Revista Mensual | Número: Febrero de 2018
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Fuentes consultadas: EE.UU.: Wall Street Journal (WSJ). Gran Bretaña: The Economist (TE). Alemania: Deutsche Welle (DW); China: Xinhua (XH); Rusia: Russia Today (RT); Irn: HispanTV (HTV) Venezuela: Telesur (TS). Cuba: Cubadebate (CD). Argentina: Clarín (CL); Crónica (CA); Cronista Comercial (CR); La Nación (LN); Miradas al Sur (MS); Página 12 (P12); Tiempo Argentino (TA).
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El fracaso del plan económico agudiza la disputa entre gradualistas y “shockistas”

El FMI advierte sobre la deuda y pide ajustar. El frente externo se calienta
¡Es el dominio del capital financiero, estúpido!
Las cuentas nacionales al rojo vivo
El problema de la pobreza no son los pobres, sino los ricos que la crearon
¡Ajustar y ajustar es el camino hacia el desguace nacional!


Con creciente déficit en las cuentas públicas,
la receta del gobierno es endeudarse y ajustar

El fracaso del plan económico agudiza la disputa entre gradualistas y “shockistas”

Alabanzas al dinero, competitividad,
mercados listos para especular,
libre comercio sin barreras (…)
Nos golpean, nos roban y encierran,
en nombre de su libertad,
es la ira del pueblo lo que encontraran!
(Democracia pestilente-SKA-P)

 


El calor de enero estuvo acorde al rojo creciente de las cuentas nacionales. Pasadas las elecciones y apagados los flashes del “gran” Acuerdo Nacional, las transformaciones anunciadas bajo el “gradualismo permanente” han dado como resultado un estancamiento regular. Con creciente déficit de la cuenta corriente el gobierno intenta “bicicletear” el agujero fiscal con un insostenible endeudamiento externo. El “mercado internacional”, que financió plácidamente el gradualismo de los dos primeros años del mandato de Macri, comienza ahora a alertar sobre la necesidad de ejecutar con mayor celeridad las medidas pendientes. La meta que los órganos del capital financiero le exigen a la Argentina de manera condicionante no es otra que achicar el gasto público y reducir el endeudamiento colosal, que acerca a la economía nacional a un peligroso default de incalculable impacto en la creciente conflictividad social.

De esta manera, ante la reducción del margen para el endeudamiento, la gran burguesía argentina debe descargar de manera acelerada el costo de la crisis sobre el conjunto del pueblo. Pero el tridente de medidas lanzadas luego del triunfo electoral –reformas fiscal, previsional y laboral–, parece no dar los resultados anhelados. Los hechos de diciembre, que hemos analizado en el número anterior de esta publicación, muestran a las claras la agudización de la protesta social que se deriva de la imposición de un programa que elimina las condiciones de reproducción de las mayorías populares y el recto camino hacia una crisis de gobernabilidad de enormes proporciones. Veamos entonces, con detenimiento, el desarrollo de los hechos durante el caluroso enero.

El FMI advierte sobre la deuda y pide ajustar. El frente externo se calienta

Tras la revisión de la economía nacional establecida en el artículo IV del Fondo Monetario Internacional para los países miembro, la entidad presentaba su “Informe 2017”, donde ratificaba el apoyo político al gobierno de Macri y afirmaba que las iniciativas tomadas hasta aquí “han afianzado la economía”. El informe de marras, en la medida en que destacaba el avance alcanzado por el pacto fiscal y la reforma tributaria (“es un buen primer paso hacia la reestructuración del ineficiente sistema tributario”), planteaba también la necesidad de profundizar en la dirección del ajuste: “Es esencial reducir el gasto público, sobre todo en los ámbitos en que dicho gasto ha aumentado rápidamente en los últimos años, en particular salarios, pensiones y transferencias sociales”. Párrafo seguido, advertía con severidad: “Se prevé que el continuo y cuantioso endeudamiento externo y las presiones de apreciación de la moneda en términos reales provoquen nuevos aumentos del déficit en cuenta corriente para lo cual “un menor déficit fiscal reduciría las vulnerabilidades externas, generaría credibilidad y ayudaría a anclar las expectativas de inflación” (LN 29/12). De esta manera el FMI alertaba sobre el alto nivel de endeudamiento externo del país y la imposibilidad de continuar sosteniendo los niveles de déficit de la cuenta corriente nacional. Por eso, es menester para el gran capital profundizar el ajuste del gasto público (ajuste fiscal; ajuste previsional; reducción del empleo público) lo que significa achicar la parte de la torta que se distribuye entre los trabajadores (en todas sus categorías y capas) y los capitales medios, agrandando la cuota que se lleva la oligarquía financiera, los grandes terratenientes y los grupos locales subordinados a ésta. En síntesis: acumular succionando hasta la última gota de valor que producen los trabajadores.

Al mismo tiempo que el Fondo hacía públicas las conclusiones de su informe, desde el Gobierno Nacional, el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, los ministros Nicolás Dujovne (Hacienda) y Luis Caputo (Finanzas) junto al titular del Banco Central (BCRA), Federico Sturzenegger, debían reconocer, en conferencia de prensa, un alza en la meta de inflación para 2018, que pasaba de una banda de 8-12% (inicialmente estimada) a un 15% proyectado, todavía bastante a la baja. Por otro lado, anunciaban también una reducción, muy modesta, de las tasas del BCRA. Esta última medida llevó a una pequeña corrida hacia el dólar elevando el tipo da cambio en torno de los 20 pesos. Finalmente los funcionarios, siguiendo a pie juntillas los requerimientos del FMI, ratificaban la meta de reducción de déficit fiscal del 3,2% del PBI para 2018 y del 2,2% para 2019 (LN 29/12).

Sin embargo, acuciada por los vencimientos con los acreedores externos, la gobernante alianza Cambiemos se vio impelida a seguir endeudándose. En la primera semana de enero, el gobierno del Estado cubrió casi un tercio de sus necesidades de financiamiento para el año a través de una fuerte emisión de bonos a 5, 10 y 30 años, captando US$ 9.000 millones, con tasas del 4,6%, 6% y 6,90% anual respectivamente. Las necesidades de financiamiento previstas para el año ascienden a US$ 30.100 millones. Eso incluye la financiación de un déficit estimado en US$ 20.500 millones y el pago de intereses de deuda por otros US$ 13.400 millones. “Estamos muy satisfechos con esta nueva emisión, ya que logramos -una vez más- bajar significativamente nuestro costo de financiamiento con las tasas más bajas de nuestra historia. Esto demuestra que los inversores ven con confianza la situación económica y política del país”, dijo entusiasmado el ministro de Finanzas Caputo. Pero, observando los números deberíamos preguntarnos el por qué del optimismo del ministro. Las tasas que aún paga la Argentina siguen siendo superiores a las que pagan otros países de la región. De hecho, y por dar un ejemplo, aunque con una emisión mucho más chica (apenas US$ 2.600 millones), Méjico colocó bonos a 10 y 30 años con rendimientos del 3,83 y 4,60% anual, respectivamente (LN 5/1).

