Revista Mensual | Número: Febrero de 2018
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Fuentes consultadas: EE.UU.: Wall Street Journal (WSJ). Gran Bretaña: The Economist (TE). Alemania: Deutsche Welle (DW); China: Xinhua (XH); Rusia: Russia Today (RT); Irn: HispanTV (HTV) Venezuela: Telesur (TS). Cuba: Cubadebate (CD). Argentina: Clarín (CL); Crónica (CA); Cronista Comercial (CR); La Nación (LN); Miradas al Sur (MS); Página 12 (P12); Tiempo Argentino (TA).
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Cuando los de arriba no pueden y los de abajo empiezan a querer…

La fórmula del consenso imposible: todo para el 1%, nada para el 99%
La concentración del capital contra la división de poderes
Desenamorándose del “Cambio”
Apuntalando la descomposición
El desgranamiento oligárquico y la justicia
El desgranamiento oligárquico y las Fuerzas Armadas y de Seguridad
Nuevo dolor de cabeza para la oligarquía… la iglesia
Necesidad de más represión = Menos Consenso
Y dale con la “ancha avenida del medio”…
Del rejunte ante el espato, a lo que hace falta
Lucha obrera y represión
Los trabajadores dirigen haciendo


Se resquebraja la hegemonía oligárquica
y los trabajadores comienzan a tomar conciencia de su papel

Cuando los de arriba no pueden y los de abajo empiezan a querer…

“Gritos de nuestro pasado vienen

A encendernos nuevamente,

Degollando burlones fantasmas

Que quieren enmudecernos”

(V8, “Luchar y vencer”)

 

“La violencia la generan las instituciones que resisten al proceso de cambio
y son las únicas culpables de esta violencia de la desesperación”.

(Movimiento de Curas para el 3er Mundo, encuentro 1967)

 


Como vimos en el Análisis… anterior, las jornadas del jueves 14 y lunes de 18 de diciembre marcan un cambio cualitativo en los objetivos que se plantean las masas trabajadoras en su lucha. Enfrentar el conjunto de la política macrista comienza a primar por sobre las reivindicaciones económico-corporativas parciales. Este cambio modifica profundamente el quehacer de todos los sectores, produciendo un fuerte giro en la política nacional. Se profundiza así la imposibilidad de generar consenso para la oligarquía, precipitando la crisis de la fuerza social que representa Cambiemos. Distintos fenómenos anuncian este hecho. Las críticas internas, los innumerables casos de corrupción, los rumores de renuncia de distintos ministros y la fractura en sectores que históricamente jugaron un papel para la construcción y sostenimiento de su hegemonía −como son la Iglesia y las fuerzas de seguridad. A su vez, se alejan los sectores trabajadores que integraron circunstancialmente la fuerza social oligárquica-imperialista. Se acentua el rasgo de época: la crisis en todo el orden social, al calor del proceso de confiscación que llevan a cabo los monopolios y la oligarquía, que ya no puede ni perdonar ni a sus aliados históricos, ni a las fuerzas encargadas de aplicar la represión. Como veremos más adelante, los diversos ataques a las fuerzas armadas lo demuestran fehacientemente a lo largo del mes.

Entretanto, la caída estrepitosa de la aprobación social al gobierno de Cambiemos en menos de dos meses, verificada en diversas encuestas, prefigura un escenario donde la oligarquía debe profundizar su rasgo represivo, al ver esmerilada su capacidad de conducir la sociedad. Pero al no poder garantizar las condiciones para las fuerzas represivas, ello prefigura nuevas contradicciones. La intencionalidad de construir un “enemigo interno” como chivo expiatorio para el plan represivo que necesitan aplicar volvía a mostrarse con epicentro en el sur patagónico y en las críticas a los enfrentamientos de diciembre.

En este marco, el movimiento nacional, con eje en una clase trabajadora cada vez más dispuesta a enfrentar a la oligarquía y al imperialismo, posibilitaba el acercamiento de posiciones entre sectores del pueblo que todavía asumen las divisiones no zanjadas en los años 70. Así, con el desbarajuste oligárquico y la toma de la iniciativa por parte de los trabajadores, nos adentraremos en este mes.

La fórmula del consenso imposible: todo para el 1%, nada para el 99%

Las repercusiones de las masivas movilizaciones del jueves 14 y lunes 18 de diciembre continuaban generando un fuerte cimbronazo en la “estrategia oficial”. Al día siguiente de los choques en la Plaza Congreso y de la aprobación de la Reforma Previsional en la Cámara de Diputados, el propio Mauricio Macri −el presidente que prometió el 82% móvil− salía a fijar la posición del oficialismo, reafirmando el supuesto “beneficio” que significaba la reforma para los jubilados, al implementar una formula que en la práctica significaba menores aumentos para los años venideros. Pero la intención oficial no era hablar de la quita a los jubilados, sino del “enfrentamiento”, donde “hubo sectores que intentaron impedir el funcionamiento del Congreso, pero a pesar de todo lo que hicieron, la democracia funciona” (P12 20/12). Como vemos, el problema de la legitimidad y la violencia ocupan el centro del debate ideológico que franquea la sociedad argentina. La oligarquía comenzaba a ejercer su fuerza por distintas vías, queriendo amalgamar a fuego la pérdida del consenso creciente que iba cosechando.

Así, el macrismo intensificaba aún más la coerción sobre los gobernadores para sacar las reformas pendientes antes del receso de verano. Pero otra vez, a pesar del acompañamiento legislativo de sus provincias, los ex gobernadores de La Rioja y Santa Fe, Beder Herrera y Bonfatti, aseguraban que sus sucesores fueron coaccionados y presionados para acompañar las iniciativas de Cambiemos. El primero, actualmente diputado nacional, denunciaba: “Nos tienen agarrados con el tema de que si no votamos no nos bajan la plata; dos años los acompañamos con las leyes y lo mismo no nos mandaron un peso”. Por si no quedaba claro, el segundo denunciaba la imposición que sufrió el socialista Miguel Lifschitz: “No fue un consenso, fue una imposición, una coerción a los gobernadores” (P12 21/12). Como advertimos en los Análisis… previos, la subordinación estructural del interior a la macrocefalia de Buenos Aires y su Ciudad Puerto pende como una espada de Damocles sobre el interior sojuzgado tras la derrota de Caseros y del proyecto federal.

Pero la crítica de los “aliados de prepo” no era la única. En una entrevista al diario La Nación, Elisa Carrió afirmaba haber visto cerca el estallido social: “El problema ya no es quiénes son los jubilados hoy, el problema es que nadie en la Argentina va a tener 30 años de aportes para jubilarse en los próximos 10 años. (…) El otro problema es que tenemos 8 millones de jubilados con 4 millones de aportantes. (…) El sistema estaba por estallar, se robaron la Anses. (…) Estábamos frente a un claro intento de déjà vu de 2001. (…) Me prefiguré clarísima la imagen de De la Rúa con el estado de sitio. (…) Es un claro intento de desestabilización. Lo atribuyo al kirchnerismo y a la izquierda. (…) Yo comparto la idea de pedirle al presidente del BCRA (Federico Sturzenegger) que son peores las consecuencias de tan altas tasas de interés, que tiene que reflexionar, se lo pido públicamente (LN 24/12. subrayado nuestro). Las palabras de la esotérica diputada deben ser acalaradas. El argumento que propone es que, dado que hay menos trabajadores que jubilados −y que esta diferencia se ensanchará en los próximos años, tomando en cuenta el gigantesco remplazo de fuerza de trabajo acelerado con la denominada “4ta Revolución Industrial”−, es justificable que el índice de aumento sea menor, puesto que el actual es insostenible de pagar si no crece el número de trabajadores en blanco. El problema que se les presenta no es el hambre de los jubilados, sino la insolvencia próxima del Gobierno, que aumentó la deuda externa y ahora debe manotear la caja del ANSES para sostener a las provincias, cada vez más empobrecidas, para lograr el “consenso de prepo” que amerita el “reformismo permanente”.

Pero miremos el problema más profundamente. La crisis del sistema previsional tiene que ver con la crisis orgánica del capitalismo. El aumento de la composición orgánica del capital disminuye proporcionalmente el capital variable, es decir, cada vez más una parte menor del valor total generado es percibido por los trabajadores como salario. Como el sistema previsional argentino es “solidario”, se basa en ese aporte de los trabajadores activos para sostener a los trabajadores retirados, que ya no pueden trabajar. La reducción del capital variable significa entonces que cada vez hay menos valor para redistribuír entre trabajadores activos y pasivos. Es decir que, como decíamos en Análisis… anteriores, los sistemas previsionales solidarios entre sectores del trabajo tienden a ser “inviables”, desde el punto de vista de los intereses del capital. Por ello Cambiemos, como expresión de la alianza entre la oligarquía y el capital monopolico imperialista, deviende de allí que se deben bajar las jubilaciones −hasta muy por debajo del límite de la pobreza− en vez de compensar con aportes patronales los fondos jubilatorios, para lograr mejorar el ingreso de los jubilados. Es decir, la solución del gobierno CEO es el hambre de los jubilados, en vez del control de los capitales que imponen una lógica donde cada vez entran menos sectores. Ahora bien, Carrió sabe que si no se modifica la política monetaria el estallido social es inevitable e inminente. Por ello pide a Sturzenegger un cambio en la política de tasas de interés altas, en beneficio la producción.

