como lo otro. Además, durante mucho tiempo, Buenos Aires ha recibido un montón de fondos extras” (LN 10/10). Cuando el periodista le re-preguntaba al Gobernador qué pasaría si Macri recortara la coparticipación a las provincias para pagarle a Vidal, este respondía: “Muchas provincias quedarían desfinanciadas. Mendoza volvería a tener déficit por unos 3000 millones de pesos. (…) Si ocurre, requerirá un gran ajuste de parte de las provincias”. Como venimos siguiendo mes a mes, el proceso de concentración y centralización a nivel global en que se encuentra el capital empuja con todas sus fuerzas a dinamitar los acuerdos históricos con los cuales la oligarquía local pudo constituirse como clase nacional, al incorporarse de la mano del imperialismo inglés a su división internacional del trabajo. Las contradicciones entre las diferentes fracciones de la oligarquía, agudizadas por el proceso que venimos analizando, hace crujir a su propia representación política en la alianza Cambiemos, poniendo en juego la capacidad de gobernanza de la misma.

Como una expresión más en la superficie política de este “conflicto de intereses”, el senador radical Ángel Rozas renunciaba al Interbloque de Cambiemos, “cansado del ninguneo por parte de la Casa Rosada” (CL 26/9).

Mientras tanto, la campaña por las elecciones en Corrientes hacía jugar a Mauricio Macri en primera línea para apoyar al radical Gustavo Valdés, candidato a gobernador por la alianza oficialista Encuentro por Corrientes (ECO). Una vez finalizadas las elecciones, el candidato Carlos “Camau” Espínola, del peronismo local, en alianza con el sector disidente de la UCR, denunciaban manipulación en el recuento de votos: “Acá hay un apagón informático; lo importante son los datos oficiales y los correntinos no nos podemos ir a dormir con el 35% de los votos” (LN 9/10). Nuevamente el accionar que Cambiemos aplicó en las PASO fue utilizado a escala provincial para cargar primero los datos de los lugares donde estos le favorecían y declarar la victoria. Los números finales daban por ganadora a la fuerza promovida por el macrismo por 54% de los votos (332 mil personas), frente al 45% del agrupamiento peronista-radical de Espínola-Artaza (278 mil personas) (P12 10/10).

No obstante la algarabía, el mismo día de la elección, el gobernador electo Valdez le recordaba al presidente –que se hallaba a su lado− el problema del Fondo del Conurbano: “Vamos a seguir acompañando al Presidente, pero aspiramos a un federalismo maduro. Si no, vamos a seguir con las asimetrías de un centro muy rico y un norte con mucha pobreza” (LN 11/10). Nuevamente, la inviabilidad del programa que pregona Cambiemos aparecía a flor de piel, no sólo en choques con sectores políticos opositores, sino con componentes de su propia fuerza. Sobre este tema volveremos más adelante.

Como vimos en los artículos 1 y 5, la concentración del capital muestra por un lado la necesidad de avanzar sobre “lo público” que sobrevivió al proceso de confiscación de los 90 y lo recuperado en la última década, incorporándolo a la órbita de lo privado como necesidad de crear nuevos mercados para el capital. Por otro, la fragilidad de los acuerdos políticos que sustentan a Cambiemos a escala nacional −debido a la necesidad del capital de succionar a la décima potencia al interior, sobre la base del enriquecimiento de la ciudad-puerto− resquebraja la constitución histórica de la oligarquía como clase nacional y tensiona los acuerdos con los cuales la misma pudo aglutinar a las diferentes fracciones del interior, bajo la dirección de los dueños de la Pampa Húmeda y el puerto de la Capital Federal. Se trata del capítulo argentino de la tendencia del capital a desguazar los Estados-nación, tal como los conocimos hasta hoy.

Coloquio de IDEA y la definición de las elecciones

La gran burguesía argentina se reunía unos días antes de las elecciones legislativas, y hacía desfilar a todos los actores de la vida política nacional por su escenario en el Coloquio de Idea. La primera en salir a plantear las “tareas” que  tienen los hombres de negocios en la Argentina fue la gobernadora Vidal, diciendo que “el próximo 22 se define un camino. (…) Arriesguen, inviertan y generen trabajo. (…) Necesitamos salir de nuestra zona de comodidad” (CR 12/10). Así, Vidal espetaba a los empresarios a jugar un papel protagónico en el apoyo a las reformas que se avecinaban. El presidente del Grupo Ledesma, Juan Carlos Blaquier, salía apoyar la moción: “Si saca una buena diferencia, podría ser seis puntos, en las elecciones de medio término se acelerarán las reformas impositivas y laborales”. Acto siguiente, aclaraba su posición sobre la discusión entre política de shock y gradualismo: “Si Macri no hubiera hecho gradualismo, ¿cómo crees que le habría ido el 22 de agosto en las primarias?”. Por si la pasada de facturas al empresariado por su actitud durante el gobierno Kirchnerista había sido poco clara, el mercenario Jorge Lanata los interpelaba: “No puedo creer que gente con tanta plata sea tan cobarde. (…) Es una vergüenza que no hayan tenido representación, una voz, durante los años del kirchnerismo. (…) Ustedes tendrían que estar orgullosos de ser empresarios. Pero en la Argentina da vergüenza. (…) Nos hacían falta los empresarios en el kirchnerismo y no estuvieron”. Nuevamente, se llamaba a la conciencia de la gran burguesía argentina para que se ponga al frente del proceso de reformas y se criticaba el oportunismo de la misma por los negociados en la década pasada. El único que puso un freno a los retos de Lanata fue el presidente de la SRA, Luis Miguel Etchevehere, quien dijo: “Creo que, en el caso del campo, no fue así” (LN 13/10). La frutilla del postre la ponía Mauricio Macri, exigiendo que “asuman su liderazgo. (…) Tengan coraje y denuncien desde la extorsión hasta la corrupción. No hay excusas, pongan todo lo que tienen” (LN 14/10). A los pocos días, en el cierre de campaña del macrismo porteño, Macri amenazaba: “Ojo con aquellos que creen que desde la política, la Justicia, el empresariado y el sindicalismo pueden ser socios. Van a terminar como los narcos, todos presos, todos presos” (LN 18/10).

De este modo, la posición de la gran burguesía argentina de cara a las elecciones legislativas quedaba cerrada en el coloquio cual congreso partidario. La apelación a la conciencia de la burguesía en tanto clase, en defensa de sus intereses estratégicos, poniendo el foco en las elecciones legislativas del 22 de agosto como bisagra de la posibilidad de continuar y radicalizar el proceso de reformas neoliberales, quedaba expresado a las claras. Para lo cual, requiere que esos “empresarios” que nombra Lanata se pongan al frente de la disputa político-ideológica que se vive en el seno de la sociedad, contra los demás grupos subalternos que confrontan contra ella, al ir siendo desplazados. El debate en torno al plan económico, entre política de shock o gradualismo, desnudaba la necesidad de un apoyo monolítico a la política gradualista de endeudamiento y ajuste que, como ya vimos en el mes pasado, fue la que le permitió al macrismo sostener a sectores de “capas medias” y trabajadores e influenciarlos ideológicamente para ganarse sus votos. De esta manera, el macrismo llegaba a las elecciones con un gran apoyo por parte del “real State” argentino que −si bien no es sostenible en el largo plazo, por la naturaleza confiscatoria del mismo, tal como pudimos observar en el artículo precedente−, en términos tácticos le permite cerrar un bloque de fuerzas suficiente para llegar cohesionado a las votaciones.

Oleada Amarilla: ¿Debilidad o Fortaleza?