Distintos sectores se sumaron al coro de alertas sobre el alto endeudamiento de la Argentina, en consonancia con las “recomendaciones” hechas por el FMI. En este sentido, Hernán Hirsch de FyE Consult, decía: “El ruido con respecto a lo sucedido con las metas y el Banco Central, más la colocación de los bonos por u$s 9.000 millones, afectan la capacidad de pago de la deuda”. Federico Furiase de la consultora EcoGo, mostraba el nudo de la cuestión: “El punto es que el Tesoro está endeudado en dólares y recauda en pesos, por lo que una devaluación con una velocidad suficiente, que genere cierta inestabilidad e incertidumbre, una suba rápida a $ 20 por ejemplo, puede complicar la percepción del mercado de la deuda en moneda extranjera porque recauda en pesos y tiene que pagar en dólares (...) Cuando se mira el sector público consolidado, la deuda en dólares es mucho más grande que las reservas del BCRA. El sector público ahí está descalzado y no tiene base para afrontar el conjunto de sus pasivos de una sola vez” (CR 11/1).

Dando cuenta de la inestabilidad de la economía argentina, el riesgo país plasmado en el EMBI+, indicador elaborado por el JP Morgan que mide la capacidad de pago de los países endeudados, subió en lo que va del año un 3,99% para la Argentina. En un solo día de enero aumentó 0,83% y llegó a los 365 puntos básicos. En cambio, en todos los demás países de la región (excepto Venezuela), en estos primeros 10 días de enero el “riesgo” cayó. La baja más pronunciada fue en Perú, donde disminuyó un 10,81%. Pero también lo hizo en Uruguay (6,58%), Ecuador (5,75%), Colombia (5,75%) y Brasil (7,50%). Inclusive en México donde vimos que hubo una colocación de deuda por u$s 2.600 millones también hubo un recorte de 4,23% (CR 10/1). Se sabe que a mayor riesgo país, mayor es el costo del financiamiento. Como la “tasa” la miden los grandes monopolios financieros (en este caso el JP Morgan) podemos advertir que son éstos los que están exigiendo al gobierno de Macri mayor celeridad en la aplicación del plan antinacional.

La decisión del Tesoro de los EEUU de aumentar la tasa interés de sus bonos a 10 años a 2,6% no hizo más que encender todas las luces de alerta. “El viento de cola para los mercados emergentes el año pasado fue la [baja] tasa de interés de largo plazo norteamericana. Pero ahora, de golpe, se empezó a mover. No está todavía en una zona mala, el problema es hasta dónde llega y con qué velocidad”, alertaba Santiago López Alfaro, socio de Delphos Investment, anticipando lo que podría llegar a ser una corrida con cesación de pagos sumado al mayor costo de financiamiento (LN 11/1).

Por otro lado, a pesar de las loas PRO-imperialistas que el gobierno de Macri se esfuerza por recitar, las demandas contra nuestro país que realizan los acreedores externos caídos en default durante la crisis de 2001, no cesan, alcanzando la cifra de casi 6.000 millones de dólares. “La capacidad de la República para obtener financiamiento puede verse afectada por el remanente de litigios holdouts”, advierte el propio Ministerio de Finanzas a los compradores de la deuda externa argentina. A veintidós meses del primer pago a los fondos buitre, el gobierno reconoció la existencia de 1.150 millones de dólares en bonos en default que no aceptaron el redituable -para ellos- acuerdo oficial (LN 17/1).

Si vemos los dos primeros años del gobierno, las emisiones de deuda en moneda local y extranjera totalizaron una friolera de 121.588 millones de dólares. De ese total, sólo el Tesoro Nacional emitió 98.185 millones de dólares. Otros 85.167 millones de dólares fueron títulos en esa moneda en poder de acreedores externos. El último informe del Observatorio de la Deuda Externa de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (ODE-UMET) estimó que 84 de cada 100 dólares ingresados como deuda fueron destinados para abastecer la fuga de capitales. Es decir que la deuda y la tan mentada lluvia de inversiones no entran al circuito de la economía real, estimulando la producción de bienes y servicios que aliente las exportaciones y permita obtener los dólares necesarios para asumir los compromisos asumidos en el extranjero. Muy por el contrario, cada dólar que entra alimenta las cuentas de los grandes pulpos financieros que succionan, día a día, las riquezas nacionales mediante el sobre-endeudamiento de toda la población (P12 8/1).

El economista Daniel Artana, Jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) desde 1987 y Secretario de Hacienda en la breve gestión del ministro Ricardo López Murphy en 2001 señalaba al respecto: “No es positivo que el Gobierno se endeude cada vez más para financiar que los argentinos podamos veranear en el exterior. Si uno mira el déficit de cuenta corriente, el pago para los próximos tres años de intereses puede llegar a los 100.000 millones de dólares en vencimientos de capital del sector público y privado. No digo que no se pueda lograr, pero será complicado (…) Lo complicado es saber qué es lo que está financiando este déficit; porque no se trata de inversión extranjera directa”. Se trata, lisa y llanamente, de fuga de capitales, le faltó decir a uno de los hombres predilectos de la city financiera para completar su confesión de parte (LN 27/1).

La devaluación, la baja en las tasas y el ajuste son los deberes impostergables para que, con el aval del FMI y la suba en las notas de la deuda por parte de las calificadoras de riesgo, a los dueños del dinero mundial no se les ocurra dejar de prestar.

¡Es el dominio del capital financiero, estúpido!

