Revista Mensual | Número: Marzo de 2018
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Fuentes consultadas: EE.UU.: Wall Street Journal (WSJ). Gran Bretaña: The Economist (TE). Alemania: Deutsche Welle (DW); China: Xinhua (XH); Rusia: Russia Today (RT); Irn: HispanTV (HTV) Venezuela: Telesur (TS). Cuba: Cubadebate (CD). Argentina: Clarín (CL); Crónica (CA); Cronista Comercial (CR); La Nación (LN); Miradas al Sur (MS); Página 12 (P12); Tiempo Argentino (TA).
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El final es donde partí…

Siguen los signos de descomposición oligárquica
Contra los trabajadores, más claro imposible
Lo dicen las encuestas… una clase sin futuro
Oligarquía huérfana busca nuevo dueño
“Uno de los departamentos del Gobierno Federal” contra el Poder Judicial
Ajuste y fuerzas armadas
Preparando el Terrorismo de Estado
El viento que todo empuja…
Toma de fábricas y lugares de trabajo… ¿Y después qué?
El Final es donde partí… (el movimiento obrero y su papel)


La creciente movilización de masas y las tareas del movimiento obrero

El final es donde partí…

Y en qué lugar

Habrá consuelo para mi locura

(La Renga)

 

Varios hechos de los últimos meses marcan en el ámbito local lo que venimos analizando a nivel global. Las movilizaciones del  14 y 18 de diciembre, y la gran movilización del 21 de febrero último (que es su obvia continuación) mostraban la creciente debilidad de la Alianza Cambiemos, como expresión local de la crisis cada vez más aguda que sufre el conjunto del aparato institucional que la burguesía en tanto clase supo construir. Su masividad mostraba además la necesidad histórica de la constitución de una fuerza alternativa al macrismo y al régimen económico-social que este representa. Los sucesivos casos de corrupcion de distintos funcionarios  (Etchevere, Triaca, Guilligan) seguían mostrando la rapiña de una clase en descomposición, que utiliza el aparato del Estado para sostener sus pequeños negocios, al tiempo que entrega la riqueza nacional  a los monopolios imperialistas.

Veremos además cómo el desenvolvimiento del plan de Cambiemos, de nefastas consecuencias económicas y sociales, comenzaba a empujar hacia una pendiente la aprobación del Gobierno, medida por varias encuestadoras. Este hecho es el que en parte explica por qué se dio la intensificacion del uso parcial de todo el aparato represivo-judicial y la preparación de mecanismos propios del Terrorismo de Estado por parte de la oligarquía.

En la disyuntiva actual, la oligarquía sabe, después de los hechos de diciembre y febrero, que se enfenta frente a la posibilidad del resurgimiento de un movimiento nacional de envergadura conducido por su clase obrera. En este contexto, vemos cómo el accionar de las masas y la agudización del conflicto con los monopolios −expresado en las movilizaciones callejeras de marras− supera el marco de reivindicaciones parciales económicas e identifica a la naturaleza misma de Cambiemos como la causa central de los problemas actuales y por venir.

Este hecho empujaba a todas las fuerzas políticas del campo nacional y popular a limar asperezas y, mediante gestos,  intentar zanjar viejas contradicciones. Al mismo tiempo, revitalizaba los debates sobre los años 60-70, último periodo donde los sectores dominantes descoyuntaron a sangre y fuego los embriones de un bloque histórico con centro en la clase obrera.

A su vez, la lucha contra la alianza Cambiemos y la necesidad de reemplazarla, si bien es un gran paso en la conciencia en el movimiento de masas, es sólo el inicio de un derrotero más complejo. Derrotero en el que las masas comienzan de a poco a identificar que Cambiemos es sólo la punta de un Iceberg mucho más grande, que es el propio sistema de relaciones sociales en que se hallan insertas. De esta manera, la movilizacion del 21-F y el proceso subsiguiente continúan develando más y más aspectos que muestran la imposibilidad que tiene este sistema de resolver los problemas que aquejan a la humanidad y, por lo tanto, la necesidad de plantearse no ya una alternativa a Cambiemos, sino al conjunto del régimen social de produccion.

 

Siguen los signos de descomposición oligárquica

El bono que la Sociedad Rural Argentina le pagaba a su presidente, Luis Miguel Etchevere, al ingresar a la función pública como ministro de Agroindustria, seguía dando tela que cortar. Las denuncias internas de diferentes seccionales de la SRA, más los reclamos de algunos cuadros intelectuales por el aspecto moral ante esa actitud, hacían “recapacitar” al funcionario oligárquico: “Tomé la decisión de reintegrar a la Sociedad Rural Argentina el reconocimiento extraordinario que me fuera otorgado por mi cargo ejercido como presidente de la entidad” (LN 2/2). A la semana, la propia hermana del ministro, Dolores Etchevehere, presentaba un escrito ante la Oficina Anticorrupción, dirigida por Laura Alonso (PRO), para que investigue, y eventualmente explique, las inconsistencias detectadas en ambas declaraciones juradas presentadas por el ministro. Al cierre de 2015, el entonces presidente de la SRA había declarado ante la AFIP bienes por un total de 4,5 millones de pesos, mientras que en su declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción (OA) declaraba un patrimonio de 29 millones de pesos al inicio de 2017. Es decir que incrementó su patrimonio en un 505% en tan sólo un año (P12 9/2).

Asimismo, el “Caso Triaca” −donde se constató el uso de los recursos del intervenido sindicato de obreros marítimos por parte de los funcionarios macristas para pagar, por ejemplo, a la trabajadora doméstica particular del ministro, la retención de múltiples cargos por parte de un mismo funcionario o la asignación a discreción de familiares en órbitas del Estado− seguía corriendo como reguero de pólvora, trayendo más dolores de cabeza a la Alianza Cambiemos. El Club Político Argentino (CPA), usina de pensamiento oligárquica nacida al calor del conflicto agropecuario allá por el 2008, alertaba sobre las consecuencias de estas “inmoralidades”: “Sin duda que los delitos y abusos de la gestión anterior en dicho sindicato fueron muy graves. (…) Pero considerar que ello autoriza el nepotismo que practican funcionarios del Ejecutivo, manteniendo la práctica de aprovechar el privilegio de cumplir una función pública para nombrar parientes y amigos en las estructuras del Estado o donde él tenga gravitación, supone degradar el proceso de cambio institucional prometido” (LN 24/1). El debate sobre la posible renuncia del ministro y sus implicancias para el proyecto de la Alianza Cambiemos tensaban las posturas. Unos, denunciando la falta de una “moral” acorde para poder justificar el plan de Cambiemos; los otros, apuntalando la importancia de sostener a Triaca como signo de fortaleza. Más allá de defensores y críticos, actitudes como las de Triaca y Etchevehere no son más que una muestra de la naturaleza parasitaria y en descomposición de una clase social. La imposibilidad por parte de esta de continuar ocultando la naturaleza intrínsecamente corrupta y parasitaria que caracteriza al capital en su etapa imperialista, o sea, en su fase superior y última.

Con los “muertos en el placard” de Etchevehere y Triaca todavía frescos, una investigación del diario El País de España –que buscaba información sobre políticos y empresarios españoles a través de los archivos del caso “Panamá Papers”− encontraba una cuenta no declarada de U$S 1,2 millones en el paraíso fiscal de Andorra a nombre de una sociedad cuyo director resultaba ser, nada más ni nada menos, que el Subsecretario General de la Presidencia, Valentín Díaz Guilligan (LN 17/2).  Por primera vez desde el comienzo de su gestión, la necesidad de Cambiemos de cortar la “hemorragia” de imagen positiva que viene sufriendo por estos hechos hacía que el funcionario presentara su renuncia.

A pesar de lo expuesto, la necesidad de avanzar con el plan de reformas por parte de la fuerza social oligárquica se manifestaba en pleno desarrollo. El mega-decreto lanzado por Macri el mes pasado seguía trayendo repercusiones indeseables para los personeros de la oligarquía, generando cuestionamientos de sectores aliados en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. Los puntos del decreto más cuestionados eran la modificación de la ley de inembargabilidad de la cuenta sueldo y la autorización para que el Anses pueda operar con mayor margen en el mercado financiero, es decir, entrar en la “ruleta financiera”. El senador Miguel Pichetto, flamante titular del bloque Argentina Federal, de muy cercanos lazos con Cambiemos, informaba: “Así como están las cosas, no hay garantías de sostener el mega decreto en el Congreso” (LN 2/2).

Con la intención de ganar tiempo para evitar el duro golpe político que implicaría el rechazo del decreto en el Congreso, Cambiemos proponía repartir en tres proyectos de ley los 22 capítulos del polémico mega-decreto (LN 7/2). Pese al rechazo, conseguía dictamen a favor del DNU en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, con la firma de sus ocho miembros. Pero a su vez se firmaba un dictamen de rechazo al mismo, convalidado por legisladores del Frente Renovador y Argentina Federal, en componenda con 3 legisladores del Frente para la Victoria (P12 7/2). Esto mostraba que los acuerdos tejidos hace menos de 2 meses con el bloque Argentina Federal –que nació como rechazo a la reincorporación de Cristina Fernández al bloque de senadores peronistas− chocaban de frente con las necesidades de Cambiemos de avanzar, tanto en profundidad como en cantidad, con la implementación de reformas neoliberales. El proyecto para tan pocos que encarna Cambiemos resquebraja permanentemente a los aliados circuntanciales, que son empujados a acordar con el sector que enfrenta al Gobierno de manera mas resuelta.

