Revista Mensual | Número: Abril de 2018
Fuentes consultadas: EE.UU.: Wall Street Journal (WSJ). Gran Bretaña: The Economist (TE). Alemania: Deutsche Welle (DW); China: Xinhua (XH); Rusia: Russia Today (RT); Irn: HispanTV (HTV) Venezuela: Telesur (TS). Cuba: Cubadebate (CD). Argentina: Clarín (CL); Crónica (CA); Cronista Comercial (CR); La Nación (LN); Miradas al Sur (MS); Página 12 (P12); Tiempo Argentino (TA).
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¿Quién le pone el cascabel al gato?

Inmorales y violentos, pierden aliados y base
Oligarcas del año 30 versus Industriales de cabotaje
El laberinto de la oligarquía
Vuelta a las relaciones Carnales
Crisis con la Familia Judicial y Militar
Caída del consenso e intento de salir por “izquierda”
¿Qué tipo de 2019 hay?
Vigencia de la lucha de clases
Preparémonos para votar bien… ¿y después?


La clase obrera frente a la violenta descomposición oligárquica

¿Quién le pone el cascabel al gato?

 

“No juegues a esconderte

pues el miedo a la muerte

tergiversa los valores.

 

Y ahogado en escapismos

de un siglo en decadencia

tiembla el planeta con tanta inconciencia

 

Resistirse al sucio poder, es vivir sin temer.

Salirse del molde oficial, ganar o perder”.

 (La H)

 


A diez años del lanzamiento de la resolución 125, la alianza Cambiemos, que llevó al gobierno a los sectores que enfrentaron al pueblo en aquellas jornadas, muestra cada vez mas fisuras. Recorreremos los hechos que demuestran cómo va deshilachandose la unidad patronal que supo blindar los privilegios de la oligarquía en aquel 2008. Y las fricciones constastes que sufre la alianza entre los “chicos pro” y el radicalismo, base de la conversión nacional del porteño macrismo.

Recorreremos las preocupaciones de los principales intelectuales oligárquicos para que los límites del modelo, y de la alineación con el decrépito imperialismo norteamericano, no signifiquen el regreso de una fuerza que cuestione sus privilegios.

También el proceso contradictorio que se da entre la necesidad del macrismo de aumentar la represión y la utilización política de la justicia, mientras también necesita recortar históricos privilegios para este sector.

Analizaremos, a su vez, cómo ante la pérdida de consenso popular el gobierno buscó abrir el debate sobre el aborto, chocando contra la conciencia del medio millón de argentinos y argentinas que repudiaron sus políticas el día de la mujer.

También repasaremos los intentos de unidad al interior del frente nacional, luego del gran empuje que significaron en esta dirección las movilizaciones de diciembre y el masivo apoyo que recogió la movilización del 21F.

Los conflictos parciales que encabezó el movimiento obrero nos permitirán prever las tareas planteadas para retomar la iniciativa política y superar la actual situación de desgaste de las conducciones populares. De esta manera, comenzaremos a analizar los hechos del mes.

Inmorales y violentos, pierden aliados y base

La continuidad de los casos de corrupción relacionados con personalidades del gobierno −como el caso del subsecretario general de Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, con cuentas offshore, las denuncias contra el grupo Macri por los parques eólicos, las acusaciones a Gustavo Arribas, director de la Agencia Federal de Inteligencia por lavado de dinero, la denuncia sobre el actual ministro de Agroindustria y ex presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere, sobre mal desempeño como funcionario público, y el conocimiento publico de que el gabinete tiene la mayor parte de su dinero en el extranjero− seguían sumando “manchas al tigre”. En este escenario se daba la precipitada salida del titular de la AFIP, Alberto Abad, funcionario que claramente no pertenecía al núcleo duro del macrismo. El secretario general de la Unión del Personal Superior de la AFIP (UPS AFIP), Julio Estévez, de alguna manera aclaraba los motivos: “Abad estaba desgastado por su discrepancia respecto de las decisiones del Gobierno. No avaló la moratoria, el blanqueo, y se opuso al salvataje de OCA” (LN 3/3).

Hay que recordar que el blanqueo de capitales fue abierto por decreto a familiares de funcionarios públicos, luego de haber sido negada esta posibilidad por el Congreso Nacional. Esto permitió que los grandes grupos económicos y las familias aristocráticas, muchas de las cuales son parte del gobierno de Cambiemos (Marcelo Mindlin, Gianfranco Macri, Alejandro Jaime Peña, Nicolás Caputo, Ángelo Calcaterra, etc.), aprovecharan para “blanquear” su dinero mal habido. Pero el negocio quedó manchado por una “filtración” de datos que hizo públicos los beneficios de familiares y amigos del gobierno. Esta falta de confidencialidad hizo que Abad fuese eje de las críticas de sus “camaradas” en el Poder Ejecutivo Nacional, fractura “saldada” con su renuncia. Su reemplazante, Leandro Cuccioli, tiene el 43% de sus bienes declarados en el exterior (Política Argentina 3/3).