Analicemos un poco lo que venimos describiendo y refresquemos algunas enseñanzas que siempre es bueno repasar. El endeudamiento internacional es, esencialmente, una necesidad del capital financiero, y no de las economías que se endeudan. Si analizamos la historia del endeudamiento argentino observaremos de qué manera el capital inglés, en su proceso de expansión y salto imperial, financió al Estado Nacional para que, vía endeudamiento, se desarrolle toda la infraestructura necesaria -rutas y ferrocarriles- para poder trasladar a los puertos las materias primas y alimentos con los cuales se debía abastecer, a bajo costo, a las fábricas y a los obreros en Europa. Ese mismo mecanismo es el que aún sigue vivo, sólo que se trata ya no sólo del capital británico sino de los grandes conglomerados que constituyen una oligarquía financiera trasnacional.

 Así es como la deuda externa funciona financiando, principalmente, a las propias empresas extranjeras para que se desarrollen en el país y se lleven nuestras riquezas absorbiendo el fruto del trabajo local hacia sus casas matrices establecidas en los países centrales.

Al mecanismo expoliatorio basado en la exportación de capitales por parte de los conglomerados monopólicos y el endeudamiento crónico de los países dependientes, debe sumarse un paralelo andamiaje de absorción de riquezas que tiene como plataforma el mercado mundial. Los países dependientes, en general primario-exportadores, pierden sistemáticamente frente a los grupos monopólicos que controlan los núcleos de producción de ciencia y tecnología. El gobierno de Cambiemos remacha en su programa económico el cerrojo del mecanismo imperial que convierte a naciones y pueblos en deudores permanentes bajo las suelas de acreedores eternos; en una acelerada pendiente parasitaria que destruye y desguaza los lazos sociales y nacionales.

En este sentido, veíamos más arriba como el propio Artana (confeso cuadro del capital financiero, doctorado en EEUU) sinceraba el riesgo inminente que supone el crecimiento imparable de la fuga de capitales que salen del país sin ningún control. Sólo para tomar dimensiones históricas, medida en dólares al valor de 2017, la fuga actual de capitales es superior al promedio anual del ciclo kirchnerista (11,6 mil millones), al decenio de 1990 (13,8 mil millones) y a los registros de la última dictadura militar (10,4 mil millones). Como es sabido, bajo relaciones mercantil capitalistas, el objetivo de la producción es la maximización de la ganancia. Por ello, si el negocio bancario-especulativo ofrece suculentos resultados a corto plazo, hacia allí se dirigirán los capitales, desconsiderando que la fuente exclusiva de la ganancia es el plusvalor, producido por el obrero de carne y hueso cuya energía física e intelectual pone en movimiento todo el mecanismo productivo, por más moderno que éste sea. El sistema rapaz de endeudamiento y fuga que asola a la Argentina se acelera al ritmo de la crisis capitalista y de la caída de la creación de plusvalor en los países centrales, dada la velocidad de la producción de bienes y servicios (achicamiento del valor) organizada con una base técnica en constante renovación científica.

Durante los últimos 25 meses, este proceso se ha ido incrementando. Fue suficiente que el BCRA, con exagerada tibieza, modificara mínimamente a la baja la tasa de interés, para que el dinero líquido especulativo corriera hacia el dólar. De los papeles de deuda con tasas aerostáticas, al papel extranjero. Tal el movimiento rapaz de la ruinosa tormenta de capitales, cuyo destino es hartamente conocido por el pueblo: acrecentar las bases de una crisis de insolvencia, que obligue al Gobierno a declararse incapaz de responder por las deudas contraídas. Acto seguido: el remate por “chaucha y palito” de los recursos estratégicos nacionales. El gobierno está en manos, centralmente, de estos capitales monopólicos que objetivamente conducen al país a una ruina como la del 2001.

Las cuentas nacionales al rojo vivo

Cabe insistir: con la desbocada transferencia de recursos hacia los sectores más concentrados de la economía mundial, las cuentas nacionales no cierran por ningún lado. Junto al déficit comercial que venimos analizando mes a mes se ha acrecentado el déficit fiscal, constituyendo una explosiva situación de “déficits gemelos” que, pese al ajuste fiscal, continúan en aumento.

Como hemos visto más arriba, según lo pautado para el presupuesto 2018, el Gobierno apunta a una reducción del déficit fiscal de 4,2 a 3,2 % durante el año próximo, en consonancia con los reclamos de sus socios internacionales y locales (ajustar y ajustar). Aunque al mismo tiempo las políticas clave favorables al capital más concentrado desfinancian al Estado, como por ejemplo la reforma tributaria que aprobó en el Congreso, o la más rutilante eliminación de las retenciones a las exportaciones agropecuarias, aplicada apenas iniciado el mandato de Macri. El costo fiscal estimado por el Gobierno (de 0,3% del PIB acumulado por año) equivale, de acuerdo a las estimaciones del Presupuesto, a 37.090 millones de pesos en 2018 y a 172.362 millones entre 2018 y 2021. A esta cifra hay que sumarle el impacto por la reducción y eliminación de retenciones. Si se proyectan las exportaciones para 2018 y 2019 según el Presupuesto de 2018, considerando la reducción de las alícuotas de 0,5 % mensual en 2018 y 2019 para la soja y sus derivados, se advierte que el costo fiscal por la quita de retenciones al agro rondará los 56.734 millones en 2018 y 89.739 millones en 2019. A su vez, el costo fiscal en 2016 y 2017 por la baja o reducción de retenciones había sido de 31.014 y 34.801 millones de pesos respectivamente. Eso significa que la quita de retenciones involucrará en total una pérdida de recursos del orden de los 212.288 millones entre 2016 y 2019, sin considerar la quita de retenciones a productos industriales y a la mega minería (unos U$S 800 millones).

Si analizamos el déficit de cuenta corriente acumulado en los últimos 12 meses veremos que el mismo representa u$s 26.634 millones, el mayor rojo desde 1998. La cifra, que equivale al 4,5% del PBI, según daba a conocer el Indec, encendía la alarma de distinto sectores. Desde la consultora ACM sostuvieron: “El escaso dinamismo de las exportaciones sumado a la ola de importaciones empieza a reflejarse en el balance de pagos, las importaciones saltaron en el tercer trimestre a u$s 17.500 millones, cuando en el promedio anual alcanzan los u$s 14.000 trimestrales y de esta manera la cuenta de bienes fue deficitaria en u$s 1712 millones, y aumentó casi u$s 1.000 respecto del segundo trimestre de 2017” (CR 29/12). El 2017 en relación al 2016 registró un incremento de las importaciones de vehículos y autopartes del orden del 80,8 %, al tiempo que el avance de las compras externas de alimentos y bebidas fue del 28,1 %. En maquinaria y partes, las importaciones subieron un 27,1 % y en la industria textil el incremento llegó al 24,1 %. Las importaciones de plástico y caucho crecieron anualmente un 17,2% y en calzado y marroquinería la suba se ubicó en el 13,9 % (P12 30/1). Según Ecolatina el rojo de la cuenta corriente es el peor de los últimos 19 años (CR 29/12).