Tratando de salir del pantano −con el 14 y 18 de diciembre de fondo y los casos de Etchevehere, Triaca y Guilligan a flor de piel−, la Alianza Cambiemos corría por la tangente. El lunes 29 de enero, Mauricio Macri anunciaba el recorte del 25% de los cargos políticos del Estado nacional, el congelamiento de los sueldos de los funcionarios jerárquicos y la firma de un decreto para impedir la designación de familiares de ministros en el Estado, los cual implicaría que este tendría 1000 empleados jerárquicos menos, ahorrando unos 1500 millones de pesos anuales. El propio diario La Nación diagnosticaba: “Es un gesto político con el que busca salir de la crisis que provocó el ministro de Trabajo, Jorge Triaca” (LN 30/1). Al día siguiente, María Eugenia Vidal y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, se sumaban a la medida lanzada por Macri y prometían aplicarla en los distritos donde gobiernan (CL 31/1). Por si la intencionalidad no quedaba clara, el propio Joaquín Morales Solá titulaba: “Para no soltarle la mano al ministro, familiares afuera”. Y continuaba: “Lo cierto es que el sistema político no está en condiciones de tolerar más discrecionalidad en el manejo del Estado. Percibir ese punto de inflexión en la tolerancia social es el desafío del macrismo si aspira a contar con un destino político” (LN 31/1).

A partir de los sucesos del 14 y 18 de diciembre, el “manto de piedad” que habían levantado los medios de comunicación se resquebrajaba. Con lo cual, la concentración de las fuerzas de Cambiemos contra el movimiento obrero cada día se pone más de manifiesto.

Contra los trabajadores, más claro imposible

Ante la convocatoria a la movilización para el 22 de febrero desde un sector del movimiento obrero, las diferentes expresiones políticas de la oligarquía salían al ruedo.

María Eugenia Vidal, durante una inauguración de obras en la autopista Pilar-Pergamino, en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz, junto a Macri y con la proximidad de la paritaria docente, expresaba: “Durante muchos años, los que definían las decisiones de los que gobernaban eran los que se podían sentar a su mesa, que eran los sectores que tienen privilegios, los dirigentes gremiales” (LN 2/2). Mientras la diputada Graciela Ocaña, de Cambiemos, presentaba una nueva denuncia sobre presuntos desvíos de dinero de la obra social de Camioneros, Macri, junto al el presidente de Fiat, Cristiano Rattazzi, en la fábrica del mismo, “reclamaba” a todos los sectores “ir con la verdad, sin patoterismos y sin comportamientos mafiosos o extorsivos”. Acto seguido, en un comunicado, la Coalición Cívica, que lidera la diputada Elisa Carrió, acusaba a Moyano de “tomar como rehén a la sociedad y atropellar a las centrales de trabajadores través de medidas de fuerza cuyo único significado es obtener un blindaje a su impunidad” (LN 8/2).

La pluma ensangrentada de Joaquín Morales Sola echaba luz sobre las causas más profundas que están en juego en la disputa “Moyano vs. Gobierno”: “El país actual está cerrado al exterior. Tiene su economía controlada por las corporaciones de gremios y de empresarios. (…) Uno de los problemas cruciales para la apertura es el costo argentino. Y Moyano es clave en esa cuestión. Su sindicato está lleno de privilegios que consiguió luego de bloquear empresas con sus camiones” (LN 4/2).

La necesidad de la Alianza Cambiemos de avanzar en el plan de reformas, tanto laborales, previsionales, impositivas, etc., como venimos insistiendo mes a mes, es la expresión política de las necesidades del capital más concentrado, es decir, el readecuamiento de la Argentina a las necesidades del Imperialismo y su aliado oligárquico local. El desenvolvimiento del plan económico de Cambiemos fue desplazando a diferentes grupos subalternos de su propia fuerza social, es decir, sectores que por su composición económica y cultural serían proclives a comulgar con las ideas de Cambiemos pero que, al ser perjudicados, especialmente en lo económico, lo rechazan. Esa porción de la sociedad fue la que, parcialmente, se expresó  en los cacerolazos del 18-D a la noche. Pero, como dijimos el mes anterior, lo que creó las condiciones político-sociales para la salida de esa pequeña burguesía, en rechazo a la reforma previsional, fue la movilización obrera y popular del mismo lunes 18 a la tarde. Es decir, la movilización de la clase obrera, con claros tintes confrontativos al programa de Cambiemos, permitió la ruptura del statu quo y facilitó la expresión de múltiples grupos subalternos desencantados con Cambiemos, pero sin “potencia” propia para encabezar un reclamo de esa envergadura sin el acaudillamiento por parte de los trabajadores.

Por lo tanto, la necesidad de la fuerza social oligárquica de derrotar política y moralmente al movimiento obrero, fracturarlo, desprestigiarlo, escindirlo de los demás grupos sub alternos, aislarlo del resto de la sociedad, es condición sine qua non del sustento de la alianza cambiemos y de la viabilidad del proyecto oligárquico. Por ende, la guerra abierta declarada por el gobierno nacional contra el dirigente sindical pone en juego mucho más que la simple acción judicial sobre Moyano. Se trata de la necesidad de la oligarquía de cortar de cuajo el proceso de toma de conciencia que están realizando las amplias masas y sus dirigentes, donde la persona del secretario general de Camioneros juega un papel clave. De este modo, la configuración de una ofensiva directa sobre el movimiento obrero −y en especial sobre su expresión sindical− se ponía en el centro de la escena.

Lo dicen las encuestas… una clase sin futuro

Con el tren fantasma oligárquico a toda marcha y perdiendo piezas a su andar, las encuestas de opinión publica continuaron. El diario Pagina 12 realizó un debate con los diferentes consultores que participaron en la campaña electoral, llegando a la conclusión de que hay “una nítida caída de la imagen del gobierno y del presidente Mauricio Macri que lo ubica entre 40 y 42 puntos”. El punto de debate entre los consultores-encuestadores se dio entre si la caída es coyuntural o se trata de un fenómeno permanente (P12 29/1). Claramente, como venimos viendo a lo largo de los meses y en cada uno de los artículos del Análisis…, todos los indicadores muestran que la situación económica, tanto mundial como nacional, no da ningún indicio de mejorar, por lo cual la reacción popular ante ellos es de esperar.

Por su parte, el estudio de opinión CEOP indicaba: “Sólo cuatro de cada diez argentinos opinan bien o muy bien del Presidente. (…) Siete de cada diez personas dicen que la economía está mal con eje en aumento de tarifas, inflación, pobreza y baja en las jubilaciones”. Roberto Bacman, director de la consultora, opinaba: “A la opinión pública ya no le alcanza con promesas: a esta altura de la gestión es más que evidente que el oficialismo debe mejorar la economía. Así de sencillo” (P12). El tiempo de espera que podría haberle dado la gente, esperando los resultados prometidos en la campaña electoral y aceptando que todo se debía a “la pesada herencia”, está llegando a su fin y la farsa de la alianza Cambiemos se empieza a caer a pedazos.

Acto seguido, el Centro de Estudios Metropolitanos (CEM) revelaba que más del 60 por ciento de los habitantes del AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) sigue con atención los temas políticos y ven al Estado como actor fundamental para el desarrollo económico del país y el combate a la pobreza. A su vez, menos del 20 por ciento deposita su confianza en la iniciativa privada, siendo el Estado, y no el mercado, el depositario de las expectativas de mejora de la situación económica y social. Con respecto a lo generacional, son los jóvenes son los más interesados: en esa franja, el 67 por ciento de los que tienen entre 19 y 29 años afirman que siguen las cuestiones políticas. La gran mayoría de ese 67 por ciento (el 40%) afirmó que está muy interesado. Sin embargo, entre los mayores de 60, los interesados bajan a menos del 60 por ciento. Con respecto al rol del Estado, el 71 por ciento de los que tienen entre 19 y 29 años reafirman el rol estatal, mientras que entre los mayores de 50 ese porcentaje baja al 52 por ciento. Ante la pregunta de qué entienden por un país mejor, el 37% lo asocia a la justicia y el 29% a la igualdad (P12 14/2).

Nuevamente, expresado de una manera generacional, la caducidad de la oligarquía como case dominante nacional y toda la superestructura de valores, principios y aspiraciones caen por su propio peso histórico, mostrando que no tienen “relevo” generacional. Luego de 2 años de gobierno de Cambiemos y de su plan económico, la asociación del mismo a la década neoliberal de los años 90, como continuidad histórica de la dictadura del 76, el golpe de Estado de 1955 y la Década Infame, es lo que las masas, en especial los jóvenes, rechazan. Como vimos en los anteriores artículos, la crisis del capitalismo, con sus múltiples facetas, es la esencia de lo que está en crisis. Las encuestas de opinión son sólo una manifestación de cómo se va reflejando –de manera no lineal− en la conciencia del pueblo ese proceso objetivo que va dejando por fuera de la reproducción de la propia vida a cada vez más sectores. La falta de un horizonte o de un futuro claro a donde ir es lo que convulsiona a la sociedad y en especial a sus jóvenes y trabajadores. Por lo cual, si la posibilidad manifiesta de las fuerzas imperiales y oligárquicas de asegurar un porvenir a las amplias masas está absolutamente agotada materialmente y, a su vez, esto se va reflejando día a día más claramente en la conciencia de las masas, de manera negativa, como rechazo a las manifestaciones que estas perciben, la etapa de la positivización, de qué hay que cambiar y cómo cambiarlo, va madurando a su vez.