Con el pacto burgués sellado en el coloquio de IDEA, las elecciones legislativas se encaminabas a su día clave. La encuestadora Poliarquía, casi un mes antes, daba cuenta: “El 54% de la opinión pública aprueba la gestión de Mauricio Macri, lo que supone un incremento de nueve puntos en los dos últimos meses. En julio de este año, cuando todavía faltaba un mes para las PASO, estaba en su mínimo histórico de aprobación: 45%, muy lejos del 71% que tenía en enero de 2016” (LN 24/9). Así, los efectos de retener obras públicas y lanzarlas a último momento, más la tan mentada política “gradualista” y la triplicación del gasto de campaña por parte de Cambiemos, en comparación al Kirchnerismo, daban frutos (LN 19/10).

Días antes de las elecciones, ocurrieron dos hechos de importancia. El principal fue el hallazgo de un cuerpo en el río Chubut que se confirmaría luego que era el de Santiago Maldonado. A esto, se sumó la denuncia de Unidad Ciudadana sobre maniobras que ponían en riesgo los comicios. Debemos recordar que durante meses ocurrieron centenares de llamadas por amenaza de bombas a numerosos establecimientos educativos. En la misma denuncia, se señalaba la posibilidad de que fuerzas proclives a Cambiemos utilicen agresiones de “bandera falsa” para justificar el cierre de mesas o escuelas, e inclusive suspender el conjunto de la votación, ante la imprevisibilidad del clima social que podría provocar la aparición sin vida de Santiago Maldonado.

De este modo, más de 33.193.686 compatriotas, en 98.087 urnas, dispuestas en 14.200 establecimientos de todo el país, se aprestaban a votar (LN 22/10). En la provincia de Buenos Aires, de 12.251.329 personas empadronadas, participaba el 79,61% (9.753.283 personas). Mientras que el 20,39% (2.498.045 personas) se abstuvieron. Estos datos que podemos ver sobre la provincia más pobladas del país, que representa el 36,91% del padrón nacional, y que también se expresa a escala nacional, muestran que 1 cada 5 personas no vota.

Las elecciones a senadores arrojó, en Buenos Aires, que Cambiemos se impuso por el 43,38% (3.878.250 personas) contra Unidad Ciudadana que sacó el 37,25% (3.491.136 personas). Lo seguían 1Pais con el 11,32% (1.061.207 personas), el frente justicialista con 5,31% (497.409 personas), el FIT con 4,75% (444.953 personas) y en blanco con 3,58% (347.672 personas).

Estos datos −debido al “Pacto de Olivos” firmado entre Carlos Menem y Raúl Alfonsín en 1993, el cual facilitó la reforma constitucional de 1994− computan los porcentajes de las diferentes fuerzas políticas sólo sobre los votos positivos, “achicando” la base total sobre la que se sacan los porcentajes que obtuvieron las diferentes fuerzas, y apareciendo porcentajes más elevados de lo que realmente son, si los computásemos sobre la totalidad del padrón.

Por ende, si se tiene en cuenta el abstencionismo, podemos decir que Cambiemos fue la fuerza más votada con el 31,62%, seguida por Unidad Ciudadana con el 28,49%; como “tercera fuerza” está el abstencionismo con el 20,39%, cuarta 1Pais con el 8,66%, quinto el Frente Justicialista con el 4,06%, y sexto el FIT con el 3,63%. Si a esto sumamos los votos en blancos, que fueron el 2,21% (214.119 personas), la crisis del sistema de partidos políticos queda expuesta a las claras, donde la fuerza política más votada no supera el tercio del total del padrón. Es decir, menos de 1 persona de cada 3 votó a Cambiemos.

Sin más, esto no quita el resultado. Cambiemos se imponía en 13 distritos: Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Salta, Santa Cruz, Santa Fe. El peronismo (Kirchnerista y no Kirchnerista) en 9: Catamarca, Chubut, Formosa, Misiones, Río Negro, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán, La Pampa y Tierra del Fuego.

Cambiemos revirtió así el triunfo ajustado que había obtenido UC en Buenos Aires. Lo mismo ocurrió en Chaco contra Domingo Peppo y Capitanich. En Neuquén, le infligió una derrota al Movimiento Popular Neuquino. En Córdoba le saco más de 17% de diferencia a agrupación Unión Por Córdoba de Juan Manuel de la Sota y en Salta venció al gobernador Juan Manuel Urtubey, lo cual obligó al mismo a declarar que suspendía sus aspiraciones presidencialistas de cara al 2019 (LN 23/10).

Por el otro lado, podemos resaltar el caso de San Luis, donde los hermanos Rodríguez Saa, claramente opositores a Cambiemos, dieron vuelta el resultado de las PASO, imponiéndose por 55% a 43,06% de Cambiemos. La Pampa, donde el gobernador Carlos Verna en los últimos meses ahondó su confrontación contra el Macrismo, también dio vuelta la derrota que había recibido en las PASO, Ganando por 45,54% sobre el 45,26% de Cambiemos.

De este modo, el mapa electoral muestra, por un lado, un nivel de abstencionismo que, si bien ha venido bajando desde la crisis de 2001 –cuando en las legislativas de ese año la suma del abstencionismo más los votos en blancos y nulos superaban el 48%−, hay más de un 20% de la población en condiciones de votar que no participa de las mismas de manera sistemática. En segundo lugar, las dos principales fuerzas no superaron el tercio real de votantes. Es decir, la fuerza más votada estuvo por debajo de 1 voto cada 3 personas. Por último, niveles de polarización muy agudos, donde las fuerzas tanto nacionales −especialmente el “massismo”− como provinciales −como el caso del “delasotismo” cordobés o el “urtubeyismo” salteño−, que han mantenido una postura complaciente con respecto al proyecto político de Cambiemos, se han licuado estrepitosamente.

Solamente las fuerzas de oposición que en el último tiempo mantuvieron o profundizaron una postura confrontativa frente al Gobierno se han sostenido o crecido en votos respecto de las PASO –como en el caso de UC en Buenos Aires− e incluso lograron revertir resultados negativos, como en el caso de San Luis y La Pampa. Es decir, a las claras hay una parte de la población que continúa desconfiando del sistema político en su conjunto, un “licuamiento” de las posiciones intermedias y una inclinación de la población a los sectores que más profundamente han definido su proyecto, léase Cambiemos y UC.

El bunker macrista para el cierre eleccionario, ubicado en Costa Salguero y preparado para festejar, recibió a diferentes empresarios de la gran burguesía criolla. Teddy Karagozian, de la textil TN&Platex, decía: “Esto ayuda a acabar con el populismo. (…) tenemos un tiempo que hay que aprovechar. Porque con la reforma laboral de Brasil y la reducción impositiva que proyecta Estados Unidos va a ser imposible competir. Los inversores no habían dejado de invertir por temor a Cristina: dejaron de invertir porque las condiciones están muy difíciles” (LN 23/10).

Al pie del cañón de las demandas de sus “compañeros de Clase”, Macri adelantaba: “Entramos en una etapa de reformismo permanente. La Argentina no tiene que parar, no tiene que tener miedo a las reformas. Nos va a ayudar a vivir mejor. (…) Éste es el camino que nos lleva a una sociedad más justa” (LN 24/10) y convocaba a un otrora Gran Acuerdo Nacional, al estilo del Dictador Agustín Lanusse, para “discutir” las reformar tributaria, fiscal, laboral, etc.

Como vimos a lo largo de esta publicación, lo que imposibilita el cumplimiento de la demanda que efectúa Cambiemos al empresariado −para que invierta y “cree puestos de trabajo”− está dado por un sistema que se halla en una crisis estructural, el cual no “asegura” condiciones para la reproducción ampliada del conjunto de los capitales, por lo cual no hay empresario que quiera arrojarse a una pileta donde no sabe si hay agua. Los choques entre los intereses inmediatos de la burguesía argentina y la (in)capacidad de constituir un proyecto a futuro se muestran tal cual son, arrojando por el inodoro al utopismo de Cambiemos.

