Revista Mensual | Número: Febrero de 2018
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Fuentes consultadas: EE.UU.: Wall Street Journal (WSJ). Gran Bretaña: The Economist (TE). Alemania: Deutsche Welle (DW); China: Xinhua (XH); Rusia: Russia Today (RT); Irn: HispanTV (HTV) Venezuela: Telesur (TS). Cuba: Cubadebate (CD). Argentina: Clarín (CL); Crónica (CA); Cronista Comercial (CR); La Nación (LN); Miradas al Sur (MS); Página 12 (P12); Tiempo Argentino (TA).
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Unos pocos peligros sensatos

Un diálogo nacional sólido
Sendero oscurísimo…
386 años
Una regulación tipo China o Cuba
Única en el mundo
Protagonismo del pueblo


De la disctadura del capital financiero y la democracia obrera y popular

Unos pocos peligros sensatos

“La confusión entre Estado-clase y sociedad regulada
es propia de las clases medias y de los pequeños intelectuales,
quienes verían con agrado cualquier equilibrio
que impidiese las luchas agudas y las catástrofes;
es una concepción típicamente reaccionaria y regresiva”
Antonio Gramsci (1932)

 

“(…) que enciende en sueños la vigilia

que antes que cuente diez, dormirá”
PR (1984)

 


Una vez más, los pueblos latinoamericanos se debaten respecto de qué democracia necesitan, en un año que ofrecerá elecciones decisivas en Venezuela, Brasil, Colombia y México.

Por un lado, las naciones controladas por las corporaciones monopólicas y sus empleados ven cómo todo su sistema institucional –y los supuestos valores que lo sustentan– se desmorona frente a la fría necesidad de acumulación del capital: la expropiación de capas de su propia clase y la generalización de la miseria y el hambre provocan la caída del velo “democrático” del imperialismo, revelando su verdadera naturaleza antidemocrática. Por el otro lado, los procesos transformadores, revolucionarios, de los países que conforman el núcleo de la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA) se vienen dado la tarea de construir una democracia en profunda correspondencia con la necesidad histórica de las masas trabajadoras, resistiendo una y otra vez los embates del imperialismo.

A continuación, analizaremos cómo se expresa en la región la disputa entre el imperialismo que se encuentra en un cuello de botella, ya que su reproducción ampliada depende de expropiar a capas de la burguesía que en otro momento histórico fueron sus aliadas, lo que profundiza la descomposición de las relaciones en toda la sociedad. Por otro lado, los procesos nacionales y revolucionarios que, en el marco de la crisis, vienen construyendo los cimientos de una organización social basada en los principios de la cooperación, lo que implica deshacerse de las conductas y valores que el capital ha forjado en nuestros pueblos, construyendo lo nuevo con las herramientas de lo viejo. La discusión en torno de si la transformación es posible en los marcos del sistema capitalista o si debe ser sobre los escombros del mismo es lo que hoy nos permite, desde los frentes nacionales, analizar los propios límites y reflexionar acerca de las tareas que demanda el momento, para vencer de manera definitiva al imperialismo.

Profundicemos en todo ello con mayor detenimiento.

Un diálogo nacional sólido

Poco antes de finalizar 2017, la vocera del Departamento de Estado de los Estados Unidos (EEUU), Heather Nauert, declaraba: “Felicitamos al presidente Juan Orlando Hernández por su victoria en las elecciones presidenciales del 26 de noviembre, según lo declarado por el Tribunal Supremo Electoral de Honduras” (CD 22/12). De esta manera, la administración de Donald Trump daba su apoyo oficial a la continuidad del Presidente Hernández y desconocía las denuncias sobre fraude electoral y los numerosos muertos y detenidos producidos por la represión a las protestas que ello produjo.

Un presidente que se presentó a la reelección, aunque su Constitución se lo prohíbe; un conteo de votos que cambió radicalmente su tendencia luego de un misterioso “apagón informativo”, contrariando todos los análisis probabilísticos que existen; un gobierno que luego de todo aquello decreta el “Estado de excepción” y reprime a mansalva a todos los manifestantes, provocando más de 40 muertes, todos opositores e incluso algunos periodistas de medios internacionales. Finalmente, el mismo Tribunal Supremo de Justicia que permitió violentar la Constitución a Juan Orlando Hernández descartó las denuncias de fraude y el TSE lo convalidó otorgándole la presidencia.

