Revista Mensual | Número: Enero de 2018
Bajar en formato pdf
Fuentes consultadas: EE.UU.: Wall Street Journal (WSJ). Gran Bretaña: The Economist (TE). Alemania: Deutsche Welle (DW); China: Xinhua (XH); Rusia: Russia Today (RT); Irn: HispanTV (HTV) Venezuela: Telesur (TS). Cuba: Cubadebate (CD). Argentina: Clarín (CL); Crónica (CA); Cronista Comercial (CR); La Nación (LN); Miradas al Sur (MS); Página 12 (P12); Tiempo Argentino (TA).
[<< Volver a la primera plana]

Del reformismo permanente a los palos pa’ la gente

OMC y el TLC con Europa: la pena de ya no ser
A ritmo de colisión
Lo números al rojo vivo
Ajuste, ajuste y más ajuste. El satánico tridente de reformas.
Saqueo previsional


Sin atisbos de inversiones extranjeras y con un déficit creciente, sólo queda endeudarse y ajustar

Del reformismo permanente a los palos pa’ la gente

Dicen que, que cuando llegue
le van a dar, le van a dar
Dicen que, que cuando llegue
le van a dar, le van a dar

Mucho palo pa’ que aprenda
mucho palo pa’ que aprenda
a no volar a no volar
a no volar a no volar
Candombe tradicional Uruguayo


El mes de diciembre se vino caliente al igual que el clima veraniego. Dos acontecimientos de relevancia marcaron su evolución. Durante la primera mitad del mes, el centro estuvo en el encuentro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) del cual nuestro país fue anfitrión. El resultado sería un nuevo capítulo en la saga macrista de fracasos internacionales. Ésta vez, el gobierno rebotó en los intentos de acordar un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), no obstante los ingentes esfuerzos y publicidad invertidos para dicho fin. Así fue como nuevamente el gobierno Pro-imperialista fracasó en su tentativa por adscribirse a las grandes ligas de la burguesía mundial, aun cuando manifiesta sin disimulo estar dispuesto a jugar de aguatero. Los paupérrimos resultados dejaron en evidencia para todo el que quiso ver, la incapacidad del capital monopólico para acordar con las fracciones de capital subordinado de los países dependientes como la Argentina, cuyas riquezas necesita absorber sin dar nada a cambio. El creciente mecanismo de endeudamiento externo y de especulación financiera que se ha venido desarrollando desde que Macri asumió la presidencia de la nación, es un claro ejemplo de las inversiones reales que han caído sobre el país como una tormenta con granizo, y que dejan al aparato productivo nacional en condiciones miserables. Es el capitalismo y su crisis general. Cuantas más concesiones se les ofrecen a las corporaciones trasnacionales, más fulminante rapiñan parasitariamente las riquezas nacionales. 

La segunda parte del mes estuvo signada por las consecuencias del diabólico tridente de reformas anunciadas tras las elecciones (fiscal, previsional y laboral), repotenciadas en su “necesidad” tras el fracaso en el frente internacional, y el mal pronóstico para la “lluvia de inversiones”. Dichas reformas constituyen el signo inequívoco de la urgencia con que la gran burguesía oligárquico-financiera debe actuar, descargando su crisis al conjunto del pueblo para así ganar tiempo en su inevitable camino al purgatorio.

Entiéndase bien. Mientras avanza en el desfinanciamiento a las provincias, el robo a los jubilados y la profundización de la explotación de los trabajadores -centralmente a partir del intento por aumentar la extracción de plusvalía absoluta-; la gran burguesía capitula cada vez más porciones de soberanía a la voracidad del capital financiero internacional. Cada paso que la oligarquía financiera da en este sentido deja más al desnudo su naturaleza descompuesta y sangrienta.

Ahora bien, esta vez, la agresión gorila tuvo que enfrentar una inmensa respuesta popular que combinó distintas expresiones de movilización callejera, lucha parlamentaria y enfrentamiento directo -sostenido en el tiempo- con las fuerzas represivas del régimen. Aunque el análisis político de estos hechos constituye la materia del siguiente artículo de esta publicación, anticipémonos a afirmar que los sucesos del jueves 14 y lunes 18 de diciembre configuraron una nueva situación política en el proceso inaugurado el 10 de diciembre del 2015. Dicho cambio se explica por la irrupción de las masas y especialmente de la clase trabajadora en la escena política, jugando su experiencia de lucha y organización en la defensa de los derechos conquistados, que hoy una banda de desaforados pretende arrebatarle.

Diciembre no solo mostró la imposibilidad de imponer (por el consenso o la represión) un plan económico neoliberal que deje afuera a las mayorías populares. Las jornadas del 14 y 18 constituyen un momento bisagra en el ascenso de la lucha del pueblo trabajador, que va tomando conciencia del enemigo real que enfrenta y del papel que debe jugar en el campo político, conduciendo con su actitud combativa un frente que aglutine a todos los que luchan contra este régimen de miseria, saqueo y explotación. Veamos con detenimiento el desarrollo de los hechos.

