Revista Mensual | Número: Enero de 2018
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Fuentes consultadas: EE.UU.: Wall Street Journal (WSJ). Gran Bretaña: The Economist (TE). Alemania: Deutsche Welle (DW); China: Xinhua (XH); Rusia: Russia Today (RT); Irn: HispanTV (HTV) Venezuela: Telesur (TS). Cuba: Cubadebate (CD). Argentina: Clarín (CL); Crónica (CA); Cronista Comercial (CR); La Nación (LN); Miradas al Sur (MS); Página 12 (P12); Tiempo Argentino (TA).
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¡En pie pueblo obrero, a la batalla!

Preludio al choque: la “rosca” y la calle
Primer acto. Día 14. Las necesidades del Capital: aprobar a cualquier precio
Segundo acto. Día 18. Represión y toma de conciencia acelerada
¿Quién es el pasado? ¿Quiénes son los violentos?
El ariete judicial y su carácter de clase
Fisuras en las fuerzas armadas y pérdida de la Iglesia
Intensificación de la represión
Rejunte ante el espanto
Rechazo a las reformas, lucha y el embrión de lo nuevo


Desgajamiento de la fuerza social oligárquica, reconstitución del frente nacional y el movimiento obrero en el centro de la escena política

¡En pie pueblo obrero, a la batalla!

Nos muestran su falsedad

Los malditos que gobiernan, que gobiernan

Escapan a la verdad

Cuando el pueblo se rebela, se rebela

 

Estalla un paro general

El pueblo ya no aguanta más

Reunión en la plaza central

La crisis nos inundará

 

Argentina, tus hijos ya no pueden más,

Argentina, tus hijos mendigan el pan

 

(Horcas, “Argentina, tus Hijos”)

 


Como veníamos analizando, luego de la victoria en las elecciones legislativas, el Gobierno indicaba que entrabamos en un periodo de “reformismo permanente” y, contrariando todo lo dicho en campaña, enviaba al Congreso un conjunto de reformas neoliberales, que tendían a la transferencia de recursos de los sectores trabajadores a los sectores propietarios, entre las que se encontraban la reforma fiscal, la previsional y la laboral. Este apuro oligárquico obtuvo una respuesta de envergadura por parte del movimiento obrero, motorizando tres jornadas de lucha, que fueron reprimidas. La respuesta popular ante la política de Cambiemos y la acción callejera de las masas marca un cambio cualitativo en la coyuntura, que nos obliga a analizar nuevamente la cohesión interna de las dos fuerzas sociales que pugnan en la Argentina.

En torno a este eje ordenador, veremos cómo la crisis del conjunto de las instituciones del orden conservador se aceleraba. A las acciones del decrépito sistema judicial, falto ya de toda aparente imparcialidad, se sumaba la grieta abierta al interior de las fuerzas armadas, a raíz de la desaparición del submarino “Ara San Juan”, y de la utilización de diversas fuerzas de seguridad en sendas jornadas represivas repletas de acciones de inteligencia. También la oligarquía sufría el alejamiento de la Iglesia católica argentina, porque sus nuevas autoridades, más ligadas a la política papal, lanzaban fuertes críticas a la política oficial.

La intensificación de las acciones represivas no sólo tomaban tintes grotescos en la Capital Federal, sino también en el sur, llevándose la vida de un joven más, el mapuche Rafael Nahuel, mostrando el carácter genocida de la oligarquía y su lugarteniente político ante cada vez más sectores de la sociedad.

Mientras tanto, el movimiento nacional se reconfiguraba ante la movilización popular, haciendo que las fuerzas políticas que lo componen, de a poco, más por espanto que por concienzuda voluntad, se agrupen en rechazo a la avanzada judicial y ejecutiva de Cambiemos. La  necesidad de que la clase obrera asuma su papel como conductor del movimiento nacional para articular al conjunto de los grupos subalternos desplazados por el proyecto oligárquico-imperial, iba tomando forma con las tres movilizaciones que acontecieron este mes. Por lo cual, pasaremos a ver en la minucia los hechos de trascendental importancia del mismo.

Preludio al choque: la “rosca” y la calle

Tal como indicábamos el mes pasado, el lanzamiento del “reformismo permanente” tomaba forma en el conjunto de reformas que empujaba Cambiemos en el Poder Legislativo. El diario de la oligarquía festejaba porque el triunvirato de la CGT avalaba la reforma laboral, luego de varios cambios que aminoraban su efecto flexibilizador (LN 28/11). Y cuando se conocía que “el Senado aprobó (…) el polémico proyecto de reforma previsional (…) de responsabilidad y de consenso fiscal que el Poder Ejecutivo acordó con los gobernadores” las paginas de La Nación se mostraban en avanzada (LN 30/11). Pero dados los amplios rechazos que iba generando la iniciativa, especialmente dentro de la misma CGT (que pormenorizaremos más adelante), Marcos Novaro ­-opinólogo de esta decrépita oligarquía- se preguntaba: “¿Serán realmente ‘históricos’ los acuerdos sellados en los últimos días entre el gobierno nacional, los gobernadores y los sindicatos?” (LN 23/11).

El supuesto acuerdo de cúpula comenzaba a trastabillar. “El paquete de reformas de fin de año que impulsa el Gobierno sufrió ayer su primera baja. (…) Ante la imposibilidad de obtener un respaldo monolítico de la CGT al proyecto, el peronismo decidió postergar el tratamiento de la reforma laboral en el Senado. (…) Triunfo político del sector que integra Pablo Moyano”. Acto seguido, el jefe del bloque de senadores del PJ, Miguel Ángel Pichetto, daba las causas de ese cambio de posición: “Hemos decidido postergar la reforma laboral hasta que esté la nueva composición del Senado y la CGT unifique una sola voz y diga que hay que tratar la reforma laboral” (LN 24/11). Como venimos viendo en los últimos meses, se va poniendo cada vez más en el centro de la palestra política el peso del movimiento obrero.

Previendo la conflictividad en puerta, Carlos Pagni hacía un análisis para su tribuna oligárquica: “El tema central en este periodo presidencial es la necesidad de bajar costos. (…) El costo del Estado, (…) el costo laboral (…) y el  costo de una economía muy cerrada. (…) El problema con la CGT se llama ‘Los Moyano’, principalmente Hugo Moyano. (…) El Papa una semana antes sí había recibido a Pablo Moyano. (…) El juego de Jorge Bergoglio hoy en la Argentina. (…) Daría la impresión de que ha decidido que el frente y la demanda social la plantee la Iglesia en alianza con algunos actores como por ejemplo Pablo Moyano. (…) Detrás de esto hay un juego más, (…) que es una convergencia entre la familia Moyano y Cristina. Después de las elecciones se escuchó a Hugo decir que hay que votar a Cristina para equilibrar el poder de Macri. Todos tienen la impresión de que detrás de Pablo está Hugo” (LN 28/11).

La necesidad intrínseca del capital empuja con todas sus fuerzas a la oligarquía hacia la desregulación absoluta de la economía y su entrega al imperialismo. A su vez, ese despliegue de reformas que ejecuta Cambiemos provocó un cimbronazo en los crecientes sectores que afecta. El movimiento nacional, lo cual va reconfigurando la fuerza social que se opone a la oligarquía y el imperialismo. En la pluma de Carlos Pagni, la oligarquía toma nota apresuradamente de que su plan de reformas empuja al reagrupamiento de los actores que se le oponen y calcula cómo enfrentar un acercamiento entre los Moyano, CFK y el Papa Francisco. No ve que ese acercamiento tiene como base el rechazo que amplias masas trabajadores y capas medias iban desarrollando contra la política macrista, hecho que se cristalizará en las movilizaciones de finales de mes.

Ese descontento creciente era expresado por la movilización de la Corriente Federal de Trabajadores, donde se movilizaron más de 120 mil trabajadores con el propósito de expresar el amplio rechazo al conjunto de las reformas macristas y ahondando el debate sobre el tema. De esa movilización al Congreso paticipaban el secretario gremial de la CGT, Pablo Moyano, y los movimientos sociales, el día miércoles 29 de noviembre, el mismo de la jura de las nuevas autoridades legislativas. A los dos días, la tribuna de doctrina anoticiaba de la devolución de gentilezas por parte del macrismo: “El Gobierno dará de baja 450 gremios si no regularizan su situación en 60 días” (LN 1/12). Salía a la luz el carácter anti-democrático de Cambiemos, por ser la expresión cabal del capital más concentrado, aplicando la coerción a la amplia mayoría e intentano cooptar a sectores minoritarios con la promesa de sostener sus condiciones materiales.