Los hechos ocurridos en Honduras son un cabal ejemplo de que la democracia representativa constituye un elemento caduco respeto del desarrollo de la concentración y centralización del capital, del desarrollo de la propiedad privada sobre los medios de producción. El carácter ínfimo, pero altamente concentrado, de las corporaciones monopólicas transnacionales provoca que su reproducción se realice contradiciendo los intereses de las mayorías, enfrentándolas con capas menores de burguesía y de la inmensa mayoría de desposeídos. De esta manera, su necesidad colisiona de forma directa con la de las mayorías, puesto que debe succionar la mayor cantidad de riqueza social posible a costa de los esfuerzos del pueblo trabajador, e incluso de ciertas capas menores de su clase social.

En este sentido, el capital concentrado tiene cada vez más dificultades para sostener una institucionalidad surgida a partir de la organización de capas locales y dependientes de burguesía (la oligarquía bananera en el caso de Honduras, de donde es oriundo el derrocado Manuel Zelaya), tributarias de las corporaciones monopólicas radicadas en los EEUU, puesto que ellas deben ser expropiadas también; sólo hay lugar para empleados y testaferros. Zelaya sintetizaba este fenómeno al afirmar: “Estados Unidos maneja la economía, el ejército, las relaciones internacionales y los combustibles. Por eso no entiendo por qué permiten que se elija presidente, mejor que nombren un gobernador” (www.ecured.cu/Honduras). Podríamos agregar, a modo de aporte: ni siquiera permiten que se elija presidente.

El caso de Honduras puso de relieve las profundas contradicciones e incoherencias en las que incurren los organismos regionales patrocinados por los EEUU, que en las últimas décadas han sido utilizados para denostar los procesos de liberación latinoamericanos bajo el pretexto de la “defensa de la democracia”. Promoviendo desde bloqueos comerciales y financieros hasta intervenciones militares, hemos visto a la Organización de Estados Americanos (OEA) acusar a Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, Ecuador, etc. de “interrupción del orden democrático”, argumentando fallas en la libertad de expresión, persecución a opositores, fraude electoral y ambiciones de reelección indefinida; en pocas palabras, denunciando a los procesos de liberación latinoamericano de no respetar las “reglas” de organización social dictadas por la burguesía.

Sin embargo, es el capital concentrado el que no cumple las reglas de la democracia. En realidad, nunca lo ha hecho, pero frente a la crisis de hegemonía que atraviesa, es decir, al no poder expresar su interés como el general, debe ir contra la organización política que constituyó hace 200 años. Así, en Honduras ha ocurrido la presentación de un candidato a una reelección prohibida por su Constitución, ha habido fraude electoral, se ha perseguido y asesinado a opositores y han resultado presos y asesinados periodistas; sin dudas, una combinación de hechos que “interrumpen el orden democrático”, pero que no ha generado ninguna medida oficial desde los organismos regionales que tanto dicen velar por la democracia.

Al comenzar el escándalo, el paladín democrático Luis Almagro declaró, a través de la red social Twitter, que dudaba de la seriedad del proceso electoral, lo cual generó malestar en las filas del oficialismo hondureño. La Misión Permanente de esa nación ante la OEA rechazó las “injerencias” del presidente del organismo en sus asuntos internos y afirmó: “los mensajes del Secretario General de la OEA causaron efectos muy negativos sobre la ciudadanía y la imagen internacional del país, y provocó daños personales y materiales incalculables al estimular la polarización en la sociedad hondureña (…). La injerencia, con sus actuaciones en la expresión de opiniones políticas oficiosas, ambas sin precedentes, por parte del Secretario General constituyen una obstrucción en las funciones de las misiones electorales y actos incompatibles con su condición de funcionario internacional responsable ante los Estados miembro” (TS 27/1). Pese al enojo oficial, Almagro se reunió con la fuerza política opositora y públicamente llamó a reeditar las elecciones, en aras de la transparencia democrática… ¡durante un mes! En menos de 30 días, el organismo regional cambiaba radicalmente su opinión y, sin aclarar qué acontecimiento especial había provocado una posición tan distinta de la original, declaraba su “disposición a trabajar con el presidente electo Juan O. Hernández” y reconocía su triunfo fraudulento (CD 22/1).

Las declaraciones de la vocera del Departamento de Estado de los EEUU que mencionamos al comienzo constituyen el elemento central para comprender la pirueta “democrática” de Almagro, ya que Estados Unidos desde el primer momento reconoció oficialmente al gobierno fraudulento y afirmó que “las irregularidades identificadas por la OEA y las misiones de observación electoral de la Unión Europea (UE), las fuertes reacciones de los hondureños en todo el espectro político subrayan la necesidad de un diálogo nacional sólido” (CD 22/12).