La constante pérdida de credibilidad del gobierno, que cada vez es más tachado como “gobierno de ricos y para ricos”, hacía que la pata menos pudiente de la alianza Cambiemos, el radicalismo en sus multiples versiones, salíera a intentar sostener el “buen nombre”. Elisa Carrió afirmaba que la aparición de miles de millones en guaridas fiscales a nombre de funcionarios son “errores nimios” del oficialismo, comparados con su lucha contra la corrupción y las mafias. Pero advertía que “hay que evitar otros errores justamente para tener el apoyo popular. Lo que no se puede es emprender esta lucha y cometer errores (…) graves a los ojos de la opinión pública” (P12 26/2). Pero como sabemos, esto es imposible. La “inmoralidad” que repetidamente denuncian diferentes usinas de la propia oligarquía al conjunto de su clase no es más que el reflejo consecuente del desarrollo del capitalismo. Hoy, estando vedados muchos negocios para los capitalistas medios por las enormes masas de inversión que se necesitan para ingresar en la actividad productiva (dominada por cadenas globales de producción y consumo), los capitales con menor grado de concentración –sector al que pertenecen muchos de los funcionarios del gobierno− buscan permanentemente “nichos de mercado”,”negocios”, que invariablemente violan la propia legalidad burguesa y rompen los límites de la “ética pública”, para acrecentar sus patrimonios personales. Eso, mientras se creen impunes por su servilismo hacia los monopolios imperialistas y la oligarquía.

Con la dificultad para hablar de los delitos de guante blanco, el gobierno intentaba mostrar su firmeza moral en el combate de los delitos contra la propiedad, al tiempo que quería sentar las bases para llevar la violencia al seno del pueblo. En este marco, el nuevo presidente de la UCR y gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, salía en defensa de la flamante “doctrina Chocobar”: “La Justicia funciona mal en muchos aspectos y no se compromete en el combate a la inseguridad. (…) Es evidente que es así y el Presidente se ha hecho cargo de representar esa opinión que es mayoritaria” (P12 21/2). Las palabras de Cornejo contradecían diametralmente la opinión de Ricardo Gil Lavedra, uno de los máximos referentes del radicalismo en temas judiciales y actual diputado por la UCR-Cambiemos, quien afirmara un tiempo antes que “un mayor punitivismo o una mayor represión no trae más seguridad, trae más violencia e inseguridad para el conjunto de la gente” (P12 14/2). Pero las fisuras se ponían más en letras de molde en las palabras de Ricardo Alfonsín: “La UCR no gobierna, gobierna el PRO” (Telam 3/3).

Sin más, Mario Negri, presidente del bloque UCR-Cambiemos en Diputados, recogía el guante y sentenciaba: “No han desaparecido ninguno de los motivos por los que decidimos formar parte de Cambiemos” (P12 21/2). Al día siguiente, el Comité Nacional de la UCR (máximo órgano de conducción de ese partido), se reunía con Mauricio Macri, Rogelio Frigerio y Marcos Peña Brown, para consolidar la Alianza con el Macrismo (LN 22/2).

Como no nos cansamos de repetir en esta publicación, el proceso de concentración y centralización económica barre la base histórica del radicalismo a nivel nacional. Es decir, barre con los pequeños productores agrarios y pequeños industriales. Esto no solamente modifica el papel que pudo jugar el radicalismo, sino que lleva a una crisis indefectiblemente terminal al sistema de partidos políticos clásicos. Esta, lejos de tener origen en la superestructura, se origina en los profundos cambios dados en la estructura económica. Es por esto que el cadáver de la UCR se divide entre un sector que se acerca a los trabajadores −defendiendo cada vez más posicionamientos reivindicados históricamente por el peronismo− y otro que se alía con los empleados de los grandes monopolios y la oligarquía. Asi debemos entender las palabras de Negri. Estas se basan en que Cambiemos es resultado de que la base social del radicalismo está en franca desaparición. Se trata de un hecho histórico que viene para quedarse. Y esta misma debilidad justifica que la UCR sólo puede jugar el papel de “socio menor”, intentando lavar los intereses inconfesables que esconde el gobierno de los CEOS. La UCR, que en algún momento supo e intentó representar a vastos grupos de pequeños productores agrarios, profesionales, etc. termina siendo fagocitada velozmente por el macrismo rampante, expresión más clara de esos grupos altamente concentrados.

Con el beneplácito de los radicales, el 1ro de marzo, Mauricio Macri abría el 136° período de Sesiones Ordinarias del Congreso.

Oligarcas del año 30 versus Industriales de cabotaje

La aproximación del décimo aniversario de la fecha en la cual se lanzó la famosa “resolución 125” daba pie para que la oligarquía conmemorara el hito que identifica como el resurgir de su fuerza social, el conflicto del 2008. Con la presencia del ministro de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, ex-presidente de la SRA, como símbolo del origen del actual gobierno, conmemoraba esa entidad los hechos del 2008 en la localidad de San Pedro.