Oligarquía huérfana busca nuevo dueño

Como venimos siguiendo mes a mes, los últimos derroteros en política exterior de  la alianza Cambiemos no fueron de los más benevolentes, desde la negativa por parte de Estados Unidos al biodiésel y limones criollos, a la “cerrada de puerta” por parte de la Unión Europea para los productos agrarios argentinos (ver artículo precedente). En este marco, la idea de convertirnos en el “supermercado” del mundo necesitaba de clientes; es decir, ante el cierre de los mercados de los países capitalistas centrales, la búsqueda de nuevos horizontes apremia.

De este modo, Macri se reunía con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, con la intención de reestablecer lazos comerciales, ya que en 2013 el volumen de exportaciones argentinas con destino a Rusia era de 2300 millones de dólares y en tres años cayó a 800 millones. Macri expresó: “Estamos confiados en que podemos ser un gran proveedor de alimentos para Rusia”. Otro de los puntos tratados fue la firma de un memorándum de entendimiento para la exploración y explotación de uranio en nuestro país. El acuerdo tiene previsto una inversión de 250 millones de dólares y podría generar unos 500 puestos de trabajo. A su vez, Trenes Argentinos cerraba un acuerdo de cooperación en materia ferroviaria con Ferrocarriles Rusos (RZD), la segunda empresa de Rusia en cantidad de empleados y en facturación, detrás de Gazprom. El secretario de Relaciones Económicas Internacionales de Cancillería, Horacio Reyser, también manifestó la voluntad de avanzar en cooperación espacial, para lo cual se desarrollará el sistema de posicionamiento satelital ruso Glonass en la Argentina (LN 9/2).

El desmadre de la cadena imperial, la profunda crisis que viven los países centrales capitalistas, tiende a quebrantar la alianza histórica con las oligarquías locales, dejando “huérfanas” a las mismas, necesitando estas buscar nuevos mercados y alianzas en la política mundial para realizarse. Como ya hemos vistos meses anteriores, es de suma importancia el proceso de ruptura de la cadena imperial y el papel de China y Rusia como actores globales; ya que el “peso” político de la oligarquía terrateniente variaría mucho con la imposibilidad material de sus aliados imperiales de integrarlos a las cadenas mundiales de valor. Ello, por supuesto, no le quita peso al problema nacional y al papel de los trabajadores en resolver los problemas políticos estructurales en cada uno de nuestros países. Más bien todo lo contrario. La emergencia del eje chino-ruso-iraní como intento de creación de nuevas relaciones entre las naciones, superadoras del decrépito orden imperial, plantea de un modo mucho más agudo la necesidad de que cada pueblo profundice su proceso de liberación nacional, en consonancia con el orden multipolar que avanza a pasos agigantados.

A pesar de esta situación de desconcierto generalizado, la necesidad de retener cuotas de poder por parte del imperialismo estadunidense en América Latina −a pesar de no tener nada que ofrecer− llevaba de viaje por la zona al secretario de estado gringo, Rex Tillerson, que como vimos en el artículo 4, intentaría reinstalar la “Doctrina Monroe” y buscar apoyos contra Venezuela. El diario de la generación del 80 informaba: “El canciller argentino Jorge Faurie y el secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson, coincidieron ayer en sumar más presión contra Venezuela, pero no llegaron a un acuerdo sobre la posibilidad de aplicar sanciones comerciales y económicas al régimen de Nicolás Maduro”. Sobre el problema del biodiesel, el canciller Faurie reconoció “la inquietud de la Argentina” por la cuestión. Sin embargo, descartó que el país tenga pensado por el momento plantear el tema en foros internacionales. Por si la intención del viaje por Latinoamérica del Secretario de Estado no era claro, cerraba la rueda de prensa sentenciando: “Ya no podemos ver la destrucción de la democracia venezolana sin hacer nada. Venezuela merece otro gobierno” (LN 5/2). Nuevamente, el imperialismo tiene poco que ofrecer y mucho que pedir. A pesar de ello, la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, acordaba dar pasos con la “Administración para el Control de Drogas” (DEA), en el plano de la seguridad interior y el “combate” al narcotráfico.

Seguiremos detenidamente el plano de alianzas internacionales en el cual orbita la Argentina, en este concierto de desmadre de la cadena imperial y de ascenso de China y Rusia.

“Uno de los departamentos del Gobierno Federal” contra el Poder Judicial

Como vimos, la escalada del conflicto social requiere de una intensificacion de la persecución judicial sobre las fuerzas que se oponen a Cambiemos y una omnipresencia del Poder Ejecutivo.

De esta manera, el diario de la Corneta anoticiaba que en “la Justicia de La Plata avanza una causa que investiga irregularidades en el IOMA, la obra social de la Provincia de Buenos Aires. (…) La denuncia la realizó Elisa Carrió. (…) En la Provincia ven con buenos ojos el avance de esta causa que se reactivó luego de la feria judicial y que complica a Baradel” (CL 19/2). Por otro lado, la Justicia ordenaba levantar el secreto bancario de Hugo Moyano por las denuncias por presunto lavado de dinero. Daniel Llermanos, abogado del líder Camionero retrucaba: “Desde que anunció la marcha (del 21 de febrero) se cuadruplicaron las denuncias”. Mientras tanto, el propio Hugo Moyano duplicaba: “Que hagan todo lo necesario y que ojalá la justicia investigue también a todos los funcionarios que tienen guita en todo el mundo” (P12 19/2). La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner denunciaba persecución ante la demanda por 22.500 millones pesos que le inició hace semanas el titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, por “daños y perjuicios”. La ex presidenta afirmaba que “el único argumento que tiene el Gobierno en su demanda es la persecución política” (P12 9/2).

Las interpretaciones de las palabras del ex magistrado de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, a Radio Caput, que “quería” la salida de Cambiemos “lo antes posible, porque así haría menos daño”, levantaba polvareda. El ministro de Justicia, Germán Garavano, denunciaba una “finalidad política partidaria”, por lo que renovó el pedido para que el jurista deje la Corte Interamericana. Zaffaroni contestaba: “No voy a renunciar a la Corte Interamericana. ¿Qué es esto?, ¿Venezuela?”. Es de resaltar la comparación peyorativa que el jurista preferido del arco NacyPop hace entre el accionar del macrismo y el del gobierno bolivariano de Venezuela, aceptando el discurso oligárquico que encubre la situación por la cual hace pasar el imperialismo al pueblo venezolano, no dejando que este transite pacíficamente el proceso revolucionario que ha decidido voluntariamente.

A pesar del ariete judicial en marcha contra los sectores populares, la interna al interior del mismo Poder Judicial, volvía a aparecer. Nuevamente, la disputa por la reforma judicial y el control del Consejo de la Magistratura saltaba por los aires. La defensa de los intereses corporativos de la “familia judicial” aparecía de la mano de la Federación Argentina de Colegios de Abogado (FACA), la cual contraponía otro proyecto para renovar el Consejo al presentado por Garavano. El presidente de la FACA, Eduardo Massot, decia: “No nos convencen el proyecto que ha presentado el Ministerio de Justicia y otros que se están debatiendo. La idea es aportar un proyecto al debate. Hace varios años que venimos proponiendo que se recupere el equilibrio de los estamentos perdido. (…) Ninguno de los estamentos va a tener un quorum propio y va a poder imponerse. (…) Necesitamos un sistema ajeno a la voluntad del poder gobernante” (LN 12/2). El proyecto no sólo devolvía a la Corte Suprema una silla en el Consejo, sino que le otorgaba la presidencia. Es decir, la idea de Cambiemos de restarle poder a la Corte Suprema y al conjunto del Poder Judicial, choca de frente con la resistencia de sectores internos del mismol. Nuevamente, la imposibilidad de la oligárquica de seguir reproduciendo al conjunto de su clase y a numerosos sectores que fueron base electoral de Cambiemosde, como lo venía haciendo, va generando cada vez más fracturas. En este caso, por “derecha”.

El caso Chocobar −policía que fusiló a un ladrón a sangre fría, luego de pereguirlo por un siniestro−, su recibimiento en la Casa Rosada y las críticas sobre el desempeño del Poder Judicial que realizaba Macri traían la respuesta en bloque del Poder Judicial. La Asociación de Magistrados, máxima agrupación de jueces del país, expresaba su “preocupación” a través de un documento: “Resulta inadmisible que el titular de uno de los departamentos del gobierno federal pretenda expresar una encendida crítica a la labor judicial aduciendo que lo hace desde su ‘rol de ciudadano’. (…) Eso ‘coadyuva’ a enfrentar a la sociedad con la Justicia. (…) Sus expresiones respecto de cómo debe resolverse un hecho que está siendo investigado por la Justicia deben interpretarse como una indebida injerencia tendiente a limitar o enderezar, según su punto de vista, las facultades del Poder Judicial” (LN 20/2).