Como señaláramos con anterioridad, el problema de la democracia, el fraude electoral y su desconocimiento por parte de los EEUU y sus organismos satélite, no obedecen al terreno de las voluntades. La postura de Estados Unidos y el consecuente alineamiento de naciones dependientes y subordinadas como Colombia, México, Guatemala, etc. expone la necesidad del capital financiero, y por lo tanto define la estrategia que a ella corresponde: apropiarse de la riqueza social a costa de capas menores de su clase y del esfuerzo del pueblo trabajador, a como dé lugar y por cualquier medio que esté a su alcance. Como ello implica el desplazamiento de sectores otrora aliados que ya no pueden garantizar su reproducción social (como capa), la organización jurídico-política erigida producto de esos acuerdos queda totalmente caduca, provocando un vacío profundo: ni le es de utilidad a las corporaciones monopólicas, ni le es de utilidad al pueblo trabajador. A su vez, todo ello profundiza la irracionalidad de su discurso político, de sus esfuerzos por construir consenso en torno a dicha estrategia; todas las afirmaciones precedentes respecto de la “defensa irrestricta de la democracia”, los argumentos relativos a “sistemas de valores”, “gobierno del pueblo”, “voto ciudadano” y largos etcéteras colisionan frontalmente con su accionar cotidiano, por lo que pierde legitimidad. En su base material y objetiva, la acumulación capitalista en esta escala ha perdido la posibilidad de construir consenso y “sentar en la mesa” a amplios sectores sociales, por lo que los discursos respecto de la “diversidad”, “amplitud” y “convivencia” se esfuman en su incoherencia recurrente. La necesidad de acumulación de las corporaciones monopólicas es lo primero, y la organización social que de ello se deriva es el caos generalizado que analizamos mes tras mes.

Sendero oscurísimo…

Respecto a lo mencionado anteriormente sobre el caos social, los hechos ocurridos en Perú son una muestra cabal de ello.

En diciembre del año pasado, el Congreso peruano, de mayoría opositora, convocó a una sesión para declarar la “incapacidad moral” del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y destituirlo, debido a que la compañía Odebrecht reveló el pago de 4.800.000 dólares a empresas de su propiedad (o familiares directos) por diversas “asesorías” mientras era ministro de Economía en 2004. Además, en declaraciones previas a que se conozca dicha información, Kuczynski había negado cualquier vínculo con la compañía brasilera, por lo que se demostraba públicamente que había mentido.

Cabe recordar que Kuczynski es de nacionalidad peruana, pero que cursó la mayoría de sus estudios en Inglaterra y en los EEUU, en donde se casó y formó familia; en sus alocuciones públicas revela el marcado acento anglosajón al hablar, como si el castellano le resultara anti natural. Fue funcionario del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, cargos que alternó con funciones ejecutivas de alto nivel en diversas corporaciones transnacionales. Luego de formar parte del plantel de ministros de varios gobiernos de distinto signo político, derrotó en el balotaje a Keiko Fujimori en junio de 2016 por dos décimas, siendo las elecciones más reñidas de la historia del Perú (https://www.ecured.cu/Pedro_Pablo_Kuczynski).

Las revelaciones de Odebrecht, basadas en el testimonio de su máximo propietario a la Justicia norteamericana, dieron un impulso al fujimorismo, dominante en el Congreso por ser la minoría más votada en la primera vuelta, para destituir al presidente, desenlace que se preveía irreversible. Sin embargo, el oficialismo logró fracturar a Fuerza Popular (conducido por Keiko) y logró que diez legisladores comandados por el hermano menor de los Fujimori, Kenji, se abstuvieran de votar a cambio de un indulto presidencial hacia Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad (LN 23/12 y CD 25/12).

Alberto Fujimori fue presidente durante diez años (1990-2000) y ejecutor del programa neoliberal promovido por los EEUU a través del denominado “consenso de Washington”. En su larga década de gobiernos (2 completos y uno abruptamente interrumpido por su renuncia vía “fax” desde Japón), so pretexto del enfrentamiento con la organización político militar Sendero Luminoso, Fujimori tejió alianzas con las Fuerzas Armadas que le permitieron, entre otras cosas, disolver el Congreso de “prepo” y reformar la Constitución para habilitar la reelección y promovió una organización paramilitar fuertemente vinculada con los servicios de inteligencia. Respecto de este último punto, cabe destacar la designación de Vladimiro Montesinos como Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional del Perú, ex miembro de las Fuerzas Armadas, expulsado por probarse su condición de agente de la CIA (Agencia Central de Inteligencia de los EEUU), devenido en abogado defensor de los narcotraficantes más conocidos de Latinoamérica y actualmente encarcelado por tráfico ilegal de armas. Fujimori, durante su presidencia, lo nombró presidente del Consejo de Seguridad del Gobierno y lo transformó en su más cercano asesor y colaborador (todo en www.ecured.cu/alberto_fujimori y es.wikipedia.org/wiki/Vladimiro_Montesinos). Bajo su égida es que surgieron numerosos grupos paramilitares que, además de torturar y desaparecer militantes de las organizaciones político militares peruanas, actuaban como grupos de choque que dirimían las disputas de las corporaciones que allí radican.