OMC y el TLC con Europa: la pena de ya no ser

Yo estoy al derecho,
dado vuelta estas vos.
Sumo

 “Encerrarnos nos ha hecho daño, y la inserción internacional nos abre una oportunidad. Esperemos que en diciembre podamos tener novedades positivas” decía el jefe de Gabinete, Marcos Peña, en referencia a la XI Cumbre de la OMC que se realizaría en nuestro país (P12 29/11). En igual sentido se pronunciaba durante el evento el presidente de la Coordinadora para las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), Daniel Funes de Rioja, destacando el prolongado aislamiento de la Argentina en la comunidad internacional: “Ahora sí queremos integrarnos al mundo (…) Creemos en el sistema multilateral, en un comercio inclusivo con reglas claras y en que se faciliten las inversiones" (CR 13/12).  Dicho evento era presentado por el gobierno de Cambiemos como un triunfo aperturista contra los 12 años de “ostracismo K” y una oportunidad para mostrarse ante el mundo como un paladín del libre comercio (CR 11/12).

Pero a contramano de las expectativas, la cumbre se convertía en un fracaso en toda la línea. Roberto Azevedo, director de la OMC, en la sesión de clausura se lamentaba en los siguientes términos: “Hemos progresado en algunos ámbitos pero en la mayoría de ellos no fue posible, los miembros no se pudieron poner de acuerdo. Sabíamos que el progreso aquí exigiría un salto en las posturas de los miembros y eso no lo vimos. No hemos podido obtener resultados, no siempre es posible hacerlo” (LN 14/12).

Por su parte, la Comisaria de Comercio de la UE, Cecilia Malmström, era más enfática: “Está claro que esto fue una ocasión perdida. Estoy muy triste de decir que no hay nada, no hay resultados, ni siquiera pudimos acordar la reducción de los subsidios a la pesca ilegal, esto es realmente indignante” (LN 14/12).

Estados Unidos bloqueó todas las negociaciones sistemáticamente, a punto tal que su embajador se fue antes del cierre de la cumbre. Estados Unidos quiere destruir el sistema de negociación multilateral, quiere que la OMC fracase porque quiere acuerdos bilaterales”, explicaba Sofía Scasserra, investigadora del Instituto del Mundo del Trabajo Julio Godio, Untref (P12 14/12).

Como señalamos ya en el primer artículo de esta publicación, la XI Cumbre de la OMC en Buenos Aires dejó al descubierto la crisis de gobernanza del mundo capitalista. De esta manera, una vez más quedaba expuesta la insuficiencia de las instituciones multilaterales para actuar como instrumentos de coordinación global.

Vivimos en un mundo signado por el permanente aumento de la marginalidad, la desocupación y la pobreza, mientras el 1% de la población mundial posee más riqueza que el 99% restante; donde el rendimiento del capital es cada vez más pequeño consecuencia precisamente de su propia dinámica de acumulación (el tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción de las mercancías se reduce a ínfimas expresiones). En esta situación, la gran mayoría de los países miembros de la OMC no están dispuestos a votar medidas que, al permitir la introducción de competidores externos en sus mercados nacionales, erosionen aún más sus tambaleantes economías, poniendo en riesgo inclusive la paz social.

En esta coyuntura los aires aperturistas y las “loas” a los capitales salvadores de la letanía macrista, se fueron acallando rápidamente. A la frustración general se le sumó el ruidoso fracaso del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la UE, algo que venía siendo presentado por Argentina y Brasil  como parte del nuevo momento que está viviendo la región, tras la asunción de gobiernos de claro “corte neoliberal”.

Las deliberaciones llevadas a cabo entre los dos bloques continentales a lo largo de 30 rondas bilaterales no arribaron a nada. Ni siquiera se logró una declaración final maquillada y disfrazada de “futuro acuerdo”. El “núcleo duro” europeo, encabezado por Francia, no está dispuesto a ceder nada en materia de mercados para productos agropecuarios a favor de nuestros países. Por otro lado, Europa trajo una demanda de apertura de las licitaciones para “compras públicas” de los gobiernos sudamericanos, por la cual exigen la aplicación del modelo de “licitación cerrada”. De esta manera, ni la voluntad de “ceder”-aun al costo de entregar a la buena de dios las respectivas industrias nacionales- de parte de Macri y su par brasileño Michel Temer resultó suficiente.

La fractura es tan profunda y tan fácilmente observable que incluso se manifestó al interior del bloque europeo. Mientras la Comisaria Europea de Comercio, Cecilia Malmström (representante de los intereses de los sectores industriales del bloque, fundamentalmente alemanes), empujaba un acuerdo con el Mercosur, Francia -a la cabeza de las economías con fuertes intereses agrícolas del bloque- la fustigaba públicamente: “¿Qué puede saber o defender en materia de comercio agrícola una funcionaria sueca que no conoce a nuestras zonas rurales?”(P12 14/12).

Precisamente, un punto importante en el fracaso de las negociaciones fue el tema de las carnes. Mientras el Mercosur pretendía alcanzar un cupo de 380.000 toneladas para sus exportaciones, la UE no estuvo dispuesta a ofertar más de 70.000. Ante la intransigencia europea, Mario Ravettino, presidente de ABC del Consorcio de frigoríficos fue determinante ante el gobierno: “No aceptamos la oferta europea bajo ningún punto de vista ya que consideramos que debe ser sustancialmente superior” (CL 2/12).