La disputa por el control de la política económica y sus implicancias en el humor social recrudecían. La tendencia que plantea un ajuste rampante −cortar el “gradualismo” ante su inviabilidad económica a pesar de las consecuencias sociales− chocaba de frente con aquella que propone seguir “tirando la pelota para adelante”, es decir, seguir “apalancando” a algunos sectores, ante el temor –como el que expresa Carrió− de que el descrédito del Gobierno en las masas devenga en estallido social y decrete la caducidad total de Cambiemos. Las dos posiciones son dos vertientes de lo mismo. Tienen como presupuesto el sagrado objetivo de sostener las ganancias de los monopolios y, por lo tanto, sólo demuestran que la resolución de la crisis del capitalismo no puede ocurrir dentro del capitalismo, y mucho menos de la mano de sus beneficiarios.

Mientras tanto, el “mejor equipo de la historia” seguía hundiéndose en la corrupción. Los golpes llegaban al flamante ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, ex presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), que era denunciado por el abogado Leonardo Martínez Herrero por dádivas, negocios incompatibles con la función pública y presunta administración fraudulenta, además del cobro de un bono de $500 mil luego de su desvinculación de la entidad agropecuaria, ya habiendo asumido como ministro. Más de 26 delegados del distrito 2 de la Rural, que abarca la provincia de Buenos Aires, elevaban una nota al presidente actual de la entidad, Daniel Pelegrina, donde denunciaban: “Este pago realizado al ex presidente Luis Miguel Etchevehere es un pésimo ejemplo y antecedente, que no sólo afecta al buen nombre y honor de la Sociedad Rural Argentina, sino que afecta al sector Campo” (P12 27/12).

Al mismo tiempo, se conocía que el ministro de trabajo Jorge Triaca había designado como delegada del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) a su empleada doméstica. Sandra Heredia, la denunciante, indicó que en abril de 2017, estando en negro, pidió un aumento salarial a la familia Triaca y en respuesta fue nombrada en la delegación San Fernando de la intervención del SOMU, el gremio que supo liderar Omar “Caballo” Suárez, pero que fue intervenido por el juez Rodolfo Canicoba Corral con el aval del Gobierno.

La disputa al interior de la organización corporativa de la oligárquica y el accionar del Ministro que en teoría debe velar por los intereses de los trabajadores reflejaban ambos el grado de descomposición a que han llegado nuestras clases dominantes, expresado en la desaparición del más mínimo rasgo ético en sus cuadros de primera línea.

La concentración del capital contra la división de poderes

A pesar de los cimbronazos, y a fuerza de coerción, el macrismo avanzó con dos medidas estratégicas. Por un lado, la ley de leyes, es decir, La Ley de Presupuesto y, por otro, un “megadecreto” de necesidad y urgencia −dicho sea de paso, rechazados por el mismo macrismo cuando era el kirchnerismo el que usaba esta atribución−, que de un plumazo y sin anestesia modificaba más de 140 leyes y decretos anreriores (LN 11/1).

El proyecto de Presupuesto 2018, presentado por Cambiemos, supone un crecimiento económico del 3,5%, una inflación del 15,7%, un dólar promedio de $19,30 y una reducción del déficit primario a 3,2% del PBI (P12 21/12). Es decir, como ya vimos en el artículo 5, las previsiones económicas sobres las cuales se elaboró el presupuesto (crecimiento, inflación, etc.) no son consecuentes con las tendencias económicas que venimos analizando, y sólo afirman el fuerte sesgo de endeudamiento y ajuste. A pesar de ello, al día siguiente, el macrismo obtenía media sanción de la ley, en una votación de 165 votos a favor −con el apoyo del interbloque Argentina Federal del Senador Pichetto y el massismo−, 65 votos en contra −pertenecientes al FPV, el peronismo puntano, el Movimiento Evita, el socialismo y los monobloques del PJ de Santa Fe y Mendoza− y una abstención (P12 23/12).

Con respecto al megadecreto de necesidad y urgencia, el diario La Nación “maquillaba” el anuncio: “Macri firmó un mega decreto para simplificar trámites y bajar costos de producción. (…) Con 170 medidas que simplifican una serie de procedimientos y aceleran procesos que permitirán darle mayor competitividad a la economía. (…) Afectan a ocho ministerios: Modernización, Producción, Trabajo, Finanzas, Transporte, Cultura, Agroindustria y Energía. Y a dos organismos descentralizados: la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y la Anses, y el Banco Central” (LN 11/1). Entre otras cuestiones, el megadecreto habilita para embargar la cuenta sueldo de una persona sin autorización judicial, modifica normas fitosanitarias (SENASA), facilita la minería a cielo abierto y la venta de activos públicos, elimina el Registro Industrial de la Nación −creado en 1972 con el objetivo de tener una radiografía del sector industrial−, elimina 300 posiciones arancelarias que estaban bajo el sistema de control de Licencias no Automáticas de Importación, y siguen las firmas…

Se trata de un ejemplo más de cómo la superestructura político-jurídica que la oligarquía supo construir en más de un siglo y medio debe ser demolida a martillazos por ella misma para sostener su propio proceso de acumulación. Es importante reconocer que el grado de desarrollo de las fuerzas productivas es tal que la producción no puede sostenerse sin grados importantes de planificación. Los monopolios son el grado máximo de planificación que puede alcanzar el capitalismo y la etapa imperialista tiene como rasgo fundamental ser un régimen “monopolico de Estado”. Es decir que los monopolios permanente utilizan el Estado para regular (o “desregular”, que es otra forma de regular) distintas esferas de la economía, para beneficiarse en la competencia. El megadecreto es entonces expresión del control de los monoplios sobre la estructura del Estado.

No obstante, tal como venimos repitiendo, esa planificación choca con los límites de la propia naturaleza del sistema que la engendra. Ya que dicho régimen sólo puede planificar en función de sostener las ganancias y reproducción de esos monopolios que constituyen el 1% de la sociedad, en detrimento del 99% restante. Por ende, la “planificación” de los monopolios trae consigo necesariamente el descontrol cada vez más rampante de las fuerzas productivas desatadas por el capital, convertidas cada día más en fuerzas de destrucción masiva: superexpotación combinada con desocupación masiva de trabajadores, contaminación hasta la destrucción de numerosas fuentes de vida en el planeta (ríos, lagos, mares, glaciares, tierra fértil, aire…), multilplicación de muertes por enfermedades curables, guerras y genocidios contra pueblos enteros, violencia masiva en gran parte del mundo, y siguen las firmas… Cambiemos no es más que la versión criolla de esta larga lista.

Desenamorándose del “Cambio”

Los ecos de las movilización del 14 y 18 de diciembre, el impacto de la reforma previsional y demás yerbas empujadas por Cambiemos comenzaban a impactar en la opinión pública y “el mejor equipo en 100 años” comenzaba a probar el amargo sabor de las encuestas. Según una medición de la Universidad Di Tella, el Índice de Confianza en el Gobierno bajó el 20,3% en el último mes. Luego de tocar su techo histórico en noviembre, tras la victoria electoral de Cambiemos, el ICG de diciembre de 2017 fue de 2,36 puntos (de una escala de 5 puntos), “registrando el descenso porcentual más pronunciado de la gestión de Mauricio Macri (20,3 por ciento)”. Es decir, que si la escala de puntuación que utiliza la universidad Di Tella la colocamos sobre un 100%, el día posterior a las elecciones legislativas, Macri tenía una aprobación del 60,3%. Con los hechos ocurridos post elecciones, su gestión recibió una pérdida de más de 20,3%, ubicándolo por debajo del 46% actual. Cuando se pasaba a preguntar a los encuestados por las causas de ese cambio de opinión, los ejes eran: “La gestión de la búsqueda del submarino ARA San Juan y la represión que terminó con la muerte del joven mapuche Rafael Nahuel”. En segundo lugar, “los hechos de la primera quincena de diciembre, la forma en que se tematizaron públicamente las iniciativas de reforma laboral y previsional. (…) Aunque la caída fue pareja por géneros, siguen siendo las mujeres y en especial las mayores de 50 años quienes muestran más confianza en el gobierno de Macri. En cuanto a la zona geográfica, la mayor baja se dio en el interior del país, donde la puntuación fue de 2,50 (es decir, el 50%) y un retroceso del 22 por ciento, aunque la peor nota para Macri desde que inició la gestión la tuvo siempre en el Gran Buenos Aires. En este caso, allí registró una nota de 2,01 (es decir, 40%) y una merma respecto a noviembre del 19 por ciento” (P12 28/12). Por si los datos eran pocos, la encuestadora Opinaia decía que la idea de que el Gobierno “está realizando el ajustes sobre las clases medias y sectores populares” era percibido por el 55% de votantes de Cambiemos, el 63% de Unidad Ciudadana, el 65% de 1 País y el 73% de la izquierda (LN 7/1).

La estrepitosa caída de “imagen” del Gobierno, ocurrida entre las elecciones legislativas del 22 de octubre y el 18 de diciembre, es decir, en un plazo inferior a los 2 meses, tiene sus causas en hechos políticos como la tragedia del Ara San Juan, el asesinato de Rafael Nahuel y la avanzada neoliberal de la Reforma Previsional y Laboral, sumado al caso de Santiago Maldonado, hechos que ya no podían ser permeados por el aparataje mediático del cual dispone la oligarquía. Es de resaltar que en el aspecto económico, es decir, el factor estructural, como los problemas laborales, la avanzada inflacionaria con pérdida del poder adquisitivo −cosa que no ocurría en la época Kirchnerista, donde a pesar del proceso inflacionario, la mayoría de los sectores populares habían “ganado” en la distribución del ingreso− y demás son los que más preocupan al conjunto de la sociedad, incluido a amplios sectores de la base social del macrismo, es decir, sectores que hasta son proclives a defender la política represiva del mismo, pero que ante la realidad del proceso de ajuste y confiscación en marcha ya no pueden mirar para otro lado.