Pues bien, se pone de manifiesto la decadencia de la superestructura jurídico política en Perú, donde el actual presidente, un ex funcionario del Banco Mundial y del Fondo Monetario internacional, acusado de recibir coimas millonarias debe negociar su impunidad con Alberto Fujimori, ex presidente de intensos vínculos con la CIA y sus tradicionales métodos de financiamiento ilegal, venta de drogas y armas. Ambos son expresión de la política del imperialismo hacia la región, encargados de ejecutar las políticas neoliberales, sin embargo, Kuczynski parece contar con menos margen de acción frente a la necesidad del capital concentrado de expropiar de manera directa a cada vez más capas de la burguesía, quedando en evidencia su imposibilidad de ceñirse a las reglas de la democracia que el mismo capital creó. La corrupción es constitutiva de la estructura política burguesa pero siempre se mantuvo como un secreto a voces; en la crisis actual, los trapitos salen al sol, se hacen públicos todos los negociados y la estabilidad “democrática” de un país se mantiene gracias al acuerdo entre jefes narcos y corruptos. Esto es una clara expresión de la decadencia de la dirigencia política que ya no puede disfrazar lo que es, quedando en evidencia que la democracia burguesa no es el gobierno de todos, sino el de unos pocos que conducen al estado en función de sus intereses.

386 años

Pero sin dudas Brasil ofrece en su trágica cotidianeidad el más completo cuadro de la crisis capitalista y su manifestación en la superestructura jurídico-política, la cual deja de corresponder (en su forma tradicional o establecida durante largo tiempo) con la necesidad de acumulación de las corporaciones monopólicas como también con los pueblos trabajadores de Latinoamérica.

Recordará el lector el famoso impeachment realizado contra la presidenta electa Dilma Rousseff, la cual fue acusada de un singular “acto de corrupción” que consistía en “maquillar” ciertos números estadísticos con motivo de la presentación y aprobación parlamentaria del Presupuesto nacional. Pues bien, no sólo fue destituída sin poder probarse de lo que se la acusaba, sino que días después de desplazarla el Congreso del Brasil sancionó una Ley en la que ello dejaba de ser delito, prueba cabal de las convicciones que motivaban a sus miembros más prominentes. Quizás el más famoso de ellos, encargado de dirigir la embestida golpista, fue Eduardo Cunha, entonces presidente de la Cámara de Diputados, quien ya consumado el golpe fue acusado penalmente por enriquecimiento ilícito y desplazado de sus funciones legislativas. Pues bien, este mes el Ministerio Público de Brasil pidió ¡386 años! de prisión para Cunha por ser “el principal líder y articulador del esquema criminal de la Caixa (Caja)”, una trama de corrupción que desvió dinero de este banco público (TS 17/1).

Como si ello fuera poco, e inspirado por el espíritu humanitario del presidente del Perú, Michel Temer firmaba en vísperas de Navidad un indulto que extendía a los condenados por corrupción la posibilidad del perdón judicial, tanto de sus penas de prisión como de sus multas, mientras que reducía el tiempo de cumplimiento mínimo de la pena a un quinto, independientemente del plazo total de la punición. Además, extendía los efectos del indulto a las sanciones monetarias que habían recibido los reos. Deltan Dallagnol, coordinador de los fiscales del Lava Jato, afirmaba que “el presidente prepara una salida para sí mismo y para otros reos del Lava Jato ¿Para qué firmar un acuerdo de delación premiada? Temer resuelve el problema del corrupto. En un quinto de la pena, será perdonado por el nuevo decreto de indulto navideño ¡Mejor que cualquier acuerdo de colaboración con el Lava Jato! ¡Liquidación!” (LN 24/12).

Como hemos señalado en artículos anteriores, la pandilla de políticos que conformaron la “coalición” que reemplazó al gobierno del Partido de los Trabajadores, ejecutaron a rajatabla el programa económico requerido por las corporaciones monopólicas transnacionales, que por un lado expropiaron a poderosos grupos económicos locales (JBS, Odebrecht y Petrobras) y por el otro implementaron un brutal ajuste sobre las espaldas del pueblo trabajador. Durante dicho proceso, los dueños de estos grupos locales acusaron de conductas irregulares a algunos de los miembros más prominentes del gobierno, entre ellos al propio presidente de facto Michel Temer, iniciando una verdadera lucha facciosa al interior del Estado, entre los funcionarios acusados de corrupción y el poder judicial formado y coordinado por los EEUU, en connivencia con los medios corporativos de comunicación, que promovieron una verdadera cacería extorsiva contra las fuerzas políticas tradicionales.