Mientras se esperanzaba y echaba amargas culpas al populismo “derrotado”, el matutino de la familia Mitre esperaba un resultado favorable de las negociaciones. En su columna editorial proclamaba: “En 2005, la Argentina exportaba al mundo 700.000 toneladas, pero tras las trabas del gobierno anterior las exportaciones cayeron a menos de 200.000 toneladas. En pleno Mundial de fútbol de 2006, el país dejó sin carne a Alemania. En tanto, contra las 230.000 toneladas de 2016, la Argentina cerraría 2017 con ventas por 300.000 toneladas, un 30% más. El gobierno del presidente Mauricio Macri está intentando volver a poner al país en el mundo, en el circuito comercial internacional, y el mercado de la UE es uno de los que más reconoce la calidad de nuestras carnes y su proceso productivo” (LN 6/12). Pero para Europa, primero está Europa, y sus productores están antes que la buena calidad de nuestras carnes. En un mundo abarrotado de mercancías que pugnan por realizarse, la oligarquía rioplatense -creada hace más de siglo y medio por la necesidad del capital europeo de materias primas y alimentos baratos-, parece ya no ser para el amo lo que antaño fue. En otras palabras: para que le “cierren los números”, el capital monopólico necesita abaratar mucho más los productos primarios de los países dependientes. Queda en evidencia la dificultad de esos monopolios para continuar reproduciendo a las fracciones nacionales subordinadas que históricamente se constituyeron como un apéndice suyo para imponer las relaciones de producción capitalistas a lo largo de todo el orbe.

A ritmo de colisión

El empresariado argentino sufre la misma contradicción que veíamos en el bloque europeo entre  sectores industriales y agrarios, pero invertida. Mientras el agro empuja el acuerdo de libre comercio y se queja de las barreras arancelarias del Viejo Continente, los sectores industriales piden protección para impedir el ingreso de manufacturas industriales.

En ese sentido, el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, aseguraba: “En las pymes industriales de diferentes sectores -textiles, metalúrgico, papeles, etcétera- existe un gran temor por el acuerdo debido a las grandes asimetrías que hay entre ambas regiones (…) el fuerte impacto social que va a producirse teniendo en cuenta la forma indiscriminada de importaciones que van a venir de Europa es de consecuencias irremediables. No queremos que se vuelva al pasado cuando, por culpa de las importaciones indiscriminadas, se perdieron industrias y valores, y hubo una fuerte crisis de las familias” (LN 4/12). Este sector teme, con total justeza, ser entregado por el gobierno como prenda de sacrificio para lograr el acuerdo.

Por su parte, las grandes cámaras industriales se mostraban dispuestas a la negociación. Así lo hicieron, por ejemplo, las cámaras de la industria metalúrgica y siderúrgica, que pidieron un umbral alto para las normas de origen. Un mecanismo que permitiría evitar que ingresen a la Argentina libre de aranceles productos fabricados mayormente en Asia pero etiquetados en Europa. También los laboratorios y las empresas de agroquímicos reclamaron la exclusividad de los datos de prueba que se hacen para homologar nuevas drogas y una extensión en los plazos para la protección de patentes (P12 7/12).

A su vez, en el encuentro nacional de la Unión Industrial Argentina, su presidente Miguel Acevedo, unos días antes de la cumbre de la OMC, pedía al Gobierno “encarar el equilibrio entre exportaciones e importaciones y la puesta en práctica de políticas sectoriales industriales”, además de “bajar el componente no salarial del costo laboral que no significa perjudicar al trabajador, al contrario, es mejorar las condiciones para producir más y mejor”. Luego intentó parafrasear a Perón, afirmando que “producir es generar empleo”, aunque el General en realidad dijo “gobernar es crear trabajo”. Pero, el concepto que sintetizo el ánimo de los industriales durante toda la jornada fue: “El objetivo es perder poco” (LN 29/11).

También Luis Pagani, de la poderosa multinacional de golosinas ARCOR, aportó su punto de vista sobre la cuestión: “[el acuerdo con la UE] No es un acuerdo entreguista. El mundo va hacia una disminución de los aranceles pero el gobierno tiene que trabajar con las cámaras empresarias para que se adapten los sectores sensibles (…) Creo que se puede firmar un acuerdo marco pero no sabemos en qué tiempo se podrá implementar” (P12 13/12).

La fisura se evidencia entre los grupos más concentrados, con capacidad de exportar, y los capitales medios y pequeños, que sólo pueden realizar sus mercancías en el mercado interno, cada vez más avasallado por productos importados que contienen muchísimo menos valor.

En lo que sí coincidieron las distintas fracciones del capital asentado en la industria fue en reclamarle al gobierno la reducción de costos. Pero a la hora de valorar las medidas encaradas por el macrismo para alcanzar dicho objetivo, volvían a aparecer las rispideces y diferencias al interior de los industriales.

Paolo Rocca, CEO de Techint, en el marco de la cumbre de la OMC, manifestaba en los siguientes términos su apoyo al rumbo del gobierno: “Argentina tiene muchas rigideces y cargas sociales que desalientan la incorporación de trabajadores y afectan la competitividad. Con la reforma laboral y los acuerdo sectoriales el Gobierno empezó a tener presente esas cuestiones” (LN 13/12). En contraste, el presidente de la 23° Conferencia Industrial, Eduardo Nougués, hombre de Ledesma (industria azucarera), se declaraba en pie de guerra con el gobierno por los aumentos a los impuestos que implica la reforma fiscal: “Nos sorprendió el impacto de la reforma tributaria en las economía regionales. Es un golpe (...) Hay sectores que están viendo en qué terminan esas medidas y el final es poco feliz. Hay un déficit que el Estado financia con fondos del exterior, lo que implica una competencia con los privados. La suba de tasas para bajar la inflación es una herramienta monetaria que deja a las pymes muy descolocadas en favor de los sectores especulativos” (LN 29/11).