Con el clima más que caldeado ante el cambio de la fórmula que establece los aumentos jubilatorios -siendo la pérdida de un 8% aproximadamente-, la oscurantista Elisa Carrió, viendo parte importante de su base social afectada ante la medida, condicionaba su apoyo a la reforma previsional: “El lío se arma con lo que esconden. (…) Si se asegura un adicional de 4%, (…) vamos a votar. Si no seguiremos negociando. (…) Ya he cambiado votaciones antes y si tengo que hacerlo con Cambiemos, lo voy a hacer. No tengan dudas” (LN 10/12). Por si los cortocircuitos al interior de la alianza Cambiemos no terminaban de ser pocos, Carrió ampliaba los puntos en conflicto, criticando también la estrategía oficial de ir por el desafuero de CFK: “Nunca hablé ni denuncié nada ante Bonadio. Siempre supe a quién responde”. Añadía que la figura de “traición a la patria” no era aplicable a los acusados y que no corresponde equiparar el atentado a la AMIA con un acto de guerra, para cerrar su intervención: “Aunque resulte duro, eso tampoco es hacer justicia” (LN 10/12). Las dudas de Carrió mostraban el termómetro callejero y la dificultad para sostener mínimos privilegios para su base social.   De esta manera, las negociaciones para meter como sea la reforma fiscal y previsional se hacían frenéticas, ofreciendo prebendas y amenazas a los gobernadores para obtener el apoyo de sus legisladores.

Alberto Rodríguez Saá, gobernador de San Luis, única provincia que no firmó el pacto fiscal que avalaba implícitamente todas las reformas, cuestionó en el Congreso las presiones y amenazas que reciben los gobernadores para firmar el pacto fiscal, y las comparó con las ejercidas por la mafia. Luego aclaró que “el Consenso Fiscal quiere disminuir el stock de deuda que la Nación tiene con las 24 jurisdicciones, lo que lo habilitaría a seguir endeudándose a nivel internacional. (…) ¿A qué venimos nosotros, a legitimar que se les quiten a los jubilados 65.000 millones de pesos? ¿Por qué? Nosotros queremos que los jubilados cobren más, (…) muchachos, tienen que administrar bien la nación” (Contrapoder 23/11, Ámbito Financiero 23/11). A pesar de esto, Mario Negri, legislador radical de Cambiemos, opinaba: “La situación actual del sistema no es sostenible. Es nuestra responsabilidad como legisladores hacer los cambios necesarios para que el sistema siga siendo universal, público, solidario y de reparto” (P12 12/12). Como venimos viendo a lo largo del Análisis…, la denominada cuarta revolución industrial -desarrollo exponencial de las fuerzas productivas- y el consecuente reemplazo masivo de la fuerza de trabajo por tecnología agudiza a niveles impensados la contradicción de intereses entre el capital y el conjunto de la sociedad. Es esta la causa de fondo por la cual el imperialismo y su pata oligárquica nacional deben barrer con el régimen de Seguridad Social, logrado por la lucha del movimiento obrero en épocas en que dominaba aún la maufactura en la producción; es decir, cuando aún el tiempo de trabajo socialmente necesario era relativamente abundante y permitía “sentar a múltiples actores en la mesa”, en este caso, a importantes capas de trabajadores. La expulsión masiva de trabajadores activos y su remplazo por tecnología achica velozmente la proporción entre trabajadores activos y pasivos, haciendo detonar el sistema de seguridad social que fuera concebido bajo un capitalismo manufacturero. La colisión frontal entre las necesidades del conjunto de la sociedad y las necesidades privadas de acumulación de capital por parte de la burguesía muestra a las claras la imposibilidad de esta última de encontrarle una salida racional a las necesidades de la primera.

Primer acto. Día 14. Las necesidades del Capital: aprobar a cualquier precio

El jueves 14 de diciembre, las inmediaciones al Congreso se encontraban totalmente valladas y con un despliegue de fuerzas de seguridad como si se avecinara una guerra. El diario de la oligarquía decía: “El macrismo pone a prueba su acuerdo con los gobernadores peronistas. (…) La sesión por la reforma previsional medirá la fortaleza política del Gobierno ante el desafío de una ley compleja” (LN 14/12). El día anterior, organizaciones sociales que intentaban instalar carpas para realizar una vigilia habían sido duramente reprimidas por la gendarmería, incluyendo a algunos legisladores que intentaban impedir la represión. Las fuerzas de seguridad utilizaron perros entrenados contra los manifestantes (LN 14/12).

De esa manera comenzaba el tratamiento de la reforma previsional. Pero al acuerdo de las exhaustas instituciones se le contrapuso otra vez “el hecho maldito del país burgués”, la clase trabajadora, que no estaba dispuesta a dejarse avasallar.

Entre 80 mil y 100 mil manifestantes concentraban en las inmediaciones del Congreso para mostar su rechazo a la reforma cuando comenzó la represión. Predominaban los sindicatos chicos, vinculados a la CGT, a la Corriente Federal, sindicatos de CTA, diversas organizaciones políticas y sociales y columnas dispersas de seccionales y comisiones internas de sindicatos grandes que oficialmente no movilizaban.

 Al pasar las horas, los enfrentamientos entre militantes y fuerzas de seguridad iban escalando en las puertas del Congreso; el clima al interior de la propia Cámara de Diputados iba creciendo con forcejeos entre legisladores. En ese marco, la CGT advertía que en caso de que se aprobara la reforma previsional lanzaría un paro general (ahondaremos el tema más adelante).

Con este clima enrarecido, Elisa Carrió pedía la palabra en el recinto para decir: “Lo peor que puede hacer una Cámara de diputados es sesionar en este ambiente de violencia. (…) Le pido al señor presidente que levante esta Sesión escandalosa. (…) Vamos a ganar la votación, será esta semana o la otra” (Télam 14/12). Acto seguido, el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, levantaba la sesión, mientras las diferentes expresiones políticas que se oponen, en mayor o menos medida, a Cambiemos, festejaban juntos en el recinto. El abrazo impensado entre los Kirchnerista Axel Kiciloff y Agustín Rossi, legisladores del massista Frente Renovador, como Felipe Solá, lesgisladores vinculados a la CGT, como Facundo Moyano, o a la UIA, como Ignacio De Mendiguren, y hasta trotskistas como Nicolás Del Caño, era fruto de la movilización popular y centralmente de la movilización de la clase trabajadora.

Al día siguiente, el macrismo preparaba un decreto para otorgar un “plus” a los jubilados, tratando de convencer a los gobernadores que dudaban del proyecto, por no querer cargar con el costo político del ajuste a los sectores más vulnerables. Personalmente, los ministros Rogelio Frigerio y Nicolás Dujovne, más el vicejefe de Gabinete Mario Quintana, mantenían charlas con los diferentes legisladores para arrimar agua a su molino y obtener favores. Por si las prebendas ofrecidas eran pocas y algún díscolo no quería encolumnarse, Nicolás Massot -jefe de la bancada Cambiemos-PRO en diputados, perteneciente a la genocida Familia Massot, dueña del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, donde desaparecieron obreros gráficos en la última dictadura- amenazaba: “Decidimos darle otra oportunidad al Congreso, pero el DNU está listo” (CL 15/12).

El proceso se iba radicalizando. El diario mitrista decía: “Luego de la violencia y el fracaso de la sesión parlamentaria por la reforma previsional, el presidente Mauricio Macri replanteará la relación con los gobernadores del PJ y con la CGT. Perdió la confianza en la gran mayoría de ellos, y está decidido a hacer más frecuentes gestos de autoridad para asegurar que cumplan los acuerdos” (LN 17/12).

A pesar del levantamiento de la sesión y la desconcentración de los manifestantes, los choques dejaron a 26 detenidos. A su vez, se podía ver cómo en los primeros choques legisladores del FPV-PJ que intentaron interponerse entre las cargas de gendarmería y los manifestantes eran reprimidos, como el caso de Mayra Mendoza, que recibía gas pimienta (P12 15/12). Las imágenes de los efectivos de seguridad con mascaras de gas disparando a la multitud perdigones de goma desde atrás de trincheras hechas con bolsas de arena mostraban una represión organizada y desconocida para la generación que se sumó a la política en la última década.

La jueza en lo contencioso administrativo de la ciudad, Patricia López Vergara, hacía lugar a un amparo que presentaron un grupo de legisladores kirchneristas y disponía que el Gobierno de la Ciudad informe al juzgado cuáles eran las fuerzas de seguridad que intervinieron y exigió que todos los efectivos destinados al operativo estén con uniforme reglamentario y visiblemente identificados. También resolvió que los agentes no usen armas de fuego y que las balas de goma y gases lacrimógenos sólo se utilicen como último recurso y a una distancia que minimice las consecuencias (LN 19/12). El resquebrajamiento de la base social de Cambiemos -cuyo fundamento económico aclaramos arriba- se ahondaba, tomando también carácter judicial.