"Es un acto para recordar aquella gesta que permitió que el país no estallara. (…) Si no hubiéramos estado los productores movilizados en todo el país no habría llegado aquel voto no positivo”, afirmaba Raúl Victores, titular de la Sociedad Rural de San Pedro.

Elisa Carrió, otra de las oradoras, afirmaba que “fueron los productores los que iniciaron el camino hacia la República que ahora tenemos y que habíamos perdido en 1930. (…) El gobierno de los Kirchner no sabía ni siquiera lo que era un chacarero. Para ellos todo era oligarquía. (…) Néstor Kirchner nos quería en la ruta para confrontar con el criminal más criminal de la Argentina, que era Moyano”.

Carrió era clara. La aspiración de la oligarquía es volver al momento previo a la crisis del sistema agrario exportador, donde existía sin discusión un país dominado por ella, con trabajadores sin derechos y una indiscutible alineación con los centros imperiales. Proponía la vuelta a una republica formal, donde los trabajadores y sus necesidades estaban fuera de la agenda política. La crisis que surge en 1930, donde se da el primer Golpe de Estado del siglo XX −fruto de la crisis económica mundial− liquida la viabilidad del sistema agrario exportador, lanzando el proceso de industrialización por sustitución de importaciones, que es sin dudas la base económica que constituyó un nuevo proletariado industrial, formado no sólo por europeos, sino también por las masas del interior del país, que constituiría años después la fuerza que pudo subordinar los intereses de la oligarquía a los del conjunto de las masas trabajadoras, el peronismo. Aunque sin poder derrotarla definitivamente.

Pero, como bien dice Carrió, a pesar de sus anhelos, saben con claridad que esto no puede darse sin lucha. Por lo tanto, tienen la necesidad política de acumular fuerzas para enfrentar los vendavales sociales que se avecinan, por esto rememoran un hecho clave para sus intereses −como fue el conflicto por la resolución 125− e identifican a sus enemigos: el peronismo −con su historia de intervención económica y poder obrero−, encarnado aquí en Néstor Kirchner y Hugo Moyano, que encabezaron a los miles de trabajadores enrolados en las columnas de múltiples sindicatos −con el de Choferes de Camiones a la Cabeza− y otras organizaciones sociales, para sostener la ocupación de la Plaza de Mayo y la Plaza de los Dos Congresos, y hasta remover los “piquetes de la abundancia”, en un enfrentamiento directo entre trabajadores y las fuerzas de choque de las patronales rurales. Fue este un salto en la lucha política post-dictadura, puesto que por primera vez desde antes de aquella, pueblo y oligariquía volvían a identificarse nítidamente. El cipayismo sabe que todos estos hechos van a repetirse y necesita preparar a su tropa.

Es importante que repasemos ciertos hechos que muestran las grandes diferencias entre la actualidad y el 2008, cuando la oligarquía pudo consolidar una fuerza y encabezarla. Luciano Miguens, presidente de la SRA al inicio del conflicto agrario, decia en el acto de marras: “No éramos unos pocos terratenientes. Estuvimos todos juntos, los pequeños productores, los medianos y los grandes”, recordando la fuerza social que habían logrado constituir. Sin embargo, esa unión de todos los sectores que perciben renta esta lejos de seguir firme. En pleno acto, Mario Llambías, titular de CARBAP (sectores medios altos de la provincia de Buenos Aires) planteó sus reparos al actual gobierno: “Yo no soy muy partidario de que se deje todo librado al mercado”. Y agregó un cuestionamiento dirigido a la gobernadora Vidal, por la suba del Impuesto Inmobiliario Rural en 2018: “Los productores también queremos gradualismo pero eso fue un shock” (P12 12/3).

Además, al acto de San Pedro no asistió ni el titular de la CRA, Dardo Chiesa, ni ninguna autoridad de dicha entidad. La grieta en el agro terminaba de evidenciarse en las declaraciones de Hugo Biolcati, ex titular de la SRA, que cuestionó la decisión de la cúpula de CRA de no acompañar el acto: es “mezquina, errónea y patética”, dijo (CR 7/3).

Demasiado 2018 para volver al 30. La concentración de la tierra y la producción agropecuaria −con la consecuente expropiación de miles de pequeños productores y propietarios− imposibilita un acuerdo perdurable entre los grandes hacendados de la SRA y los demás grupos sub-alternos del campo argentino. Y eso en estos últimos 10 años sólo se profundizó. El carácter rentístico de los “ex chacareros” (pequeños propietarios citados por Carrió, que jugaron para vestir de populares los reclamos oligárquicos del 2008), cada vez más alcanza su obvio destino, la expropiación de los pequeños, en beneficio de los grandes terratenientes.