Los choques en las más altas cúpulas de los poderes del gobierno del Estado, en este caso entre el ejecutivo y el judicial, dan cuenta de grado de crisis que vive la oligarquía como clase dominante y la imposibilidad material de la misma de contener bajo sus intereses al conjunto de capas y sectores que la componen. Las reformas que impulsa la Alianza Cambiemos −tanto la laboral, previsional, como en este caso, la reforma judicial− residen en la necesidad de modificar radicalmente toda la superestructura politico-juridica que supo levantar, bajo el amparo de un imperialismo vigoroso y un capitalismo manufacturero, y que hoy en día no es más que un “corsé” para sus necesidades. Esa trasformación radical que necesitan trae aparejado el desplazamiento de sectores constituyentes de la clase dominante, producto de la pérdida de privilegios, condiciones económicas, etc., provocando una fractura de dimensiones al interior del Estado oligárquico y creando condiciones propicias para que la fuerza social que se va reconstituyendo –con más fuerza desde el 14 y 18− retome el debate sobre qué tipo de justicia y, por ende, qué Poder Judicial hace falta.

Ajuste y fuerzas armadas

Como indicamos el mes pasado, el plan de reformas que motoriza Cambiemos tocó las puertas de los cuarteles. En este caso, el derrotero que implicó la desaparición del ARA San Juan, la disputa entre la Fuerza Aérea y las low cost y, en el plan de las fuerzas de seguridad, las tensiones al interior de las policías tanto Federal como Metropolitana, por el traspaso de personal con la perdida de antigüedad en servicio, dio un “saltito” más. El diario de la oligarquía anoticiaba: “Macri nombró a un nuevo jefe del Ejército y preparan un plan de reformas”. El programa de reestructuración prevé la fusión y relocalización de varias unidades militares, la reformulación de la estructura y las misiones de las distintas fuerzas, la creación de nuevas unidades de despliegue rápido y un uso más integrado de los medios y del equipamiento de las fuerzas. Es de resaltar que los cambios nombrados, por un lado, desarticulan una estructura de defensa que permita sostener una conflagración con una fuerza invasora de envergadura y, por otro, coincide más con los pasos que han dado las fuerzas militares que se preparan más que nada para la represión de carácter interno contra su sociedad civil. Como dato de color, el nuevo jefe del Ejército, general de brigada Claudio Ernesto Pasqualini, se encuentra casado con la hija del coronel Athos Gustavo Renes, condenado a cadena perpetua por participar en la Masacre de Margarita Belén, cuando fueron fusilados presos políticos en el Chaco, en diciembre de 1976 (LN 16/2). Página 12 daba más datos: “La nueva conducción está más a tono con la idea de Aguad de que las Fuerzas Armadas intervengan en tareas de logística vinculadas al combate del narcotráfico y el terrorismo” (P12 16/2). Como venimos viendo desde hace meses, por un lado tenemos la necesidad económica de recrudecer el ajuste en todas las órbitas del estado, incluidas sus fuerzas armadas. Por otro, que las mismas, restructuración mediante, se preparen para, logística e ideológicamente, operar en “seguridad interior”. Esto es lo que se denomina “cambio en la hipótesis de conflicto”: de la defensa de los recursos estratégicos ante la posible invasión de una potencia extranjera –hipótesis manejada desde la asunción de Nilda Garré en la cartera (año 2006)−, se pasa a resucitar la hipótesis de un “enemigo interno”, a la usanza de las dictaduras del 60/70. Es de resaltar, en este marco, el propósito de la visita del secretario de Estado gringo, Rex Tillerson, los acercamientos con la DEA, el FBI y la CIA, junto con las visitas al estado sionista de Israel efectuadas en los últimos meses por Gabriela Michetti, fortaleciendo sus vínculos con el Mossad. El resurgimiento de un movimiento de masas, encabezado por la clase obrera, dispuesto a confrontar contra la oligarquía y su proyecto político y económico, acelera la preparación del brazo militar de esta última.

Preparando el Terrorismo de Estado

Como mostramos el mes pasado, los juicios por los hechos de la última dictadura cívica militar, a pesar de la Alianza Cambiemos, continuaban su proceso. En este caso, el juicio abierto contra la multinacional Ford y sus gerentes, por la represión y desaparición forzosa de obreros y sus delegados continuaba en proceso. La abogada Elizabeth Gómez Alcorta explicaba: “Es el primer juicio a civiles empresarios cómplices del terrorismo de Estado que integra a todas sus víctimas en un solo debate. (…) La imposibilidad de integrar un tribunal fue una señal de alarma que indicó el peso que este juicio tiene. (…) Ford es un caso prototípico por los aportes que hizo su dirigencia al terrorismo de Estado que fueron desde la instalación de un centro clandestino dentro del predio de la planta hasta la presencia militar allí, la entrega de información sobre obreros, el aporte de vehículos y combustible a la represión” (P12 18/2). Es de resaltar, en este contexto de politización creciente, resurgimiento y debate sobre las décadas del 60 y 70, la apertura de un juicio a una multinacional como la Ford y que el eje se ponga en el papel del Empresariado y no solo en los militares, es decir, en las necesidades económico-estructurales que motorizaron la desaparición forzada de miles de compañeros y compañeras. Por otro lado, vuelve a mostrarse la direccionalidad de la dictadura cívico-militar en su función de reprimir y desaparecer, principalmente, a cuadros y militantes de las filas obreras y sus representantes. Como no nos cansamos de decir, ese pasado esta más presente que nunca.

En este sentido, la preparación de las fuerzas de seguridad, en este caso, en la provincia de La Rioja, daba la nota. Emanuel Garay, de 18 años, un cadete riojano, moría por deshidratación y lesiones después de cinco días de internación, luego de ser “bailado” −jerga usada en las fuerzas militares y de seguridad cuando se somete a un integrante de menor jerarquía a un esfuerzo físico/mental inhumano con el sentido de quebrarlo−, llevándolo a un cuadro de colapso en su salud (P12 11/2). Como venimos viendo desde hace meses, la “bajada de línea” a las fuerzas armadas y de seguridad de intensificar la represión, poner en la mira a la juventud y los trabajadores, solventar “la mano dura” y el “gatillo fácil” son la preparación ideológica de las fuerzas de choque del estado oligárquico para las tempestades sociales que se avecinan.

En este marco, el teniente general Diego Suñer, jefe del Ejército hasta ese momento, pasó a retiro posteriormente a este hecho. El 19 de enero, encabezó un acto público en la Guarnición Militar de Azul para recordar el intento de toma por parte del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) a esa unidad, ocurrido en 1974. En la entrevista, Suñer afirmaba que desde que se hizo cargo restituyo los desfiles en las calles y la “conmemoración” de este tipo de hechos. El mismo declaraba: “La violencia política desde los 60 no ha entrado en el relato histórico en gobiernos anteriores”. Y agregaba, citando a Luis Alberto Romero: “Hace falta menos memoria y más historia. (…) No hay voluntad de alimentar controversias. (…) Sólo el genuino y legítimo interés por contar las cosas como ocurrieron y rendir tributo a los que combatieron con heroísmo del lado de la ley. (…) Hoy en día tenemos un gobierno que ha manifestado el restablecimiento del respeto hacia las Fuerzas Amadas como institución del Estado y es muy gratificante” (Cl 27/1). Olvida Suñer que la historia entera de nuestro país está signada por la imposición oligárquico-militar de sus intereses en detrimento de la voluntad popular. Sólo para ejemplificar: el golpe contra Irigoyen y la posterior década infame en los 30; el golpe contra Perón en 1955, previo bombardeo a la Plaza de Mayo y posterior seguidilla de fusilamientos en José León Suarez; el golpe a Frondizi e Ilia; más de 17 años de dictaduras con algunas interrupciones pseudo-democráticas –con el peronismo proscripto− en función de descomprimir el ánimo social. Todo a necesidad de la oligarquía. Sólo un pequeño detalle.