A esto debemos sumarle el déficit comercial energético durante los primeros 11 meses del año. Según los datos presentados en el informe de Tendencias del Sector Energético del Instituto Argentino de la Energía, el mismo alcanzó la cifra de u$s 3.124 millones, equivalente al 41% del déficit total de la balanza comercial del país (CR 2/1).

Pero no serían sólo los números del déficit fiscal los que ardían al calor de enero. Si miramos la producción Industrial, observaremos que el último año en el que se evidenció un importante crecimiento de la actividad industrial, del orden del 6,5%, fue 2011. Ese año finalizó un período de avance del sector fabril de ocho años ininterrumpidos, que acumuló una mejora del 71,9 %. A partir de 2012 la tendencia se revirtió, con caídas del 1,2 % ese año, del 0,2 en 2013 y del 2,5 en 2014. En 2015 asomaba una muy tibia recuperación del 0,1 % hasta octubre. El cambio ofrecido por el nuevo gobierno, a partir del 2015, dio lugar al inicio de una nueva etapa para la producción manufacturera que ha ocasionado en dos años de gestión una baja pronunciada. El 2016 se anotó con una caída del 4,6 %, la mayor desde el desastroso 2001, incluso superior en un solo año a la acumulada en los flojos 2012-2015 del kirchnerismo. Aun considerando que en 2017 se habría producido un alza de alrededor de 2 puntos (hasta noviembre, último dato disponible, era 1,9) en el resultado acumulado de los dos años de gestión de Cambiemos, la producción industrial se mantiene casi un 3 % por debajo de 2015. La expectativa de economistas y empresarios para 2018 es otra vez de un avance moderado, de entre 1,5 y 2 %, que no permitirá recuperar la pérdida inicial cuando la alianza del PRO y la UCR se encaramó en la Casa Rosada (P12 20/1).

En lo que respecta al consumo, 2017 cerraba con una caída de 1% según los datos relevados por la consultora Kantar Worldpanel. En el último mes, las ventas de los productos de la canasta básica cerraron en línea con las de diciembre de 2016, el peor año: “Se puede ver que la región de AMBA, a pesar de alcanzar en el último trimestre un crecimiento de 4%, fue el motor de la contracción en términos anuales, al finalizar con un descenso de un 2%” (LN 18/1).

Por último, la inflación cerraba 2017 con una suba de 24,8% y con una perspectiva de aceleración en el primer cuatrimestre de este año. La cifra se ubica muy lejos de la meta prevista por el Banco Central (entre 12% y 17%) y algunos puntos por encima de las expectativas del Gobierno (del 20% al 22%), la inflación cerró 2017 con una suba de 24,8% y con una perspectiva de aceleración en el primer cuatrimestre de 2018. En diciembre, el aumento de precios fue mayor de lo previsto y marcó un 3,1%, impulsado fundamentalmente por las subas de tarifas de luz y gas. Justamente, el rubro de vivienda (que incluye gas, luz, agua y otros combustibles) mostró un aumento interanual de 55,6%, el mayor entre todos los capítulos del Índice de Precios a nivel nacional. Las subas fueron mayores en el noroeste y en Cuyo, según informó el Indec (LN 12/1).

De esta manera, el objetivo de una inflación de 15% que el gobierno proyectó para este año, quedó desactualizado sin que trascurra ni siquiera una semana del 2018. En ese sentido, los aumentos en el transporte público anunciados para febrero se llevan los laureles. El pasaje mínimo de colectivo subiría de 6 a 8 pesos en una primera etapa y el más usado, de 6,50 a 9, en tanto a fin de año llegaría a 13 pesos. El tren pasaría escalonadamente de 4 a 6 pesos, y llegaría a 8, mientras que el subte iría de 7,50 a 9,50 pesos, aunque esta última tarifa la determina el gobierno porteño (P12 3/1).

Según estiman economistas de distintas vertientes, el mero anuncio de fuertes subas en el transporte de pasajeros elevará en 2 puntos la inflación anual. El transporte tiene un impacto importante en la canasta de consumo de la población, en particular en el Gran Buenos Aires, donde según el Indec, representa un 11,6% del gasto de una persona. Se trata del segundo rubro con mayor ponderación en la canasta. El primero es el de Alimentos, con un peso del 23,4 %. Prendas de vestir y calzado junto con Salud y Educación son otros de los rubros relevantes (P12 3/1). Si a los aumentos del transporte público se le agrega la remarcación de combustibles de casi un 5% y la “corrección” en la facturación de la electricidad, más los “reajustes” en las prepagas, telefonía móvil y peajes, las proyecciones de inflación se van a las nubes.

Según el informe Focus Economics Consensus Forecast-LatinFocus, los bancos y las consultoras prevén una suba de los precios del 18,6% en promedio luego del cambio de las metas oficiales de inflación a fines de diciembre último. La cifra más alta para la inflación de este año correspondió a Econométrica, con el 21,6%, seguido por M&F con el 20,3%, Empiria Consultores con el 20,1% y Ecolatina con el 20%. Del otro lado, el pronóstico más optimista correspondió a BMI Research, con el 16,1%, seguido por Goldman Sachs con 16,8%, Oxford Economics con 16,9% y Citigroup con 17% (P12 19/1). El economista jefe de la consultora FIEL, Daniel Artana, pronosticó que la inflación durante este año se posicionará en torno al 19%, cuatro puntos por encima de la nueva meta que acaba de anunciar el gobierno nacional (LN 22/1).

El problema de la pobreza no son los pobres, sino los ricos que la crearon

Sin querer restarle ningún tipo de mérito a las medidas que el gobierno viene ejecutando en pos de potenciar la caída de todos los índices de consumo y producción, este proceso excede las decisiones que el grupo de lacayos en funciones, adoradores del dios dinero, viene realizando. Dicho proceso está atado directamente al régimen mismo de producción mercantil capitalista que rige nuestras vidas y que es necesario que podamos entender. Como hemos analizado a lo largo de los diferentes artículos de esta publicación, la dinámica de concentración y centralización de los medios de producción y las riquezas mundiales en manos de unas pocas corporaciones trasnacionales, lleva a un punto de asfixia a las economías locales- regionales. Dicho proceso las convierte en inviables, dada su incapacidad de competir frente al gran capital cuya productividad tiende a crecer más rápido a partir de los saltos tecnológicos que aquellos capitales medios no están en condiciones de implementar.