Segundo acto. Día 18. Represión y toma de conciencia acelerada

En este marco, el lunes 18 de diciembre, la Cámara de Diputados volvía a sesionar, con una movilización aún mayor que la del jueves anterior, rumoreándose el numero de 500 mil personas circulantes. De nuevo predominaban los sindicatos chicos, vinculados a la CGT, la Corriente Federal, militantes de sindicatos grandes cuyas instituciones no movilizaron orgánicamente, comisiones internas, las dos CTA, organizaciones sociales y políticas… Pero el número de manifestantes se había más que duplicado. Se pudieron apreciar altos grados de organización, tanto por la vestimenta, las medidas de seguridad de las diversas columnas, el grado de solidaridad entre agrupamientos. Mientras tanto, las fuerzas de seguridad, habiendo replegado a la Gendarmería del operativo, que había actuado en la movilización anterior, realizaban un despliegue más generalizado, cortando todo los accesos al Congreso en un radio de 5 cuadras a la redonda, sólo dejando el acceso al mismo desde 9 de julio por Avenida de Mayo y algunas paralelas más. Mientras la discusión en el interior del recinto se desarrollaba, y el bloque de Cambiemos reunía el quorum con el aporte de una veintena de diputados peronistas, encaminándose a aprobar la reforma previsional, en las calles la confrontación tomaba ribetes épicos. Avances y retrocesos de la gente ante los gases, centenares de jóvenes, trabajadores, militantes que expresaban su hastío en los choques con las vallas y fuerzas de seguridad. A su vez, los cánticos generalizados de “unidad de los trabajadores y al que no le gusta se jode, se jode” y “macri vos sos la dictadura” eran los que englobaban el sentir de la masas congregadas. Simultáneamente, las descargas de balas de gomas, gas pimienta y chorros de agua de los camiones hidrantes apostados hacían retroceder transitoriamente tanto a las personas dispersas como a las columnas organizadas que llegaban hasta avenida 9 de julio. La voluntad popular de permanecer y ocupar la Plaza de los Dos Congresos, a pesar de la andanada de las fuerzas de seguridad, era manifiesta. Pasadas casi tres horas de confrontación, ante unas fuerzas de seguridad que se veían desbordadas por la situación, con el aumento de la movilización de la gente y la posibilidad de que la misma siga creciendo con el pasar de las horas, las fuerzas de seguridad despejaron la zona con una brutal represión, disparando a mansalva balas de goma y bombas de gas lacrimógeno. El repliegue general de la gente se realizó por Avenida de Mayo, viéndose en un cuello de botella, donde las “fuerzas del orden” continuaron lanzando gases. La cacería por parte de las mismas fuerzas de seguridad infiltradas en la movilización a distintos grupos de personas sueltas que no se encontraban organizados o que se habían quedados desprendidos del resto de sus columnas fue moneda corriente. Ante la represión generalizada y el repliegue masivo de la gente, un canto aglutinó a todas las columnas que se alejaban, manteniendo apenas el orden por Avenida de Mayo. Como un grito de guerra, se decía: “unidad de los trabajadores y al que no le gusta se jode” y “Macri vos sos la dictadura”.

La Nación narraba los sucesos al interior del recinto: “A los gritos reclamó la oposición que se levantara la sesión. Pidió más de cuarenta cuestiones de privilegio con ese fin. Todo fue en vano: tras cinco horas de discusión intensa, cargada de virulencia, el oficialismo ordenó seguir adelante. (…) Elisa Carrió advirtió que, ante los desmanes ocurridos fuera del Congreso, ‘en términos jurídicos a eso se le llama Estado de hecho, que no es ni más ni menos (que) apartado del derecho. ¡Eso se llama golpe de Estado!’” (LN 19/12).

Pasadas las 20 horas, con una plaza vaciada, donde sólo quedaban las fuerzas de seguridad haciendo su trabajo sucio, en diferentes puntos de la ciudad, del conurbano y en algunas provincias del interior, empezaron a realizarse cacerolazos que reunieron a sectores de capas medias que expresaban su rechazo a la reforma previsional y a los hechos de represión del mismo día. Los puntos donde se realizaron los mismos fueron desde frente al departamento central de la Policía Federal, en el barrio porteño de Monserrat, Caballito (Rivadavia y Acoyte), Palermo (Santa Fe y Scalabrini Ortiz), Villa Crespo (Corrientes y Scalabrini Ortiz), Belgrano (Cabildo y Federico Lacroze), Once (Rivadavia y Pueyrredón), Boedo (San Juan y Boedo). En el conurbano se registraron frente a la Quinta Presidencial de Olivos en Vicente López, Ramos Mejía, y otros. En el Monumento a la Bandera de Rosario y en el centro de Córdoba también se registraron cacerolazos. En total, se registraron más de 60 puntos de encuentro donde se produjeron estos cacerolazos. Pasadas las 22 horas, los que se encontraban más cercanos a la Plaza Congreso se movilizaron hasta ella, rumoreándose el número de 40 mil personas en las inmediaciones, que pasadas las 0 horas empezaron a ser reprimidas y dispersadas por las fuerzas de seguridad que continuaban apostadas detrás de las vallas de seguridad (Infobae 18/12). En muchas concentraciones volvía a escucharse la consigna de “unidad de los trabajadores”.

La virulencia generalizada y la salida de la pequeña burguesía con sus cacerolas encendía todas las alarmas de la oligarquía argentina. A su vez, la movilización repercute y reconfigura el espectro de fuerzas políticas que anteriormente eran más conciliadoras ante la política del macrismo, porque ahora fueron empujados a oponérseles y aglutinarse en torno al rechazo a las reformas. El kirchnerismo, hijo de la crisis desatada por la muerte de Kosteki y Santillán -como hecho que cerró el ciclo represivo del neoliberalismo de los 90, padre del actual- , había sostenido la idea de la no represión de la protesta social. Por tanto, la represión del 18 de diciembre fue el “bautismo de fuego” para decenas de miles de personas, que ingresando a la militancia en los últimos años o interesándose desde una visión más “social” por la política argentina, se movilizaba durante el Kirchnerismo bajo unas fuerzas de seguridad que, si bien nunca cambiaron su rol represivo, se encontraban bastante contenidas por el estado de situación general. La violencia policial al servicio del ajuste y el hambre para miles de jubilados y pensionados daba una gran lección a amplias masas.

Al mismo tiempo, amplios sectores que habían sido base electoral de Cambiemos, como jubilados, personas en edad próxima a jubilarse, pequeña burguesía porteña y del conurbano, vieron cómo las “esperanzas” depositadas en Mauricio Macri y su gobierno de CEOS se frustraban, porque volvían a repetirse las políticas neoliberales de los 90. Con el tembladeral interno que generó la represión para la fuerza social oligárquica, las usinas de ideas del cipayismo salían a dar argumentos al conjunto de su fuerza.

¿Quién es el pasado? ¿Quiénes son los violentos?

Con los hechos de fondo, las plumas de la oligarquía se aprestaban a dar argumentos. De esta manera, nuevamente, el mes estuvo recargado de planteos sobre qué fuerzas son “el pasado” y, a su vez, se dio un debate en torno al carácter de la violencia que ya se venía desarrollando.

Luis Alberto Romero escribía en la Nación sobre el tema de la violencia: “Mientras una parte de la sociedad, cada vez mayor, marcha silenciosamente por el camino de la razón práctica, otra parte, menor pero muy aguerrida, expresa sus pasiones con voz poderosa y disruptiva. Su núcleo de sentido se encuentra en el llamado ‘pasado reciente’, es decir, los sangrientos años 70, y su complejo e inacabado procesamiento en las tres décadas largas de democracia. Allí está el núcleo del problema, el origen de la brecha. ¿Cómo cerrarla? (…) Ningún joven idealista podía resistirse por entonces a esa apelación a construir un mundo mejor (…). Dadas estas premisas, la conclusión era inevitable: la ‘violencia de abajo’ era lícita, indispensable y hasta caritativa” (LN 5/12). Nuevamente el problema de los 70 y las contradicciones no zanjadas vuelven a aparecer sobre la mesa. Acto seguido, en la pluma de Fernández Díaz, nuevamente, la acusación de populistas se lanzaba: “¿Alguien puede creer con seriedad que ‘el populismo ya pasó’? La verdad es que la ciudadanía y sus representantes operan sobre un populismo que sólo en su variante más extrema fue parcialmente derrotado en las urnas, pero que permanece como un pulpo de múltiples tentáculos y como un magma de cultura, estructura, costumbre, servidumbre, privilegios, mafias y secuelas múltiples” (LN 10/12). Como ya sabemos, el mote de “populista” intenta encajar al movimiento de los trabajadores como un movimiento de “retroceso”, que quiere volver a épocas que, por el desarrollo histórico, es imposible volver, achacándole que son lo “atrasado”, lo “viejo”. De este modo, se intenta encubrir que la burguesía, con su sistema capitalista de producción social, al cabo de unos siglos, es la causa fundamental de los problemas que aquejan al conjunto de la humanidad (contaminación, calentamiento global, guerras, pobreza, etc.). Es decir, tratan de encubrir que las fuerzas del pasado, de un orden perimido, son ellos. La artimaña de la oligarquía de poner como causa de la fractura social que vive el país al “grupo de radicalizados”, encubre las causas objetivas del problema que -como vimos a lo largo de todos los artículos del Análisis- tiene base en la crisis generalizada que vive el capitalismo y todo el régimen social que levanta. Es decir, es en el desarrollo intrínseco del capital -con su ultimo apogeo en la cuarta revolución industrial y la eliminación masiva de puestos de trabajo, la creciente desigualdad entre el 1% más rico de la sociedad que concentra más del 50% de las riquezas globales y el 99% restante- donde radican las causas de la conflictividad social y del proceso de radicalización que viven las masas, ante un mundo que tiene todas las condiciones para dar respuesta a los problemas del conjunto pero que sin embargo hunde a la mayoría de la población en la absoluta miseria. Por lo cual, la artimaña de colocar el problema de la violencia como si fuera un problema ético abstracto, por fuera de las contradicciones de intereses que pugnan, es decir, por fuera de la lucha de la oligarquía y el imperialismo contra los trabajadores y los pueblos, intenta borrar para las masas las causas materiales de su desarrollo y oculta a los verdaderos causantes. Es de resaltar cómo los cuadros orgánicos de la oligarquía tienen reminiscencias de la década del 70 -es decir, del momento en que la lucha de clases llegó a su punto de apogeo- justo hoy, en que las contradicciones fueron ahogadas a sangre y fuego resurgen para su resolución.