Como no podía ser de otra manera, el genocida diario La Nación se regocijaba al ver nuevamente a las fuerzas armadas revindicar el deplorable papel que juegan. Así, el diario oligárquico decia: “El 19 del mes último, el Ejército realizó un merecido homenaje. (…) Este acto realizado por el Ejército se inscribe en la línea que desde este espacio editorial hemos venido defendiendo y tratando de acercar al lector una interpretación histórica de la violencia que sufrió la Argentina en los años 70, sobre la cual todavía falta una visión justa, integral y equilibrada, que sólo puede proporcionar, precisamente, la historia. La democracia se fortalece cuando la verdad es una de sus bases. Por ello, recordar a las olvidadas víctimas del terrorismo subversivo, reconocerlas en la memoria colectiva, brindarles un espacio en el recuerdo de la sociedad, también es un mensaje de lo que Nunca Más debe ocurrir: que la violencia sea una herramienta para desestabilizar la democracia e intentar hacerse del poder” (LN 1/2). Ni lerda ni perezosa, la tribuna de doctrina no pierde oportunidad de apuntalar sus intereses estratégicos. Nuevamente, con “el diario del lunes” y la victoria militar-ideológica que obtuvo a sangre y fuego la oligarquía con el golpe cívico-militar del 76 y la desaparición física de los mejores cuadros del movimiento obrero y el pueblo, la historia contada es la del vencedor, siendo negada la historia de los derrotados. Como venimos insistiendo mes a mes, la implementación de la dictadura cívico-militar del 76 y su política económica y social respondían a las necesidades mundiales del imperialismo y su representante local, la oligarquía terrateniente. El salto cualitativo que empujaban los capitales más concentrados −paso de un modo de producción manufacturero a uno de gran industria, con el consecuente proceso de concentración, centralización económica y expulsión masiva de fuerza de trabajo− era una necesidad material a la cual respondió el proceso de reorganización nacional (PRN). El mismo era regente para construir las condiciones políticas y sociales de dicho “salto”. Es decir, la eliminación de la resistencia popular y de los embriones de una alternativa al modelo imperante; básicamente, la desaparición física de lo mejor que había dado la clase trabajadora y el pueblo, para la subsiguiente derrota moral-ideológica, con toda la construcción cultural peyorativa afín a los intereses oligárquicos (“en algo andarían”, “no te metas”, “por algo habrá sido”, etc.). La sola idea de pensar categorías abstractas por fuera de los intereses en pugna, es decir, la idea de pensar que hay una historia “objetiva” por fuera de los intereses de los trabajadores y el pueblo, en contraposición a los intereses oligárquicos imperiales, deja a vastos sectores a merced de la lógica de la burguesía, sin comprender en profundidad lo que estaba en juego. Sin más, el cierre que utiliza La Nación, citando el “Nunca Más” y denunciando la “violencia como modo de acceder al poder”, son piedras que ponen ellos en nuestro camino y habla a las claras de la irracionalidad a la cual están llegando, ya que históricamente fueron ellos y sus representantes, como mostramos más arriba, quienes usaron la violencia para imponerse, siendo los actos de los trabajadores y el pueblo expresiones de defensa ante el accionar oligárquico. Nuevamente, la avanzada de las masas apremia a la oligarquía a poner trabas ideológicas en nuestro camino.

De esta manera, se trataba de preparar el andamiaje ideológico y el humor social para el “Cambio de Doctrina” de las fuerzas de seguridad a partir del Caso Chocobar, como vimos más arriba. El juez de menores Enrique Gustavo Velázquez procesaba a Chocobar, integrante de la policía local de Avellaneda, por el homicidio de Pablo Kukoc. Ese mismo día se difundía un video que capta el momento en que el delincuente sale corriendo luego del siniestro −con otro cómplice con quien habían intentado robar una cámara a un turista, al que le propinaron 11 puñaladas (el cómplice había sido reducido por otros transeúntes)−, Chocobar lo persigue y va disparándole por la espalda hasta el deceso del prófugo. Sin perder tiempo, Bullrich apoyaba la actuación del policía: “El Presidente consideró que era un caso de injusticia que daba vuelta el principio que venimos construyendo desde el comienzo del gobierno, que es el de un cambio cultural donde las cosas estén en su orden justo: cuando hay una víctima, que no la conviertan en victimario y que, cuando hay un policía que hace las cosas bien, se lo proteja y no se lo termine procesando” (LN 3/2). Y luego sostenía que impulsará un cambio en el Código Penal para eliminar la figura de “defensa legítima” para las fuerzas de seguridad (P12 6/2). Acto seguido, Chocobar era convocado y recibido por Mauricio Macri: “Estoy orgulloso de que haya un policía como vos al servicio de los ciudadanos. Hiciste lo que hay que hacer, que es defendernos de un delincuente. (…) Quédate tranquilo porque hiciste lo que hay que hacer y te vamos a ayudar a resolver tu situación” (LN 1/2). Luego, desde una conferencia de prensa en Chapadmalal, agregaba el Presidente: “No entiendo qué esperan los jueces, ¿que lo deje escapar?” (LN 17/2). No era un chiste. Eran palabras genuinas de Mauricio.

Por lo que el “fuego amigo” no se hacía esperar. El diputado Gil Lavedra, de la UCR-Cambiemos, señalaba como un error la intervención del Poder Ejecutivo en el accionar de la justicia y la necesidad de limitar la concepción de “legítima defensa”: “Presumir que la policía siempre está en lo correcto es abiertamente inconstitucional” (P12 18/2). Así, las críticas se iban sumando. El director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, decía que las palabras presidenciales enviaban un “peligroso mensaje”, porque daban la idea de que el gobierno de Mauricio Macri estaba dispuesto a brindar “carta blanca” a los abusos policiales.

A pesar de ellos, la preparacion del “terrorismo institucional” seguía en marcha. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Defensa, Oscar Aguad, acordaban con el Comando Sur de los Estados Unidos la misma asistencia para la seguridad del G-20 −próximo a realizarse en la Argentina− que aquella que se le dio a Brasil durante las Olimpiadas. Irá desde la asistencia técnica por parte de especialistas hasta apoyo aéreo, pasando por capacitaciones, entrenamiento con fuerzas especiales y asuntos de comunicaciones, inteligencia y equipamiento (LN 13/2). Por si fuera poco, Bullrich también acordaba con Estados Unidos una mayor presencia de la Agencia Antidrogas (DEA) en la Argentina, para reforzar la cooperación en la lucha contra el narcotráfico. La Ministra adelantaba: “La idea es tocar los dos temas que más nos preocupan, narcotráfico y terrorismo” (LN 9/2). Esta decisión se suma a un acuerdo de cooperación con el FBI, que también realizara Bullrich durante su viaje, para capacitar a los agentes de la Policía Federal (P12 10/2).

La preparación de las fuerzas de seguridad y armadas para una confrontación social quedaba expuesta a sus anchas. Como siempre, el matutino La Nación daba la nota ideológica sobre el tema, apuntando su aguda vista a la modificación de la ley de defensa nacional y al cambio de la “hipótesis de conflicto”, idea matriz sobre la cual el estado nación “supone” cuál puede ser la conflagración militar y desde ahí establece la disposición de todos sus resortes, militares especialmente, acorde al objetivo. En su editorial, el diario mitrista presionaba: “La reglamentación de la ley de defensa nacional vigente impide a las Fuerzas Armadas participar en una guerra híbrida como son las del siglo XXI. (…) ¿La amenaza que plantea la seguridad del G-20 es interna o externa? (…) Difícilmente provendría de una fuerza regular de un Estado, sino de organizaciones no estatales, como ocurre con distintas variantes del terrorismo internacional” (LN 14/2). La necesidad de involucrar en profundidad a las fuerzas armadas en la seguridad y política internas son grandes signos del debilitamiento de las clases dominantes: ya que no pueden mantener el statu quo sin el acrecentamiento de la represión, el carácter de clase del Estado, como órgano que sustenta los intereses oligárquicos, y la consecuente función de las fuerzas armadas y de seguridad como su brazo armado, va mostrándose cada día de manera más y más palpable.

Así como vimos a lo largo del diagnóstico sobre el estado de la oligarquía y su representación política en la alianza Cambiemos, el ensayo general va tomando dinámica. El uso de todos los recursos de su Estado, tanto el aparato judicial, como la fuerzas de seguridad y armadas, sumado al andamiaje cultural-ideológico que ostentan (reivindicación de la dictadura, mano dura, delincuencia, etc.) dan cuenta del desmadre de la burguesía como clase mundial que fuimos analizando en todos los artículos del Análisis, producto de la crisis irremontable que vive el capitalismo a nivel mundial. Como hemos repetido en números anteriores, lo que estamos presenciando no es un determinado tipo de política que es más o menos errada, sino la única acción lógica que puede emprender el imperialismo y la oligarquía, en esta fase del capitalismo, mostrando su verdadera naturaleza. Por lo cual, la búsqueda de lazos internacionales con fuerzas de seguridad e inteligencia, el “cambio de doctrina” en las fuerzas de seguridad y el viraje en la “hipótesis de conflicto” de las fuerzas armadas, son la expresión lógica de las necesidades desbocadas de la oligarquía por contener el avance de un pueblo, encabezado por su clase obrera, al cual se lo tratara de frenar con las viejas y sangrientas herramientas.

El viento que todo empuja…

Como no nos cansamos de insistir, el hecho político del 14 y el 18 de diciembre reconfiguró toda la palestra política nacional. La voluntad de amplios sectores de la sociedad de oponerse firmemente a la Alianza Cambiemos y su programa dieron un baldazo de realidad a las organizaciones sindicales, sociales y organizaciones político-electorales. Así, los impactos en el movimiento nacional y la demanda de las masas de constituir una alternativa a Cambiemos “ponía en caja” a diferentes sectores del campo nacional disgregados.