El resultado de esto tiene un doble rostro: la creciente destrucción de empleos y desocupación; y la quiebra de toda una fracción nacional-media y pequeña del capital, que termina siendo deglutida por el capital financiero. En esto radica la necesidad de la oligarquía terrateniente-financiera local y del capital financiero (internacional) de apropiarse del trabajo acumulado y los recursos naturales en posesión del resto de la sociedad cada vez a mayor escala. Este comportamiento caníbal de los capitales más concentrados a escala mundial es lo que debemos poner en el centro a la hora de analizar los datos de empleo tras dos años de gestión PRO. El presidente de la Nación, en su intervención en el Foro Economico de Davos, resumía la situación del empleo en nuestro país de la siguiente manera: “la Argentina volvió a crear empleo como señal de la recuperación económica que estamos transitando”. Pero ya nos hemos puesto en alerta: cuando el presidente habla hay que entender exactamente lo contrario a lo que dice. Veamos.

La recuperación de los salarios en 2017 fue de apenas 2,3 % frente al año anterior, según un estudio de la UMET. Sin embargo, en 2016 el derrumbe de los sueldos de los trabajadores registrados había sido del 5,3 %, y de entre 8 y 10% como promedio general según la CGT. A lo largo de los últimos veinticinco meses los trabajadores perdieron así una suma equivalente a 1,44 salarios. Los salarios en octubre mostraban una mejora interanual de 4,5% y en los primeros diez meses registraban una suba promedio de 4,1% frente al mismo período del año anterior. Pero más allá de los festejos con globos amarillos, la mejora estadística en el nivel de actividad no fue acompañada por un proceso de creación de empleo que permitiera recomponer los puestos perdidos durante la recesión.El crecimiento del salario debe ser adecuadamente contextualizado considerando que el año con que se compara es 2016, cuando la capacidad de compra de las remuneraciones se había reducido sensiblemente como resultado de la aceleración inflacionaria. Durante ese año (2016) el poder adquisitivo del salario medio se contrajo en algo más de un 6 %, siendo la mayor reducción de la remuneración real promedio de los últimos 14 años”. La escalada de 2,4% en diciembre en el Índice de Precios de los Trabajadores elaborado por el IET-UMET permite estimar que al finalizar el año pasado el salario real formal era 4,2% inferior al mes previo al recambio presidencial. De acuerdo a esas cifras, el promedio de la caída salarial mensual desde noviembre de 2015 está en 5,8% (P12 9/1). Si se compara con esa misma fecha, en cuanto a la creación de puestos de trabajo todavía hay una merma de 20 mil puestos industriales registrados, según los últimos datos elaborados por el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Al mismo tiempo, según datos del Indec (que evidentemente el presidente no llega a leer) el empleo que más crece es el precario. En un análisis del tercer trimestre de 2017 se puede observar que 4 de cada 10 puestos de trabajo privados son “en negro”. Lideran la informalidad laboral los hogares con personal doméstico, el campo y la construcción, casualmente los sectores que han mostrado mayor crecimiento en la actividad económica. Como vemos, entonces, los datos dejan por el suelo las afirmaciones del gobierno respecto a la capacidad del crecimiento económico en sí mismo generar empleo y resolver el problema de la pobreza. En un año, se crearon 199.000 nuevos puestos de asalariados, de los cuales 94.000 fueron formales o registrados, con una suba del 0,9%, y 106.000 “en negro”, un alza del 2,2%. Otros 192.000 fueron nuevos cuentapropistas, lo que significa que una gran masa de trabajadores cayeron en la precarización (deben hacerse ellos mismos los aportes). El número de desocupados se mantuvo en 1.420.000 personas. En total, hay 4.938.000 puestos laborales no registrados sobre un total de 12.112.000 puestos asalariados privados, representando el 40,8% del total. De esta manera, queda en evidencia que los tan mentados nuevos puestos de trabajo generados de diciembre del 2015 en adelante estuvieron marcados por un aumento de la tercerización, la precariedad y la informalidad laboral (CL 20/1).

Según Agustín Salvia, coordinador del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, “una inflación mayor que ajuste precios en las canastas de alimentos, bienes y servicios que afectan a los más pobres, sumada a un aumento de tarifas y a una postergación de aumentos salariales para el segundo trimestre del año, por lo menos, va a generar un aumento de la pobreza por ingresos en el primer semestre (…). Una política monetaria menos restrictiva puede provocar un mayor dinamismo interno, más reactivación en el consumo popular, sobre todo en la economía informal y más trabajo, pero no empleo genuino. Si bien a esto es a lo que apunta el Gobierno, el efecto inmediato va a ser el aumento de la pobreza” (LN 9/1).

A este informe clarísimo, Jorge Paz, -investigador del Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico (IELDE)- agregaba que, en el primer trimestre de 2017, la tasa de pobreza por ingresos era del 27,6%, según los datos de la Encuesta Permanente de Hogares. Con un aumento de precios acumulado de 5% en el primer semestre, la pobreza se elevaría a un 30%. Si la inflación fuera en ese período de 7,5%, la pobreza iría a 31%, mientras que si los incrementos en los valores de bienes y servicios acumularan un alza de 10%, la pobreza sería de 32,4%. “Que la inflación no baje a un ritmo mayor tiene sin dudas un impacto”, afirmó Sebastián Waisgrais, especialista en Monitoreo y Evaluación de Unicef. El Instituto para el Desarrollo Social Argentino en un documento titulado“Sincerar las metas de inflación es resignarse a tener más pobreza”, postulaba: “La revisión al alza de las metas de inflación es un acto de sinceramiento pero también de resignación (…) El ritmo de gradualismo elegido para ordenar las cuentas públicas obliga a tolerar mayor inflación. Implica que los intereses de quienes se resisten a modernizar el Estado se imponen sobre las necesidades de los más débiles, que seguirán pagando el desequilibrio fiscal con impuesto inflacionario” (publicado en www.idesa.org/Informes).