La irrupción del movimiento obrero en las jornadas del 14 y 18 de diciembre comienza a romper la “post verdad” que intenta construir la oligarquía. La expresión de múltiples grupos subalternos −como pequeños comerciantes, industriales, profesionales, etc. que ya se encontraban “desenamorados” del “Cambio”, pero que necesitan ser acaudillados y conducidos por la clase obrera para poder jugar− es lo que irrumpe el mismo 18 a la noche, posterior a los choques protagonizados por el movimiento obrero en la Plaza de los Dos Congresos. La toma de conciencia protagonizada por un parte importante del pueblo acerca de la naturaleza de Cambiemos como encarnación del capital más concentrado −que por su necesidades intrínsecas no tiene más remedio que seguir centralizándose y concentrándose, expropiando y pauperizando a las amplias masas− conllevó la fractura de la fuerza social que la oligarquía, expresada en Cambiemos, había logrado constituir en las preelecciones, Coloquio de IDEA mediante, y que le posibilitó su victoria electoral.

Y la tendencia nos indica que dicho proceso lejos está de detenerse, producto del proceso de confiscación que cada día sufrirán más y más capas tanto de trabajadores como del capital menos concentrado.

Presentados los signos de crisis hegemónica de la oligarquía, analicemos ahora la artillería ideológica que esgrimió esta misma para apuntalar a sus filas y minar al movimiento nacional.


Apuntalando la descomposición

Con el cambio de situación producido en diciembre, las usinas ideológicas de la oligarquía salían a reforzar su papel, lanzando argumentos a su fuerza. En este apartado, veremos los ejes conceptuales más sustanciales que esgrimieron los intelectuales orgánicos del cipayismo.

A raíz de los enfrentamientos producidos el 14 y 18 de diciembre, La Nación salía en su editorial a pronunciarse sobre el tema, titulando: “La violencia que no podemos permitir”: “Es preciso un examen a fondo sobre hasta dónde el Estado puede actuar con las manos atadas frente a quienes se alzan contra el orden constitucional. (…) Las sociedades se entregan en mansedumbre a calvarios ulteriores, como las que marchan con la uniformidad del paso único desde hace más de medio siglo en la Cuba castrista. (…) Qué habría sido de la Argentina si algunos sesentones que hoy inspiran a tantos sediciosos activistas hubieran conquistado el poder cuando actuaban en los movimientos subversivos de los años setenta. (…) ¿Dónde queda el valor ejemplificador de un castigo que la Justicia debe imponer? ¿Es que las leyes no sirven a este fin? Urge, pues, reformularlas” (LN 22/12). El llamado oligárquico a modificar las leyes en pos de sus necesidades represivas, para que les “liberen las manos” lo suficiente para actuar vuelve a develar el carácter dictatorial y antidemocrático de la oligarquía contra el pueblo. A su vez, la reminiscencia a la lucha de los años 70 muestra que esta está más presente que nunca; y la oligarquía y el imperialismo son los más conscientes de ello. La ley debe escarmentar a todo el que se enfrente a la expropiación que la oligarquía necesita para sostener sus ganancias.

Al día siguiente, Eduardo Fidanza titulaba en el mismo matutino: "Los que apuestan a la muerte”. Y exponía la doctrina oligarquica sobre la violencia en la lucha de clases: “Para ejercer la violencia contra un ser humano debe abstraérselo de su circunstancia personal. (…) Lo que importa es su pertenencia a un colectivo que encarne el mal. El que comete el acto violento tampoco es una persona, sino el instrumento de una causa justa. (…) La ‘violencia estructural’ que ejercen los poderosos justifica el ajusticiamiento popular de los que pertenecen a sus organizaciones. (…) La violencia de arriba justifica la violencia de abajo. (…) El lunes, la agresión pasó a mayores, aunque se evitó la tragedia (LN 23/12. Subrayado nuestro). Nuevamente, volviendo a debates candentes en la época del 70, el carácter de la violencia, su naturaleza y funcionalidad se colocaban en el centro. Se recupera el debate acerca de cómo se origina la violencia y el problema de la violencia estructural del sistema. Fidanza diluye la existencia real de la violencia estructural de unas clases para con las otras a la categoría de mito. ¿Pero acaso no es violento empujar al hambre a millones de trabajadores jubilados? ¿O legalizar las condiciones que actualmente rigen en el trabajo en negro, en beneficio de la ganancia empresaria? ¿No es violencia la condena a la pobreza y a la dependencia del país que significa la inmensa fuga de capitales financiada con la bicicleta financiera que permite y hasta promueve la conducción del Banco Central? A pesar de los subterfugios de Fidanza, esa violencia existe, y la agudización de la crisis del capitalismo va mostrando al conjunto de la sociedad el carácter de clase de cada uno de los valores que la humanidad, contradicciones mediantes, pudo construir. El accionar represivo de la minoría oligárquica para mantener su reproducción contra la mayoría de los sectores expoliados por esta ya “no tiene margen” de justificarse cuando el 99% de la población es la expoliada y reprimida. La represión es solamente el mecanismo de última instancia para sostener la hegemonía. El proceso de enfrentameinto real de las clases hace conscientes los distintos mecanismos violentos que ejercen las clases dominantes, demostrando la inexistencia de valores abstractos absolutos por sobre las contradicciones de clases. Esta es la única manera racional de explicarse cómo la fuga de U$S 46.248 millones de dólares es valorada socialmente como un crimen menos grave que la corrupción de un funcionario. Otro ejemplo es la ocupación del espacio público por parte del pueblo, la cual es considerada violenta por el orden oligárquico, el mismo que garantiza el avance de los negocios inmobiliarios sobre más y más espacios públicos y en detrimento del derecho básico a la vivienda para las mayorías populares. Se trata de la violencia de una minoría contra una mayoría.

El ignoto Julio Montero, premio Konex 2016, aporta palabras que nos sirven para ver, de la manera más descarnada, cómo piensa un cuadro medio de la oligarquía, opinando sobre la tan mentada “grieta”: “La discusión de la reforma previsional ha exacerbado la grieta al máximo. (…) Los partidos radicalizados odian la democracia burguesa desde sus orígenes. Aunque últimamente han variado su discurso por razones de marketing, siguen soñando con la revolución y la dictadura proletaria. Cuba y Venezuela son el espejo en el que se miran. La ‘vanguardia obrera’ no está sola en la cruzada, (…) la naturaleza de la grieta se vuelve transparente. No se trata de una tensión entre derecha e izquierda, sino de un antagonismo entre sectores que quieren vivir en democracia, con sus virtudes y defectos, y fuerzas retrógradas que construyen a sus adversarios como enemigos y encuentran siempre una buena excusa para intentar golpes sui géneris en nombre del pueblo. Es mejor no confundirse y pensar de qué lado vamos a estar” (LN 4/1). En vez de ver a los hombres por lo que son y sus luchas políticas por los intereses de clase que encierran, en vez de mostrar cómo las luchas políticas encierran intereses de clase reales, el autor intenta diluir los intereses reales en ideas abstractas, explicando el movimiento por la conciencia y no por la realidad misma.

Para cerrar, el más pragmático Carlos Pagni bajaba el debate a la coyuntura política: “Si insiste en derrotar la inflación, Mauricio Macri necesita más que antes de una alianza sindical. (…) El sindicalismo está desarticulado por la desconfianza entre facciones. Para Macri y su ministro Jorge Triaca es un problema. No tienen con quien acordar. (…) Pero es también una ventaja. Cualquier unificación se gestaría sobre una mayor confrontación con el Gobierno” (LN 11/1. Subrayado nuestro). La necesidad oligárquica de encontrar un sector al interior del movimiento obrero que, por un lado, esté dispuesto a acordar la claudicación total de los trabajadores y, por otro, cuente con el consenso necesario al interior de los trabajadores para lograr aceptar tamañas concesiones choca de frente con la realidad.

Como vimos a lo largo de este apartado, la intensificación del andamiaje ideológico de la oligarquía viene de la mano con la pérdida de consenso generalizado en la sociedad sobre el proyecto de Cambiemos y el desenvolvimiento a pasos acelerados de su plan económico. Las medidas adoptadas por el Gobierno, con su paquete de reformas de corte neoliberal en todos los planos (económico, social, jurídico, cultural, educativo, etc.) −que no es más que el reacomodamiento del plano nacional a las necesidades del capital financiero a escala mundial, como vimos en los artículos 1 y 2− son las que hacen ir tomando conciencia al conjunto de las masas, votantes de Cambiemos incluidos, de la inviabilidad histórica de este proyecto.

Es de resaltar cómo son ellos mismos los que deben poner sobre la palestra los debates de la década del 70, sabiendo que el movimiento histórico debe recuperar su historia, en especial la del momento en que el movimiento llegó al mayor grado de desarrollo en su lucha (la lucha revolucionaria de los 70). Con lo cual, además de mostrar su naturaleza más reaccionaria, el imperialismo y la oligarquía “contribuyen” inconscientemente a retomar debates indispensables que el conjunto del movimiento nacional debe darse a su interior, para poder superar el momento de la conciencia en que se quedó en aquella etapa.