A la grieta del ruralismo se sumaba, hacia fines de febrero, las criticas de la principal entidad Industrial del país, la UIA (Unión Industrial Argentina) sobre el crecimiento de las importaciones, la caída del mercado interno y el aumento desmedido de la energía. Lo cual obtenía la réplica de la primer línea del gobierno de Cambiemos. El Ministro de Producción, Francisco Cabrera, lanzaba: “Necesitamos empresarios protagonistas. Que se pongan a invertir y dejen de llorar” (P12 5/3). A los días, en reunión de gabinete, Mauricio Macri apuntalaba a Cabrera y redoblaba la apuesta: “A mí me encantó lo que dijiste. (…) (Guillermo) Moreno les rompió la cabeza a muchos de estos tipos” (LN 7/3). Por si a los industriales todavía no les había quedado claro que tenían que alinearse al programa de Cambiemos y callarse la boca, el mismo día, Juan Carlos Lascurain, ex presidente de la UIA y presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra), era detenido. Según el expediente judicial, se lo detenía por la malversación de $500 millones para un proyecto de remodelación de una avenida entre el yacimiento carbonífero de Río Turbio y la localidad, que nunca se habría realizado (LN 7/3). Al día siguiente, el jefe de Gabinete, Marcos Peña Brown, en una reunión ante empresarios en el Rotary Club, indicaba: “No hay un enfrentamiento con los empresarios. (…) No generemos miedos, sentémonos en una mesa a listar los problemas para ver qué puede aportar cada uno” (LN 8/3).

Tratando que la sangre no llegue al río, los sectores industriales más vinculados al agro iban a moderar las posiciones y llegar a un acuerdo. El vicepresidente segundo de la UIA y titular de Copal, Daniel Funes de Rioja, decía: “Yo no hablo de enfrentamiento [con el Gobierno] porque tenemos objetivos comunes de desarrollo y de resolver los temas pendientes de la Argentina, que son complejos (…) La Argentina necesita mucha más inversión, eso está claro, pero no todos somos iguales” (LN 8/3). El titular de la UIA, Miguel Acevedo, de Aceitera General Deheza, metía “violín en bolsa” y trataba de sortear el chubasco: “Hay que poner paños fríos y volver a tener discusiones más profesionales porque si no volvemos a la dicotomía empresa chica-empresa grande e industria contra campo. Eso no existe hoy en la Argentina” (P12 8/3). Esas palabras, dichas por uno de los máximos representantes del complejo agroindustrial, sonaban a amenaza. Sobre todo cuando se desentendia de la suerte de Lascurain: "Representa a un sector muy fuerte. Tenemos que estudiar y analizar su situación porque nos tomó desprevenidos, aunque está en manos de la Justicia” (LN 7/4). La imposibilidad estructural de la burguesía industrial criolla de constituir un proyecto propio, independiente, autocentrado, volvía a quedar de manifiesto. El grado de concentración del capital ha llegado a tal nivel que ya no sólo debe expropiarse a los pequeños propietarios y trabajadores, sino también a parte de la gran burguesía argentina, como la representada por ADIMRA y hasta por la inmensa mayoría de la Unión Industrial Argentina.

Todos estos hechos mostraban cómo un sector cada vez más reducido de terratenientes, vinculados al conglomerado agroindustrial, se constituyen como el único sector que entra en el modelo, al tiempo que vastas capas de la burguesía sufren una expropiación acelerada. Es en este marco que los abundantes hechos de corrupción de la primer línea de funcionarios nacionales, las fracturas en Cambiemos y las salidas de funcionarios en sectores claves del Estado nacional, tanto por izquierda como por derecha (Prat Gay del Ministerio de Finanzas, Isela Constantini de Aerolíneas Argentinas, Carlos Melconian de Banco Nación, Martin Lousteau de la Embajada en Estados Unidos, Susana Malcorra de la Cancillería, etc.) dan cuenta del agotamiento creciente de un programa que va cosechando, poco a poco, el rechazo de la sociedad.

La imposibilidad estructural de la Oligarquía y su expresión política electoral de esgrimir un programa que articule a diferentes grupos subalternos y les pueda proponer un futuro que no sea de expropiación, miseria y hambre es lo que detona el marco de alianzas que había logrado constituir y que le posibilitó la victoria electoral en diciembre del 2015 al grupo de los CEO.La crisis orgánica del capitalismo a escala mundial, con los centros imperiales sin poder integrar a las oligarquías regionales (rechazo de EEUU a la exportación de limones y biodiesel criollo, amenaza de barreras aduaneras para los caños sin costura de Techint y el aluminio de la familia Madanes Quintanilla), deja huérfana a la oligarquía de un paragua económico global que le permita ordenar la tropa. Y esto mismo lleva a la necesidad de radicalizar el proceso de reformas, que fueron presentadas posteriormente a las últimas elecciones legislativas.