De esta manera, lo que era anunciado como un retorno a la “normalidad” luego de tres períodos de gobiernos “populistas”, con un gobierno conformado por una amplia coalición de fuerzas políticas tradicionales, terminó cayendo en un desprestigio sin comparaciones en la historia de la nación sudamericana y con un 3% de aceptación.

En esto se expresa cabalmente el problema fundamental de estos tiempos: la necesidad de acumulación de las corporaciones monopólicas colisiona frontalmente contra las condiciones necesarias para la reproducción de las inmensas mayorías; deben apropiarse de enormes porciones de riqueza social a costa de la expropiación de capas de su propia clase y un brutal ajuste sobre los hombros de la clase trabajadora. De esta manera, se revela lógica la artimaña utilizada para expulsar del gobierno al PT, puesto que, como hemos afirmado más arriba, la práctica política que corresponde a dicha necesidad no puede permitir que la organización política de las masas le impida concretarla. De ahí su naturaleza profundamente anti democrática.

Es por ello que el Poder Judicial de Brasil impulsa una verdadera persecución contra la principal figura opositora y favorita en las encuestas, el ex presidente Lula Da Silva. Sin ningún elemento que pruebe de lo que se le acusa (recibir un departamento como pago de un soborno, inmueble que no está a su nombre ni se ha probado si quiera que lo haya visitado, aunque Lula testificó que lo visitó en una ocasión), el ex presidente fue condenado por un tribunal de primera instancia a 9 años de prisión, impidiendo, de ser ratificado el fallo, su candidatura presidencial (TS 18/1). Es por ello que, al vacío que hemos mencionado en los dos apartados precedentes, en donde un ordenamiento jurídico-político se presenta innecesario para las dos clases en pugna, en este caso se agrega un factor más: impedir bajo cualquier medio la organización política de masas, impugnar, deslegitimar, perseguir, encarcelar cualquier liderazgo surgido al calor de las luchas populares. En otras palabras, que no haya salida alguna, alternativa posible al caótico orden social de las corporaciones monopólicas.

Una regulación tipo China o Cuba

Es por todo ello que se torna central la comprensión precisa del momento histórico que nos toca transitar, puesto que en las definiciones de carácter estratégico radica la posibilidad de que se pueda terminar con la rapiña capitalista y la inhumanidad a la que empuja a las amplias mayorías. La organización política siempre, en sus programas y acciones, expresa definiciones respecto de cómo se concibe la actual época histórica, contra qué se pelea y cómo se piensa vencer en esa pelea. En un reportaje reciente, Lula afirmaba que “el problema es lo que se está haciendo con la democracia. Crear un proceso jurídico para evitar que alguien sea candidato es poco democrático (…). Si yo tuviera un 1% de apoyo en las encuestas nadie querría impedir mi candidatura. Quieren evitar que el pueblo sea el gran juez de la democracia en este país (…). Si no discutimos un referéndum revocatorio o una Constituyente para cambiar algunas cosas que fueron hechas últimamente, este país va a volver a ser de la elite brasileña (…). Es necesario democratizar los medios. Tenemos que adoptar un modelo en el que los medios no sean utilizados por media docena de familias para manipular la información. Podría ser un modelo de regulación como el británico, el estadounidense o el alemán. Nadie quiere una regulación tipo China o Cuba” (LN 19/1); “El pueblo pobre tiene que volver a la economía, tiene que volver el empleo, tiene que volver el crédito, tiene que volver la inversión del estado. ¿Eso es posible? Claro que lo es, solo es imposible para el sistema financiero que quiere que el Estado trabaje para él. Seamos francos, ya es hora de que el sistema financiero aprenda a ganar dinero invirtiendo en la producción, nadie quiere invertir. (…) Si soy electo voy a gobernar para que los más pobres tengan más ventajas en sus vidas. Para que los pobres puedan volver a comer pechuga de pollo, que puedan hacer un viajecito en avión, puedan ir al teatro. Nosotros queremos crear un país de oportunidades” (P12 21/12).

En sus definiciones, Lula sintetiza el atolladero en que se encuentran las fuerzas políticas nacionales, populares y antiimperialistas que han sido desplazadas del gobierno en los últimos dos años. Por un lado, reconoce la naturaleza antidemocrática del imperialismo, al afirmar que la impugnación a su candidatura obedece al interés político del mismo a marginarlo de la contienda electoral, por temor a las implicancias locales y regionales de un posible gobierno del PT. Es decir, Lula expresa la necesidad de las masas de ir en contra del poder monopólico que las empuja a una vida de miseria y hambre, expresa la necesidad de resolver el problema de vivir en una sociedad organizada bajo relaciones de explotación. Es por ello que su popularidad va en alza, es por ello que el Estado burgués lo persigue. Esas definiciones llevaron a sus gobiernos a erradicar el ALCA de Latinoamérica, a conformar la UNASUR, la CELAC, a plantear una política latinoamericana soberana e independiente de los dictados de Washington, a condenar el bloqueo a Cuba, entre tantas otras.