El desgranamiento oligárquico y la justicia

La crisis del orden social capitalista y las instituciones que lo componen esta a las órdenes del día, acelerándose con posterioridad a los hechos del 14 y 18 de diciembre. El Poder Judicial, con contradicciones, continuaba cumpliendo el papel de ariete oligárquico. Con la reforma previsional aprobada, las demandas judiciales no se hacían esperar. Ante un pedido del Anses de concentrar el conjunto de las demandas en un solo juzgado −lo cual, al tener un Juez afín al macrismo, posibilitaría el rechazo de la mismas−, la justicia daba a lugar al pedido y todas las demandas caerían en el juzgado 2 del fuero federal de la seguridad social, bajo la égida del juez subrogante Fernando Strasser (LN 21/12).

A pesar de la connivencia con el Poder Ejecutivo de turno, los choques entre los diferentes elementos del aparato judicial abundaban. La Asociación de Magistrados reunía más de 400 personas en el Hotel Alvear de Puerto Madero, donde los cruces por el pago de ganancias y el Consejo de la magistratura quedaban expuestos. La jueza de la Cámara Comercial, María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero, defendió la resistencia que realizaron los jueces ante los intentos del Gobierno de que pagaran impuesto a las ganancias. El ministro de Justicia, Germán Garavano, no lo dejaría pasar: “No deberían entender como una agresión si el Poder Ejecutivo aprueba una ley de impuesto a las ganancias”.

Con respecto al proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, Díaz Cordero propuso un proyecto en el que la presidencia del cuerpo quede en manos de la Corte, dado que el Gobierno adoptó otro proyecto, que no la contempla (LN 21/12). Como venimos siguiendo mes a mes, las necesidades del capital, por su grado de concentración y centralización, implican fagocitarse a las amplias mayorías; ya no sólo de los grupos subalternos, sino a capas mismas de su clase.

Como broche de color a la descomposición oligárquica y el Poder Judicial, La Corte Suprema de Justicia dejó firmes los sobreseimientos del CEO de Clarín, Héctor Magnetto, y del director del diario LA NACIÓN, Bartolomé Mitre, en la causa que se había iniciado durante el kirchnerismo en la que se denunciaba la apropiación de Papel Prensa (LN 28/12).

Como ya vimos al inicio del artículo, el carácter oligárquico de cada una de las medidas empujadas por Cambiemos va quedando cada vez más claro y la supuesta “objetividad” de los diferentes poderes del Estado cae por su propio peso. La contradicción inherente al capital −que necesita avanzar tanto en el plano económico como en el de las superestructuras jurídico-políticas, para “facilitarle” el proceso de concentración y centralización económica, con la aparejada expropiación de múltiples grupos subalternos de la sociedad− tiene su correlato en la “caída” de máscaras, es decir, en mostrar día a día más clara la naturaleza caótica de la oligarquía y, embrionariamente, del capitalismo como sistema social. Quién más claramente lo expreso en el mes de enero fue Raul Zaffaroni, ex juez de la Corte Suprema y actual magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando dijo: “Yo quisiera que este gobierno se fuera lo antes posible porque así hacen menos daño, ese es un deseo personal” (CL 19/1). Y precisaba que, en su opinión, el Gobierno no finalizará su mandato no por “la acción de un partido político”, sino por la “inviabilidad del programa económico”, como pasó con José Alfredo Martínez de Hoz. Al tiempo que responsabilizaba al Gobierno por la violencia que se generara. Decía el juez que el Gobierno “va a tomar medidas locas, como pasó con la dictadura y la guerra de las Malvinas”, que van a provocar violencia extrema”.

Mas allá de la obvia simpatía política de Zaffaroni por el kirchnerismo, que un juez de la CIDH diga esto marca cómo el gobierno macrista cada vez genera más conflictos en elementos del establishment jurídico internacional.

El desgranamiento oligárquico y las Fuerzas Armadas y de Seguridad

La agudización de las contradicciones hacía aflorar los choques tanto en las Fuerzas Armadas como de Seguridad. La “tragedia”, nunca aclarada, del submarino ARA San Juan continuaba trayéndole dolores de cabeza a Cambiemos. “La Cámara de Diputados aprobó ayer por unanimidad y giró al Senado un proyecto de ley que crea una comisión especial para investigar la tragedia” (LN 21/12). Acto seguido, La tribuna de doctrina tenía que admitir: “Estados Unidos comunicaba a la Argentina que retiraría el vehículo de operación remota. (…) La marina rusa habría sugerido que se autorizara al buque Yantar investigar fuera de la zona de búsqueda delimitada, pedido que no prosperó. Se indicó que habían analizado datos, a partir de una simulación, y no descartaban que el ARA se encontrara en otra área” (LN 28/12). El repliegue de las fuerzas imperiales, la permanencia de Rusia y su propuesta de cambiar el territorio donde se estaba buscando, por no ser ese donde podría encontrarse el submarino, provocó el misterioso rechazo a la propuesta por parte del Ejecutivo nacional. Vuelve a ocurrir el “efecto colateral” del despliegue del proyecto oligárquico y el choque con la base social de Cambiemos, en este caso “la familia militar”.

Al conflicto con la Armada, se le sumó la entrada al ruedo de las empresas aéreas low cost y el choque con la Fuerza Aérea: “El Gobierno autorizó el uso de la base aérea de El Palomar para las low cost” (P12 27/12). Al día siguiente, La Nación tuvo que dar nota del rechazo de la Fuerza Aérea a la medida: “La Fuerza Aérea Argentina transmitió su rechazo a la decisión del Gobierno de incorporar al aeródromo de El Palomar, hoy sede de la Brigada Aérea, al Sistema Nacional de Aeropuertos” (LN 28/12). La negativa quedó plasmada en una carta que el jefe de la Fuerza Aérea, Brigadier General Enrique Víctor Amrein, le envió el mes pasado al ministro de Defensa, Oscar Aguad, en la que advierte que el predio de la unidad militar “forma parte del Sistema de Defensa Nacional” y “la afectación permanente de dichas instalaciones militares repercutiría seriamente en la disminución de capacidades logísticas de la Fuerza Aérea Argentina en su conjunto y del resto del instrumento militar nacional”. No es el primer choque entre la Fuerza Aérea y las empresas low cost. En los últimos diez años, casi 400 pilotos dejaron la Fuerza Aérea por los bajos salarios y el desaliento por las escasas horas de vuelo para entrenamiento profesional (LN 18/12). El desmantelamiento de los ámbitos en las Fuerzas Armadas que cumplan alguna función para la defensa de los intereses nacionales y su paso a la órbita comercial es condición natural de la acumulación del capital en un país periférico como el nuestro, que en los planes del gran capital no tiene el papel de gendarme mundial, ni regional.

Es más, agotada la Doctrina de Seguridad Nacional de lo 60 y 70 –donde aún las Fuerzas Armadas de los países periféricos tenían un rol que cumplir en la lucha del imperialismo contra los movimientos de liberación nacionales en el Tercer Mundo−, los sistemas de defensa “soberanos” son cada día más un estorbo para los planes imperiales, reemplazados por bases militares propias del Imperio o los mismos cárteles de la droga que actúan como agentes de control territorial que garantiza negocios a las multinacionales.

Ante semejante espectáculo, resulta lógico el rechazo por parte de sectores de las fuerzas armadas a quienes, lejos de agradecerles los otrora servicios prestados contra el comunismo, se los pasa a considerar parte de los sectores a expropiar en pos de continuar garantizando la reproducción del gran capital.

Acto seguido, el conflicto entre las necesidades de la oligarquía y los intereses corporativos de la Policía Federal chocaban de frente. La represión del 14 y 18 de diciembre se judicializaba y el pedido de identificación de los agentes de las fuerzas involucrados en los choques llegaban. El caso del joven Alejandro Rosado, herido por perdigón de escopeta y pisado por una moto del Grupo de Operaciones Motorizadas de la Federal (GOMF), llegaba a la justicia y sembraba el desconcierto en las fuerzas.

El juez federal Sergio Torres, quien tiene tanto las causas contra los manifestantes aprendidos y judicializados, como así las denuncias contra los efectivos policiales, dictaba la falta de mérito y liberaba al policía Dante Barisone, integrante del grupo motorizado, y denunciaba por encubrimiento y falso testimonio a los superiores que se desdijeron luego de haberlo identificado como el autor del hecho. La abogada Gabriela Carpineti, de la CTEP, cuestionaba la situación: “Nosotros desde un primer momento advertimos el riesgo para las garantías del proceso que un mismo juez investigue a los manifestantes y a los policías. (…) No hay ni un policía preso, y sí hay manifestantes detenidos”. A los pocos días, la crisis en la Policía Federal continuaba. Unos 120 efectivos que cumplen servicios en la policía porteña se presentaban con 300 petitorios para exigir su reincorporación a la Policía Federal. Se trata del primer movimiento masivo de ex policías federales con solicitudes de reincorporación a esa fuerza. Las razones por las cuales algunos agentes querrían volver a la Policía Federal tienen que ver con problemas de antigüedad en los puestos y con el reparto de cargos (LN 15/1). Como dice el refrán, no hay peor astilla que la del mismo palo. La reconfiguración que tiene que aplicar la oligarquía no deja privilegios para nadie, ni siquiera para sus fuerzas de choque.