El hecho maldito del País Burgués

La proximidad de las elecciones legislativas y sus resultados ponían en total funcionamiento las usinas ideológicas de la oligarquía. De este modo, el mes estuvo repleto de planteos sobre las implicancias de las elecciones, la relación entre el capitalismo y el sistema de representación, el peronismo y su naturaleza. El primero en salir al ruedo era Jorge Fernández Díaz, quien planteaba: “Se ha instalado con la fuerza de una superstición ridícula que cualquier intento de ordenar la economía nacional (…) inexorablemente implica un ominoso regreso a los años 90. (…) El desarrollo de una nación en un contexto de capitalismo globalizado comienza con Martínez de Hoz y acaba invariablemente en 2001. (…) La pérdida de nuestro sentido común hace imprescindible aclarar lo básico: el capitalismo no es una sola cosa, sino muchas; como la energía nuclear, puede resultar una bendición o desatar Chernobyl” (LN 15/10). A los días, el sociólogo Juan José Sebrelli ponía el eje en el peronismo: “La sociedad argentina está educada por el peronismo, que es la forma como acá se llama el populismo. (…) Está arraigado profundamente en la mentalidad de la mayor parte de los argentinos, así que no nos ilusionemos. Hoy hay una mayoría que vota por Macri, pero dentro de esa mayoría hay muchos que son populistas inconscientes o no confesados (…) El peronismo es el huevo de la serpiente, así que saquémonos de la cabeza que hay un peronismo bueno y uno malo” (LN 16/10).

Las “adhesiones gorilas” seguían llegando. Con los datos de las elecciones todavía frescos, Rogelio Alaniz preguntaba: “El interrogante abierto es si la victoria de Cambiemos es producto o consecuencia de un humor circunstancial del electorado o el indicio de un cambio cultural. (…) La primera muestra de esa Argentina democrática y republicana se manifestó en 2008, en pleno kirchnerismo, cuando en el campo y la ciudad se expresaron quienes decidieron oponerse a la 125. (…) La derrota del peronismo es, al mismo tiempo, la derrota de su vocación hegemónica, de la cual el kirchnerismo fue su expresión más extrema e impiadosa” (LN 23/10). El mes se cerraba con Vicente Palermo, quien planteaba “la oportunidad para reconciliar el capitalismo, capaz de crear prosperidad, con la democracia. (…) Si quiere reformas correctas y perdurables, deberá continuar con el gradualismo” (LN 24/10).

Como fuimos viendo a lo largo del presente Análisis…, el capitalismo vive un proceso de crisis generalizada. En el caso de la Argentina, las contradicciones provenientes de la crisis de los 90, con el estallido social de 2001, nunca han terminado de cerrarse. Pues la relación intrínseca ente el beneficio económico de unos pocos y la exclusión, persecusión, represión, desaparición y muerte de quienes se oponen a dicha injusticia social –hecho que se mostró abiertamente en la dictadura cívico-militar del 76− es un “reflejo” marcado a fuego en la amplia mayoría del pueblo argentino.

El rechazo abrumador a volver a las condiciones de vida que sufrió la mayoría de la sociedad es lo que pone sobre las cuerdas las políticas de shock reclamada por no pocos sectores. La discrepancia al interior de la gran burguesía argentina no radica en los objetivos a lograr, sino en el modo de arribar a ellos. Es decir, el gradualismo se impone como el modo más adecuado de conseguir los objetivos económicos que necesita el capital; en el marco de una sociedad que vive un proceso de convulsión política y social desde los 70 en adelante, con radicalización en los últimos 10 años. Ese modelo que inaugura Martínez de Hoz en los 70 tiene sus raíces en la Generación del 80 del siglo XIX y en la denominada “Década Infame”, frente a lo cual el peronismo es la respuesta anti-imperialista y, embrionariamente, anti-capitalista. Los “huevos de serpiente” que tanto odia Sebrelli y también teme.

La viabilidad del proyecto de Cambiemos no está dada por ganar una elecciones de medio término, sino por la capacidad de resolver los problemas que aquejan a las mayorías y su posibilidad de integrarlas al sistema. Si el proyecto de Cambiemos tiene similitudes con la política económica de los 90, derivada de la dictadura del 76, y sus resultados –confiscación y pauperización− son ya ampliamente conocidos por el pueblo, ¿podemos decir que el de Macri es un gobierno fuerte? Su debilidad manifiesta radica en ser la encarnación del capital más concentrado, que necesita expropiar a una amplia mayoría de la población, quien −más tempano que tarde− se le opondrá rotundamente.

Es en este mismo sentido que los escribas oligarcas salen con desesperación a plantear que hay que reconciliar lo irreconciliable: capitalismo y democracia. Tal como venimos planteando mes tras mes, ¿qué democracia puede existir en un sistema que precisa expropiar y dejar por fuera de la reproducción social a un conjunto cada vez más amplio de trabajadores y a numerosas capas de la propia burguesía? Es la trabazón intrínseca entre base económica y superestructura política lo que se pone cada vez más en la conciencia de las masas. Trabazón que los cuadros de la alta burguesía buscan con desesperación invisibilizar.

Polarización y desaparición de la “ancha avenida del Medio”

Mientras tanto, las restantes fuerzas políticas, en especial las que se denominan “peronistas no kirchneristas”, trataban de enamorar al electorado, con sus posiciones de supuesto “Centro”. En un acto en La Matanza, Sergio Massa prometía: “Entre la corrupción y el ajuste, hay un camino de esperanza” (P12 17/10).

A su vez, el exilio de dirigentes de la fuerza que encabeza Florencio Randazzo seguía ahondándose. El último en irse fue Julián Domínguez, quien no sólo se corría de Randazzo sino que dejaba claro su apoyo a CFK: “Cada uno de nosotros debemos redoblar el esfuerzo rumbo al 22 de Octubre y tenemos que acompañar a Cristina Kirchner” (P12 11/10).

Las elecciones de medio término iban a marcar el marco de posibilidades que tiene cada candidato de cara a las presidenciales del 2019. A esto se refería la Tribuna de Doctrina: “En cuanto el escrutinio provisorio del domingo 22 marque una tendencia irreversible y ratifique el triunfo de sus candidatos en las PASO, Juan Manuel Urtubey dará su primer discurso como candidato a presidente” (LN 8/10). Con la derrota sufrida, los sueños presidencialistas del hijo de la oligarquía salteña debían posponerse. Posteriormente a las elecciones, Urtubey opinaba sobre el Peronismo: “Tenemos que ser honestos: de los 72 años de peronismo, la mitad los gobernó el justicialismo. ¿La Argentina está muy bien? No. Nos tenemos que hacer cargo de nuestra historia. (…) El peronismo nunca fue como yo digo que tiene que ser”. Nuevamente, la estrategia de la oligarquía de barrer el contenido histórico anti-imperialista y embrionariamente anti-capitalista del Peronismo salía a las claras con las palabras de Urtubey. Analizando las causas de los resultados de las elecciones, expresaba: “Fuimos víctimas de la polarización. Una elección en la que en sólo cinco provincias triunfa el PJ demuestra que hubo una ola que nos llevó puestos a todos” (LN 24/10). La estrategia de la oligarquía de cerrar el camino al Kirchnerismo como un momento del desarrollo histórico del peronismo −a través de la persecución mediática y judicial y armando “sellos políticos” que con diferentes formas no difieren en lo esencial del proyecto de Cambiemos− viene siendo raleada por la gente. Es decir, el proceso económico que vemos a escala global y su forma nacional va acotando los márgenes de maniobra para las propuestas políticas “intermedias”. Las posiciones intermedias que han tratado de sostenerse como alternativa de cara a las masas cada vez son más minúsculas y relegadas.

El propio diario de los Mitre, a los pocos días de las elecciones, daba cuenta del proceso de emigración del Voto: “El 13,24% de los votos que 1 País obtuvo en las PASO migraron a Cambiemos en las generales, contra el 3,5% que fue a UC. (…) Es decir, por cada voto de Massa que fue para Cristina Kirchner, otros 3,78 votos fueron a Cambiemos. (…) Por cada voto que sumó Cristina de parte de los indecisos y ausentes en las PASO, el oficialismo consiguió 4,21” (LN 24/10). Así, el proceso de agudización de las contradicciones y polarización social, va in crescendo a pasos acelerados y pide cada día definiciones más profundas.