Ahondando aun más la grieta corporativa, Dardo Chiesa, presidente de CRA punteaba: “El sector agropecuario sigue siendo el que paga. Las tan ansiadas reformas anunciadas por el presidente Mauricio Macri (…) en el detalle, han sido sólo palabras (...) el sector agropecuario sigue siendo el que paga. Es el momento de hablar de la responsabilidad fiscal, de la inflación y los impuestos. Esto no es negociable. Hay que reducir la carga tributaria. El impuesto inmobiliario rural en la provincia de Buenos Aires aumenta en promedio un 50%; en Córdoba, un 38%, y en San Luis, un aumento semejante: 40% (...) Por otra parte, los aumentos de combustibles. Desde diciembre de 2016, ya tenemos 13.000 millones de pesos en aumentos de combustible sobre la campaña agrícola. Sumado a estos aumentos, la burocracia tampoco cede (...) La creación de un nuevo registro sin la eliminación de otros va en sentido contrario a lo que dijo el Presidente (...) De esta manera, no nos queda otro camino que entrar en ritmo de colisión” (LN 9 /12). Pero la colisión es inevitable porque, como quien dice “no hay pa’ todos”.

 Lo números al rojo vivo

Como señalábamos el mes anterior, la economía viene dando ciertas muestras de reactivación.  Durante el segundo trimestre del año la suba del PBI fue de 2,7 interanual. El consumo masivo creció en el tercer trimestre 1% respecto de igual período del año pasado. Se trata de la primera variación positiva luego de ocho trimestres de contracción, según un informe aportado por Kantar Worldpanel. La consultora, no obstante, estimó para el 2017 una baja acumulada del 0,5% en relación con 2016. Aun así, “todos los sectores muestran una recuperación, excepto lácteos y refrigerados” (P12 27/11).

A la par del consumo, los números industriales subieron un 2,3% interanual en septiembre, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). De acuerdo al Estimador Mensual Industrial (EMI) que publica el organismo oficial, la actividad fabril creció un 1,5% interanual en el acumulado de los primeros nueve meses del año. La industria “está mejor pero con heterogeneidades”, explicó el economista jefe de la UIA, Diego Coatz. Según el especialista, entre enero y octubre, los sectores de insumos de la construcción, despachos de cemento y acero mostraron un avance del 11%, mientras que madera y muebles, caucho y plástico, automotriz, alimentos y metalmecánica mejoraron sólo un 2%. En contraste, farmacéuticos y químicos, papel y cartón, edición e impresión y textil e indumentaria cayeron un 4 %.

Por su parte las ventas de autos 0 km siguieron avanzando. Según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) en octubre se patentaron 77.227 vehículos, un alza del 21,5% en comparación con el mismo mes de 2016. El sector acumula un total de 778.927 rodados vendidos en los primeros diez meses de 2017, un 27,8% más que en igual período del año pasado. Aunque, como señaló Hernán Dietrich, presidente del Grupo Dietrich: “Si bien es positivo que aumenten las ventas, no es sustentable que quienes ganen sean los autos de origen brasileño” en alusión a que el 80% de las ventas son de autos importados (LN2/12).

Pese a la mejora en algunos índices, la destrucción de empleos industriales no se detiene. En septiembre se perdieron 2.100 puestos de trabajo que en la medición sin estacionalidad arroja una contracción de 3.100 empleos en el sector. Cuando se comparan los datos con el mismo mes del año pasado la caída alcanza hasta las 27.000 posiciones, una pérdida equivalente al 2,2% del empleo en esas actividades. La baja en la producción fabril acumulada desde el recambio de Gobierno arrojó una retracción de 67.940 puestos de acuerdo a los registros administrativos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) (LN 30/11).

Para el Ministerio de Trabajo, hubo una mejora en los niveles de empleo total, al crearse 38.100 puestos nuevos en septiembre. Pero del total tan solo 8.100 corresponden a asalariados del sector privado, el resto son  nuevos monotributistas (12.700), empleados públicos (6.400) y monotributistas sociales (10.500). Los números hablan por sí solos: la destrucción de empleo en la industria es compensada con trabajo precario y de menor remuneración (P12 30/11).

Otra demostración de los límites de la reactivación económica son los datos de recaudación. Ésta se ubicó en 224.463 millones de pesos en noviembre, con un alza del 23,1% respecto del mismo mes del año pasado. En los primeros once meses del año se acumuló un ingreso de 2,343 billones de pesos, con un avance de 30,6% en relación con igual período del 2016. Es decir que en noviembre, los recursos que embolsó el Estado a través de los impuestos no aumentaron en términos reales puesto que subieron al mismo ritmo que la inflación.

Pero, mientras la recaudación se estanca por la parálisis del mercado interno, el déficit primario fue este año del 4,30% del PBI y el déficit provincial del 1% del PBI. Esto sin contar el déficit por intereses de deuda externa que suma otros 2,30% del PBI, mientras que el déficit cuasifiscal por intereses de Lebacs representa un 1,70% más del PBI. Lo que arroja un escalofriante déficit consolidado de 9,30% del PBI (CR 13/12).