El ariete judicial y su carácter de clase

El “ariete judicial” seguía a toda marcha aplicando coerción en pos de la necesidad de la oligarquía. De esta manera, el macrismo apuraba los trámites contra el juez federal Daniel Rafecas, por el caso Nisman y el memorándum iraní. Acto seguido, el Juez Rafecas explicaba la lógica de su fallo y dejaba expuesta la irracionalidad de la oligarquía: “El delito que proponía Nisman nunca entró en ejecución porque dependía de la suerte del memorándum”. Rafecas continuaba denunciando el accionar del Consejo de la Magistratura, que recientemente cambió su composición a imagen y semejanza de Cambiemos: “El Consejo nunca persiguió a los jueces por sus fallos. Eso era una cuestión sagrada. Era un límite. Es grave y preocupante porque es un avance sobre el espacio de determinación que los jueces tenemos para dictar sentencia” (LN 23/11). Ya no sólo se coarta y reprime a sectores populares, sino que se persigue y coacciona a jueces federales de la nación. La necesidad de la oligarquía de barrer con la superestructura jurídica que supo levantar más de un siglo atrás para readecuarla a la necesidad actual del capital rompe los preceptos más básicos de la división de poderes -por más formal que haya sido hasta la fecha-, poniendo en tela de juicio en conjunto del sistema de gobierno, es decir, la democracia representativa. Por si el papelón fuera poco, el ex secretario general de Interpol, Ronald Noble, salía a contestar las denuncias del Juez Claudio Bonadio, que acusaba al gobierno kirchnerista de interceder ante el organismo internacional para bajar las “alertas rojas” sobre los funcionarios Iraníes. Noble decia: “Si el juez Bonadio se hubiera puesto en contacto conmigo directamente, habría entendido la verdad: que las notificaciones rojas de la AMIA no habían cambiado”. Y remataba diciendo que lo manifestado por Bonadio “es falso, engañoso e incompleto” (LN 12/12). Desprestigio generalizado para la campaña judicial. Como si fuera poco, un grupo de programadores y matemáticos coordinados por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) Observaron 32.738 sorteos de causas judiciales y detectaron que el algoritmo tiende a un desvío y favorece a determinados juzgados, como los jueces federales Rodríguez, Ercolini, Bonadio y Torres, relegando a Lijo, Rafecas y Oyarbide, subrogado por Marcelo Martínez De Giorgi (P12 18/12). La tan mentada independencia del Poder Judicial quedaba por el piso ante las necesidades de la oligarquía.

Como vimos el mes pasado, la presión del macrismo surtía efecto y lograba la renuncia para fin de año de la procuradora Alejandra Gils Carbó. Sin perder tiempo, Cambiemos apuraba los tramites y colocaba a Miguel Piedecasas, representante de los abogados del Interior, como el nuevo presidente del Ministerio Público Fiscal durante un año y Luis María Cabral, representante de los jueces, como vicepresidente (P12 2/12). Recordemos que Piedecasas se desempeñó como acusador en el juicio político a Eduardo Freiler que culminó con la destitución del camarista. Solo tres días después, el procurador interino, Eduardo Casal, creaba una “estructura dedicada a facilitar y elaborar una estrategia integral contra el extremismo violento y el terrorismo internacional” (P12 5/12). La modificación de la estructura judicial acorde al desenvolvimiento de un plan represivo de magnitud iba tomando forma.

Con encuestas que hablan de que la imagen del Poder Judicial ha experimentado un profundo deterioro en los últimos diez años, al tiempo que la credibilidad de los jueces no supera el 18% -más las palabras de Macri desacreditando a los trabajadores judiciales y el sistema de funcionamiento general del mismo-, el momento de las reformas en su versión judicial también llegaban. Directamente, en una editorial de La Nación, titulada “El desafío de un cambio de era en la justicia federal”, salían los argumentos para avanzar sobre la reforma: “Un ámbito que debió estar abocado al combate del crimen organizado se convirtió en una expresión del crimen organizado desde el Estado. (…) Sobre la base de esta barbarie institucional, se construyó un monumental polo de poder capaz de trascender administraciones y colores políticos”. Luego, la nota condenaba “la reciente decisión de los magistrados federales de nuclearse en una asociación gremial, una especie de ‘extra poder’ con claros propósitos de autodefensa y presión sobre las autoridades ejecutivas”. Para finalizar augurando “la hora de encarar un cambio de era que sepulte tantas trágicas experiencias para que el Poder Judicial recupere su imprescindible independencia y prestigio al servicio de los valores democráticos y republicanos” (LN 3/12).

La adecuación de las diferentes orbitas del Estado -en este caso, el Poder Judicial- al “cambio de era” que nombra el periódico mitrista es en verdad el desbarajuste que implica su reconfiguración a imagen y semejanza del grado de concentración actual del capital. Su función social se redefine como el órgano de aplicación de las necesidades del capital más concentrado sobre el resto de los grupos subalternos que se ven desplazados de la estructura social. El “nuevo inconveniente” con el que choca la oligarquía es que es tan alto el grado de concentración a que ha llegado el capital que necesita avanzar sobre los privilegios que disponían diferentes fracciones de la propia oligarquía, junto con categorías que su Estado creó, en este caso, los jueces federales. El agrupamiento en una entidad corporativa de estos jueces es la expresión defensiva de una de estas categorías históricamente funcionales a la oligarquía que trata de defenderse ante el avance de los sectores más concentrados que vienen por sus privilegios. De esta manera, se pone de manifiesto el fundamento de la legitimidad del Poder Judicial, que ya no estriba en sus malas o buenas decisiones en sí mismo, sino que las mismas son el reflejo de los intereses que representa y las pugnas internas de los mismos. El desprestigio acumulado por este poder viene arraigado a su organicidad a la oligarquía y a su carácter profundamente anti-popular y anti-democrático en la historia de nuestro país.             

Fisuras en las fuerzas armadas y pérdida de la Iglesia

Como si el desconcierto fuera poco, la supuesta desaparición del submarino Ara San Juan en el Atlántico aportaba un poco más al caos, volviendo a poner en tela de juicio el rol de las Fuerzas Armadas. Las internas recrudecían: “Malestar de la Casa Rosada con el jefe de Estado Mayor de la Armada, Marcelo Srur, luego de una fuerte tensión con el ministro de Defensa, Oscar Aguad. (…) Ese enfrentamiento se originó en que el jefe de la Armada demoró 48 horas en informarle al ministro” (LN 23/11). La lucha al interior de la oligarquía ante la falta de “qué repartirse” seguía en ascenso. La ex ministra de Defensa, Nilda Garré, informaba en una entrevista: “Hay un recorte de 4500 millones de pesos en el presupuesto de Defensa y eso afecta al mantenimiento” (P12 26/11).

Mientras tanto, las hipótesis sobre la desaparición del submarino se sucedían. Por un lado, la posibilidad de que otro submarino de bandera inglesa, apostado en las invadidas Islas Malvinas, lo haya atacado sin aviso alguno ante la proximidad de este al archipiélago. Por otro, se rumoreaba la posibilidad de ejercicios en conjunto con otras fuerzas armadas, como las estadounidenses e inglesas en el Atlántico Sur, sin que los mismos hayan sido declarados debidamente, ocurriendo en esos ejercicios un accidente. Por último, la posibilidad de que un desperfecto haya hecho estallar la estructura de baterías que posee el submarino.