El “ariete” Judicial

Como vimos el mes pasado, la “luna de Miel” entre el Poder Judicial y Cambiemos está a la orden del día. El “ariete” judicial pareciera marchar al unísono de las necesidades del Capital. La justicia rechazaba la medida cautelar con la que el camarista Eduardo Freiler pretendía dejar sin efecto la suspensión en su cargo en el Consejo de la Magistratura (LN 28/9). A los pocos días, el mismo Freiler declaraba: “Le han llegado a mi abogado coacciones para hacerme renunciar. (…) Pareciera que estamos viviendo un cuento y no un gobierno democrático” (LN 6/10).

Dos días después de las elecciones legislativas, el consejo de la Magistratura convalidaba la designación del diputado del PRO, Pablo Tonelli, en perjuicio del expulsado Ruperto Godoy del FPV (P12 24/10).

Mientras tanto, el fiscal Miguel Gilligan dejaba en evidencia a través de un dictamen la maniobra que el Gobierno puso en marcha a través de la ONG amiga Será Justicia y del Colegio de Abogados para poder echar a la Procuradora General Alejandra Gils Carbó, eludiendo el juicio político y dando vía a un mecanismo por el cual el Ejecutivo podría realizar la expulsión de la Procuradora por Decreto (P12 5/10).

Y poco después, el Juez en lo contencioso administrativo Pablo Cayssials declaraba inconstitucional el artículo 76 de la ley 27.148, que establece el juicio político como requisito para la destitución de la Procuradora General de la Nación, con lo cual dejaba la vía libre a la destitución por vía administrativa (LN 21/10). Ante ello, Abuelas de Plaza de Mayo denunciaba: “La eventual remoción de la Procuradora sin respetar el procedimiento de juicio político constituiría una afrenta a los derechos de todos y un cercenamiento de la democracia y la Constitución” (P12 21/10).

La envestida Judicial tomaba velocidad y se aceleraba con la cercanía de las elecciones. Así, mientras el juez federal Daniel Rafecas convocaba a declarar al ex ministro de Planificación, Julio De Vido, en el marco del caso que indaga en las ampliaciones de los gasoductos norte y sur (LN 7/10), su par Luis Rodríguez le pedía al Congreso el desafuero del diputado (LN 18/10). Y a la par que el incansable batallador oligárquico judicial Claudio Bonadío ordenaba la citación a indagatoria para CFK y Héctor Timerman por el Memorándum con Irán (LN 10/10), la fiscal Gabriela Baigún pedía al Tribunal Oral en lo Criminal Federal 6 cuatro años y ocho meses de cárcel para Luis D'Elía (CL 23/10). Como frutilla del postre, la Justicia sobreseía a Macri en el caso de los Panamá Papers (LN 21/9).

Pero “los planetas se alineaban” también en el propio Congreso Nacional. Néstor Pitrola del FIT hacía honor a la justicia burguesa que tanto repudia: “Votaremos el desafuero ante un pedido del juez”. Y el propio presidente del PJ nacional, José Luis Gioja, acompañaba: “Si la Justicia lo pide, hay que hacerle caso a la Justicia” (LN 18/10). La única voz que se levantaba en contra era la de CFK: “Se cruzaron todos los límites democráticos. Mi citación a indagatoria fue el primer acto de campaña del Gobierno. Nos llaman por un supuesto delito que no existió ni es judicializable. (…) El Poder Judicial actúa como una fuerza de tareas del Ejecutivo” (LN 11/10).

El alineamiento del Poder Judicial a las órdenes de Cambiemos pertrechaba la avanzada de enjuiciamientos como medida de coerción y terror a todo sector subalterno que se oponga al programa de Cambiemos. No obstante, también iba desnudando cada vez más, ante la vista de la sociedad, la falacia del principio de objetividad de la justicia, que en un mundo con una concentración económica nunca antes vista se mueve al ritmo que le marca la necesidad del capital.

La batería de reformas que se avecinaba ponía el foco en la justicia laboral, una verdadera piedra en el zapato para la mentada reforma laboral en ciernes. El Poder Judicial picaba en punta como vanguardia de su aplicación. Así, el diario de la corneta anoticiaba: “La Corte volvió a involucrarse en causas de la Justicia laboral. Confirmó una sentencia contra una cooperativa, revocó otra a favor de una ART” (CL 12/10). Acto seguido, la Corte Suprema volvía a revocar un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que avalaba un incremento en la indemnización por un accidente laboral fatal, sosteniendo que los jueces laborales no pueden incrementar el importe de la indemnización (CR 12/10). Frotándose las manos, el diario de la oligarquía exclamaba pomposo: “Todos los poderes del Estado comienzan a trabajar extrañamente sincronizados” (LN 12/10).

Ante tal embestida, el presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL), Matías Cremonte, afirmaba que el Gobierno “tomó a los trabajadores organizados como su enemigo” y desarrolla un programa político que se propone “restituir el derecho del trabajo del siglo XIX” (P12 7/10).

Y en esto el aparato judicial juega un doble papel. Por un lado, como ejecutor de una política de terror a todo el arco opositor, donde cualquiera que se oponga al programa de Cambiemos puede ser llevado a la justicia ante la interpretacion de la ley a necesidad del capital. Por otro, como avanzadilla del proceso de desregulación laboral en ciernes, que es la piedra principal que necesita correr el capital, ante un mundo en crisis sistémica y crónica.

La encuestadora Management & Fit daba datos de opinión pública acerca de la percepción de la sociedad sobre el Poder Judicial y la Justica. En un 78% de los encuestados, dicha imagen  es algo o muy negativa. Un 82,1% tiene poco y nada de confianza en la Justicia. Un 60,7% de los argentinos tiene poco o nada de confianza en las instituciones y organizaciones en general. El Poder Judicial y la Justicia se ubicaron en el peor lugar, detrás de los partidos políticos, el Poder Legislativo y los gobiernos. Sólo el 1,8% manifestó tener mucha confianza en el Poder Judicial y el 2,3% en la Justicia” (LN 9/10).

Como hemos visto en números anteriores, la crisis estructural del capitalismo, con su forma nacional, pone en tela de juicio al Estado mismo, en este caso a uno de sus poderes esenciales: el Poder Judicial. La estrategia de los sectores oligárquicos de apoyarse fuertemente en este poder tan desacreditado por la población vuelve a demostrar la debilidad que tienen como clase dominante, ya que vuelve a apelar a las “viejas herramientas melladas” del capitalismo, posibilitando que cada vez más amplios sectores vean en profundidad el carácter de Clase de la justicia y, potencialmente, del Estado en su conjunto.

Preparando la guerra contra el “hecho maldito” en la calle

Al inicio del mes, la Cámara de Apelaciones de Jujuy revocaba el beneficio de la prisión domiciliaria que había ordenado la CIDH por Milagro Sala. La misma declaraba: “Están violando la resolución de la CIDH. Es muy grave lo que me están haciendo, y Morales se deberá hacer responsable si algo me sucede” (LN 30/9). El sábado 17/10 era arrestada y llevada a la fuerza, nuevamente, a la cárcel de Alto Comedero.

Mientras tanto, el Gobierno daba pasos en redefinir el rol de las Fuerzas Armadas, diciendo que las mismas “están diseñadas para el siglo pasado, con hipótesis de conflictos que ya no existen” (CL 10/10). Continuaba: “No hay hipótesis de conflicto de invasión de una potencia extranjera (como en la época de Nilda Garre), sino nuevas hipótesis, entre las que mencionó la profundización de la vigilancia del Atlántico Sur, el Escudo Norte, el terrorismo y los ciberataques” (LN 11/10). La necesidad de ir hacia una hipótesis de conflicto donde el enemigo está al interior del Estado-nación es lo que demanda el capital para pertrechar su plan económico. Un plan CONINTES recargado por niveles de concentración de capital nunca vistos. La desaparición forzada y asesinato de Santiago Maldonado no fue más que un “ejercicio pre-competitivo” para dicho plan en danza.