Ante la primer reunión del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, La Nación agitaba los ánimos: “Las divisiones que surcan al peronismo están muy lejos de saldarse, el PJ bonaerense tendrá hoy su primera reunión del año en un clima marcado por las ausencias y los ecos de la disputa interna” (LN 26/1). El día posterior, el propio diario de la oligarquía debía desdecirse: “Quorum de sobra, presencias sorpresivas y un documento cargado de críticas a Mauricio Macri y de guiños a Cristina Kirchner (…) congregó a más consejeros de los que se esperaba. Fueron 40 de 48. (…) La sorpresa la dio Roberto Baradel, que se sumó a la reunión pese a no integrar el consejo del PJ”. Con preocupación creciente, el diario de los Mitre recalcaba también la presencia de Pablo Moyano, que esta semana ya había incluido a Cristina Kirchner en la reconstrucción del partido. “Es momento de estar todos juntos”, había lanzado Pablo. El debate continuaba y este hacía común la invitación a la movilización del 22-F. Para cerrar, el documento que realizaba el PJ Bonaerense titulaba: “Es tiempo de construir una esperanza”. Con cita del Papa incluida, el mismo lanzaba sus críticas al Gobierno: “Le decimos no a la reforma laboral que beneficia únicamente al sector patronal y esconde un retroceso en materia de derechos, precarización y el empeoramiento general de las condiciones de trabajo”. A su vez, enviaba un mensaje conciliador para Cristina Fernández, al terminar el documento: “Venían a ‘unir a todos los argentinos’ y promueven el odio, la división y la persecución política y judicial. (…) Perón y Evita marcaron el camino. Demostraron que otra Argentina era posible. Con Néstor y Cristina vimos ese legado en el gobierno” (LN 27/1). Brotando espuma por la boca, el sabueso oligárquico ve temeroso la reconfiguración de un arco político anti-Cambiemos, con fuerte componente obrero. El empuje de las masas, expresado el 14 y 18, mal que le pese a los liberales, muestra ser el motor de la historia. Por lo tanto, las personalidades políticas, sindicales, sociales, son “persuadidas” a “limar asperezas” ante esa demanda.

Las juntadas continuaban. Un encuentro en la UMET juntaba a Agustín Rossi, Daniel Filmus, Jorge Taiana y Víctor Santa María (kirchnerismo) con Fernando “Chino” Navarro y Alberto Fernández (randazzismo) y con Felipe Solá y Daniel Arroyo (massismo). La universidad metropolitana desbordaba y, a pesar de las contradicciones, creaba un clima prometedor. Arroyo proponía: “Hay que tener una agenda común de trabajo y eso va a derivar, por lógica, en un acuerdo electoral. La verdad que, hasta ahora, quien más viene haciendo por unir a la oposición es el propio gobierno. Nosotros también tenemos que empezar a trabajar para que eso se termine concretando” (P12 4/2). En un encuentro posterior, Daniel Filmus planteaba: “Escuchamos lo que nos dice el pueblo todos los días en la calle: a donde vamos la gente nos pide que nos unamos” (P12 9/2). El presidente de PJ Nacional, José Luis Gioja, sostenía que el 60 por ciento que no votó a Cambiemos “tiene que juntarse” y “hacer todos los esfuerzos posibles para construir un frente”, con el objetivo de que “el 10 de diciembre del año que viene Macri no esté sentado en el Sillón de Rivadavia”. Florencia Casamiquela, ex candidata a senadora junto a Florencio Randazzo, evaluó como “muy bueno” el encuentro y opinó que “pensar en un peronismo sin Cristina Kirchner es una falacia”. En tanto que el diputado del Frente Renovador, Felipe Solá, sostuvo que el éxito de la iniciativa sería que se replicara en otros lugares (P12 10/2). Así, la reconfiguración del arco político, producto del accionar de las masas, hacía tomar conciencia a las fuerzas, más o menos opositoras, de la necesidad de aglutinarse.

Por un lado, tenemos un movimiento de masas que día a día parece ir tomando un carácter más confrontativo con respecto a Cambiemos y su programa, como identificación inmediata del causante de los problemas que la aquejan. Por otro, como venimos analizando, la Alianza Cambiemos es la simple expresión de los capitales más concentrados en el marco de una crisis orgánica del capitalismo. Es decir, Cambiemos es sólo la punta de un iceberg mucho más amplio. Entonces, podríamos deducir que lo que se avecina no es algo que puede ser resuelto solamente con el recambio de una fuerza política en el gobierno del Estado, sino que ello sólo podría ser viable si ese recambio en el ejecutivo nacional es un momento de un proceso de trasformación mucho más profundo en el conjunto de las relaciones sociales. Es decir, no nos enfrentamos a una fuerza política electoral de corte liberal simplemente, sino al desmadre a escala global de un sistema de producción y al orden social consecuente que es la encarnación misma del caos. Por lo cual, este proceso en el que las masas van confrontando con la fuerza enemiga, y que día a día toma más envergadura, irá planteando el problema de manera más y más profunda, a medida que continúe avanzando, planteando que se trata de algo más que el simple remplazo de Cambiemos en el Gobierno. Como ya hemos dicho en repetidos Análisis…, sea con la victoria electoral en 2019 o con la continuidad de Cambiemos en el Ejecutivo nacional, la guerra económica que sufre la hermana república de Venezuela es el único accionar posible que pueden permitirse el imperialismo y sus aliados locales. Es por ello que el proceso objetivo conduce inevitablemente a esas tareas políticas, a tomar en las manos el conjunto de los aspectos en que se manifiesta su vida, más allá de las formas que tome.

Toma de fábricas y lugares de trabajo… ¿Y después qué?

En este marco, la conflictividad obrera fue profundizándose. Tanto los despidos en el sector público −el Hospital Posadas, el INTI, FanAzul y la minas de Río Turbio−, como los ocurridos en el sector privado −en especial el caso de los ingenios azucareros en el Noroeste Argentino−, daban cuenta de un movimiento de trabajadores recuperando formas de lucha pretéritas, como la toma de fábricas y lugares de trabajo, ante el desguace de las órbitas estatales o privadas por parte de la Alianza Cambiemos y demás sectores privados. Veremos cómo van luchando los trabajadores contra este proceso de eliminación de los puestos de trabajo, en un momento histórico en el cual el capital está en condiciones estructurales de (y obligado a) prescindir cada día de más fuerza de trabajo, a causa del acelerado proceso de automatización y ajuste global.

Los trabajadores del Hospital Posadas, ubicado en Morón, realizaban un paro de 24 horas, tomaban el hospital, trataban de cortar el acceso oeste y convocaban a otras organizaciones y sectores de la sociedad para reclamar por la reincorporación de los 122 trabajadores despedidos, algunos con veinte años de antigüedad (P12 24/1). El accionar de la infantería de Gendarmería impedía la medida del corte, pero el apoyo de amplios sectores a la lucha de los trabajadores de uno de los hospitales nacionales más importantes era de público conocimiento.

Mientras tanto, los 219 trabajadores despedidos de FanAzul, sus familiares, ATE, referentes de otros gremios y organizaciones sociales comenzaban una jornada de protesta con cortes sobre la ruta nacional 3. Para el mismo día se preveía una masiva movilización desde la ruta hasta el centro de la ciudad (P12 25/1). Como venimos viendo hace meses, la unidad de los trabajadores de los establecimientos fabriles con el conjunto de la sociedad −como ser trabajadores de otra actividad, comerciantes y profesionales, etc.− da cuenta de la experiencia acumulada en las diferentes capas del pueblo y, por lo tanto, el camino a recorrer.

Se sumaban los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), quienes −después del anuncio de 250 despedidos− intentaban cortar la avenida General Paz, donde nuevamente eran reprimidos por la infantería de Gendarmería, apostándose en la colectora (LN 30/1). A pesar de ello, los trabajadores mantenían la ocupación pacífica de sus instalaciones hasta tanto las autoridades reincorporen a los 250 técnicos y profesionales despedidos (P12 2/2).

Y había más. El anuncio de reducción de un 35% de las jefaturas, los 400 telegramas de despidos, más el esquema de retiros voluntarios en Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) generaba una fuerte reacción de los trabajadores mineros y la paralización total del yacimiento. Cristian Gordillo, secretario adjunto de ATE-Rio Turbio, sostenía: “Los compañeros tienen la decisión bien tomada, no van a salir, están convencidos de que tienen que hacer el aguante desde adentro, y les están pidiendo a sus compañeros que los mejores hombres, si ya reflexionaron, los están esperando adentro” (LN 31/1).

La conciencia de los trabajadores de la necesidad de ocupar los establecimientos de trabajo como medida de resistencia ante los despidos y en defensa del desguace de los centros productivos y de trabajo por parte de las patronales, da cuenta del retome de formas de lucha incrustadas en la historia de la clase trabajadora. Como venimos siguiendo, si bien esa forma de lucha muestra un grado importante del desarrollo de la conciencia y una gran voluntad de lucha, el fenómeno económico-social al cual nos enfrentamos es el remplazo masivo de la fuerza de trabajo, por el alto desarrollo tecnológico, es decir, la famosa “4ta revolución industrial”. Si bien de manera inmediata muchos trabajadores pueden no percibirla −ya que en la determinación lo que perciben es el simple despido y cierre del lugar de trabajo−, esto es consecuencia directa de múltiples procesos económicos entrelazados, cuyo centro está en ese salto cualitativo en la producción. Según las propias usinas del imperialismo, como el Centro Tecnológico de Massachusetts (MIT), en 20 años se reemplazará el 50% de la mano de obra en los países centrales. Esta trasformación en los núcleos económicos mundiales es la razón del trastoque de todas las relaciones económico-laborales en todo el planeta, sea el cierre de fábricas, el despido de empleados públicos o la necesidad de modificar el régimen de seguridad social-jubilaciones, siendo estas las diferentes formas en las cuales se expresa un mismo fenómeno. Los datos del Centro de Economía Política Argentina (Cepa) dan cuenta de este mismo proceso. El mismo sostiene que el objetivo declarado del Gobierno es eliminar “gradualmente” unos 70.000 contratos temporarios que se renuevan todos los años. Desde el Ministerio de Modernización negaban la cifra, pero en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) estimaban que ya los despidos podrían trepar a los 19 mil en lo que va del año (P12 30/1).