Ante un oscuro panorama, la oligarquía anunciaba lo que se preparaba: recorte presupuestario; un ajuste en la línea de mando; la “fusión de unidades” -léase recorte en el personal e infraestructura-; y sobre todo la perfilación del conjunto de las Fuerzas Armadas como elemento de disciplinamiento interno, que es es donde necesita conducir a las fuerzas armadas la oligarquía (LN 27/11). Mientras tanto, los familiares de la tripulación del ARA San Juan -es decir, la “familia militar” que también era parte de la base electoral de Cambiemos- pidieron al Congreso de la Nación que se conforme una comisión bicameral que investigue “hasta las últimas consecuencias” qué pasó con el submarino (LN 14/12).

La crisis al interior de Cambiemos y de las Fuerzas Armadas se ahondaba. Por pedido del Ministro Aguad, el jefe de la Armada, almirante Marcelo Eduardo Hipólito Srur, separaba al comandante de Adiestramiento y Alistamiento, contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo, y al jefe de la Fuerza de Submarinos, capitán de navío Claudio Villamide, lo que provocaba la renuncia en cadena de los comandantes de la Flota de Mar, la Infantería de Marina, la Aviación Naval y el Área Naval Atlántica, quienes se solidarizaban con sus compañeros de armas pidiendo su propio pase a retiro. El matutino oligárquico así lo expresaba: “Un quiebre que no tiene antecedentes en la historia naval” (LN 16/12). Tres días después, por orden del Ministro de Defensa Oscar Aguad, también era pasado a retiro el propio almirante Srur, siendo remplazado por el vicealmirante José Luis Villán (LN 19/12).

Al estilo del Poder Judicial, una encuesta realizada por el Departamento de Opinión Pública de la Universidad Abierta Interamericana (UAI) revelaba que el 41,4% de la población considera que la Armada sabe desde el primer momento lo que sucedió con el submarino. Mientras, el 54,9% de los consultados evalúa negativamente la política de comunicación del Gobierno, el 20% señala que el máximo responsable de la tragedia es el Gobierno. Un porcentaje similar (19,8%) transfiere esa responsabilidad a la Armada. Y el 37,5% se la atribuye a ambos. Es decir que el 77,3% le adjudica la responsabilidad del hecho a alguna de las dos instituciones (LN 2/12).

De este modo, con reminiscencias a la última dictadura, la discusión sobre el rol de las fuerzas armadas aparecía como necesaria para ambas fuerzas sociales en lucha. Por esto, el periodista-mercenario Jorge Lanata escribía en el diario de la corneta: “Pasaron cuarenta y un años de la dictadura. Aún hoy, hay quienes hablan como si los militares en actividad fueran los mismos. (…) Fuerzas Armadas sin un rol, sin presupuesto, ‘estigmatizadas’ y víctimas de un castigo eterno no le sirven a nadie” (CL 25/11).

El impacto del proceso de concentración y centralización del capital también se hacía sentir en las fuerzas armadas. El rol de las fuerzas armadas ha sido mayoritariamente el de ser la última fuerza de choque en defensa del statu quo oligárquico-imperial, ante una proceso de convulsión interna y transformación del Estado -excepto cuando arraigó la corriente nacionalista popular, que dio líderes como Perón, Savio y Mosconi. Ese rol central tiene sus raíces en el disciplinamiento del gaucho y de los pueblos originarios en los albores del Estado argentino, continuando como elemento de represión en todas las grandes luchas obreras -Semana Roja, Semana Trágica, las huelgas de la Patagonia)-, como garante del orden conservador oligárquico de la década infame (Uriburu, A. P. Justo), como artífice de la Revolución Fusiladora (Aramburu, Lonardi) y como abiertamente genocida a partir de la dictadura del 76 (Videla, Massera, Agosti).

Es decir, la reminiscencia popular de que las fuerzas armadas funcionan más como un ejército de ocupación extranjera que como un elemento de defensa de la patria tiene elementos empíricos históricos que lo prueban. Su fundamento económico está relacionado con el carácter anti-nacional de su clase dominante, la oligarquía terrateniente, creadora de las fuerzas armadas regulares a su imagen y semejanza. Por lo cual, el rechazo a las fuerzas armadas por parte de las gran mayoría popular no es “en general”, a cualquier tipo de fuerzas armadas, sino al carácter partículas de unas fuerzas armadas subordinadas a intereses y valores cipayos; y no a unas fuerzas que fueran una extensión de los intereses y valores patrióticos de su pueblo, elemento de defensa de sus recursos estratégicos. Así, se ponía más en tela de juicio la función social de las fuerzas armadas, tanto su carácter reaccionario y pro-oligárquico como la necesidad de un cambio de paradigma, en un proceso de politización generalizada de la sociedad argentina, que seguramente irá creciendo mes a mes.

Los problemas para la oligarquía iban sumándose. Como vimos el mes pasado, la Iglesia católica argentina realizaba su cambio de autoridades, viéndose fortalecida la línea más cercana al santo padre, Francisco. Si bien parte del nuevo rol que adoptó la Iglesia lo veremos más adelante en conjunción con el papel del movimiento obrero, es de resaltar el posicionamiento de la Pastoral Social, que en palabras de su nuevo titular, monseñor Jorge Lugones, opinaba sobre el problema de la reforma previsional: “Me parece que es una inequidad, es decir una desigualdad que tenemos que tener muy en cuenta, porque los jubilados son trabajadores. Están jubilados, en este momento en una tarea pasiva, pero son o han sido trabajadores. (…) ¿Cómo no vamos a custodiar a los que han enriquecido a nuestra patria y fortalecido nuestra sociedad con el trabajo, que es de lo más digno que tiene el hombre?” (LN 26/11). Acto seguido, como broche de oro para la “pituca” Catedral Metropolitana, un centenar de fieles llegaba desde la villa 1-11-14 acompañando a monseñor Gustavo Carrara, párroco de la iglesia Santa María Madre del Pueblo del Bajo Flores, quien era consagrado nuevo obispo auxiliar de la ciudad de Buenos Aires (LN 17/12). De esta manera, la Iglesia argentina pareciera tomar posición por los lineamientos globales que plantea el Papa, contra el capitalismo y su descomposición, y provocando la pérdida de un aliado histórico clave para la clase dominante.

Intensificación de la represión

La discusión en torno al Caso de Santiago Maldonado continuaba. Los resultados de la autopsia esclarecían determinados aspecto como las terminaciones de la muerte de Santiago, y dejaban inconclusos otros, como los causantes más generales de como ocurrió el episodio. La abogada de la familia, Verónica Heredia, expresaba: “La familia continuará sosteniendo la hipótesis de desaparición forzada seguida de muerte. (…) Santiago no murió porque estaba de turista, era una represión ilegal de Gendarmería” (P12 25/11). A las dos semanas, la familia Maldonado era recibida por el papa Francisco. Ante los argumentos iracundos de la oligarquía por la reunión del Santo Padre con la familia del artesano asesinado, Sergio Maldonado indicaba: “El Papa nos acompaña en el reclamo de verdad y justicia. No fue una reunión política” (LN 7/12).

Como si lo de Santiago Maldonado hubiera sido poco, a fines de noviembre, en la zona del lago Mascardi, a 35km de Bariloche, ocurrió otro asesinato de un joven trabajador perteneciente a la comunidad mapuche, Rafael Nahuel, sobre cuya espalda disparaba un oficial del grupo especial Albatros de Prefectura, en la persecución-cacería que siguió a un nuevo desalojo de una comunidad mapuche de los territorios que reclaman desde que fueran expulsados.

Otro joven muerto más se sumaba a la larga lista que ostenta la oligarquía vernácula. Luis Pilquiman, responsable zonal de la Coordinadora del Parlamento Mapuche denunciaba: “Después de lo de Santiago Maldonado, el hostigamiento (de las fuerza de seguridad y la Justicia) contra la comunidad mapuche, aumentó; la persecución se hizo más fuerte. (…) Lo que hay detrás, son intereses inmobiliarios” (P12 26/11).

Los argumentos de terrorismo y legítima defensa iban articulándose a través de la pluma del diario La Nación: “[Los mapuches] portaban además de piedras, cuchillos y lanzas, al menos dos armas de fuego calibre 22 y 380”. (LN 27/11). Este fue el argumento que justificaban los disparos de sub-fusil para guerra abierta, el cual puede servir más 800 vainas por minuto. El ministerio de Seguridad circulaba un comunicado en el que “lamenta lo sucedido pero considera que, en esta oportunidad, no se trató de un grupo de protesta o de reivindicación, sino de una metodología de violencia armada, inadmisible con la democracia y el Estado de Derecho” (LN 27/11).