Por si el proyecto de Cambiemos de cara a las Fuerzas Armadas y de Seguridad no quedaba claro, el ministro Oscar Aguad convocaba a un grupo de trabajo para diseñar una reforma en el área de Defensa. Se proponía “redistribuir bases, unificar organismos y pasar obligatoriamente a retiro a todos los que superen 35 años de servicio”. El diputado macrista, Gastón Roma, afirmaba: “Si no se optimizan los recursos, no habrá capacidad operativa, ya que más del 80 por ciento del presupuesto militar se destina actualmente a pagar sueldos y gastos operacionales” (P12 3/1), dejando en claro por dónde pasará la “optimización” militar del Gobierno. Como vimos el mes pasado, la necesidad de Cambiemos de “ajustar” y privatizar no dejaba exentas a las fuerzas represivas. Recortar la independencia nacional a través del desmantelamiento de determinados resortes −como la fábrica de aviones, la estructura de producción nacional de material bélico de FM, el vaciamiento de las escuelas de pilotos, etc.−, “achicando” y preparando a las Fuerzas Armadas sólo como elemento de disciplinamiento al interior del conflicto social, deja un papel mísero para las mismas, anulando absolutamente toda su razón de existir. Las rispideces crecientes entre las FFAA y el Ejecutivo nacional son un factor de suma importancia, el cual seguiremos los próximos meses.

Como en la década del 90, el único papel que pueden darle a las fuerzas armadas es el de “gendarme interno”. El conflicto por el uso comercial de bases estratégicas y el desmantelamiento de fabricaciones militares es absolutamente coherente con el extraño extravío del ARA San Juan, el arma disuasiva más importante con la que contaba la defensa argentina (infobae 23/11). Son los costos a pagar para cumplir con los capitales extranjeros.

Nuevo dolor de cabeza para la oligarquía… la iglesia

El cambio en la cúpula de la Iglesia Católica argentina, realizado en los últimos meses, pareciera significar la pérdida de un aliado clave para la oligarquía. Posterior a la reforma previsional, la nueva cúpula eclesiástica se reunía con Macri y demás integrantes del Ejecutivo nacional. Los prelados expresaron sus “preocupaciones por la situación de los jubilados, la magnitud de los hechos de violencia registrados y la característica de la respuesta de las fuerzas de seguridad” (LN 20/12). El vocero episcopal, Jorge Oesterheld, planteaba que “los índices de pobreza no se modifican y persiste (…) una pobreza estructural muy preocupante”. El prelado también se refería a los graves hechos de violencia: “Cuando explota la violencia de esa manera, hay una primera responsabilidad en el violento. Pero hay una responsabilidad institucional entre quienes no encontraron la forma de que eso no llegara a esos extremos” (P12 21/12). La llegada de una línea de prelados en consonancia con las palabras del Santo Padre, Francisco, crítico del capitalismo, y distantes de los preceptos oligárquicos, suma al desgranamiento de la fuerza social que logró constituir la oligarquía, expresada en Cambiemos.

A su vez, la visita del obispo de Roma a Chile, el papel general que viene jugando a nivel mundial, en rechazo a la guerra, el llamado a un cambio de paradigma en la humanidad contra el “dios dinero”, etc., el cual, por lo menos a simple vista, no sería el más conveniente para el imperialismo, acrecentó la disputa ideológica por su mensaje. Las editoriales que vimos el mes pasado por parte de La Nación y demás medios por “interpretar” o directamente negar las palabras de Francisco hacían que parte de la Iglesia argentina saliera a “poner los puntos sobre las íes”. Así, los curas villeros, en uso del derecho a réplica en el diario La Nación, salían a explayarse sobre el tema: “Con cierta perplejidad en este último tiempo leemos o escuchamos que la Iglesia en general, y en especial el Papa, no quieren que los pobres dejen de ser pobres, porque de esta manera se perdería lugar de influencia. Por eso nos ha parecido conveniente decir una palabra pública desde nuestro lugar, desde nuestra mirada. (…) Creemos que las reflexiones que se hacen sobre los pobres y las organizaciones que intentan organizar comunidades y superar la pobreza deben hacerse desde el conocimiento, la cercanía, el amor a los pobres, pero sobre todo, desde una profunda conciencia de igualdad. (…) Los muros y las grietas, que son el signo de nuestro tiempo, comienzan en la mirada de creerse distinto, de no reconocerse iguales, hermanos. (…) Hoy se habla de integración social y urbana. (…) Esto es reconocer al pueblo, que vive en nuestros barrios, como sujeto colectivo con su cultura, su lenguaje, su modo de razonar, su ritmo, sus símbolos. Esto no es populismo, es sencillamente respetar al otro como otro. (…) Debemos reconocer que ellos ya aportan mucho. Por ejemplo, en la gran ciudad aportan, junto a otros miles de mujeres y hombres, una fuerza económica insustituible y dignificadora: el trabajo” (LN 11/1).

Por si el mensaje no era claro, la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina, encabezada por su presidente, el obispo Oscar Ojea, emitía un comunicado en el que expresaba su preocupación por la actitud de ciertos medios de comunicación respecto de la figura del Papa, señalando que “nadie ha hablado ni puede hablar en nombre del Papa” (P12 11/1). Víctor Manuel Fernández, Rector de la Universidad Católica Argentina (UCA), ponía la frutilla del postre, denunciando “la llamativa andanada de notas periodísticas, todas dedicadas a atribuirle a Francisco ciertas intenciones políticas. (…) Los poderosos ya tienen recursos de sobra para defender sus intereses y difundir su visión de la realidad. Los débiles de este mundo ya escucharon muchas veces que hay que seguir esperando” (LN 14/1).

Así, el distanciamiento de la Iglesia católica argentina de la política oligárquica parecería quedar de manifiesto y con pocas posibilidades, por lo menos en lo inmediato, de corregirse, perdiendo así la clase dominante un aliado clave en la palestra política nacional.

Necesidad de más represión = Menos Consenso

Y hay más fracturas. En el trascurso de estos meses, se mostraba cada vez más expuesto el “papel los civiles” jugado en la última genocida dictadura militar del 70. Así, dos ex directivos de Ford Motor Argentina y el ex jefe del Comando de Institutos Militares y la Zona IV, Santiago Riveros, comenzaron a ser juzgados por el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín por delitos de lesa humanidad durante la dictadura. Ante una sala colmada por ex trabajadores que fueron secuestrados en la planta de General Pacheco, donde la empresa montó un centro de detención, se leyeron las acusaciones contra el ex gerente Pedro Müller, de 86 años, el ex jefe de seguridad, teniente coronel (R) Héctor Sibilla, de 91 años, y el ex hombre fuerte de Campo de Mayo.

A su vez, la concesión de prisión domiciliaria para Miguel Ángel Etchecolaz, director de Investigaciones de la Policía Bonaerense y mano derecha del ex general Ramón Camps, en la última dictadura cívico-militar, por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6 de La Plata, provocaba un cimbronazo político y la movilización de amplios sectores. Como vimos hace meses, hijos de represores, tanto biológicos como apropiados, se expresaban en profundo rechazo a sus “padres” formales. La agrupación HIJOS reclamaba en un comunicado que se investigue el rol empresario en el terrorismo de Estado: “El gobierno nacional pretende que no se investigue a muchos de sus actuales socios, incluida la familia presidencial, beneficiada por el plan económico de hambre, exclusión y deuda externa de Martínez de Hoz” (P12 2/1). Con la salida de Etchecolaz y la intención de este de asentarse en su casa de Mar del Plata, en el barrio Bosque Peralta Ramos, vecinos de la zona expresaban su rechazo a la presencia del represor en el barrio y exigían que se vaya, lanzando una movilización desde el centro de Mar del Plata hasta la casa del represor. La Movilización fue acompañada por Taty Almeida, de Madres Línea Fundadora, y Rubén López, hijo de Jorge Julio López. “Este es el verdadero cambio: que seamos las Madres las que acompañamos una marcha que decidieron los vecinos para exigir cárcel común para este genocida” (P12 6/1). Es de resaltar que la intendencia de partido de General Pueyrredón, donde se ubica Mar del Plata, es ostentada por Carlos Fernando Arroyo, perteneciente a Cambiemos y de reconocido perfil “procesista”.

A pesar del impulso inicial logrado por Cambiemos en diciembre del 2015, su desmadramiento a pasos agigantados va requiriendo la aplicación de una política represiva de envergadura; por lo cual, hace meses, veníamos resaltando la preparación de acciones de “bandera falsa”, es decir, la creación de chivos expiatorios que, apuntalados por el aparato mediático imperial, permitieran a la oligarquía tomar medidas represivas para impedir la configuración de una fuerza social que se le oponga. Dentro de esto podemos inscribir la campaña de llamadas con amenazas de bombas a escuelas públicas, hasta el accionar de agentes de civil infiltrados en las movilizaciones. Como si fuera casualidad, cinco días después de los choques del 18 de diciembre, se detectaron amenazas de bomba a la Casa Rosada y la residencia de Olivos. Mientras la Policía Federal descartaba la presencia de artefactos explosivos en ambos edificios, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguraba que “aquellos que cometan amenazas o intimidaciones no quedarán impunes”, y que el Gobierno “trabajará para que rindan cuentas en la Justicia” (LN 23/12). A su vez, los días posteriores al 18 de diciembre, el gobierno bonaerense de Vidal presentó una denuncia penal para que se investigue una supuesta incitación a la violencia que, según denunció, se estaría tramando vía redes sociales, convocando a “saqueos” en la zona de Merlo y Moreno. Acto seguido, el diario de la oligarquía señalaba que tanto Merlo como Moreno fueron epicentro de los saqueos en el 2001 y que las intendencias de esos municipios se encuentran en manos de intendentes del Peronismo, como Gustavo Menéndez de Merlo, y con declarada filiación al Kirchnerismo como Walter Festa; siendo el municipio de Moreno, como vimos en números anteriores, junto a Avellaneda y La Matanza, centro de un plan de desestabilización e intento de intervención por parte de Cambiemos (LN 23/12).