La balanza comercial cerró octubre con un saldo negativo de 955 millones de dólares. Este resultado se debió a que las exportaciones, si bien crecieron, sumaron 5241 millones de dólares (+10,8% interanual), mientras que las importaciones lo hicieron en 6.196 millones de dólares (+29,5%). En parte por un deterioro de los términos de intercambio que empujaron a la baja (-1,4%) los productos made in Argentina, mientras que las compras en el exterior subieron (+3,2%). Con el rojo de octubre (17,6 veces superior al de 54 millones de dólares de igual mes del año pasado), la balanza acumula un déficit de 6.115 millones de dólares en lo que va del año, que contrasta con el superávit de US$ 1.811 millones que acumulaba a esta misma altura en 2016, según reportó  el Indec. El desbalance externo apunta a ser “el más alto en 25 años y con una dinámica macro (crecimiento apalancado en inversiones, consumo repuntando y apertura comercial) que tenderá a profundizarlo, a tal punto que cerraría el año por encima de los 8.000 millones de dólares”, advirtió la consultora M&F (CL 29/11).  El rojo creciente en la balanza comercial es un dato más que preocupante ya que representa divisas que salen al extranjero, cuando son cada vez más requeridas para el pago de intereses de la deuda.

Según el titular del Observatorio de la Universidad del Litoral, Miguel Ángel Asensio, la deuda pública crece 1.204 dólares por segundo. “La deuda es un reflejo del desequilibrio fiscal que tiene el país. El ritmo del endeudamiento puede ser sostenible por un tiempo, pero no puede ser una política permanente. Porque un país que tiene estas necesidades de financiamiento y tiene que salir a los mercados todos los años para conseguir 40.000 millones o 50.000 millones de dólares, está expuesto a shocks externos que le impidan, en algún momento, conseguir tamaño financiamiento, y lo obligaría a hacer un ajuste fuerte” (CL 29/11).

El estancamiento de la recaudación (producto de las exenciones impositivas a los grandes terratenientes y a los capitales más concentrados, así como al achicamiento del mercado interno), mientras continúan aumentando los pagos por los intereses de la deuda (que se ha convertido en la principal fuente de dólares del gobierno), disparan el rojo de las cuentas públicas en una espiral catastrófica. Este fenómeno visto por el espejo deformado de la oligarquía, -que invierte los términos- se representa como la necesidad de reducir el gasto público “improductivo” tanto nacional como provincial. Esto es achicar en educación, salud, jubilaciones y pensiones, seguridad social, etc.; para poder responder a las crecientes “obligaciones externas”, condición de nuestro “reingreso al mundo”. Que el pueblo viva cada vez peor para pagarle a los especuladores, es estar mejor. ¡Una verdadera locura!

Aun así, cerrada la posibilidad de ser “rescatados por el mundo”, sin acuerdos que auguren la tan esperada lluvia de inversiones, con los números que no cierran y todos “tironeando”; la gran burguesía-oligárquica-financiera, solo tiene un camino para no fracturarse y sucumbir: debe descargar su crisis al conjunto del pueblo.


Ajuste, ajuste y más ajuste. El satánico tridente de reformas.

Si nuestro sudor sirviera
Ya habría un sudoructo
Marcelo Berbel.

El pacto fiscal, con su respectiva reforma tributaria, fue presentado por los voceros del gobierno como una normalización de las cuentas provinciales y una baja integral de impuestos para estimular la actividad económica. En criollo esto quiere decir sacarles impuestos a los ricos y a las corporaciones, mientras se compensa esta reducción impositiva con un ajuste de los Estados provinciales y Nacional.

Entre los puntos principales de este pacto, se encuentra la obligación de las provincias de reducir los impuesto a Ingresos Brutos y a los sellos por el 1,5% del PIB en los próximos cinco años, mantener los  gastos corrientes constantes en términos reales, adherir al proyecto de reforma previsional y desistir de los juicios contra el Estado nacional, que suman unos 800 mil millones de pesos por los cuales el Gobierno les dará un bono de acuerdo con sus respectivos coeficientes de Coparticipación. “El bono a favor de las provincias es para consolidar deuda con el Estado nacional y para que después el déficit se cubra con deuda provincial” (P12 4/12).

El punto central del acuerdo es la eliminación del artículo 104 de la Ley de Ganancias. Allí se establece que de todo lo recaudado por Ganancias, el 20% vaya a la Anses, el 10% al Fondo del Conurbano (con tope de 650 millones de pesos anuales), el 2% al Ministerio de Interior, el 4% al resto de las provincias y el 64% restante se distribuya por coparticipación. Con este acuerdo, el Gobierno pretende limitar en un 3,2% el déficit primario en 2018, un año en que no contará con los ingresos provenientes del blanqueo de capitales (0,3% del PBI) y en que estará condicionado por la baja mensual de las retenciones a las exportaciones de soja (0,4% del PBI); la devolución de 3 puntos de coparticipación a las provincias (0,2% del PBI) y el gasto de la Reparación Histórica (CR 29/11).

La dirección de la reforma se orienta al congelamiento de los salarios y a la aplicación serial de despidos en la administración pública. Desde el gobierno nacional a través del área de Modernización del Estado se presentó un esquema denominado “de adecuación”. El mismo consiste en intimar a jubilarse a todo trabajador en condiciones de hacerlo, cortar contratos a aquellos que se hayan ausentado en forma reiterada sin justificación, y no renovar los contratos que culminan a finales de diciembre en las áreas consideradas como “superpobladas”. A nivel nacional, el Estado cuenta con 193 mil trabajadores. En diciembre culminan contratos para 80.000 empleados (65.000 con contratos directos, el resto con convenios con Universidades). Con el recorte del 18% de la planta total - unos 35.000 puestos- se busca un ahorro fiscal cercano al 0,3% del PBI. “Es un mensaje de austeridad, en momentos en los que el Gobierno está pidiendo a todos los sectores que hagan un esfuerzo”, explicaba el Ministro de Modernización, Andrés Ibarra (CL 27/11).