El caso continuaba en el centro de la escena, mucho más con el acto eleccionario que se avecinaba. A fines de septiembre, La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia hacía lugar al pedido de apartar al juez federal de Esquel, Guido Otranto, de la investigación (LN 23/9). Al día siguiente, se convocaba a una movilización a Plaza de Mayo por Santiago para el 1º de octubre. Su hermano Sergio acusaba: “Al Gobierno no le interesa Santiago. Si no le dieran mal las encuestas, ni lo nombrarían” (P12 24/9). En la desconcentración de la movilización, nuevamente, encapuchados comenzaron a realizar pintadas sobre el Cabildo, pero la propia gente los expulsó de allí, acusándolos de “servicios”, es decir, agentes de fuerzas de seguridad disfrazados de civil (CL 1/10). Es de resaltar que la movilización contó con más de 100 mil personas movilizadas. El mismo día, el otro hermano de Santiago, Germán, disparaba: “A todos los políticos que se llenan la boca diciendo que la familia Maldonado está politizando la desaparición les digo zánganos del Estado y parásitos del proletariado. La causa está politizada desde que la Gendarmería se llevó a mi hermano” (LN 2/10). Las movilizaciones se replicaron en El Bolsón, Esquel, Bariloche, Córdoba, Santa Rosa, Mar del Plata, Rosario y Salta (P12 2/10).

El rol de la Gendarmería se ponía en el centro de la escena, cruzando el presente caso con el de la muerte del fiscal Nisman. Elisa Carrió denunciaba que “hay un uso de este hecho para tapar el caso Nisman, para deslegitimar la pericia de la Gendarmería. (…) Fue el gobierno [de Cristina Kirchner] el que mató a Nisman” (CL 20/9). La presidenta de la Cámara de Casación Penal y jefa de la agrupación Justicia Legítima, María Laura Garrigós de Rébori, salía al cruce de las declaraciones de Carrió y defendía la pericia del Cuerpo Médico Forense que planteó la hipótesis del suicidio y desestimó la hipótesis de homicidio difundido por Gendarmería. Dijo que la pericia realizada el año pasado “no acreditaba la hipótesis homicida y eso me pareció perfectamente razonable”, porque se hizo a través “de un informe sumamente consistente y muy bien fundado” (CL 23/9).

Recordemos que el caso Nisman está atado a la denuncia que había levantado este sobre el Caso Amia, en la cual acusaba connivencia del Kirchnerismo con Irán, país a quien el imperialismo yanqui-israelí precisa como el agu condenar para frenar su avance como líder anti-imperialista en Medio Oriente. Esto se confirmaba con la visita del premier Israelí a Buenos Aires Benjamin Netanyahu (ver Análisis… anterior), donde buscaba alinear aún más al actual gobierno argentino con la política imperial-sionista.

 Es decir, tanto el caso Amia como el caso Nisman se inscriben en la disputa geoestratégica que venimos siguiendo en los ejes 1 y 2 de esta publicación, donde la necesidad del imperialismo de poner a Irán en la picota de su estrategia militar lo fuerza a construir hechos de terrorismo –como los llamados “atentados de falsa bandera”− que justifiquen su intervención a nivel internacional.

Con todas estas implicancias, el caso se internacionalizaba. La Asociación Americana de Juristas lo llevaba a la última sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Acto seguido, el abogado Fernando Cabaleiro, de la ONG Naturaleza de Derechos, pedía al CIDH que dicte medidas cautelares para proteger a testigos de la desaparición (P12 23/9). El diario alemán, Deutsche Welle decía al respecto: “Parlamentarios europeos y latinoamericanos de la Asamblea Europa piden que, desde las instituciones de la UE, se haga presión ante el gobierno argentino para que dé noticias de su paradero” (DW 2/10). La respuesta desde el Gobierno, encabezado por Patricia Bullrich, fue pedirle a la ONU que no escuche sólo a “un grupo que puede tener intereses políticos” (CL 7/10).

Desde el arco político, el jefe de los senadores peronistas, Miguel Pichetto, se alineaba abiertamentecon el Gobierno: “Hay mucho «protomontonerismo» en la frontera. (...) Lo central es que aparezca la verdad, qué pasó con Santiago Maldonado, porque hay un estándar en materia de derechos humanos que hay que respetar porque la sociedad no tolera menos. (…) Hay que dar el debate sobre la RAM, que es un grupo violento que hace tareas preinsurrecionales” (LN 22/9). Quien fuera el representante del Kirchnerismo que cerró el debate en Senadores cuando fue la lucha por la resolución 125 −antes que Julio Cobos diera su voto “No positivo”−, rebalsa de macartismo.

Página 12 levantaba una encuesta en la cual resaltaba que más de la mitad de los bonaerenses opinaban que el Gobierno y la Gendarmería tuvieron algo que ver en la desaparición de Santiago Maldonado (P12 8/10).

Aun con la esperanza en el pueblo de que Santiago apareciera vivo, La Nación anoticiaba: “Hallan un cuerpo en el rio Chubut (…) a unos 300 metros (…) donde hace 78 días desapareció Santiago Maldonado. (…)  Tenía rastas en el pelo, por lo que se presume que podría tratarse del joven” (LN 18/10). Al día siguiente, se iban sumando datos. La Nación indicaba el hallazgo del DNI que pertenecía a Santiago Maldonado en uno de los bolsillos (LN 19/10). La fiscal Silvina Ávila requirió que sea el Cuerpo Médico Forense de la Corte, junto con los expertos del Equipo Argentino de Antropología Forense, quienes realicen la autopsia. Los mismos decían: “El cuerpo estaba vestido, boca abajo y fácilmente visible. (…) No queda claro si ese lugar había sido rastrillado anteriormente en profundidad” (LN 19/10). Para Sergio Maldonado y la abogada de la familia, Verónica Heredia, el cuerpo había sido “plantado” allí. Es decir, que alguien lo habría colocado en el río poco antes de su hallazgo, ya que “en vez de haber bajado el rio, subió” (P12 19/10). Inmediatamente, empezaron a correr rumores de acuartelamiento de las fuerzas de seguridad y se desplegaba una operativa de seguridad en toda la Plaza de Mayo y sus inmediaciones, como si se esperara un estallido social (P12 19/10).

La cancha se embarraba como nunca algunos días antes de las elecciones. Lo cierto es que tanto la presión social, a escala nacional e internacional, hacían insostenible la desaparición de un joven militante durante más de 70 días. De este modo, el escritor y ex Secretario de Cultura del Gobierno de Carlos Menen, cercano a los servicios de Inteligencia, Jorge Asís, junto con otros periodistas del ambiente, lanzaban la hipótesis de que, ante la posibilidad que el Gobierno le “suelte la mano”, la Gendarmería “vacunó” al gobierno de antemano, colocando el cadáver de Santiago pocos días antes de las elecciones legislativas. Con los primeros datos de la Autopsia, Sergio Maldonado confirmaba que el cuerpo hallado era el de Santiago (P12 21/10).

La desaparición de Santiago tiene repercusiones que traspasan el plano de las elecciones legislativas. Lo que puso en discusión, más allá de los aspectos jurídicos, es la relación entre las fuerzas que encarna Cambiemos y el momento de represión social que requiere su plan económico para sustentarse. En este caso, la disputa de tierras reclamadas por pueblos originarios en manos de latifundistas extranjeros y el Gobierno.