En este marco, el conflicto mapuche continuaba. Con la muerte de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel de fondo, la etílica ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, Conformaba un “comando conjunto” para combatir al RAM en la Patagonia, entre fuerzas federales y de las provincias de Río Negro, Chubut y Neuquén. El ministro de Seguridad de Rio Negro, Gastón Pérez Estévez, era más preciso sobre las causas del acuerdo: “Entendemos el derecho de propiedad como un derecho constitucional, en Bariloche y El Bolsón nos reclaman una actitud más activa”. Ante la pregunta de periodistas sobre la intencionalidad de Cambiemos de “crear” un enemigo interno, cosa que el mes pasado había denunciado el Obispo de Bariloche, Juan José Chaparro, la ministra de Seguridad nacional respondía: “Los que decidieron ser enemigos del Estado fueron ellos” (LN 28/12). Recordemos que sobre el asesinato de Rafael Nahuel y las repercusiones posteriores la filial de la Sociedad Rural de Bariloche salió a defender con uñas y dientes la apropiación de tierras en la zona y a denunciar la agresión sobre “su derecho de propiedad”. A esto responden los dichos del ministro de Seguridad rionegrino.

Las fracciones regionales de la oligarquía, en connivencia con la fracción oligárquica preponderante de la ciudad-puerto, convergen en la construcción de un “chivo expiatorio” que permita aplicar una represión inusitada en el sur y que sirva de ariete ideológico a nivel nacional.

Como venimos viendo mes a mes, la intensificación de la política represiva por parte de Cambiemos es acorde a las necesidades del gran capital, para intentar contener la creciente protesta social. Con la pérdida de consenso para gobernar y la intensificacion de las protestas, es de esperar que esta línea de acción continúe y se profundice.

Y dale con la “ancha avenida del medio”…

El tratamiento de la reforma previsional reconfiguraba las fuerzas políticas en el orden legislativo. Así, la votación de la reforma, que contó con 127 votos a favor, 117 en contra y 2 abstenciones, mostró las fisuras del bloque Argentina Federal, comandado por el Senador Pichetto, votando partido en mitades. Hasta hubo quienes aportaron quorum pero se ausentaron a la hora de levantar la mano (P12 20/12). A la semana, en el tratamiento del presupuesto, nuevamente el interbloque federal comandado por Pichetto prestaba sus servicios para la aprobación del mismo. En una entrevista realizada por el diario La Nación, declaraba: [Cristina] tiene una visión de una oposición dura, casi en la periferia del sistema. (…) Nuestra tarea es la genuina representación de los intereses provinciales. (…) Si se recuerda 2001 y se proyecta hacia el futuro, es el peor escenario. (…) [El gobierno] se merece una oposición racional, democrática, que plantee alternativas y cambios en los proyectos. (…) Hay que encontrar un discurso de centro nacional” (LN 31/12). El ex jefe de la bancada de diputados kirchneristas −quien fuera el que estuvo a cargo de llevar la discusión en el poder legislativo en el tratamiento de la resolución 125, la cual dio excusa al accionar de la oligarquía con el lockout patronal agrario en 2008, “apurando” al vicepresidente de ese entonces, Julio Cobos, a que definiera su voto (el famoso “voto NO positivo”)− insiste en querer recorrer la “ancha avenida” del medio, ya circulada por Sergio Massa con los resultados ya conocidos. Lo que olvida Pichetto es que el movimiento mismo del capital es quien agudiza las contradicciones a grados nunca antes vistos, conllevando a la toma de posiciones consecuentes con ese proceso, tanto en pro como en contra del mismo. Como ya hemos visto en meses anteriores, la “ancha avenida del medio” no cuenta con base material que le permita existir.

Al mismo tiempo, la discusión al interior del Partido Justicialista Bonaerense continuaba después de la renovación de sus autoridades. El nuevo presidente e intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, en una entrevista con La Nación, decía: “Si Dios quiere, en 2018 van a volver por acá tipos que hace mucho que no vienen. Tenemos que tratarlos como hijos pródigos y dejar de hablar de traidores”, y cuando se le preguntaba si Cristina, Massa y Randazzo no tienen diferencias de fondo, el merlense contestaba: “No. Cuando vos profundizas en la charla y preguntas cuál es el modelo económico para el país, el modelo de distribución, el rol del trabajo, en la inmensa mayoría de los temas nos ponemos de acuerdo rápidamente. El problema son las formas, las rencillas viejas y actuales, los egos” (LN 3/1). Acto seguido, Menéndez continuaba con su intento de reunir bajo la egida del PJ a diferentes vertientes del peronismo. Foto de por medio, se reunía con Sergio Massa −ignoto desde su paupérrimo desempeño en las elecciones legislativas, donde fue devorado por la polarización entre Cambiemos y el FPV−, haciéndole llegar personalmente su intención de que se reincorpore al Partido Justicialista, tanto con la presencia de CFK como con la de Florencio Randazzo (CL 6/1). Ni dos días tardó en llegar la respuesta desde una de las cabezas del Frente Renovador, Graciela Camaño: “No nos interesa entrar en ese debate. (…) No tenemos nada en común con el kirchnerismo ni con Cristina” (LN 8/1).

Nuevamente, la anteposición de las personas ante los fenómenos económicos y de masas impide ver que la fractura al interior del movimiento nacional no radica en los modos particulares de un individuo, y que si bien estos son importantes y hacen al proceso, no son las causas sustanciales de los problemas. Sino que para comprender dicha fractura es necesario entender la escencia del problema al que nos enfrentamos, el salto cualitativo de la cuarta revolución industrial y la tendencia acelerada a la desaparición de la compra y venta de la fuerza de trabajo, con la consecuente crisis del conjunto de las superestructuras que supo levantar la burguesía. Es decir, la inviabilidad histórica del capitalismo como sistema de organización de la producción y la sociedad. Ante este proceso, las concepciones que buscan encontrar un espacio para las grandes mayorías dentro del dominio de los monopolios no pueden dar respuesta a los problemas de las mayorías.

Del rejunte ante el espato, a lo que hace falta

Los sucesos de diciembre, con la irrupción del movimiento obrero, dejaron atrás los debates al interior del Congreso. Volviendo al ruedo, la actual senadora y ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, denunciaba allí las maniobras de Cambiemos: “Estamos ante una fuerte amenaza de cercenar la representación popular en el Parlamento recurriendo a métodos y procedimientos y formas que creíamos definitivamente desterrados de la política argentina”, calificando de “ridícula” la causa por el memorándum con Irán. Y ante un cruce de palabras con Gabriela Michetti, que preside la Cámara Alta, por sobrepasar el tiempo reglamentario en su discurso, CFK respondía: “Voy a discutir todo porque para eso me votaron. (…) Puede que a usted o al Presidente no les guste el tipo de oposición que hago. A mí tampoco me gusta nada su gobierno” (LN 28/12). Al día siguiente, encabezaba un acto en Avellaneda, donde agregaba: “No resolvieron ni uno sólo de los problemas que teníamos, y además los han profundizado hasta el límite. (…) Este es un gobierno que transfiere recursos de los que menos tienen y de los sectores medios a los grupos más concentrados. Creen que los pobres tienen que ser cada vez más pobres y los ricos cada vez más ricos” (P12 29/12). Nuevamente, la sagacidad de CFK aparece como la más profundan en el movimiento nacional.

Para el nerviosismo de la oligarquía, ante un movimiento nacional que se va reconfigurando claramente en oposición a ella, el diario La Nación titulaba: “Con la venia de Cristina Kirchner, La Cámpora ensaya una aproximación al jefe camionero” (LN 13/1), ante el comunicado que sacaba la organización kirchnerista conducida por Máximo Kirchner, que denunciaba las apretadas que realizaba Cambiemos sobre los dirigentes obreros que rechazaban las reformas y el ajuste y se solidarizaba con los mismos, aludiendo indirectamente a Hugo Moyano. A su vez, el diario oligárquico resaltaba el papel del recientemente electo diputado y secretario general de los obreros curtidores, Walter Correa, como el nexo motor del kirchnerismo con Pablo Moyano, segundo en el sindicato de Camioneros. Recordemos que la fractura entre CFK y Hugo Moyano fue el fenómeno central en que se expresó el proceso de pérdida de cohesión del frente nacional y, posiblemente, un factor clave en la posibilidad de la oligarquía de obtener la victoria electoral en 2015. Por si el comunicado de La Cámpora no bastaba, en la persona de Andrés “el cuervo” Larroque, dirigente camporista, se expresaba esto más determinantemente: “Es necesario un acercamiento con Hugo y todos los dirigentes sindicales para ponerle un freno a la reforma. (…) Con Hugo dejamos de lado las contradicciones secundarias para poder mirar las cosas que le importan a la gente” (LN 14/1). Como dice un refrán, “el que no quiere un plato, come dos”… Los límites de la concepción de la reconstrucción de la burguesía nacional como sujeto que puede llevar a término el proceso de liberación nacional y social, el cual se “estroló” en diciembre de 2015 con la derrota presidencial ante las manos de Cambiemos, hace tomar nota de los errores estratégicos llevados adelante en los últimos años.