Todos estos hechos marcan cómo el “ensimismamiento” de Cambiemos sobre el núcleo más duro de su base económico-social −los grandes hacendados y los grupos económicos más concentrados, tanto nacionales como internacionales− es el prologo de las medidas represivas para sostener a cómo dé lugar los intereses de estos grandes capitales.

El laberinto de la oligarquía

En este marco −con las movilizaciones del 14 y 18 de diciembre, más el multitudinario acto del 21 de febrero, como fondo−, las usinas de la oligarquía seguían tratando de dilucidar la nueva reconfiguración del panorama político. La pluma de uno de los mimados del diario mitrista, Eduardo Fidanza, profundizaba el análisis de la nueva situación, de manera muy crítica: “Los cambios en el trabajo y en la conciencia de los trabajadores, el desarrollo de los servicios, la innovación tecnológica, entre otros factores, vuelven caduca la distinción bipolar entre proletarios y burgueses, aunque no abolen la plusvalía. Los sociólogos han descripto en detalle la transición que amortigua el conflicto de clases” (LN 3/3). Como bien analiza Fidanza, la denominada Cuarta Revolución Industrial y sus implicancias en el “mundo del trabajo” están trastocando la vida de la humanidad toda. Pero a pesar de su opinión sobre cómo se “amortigua” la lucha de clases, lo único que hace esta es afirmarse y profundizarse.

Los profundos cambios en el mundo de la producción respecto del periodo anterior a la dictadura del 76 −donde los niveles de procutividad permitían fábricas con miles de obreros, un reducido ejercito de reserva y miles de pequeñas empresas concurriendo al mercado, algo imposible hoy, porque la dictadura trastocó el conjunto de la sociedad argentina, insertando a sangre y fuego la gran producción industrial y el dominio de la oligarquía financiera, expropiando a miles de grupos empresarios nacionales en beneficio de unos pocos grupos superconcentrados y transformando así al conjunto de la sociedad− reafirman como nunca la vigencia total de esta contradicción principal del sistema capitalista. Ya que se trata de una contradicción cuya esencia es mundial. 147 grupos económicos controlan el grueso de las riquezas y todo el resto de la sociedad tienda a caer en las filas de los expropiados, o sea, del proletariado, afirmando como un hecho objetivo el papel de la clase trabajadora como sujeto al frente de dicha lucha del 99% contra el 1% de la población. Y aún más. Los cambios que plantea Fidanza nos hablan incluso de una clase trabajadora con más herramientas intelectuales que antes para superar dicha contradicción.

Pero el autor iba a ser aún más duro con el actual gobierno nacional, que para él “afronta problemas indisimulables, críticos. Desarrolla un programa gradual de racionalización del capitalismo sostenido por endeudamiento creciente, mientras afronta una amplia protesta social y sospechas de corrupción de funcionarios clave. El trasfondo de ese cóctel es una sociedad que discute derechos, soporta una inflación persistente, pierde optimismo, tiene un tercio de pobres y carece de referentes en la oposición. En este contexto, un Macri consciente atraviesa el desfiladero: sabe que la economía es inviable y que está atrapado en su laberinto, que si corrige una variable desacomoda otra, que si afecta un interés es un opresor y si afecta otro es un traidor. (…) Ha optado por sorprender para descomprimir tensiones y distraer del sufrimiento económico, mientras advierte a los dueños del trabajo y el capital que aflojen la voracidad” (LN 10/3). Preocupado por la inviabilidad del programa de Cambiemos, advierte que la salida que busca el gobierno es descomprimir, llevando la discusión política a otros ámbitos que no sean el económico, hecho que sólo puede tener un efecto momentáneo.

Como vimos en el artículo precedente, el deterioro persistente y profundo de la economía, con la fuga de capitales y el creciente endeudamiento, parecieran poner la soga al cuello al “gradualismo” del macrismo, dejando como única alternativa radicalizar el proceso de reformas y las medidas de ajuste. Como hace meses decimos, ya no quedan zanahorias que ofrecer, solo garrote.

A su vez, este proceso se va expresando en lo que se denomina la “opinión pública”. El relevamiento de la consultora Management & Fit daba cuenta de los índices de “optimismo en política y economía”, los cuales mostraban la continuidad de la tendencia a la baja de la Alianza Cambiemos. Las variables con mayor caída en cuanto a la política fueron la evaluación de gestión (-1,7) y la percepción de preocupación del gobierno a la hora de gobernar (intereses particulares en detrimento del bien general, -1,6). Luego, la evaluación sobre la honestidad del Gabinete (-1,3) y el liderazgo político de Macri (-1,1). Con respecto al plano económico, las mayores variaciones negativas se dieron en las expectativas, con caídas de 1,5 puntos en el optimismo sobre la situación de empleo y de ingresos futuros (Cl 4/3).