Es de resaltar este mes el conflicto que se desarrolla entre los transportistas autoconvocados de granos − dueños de camiones que hacen los fletes desde los centros de producción hacia los puertos de exportación− y las grandes empresas del sector agrario aceitero. La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) advertían sobre una “inusitada” medida de fuerza de transportistas autoconvocados de todo el país que, ejerciendo “la violencia o con piquetes”, impiden que circulen camiones con la materia prima de granos por las principales rutas del país, que desembocan en los puertos (CL 5/2).

Enseguida, la Bolsa de Comercio de Rosario informaba que el ingreso de camiones en los puertos de esa zona había caido un 66,5% respecto del promedio (LN 7/2). Al igual que vimos en el lockout de las patronales agrarias en el 2008, o en el conflicto obrero en el núcleo industrial aceitero de San Lorenzo, Santa Fe, cuando la acción de trabajadores o diferentes actores económicos pone en jaque el funcionamiento del núcleo oligárquico agrario exportador, es decir, la producción agraria de la Pampa Húmeda y su estructura de circulación, procesamiento y exportación –que constituye el grueso del PBI nacional−, la alarma roja de la oligarquía y el imperialismo no paran de sonar.

Por esto, el diario de La Nación salía con los tapones de punta: “Una mano negra en el conflicto de los transportistas. (…) La violencia ejercida por transportistas (…) excede los límites de una protesta legal; (…) es parte de la misma anarquía social. (…) La discordia de la semilla violenta está sembrada por doquier. (…) Cuenta con teóricos que la apañan, como quedó comprobado en medio de las manifestaciones de ira descontrolada de fines de año contra el regular funcionamiento del Congreso de la Nación. Quienes deberían cuidar el valor del capital en una sociedad progresista de verdad lo desquician hoy. (…) Si hay un acuerdo oficial a la brevedad y la violencia de estos días persiste, no hay dudas de que una mano negra, bien negra, estuvo conspirando contra la estabilidad institucional, ya jaqueada por otros lados” (LN 9/2). La disputa sobre el núcleo del poder económico de la oligarquía pone los pelos de punta de la misma, que no pierde oportunidad de destilar sus ideas con respecto a  la “discordia” sembrada el 14 y 18 de diciembre. La “mano negra” que denuncia, en clara alusión a un sector cercano al gremio de camioneros, va configurando parte de las razones que tiene la oligarquía para barrer con ese grupo de trabajadores y sus representantes.

Por último, el conflicto con los trabajadores azucareros en el NOA seguía profundizándose. Los trabajadores del ingenio El Tabacal, que se encuentran en conflicto desde hace dos meses, realizaban un corte de la ruta 50, la ruta 30 y caminos internos del Ingenio, en reclamo por aumentos de salario y en contra del “cuarto turno flexibilizador”. Los choques con la Infantería local dejaban un saldo de al menos cuatro trabajadores heridos de bala de plomo (P12 10/2). El Ingenio San Isidro cerraba sus puertas y dejaba 730 trabajadores en la calle, continuando la ola de despidos impulsadas por las empresas El Tabacal, Ledesma y La Esperanza. La Federación Azucarera Regional preparaba una caravana de 300 kilómetros que recorrerá los cuatro ingenios y convocaba a toda la población a manifestarse. El delegado Adrián Zabala expresaba: “La represión les terminó jugando en contra, porque la gente de Orán salió y volvió a cortar la ruta, hasta que nos liberaron. (…) En esta región, los gremios más fuertes son los azucareros, vienen haciendo historia y los quieren descabezar. Está claro que ese es el método del Gobierno: las empresas se agarran de ahí” (P12 12/2). La jornada de reclamo movilizó, junto a los despedidos y sus familias, a amplios sectores de las comunidades locales, que dependen de manera directa o indirecta de los trabajadores del azúcar. La caravana también fue acompañada por dirigentes sindicales y políticos de la izquierda y el peronismo; entre ellos Walter Correa –integrante de la Corriente Federal y diputado de Unidad Ciudadana–, Hugo Godoy –titular de ATE Nacional–, Néstor Pitrola –dirigente del Partido Obrero–, Rafael Vargas, secretario general de Soeail, la organización gremial que agrupa a los trabajadores del ingenio Ledesma (P12 20/2).

Como ya habíamos viste el mes pasado, el accionar de los trabajadores ante la avanzada de la fuerza social oligárquica, por un lado eleva los niveles de lucha, retomando todas su experiencia pretérita. Por otro, va demostrándoles que, si bien esto es necesario, no es suficiente ante el fenómeno al que se enfrentan, es decir, su reemplazo liso y llano. Es de resaltar nuevamente la articulación de diferentes grupos subalterno de la sociedad bajo la dirección del movimiento obrero. Como se vio el mes pasado, en los enfrentamientos de las zonas de Salta y Jujuy, los ribetes de una pueblada contra el modelo económico y el surgimiento de pequeños embriones de una alternativa perecen ir creciendo desde el interior del país hasta su centro económico-político. Sin más, nos adentraremos en la movilización del 21-F.

El Final es donde partí… (el movimiento obrero y su papel)

Todavía con los ánimos calientes por la movilización del 14 y el 18, el movimiento obrero volvía a convocar para movilizarse el 22 de febrero, en rechazo a las medidas económicas y la persecución judicial llevada adelante por la Alianza Cambiemos. La medida era promovida por el Sindicato de Choferes de Camiones, que en un documento emitido por la entidad establecía los motivos: “La defensa de los convenios colectivos y la preservación de los puestos de trabajo” (P12 25/1). Pablo Moyano, en la reunión del PJ de marras, convocaba: “Hay que estar acá y todos juntos para pelear contra las políticas de avasallamiento de este Gobierno” (CL 26/1). El mismo día, Hugo Moyano, ante los tres procesos judiciales que le fueron abiertos en menos de un mes, despachaba: “Si voy preso, que sea en la celda de al lado del padre de Macri. (…) Hay una persecución y un intento de desprestigiar. El Gobierno y los empresarios no se bancan no poder avanzar contra los trabajadores. Los ataques son por habernos opuesto a la reforma laboral” (LN 26/1).

Los debates internos se aceleraban y los triunviros Cegetista Carlos Acuña y Juan Carlos Schmid convocaban a una reunión del Consejo Directivo de la octogenaria central obrera. El objetivo enunciado era avanzar en la organización de la movilización del 22 de febrero. La circular no contaba con la firma del otro triunviro, Héctor Daer. Es necesario recordar que, con posterioridad a los hechos del 18 de diciembre y el desarticulado paro general del día 19 −donde se pudo apreciar que cada gremio acató o no la medida según le parecía− se ahondó la crisis del triunvirato cegetista, haciendo que tanto Hugo Moyano como Luis Barrionuevo y otros dirigentes sindicales se reunieran para estabilizar, por lo menos formalmente, la situación. En ese encuentro, realizado en Mar del Plata, se redactaría un documento titulado “Quien quiere oír que oiga”. En el mismo, los dirigentes gremiales que participaron del encuentro, entre los que se encontraban Omar Plaini (canillitas) y Sergio Palazzo (bancarios) exigían la derogación de la ley de reforma previsional, rechazo del megadecreto de “desburocratización” del Estado, negociaciones colectivas libres y sin topes, repudio a la eliminación de la paritaria docente a nivel nacional y respaldo a los gremios que “se declaren en conflicto” (P12 31/1).

Sin el apoyo de “los Gordos” (grandes gremios de servicios) ni de los autodenominados “independientes” (UOCRA, UPCN), el Consejo Directivo de la central obrera decidía adherir a la marcha. Schmid hacía un esfuerzo por destacar que el apoyo a la marcha fue decidido por la mayoría del mismo, 27 de sus 35 miembros, y decía: “Hace un año que se agita el tema de la fractura, que no es verdad. Hasta ahora intentamos actuar en conjunto. (…) Los compañeros ausentes tendrán que dar sus explicaciones” (LN 1/2). Mientras tanto, Pablo Moyano tendía puentes con Roberto Baradel del Suteba (Docentes de Buenos Aires) y Hugo Yasky de la CTA de los Trabajadores. Sangrando por la herida, Héctor Daer salía al ruedo: “Nuestra posición es clara: No vamos a poner a la CGT al servicio de ningún gremio ni dirigente. (…) No se puede aceptar que alguien tenga el capricho de adueñarse de la voluntad colectiva de la CGT” (CR 2/2). Sólo dos días después y con la respuesta de los “Gordos” e “independientes”, Schmid tenía que “acomodar” su opinión sobre el papel del triunvirato como órgano de conducción: “Es indudable que puede haber una ruptura. (…) Si vos convocas cinco reuniones y no vienen, listo, está terminada la discusión” (LN 4/2). Carlos Acuña, triunviro de la CGT, del sindicato de estaciones de servicio y estacionamientos, delfín de Luis Barrionuevo, subía el tono de la confrontación: “Si Daer no se va solo de la CGT, lo van a echar los trabajadores. (…) No tenemos que rediscutir nada [del triunvirato], la CGT está para defender a los trabajadores. Que Daer haga lo que quiera, si lo votaron para defender a los trabajadores, no puede estar al lado de los patrones, como está ahora”. Inmediatamente, el dirigente de Sanidad le contestaba: “El compañero [Acuña] perdió el equilibrio” (LN 5/1).