Si sumamos las palabras elogiosas de CFK para con Pablo Moyano (“con Pablo nos une la esperanza”, con respecto a luchar contra Cambiemos), observamos indicadores de que el problema de la unidad del movimiento nacional, como condición escencial para derrotar a la oligarquía, aparece en el centro del discurso de los dirigentes del movimiento que más a fondo llegaron en los hechos a identificar a dicho enemigo, a pesar de no comprender la pelea de fondo que está planteada contra aquel. Pero volvemos a repetir: no se trata de la audacia, astucia o inteligencia individual de tal o cual dirigente. Lo que empuja este proceso de unidad es el movimiento de masas que se expresó con fuerza en las jornadas de diciembre, con el eje puesto en la fuerte presencia del movimiento obrero. Es eso lo que habilitó tanto los discursos de CFK en el Congreso como los acercamientos entre los diferentes sectores del movimiento nacional.

Lucha obrera y represión

Un informe del CEPA, indicaba que durante el mes de enero se registraban 3346 despidos y suspensiones. De ellos, en la administración pública llegaron a 1904 afectados, mientras el sector privado tuvo 1442 despidos. Según palabras del Informe: “En diciembre, el 75 por ciento de los casos refieren al sector industrial, duplicando prácticamente lo sucedido en el mes previo. (…) Del total de 1.442 despedidos, 1070 se desempeñaban en plantas fabriles”. A lo cual, dentro de la órbita de la administración pública, también podríamos sumar sectores fabriles como los de Fabricaciones Militares. Es decir que es mayor aún el impacto sobre los obreros industriales (P12 2/1).

A su vez, el megadecreto que analizamos al inicio del artículo traía aparejada la posibilidad del embargo del conjunto del salario de los trabajadores. Matías Cremonte, titular de la Asociación de Abogados Laboralistas, expresaba: “Es muy grave porque elimina, a través de un DNU, una protección sobre el salario que establecía la Ley de Contrato de Trabajo, en consonancia con el Convenio 95 de la OIT, por su carácter alimentario. Es lamentable este guiño a los bancos y las financieras. (…) Ya ocurrió en los años 90, y muchos trabajadores terminaron ejecutados y embargados” (CL 12/1).

Así, en el transcurso del mes, la lucha de los trabajadores, en especial los ocupados privados y estatales, se intensificó a partir de las medidas tomadas por las fuerzas que componen Cambiemos, post victoria legislativa.

La reforma del régimen jubilatorio del Banco de la Provincia de la Provincia Buenos Aires traía cola. Su reciente presidente, Juan Curutchet, indicaba: “Hoy son más los jubilados que los trabajadores activos que aportan. (…) La sociedad era otra. (…) Antes se vivía menos y los trabajadores aportantes eran más” (CR 21/12). Como vimos el mes pasado, a raíz de la reforma previsional, los sistemas de seguridad social (jubilaciones) −construidos principalmente en la época en que abundaba el tiempo de trabajo (lo que hacía que la “pirámide” entre la base de aportantes y la “punta” de jubilados se mantuviera)− están en crisis a escala mundial. Sumado a la oferta de aumento salarial para los bancarios de tan sólo 9%, los trabajadores del sector empujaban a realizar asambleas informativas tanto del problema paritario como de la reforma previsional en cada establecimiento de trabajo (CR 21/11).

A su vez, la lucha obrera en el NOA seguia creciendo de la mano de los trabajadores azucareros. La intención del gobernador Morales de vender el Ingenio La Esperanza, del cual el estado Jujeño es propietario, al grupo colombiano Omega Energy −operación para la que 340 empleados quedarían desafectados−, sumado a la deuda de pagos de salarios de noviembre y diciembre, hizo estallar el conflicto. La Nación lo anoticiaba así: “La policía desalojó ayer a los obreros del ingenio La Esperanza, donde realizaban un corte que ya llevaba tres días. Allí se produjo un intenso enfrentamiento entre la policía y los trabajadores que se trasladó al centro de San Pedro, la segunda ciudad provincial, (…) donde hubo corridas, heridos y desmanes en la sede del Poder Judicial de la provincia” (LN 21/12). Como se pudo ver por algunas redes sociales y en videos informales sobre los choques entre los trabajadores y la policia provincial, los hechos parecían una pueblada generalizada. La CGT Nacional y la agrupación HIJOS salían a condenar los actos de represión y denunciaban la persecución a la cual eran sometidos los trabajadores del ingenio (P12 22/12).

Desde hace meses venimos siguiendo la situación particular de Jujuy, donde la “revancha” oligárquica y su avanzada neoliberal a escala local, con la consiguiente profundización de su aparato represivo, toma forma de “globo de ensayo” nacional. La contraparte de este proceso es el desarrollo de una resistencia cada vez más organizada, que toma la forma en las reacciones a la detención de Milagro Sala, en los conflictos gremiales –como el de los obreros azucareros− o en el crecimiento electoral del Frente de Izquierda de los Trabajadores, el cual logró ganar el apoyo de sectores que se expresaban a través de la Tupac Amaru, antes de la injusta detención de Milagro. Esta bronca va constituyendo una olla a presión que, con los ribetes de pueblada que tomó en San Pedro, parece ser la antesala de un estallido, por lo menos, a escala provincial.

Se desataba también un conflicto en la empresa Envases del Plata, proveedora de envases a empresas como Unilever y Johnson & Johnson, en la zona del Palomar. Allí, la patronal despedía a más de 20 trabajadores que habían participado en la jornada del 18 de diciembre y motorizado el cumplimiento del paro dispuesto por la CGT nacional para el martes 19. Este conflicto parcial recibió el apoyo por parte de múltiples regionales de la CGT −Merlo-Moreno-Marcos Paz, Moron-Ituzaingó-Hurlingham, Zona Norte, etc.− y sindicatos nacionales −tanto de la CGT (Curtidores, Gráficos, Televisión, Sadop, etc.) como de la CTA (ATE, Suteba)−, dando base para que el sindicato metalúrgico local se pusiera a la cabeza del conflicto, haciendo presente al propio Antonio Caló (Secretario General de la UOM Nacional) en los portones de la fábrica para charlar con los obreros. Gracias a este grado de solidaridad y organización, se logró frenar los despidos. Delegados de base de la empresa expresaban: “Buscan avanzar con conquistas laborales y amedrentar con los despedidos a los trabajadores que salen a luchar; muchos participaron de las jornadas de movilización del 14 y el 18. (…) Esta primer conquista producto de la lucha, la unidad y la solidaridad entre todos los trabajadores muestra una gran predisposición a pelear” (P12 6/1).

A su vez, la conflictividad en el sector público, con la ofensiva lanzada posterior a la victoria legislativa por parte de Cambiemos, no daba respiro. El diario de los Mitre informaba: “En los últimos días llegaron alrededor de cien telegramas a tres de las unidades productivas de Fabricaciones Militares (Fray Luis Beltrán, Villa María y Río Tercero). Se suman así a unos 150 despidos en varios meses en la sede central. En Azul, la otra fábrica, esperan recibir ‘no menos de 30’ avisos de no renovación de contratos” (LN 27/12). El efecto contagio en los municipios bonaerenses administrados por Cambiemos llegaba con el año nuevo. Los intendentes de Quilmes, Morón y Tres de Febrero decidían recortar su plantel de contratados, dejando −según información del Ejecutivo Nacional− 804 despidos. No obstante, el gremio de los estatales de ATE denunciaba más de 1400 puestos de trabajos perdidos (LN 4/1). Por ello, los trabajadores enrolados en este sindicato convocaban a un paro nacional y se movilizaban a las puertas del Ministerio de Modernización.

Por su parte, los trabajadores de FANAZUL –planta de Fabricaciones Militares ubicada en la ciudad bonaerense de Azul− cortaban Ruta 4 y denunciaba 268 despidos; su Comisión Interna aclaraba: “La fábrica de explosivos es una de las mejores de América latina. La decisión de cerrarla se fundamenta en bajar el déficit, cuando el real motivo es que la fábrica cuenta con 1200 hectáreas productivas en una de las mejores zonas y la Sociedad Rural de Azul está interesada en explotarlas y opera en complicidad con el Gobierno” (LN 4/1).

La situación en Azul tomaba ribetes parecidos al caso de Envases del Plata, implicando a parte importante de la sociedad local. Así, se llevaba a cabo un corte en la ruta 3 y 226 para reclamar a la administración nacional y provincial la reincorporación de los. Omar Menchaca, delegado de ATE de FANAZUL y uno de los empleados despedidos, anunciaba: “Varios compañeros de Bahía Blanca y Mar del Plata van a venir a acompañarnos”. Al día siguiente, hubo masiva movilización autoconvocada por los vecinos. A esa marcha le siguió un acampe de los trabajadores, se creó un comité de crisis integrado por representantes de los despedidos, por el intendente Hernán Bertellys, concejales y un cura católico en representación del Obispado. El Concejo Deliberante local aprobaba la “emergencia laboral” en el distrito, que suspende por un año los despidos en la administración pública. Esto, si bien no enrola a los trabajadores de FANAZUL −porque estos son dependientes del estado Nacional− no deja de jugar un gran papel (P12 1/1).