Con el tiempo, la versión del Gobierno y la Prefectura se iba cayendo a pedazos y la hipótesis de que el grupo Albatros aplicó represión sin justificación alguna iba creciendo. Página 12 titulaba: “Testigos afirman que los corrieron a tiros” (P12 27/11) y se realizaban movilizaciones en diferentes puntos del país. A su vez, el caso era el primer pibe muerto bajo las balas de las fuerzas de seguridad en una protesta, cosa que hacía años no ocurría. Con la gravedad del tema, la primera plana del ministerio de Seguridad tenía que hacer una rueda de prensa. El primero en salir a la palestra era el Secretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman, quien declaraba con respecto a la comunidad mapuche: “No respetan la ley y no reconocen a la Argentina, ni a su constitución ni a su bandera”. Y Gabriela Michetti sentaba una nueva doctrina: “Tenemos que decir que el beneficio de la duda siempre lo tienen que tener las fuerzas de seguridad”. Acto seguido, por si quedaba alguna margen de dudas de la irracionalidad de la oligarquía, la etílica ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sentenciaba sobre la omnipotencia que ostentan: “Nosotros no tenemos que probar lo que hacen las fuerzas de seguridad. Le damos a la versión que nos da la Prefectura carácter de verdad. (…) El juez necesitará elementos probatorios, nosotros no” (P12 27/11). Lo único que se le puede reconocer es que lo burdo no quita lo sincero. Como insistimos mes a mes, la crisis que vive el capital empuja con todas sus fuerzas programas de corte liberal que llevan a los pueblos a lo vivido, de manera generalizada, en la época de los 90, a su décima potencia. La necesidad objetiva de la oligarquía y el imperialismo de recrear esos “escenarios” choca de frente con la resistencia generalizada de amplios sectores de la sociedad, desplazados por el proceso de concentración y centralización; es decir, la violencia aplicada por la oligarquía es un momento anexo a sus necesidades económicas para reproducirse en tanto tal, por lo cual, la escala y perfil de represión tienen que ver con el disciplinamiento que necesitan aplicar al conjunto de la sociedad para desenvolver su plan económico. Nuevamente, el problema de la violencia y su carácter de clase brotaba por los poros, tomando ribetes patológicos.

Por si la intencionalidad oligarca no era clara, el obispo de Bariloche, Juan José Chaparro “ponía los puntos sobre las íes”: “Me parece que se está armando un enemigo” (P12 29/11). El mismo día, en rueda de prensa, Mauricio Macri decía: “Hasta ahora las fuerzas de seguridad eran tan sospechadas como los delincuentes. Necesitamos correr esa raya cultural. (…) Hay que volver a la época en la que dar la voz de alto significaba que había que entregarse” (P12 29/11).

Con la intensidad que iba tomando el tema, el propio matutino mitrista tenía que ir rectificando su posición: “Las querellas de la familia del joven asesinado y los abogados defensores de los mapuches detenidos afirman que el expediente dice claramente que no había armas de fuego en posesión de la comunidad. (…) Los peritajes realizados prueban que ni ellos ni el joven asesinado tenían restos de pólvora en las manos” (LN 2/12). Siete días después, el mismo juez Gustavo Villanueva, según una nota de La Nación, tenía que tirar por la borda la hipótesis de un enfrentamiento: “El juez no halló evidencias de un tiroteo en el predio que ocupan los mapuches” (LN 9/12). La necesidad de Cambiemos de aplicar represión generalizada para disciplinar a la sociedad, a pesar de que esto implique la utilización de armas letales y la muerte de jóvenes, trabajadores y demás personas, es el único camino que pueden recorrer. La irracionalidad de la oligarquía va creciendo al ritmo de la concentración y centralización del capital. En este caso, como fuimos viendo mes a mes, la estrategia de la “pos verdad” -es decir, dar por verdad un hecho que es falso hasta saturar a la sociedad para que esta lo tome como verdad, similar a la estrategia nazi del “miente, miente, que algo quedara- va cayendo a pasos agigantados, dejando la naturaleza brutal de la oligarquía a la vista del conjunto de la sociedad.

Rejunte ante el espanto

Mientras tanto, la disputa por la conducción del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires parecía que iba hacer llegar la sangre al río. La Nación festejaba: “No hubo acuerdo en el PJ. Habrá dos listas en las elecciones del 17 de diciembre: una liderada por Fernando Espinoza, y la otra, por Gustavo Menéndez, intendente de Merlo” (LN 22/11). Tres días después, las posiciones se aunaban y se unificaba en una sola lista de unidad, dejando la presidencia del partido, alternativamente, entre el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, y Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría. A su vez, la secretaría gremial del PJ quedaba en manos del Camionero Pablo Moyano (LN 25/11). La línea más vinculada al Kirchnerismo, representada por Fernando Espinoza y la Intendenta de La Matanza, Verónica Magario, parecía quedar desplazada del armado institucional, predominando los sectores que en el pasado comulgaban con el Kirchnerismo pero que hoy día reniegan de él.

La reconfiguración de fuerzas políticas abierta post elecciones legislativas seguía su derrotero y repercutía en el Poder Legislativo, ante la salida de las autoridades a las que se les vencía el mandato y la incorporación de nuevas. Con la incorporación de CFK a la Cámara de Senadores, el senador Miguel Ángel Pichetto formalizó el nuevo bloque del PJ, llamado Argentina Federal, quedando formalmente como la primera minoría con 21 senadores. Por otro lado, CFK comandaría un bloque de 8 senadores. Mientras tanto, como vimos en el apartado judicial, el pedido de desafuero de CFK llegaba al Poder Legislativo y obligaba a posicionarse a todo el espectro político. Mordiendo el polvo, La Nación levantaba las palabras de Pichetto: “Entendemos que no corresponde el pedido de prisión preventiva porque la ex presidenta ha estado siempre ajustada a derecho; acaba de asumir un cargo institucional en el Senado y no creemos que haya presunción de fuga” (LN 8/12). El rechazo al pedido de desafuero se iba generalizando. Felipe Solá se sumaba: “Una locura que sólo un no juez [sic] como Bonadio puede usar para hacer los deberes y vengarse”. Hasta Florencio Randazzo, esfumado post-elecciones legislativas, aportaba su granito de arena: “La imputación a Cristina por un memorándum que fue público y ratificado por el Parlamento nacional es absolutamente un disparate” (LN 7/12). Las adhesiones seguían llegando, incluyendo a los intendentes peronistas. La rotura de todo acuerdo básico de convivencia por parte de Cambiemos hacía, más por susto que por acuerdo, rechazar la avanzada de Cambiemos a través de su ejecutor, Claudio Bonadio. La ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en un acto en Tucumán con el ex gobernador, José Alperovich, trataba de sacar la discusión del café y ponerla en el centro de los problemas que acontecían: “No me vengan con Cristina sí, Cristina no. Venime con trabajadores sí, trabajadores no, jubilados sí, jubilados no. No me jodan más, no me jodan más” (CL 22/11).

A pesar de ellos, el ariete judicial encabezado por el Juez Bonadio seguía golpeando. Eran detenidos Zannini, D’Elía y Esteche, y el colaborador de Irán Khalil; el ex canciller Timerman quedó con prisión domiciliaria. Además, fueron procesados sin prisión preventiva el ex número dos de la SIDE Juan Martín Mena, la ex procuradora Angelina Abbona, el ex jefe de la SIDE Oscar Parrilli y el diputado Andrés Larroque (LN 8/12). Sin embargo, la postura de no desaforrar a un integrante de la cámara alta hasta que tuviera condena firme prevalecía. El propio diario de la oligarquía debía ventilar la diferencia de posiciones al interior del Gobierno, entre quienes acuerdan con la figura de “traición a la patria”, que parte de definir los atentados como actos de guerra, y quienes la rechazan. A su vez, mencionaba sectores del oficialismo a quienes les preocupa una generalización de la prisión preventiva (LN 9/12)… Por un lado, el miedo a que el bumerang judicial retorne recargado. Por otro, el terror a un 17 de octubre versión 2017…

De este modo, fuerzas electoralmente en disputa se juntaban ante el despliegue de los proyectos de reformas y su momento de persecución judicial, colocando a la defensiva al conjunto. Esta recofiguración de los acuerdos “por arriba” es hija directa del proceso expropiatorio el gran capital, a través de su gobierno-CEO, así como del proceso acelerado de lucha callejera protagonizado por el movimiento obrero y demás sectores del pueblo expropiado.

Mientras tanto, la ex presidenta, cosechaba apoyos internacionales, por parte de Dilma Rousseff, Lula Da Silva (P12 10/12) y Evo Morales (P12 11/11) ante su criminalización, y las denuncias de persecución política tomaban conocimiento mundial. De esta manera, se iban reconfigurando las fuerzas políticas en torno al rechazo de las reformas de Cambiemos y su avanzada judicial sobre el Kirchnerismo.