Sin embargo, respecto de cómo es que se tiene que dar esa lucha contra el capital concentrado y cuál es el sujeto social que debe protagonizarla es donde se originan los mayores problemas. En sus definiciones, Lula vuelve a plantear la distinción entre un capitalismo financiero, vinculado a la especulación, y uno productivo, más humano al afirmar que “es hora de que el sistema financiero aprenda a ganar dinero invirtiendo en la producción”. Ya Vladimir Lenin, en 1916, afirmaba que el imperialismo, expresión política del capital financiero, se caracteriza por: “1) la concentración de la producción y del capital ha alcanzado un punto tan elevado de desarrollo, que ha creado los monopolios, decisivos en la vida económica; 2) la fusión del capital bancario con el industrial y la formación, sobre la base de este “capital financiero”, de la oligarquía financiera; 3) la exportación de capital, a diferencia de la exportación de mercancías, adquiere una importancia excepcional; 4) la formación de asociaciones capitalistas monopolistas internacionales, que se reparten el mundo; y 5) la culminación del reparto territorial del mundo entre las grandes potencias capitalistas. Como se puede apreciar en estas definiciones, es inconcebible un capital financiero escindido de la producción, puesto que su existencia es producto de una inédita concentración de la producción, dando origen a los monopolios que se intenta derrotar.

Por esto, el planteo de Lula de poner fin a que un puñado de familias concentre el poder comunicacional de una sociedad, pregonando una “regulación del estilo británico, norteamericano o alemán”y oponiéndose a una “regulación al estilo de Cuba o China” en donde esas corporaciones no tienen ningún lugar, ya que han sido expropiadas y reemplazadas por la clase trabajadora, expone los límites de algunos de los procesos de trasformación de la región donde se pretende alcanzar la justicia social bajo un capitalismo más humanitario. Ahora bien, no existen “dos capitalismos”: uno rapaz y otro distribucionista, es decir, no hay posibilidades de desarrollo humano en los marcos de este sistema. La concepción de pretender “regular”, “humanizar” al poder económico transnacional a través del aparato del Estado que lo expresa, ha demostrado su fracaso a lo largo y ancho de la región. Esta definición es central, ya que luego de los 10 años de gobierno populares, el planteo del ALBA de que la única solución posible a la crisis es la creación de una sociedad libre de relaciones de explotación sigue vigente, Venezuela y Bolivia son ejemplo de esto, y los procesos que adscribieron a la posibilidad de un “capitalismo bueno” se encuentran peleando con la derecha que ha conseguido hacerse del poder ejecutivo y socavado muchos de los logros conseguidos, tal el caso de Brasil y Argentina.

Asimismo, esto tiene implicancias, en relación a quién es el sujeto que puede encarnar la pelea contra el capital concentrado. Si el sujeto principal de las políticas que se impulsan es el “pobre”, término acuñado por los organismos financieros internacionales, como el Banco Mundial, que no define más que el ingreso de un individuo donde el objetivo es que “tengan más ventajas en su vida (…) crear un país de oportunidades”, el centro está puesto en la “regulación” o “humanización” del capital con el fin de posibilitar su incorporación a ciertos niveles de consumo. Como dijera Karl Marx hace ya un siglo y medio, ello supone un error ya que “Decir –así, en términos generales– que la acumulación se efectúa a costa del consumo, constituye de por sí una ilusión que choca contra el carácter de la producción capitalista, pues da por supuesto que la finalidad y el móvil propulsor de este régimen de producción es el consumo y no la obtención de plusvalía y su capitalización, es decir, la acumulación”. Justamente dicha acumulación es la que hoy marca la expropiación de los grupos económicos locales y la desocupación y miseria de las grandes mayorías; combatirla es ir en contra del capitalismo. No es posible, entonces, el desarrollo de un capitalismo “regulado” con base en el consumo popular que confronte y supere al imperialismo, aunque esto no anule la posibilidad de establecer alianzas con la pequeña y mediana burguesía, objetivamente enfrentada al capital financiero. Lo que aquí se pretende señalar es la imposibilidad de concebir a esos sectores y su necesidad de acumulación como ejes del proyecto político de liberación social, son parte del pasado, de un mundo que ha llegado a su fin. Centrar la pelea en la mejora de la condiciones de vida asociada a tener un mayor consumo implica a su vez desconocer el papel de la clase trabajadora en dicho proyecto como sujeto de transformación social; poniendo el eje en la necesidad de que ella “coma una pechuga de pollo” y no en su educación política para las tareas que tiene planteadas. De esta manera, no se concibe un mundo por fuera de los marcos de este sistema; tan sólo se trata de “humanizarlo”.