El desenvolvimiento del plan económico de Cambiemos, su profundización posterior a las elecciones legislativas y el impacto sobre la sociedad ya no pueden ser transfigurados como un problema de “esperar al segundo semestre” o de la “pesada herencia”. Por ende, se muestra más abiertamente la naturaleza de los intereses que representa y su imposibilidad estructural de ofrecer un futuro a las amplias masas. Así, el deterioro de las condiciones de vida y la pérdida de conseso social hacen suponer un recrudecimiento en las políticas represivas y de coerción sobre la población para el disciplinamiento social. Como hemos visto en repetidos artículos, “el modelo sólo cierra con represión”. Y ni siquiera cierra… Día a día se muestra más palpareamente que la crisis orgánica del capitalismo no es algo “salvable” por medidas coercitivas externas al proceso económico, sino que estas lo único que logran es “tirar la pelota para adelante”, mientras los pueblos buscan los caminos conducentes para capear la situación.

Vuelta a las relaciones Carnales

Con los cortocircuitos latentes por las barreras arancelarias al acero y aluminio criollo, los Estados Unidos asignaban un nuevo embajador en la Argentina. El ex juez de Texas, Edward Prado, decia: “Mi objetivo es continuar trabajando con los abogados y con los jueces de Argentina para mejorar el sistema judicial y fortalecer la confianza de los ciudadanos argentinos en el sistema judicial”. Y cerraba comentando que continuaría apoyando a las distintas agencias estadounidenses que “ayudan” a la Argentina en la lucha contra el crimen organizado y a promover la seguridad ante la amenaza del terrorismo (CL 7/3). En criollo, que seguiría ayudando a las agencias de inteligencia norteamericanas para que armen causas en la Argentina, mostrando con sinceridad el origen de las “pruebas” de la mayoría de los casos de corrupción del continente, las agencias norteamericanas, que los utilizan como métodos injerencistas en toda la región. Es de resaltar que hace meses, desde el Ministerio de Seguridad encabezado por la etílica Patricia Bullrich, se vienen gestionando profundos acercamientos con las agencias federales de inteligencia y seguridad estadounidenses para el entrenamiento y transferencia de tecnologías a las fuerzas de seguridad argentinas.

Acto seguido, los intentos del ejecutivo nacional, bajo el pedido explícito de Techint, de obtener un trato preferencial ante la modificación de las barreras aduaneras estadounidenses, empujaba a la Cancillería y al Ministerio de Producción a “pedir la escupidera” yanqui: “Las exportaciones argentinas representan sólo 0,6% del acero y 2,3% del aluminio de todas las importaciones que hace EEUU en ambos rubros y por lo tanto Argentina no es causante ni contribuye a las distorsiones que afectan a los mercados mundiales y a los EEUU” (CL 9/3). Quedando la respuesta a los mismos en el tintero, nuevamente, la ruptura de las relaciones económicas entre los centros imperiales y las oligarquías regionales quedaba de manifiesto y daba mayores dolores de cabeza a la Alianza Cambiemos para mantener cohesionada su base social, ya que ni al propio grupo Techint ni a Madanes Quintanilla podían asegurarles una relación acorde a sus necesidades con los centros de producción y consumo de los países centrales.

Como la relación con el “vecino del norte” no podía mostrarse como un logro, ya que ni siquiera el biodiesel pudo ingresar al mercado gringo, el arribo del Fondo Monetario Internacional (FMI) por estas tierras, después de más de 15 años sin su presencia, era la pírrica muestra de “integración al mundo” que podía ofrecer el Gobierno CEO. La directora de la entidad financiera, Christine Lagarde, era recibida por Mauricio Macri en la quita de Olivos. En la misma, la directora del “fondo” decía: “Los ortodoxos podrían argumentar que sería mejor que se haga más rápido, pero en tanto haya decisión y voluntad y se reduzca en un punto el déficit fiscal primario sería un gran logro también” (CL 15/3). Acto seguido, Mauricio Macri volvía a aceptar las auditorias de las cuentas del Estado argentino por parte de la entidad financiera imperialista. Recordemos el informe presentado a fines del año 2017 por el FMI, que tipificaba las medidas “adecuadas” que debía tomar Cambiemos para “hacer los deberes”: reducción del gasto público, una política monetaria contractiva y la desregulación cambiaria al frente de la agenda, además de la flexibilidad laboral y la apertura comercial. Nada nuevo bajo el sol para el viejo FMI… (P12 17/3).

Y por si alguno dudaba de las palabras de la funcionaria, durante su presentación en la Universidad Di Tella, la misma aclaraba: “No estoy acá para negociar ningún programa de financiamiento. No estoy en el negocio de los préstamos. Argentina no solicitó un crédito y no lo necesita” (P12 17/3). Los límites de la toma de deuda en la ruleta financiera, la entrada en una cesación de pagos y la “necesidad” de pedir créditos a los organismos financieros internacionales, como mecanismo de profundización de la succión de riquezas y atenazamiento político del país, son los caminos que ya hemos recorrido y que parecieran volver. Así, la vuelta de los organismos internaciones imperialistas y la reconstitución de las famosas “relaciones carnales” de la época de Menem vuelven a dar un baldazo de realidad a la conciencia de las masas.