Rechazo a las reformas, lucha y el embrión de lo nuevo

En todo este concierto, con la presentación del conjunto de las reformas que empujaba Cambiemos, el movimiento obrero, en sus múltiples expresiones, salía a posicionarse. A fines de noviembre, se reunían en la sede de la Federación Grafica Bonaerense Héctor Amichetti (FGB), Pablo Moyano (Sec. Gremial CGT – Camioneros), Sergio Palazzo (bancarios), Walter Correa (curtidores), Vanesa Siley (judiciales), Daniel Catalano (ATE Capital), Hugo Yasky (CTA-T) y representantes de la CTA Autónoma que conduce Pablo Micheli. También estuvieron dirigentes de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP- Mov Evita) y de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT). Los mismos decidían concentrarse en la plaza del Congreso el miércoles 29 de noviembre, día de la asunción de los nuevos legisladores, para “rechazar los proyectos de ley que representan un feroz ajuste sobre los trabajadores, jubilados, pensionados, beneficiarios de programas sociales, pymes y economías regionales”. Los dirigentes gremiales también reclamaban, a través de un documento, que los legisladores de ambas cámaras “no convaliden con su voto este despojo a los sectores populares” (P12 25/11). De esta manera, el sector del movimiento sindical más propenso a acordar con el macrismo, como los denominados “Gordos” (UPCN, Comercio, Sanidad) e “Independientes” (Obras Sanitarias, UOCRA) se veían acorralados ante una “caterva” (como se denomina internamente en la CGT) de sindicatos pequeños, que con una línea política acorde a las necesidades de las masas, dejaba en offside a los gerontes de las supuestas “grandes estructuras”.

Mientras tanto, las negociaciones que emprendía Cambiemos con el Triunvirato de la CGT se iba empantanando por el rechazo generalizado que las reformas provocaba y, como vimos anteriormente, los legisladores del peronismo condicionaban su apoyo a la Reforma Laboral acorde a la aprobación monolítica por parte de la CGT, dentro de la cual su conducción en mano de los sectores más dialoguistas no podía lograr el consenso del conjunto de las organizaciones. Como si el desconcierto fuera poco, después de que el Triunvirato que conduce la CGT apoyara la Reforma Laboral, a contramarcha de esto, expresaba su rechazo a la reforma previsional, aunque sin apoyar la movilización convocada (P12 28/11). La Nación seguía al por menor la interna en el movimiento obrero: “A la cabeza de esa corriente [“dialoguista” con el Gobierno] están los triunviros Héctor Daer, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña. Del otro lado aparece Pablo Moyano, decidido a encarnar la oposición gremial más dura al Gobierno y sus planes” (LN 29/11). Las discusiones al interior del Consejo Directivo de la histórica central obrera se ventilaban por todos los medios. Los reclamos de determinado sector a otro por su “inorganicidad” a la estructura sindical de la CGT y la agitación de movilizaciones eran secundados por los reclamos de libertad de acción por parte de otro grupo de organizaciones, respondiendo la conducción con el rechazo a avalar la movilización. Nuevamente, el punto de ruptura de los agrupamientos sindicales salía a la luz (P12 29/11).

En este marco, el miércoles 29 de noviembre se realizaba la movilización multitudinaria de más de 120 mil trabajadores a las puertas del Congreso en rechazo al conjunto de reformas presentadas por Cambiemos. Los oradores se sucedían. Hugo Yasky, líder de la CTA de los Trabajadores, les advertía: “No es el mandato que les dieron sacarles $ 100 mil millones a los jubilados. Les decimos a los senadores que se acabó el anonimato, el que levante la mano va a salir publicado con foto”. Pablo Micheli, jefe de la CTA Autónoma decía: “Estamos casi todos acá. Hay algunos compañeros que no están entendiendo, hay que ayudarlos a entender que nadie se salva solo”. Pablo Moyano agradeció la presencia “de compañeros del consejo directivo de la CGT [Omar Plaini de Canillitas, por ejemplo, estaba entre los manifestantes]” y a los movimientos sociales. “Los discípulos de Cavallo vienen con la intención de una reforma laboral para sacarnos derechos adquiridos”. El líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, cerró el acto, que duró menos de una hora: “Si levantan la mano [los senadores], la otra se la meten en el bolsillo a los jubilados” (P12 30/11).

El miércoles 29 de noviembre ponía el primer punto de inflexión frente a la oligarquía. Motorizado desde las organizaciones sindicales chicas -más allá de la importante participación del Pablo Moyano y Camioneros-, el acto tenía como premisa el hacerse cargo de la exigencia, planteada por una amplia mayoría popular, de que el movimiento obrero se pusiese al frente de la pelea contra la política económica del Gobierno. De este modo, sintetizaba una necesidad masiva y demostraba cabalmente que el enfrentamiento a los planes de la oligarquía no tenía que ver con el problema de una organización sindical grande o pequeña sino con respecto a las tereas políticas que los trabajadores se plantean resolver. En este caso, un grupo de trabajadores agrupados en sindicatos pequeños que deciden enfrentar congruentemente el paquete de reformas que buscan llevar adelante el imperio y su oligarquía local.

En la misma línea de análisis, podemos marcar una diferencia cualitativa respecto de lo que fueron las grandes movilizaciones de marzo. Recordemos que allí el pueblo protagonizó cuatro marchas. La primera fue la Marcha Federal Educativa, realizada el 6 de marzo y que congregó a más de 400 mil trabajadores de la educación y a otros sectores por las paritarias docentes y el presupuesto educativo. La segunda fue la movilización de la CGT realizada el 7 de marzo al ministerio de Producción, que contó con más de 200 trabajadores en protesta por las medidas que afectaban la producción nacional. La tercera fue el paro de mujeres del 8 de marzo, el cual congregó a más de 200 mil compañeras a nivel nacional. La cuarta fue la movilización del 24 de marzo contra la dictadura cívico-militar del 76, que reunió a más de 500 mil compatriotas. Es decir, en menos de un mes se movilizaron más de un millos trecientos mil personas. No obstante, en esencia no se ponía en tela de juicio a Cambiemos, como expresión de la oligarquía y el imperialismo, sino que se reclamaban a la misma que “nos tuviese en cuenta”. O sea, se actuaba bajo la premisa de que Cambiemos podría ejecutar un plan de gobierno distinto al que necesita el capital. Pasados sólo unos 8 meses, y a menos de 2 meses de la pírrica victoria legislativa de Cambiemos, una movilización de 120 mil trabajadores ya no pedía que Cambiemos lo tuviera en cuenta, sino que, como vimos los meses pasados, devolvía la declaración de guerra lanzada por la expresión política de la oligarquía, y ya no convocaba a pedirle a Cambiemos que cambie, sino a enfrentarlo abiertamente, siendo esta postura en amplios sectores populares la que pone sobre las cuerdas a la oligarquía.

El cimbronazo del 29 repercutía. La Nación, tratando de aportar al desconcierto y azuzar contradicciones internas, disparaba: “La CGT no irá al Congreso por la reforma laboral y se traba el debate. (…) La central obrera dice que apoya los cambios, pero no está dispuesta a defenderlos en el Congreso. (…) La pelea de fondo es por el costo político de acompañar (o no) la reforma” (LN 7/12). A su vez, el nuevo agrupamiento que nacía al calor del rechazo de los proyectos de reformas, llamado la Multisectorial Federal, la cual englobaba a la Corriente Federal de Trabajadores, Camioneros, las dos CTA, regionales de la CGT y organizaciones sociales, se posicionaba en rechazo al pedido de desafuero de la senadora y ex presidenta CFK, con el título de: “Ante la subversión del orden constitucional, en defensa del estado de derecho y la democracia”, denunciando la persecución política que vivían todos los que se oponían al proyecto oligárquico (P12 8/12).

Sólo un puñado de días después, nuevamente, la posición del triunvirato volvía a variar. Juan Carlos Schmid, acompañado por el otro triunviro, Carlos Acuña, denunciaba: “Con esta ley le están metiendo la mano en el bolsillo a los jubilados. La reforma previsional la rechazamos de plano. (…) El ajuste lo deben pagar quienes más tienen, (…) quienes se enriquecen y se enriquecieron con el dinero de todos nosotros”. Y anunciaba, a diferencia de lo ocurrido dos semanas antes, el aval a la movilización en rechazo de la reforma previsional, con el acompañamiento por los cuerpos orgánicos, es decir, delegados y secretarios de las instituciones a la movilización, y la intención de lanzar un paro general en caso que se aprobara la reforma. Mientras, la mayoría de los gremios “Gordos” e “Independientes” se ausentaban de la CGT (CR 14/12).

El tratamiento de la reforma previsional y la movilización popular se producían el jueves 14 de noviembre. Como ya vimos al inicio del artículo, el despliegue de fuerzas de seguridad, en este caso la militarizada Gendarmería, era de envergadura, vallando el Congreso y toda la zona norte lindante a la plaza, dejando como área de ingreso y repliegue la zona sur y este de la plaza. Las columnas de la Corriente Federal de Trabajadores, con los gremios que la componen (Gráficos, Curtidores, Judiciales, SatSaid, Sadop, Jerárquicos Energía, Farmacia, etc.), las regionales de la UOM, Camioneros, Bancarios, Molineros, Neumáticos, Canillitas, Periodistas, el Suteba-CTERA, Ate Capital, las CTA, la CTEP, etc. más organizaciones sociales y políticas, iban llenado la plaza Congreso y sus inmediaciones.