Como vimos en los artículos precedentes, la tendencia objetiva a la concentración y centralización del capital requiere de una modificación abrupta de la superestructura política y jurídica. En este caso, una política represiva que “meta en caja” a todos los grupos subalternos que no se disciplinen. Como ya dijimos en el número anterior, Santiago es la primera víctima de represión de las tantas que necesita la oligarquía para imponer su proyecto. Es de resaltar la fractura al interior del bloque de poder que representa Cambiemos, hecho que se pone de manifiesto con la aparición del cuerpo a pocos días de la elecciones. Esto implica una fractura abierta en la línea de mando, cosa que ya venían ocurriendo, pero en este caso sobre fuerzas de seguridad. Es por esto que las definiciones de Pichetto de “pro-montonerismo” e “insurrección” ponen sobre el tapete las heridas no zanjadas al interior del movimiento nacional; siendo estas mismas contradicciones, con 40 años de acumulación, las que vuelven a reclamar por su resolución.

¿Ola Amarilla o Límites Propios?

Las provincias se preparan para dar la pelea ante la Corte Suprema por el Fondo del Conurbano. Los fiscales de Estado de 22 provincias se juntaban y evaluaban cómo contestar a la Corte el planteo de Buenos Aires. Del encuentro participaban representantes de provincias gobernadas por todos los signos políticos, incluso de Cambiemos, a excepción de Buenos Aires y la Capital Federal. Julio Rodríguez Signes, fiscal de Estado de Entre Ríos y vicepresidente del Foro de Fiscales alertaba: “Si la Corte hiciera lugar en todas las pretensiones a Buenos Aires (…) generaría un conflicto social” (LN 23/9). La gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, no hizo esperar su planteo: “Buenos Aires aporta casi el 40% de los fondos nacionales, mientras que recibe el 18%” (LN 27/9).

De manera sintética, al igual que vimos el mes pasado, las contradicciones arrastradas por la constitución del Estado-nación argentino vuelven a emerger a través de la disputa entre el interior sojuzgado a la macrocefalia del país y su ciudad-puerto, fruto de la derrota de los proyectos independientes del imperialismo inglés y la oligarquía cipaya. La insolvencia de las provincias del interior, en el marco de relaciones que propone el proyecto del macrismo, con su consecuente disolución de los estados provinciales y municipales, pone en guardia no sólo a las fuerzas de distinto signo político sino a socios políticos de Cambiemos, representantes de las viejas oligarquías provincianas. Pues el proceso de reformas que empuja, que no es más que la forma institucional que requiere el proceso de concentración y centralización del capital, tiende a la disolución del estado-nación y, por lo tanto, mucho más de los estados provinciales.

Como dijimos al inicio del artículo, si la fortaleza de un proyecto político puede medirse por su capacidad de generar una fuerza social cohesionada, lo cual se asienta en su capacidad para reproducir e integrar a diferentes grupos subalternos –aquello que Antonio Gramsci denominara hegemonía−, y lo que vemos por parte de Cambiemos es que lo único que puede ofrecer a las demás sectores es mayor pauperización y represión para su disciplinamiento −por el grado de concentración y centralización que ha alcanzado el capital−, no nos encontramos ante un gobierno “fuerte”, tal como decía Perón, sino simplemente “de fuerza”.

Mientras, la campaña de UC se desarrollaba y CFK cada día jugaba más de lleno. Trataremos de hacer una recolección de los principales postulados que dejó CFK en la campaña. En una entrevista al diario El País de España, expresaba: “Habíamos dejado un país en marcha. Había dificultades, pero ¿por qué razón se empecinan en tirar todo abajo?” (LN 28/9). En la entrevista radial con Elizabeth Vernaci, agregaba: “Las manos en el fuego no las pongo ni por De Vido ni por nadie”. Y luego: “Si habría habido la inflación que decía la oposición, no hubiéramos tenido el boom de consumo que teníamos. Los teatros estaban llenos, la gente viajaba, se iba de vacaciones, se compraba casa, autos” (LN 12/10). Y de recorrida por San Martín, aclaraba que “no se trata de que volvamos nosotros como fuerza política. El pueblo tiene que volver y tienen que devolverle el Estado a la sociedad. (…) Los amigos del presidente Mauricio Macri se han apoderado del Estado” (P12 3/10).

A modo de ilustración, seleccionamos las citas más representativas de los límites estratégicos en la concepción política de la mayor y más combativa referente del frente nacional. Como venimos analizando a lo largo de los diferentes números del Análisis…, el problema no radica en que la gente no percibe que sus condiciones de vida han desmejorado; sino en ver a esas masas como un sujeto pasivo, el cual solamente se mueve por estímulos materiales. En esta línea, de lo que se trata es de quién oferta mejores cosas para que aquellas apoyen a un “grupo”, el cual resolverá los problemas sin que estas masas se hagan cargo de los mismos. Eso a lo que “no le encontraron la vuelta” −y que fue lo que la oligarquía explotó a la máxima potencia, llevando a la derrota electoral de diciembre de 2015− es la concepción de la reconstrucción de la burguesía nacional y el Estado como aparato primordial para las trasformaciones sociales. Esa idea que señalaba como sujeto de la historia al empresariado mercado-internista, ubicando a los trabajadores como meros consumidores para engordar el mercado interno, fue lo que la oligarquía, tanto en medidas económicas como en la lucha político-ideológica, explotó en su provecho, llevándonos del “ir por todo” a la “sintonía fina”. Pues, así planteada, la lucha del frente nacional se halla aún subordinada ideológica y políticamente a la oligarquía, es decir, a quien se pretende combatir. Con lo cual, no puede aquel resolver los problemas planteados. Sobre esta base, la política de desgaste y persecución orquestada por la oligarquía dejó sin capacidad de reacción a la fuerza social que representaba el Kirchnerismo. El agotamiento de ese proceso tuvo su expresión final primero en la candidatura de Scioli como remplazo de CFK y finalmente en su derrota en diciembre de 2015.

La revisión crítica anterior no quita el papel central que ocupa CFK en el proceso y lo acertado, como ya hemos repetido, de muchos de sus planteos acerca de la naturaleza de Cambiamos. En el cierre de campaña, realizado en el estadio de Racing Club, la misma decía: “Después de 20 meses de gobierno comprobamos que la única lealtad de Macri es a los grupos concentrados de la economía y a los fondos buitre. Ser peronista hoy es decir «basta ya Macri, de tanta malaria para el pueblo»” (LN 17/10).

Con los datos de las legislativas cerrados y la derrota confirmada, CFK volvía al ruedo: “Aquí no se acaba nada. Hoy aquí empieza todo. (…) Unidad Ciudadana ha venido para quedarse. Será la base de la construcción de la alternativa a este Gobierno” (LN 23/10). La necesidad de un órgano que se escinda de la concepción de la burguesía e interpele desde las tareas históricas que tienen planteadas los trabajadores argentinos y el pueblo en general va madurando día a día.

Luchan divididos, son derrotados todos juntos

La conflictividad social iniciaba el mes con manifestaciones de pequeños productores agrarios en Plaza de Mayo por la situación económica. “El Gobierno favorece al sector del campo más concentrado”, denunciaban los productores mientras hacían entrega de verduras en forma gratuita a la gente de paso, a modo de propaganda (P12 3/10).