La inexactitud en las definiciones del problema a resolver, de comprender contra qué se está peleando, de no concebir una sociedad sin el dominio de las corporaciones monopólicas, es la que condujo al Partido de los Trabajadores del Brasil a nombrar un ministro de Economía liberal, Joaquim Levy, y realizar el primer ajuste sobre el pueblo trabajador. Ello resultó definitivo al momento del golpe de Estado, puesto que erosionó fuertemente la base social que había acompañado a Lula y Dilma Rousseff en la campaña electoral: el Movimiento Obrero.

La inconsistente acusación a Lula muestra a las claras que las instituciones “democráticas” solo están para defender los intereses de la clase dominante, ya que el objetivo es lograr que no sea candidato quedando en un segundo plano el supuesto acto de soborno que solo se basa en la convicción de un juez. En este sentido, no se puede dejar en manos de la misma justicia que derrocó a una presidenta elegida por el voto popular, la posibilidad de disputar el poder a la derecha. Son significativas las declaraciones de la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann (proveniente del Partido Comunista de Brasil): “Si el pueblo no sale a las calles, Brasil puede caer en una dictadura de la toga (…) vamos a defender a Lula. Nuestra militancia está muy movilizada y no vamos a permitir ningún tipo de violencia contra el ex presidente, sea una condena o su encarcelamiento porque el juicio es injusto; no hay pruebas. El PT lo va a inscribir de cualquier forma (…). Para detener a Lula van a tener que agarrar a mucha gente, más que eso, van a tener que matar gente” (LN 18 y 23/1). Remarcamos esta última afirmación puesto que negar la legitimidad del Poder Judicial es reconocer su carácter de clase y que es un bastión del Estado contra la organización política de las masas trabajadoras. Por lo tanto, este planteo (que sin dudas expresa sentimientos alojados en la base social del PT) ya supone un principio de escisión con el orden social burgués y expone la necesidad de la organización popular bajo un proyecto político propio.

Veamos qué aspectos de ello se han podido positivizar en la región.

Única en el mundo

Por todo lo que afirmamos anteriormente, entendemos que debemos prestar mucha atención a los países que no sólo han podido sostener procesos revolucionarios, sino que los han profundizado. Nos referimos, sin dudas, al núcleo de naciones que componen el ALBA: Bolivia, Venezuela y Cuba.

Bolivia, gobernada desde 2006 por el Movimiento Al Socialismo (MAS), cuyo líder indiscutido es el presidente Evo Morales, transita dos batallas fundamentales para la construcción de un nuevo orden social. En primer lugar, luego de haber reformado su Constitución, Bolivia ha encarado una profunda reforma del Poder Judicial, proponiéndose erradicar el carácter corporativo y de clase (burguesa) del mismo mediante un proceso de transformación que tiene como eje la elección mediante el voto popular de todos los jueces del Estado, desde Tribunales Supremos hasta ordinarios. En esta pelea se está disputando el control del poder judicial por el capital concentrado, cuando los jueces son formados por las corporaciones monopólicas desde EEUU, como en Brasil, y sirven a las Leyes y Constituciones que ellas mismas han forjado o su control por los procesos populares con jueces representativos del nuevo orden social en construcción, protagonizado por la clase trabajadora. El Poder Judicial, en tanto poder del Estado, es la imposición de la clase que detenta los medios de producción a toda la sociedad de normas de conductas ligadas a su razón de ser y desarrollo. A la transformación revolucionaria de la base material que sustenta dicha imposición, la propiedad privada sobre los medios de producción, corresponde la transformación revolucionaria del ordenamiento social acorde a ella. Es por ello que Evo Morales, durante el acto de posesión de los nuevos magistrados electos en el Tribunal Supremo de Justicia afirmaba que “las elecciones judiciales son únicas en el mundo. Ustedes son producto del voto del pueblo boliviano. El pueblo quiere una justicia transparente, rápida, gratuita y sobre todo justa” (TS 3/1).