Sumado a los despidos que ya iniciaron, en diciembre se sumaron dos casos emblemáticos que hacen al desguace de las áreas estratégicas del Estado: Fabricaciones Militares y la industria nuclear.

 En las cuatro unidades productivas de Fabricaciones Militares (Villa María, Río Tercero, Azul y Fray Luis Beltrán) se hizo circular la posibilidad de 600 despidos sobre un total de unos 2.050 trabajadores, de los que 1.634 son contratados. Para 2018 el Presupuesto prevé para Fabricaciones Militares un aumento de 4% a sus recursos, cifra que no cubre ni la evolución de la pauta salarial; será de 2.565 millones de pesos, cien millones más que en el actual ejercicio. Fernando Peirano, delegado de la fábrica de Fray Luis Beltrán, planteó que “por la incapacidad e intencionalidad de los ministros de Defensa se caen proyectos, no hay plan productivo, no hay presupuesto en el Ejército”. La unidad emplea 440 personas y es en la que más amplia gama de productos para la defensa se produce (artillería, fusiles, renovación de FAL, pistolas, chalecos antibalas, cartuchos, activos químicos y desmilitarización de material bélico). Lo mismo viene sucediendo en la unidad de Río Tercero (516 trabajadores, 93% contratados) en la que en los dos últimos años se fue mermando la producción en el área mecánica y sólo se están haciendo algunas tareas para privados locales y reparando los vagones del Belgrano Cargas. Hasta fines de 2015 producían herramental para el anclaje de las minas de Río Turbio, radares meteorológicos y de control de frontera, además realizaban la modernización de los cañones 155. Desde la sede de Villa María, el delegado del personal describió que en 2016 se produjeron 56 toneladas de pólvora (“una debacle”) y que para el año que viene se proyectan 42. “Un gran cliente privado nos informó que no le venden lo que demanda y así crecen las importaciones de Brasil” decía el representante gremial (LN 5/12).

Mientras se debilita Fabricaciones Militares, también se avanza en la destrucción del Complejo Nuclear de Atucha. Ya fue informado que de los algo más de 2.100 trabajadores, 700 perderán su empleo a fin de año por el nuevo plan de “austeridad” que tiene tres aristas: despidos, retiros “voluntarios” y jubilaciones compulsivas (P12 5/12). A la política de despidos en Atucha hay que sumarle el virtual desfinanciamiento del proyecto de construcción del Reactor Nuclear Argentino Multipropósito (RA-10) que aseguraría el 100% del abastecimiento en materia de radioisótopos para uso médico necesario en el mercado nacional, la incertidumbre sobre la continuidad del CAREM (Central Argentina de Elementos Modulares) que permite el abastecimiento eléctrico de zonas alejadas de los grandes centros urbanos o polos fabriles con alto consumo de energía, y las dudas sobre la realización de los proyectos de construcción denominados “Cuarta y Quinta Centrales nucleares” (Ver: ADN www.adnrionegro.com.ar 19/12).

Ambas industrias constituyen dos de los sectores de más alto desarrollo tecnológico nacional. Su desguace representa una pérdida dramática en términos de independencia económica y soberanía política. Actitud congruente con la conducta que históricamente ha tenido la oligarquía cipaya y vende patria, dada su condición de burguesía subordinada a los capitales monopólicos (foráneos, digamos), que siempre entregó los núcleos tecnológicos con los que sería posible edificar la soberanía nacional a la rapiña del imperialismo. Tal posibilidad no forma parte del interés esencial de la gran burguesía argentina, hija del propio capital imperialista.

Por su parte las provincias no se quedaron atrás con el vademécum neoliberal de achicamiento del gasto y ajuste.  El primero en plasmar las reglas del recorte fue el salteño Juan Manuel Urtubey. El congelamiento de los salarios y de la contratación de funcionarios públicos es el corazón del ajuste en Salta. El paquete incluye un plan de retiros voluntarios y la promoción de la jubilación de empleados. En Mendoza, el radical Alfredo Cornejo redujo drásticamente la cantidad de ministerios: de los 14 del gobierno del kirchnerista Francisco “Paco” Pérez pasó a 5; a lo que se debe sumar el hecho que desde diciembre de 2015 la planta de funcionarios ya se había reducido en un 30%. El sanjuanino Sergio Uñac avanzó varios casilleros en la eliminación de Ingresos Brutos. Están exentas la actividad agropecuaria y la industria, y el comercio tiene una alícuota general del 3%. La reforma, que ya tiene media sanción del Senado, prevé un máximo de 5 puntos en cinco años. También en Entre Ríos se redujo la cantidad de ministerios. El peronista Gustavo Bordet eliminó dos de las siete carteras que heredó y también eliminó Ingresos Brutos para la industria. Río Negro también anunció recortes. El gobernador Alberto Weretilneck decidió congelar la planta de empleados públicos y ofrecer retiros voluntarios, para lo cual el Gobierno nacional comprometió financiamiento. Anticipó, además, que la discusión de aumentos salariales no arrancará hasta el año próximo y que no pagará bonos a fin de año. En Chaco, Domingo Peppo congeló los ingresos a la administración pública, salvo en las áreas de seguridad y salud. En Tucumán, no está previsto ningún recorte en el sector público, aunque se congelara la planta. En Córdoba no se estudian grandes cambios ya que la reducción en las alícuotas de Ingresos Brutos está contemplada en el presupuesto del año que viene y la relación de empleados públicos por habitante es de las más bajas del país (LN 4/12). En Tierra del Fuego, el personal administrativo ya no puede hacer horas extras y en el caso de los empleados operativos (un juez, un inspector) se las redujo a la mitad. Tierra del Fuego integra el grupo de 13 distritos que no transfirieron sus cajas de jubilación y que serán compensadas mientras avanza el proceso. Con un déficit de 2.000 millones de pesos, si no lo reduce drásticamente como pactó con el Gobierno, no sólo sufriría el recorte de fondos nacionales para obras, sino que quedaría, además, en la mira de sus acreedores externos, que podrían declararla en default y ejecutar sus regalías petroleras (CR 4/12).