La conflictividad obrera, en especial en la rama de logística, seguía in crescendo. Por un lado, en el sector de logística vinculado al petróleo se producían 70 despidos, por lo cual el sindicato de Camioneros realizaba diferentes bloqueos en la ruta 151, sobre los yacimientos de Pan América Energy, de la Familia Bulgheroni, y las refinerías de YPF en plaza Huincul y El Tapial (CL 2/10). La logística de la empresa láctea Cotar, ubicada en Villa Tesei, también despedía a 70 trabajadores, provocando otra medida de fuerza de Camioneros (LN 10/10). Por si fuera poco, el diario de la oligarquía al día posterior volvía a poner en el centro el conflicto de Camioneros, en este caso por despidos en el Parque Industrial La Cantábrica, de Haedo, donde también se realizaba un bloqueo ante despidos de una empresa (LN 11/10). La necesidad de bajar los costos laborales en general, con particular implicancia en la logística −ya que esta interviene estratégicamente en todo el proceso de circulación de las mercancías−, pone sobre la picota al gremio de Camioneros, que es una de las “piedras” en el camino que la oligarquía necesita deshacerse para avanzar con el proceso de reforma laboral. Pero Camioneros no es sólo un “escollo estructural” –por ser uno de los principales gremios que agrupan a los trabajadores de la logística, pilar central del proceso de ciurculación de mercancías cuyos costos el capital necesita ajustar−, sino también un “escollo histórico y político”. Recordemos, es este sentido, el papel que este gremio –con Hugo Moyano a la cabeza− jugó junto con otros en lo que fue el núcleo de la resistencia a las políticas neoliberales de los 90, y especialmente su oposición a uno de los pilares de dichas políticas: la denominada “Ley de Flexibilización Laboral”, aprobada durante el gobierno de Fernando De la Rúa mediante coimas a los senadores justicialistas en el Congreso. Sin dudas esta historia la tienen muy presente tanto los propios camioneros como el actual Gobierno CEO, que se dispone a llevar adelante una reforma laboral varias veces más regresiva para los trabajadores de lo que fue aquella “Ley Banelco”.

La embeestida contra los trabajadores y sus organizaciones sindicales seguía a la orden del día. El diario de la corneta indicaba: “La fiscal federal de Quilmes, Silvia Cavallo, denunció por extorsión al líder de la seccional La Plata de la UOCRA, Juan Pablo ‘Pata’ Medina, en medio de la ofensiva del gobierno contra la mafia sindical” (CL 25/9). A los dos días, La Nación “anoticiaba”: “Detuvieron al Pata Medina. (…) Tras una jornada cargada de tensión, que incluyó cortes de calles, quema de gomas, (…)  Juan Pablo ‘Pata’ Medina quedó detenido” (LN 27/9). A los pocos días, la presión proveniente desde el Ejecutivo Nacional surtía sus frutos, con la renuncia de la cúpula de la UOCRA de Bahía Blanca (CL 2/10).

La persecución sobre el movimiento obrero daba una escalada más. En este caso −más allá del enjuiciamiento sobre el dirigente platense o la renuncia de los bahienses−, hay que resaltar un aspecto central. La necesidad de la oligarquía de barrer con cualquier escollo a su programa −que toma aquí la forma de penalización o intervención directa a los sindicatos− tiene dos momentos. Uno es pegarle a los que se resisten, es decir, pegarle por lo correcto que tienen en cuanto a la defensa de los trabajadores, por más límites que ello tenga. El otro tiene que ver con la justificación que utilizan para avanzar sobre las organizaciones gremiales. Lo que ellos llaman “la corrupción” o “el accionar mafioso” no es otra cosa que el resultado de que una capa del movimiento obrero –sintetizada en sus direcciones sindicales− ha adoptado valores y lógicas de la burguesía: negociados particulares y demás prácticas que tienen mucho más que ver con principios empresariales que con principios de la clase trabajadora. Dichas prácticas son el resultado de una política que se dio la propia burguesía a nivel mundial y que tuvo su expresión también en la Argentina: el penetrar ideológicamente al interior del movimiento obrero utilizando a sus capas más altas, a través de salarios y demás condiciones de vida que se asemejasen más al modo de vida empresarial que al del obrero. Hoy, el achicamiento de la “torta de valor” obliga al gran capital a avanzar sobre sectores del movimiento obrero que otrora había metido en su bolsillo. Pues lo que tenía para repartirles se acabó. Ese es el significado profundo de la brutal avanzada contra algunos de los grandes sindicatos que vimos durante los últimos meses. La necesidad de desarticular a una capa del movimiento obrero que otrora había sido uno de los “arietes” del sistema de dominación de la burguesía, en nuestro caso, la oligarquía financiera-terrateniente. Por ello, cuando disparan contra la “corrupción” de dirigentes gremiales están disparando contra prácticas que ellos mismos fomentaron –y fomentan− en esas capas de trabajadores como elemento de su construcción hegemónica.

Mientras tanto, el conflicto estudiantil contra la reforma educativa seguía su camino. El viernes 22 de septiembre se realizaba una movilización estudiantil al Ministerio de Educación Nacional. “Hay muestras de cansancio, pero seguimos firmes con el apoyo a nuestros compañeros. Vamos a apoyarlos hasta que ellos decidan frenar”, expresaba Iñaki García Ribas, del Nacional de Buenos Aires. “Necesitamos tiempo para crear un proyecto y juntarnos a pensar. No podemos seguir improvisando”, expresaba por su parte Manuel Ovando, vocero del Centro de Estudiantes del Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández (LN 22/9).

El mismo día, La Nación sacaba una editorial rabiosa sobre el tema: “La educación está siendo vulnerada por la barbarie. Ninguna toma de colegios puede ser calificada de ‘ocupación pacífica’. (…) El propósito de la reforma es concretar una renovación tendiente a lograr una educación deseable para superar décadas de agotamiento y promover un espíritu motivador” (LN 22/10). Nada nuevo bajo el sol oligárquico. Se trata de adaptar la educación a la reforma laboral de marras, preparando mano de obra barata y hasta gratuita –a través de las “pasantías” del último año de la secundaria− para las grandes empresas. Todo lo que se oponga a este modelo será “atrasado” y “bárbaro”.

A los 4 días, se anunciaba la suspensión de las medidas de fuerza. “Estudiantes de al menos 13 de los 29 secundarios públicos decidieron suspender la protesta”. Nuevamente, Manuel Ovando aclaraba la medida: “Creemos que es momento de pasar a otras medidas que nos permitan reunir a más compañeros”. La Secretaria General del Centro de Estudiantes del Carlos Pellegrini, Victoria Caminos, también admitía que la toma ya no es “el camino más adecuado para avanzar en la protesta” (LN 26/9).

Con similitudes a lo que vimos en el análisis de las citas de CFK, el avance de la oligarquía de modificar el sistema educativo a imagen y semejanza de sus necesidades actuales empuja a fracciones gigantescas de la sociedad a diferentes formas de resistencia. En este caso –y como ya hemos señalado−, a capas de la pequeña y mediana burguesía porteña, las cuales, a futuro, no tienen lugar en el proyecto que enarbola Cambiemos. Por lo cual, agudiza los límites de la lucha reivindicativa inmediata que, sin un plan de conjunto que dé posibilidades de resolver el problema de fondo al que se enfrentan, provoca el “cansancio” del cual hablan los dirigentes estudiantiles, hasta que el movimiento de resistencia se agota y diluye.

El broche de oro lo colocaba un relevamiento de la consultora Diagnóstico Político, sobre la conflictividad social, donde anoticiaba: “Luego de un agosto surcado por un incremento de la conflictividad social, en septiembre se registró un descenso del 9% de los cortes de calles y cerró como el mes con menor cantidad de piquetes desde febrero (…). El descenso de los cortes fue considerable: un 20% menos que en 2016. Los motivos (…) giran en torno al leve repunte económico y a la disminución de los reclamos por parte de trabajadores privados. (…) Es una baja llamativa porque siempre en la previa de una elección tiende a aumentar la conflictividad. (…) El foco de protestas estuvo en la desaparición de Santiago Maldonado. (…) Si no, la disminución de cortes hubiera sido más marcada” (LN 5/10).

Como vimos más arriba, los límites con los que está chocando el movimiento nacional, en especial el movimiento obrero, radican en el choque contra un fenómeno que no termina de poder comprender, lo cual impide enfrentarlo de manera congruente. La victoria de Cambiemos en diciembre de 2015, que posibilitó a la oligarquía adueñarse del Gobierno, dejo “huérfano” de estrategia al movimiento nacional, ante la eclosión de la idea de que desde el Estado y con la burguesía nacional al frente se podía sostener un proceso de trasformaciones económicas y sociales en favor de las amplias mayorías. Ante esta orfandad, que no quita que continúe por el mismo camino, el movimiento de resistencia por parte de las masas va siendo derrotado y desarticulado, ahondando la crisis de representación que vimos al inicio del artículo; ya que las mismas no encuentran una entidad que le dé una cohesión colectiva y un plan de conjunto a la serie de luchas que cada sector lleva adelante.