Crisis con la Familia Judicial y Militar

La vacancia que dejaba Alejandra Gils Carbó, al renunciar –bajo una fuerte presión del gobierno− a un lugar clave como la Procuraduría General de la Nación desvelaba a la rancia oligarquía y daba lugar para que, a través del diario La Nacion, vaya delineando los criterios para definir al nuevo procurador. Así editorializaba: “Se trata de la decisión más importante en el plano institucional que deberá tomar el presidente Macri en lo que resta de su mandato. (…) El procurador general debe ser y actuar de manera independiente, no como un apéndice del Poder Ejecutivo o un representante de una facción política. (…) Se requiere una ley que reforme la del Ministerio Público para adecuarlo a las necesidades de nuestro tiempo, despolitizándolo a fin de transformarlo en un órgano eficiente, capaz de combatir la violencia de cualquier naturaleza, de reafirmar el derecho y la justicia como condiciones de la paz y de contribuir al mejor funcionamiento de una sociedad pluralista y democrática (LN 28/2). La Nación pedía independencia del poder político, como si los cuadros que llegan a esos cargos jerárquicos, el “estrato social” del cual vienen, los ámbitos de socialización, el tipo de educación, etc., no los convirtieran en sí en “representante de una facción”. Apelaba a una sociedad pluralista y democrática “en sí”, sin mencionar las contradicciones que guarda la misma. Es necesario resaltar por lo tanto la inexistencia de valores “neutrales” u “objetivos” por fuera de las clases sociales en pugna, es decir, por fuera de los intereses del imperialismo y la oligarquía local en antagonismo con los trabajadores y el resto del pueblo. La oligarquía a través de su órgano de prensa, escondiendo la división entre unos pocos dueños de todo y unos muchos dueños de nada, enmascaraba los miles de recursos y métodos que tiene las clases dominantes para hacer prevalecer sus intereses y valores en todas las órbitas de la sociedad civil. Por lo cual, la despolitización de la sociedad en sus diversos ámbitos, sea la justicia, la educación, las fuerzas de seguridad y armadas, etc. lo único que hace es atar de pies y manos a los trabajadores, ya que esa “no politización” implica aceptar el supuesto “sentido común”, donde, “naturalmente”, dominan ellos.

Pero el nivel de crisis que reconoce la estructura no permite que el Poder Judicial funcione como una aceitada maquinaría para disciplinar a los trabajores y las diversas capaz que hoy se enfrentan objetivamente a la oligarquía y el imperialismo. Como venimos analizando, cada fracción de clase intenta colonizar parte del poder mencionado, transformando a este en una arena de combate. La despolitización que pide La Nación es la extirpación del Poder Judicial de todos los intereses que no respondan a la tradicional oligarquía. Sabemos que este objetivo fue encarado resueltamente por el macrismo y es por esto que comenzó una campaña de reformas y “aprietes económicos” contra los jueces a distinto niveles, con particular énfasis contra la justicia laboral, a la que el Presidente califico como “una mafia”. Como sabemos, las numerosas acciones que el gobierno viene operando sobre el Poder Judicial −la intención de que los jueces paguen Impuesto a las Ganancias, la reforma de los juzgados federales, la creación de un nuevo fuero que atienda las causas del narcotráfico, los cambios en la Corte Suprema, en el Consejo de la Magistratura, en los criterios para pertenecer a ese cuerpo y en la jurisprudencia−, aunque vaya abiertamente en contra de la Constitución Nacional (“Doctrina Chocobar”, encarcelamientos “preventivos” de Zannini, D´Elía y Boudou), van sólo en la dirección de construir el ariete judicial que necesitala oligarquía en estos momentos de crisis. Como en toda América Latina, el imperialismo esgrime como estrategía el descrédito y la persecución judicial. Recordemos las palabras del nuevo embajador norteamericano en Argentina, citadas más arriba, o la persecución el ex presidente Lula, en base a “investigaciones” íntegramente realizadas por agencias de inteligencia norteamericanas. Una abierta estrategia política contra los gobiernos y partidos que se proponen alinearse con las fuerzas enemigas del imperio.

En este marco, veíamos actuar a los “amigos del macrismo”. La fiscal federal Silvia Cavallo pedía la apertura de una causa bajo la denuncia de lavado de dinero en el club Independiente, acusando a Hugo Moyano, Pablo Moyano y Héctor Maldonado (secretario general del mismo) (LN 1/3). Una semana después, el juez federal Claudio Bonadio elevaba a juicio la ridícula causa contra Cristina Kirchner por presunto encubrimiento en el ataque a la AMIA (LN 6/3). A los pocos días, la Corte Suprema de Justicia anulaba la personería gremial de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro, conocidos como “metrodelegados” y de perfil opositor al macrismo (CR 15/3). La persecución a todos los sectores en oposición a la Alianza Cambiemos quedaba expuesta.