Con lo visto hasta aquí cabe analizar la disputa entre fracciones del capital más concentrado, que si bien comparten un mismo programa concentrador y centralizador de los medios de producción y cambio, discuten de manera cada vez más abierta el modo de llevarlo adelante: de forma gradual o a través de un shock fulminante. La última cita del IERAL, así como las alertas del FMI y las usinas de la oligarquía financiera, digamos aunque de manera redundante, trasnacional, advierten que el programa de reformas graduales va demasiado lento para las necesidades de reproducción de un capital global quebrado en su corazón y que requiere urgentemente “quedarse con todo”. Las riquezas nacionales, sus recursos estratégicos, sus medios de comunicación y logística, etc. representan un poco del oxígeno que los grupos monopólicos necesitan apropiarse ya mismo para cubrir sus agujeros financieros tras décadas de políticas de apalancamiento, infladoras de burbujas aerostáticas. De más está decir que la disputa del gran capital se da a escala mundial al interior de su propia cúpula. La Argentina es un territorio en disputa periférico, pero con una importancia relativa en Latinoamérica. Dicha importancia radica en que controlando Argentina, el capital financiero rodea al coloso Brasil, cuyo poder productivo necesita deglutir. Claro que la imposición urgente de este programa antipopular y anti-nacional, deja en el camino a fracciones locales del capital, no ya sólo pequeñas y medianas, sino también grandes. Los propietarios medianos y grandes de tierras que no pertenecen a la zona núcleo -más fértil- agrupados en la Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) -que perdieron el control del Ministerio de Agroindustria, nada menos que a manos de la Sociedad Rural (SRA)-, grupos económicos industriales y comerciales organizados en la Unión Industrial Argentina (UIA) y en la Cámara de Comercio (CAC), se saben en peligro de extinción si la política del shock gana posiciones en el Ejecutivo. El gradualismo no es otra cosa que la temporaria contención, en el programa colonial del macrismo, de los intereses de fracciones de la gran burguesía local: terratenientes de CRA, grupos locales de la UIA y CAC. No es un detalle esta diferencia que aparece como una cuestión de “tiempos” en la ejecución de un programa capitalista, ya que evidencia las dificultades objetivas que aparecen cada vez más a las claras en cuanto a la posibilidad de viabilizar las reglas del capitalismo declinante sin que estalle por los aires el “contrato social” del país burgués. Ambas fracciones, gradualistas y shockistas, tienen razón. Para los últimos, la implementación gradual-reformista supone costos para el capital financiero que no pueden sostenerse en el tiempo, además de mantener a la economía nacional en un letargo que pende hacia el default y quiebra económica que podría derivar en un nuevo reparto del poder desfavorable para sus intereses (resuenan los ecos de diciembre de 2001 y julio de 2002 en las cabezas de barro de los think tank de la oligarquía financiera). Para los gradualistas, simplemente, la aplicación urgente del programa colonial impide gobernar el país. El ajuste en toda la línea del gasto público que se dirige a los sectores populares, la reducción salarial y la bancarrota del grueso de la fracción empresaria y terrateniente local significa un país de tierra arrasada, imposible de gobernar si no media antes una derrota catastrófica y humillante para la clase trabajadora y el pueblo en su conjunto, sujeto dinámico que se ha puesto en marcha contrarrestando de manera cabal las medidas más ásperas del “modo” gradualista. El gradualismo tiende al colapso económico y social, el shock tiende al colapso político y social. Ambas no-salidas a la crisis capitalista no encuentran más que un muro al final del callejón. La posibilidad de superar el escenario de horror capitalista está exclusivamente en las manos, aún dubitativas, de la clase obrera argentina.

No sólo los pobres son castigados por el gobierno de los ricos: las voces del gradualismo local

Uno de los principales reclamos que los empresarios grandes, medianos y pequeños locales han venido lanzando en estos dos años, es la reducción del altísimo nivel de las tasas de interés impuestas por el BCRA en manos de un hombre de la gran banca como Federico Sturzenegger. La tasa de interés del Banco Central en torno al 30% encarece el costo del dinero, lo que imposibilita que las inversiones se vuelquen en la actividad productiva ya que el rendimiento en la especulación financiera era altamente superior a la utilidad que las distintas actividades de la economía real podían ofrecer. La timba financiera mata la producción. Según un informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav), en los últimos dos años, la inversión financiera saltó 790 %, y la productiva -Inversión extranjera directa- cayó 14 % contra 2015. “La fuerte emisión de deuda del Gobierno y la desregulación de las inversiones especulativas aplicadas en el último tiempo fomentaron la llegada de capitales golondrinas, apostando por un tipo de cambio apreciado para hacer el negocio de la bicicleta financiera (...) Se advierte que la relación entre uno y otro tipo de inversión es notable: por cada dólar de inversión productiva ingresado al país en 2017, entraron otros 3,4 dólares por inversiones especulativas” (P12 9/1).

Con los anuncios hechos por el equipo económico sobre una reducción de las tasas de interés los empresarios nacionales se ilusionaban a la espera de un incremento de sus utilidades. Tasas en torno al 30% significan una transferencia de plusvalor al sector bancario y en rigor de verdad al capital financiero (industrias con autofinanciamiento por su fusión orgánica con la gran banca) en detrimento de las fracciones de capital locales que dependen del financiamiento “externo”.

 Apenas hecho el nuevo anuncio, las distintas expresiones de la gran burguesía en el país hicieron públicas sus posiciones. El presidente de la SRA, Daniel Pelegrina, ponderó positivamente la medida oficial diciendo que “es importante que se produzca una baja en la tasa de interés, lo que mejorará las decisiones de inversión del campo”. Desde la UIA, su presidente Miguel Acevedo también defendió la decisión del Gobierno: “Con esa meta vas a poder bajar la tasa. Es una buena noticia. Me da la impresión de que con esto hay descompresión en el mismo Gobierno”. Por su parte, José Urtubey, dueño de la firma Celulosa, matizaba el optimismo de su par industrial: “Los cambios en las metas inflacionarias las hacen más realistas. Pero tenemos que mejorar el crédito y para ello es necesario que bajen tasas de interés”. Los grandes comerciantes nucleados en la Cámara Argentina de Comercio también se posicionaban a favor, en la voz de su secretario, Mario Grinman: “Esto va a permitir relajar la política monetaria, reducir las tasas y evitar un enfriamiento de la economía”, aseguró el empresario, quien además consideró importante que “la política también hable”. Coincidía con esta postura Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción: “Si baja la tasa de interés y hay mayor actividad, beneficia a todos los sectores y al nuestro, sobre todo la obra privada” (LN 29/12).