Por su parte −y desnudando inocultables desconfianzas hacia el camionero−, el “tridente de San Cayetano” −que integran Barrios de Pie, la CTEP y la CCC− postergaba una definición sobre si adhería o no a la marcha (CL 5/2), excusándose con que faltaba tiempo para la concreción de la medida. A pesar de ello, el proceso de reformas impulsado por la Alianza Cambiemos, sus efectos nocivos y la politización creciente de la sociedad permitían ir separando la paja del trigo. En una entrevista a Crónica TV, el dirigente Camionero disparaba: “Creo que les queda poco tiempo a ellos. La gente está convencida de que este gobierno está fracasando y no tiene respuestas y que tiene como objetivo la entrega del país. (…) Han endeudado al país. Es una cosa tremenda lo que están haciendo” (LN 5/2). La politización de la movilización iba en ascenso.

Con una movilización que ya a las claras rebalsaba al propio Moyano y que prometía ser multitudinaria, los esfuerzos de los funcionarios de Cambiemos por esmerilarla se puso a la orden del día. El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, repetía un cántico trillado: “Hace falta un diálogo civilizado y no extorsivo. Son sectores de la vieja Argentina que se oponen al cambio”. El jefe de Gabinete, Marcos Peña Brown, no era mucho más original: “Si piensa que una marcha condiciona la acción de la Justicia, es un error”. (¿No será también un “error” recibir en la Casa Rosada y “a los besos” a un policía procesado por asesinar por la espalda? No, ¿no?)…

Alfredo Cornejo, presidente de la UCR, iba un poco más lejos y acusaba a Moyano de que “está amenazando con un golpe institucional”. Por si fuera poco, el  vicepresidente segundo de la Unión Industrial Argentina (UIA) y cabeza del conglomerado de empresas alimenticias (COPAL), Daniel Funes de Rioja, sumaba unas palabaras más al terror que siente la “patria propietaria”: “Hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice contra el sistema institucional” (LN 6/2). Así, las operetas por parte de Cambiemos para tratar de esmerilar la movilización se intensificaban, buscando a los sectores que se prestaran para tal objetivo. El ministro de Trabajo, Jorge Triaca; su par de Salud, Adolfo Rubinstein; el titular del Pami, Sergio Cassinotti; y el superintendente de Salud, Sandro Taricco, lograban acercar posiciones y prebendas a algunos sectores, reuniéndose con Héctor Daer (Sanidad), Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Gerardo Martínez (UOCRA), Armando Cavalieri (Comercio), Carlos Quintana (UPCN) y Omar Maturano (La Fraternidad) (CR 8/2).

El plenario de distintas corrientes sindicales realizado en la sede de Camioneros ratificaba la movilización para el miércoles 21 de febrero, para no coincidir con el sexto aniversario de la tragedia de Once. En la reunión, los anfitriones −Hugo y Pablo Moyano−, una representación importante de la CGT −como Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña−, varias regionales de CGT, las dos CTA que conducen el docente Hugo Yasky y el estatal Pablo Micheli, la Corriente Federal y sindicatos clasistas coincidían en la necesidad de construir en la acción un frente sindical y social de quienes están dispuestos “a confrontar contra el ajuste del Gobierno, la lucha contra los despidos y en defensa de las conquistas del movimiento sindical y social” (P12 8/2). La configuración de un amplio acuerdo al interior del movimiento obrero, que va sumando a diferentes sectores, tanto de la política como de movimientos sociales, va tomando forma.

Pero la masividad creciente y el claro tinte confrontativo de la marcha también hacía asustar a algunos que un día antes confirmaran su presencia. Así se justificaba el triunviro Carlos Acuña: “No vamos a permitir que se mezcle la política con los intereses reales de los trabajadores”, acusando la intromisión de sectores kirchneristas y dando de baja a su sector de la movilización (CR 9/2). A los pocos días lo hacía más manifiesto: “Hay sectores políticos que se cuelgan del reclamo de los trabajadores. (…) Le damos argumento al mismo Gobierno para decir que los mandó Cristina y no es así” (LN 12/2).

La politización de la movilización rebalsaba los marcos gremiales. Es decir, la necesidad de la gente de expresar su descontento ante la situación económico-social que se vivía encontraba su catalizador a través de la convocatoria del 21-F. A su vez, la naturaleza del problema que enfrentamos, como ya dijimos, no se puede resolver dentro de los marcos de las relaciones capitalistas mismas, ya que son ellas el elemento fundamental del problema. Por lo que la avanzada política de las masas, exigiendo respuestas para entender la situación, volvían a dejar desconcertada a toda la dirigencia, tanto sindical, como política y social.

Ya al inicio de la jornada, la concurrencia era notoriamente masiva. Tanto los dispositivos organizativos que se habían tomado por parte de las organizaciones, como el clima de compañerismo y conciencia de las razones por las cuales se estaba allí, permitieron una jornada sin conflictos internos; a pesar de las necesidades oligárquicas. Se pudo ver abundante personal de civil entre los movilizados, tanto tomando fotos como, especialmente, buscando información del estado de la conciencia de las personas, que después transformarían en informes para los jerarcas de los organismos gubernamentales.

La tribuna de doctrina titulaba: “Masivo acto en defensa de Moyano con críticas a la política económica”, y continuaba: “Hugo Moyano desafió ayer al Gobierno en la primera marcha masiva de un heterogéneo sector sindical, social y político opositor, que convocó a los trabajadores a vencer al oficialismo en las elecciones de 2019 para desalojarlo del poder. (…) Los organizadores estimaron que hubo 400.000 personas, el Gobierno porteño calculó 90.000 y fuentes policiales unas 140.000. Posiblemente hubiera algunas más, aunque no las 300.000 que se preveían. Pese a la multitud, pacífica y festiva, no hubo incidentes violentos, tal vez gracias a los 2000 hombres de seguridad de Camioneros” (LN 22/2).

Las palabras centrales del discurso de Hugo Moyano fueron: “Preparémonos los trabajadores, cuando llegue el momento de expresar la voluntad democrática. (…) Sepamos elegir. Los gorilas no pueden estar más en la conducción del país, porque nos quieren quitar la dignidad. (…) Le reitero al señor presidente que no somos golpistas ni antidemocráticos. Fueron los trabajadores los que más lucharon para la democracia. (…) No tengo miedo de ir preso. Estoy dispuesto a ir preso si la Justicia dispone que tengo que ir preso. No tengo miedo de que me maten. Estoy dispuesto a dar la vida por los trabajadores. (…) Al Presidente le digo una frase de un premio Nobel mexicano, no recuerdo cuál es: ‘Toda victoria es relativa, toda derrota es transitoria’”, para cerrar el acto con la Marcha Peronista de fondo.

Ni lerda ni perezosa, nuevamente en la pluma de Joaquín Morales Sola, la oligarquía salía a analizar la situación y a dar argumentos a sus filas: “Las razones estructurales consisten en que Moyano es el obstáculo más importante para modificar los criterios sindicales que encarecen el costo argentino. (…) A Macri le gustaría firmar con él un acuerdo como el que suscribió con los petroleros de Vaca Muerta o con los trabajadores de la industria automotriz” (LN 22/2). El razonamiento es transparente. Si Moyano se subordina, si acepta y hace aceptar a sus filas la ultraflexibilización laboral que el capital concentrado precisa como el agua ante la crisis, se acabaron los problemas judiciales y de cualquier índole, sea con Moyano o con cualquier otro dirigente o sector sindical. He ahí el nudo de la cuestión.

Pero no es Moyano ni ningún otro dirigente el centro del asunto. Tal como mostró la movilización, el descontento popular y la toma de conciencia respecto del verdadero rumbo del gobierno de Cambiemos continúa creciendo a pasos acelerados desde diciembre hasta aquí. Y nada indica que fuera a retroceder frente al contenido de las políticas digitadas desde los centros financieros que busca aplicar el gobierno nacional, cada vez más abiertamente expropiatorias de las grandes mayorías.

Este es el proceso de la conciencia que abrió la presencia masiva del movimiento obrero en las jornadas de diciembre y que continuó el 21-F. Proceso que al tiempo que profundiza la voluntad de enfrentamiento abierto con la oligarquía, por parte de cada vez más sectores y capas que viven en carne propia dicha expropiación –o que la vislumbran en el corto o mediano plazo−, profundiza la necesidad de ir más allá de esa resistencia, exigiendo a la clase trabajadora que encabece ese “ir más allá”.

Todo indica que los próximos tiempos estarán marcados por la profundización del enfrentamiento del conjunto del pueblo contra el gobierno-CEO, pero a su vez con el choque que continurá produciéndose cada vez que se busque enfrentar al enemigo con las herramientas viejas, y que contienen aún muchos elementos que el movimiento nacional –y el movimiento obrero en particular− tiene que removerse de sí si pretende triunfar sobre la oligarquía.



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