El otro aspecto central que transita Bolivia es la discusión sobre la reelección de Evo Morales, el cual es acusado por los EEUU, la OEA, los opositores por ellos coordinados de “querer perpetuarse en el poder” y de ser un “dictador” puesto que debe modificar artículos constitucionales para ello (como el reconocido presidente fraudulento de Honduras). Frente a estas acusaciones su vicepresidente, Álvaro García Linera, afirmaba que: “El poder constituyente fue la sublevación de la gente en 2001, 2003, 2005, que se expresó en la votación por Evo, por un indio, algo inédito (…). La pregunta que se hace un revolucionario es: aquel símbolo de la constitución de lo popular, aquel símbolo que expresa la ruptura de la subalternidad ¿por qué dejarlo ir? ¿Por qué ahora? Si uno se apegara estrictamente a las formas institucionales, correspondería. Pero si se apega al núcleo ígneo de lo popular en movimiento, es un gran error perder aquello que se logra sólo cada 100 o 200 años. En otras palabras, la lógica del poder constituyente sigue prevaleciendo en su candidatura, porque Evo personifica la unificación de lo popular (…). El subalterno pasa el 98% de su historia fragmentado. Sería una locura, cuando vive el 2% unificado, que lo deje pasar por un mero apego muerto a la palabra institucional de la democracia representativa” (LN 9/1).

Es decir, una institucionalidad que dé forma al nuevo orden social originado en las rebeliones populares, proceso de lucha que dio origen al liderazgo de Evo Morales.

Protagonismo del pueblo

Siguiendo este punto, hemos analizado en numerosas oportunidades el proceso venezolano, signado por una reforma constitucional que se encuentra en pleno desarrollo y que ha podido superar infinitos ataques imperialistas para impedirlo. A pesar del poder financiero, militar y mediático del imperialismo, la lucha de la clase trabajadora venezolana se impuso, y en una jornada memorable concurrió masivamente a manifestar su apoyo a la realización de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Desde ese momento, derrotada la estrategia terrorista del imperialismo, el Partido Socialista Unificado de Venezuela ha triunfado en dos procesos electorales más, elecciones de gobernadores y alcaldes municipales, y su ANC ha convocado para el mes de abril a las elecciones presidenciales, en donde se descuenta que se presentará el actual presidente Nicolás Maduro.

En las consideraciones para llamar al pueblo a las urnas, el dirigente Diosdado Cabello señaló que los tres períodos electorales mencionados permitieron “afianzar la paz” en Venezuela, tras los actos violentos promovidos por la oposición, y destacó la necesidad de continuar con el avance de los procesos democráticos para dirimir las diferencias políticas “mediante métodos participativos con el protagonismo del pueblo” (CD 23/1).

De esta manera, Venezuela avanza hacia la construcción de una nueva institucionalidad surgida al calor de la lucha revolucionaria contra el imperialismo norteamericano; ya no hay prácticamente fuerza interna que pueda cuestionar la legitimidad de la ANC ni de sus actos fundacionales, a pesar de los gritos opositores ya tradicionales.

Al respecto, sin dudas que la experiencia latinoamericana más desarrollada es la de Cuba, que este mes realizó sus elecciones para la conformación del Parlamento, quien a su vez designará al sucesor de Raúl Castro en abril de 2018. Respecto de la democracia protagónica y la participación popular, Raúl Castro afirmaba que: “Una vez más nuestro pueblo acudió masivamente a ejercer su derecho al voto, alcanzando en la primera vuelta un 89,02% de asistencia, cifra similar a la del anterior proceso. Al propio tiempo, la calidad del sufragio resultó superior, en comparación con las elecciones efectuadas en el año 2015, al alcanzarse un mayor por ciento de boletas válidas y por ende cifras inferiores de anuladas y en blanco.” Son pocos países en el mundo los que logran tamaña participación popular en los asuntos comunes y públicos, y ello se debe a la profunda comprensión de los trabajadores cubanos y a su participación en la dirección política del momento histórico que se transita.

En palabras de Raúl Castro: “Nuestra región latinoamericana y caribeña sufre los ataques del imperialismo y de las oligarquías con el objetivo de hacer retroceder la historia y quebrar los avances logrados por las fuerzas populares durante los últimos años. La Revolución Bolivariana enfrenta la guerra no convencional que le imponen sus enemigos externos y sectores golpistas internos. Los resultados de los recientes procesos electorales ratifican la legitimidad y el carácter democrático del gobierno encabezado por el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros y la unión cívico-militar. Rechazamos las medidas coercitivas unilaterales impuestas por los Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea y la injerencia externa contra el proceso bolivariano y chavista de Venezuela que amenazan la paz y el diálogo entre venezolanos con propósitos desestabilizadores y generan penurias económicas a su población. La Revolución Cubana padeció por décadas etapas parecidas y aún peores en algunas ocasiones. Mantendremos la cooperación con el gobierno y el pueblo venezolanos, aún bajo las circunstancias más adversas. Haremos todo lo que esté en nuestras manos para cumplir el deber revolucionario de contribuir a la victoria de la Revolución bolivariana y chavista” (CD 22/12).



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