La objetividad de la crisis y la conciencia de los trabajadores

En la movilización del 22 de agosto, la CGT había convocado a un Comité Central Confederal para definir los pasos a seguir, teniendo en cuenta las próximas elecciones legislativas y la andanada de reformas que se avecinaban, con eje en la reforma laboral. En una de las reuniones previas del secretariado para preparar el CCC, Omar Plaini, del gremio de Canillitas, afirmaba: “La CGT no abandonará la histórica defensa del modelo sindical argentino” (P12 20/9). A los pocos días, Pablo Moyano mantenía un encuentro en la CGT con Walter Correa, jefe del gremio de Curtidores, y Hernán Escudero, líder de Sadop (docentes privados), ambos vinculados al Kirchnerismo y a la Corriente Federal de Trabajadores, espacio que revindica la histórica CGT de los Argentinos y los programas históricos del movimiento obrero (LN 27/9). Con la posible incorporación del Movimiento de Acción Sindical Argentino (MASA) −encabezado por los peones de taxi de Viviani, los ferroviarios de Sergio Sassia, los luzifuerzistas de Guillermo Mosser, entre otros tantos− la “unidad ante el espanto” iba juntando a las diferentes corrientes del movimiento obrero (CL 1/10).

Tratando de poner paños fríos y de ganarse el favor de la central obrera, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, se reunía con los 37 miembros del consejo directivo y decía: “Brasil no es el espejo de la Argentina. (…) Por ahora no hay proyecto de reforma previsional” (CL 21/9). Acto seguido, ofrecía la extensión de la licencia por paternidad como signo de paz. Al día siguiente, el metalúrgico “Barba” Gutiérrez tenía que salir a aclarar por si alguien dudaba: “No estamos en una posición blanda, sino de negociación responsable” (LN 22/9)…

En este marco, se realizaba el encuentro del Comité Central Confederal en el Teatro Empire de La Fraternidad. El diario de la Corneta anoticiaba: “Sin Moyano, la CGT ratifica el diálogo con el Gobierno. (…) El Comité Central Confederal (CCC) facultó al Consejo Directivo de la CGT a continuar con el diálogo con el Gobierno y si no hay respuestas concretas luego del 22 de octubre convocar a un paro nacional como inicio de un plan de lucha”. Posteriormente al encuentro, el triunviro Juan Carlos Schmid aclaraba: “Mafia sindical no existe, son casos puntuales. Y la pregunta que nos deberíamos hacer es si los jueces, los empresarios, los políticos o quién sea, lo que quieren es un mundo sin sindicatos, sin contraparte social” (CL 3/10). Y otro triunviro, Héctor Daer, de Sanidad, también tenía que salir a aclarar: “Vamos a poner un límite y no permitiremos avances sobre nuestros derechos” (LN 4/10).

El diario de los Mitre iba aportaba datos precisos del nivel de participación. A pesar de la reincorporación del MASA y la CFT, la participación en el confederal fue de 95 sindicatos, sobre un total de 213 confederados.

Inmediatamente después, el ministro de Trabajo que había estado sentado con el secretariado de la CGT, en una reunión con empresarios y demás aristocracia de Buenos Aires, en el Rotary Club, dejaba bien en claro su posición: “Hay algunos [dirigentes sindicales] que están muy aggiornados, integran una dirigencia madura y están mirando el futuro en la Argentina, y que saben que tienen que debatir los cambios tecnológicos, las modificaciones en el sistema productivo. (…) Tenemos una sociedad dinámica y una economía que requiere de movilidad para desarrollarse” (CR 5/10).

Con la “declaración de guerra” hecha, las adhesiones se fueron sumando. Nuevamente, el presidente de Fiat, Cristiano Rattazzi, defendía una reforma laboral amplia: “Necesitamos leyes laborales que nos hagan competitivos en el mundo” (P12 7/10).

En el coloquio de IDEA, Paolo Rocca, de Techint, sentenciaba: “Hay tres temas en la agenda de largo plazo: el cambio de las relaciones laborales, el tema educativo y repensar la situación del Conurbano bonaerense, para que la Argentina avance en un esquema de gobernabilidad y de largo plazo. (…) El cambio en la tecnología transforma el mundo del trabajo a una velocidad muy superior a la de un ajuste gradual de las relaciones laborales. (…) Hay que darles flexibilidad. (…) El trabajo a término y la concepción del modelo laboral actual no son las del mundo que conocíamos. Una buena opción son los contratos colectivos y los contratos por empresas. Hay que revisar la rigidez que al final perjudica la capacidad de adaptación de la economía. Esto está en la agenda de todo el mundo: cómo adecuar las relaciones laborales con la disrupción” (CL 13/10). Más claro imposible.

Como vimos a lo largo de este Análisis…, la etapa de colapso en la que ha entrado el capitalismo a escala global tiene su “impacto” a escalas nacionales. Retomando las palabras del presidente de la Textil TN Platex, el principal problema que tiene el capital para invertir es un mundo en crisis donde no hay lugar para reproducirse bajo las mismas leyes del capital. El congreso de la Gran Burguesía argentina sellado en el coloquio de IDEA aprobó de forma tácita el avance a diestra y siniestra con todo el plan de reformas, con eje en la reforma laboral, es decir, en las relaciones de producción.

Ahora bien, como hemos repetido en múltiples ocasiones, esa transformación del “mercado del trabajo”, como lo definen los medios de comunicación, implica cambiar toda la superestructura jurídica de las relaciones laborales entre el capital y los trabajadores, pero no por una voluntad subjetiva de la burguesía, sino por una necesidad objetiva del capital de acumularse y reproducirse de manera ampliada, ya que si la expresión personal de ese capital no puede realizar ese proceso, será devorado por otro que sí pueda. Es decir, el desarrollo de la “cuarta revolución industrial”, que no es más que un salto exponencial en el desarrollo de las fuerzas productivas −tecnología, cibernética, internet de las cosas, automatización−, agudiza por un lado la lucha interburguesa, y por otro apremia la “descarga” de la crisis hacia los grupos subalternos, en especial los trabajadores. Lo que reclama Paolo Rocca no es más que institucionalizar el proceso de transformación real que está viviendo el “mundo del trabajo”, ya que los cambios materiales están siendo mucho más rápidos que la adaptación de la superestructura a los mismos. Por eso exige “adecuarse a la disrupción del trabajo”. Ya hemos citado en repetidas ocasiones que usinas del propio imperialismo, como el MIT (instituto tecnológico de Massachusetts), avizoran el remplazo de más del 50% de la fuerza de trabajo en menos de 20 años, es decir, la desaparición del trabajo en tanto compra y venta de fuerza de trabajo por el capital, con sus consecuencias política y sociales.

Por lo cual, la oligarquía y su lugarteniente en el Gobierno no son más que un momento de ese proceso más global que está viviendo el capital en su etapa final. Etapa en la cual, como decía Fidel Castro, allá por 2009, “el imperialismo se cayó, (…) digan que estoy loco”. Lo cual no quita que este vaya a luchar con uñas y dientes para la supervivencia de sus privilegios y condición de clase.

Mientras tanto, los sectores desplazados en el proceso, con eje en la clase trabajadora, necesitan dar un paso en comprender la OBJETIVIDAD del proceso que estamos viviendo. Esto es, que la crisis del capitalismo no es un problema de voluntad, sino de su lógica de acumulación misma; momento necesario para prepararse para su transformación total e inevitable. La Burguesía nos ha declarado la Guerra, a la par que las masas van dando pasos, con avances y retrocesos, en entender la naturaleza del proceso que estamos viviendo.



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