Así, la ofensiva del “reformismo permanente”, exhibida por Mauricio Macri días después de la victoria legislativa, obtenía como contraparte la respuesta que los trabajadores están dispuestos a dar. Insistimos con prestar suma atención al modo de obrar por parte del movimiento obrero tanto en el conflicto de Envases del Plata como en el de FANAZUL. Nuevamente, se trataba de la generalización de conflictos parciales, que incluía el entrelazamiento con demás sectores de trabajadores que exceden la actividad o rama particular donde se desarrolla el conflicto y la ampliación del debate al conjunto de la sociedad, involucrando a múltiples sectores −desde pequeños y medianos comerciantes, personas del clero, profesionales, etc.− e interpelando a los poderes de los estados locales, etc. Es decir, se politizaba el conflicto, en el sentido de que los trabajadores se dirigían hacia el conjunto de la sociedad no desde una posición corporativa, sino, embrionariamente, como conductores de los demás grupos subalternos. Este es el camino por el cual parece comenzar a transitar una parte del movimiento obrero, recuperando lo mejor de su historia.

Los trabajadores dirigen haciendo

En todo este marco, la octogenaria CGT no quedaba exenta de los hechos del 14 y 18 de diciembre. El proceso de convulsión interna que vive la central obrera, como expresión de la crisis que tienen todas las direcciones, tanto sindicales, como sociales y políticas, ante los fenómenos vividos, traía las primeras fracturas. Como vimos el mes pasado, las idas y venidas con respecto a la definición de medidas de cara a la reforma previsional, en especial la del Paro General, efectuado, con total falta de preparación, el martes 19 de diciembre, ahondó la crisis en la central obrera. El referente de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Francisco “Barba” Gutiérrez presentaba su renuncia ante el Consejo Directivo de la central obrera a su cargo de Secretario de Interior: “La estrategia de la CGT fracasó como así también su conducción”, aseguraba Gutiérrez (P12 20/12).

La discusión sobre la caducidad del Triunvirato y la búsqueda de un reemplazo incierto hacía que las diferentes líneas al interior del movimiento sindical buscaran un grado de consenso. Así, el triunvirato −representado por juan Carlos Schmid, del ala moyanista y Carlos Acuña, cercano a Barrionuevo− se reunía con Hugo Moyano (Camioneros), Luis Barrionuevo (Gastronómicos), Fernández (Choferes de Colectivos), Maturano (Maquinistas de Trenes), para “calmar los ánimos” con posterioridad al paro, mostrando el apoyo de secretarios generales con peso propio. Significativa era la ausencia del tercer triunviro Héctor Daer (LN 27/12).

Al día siguiente, con la excusa del brindis de fin de año, diferentes gremios se reunían en la sede de la Federación Gráfica Bonaerense. En la misma, participaban los gremios enrolados en la Corriente Federal (Gráficos, Curtidores, Judiciales, Jerárquicos Electricidad, Docentes Privados, etc.), un sector del MASA (Movimiento de Acción Sindical Argentino), ATE Capital, la UOM y Canillitas (P12 28/12), debatiendo posturas de cara al proceso de reforma laboral que pretende impulsar Cambiemos e intentando unificar posiciones a llevar al interior de la CGT.

Casi al finalizar el año, la CGT emitía un comunicado con respecto a la situación: “La Confederación General del Trabajo (CGT) se hace eco de la preocupación de cientos de familias de trabajadores que en la última semana han perdido su empleo. (…) El año 2017 no termina de la mejor forma para los trabajadores. Y el 2018 empezará aún peor para muchos de ellos” (LN 31/12). De a poco, se iban sumando declaraciones de dirigentes de diferentes tendencias pero que, con matices, coincidían en el rechazo al proceso de reformas.

La creencia de algunos sectores del movimiento sindical, de tener margen para acordar o preservar determinadas conquistas, se fue por el inodoro con la presentación del plan de reformas, tanto laboral como previsional. Así, la línea más proclive a acordar con el Gobierno −el sector de los “gordos”−, si bien representa sindicatos con una gran masa de afiliados, comienza a ser minoría en el movimiento, ya que las necesidades del capital y el accionar de sus personeros, en este caso, Cambiemos, da muestra de no tener ningún margen para acordar la preservación de derechos, sólo ofreciendo miseria, hambre y represión. Y uno de los modos de intentar arrasar con las conquistas es posar el ariete judicial sobre el movimiento obrero –y en especial sobre figuras que otrora fueran elementos que utilizó la oligarquía para penetrarlo ideológicamente−, como elemento de persecución y coerción.

Para su regocijo, el matutino La Nación titulaba: “Detienen en Uruguay a otro gremialista, investigado por lavado de dinero. (…) El titular del sindicato de no docentes de La Plata (…) fue apresado en una chacra cercana a Piriápolis; le secuestraron armas, 500.000 dólares en efectivo y 14 autos de alta gama. Se lo imputó como responsable de lavado de dinero y evasión impositiva a través del gremio” (LN 5/1). A la semana, ocurría otro hecho nuevamente vinculado al sindicato de los trabajadores de la construcción (UOCRA): “Once sindicalistas de la seccional Bahía Blanca de la UOCRA fueron detenidos ayer acusados de asociación ilícita y extorsión” (CR 12/1). Como venimos analizando mes a mes, sin deslindar las responsabilidades individuales de cada sujeto, los casos de corrupción en el movimiento obrero son utilizados o inventados por el imperialismo y la oligarquía para desprestigiar las herramientas de los trabajadores. Durante décadas se logró corromper a un sector de los trabajadores con ofrecimiento de prebendas y beneficios individuales, mientras se aplicaba la tortura y el crimen a los dirigentes que no claudicaran ante el agente corruptor. Nunca hay que olvidar que más del 70% de los detenidos desaparecidos durante la última dictadura militar pertenecían a las filas de los trabajadores, siendo a su vez casi la mitad de estos obreros de fábricas. Es decir que el quebrantamiento de las mejores actitudes de nuestro pueblo no se dio por su propia naturaleza, sino que fue algo orquestado, genocidio mediante.

Así expresaba el gastronómico Luis Barrionuevo –fiel representante de ese sector corrompido de la clase obrera− la nueva situación en la que el gran capital debe pasar por encima también sobre este sector que antes le era funcional: “Ojo cuando se quiere atacar al sindicalismo. Al sindicalismo lo han atacado los militares, nos han intervenido los sindicatos, han muerto muchísimos trabajadores asesinados por los militares; ha venido [Raúl] Alfonsín, atacó al sindicalismo con la ley Mucci, no terminó su mandato, por la incapacidad, porque erró en la economía; vino [Fernando] De la Rúa y lo mismo, atacó al sindicalismo”. Para rematar: “Por eso digo, cuidado, no sigan pisándole la cola al león. (…) Nadie orina agua bendita” (LN 12/1). No es que don Luis se haya convertido en revolucionario de la noche a la mañana. Se trata de la toma de conciencia de que esta capa tampoco tiene lugar en el programa de los monopolios.

Como frutilla del postre a la andanada judicial contra el movimiento obrero, la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos) −dependiente del Ministerio Publico Fiscal, el cual, recientemente “cambió de manos” con la salida de Alejandra Gils Carbó y quedando bajo la égida de Cambiemos−, en base a “informes de inteligencia” de la UFI (Unidad de Informaciones Financieras), denunciaban al ex titular de la CGT, Hugo Moyano y a su hijo y sucesor al frente del gremio camionero, Pablo Moyano, por presunto lavado de dinero (P12 13/10). Como vimos en dos apartados anteriores, este último hecho es el que “provocó” el comunicado de La Cámpora en solidaridad con el conjunto del sindicalismo, pero especialmente dirigido a los Moyano.

Insistiremos hasta el hartazgo con que el accionar del movimiento obrero en las jornadas del 14 y el 18 abre un nuevo ciclo político. Por un lado, quebró el espinazo de la estrategia de la oligarquía, apoyada en el proceso de endeudamiento y apalancamiento a través de los multimedios. Es decir, comenzó a jubilar la tan mentada “post verdad oligárquica”. A su vez, posibilitó la fractura en parte de la base social de Cambiemos que, si bien ya venía mostrando signos de agotamiento, la salida a la palestra política del movimiento obrero le dio un “paraguas” de contención.

El proceso de 2 años iniciado en diciembre de 2015, pasando por marzo de 2017 −movilización del 24 marzo, movilización de la CGT al Ministerio de Industria, Marcha Federal educativa, paro de mujeres−, donde el centro de los reclamos estaba puesto en “pedir” a Cambiemos que “contenga” la necesidades populares, produjo un salto exponencial en la conciencia entre las elecciones legislativas y el lanzamiento del “reformismo permanente”. Es decir, la exhibición en amplitud del plan oligárquico y la claridad de que el gobierno CEO no tiene ninguna capacidad material para realizar concesiones al pueblo marcan el tiempo de una rápida toma de conciencia por parte de amplios sectores del pueblo.

Como dijimos el mes pasado, las jornadas del 14 y el 18 ya no pedian “contención” a la oligarquía para con el pueblo, sino su rechazo en toda la línea y la disposición a confrontarlo en todo los planos. Ese accionar del pueblo, con eje articulador en el movimiento obrero, es lo que facilita y hasta obliga al acercamiento entre dirigentes que abiertamente rivalizaban por la ocupación de puestos en el aparato del Estado. Dicho de otro modo, es la conciencia de las masas la que determina el accionar de los dirigentes.

A su vez, la clase trabajadora empezaba en enero a dar los primeros pasos en el camino de constituirse en conductora del conjunto de los grupos subalternos (conflictos de FANAZUL, Envases del plata, etc.), dirigiéndose a toda la sociedad, comenzando a tomar en sus manos los problemas y tomando conciencia de la necesidad histórica de su papel.



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