Pero la ilusión les duró poco. Virar la política de altas tasas enquistada en el BCRA no es tarea fácil para la propia gran burguesía local. La expectativa generada por la muestra de “encuadramiento” que había realizado la Jefatura de Gabinete y parte del equipo económico respecto del accionar de Sturzenegger y su política de altas tasas, se tradujo en desilusión en los sectores de la “economía real” cuando se conoció en números contantes y sonantes la dimensión de la “baja”: de 28,75% a 28 %, y no al 27% como todos esperaban. Desde el agro reaccionó el presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, señalando que “esperamos que continúen bajando, las actuales tasas de interés aún superan a las tasas de rentabilidad esperadas por la producción agropecuaria” (http://www.acovi.com.ar/principal/coninagro-apoya-la-baja-en-las-tasas-de-interes).

Sumado a esto el gobierno anunció un megadecreto de necesidad y urgencia (DNU) de “desburocratización del Estado” que en apariencia simplificaría una serie de procedimientos para darle mayor competitividad a “la economía” (léase: a los capitales monopólicos), según informaba el Ministerio de Producción. La medida del Ejecutivo implicaba un total de 140 modificaciones en leyes o decretos más la derogación de alrededor de otras 19 leyes y decretos. A este respecto, el ministro de Producción, Francisco Cabrera decía: “Con esto bajan los costos improductivos de la economía (…) esta medida busca reducir la cantidad de trámites que deben hacer las empresas para poder operar en el país, buscando ser más eficientes y con el consecuente ahorro de tiempo”, reconociendo por sobre todas las cosas que “este DNU es parte de las condiciones de la OCDE para aceptar a la Argentina en la organización” (CR 11/1). Este nuevo “mega-decreto”, cuyo procedimiento de imposición es absolutamente antidemocrático y anticonstitucional, simplifica el control del timón del estado en manos de los capitales más concentrados. Es una verdadera avanzada del capital monopólico en la definición de las políticas estratégicas.

Como para darnos una idea de la direccionalidad de dicha medida entre algunas de las tantas modificaciones podemos nombrar la eliminación del Registro Industrial de la Nación, creado en 1972 con el objetivo de tener una radiografía del sector industrial. A través de la eliminación de dos medidas contenidas en la ley 21.932, si una empresa automotriz decide invertir en una planta, ya no requiere de la aprobación del titular del Presidente de la Nación, con lo cual se deja de tener control sobre el proceso de inversión en una de las industrias de mayor peso del país. Además, ya tampoco dependerá de la firma del presidente para habilitar un nuevo puerto. A su vez, el decreto de marras pone bajo control directo de la jefatura de Gabinete los campos y cabezas de ganado que administran las Fuerzas Armadas. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que depende de las Anses, podrá crear de manera directa fideicomisos y “operar con instrumentos apropiados para invertir sus activos de acuerdo con las mejores prácticas financieras modernas". El Senasa fue uno de los organismos con más modificaciones: en total son más de 50 normas que se actualizan o derogan bajo el supuesto de poder agilizar las normas para importar y exportar. El foco estará principalmente en una resolución que compete a la Secretaría de Comercio, en esa norma el gobierno dispone reducir la cantidad de bienes bajo régimen de licencias no automáticas de importación (LN 11/1).

Desde la UIA descontaron que la decisión oficial tendrá un impacto negativo: “La magnitud es todavía un misterio (…) Lo que el Gobierno vende públicamente como una agilización de trámites o como la desburocratización del Estado, parte del sector industrial lo percibe como un potencial daño a sus intereses (…) se permitirá la importación de manera directa de 314 productos que se encuentran en la actualidad bajo el régimen de licencias no automáticas y eso tiene impacto directo en la producción nacional que tendremos que analizar”(LN 11/1).

La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APyME) también salió a criticar el mega DNU que eliminó más de 300 posiciones arancelarias que estaban bajo el sistema de control de Licencias no Automáticas de Importación. Eduardo Fernández, presidente de la entidad, denunció “una invasión de importaciones que afecta directamente el trabajo y la producción nacional” (LN 13/1).

Desde la Secretaría de Comercio habían señalado que la eliminación de las Licencias no Automáticas de Importación sólo incluía insumos para la producción y que no habría impacto en mayores compras, porque “se trata de ítems que ya se importan”. Sin embargo, dentro del listado se encuentra un sector estratégico que creció en los últimos años bajo el amparo del boom sojero y es una pata de la gobernabilidad del macrismo que componen el complejo agroindustrial. Desde la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (Cafma) denuncian que, a pesar de lo dicho por el gobierno dentro de la eliminación de licencias no automáticas, está incluido este sector crecientemente afectado por las compras externas de silos, pulverizadoras y sembradoras (P12 20/1).

Como le hemos visto más arriba, el proceso de creciente desigualdad que venimos analizando es el resultado de políticas públicas que favorecieron la transferencia de ingresos de los sectores populares a los sectores más concentrados de la economía. Los capitales más concentrados se quedan con “todo” porque no hay lugar para “todos” los capitales en el mercado mundial. De ahí que esta aparente “incapacidad” del gobierno por defender no ya a los sectores populares, sino una parte importante de su base social de sustentación se explica por la necesidad misma de los capitales más concentrados del mundo de acumular, liquidando las condiciones de reproducción de los capitales menos concentrados, que aun siendo aliados menores, son sumamente necesarios para garantizar el dominio en un país constituido por la relaciones de dependencia.

Este proceso empuja a una situación crítica al conjunto de los trabajadores que son amenazados en su estabilidad, debido en última instancia a la situación global de creciente sustitución de mano de obra por tecnología, al tiempo que destruye las condiciones de reproducción de la gran burguesía argentina, actor “genéticamente” subordinado al capital financiero. Esta situación pone en cuestión la existencia misma de las fuerzas que bajo dominio del capital extranjero construyeron las bases del Estado argentino.

¡Ajustar y ajustar es el camino hacia el desguace nacional!