Fue en esta provincia donde el Poder Ejecutivo Nacional obligó, a lo Vito Corleone, a los trabajadores metalúrgicos a firmar un acta de compromiso que disponía el congelamiento de salarios de la industria en la isla por dos años a cambio de la endeble promesa de que no habría despidos ni suspensiones en ese lapso. La oferta “que los trabajadores no pudieron rechazar” prometía que, de no aceptarse el acuerdo, el Gobierno Nacional retiraría intempestivamente el régimen de promoción industrial (de la otra manera se iría extinguiendo paulatinamente hasta el 2023). Sin embargo, aun con la firma del acuerdo fresco la Secretaría de Comercio sacó los productos electrónicos del sistema de licencias no automáticas, tirando por tierra todo lo prometido con respecto a la gradualidad del ingreso de los productos importados (LN 8/12).

La extorsión y la amenaza se van convirtiendo en las únicas herramientas con las que cuenta el gobierno para avanzar en su programa de ajuste y depredación. El caso más emblemático, que mejor ilustra la debilidad de la política oficial, la constituyó este mes la reforma del sistema previsional, eslabón clave en el acuerdo fiscal.

Macri, con el fallo del “Fondo del Conurbano” en su mano, esgrimió la amenaza de desfinanciar a las provincias que no aceptasen pactar la quita a las jubilaciones. Los gobernadores, atrapados en la misma lógica que el ejecutivo nacional, se subordinaron a la humillante imposición de Nación. Pero el éxito pírrico de esta política va configurando una situación de cada vez mayor aislamiento para el gobierno de Cambiemos, al verse descubierta, cada vez con mayor claridad, su verdadera naturaleza: son los grupos económicos altamente concentrados los que gobiernan el país, y sus intereses son antagónicos con los del grueso del pueblo argentino.  

Saqueo previsional

Apurados por avanzar en el paquete de medidas tan demandadas por los centros de poder internacionales y nacionales, y prometidas con bombos y platillos tras el triunfo electoral del pasado octubre, el Gobierno habilitó sesiones extraordinarias en el Congreso Nacional para adelantar su tratamiento.

El centro de la reforma previsional consistió en un cambio de fórmula con la que se calcula el aumento de las jubilaciones, las pensiones, la Asignación Universal por Hijo, las asignaciones familiares, y las pensiones para discapacitados. La nueva fórmula prevé un perjuicio para todos estos sectores de casi el 10% de sus ingresos durante el 2018. Un “ahorro” de más de 120.000 millones de pesos (CL 4/12).

Un efecto colateral, pero no por ello menos importante (que marca además la naturaleza estructural de la tendencia reformista-ajustadora del gobierno) lo constituye el impacto fiscal que la reducción jubilatoria tendrá en las provincias. Según Emmanuel Álvarez Agis (que fuera viceministro de Economía durante el kirchnerismo) la pérdida de recursos para el conjunto de las provincias será de 97.500 millones de pesos. En términos brutos la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma cargan, entre ambas, con más del 51% de las pérdidas de ingresos por el impacto de la reforma previsional. Le siguen, por orden de magnitud en el perjuicio, las provincias de Santa Fe (7,6 mil millones de pesos), Córdoba (7,4 mil millones), Mendoza (4.8 mil millones), Tucumán (3,4 mil millones), Salta, Río Negro y Entre Ríos (cada una con 2,4 mil millones de pesos). “En disidencia con los discursos optimistas de los funcionarios, esta merma repercutirá directamente en el mercado, porque habrá menos dinero en circulación y la caída en el consumo en las provincias sería una consecuencia inevitable” explicó el ex funcionario, y apuntó que “el peso del impacto cambia significativamente si se lo evalúa como porcentaje de los recursos tributarios de cada provincia. Siguiendo este criterio, la reducción del gasto en seguridad social representa el 42,9 por ciento de los recursos tributarios provinciales de Santiago del Estero, y el 39,9 por ciento de los de Formosa. En La Rioja, tal recorte representa 36,9 por ciento de los recursos propios;  el 36,7 por ciento de los de Jujuy, el 36,5 por ciento de San Juan, el 33,5 por ciento de Corrientes, y el 32,1 por ciento de Catamarca. En cambio, para los distritos a los que le toca la mayor magnitud de reducción en los beneficios de la seguridad social, provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma, la significación como porcentaje de los recursos tributarios propios, sólo alcanza al 19 y al 12,1, respectivamente” (P12 19/12). De esta manera, continúa configurándose el cuadro de disgregación de la unidad política y territorial de la Nación por medio de la selección “anti-natural” del mercado de provincias viables e inviables.