Con la obtención del quórum por parte de Cambiemos para votar la reforma, los enfrentamientos entre las Gendarmería y los movilizados se generalizaban. Es de resaltar que a pesar de los primero intentos de represión (dicho sea de paso, todavía no se comparan con la brutalidad de otra época), el repliegue era momentáneo y la voluntad mayoritaria de los movilizados era volver a avanzar y mantener la ocupación de la plaza. Los choques dejaron a 26 detenidos por parte de los manifestantes. Como vimos al inicio del artículo, el ascenso de la confrontación callejera y la pérdida de legisladores peronistas que apoyaran la reforma de Cambiemos hacían que la oligarquía tomara nota y el Gobierno levantara la sesión.

Como ya habíamos visto el miércoles 29, un sector importante del movimiento obrero en conjunto con otros grupos subalternos ya no reclamaba modificaciones a las reformas, sino que rechazaba de plano el conjunto de ellas, dispuesto a la movilización y a la lucha callejera. Es de resaltar, como decía el mismo diario La Nación, la “poca resistencia” que ofreció ese día Cambiemos y la represión que efectuó, muy inferior a las que se veía en los 80 y 90 y ni hablar durante la última dictadura. Mientras, la tribuna de doctrina seguía jugando a la fractura: “La central obrera peronista levantó el paro general al que había convocado para hoy si se convertía en ley la iniciativa del oficialismo. Pero amenazó con reactivarlo si el presidente Mauricio Macri avanza con un decreto de necesidad y urgencia”. Juan Carlos Schmid advertía: “Si hay un DNU, la medida de fuerza se hace de manera inmediata” (LN 15/12).

Como vimos al inicio del artículo, posteriormente al jueves, Cambiemos aceleró las negociaciones con los gobernadores para asegurarse los votos necesarios para aprobar la reforma previsional. Mientras tanto, en la pluma de Joaquín Morales Solá, La Nación tiraba línea para sus cuadros: “Violenta alianza entre kirchneristas, Massista y la izquierda. (…) El Gobierno tuvo, le guste o no, el primer traspié importante, (…) tropezado en la tarde de ayer con una alianza no tan extraña ni tan inesperada: el kirchnerismo, el massismo y la izquierda trotskista. (…) Les da lo mismo estar dentro o fuera del sistema” (Ln 15/12). La oligarquía tomaba nota del arco de fuerzas que se iba acumulando en su contra.

El lunes 18, Cambiemos reunía las voluntades legislativas suficientes y lanzaba de nuevo la sesión en el Congreso. La movilización popular desde el inicio mostraba ser ampliamente mayor que la del jueves anterior, notándose nuevamente el alto grado de organización de masas, con columnas y cordones de seguridad, pañuelos, antiparras, etc. El operativo de seguridad había replegado a la Gendarmería al edificio Centinela, donde se encontraban apostados, dejando a cargo a la Policía de la Ciudad y la Guardia de Infantería de la Federal. La disposicion de las vallas había armado una ratonera alrededor del Congreso, teniendo apostados agentes en cada una de las calles perpendiculares valladas, sólo dejando el repliegue de la plaza para la zona este. Los ánimos se iban caldeando, la movilización rebalsaba la plaza, llegando hasta ocupar Avenida 9 de julio. Los enfrentamientos frente al Congreso recrudecían, la represión se intensificaba, las columnas organizadas replegaban ante los gases y volvían a avanzar, la gente no quería irse a pesar de los choques. Cuando la situación parecía sobrepasar las líneas de seguridad apostadas en el frente del Congreso, las fuerzas de seguridad “salían para adelante” con carros hidrantes, bombas de gas y balas de goma a mansalva, pidiendo refuerzos a la Gendarmería; las columnas se replegaban sobre Avenida de mayo, viéndose en un cuello de botella, donde los agentes aprovecharon para bombardear con gases. En el repliegue de masas y ataque de las fuerza de seguridad, los movilizados cantaban “unidad de los trabajadores” como grito de guerra. La represión se extendió hasta la avenida 9 de julio y las calles laterales al Congreso, mientras, los grupos sueltos que quedaban, ante el repliegue de las columnas organizadas, eran cazados por los agentes de civil infiltrados en la movilización y apoyados por las fuerzas regulares. Mientras la represión en las inmediaciones del Congreso continuaba, la sesión al interior del mismo se desarrollaba entre gritos y empujones. Pasadas las 22hs, los cacerolazos se iban generalizando en la ciudad y alrededores. A las pocas horas, un grueso de los caceroleros se movilizaba a la plaza Congreso, siendo también reprimidos pasadas las 00hs. A su vez, el paro que había prometido la CGT ante la aprobación de la reforma previsional se ejecutaba con un alto grado de heterogeneidad, dejando nuevamente desorientado al Triunvirato.

El órgano de la oligarquía narraba: “Como nunca antes, la CGT se siente huérfana, sin un territorio político fértil para plantar bandera. Esa desorientación empujó a varios sindicalistas a las orillas del macrismo” (LN 19/12). Acto seguido, el triunvirato salía a desligarse de la “violencia y los agitadores”, casi dando los mismo argumentos que el macrismo. Al día posterior a los choques masivos en Congreso, La Nación se apresuraba en dar argumentos a sus líneas subalternas para que sostengan el debate ideológico en la sociedad, contra quienes están “alentando los fantasmas de los recordados episodios de violencia de diciembre de 2001. (…) Es evidente que las circunstancias entre uno y otro período son muy distintas. (…) Todo un símbolo de una Argentina violenta que se resiste a quedar en el pasado” (LN 19/12). Así, la jornada más intensa de los últimos años cerraba momentáneamente.

El desconcierto generalizado que aparecía más nítidamente plasmado en el triunvirato cegetista no es un problema de la institución obrera misma, sino del conjunto de las concepciones que creen que la crisis que vive el orden imperial en su conjunto, con su expresión oligárquica nacional, pueden resolverse dentro de los marcos del capitalismo; siendo cada día más evidente la necesidad de un cambio de régimen de producción social.

El proceso de lucha, que se intensificó y cambió cualitativamente a causa de la presentación del conjunto de reformas que pretende implementar Cambiemos, empuja el reagrupamiento de sectores que hasta hace poco tiempo, en la época de bonanza del Kirchnerismo, podían darse el lujo de poner contradicciones secundarias sobre las primarias. El avance oligárquico tendía a unir fuerzas ante el espanto y a empujar la constitución embrionaria de una nueva dirección de masas del movimiento nacional que enfrente el proyecto imperial oligárquico.

A su vez, como decía un viejo historiador del movimiento obrero (Julio Godio), los sindicatos chicos, como expresión de una parte del movimiento obrero, comienzan a jugar un papel decisivo en este proceso abierto. Por dos razones. Primero, por ser la representación de los sectores a los que primero les llega la crisis. Segundo, por estar menos “maniatados” a un conjunto de prebendas fomentadas por la burguesía. Por ello, son los primeros en lanzarse a la lucha, encabezando el rechazo masivo a los proyectos de reforma, a través de las últimas tres grandes movilizaciones que analizamos.

Como veíamos el mes pasado, el papel del movimiento obrero como eje sobre el cual aglutinar el conjunto de fuerzas del movimiento nacional, y su paso a la cabeza del mismo, volvía a plantear la necesidad de un órgano que permita sintetizar la experiencia histórica, que cumpla el rol de conducción estratégica, marche adelante del desarrollo de las masas y conduzca el proceso de lucha abierta planteado contra la oligarquía.

Por otro, la alta disposición de las masas a luchar y pasar a la ofensiva, a pesar de la situación de represión, zanjaba la discusión con las diferentes concepciones del movimiento nacional de si el movimiento estaba replegando o no, si se estaba resistiendo o no. Las movilizaciones del miércoles 29 de noviembre, jueves 14 y lunes 18 de diciembre destapaban y empujaban a amplios sectores de la pequeña y hasta mediana burguesía que venían siendo afectadas. La generalización de los cacerolazos en el grueso de los barrios porteños y algunos del conurbano, que históricamente fueron base de apoyo a los intereses oligárquicos, puso de manifiesto la fractura al interior de la fuerza social que la oligarquía había logrado construir.

De este modo, luego de la victoria legislativa de la gran burguesía argentina y su declaración de guerra contra el pueblo, el último mes muestra el proceso de reconstitución de la otra fuerza social, que tiene como eje la presencia del movimiento obrero y la voluntad de una parte creciente el mismo -centrado en los sindicatos chicos- de colocarse al frente de la lucha de una mayoría del pueblo que ya no pide que el proyecto oligárquico la contenga, sino que está dispuesta a negar el proyecto de Cambiemos y, embrionariamente, a constituir uno propio.



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