El conjunto de medidas que el gobierno ha anunciado delimitan el único camino que le queda tras los ya incontrastables desequilibrios generados por la apertura indiscriminada de inversiones extranjeras. Como hemos visto, la reducción del déficit tan reclamada por los organismos internacionales que responden al capital financiero, se traduce en reducir el gasto público y el plantel de trabajadores de la administración estatal. De esta manera, entre diciembre y enero se dieron de baja 1.200 contratos y, esto tiende a aumentar hasta los 2.600 según relevamiento realizado por los gremios de ATE y UPCN. Estas desvinculaciones son adicionales al plan oficial de reducir en un 20% los cargos políticos y jerárquicos que impulsó el Presidente y que coordina el jefe de Gabinete, Marcos Peña. Los organismos que más bajas sufrieron hasta ahora fueron Fabricaciones Militares, con 354 despidos en lo que va de 2018, la Televisión Digital Abierta, con 180, el Senasa con 120 bajas, a lo que hay que sumarles los 200 despidos en los Yacimiento Carboníferos de Rio Turbio, con posibilidad que las cesantías lleguen a 500 (LN 4/1 y P12 29/1).

Los municipios bonaerenses administrados por Cambiemos no quisieron quedarse atrás y decidieron recortar su plantel de contratados. Sólo en Quilmes, Morón y Tres de Febrero no se renovaron los contratos de 804 empleados. A estos casos se suman los 116 contratos no renovados en la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), que superponía tareas con otras áreas del Ministerio de Educación (LN 4/1). Además de la baja de casi un 10% de los más de 250 mil planes sociales que el gobierno dice tener relevados con “irregularidades” en la implementación (LN 21/1).

A tono con los hechos analizados el mes pasado, la contundente respuesta popular contra el avance del gobierno con respecto al pacto fiscal y la reforma tributaria continuó su curso. Con epicentro en la pueblada en la ciudad de Azul, durante enero se desarrollaron y crecieron bajo distintas expresiones, movilizaciones callejeras, paros parciales y tomas de los establecimientos de trabajo, medidas de fuerza que centralmente la clase trabajadora ha venido protagonizando. Como dato a destacar, los conflictos laborales registraron un incremento del 2.770% (CR 4/1). El conjunto de estos hechos los analizaremos en el siguiente artículo, pero es válido mostrar el salto en los hechos de protesta social, lo que evidencia la inviabilidad de la propia política gradualista.

Si bien el gobierno logró aprobar en el parlamento la reforma fiscal y la previsional a través de todos los medios de apriete y prebenda que han salido a la luz, se sabe que el valor de una ley se define por la correlación de fuerzas que impida o viabilice su implementación. Ya circulan miles de planillas que buscan, a través de un mecanismo constitucional de enmienda, derogar el robo a los jubilados que supone la nueva legislación previsional. El millón de firmas buscando el plebiscito constituye un momento de la discusión con las masas respecto a la necesidad de avanzar en la participación política, poniendo en el centro la deliberación sobre qué país necesitamos los trabajadores y el pueblo.

Por otro lado, la reforma impositiva cruje por todos lados. En el gobierno nacional todavía analizan de qué manera se concretará el capítulo sobre el “pacto fiscal” que establece los programas de retiro y/o jubilación anticipada para empleados públicos. Según datos del Ministerio de Hacienda de la Nación, Catamarca, con 146 agentes públicos cada 1000 habitantes, es la jurisdicción que más ampliamente supera la media de 76 empleados. Le siguen La Rioja con 134; Jujuy con 116; Tierra del Fuego con 113 y Neuquén con 102. Por encima de la media también están las provincias de Río Negro (89) y Formosa (80). Las provincias con la relación más baja entre empleados estatales y habitantes son Buenos Aires (35), Córdoba (38), Santa Fe (46) y Misiones (52). Funcionarios de Río Negro y Chaco coincidieron en que ya vienen realizando un “reordenamiento” de sus planteles, pero que no hay espacio para medidas “drásticas”. Desde la administración riojana de Sergio Casas señalaron que con una economía privada que no termina de arrancar “no se puede achicar y dejar gente en la calle”. Las provincias gastan el 55% de sus ingresos en salarios y la mayoría no cubre ese nivel con recursos propios. Casas aseguró que su gestión dio “gestos acabados de apoyo” a la Casa Rosada, pero consideró que “la reciprocidad con la provincia nunca se dio” (LN 15/1).

A esto debemos sumarle que distintas encuestas reflejan que los denominados “sectores medios” de la sociedad, quienes mayoritariamente votaron a Cambiemos, han comenzado a exhibir malestar ante el devenir económico. El estudio de D'Alessio Irol y Berensztein, concluido el 20 de diciembre entre 1.278 encuestados, da cuenta de que, por primera vez en la presidencia de Macri, es negativa la percepción social sobre el futuro económico. La gestión del Gobierno, que en noviembre era calificada como buena por el 53% y mala por el 42%, pasó a fines de 2017 a ser calificada como mala por el 54% y buena por el 45% (LN 5/1).

Según una encuesta realizada por Opinaia sobre 914 casos de la Capital Federal, Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y Santa Fe, la idea de que el Gobierno “está realizando el ajustes sobre las clases medias y sectores populares” fue compartida por el 55% de votantes de Cambiemos, el 63% de Unidad Ciudadana, el 65% de 1 País y el 73% de la izquierda (LN 7/1).

El gobierno, en este escenario, decidió no convocar a sesiones extraordinarias para tratar la Reforma Laboral, buscando evitar una batalla legislativa con resultado incierto -no sólo en el parlamento sino en las calles, las fábricas y los barrios- al no contar con el respaldo del PJ ni de la CGT. Pero el escenario se complejiza sin remedio “neoliberal” al abrirse la discusión paritaria 2018 que ya viene mostrando grandes enfrentamientos en donde los trabajadores no están dispuestos a perder las mínimas conquistas logradas con el sudor y el barro de la lucha.

A pesar de dicha postergación, tanto la oligarquía financiera al mando del gobierno nacional como los más concentrados grupos económicos a escala planetaria saben que no hay otra posibilidad de garantizarse las condiciones de reproducción que enfrentar la batalla postergada. Hace falta bajar el costo laboral” coinciden todos, y en aras de ese objetivo, utilizan su larga experiencia que les enseña que eso no será posible sin desmantelar la organización sindical que los trabajadores argentinos nos hemos dado en más de un siglo y media de lucha. Imponer el programa económico que hemos analizado requiere, previamente, propinar a la clase trabajadora una derrota y humillación histórica para someter luego al conjunto del pueblo a un sistema de esclavitud sin igual.

Sin lugar a dudas, sobre el desarrollo y desenlace que tenga la Reforma Laboral se moldeará la estructura económica y social de la Argentina venidera. Como en cada capítulo de su historia, los trabajadores nos hemos mostrado dispuestos a continuar escribiendo con nuestro puño y letra el guión de la definitiva independencia.



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