El impacto que la medida ocasionará en el ya retraído mercado interno impulsó a la cámara de capitales medios y pequeños locales, Confederación General Empresaria (CGERA), a manifestar su rechazo a la norma. Su presidente, Marcelo Fernández, expresó: “Si se le saca plata a los jubilados también se le quita al consumo interno. Esta quita afectaría al mercado interno porque los veteranos de Malvinas, los jubilados y los beneficiarios de AUH no ponen su dinero en un plazo fijo, lo vuelcan al consumo. ¿Cómo vamos a hacer para suplir ese dinero del consumo si esta ley se aprueba y las estimaciones son correctas? El consumo interno es el motor de la economía argentina y acompaña al empleo” (P12 19/12).

Otra voz que se alzó en disidencia fue la de la Iglesia de Córdoba que directamente pidió “no votar el proyecto oficial”. Lo hizo a través de la Pastoral Social de la provincia enviando una carta a todos los diputados nacionales por Córdoba en la que les pidió que no votaran el proyecto de reforma jubilatoria. El texto invoca la necesidad de que los legisladores consideren  la Doctrina Social de la Iglesia en relación con los mayores, “enseñanzas a las que adhiere el papa Francisco, tantas veces mencionado en el discurso social y político actual (...) Les pedimos tengan a bien procurar iniciativas que garanticen el pleno acceso de los jubilados a los medicamentos y demás bienes necesarios para una vida digna”. Esta comisión, que está conducida por el sacerdote Munir Bracco y depende del arzobispo Carlos Ñáñez destaca que dicha doctrina reconoce que la pensión es “uno de los derechos de los trabajadores” (LN 15/12).

Pese a estas voces de rechazo, el grueso de la burguesía criolla y extranjera salió en apoyo del gobierno y de las medidas de ajuste y represión al pueblo. Así lo hizo, por ejemplo la contradictoria CAME, que aunque fiel a su tradición antidemocrática, en estos tiempos de concentración económica sale en apoyo de sus inevitables verdugos. En un comunicado emitido tras el enfrentamiento y represión de la jornada del jueves 14, lamentó que grupos de manifestantes atenten contra el sistema democrático y advirtió sobre destrozos provocados en comercios y espacios públicos: “Los comercios tuvieron que cerrar sus persianas durante casi toda la jornada. La gente necesita terminar el año en paz”, sostuvo su presidente, Fabián Tarrío (ver: Ambito.com 18/12).

Mucho más importante que los tenderos de CAME, fue el comunicado del Foro de Convergencia Empresarial, integrado por las más importantes cámaras empresarias del país, bajo la conducción de la poderosa AmCham (Cámara de Comercio de los EEUU en Argentina). En el comunicado, el Foro  manifestó su preocupación por los hechos de violencia ocurridos en el Congreso Nacional (del día jueves), en el marco del debate sobre la reforma previsional, y advirtieron por los efectos negativos de la tensión política que pueden terminar “afectando decisiones de inversión, generación de empleo y la mejora general de la economía del país”. En la declaración con un fuerte tono de recriminación y amenaza hacia el personal político, se espetó: “El Foro de Convergencia Empresarial considera lamentables los hechos de violencia (...) que terminaron interrumpiendo el diálogo y el desarrollo de un acto tan propio de la democracia como es el debate público en el ámbito del Congreso Nacional (…) repudia enfáticamente el uso de la violencia; más aún, cuando su empleo viene de parte de legisladores que justamente tienen la responsabilidad de velar por el correcto funcionamiento de las instituciones y de quienes se espera una conducta ejemplar (…) interpelen a sus protagonistas y que den lugar a la reflexión y la cordura para que estos hechos no vuelvan a ocurrir, afectando decisiones de inversión, generación de empleos, y la mejora general de la economía del país”. La declaración además contó con el respaldo de organizaciones sociales y profesionales como la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina), el Centro Islámico de la República Argentina, ACIERA (Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina), el CPCE (Consejo Profesional de Ciencias Económicas), y la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas), y la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE), entre otras (Ver: Infobae.com 16/12).

Como puede observarse, permanece cohesionado el núcleo duro de la gran burguesía (SRA-AEA-UIA, bajo la dirección de la AmCham), que meses atrás le dio sustento al proyecto reaccionario de Cambiemos, y facilitó su triunfo electoral. Sin embargo, este núcleo de indudable poder económico y político queda cada vez más al descubierto, constituyéndose en la única fuerza cuyos intereses comulgan con el rumbo económico y social que trazó el gobierno, por ser precisamente sus intereses el contenido de este rumbo. La identificación por parte del pueblo de toda la política del macrismo con dichos intereses antipopulares y reaccionarios terminará aislándolo y su adhesión “por la negativa” traducida en votos se tiende a evaporar rápidamente.

El enfrentamiento protagonizado por los trabajadores y el pueblo argentino contra las fuerzas del régimen será analizado en nuestro siguiente artículo. Basta decir aquí a modo de epílogo, que en la lucha es donde se constituyen las clases y sus estrategias. De este nuevo ciclo político que inició este diciembre la “unidad de los trabajadores” será la consigna que guiará la unidad de todo el pueblo contra las fuerzas antinacionales que lo oprimen. La toma de conciencia de su rol, la conquista de su autonomía como clase, como sujeto histórico capaz de transformar la sociedad continuará desarrollándose en forma subterránea. De ese desarrollo depende la superación histórica del proceso de disgregación nacional y social al que las fuerzas caóticas del capital intentan condenarnos.



[ << Volver a la primera plana ]