Pero −como ya señalamos− esta colaboración no era por cooptación ideológica o por ceñirse al derecho procesal, más bien era fruto de una constante y violenta negociación, repleta de idas, venidas y amenazas. Eso viene generando un fuerte desgaste en la relación entre poderes. Así, la Corte Suprema lanzaba una seguidilla de reuniones para poder defender sus intereses corporativos. Su intención era oponer a los planes de reformas del Ejecutivo unos propios, amparados en la realización de comisiones donde serían invitados representantes de los tribunales, asociaciones judiciales, gremios, colegios de abogados y facultades de derecho, siendo estos los que elaboren el plan de reformas a presentar. De este modo, lanzaba un documento de debate llamado “Políticas de Estado para la transformación del Poder Judicial, la abogacía y la educación legal”, donde establecía que “el agente del cambio debe ser el propio Poder Judicial, liderado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en base a un consenso de todos los poderes del Estado (LN 23/2). La defensa de los intereses corporativos de la “familia judicial” quedaba expuesta. La Corte quería ser “socia”, no “empleada”.

El choque en ciernes entre el proyecto que había presentado el Ejecutivo Nacional, de la mano del ministro de Justicia, Germán Garavano −llamado “Justicia 2020” y rechazado por amplios sectores del Poder Judicial−, lograba su objetivo. El ejecutivo accedía a negociar con la Corte, que para la negociación no invitó a sindicatos ni colegios de abogados. Antes de comenzar el debate público, Mauricio Macri convocaba personalmente a Ricardo Lorenzetti a discutir la reforma (LN 24/2). A la salida de la reunión, Garavano, decía que si bien el PEN tiene su proyecto, “no es contradictorio con el de la Corte, sino complementario” (LN 24/2).

Sin embargo, el rechazo a los planteos de reformas no se hizo esperar. La Asociación de Magistrados salía a rechazar de plano las propuestas para ampliar los horarios de atención y cambiar el período de feria. La titular de la asociación, María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero, se vestía de sindicalista y consideraba que “no está demostrado que sea beneficioso un cambio en los horarios de atención o en el régimen de licencias”. Respecto de la feria judicial, argumentaba que “si tomamos licencia escalonadamente vamos a trabajar las mismas horas que si nos tomamos licencia todos juntos, con el perjuicio de que al Estado le va a ser más oneroso pagar la subrogancia todo el año” (CR 14/3).

La defensa autista de los privilegios de la “familia judicial” mostraba a sus anchas la fractura que provoca el ajuste necesario para sostener el inviable plan económico (hecho a medida de los monopolios extranjeros), cuando alcanza no sólo a grupos subalternos ya desplazados del poder político, sino a grupos que componen orgánicamente los resortes del poder de la propia oligarquía. La necesidad de entrar en los pequeños huequitos que deja el capital monopolíco implica cumplir las exigencias del capital financiero internacional y construir una justicia decididamente beligerante contra toda tibia rebelión. Esto lleva a la oligarquía a comerse parte de sus órganos constituyentes, en este caso, avanzando sobre las prebendas del Poder Judicial y de las personas que lo componen, parte sustancial de su base social.

Pero otro sector de su base social iba a ser atacado en el último mes: las fuerzas armadas y de seguridad. Se pasaba a retiro a 12 generales y se modificaba la cadena de mandos (LN 24/2). Además, el jefe de Gabinete Marcos Peña revelaba que el Submarino Ara San Juan tenía como tarea secundaria la de monitorear a buques y aeronaves de las Islas Malvinas, “con el propósito de verificar el cumplimento de los convenios suscriptos por ambos países” (LN 19/3).

Tanto la necesidad de pasar a retiro a todas las camadas necesarias hasta configurar una línea de mando acorde al Ejecutivo nacional, como el siniestro ocurrido con el Ara San Juan −sea por el no mantenimiento de los materiales de uso o por su utilización para tareas por fuera de las reglamentadas− minan otra de las principales patas de sustento oligárquico, como son las fuerzas armadas.

Caída del consenso e intento de salir por “izquierda”

Como venimos viendo, el desenvolvimiento del programa de la Alianza Cambiemos trajo aparejada una intensificación de envergadura en la política represiva. La “doctrina Chocobar” de primero aplicar “plomo” y después averiguar, se puso a la orden del día. Así, la policia de Tucumán mataba por la espalda a un chico de 11 años. La agrupación de Abogados del Noroeste en Derechos Humanos (Andhes) denunciaba otro caso de “gatillo fácil fogoneado por la doctrina Chocobar”, y agregaba: “Lo grave es que la misma policía acepta que comenzó una persecución a jóvenes que no estaban haciendo nada y que un chico de 11 años convertido en ‘sospechoso’ por andar en moto terminó con un tiro en la nuca, que salió por la frente” (P12 10/3). Desde el Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (Casacidn) también expresaron su repudio. “Nos preocupa que se pretenda justificar lo injustificable haciendo responsable de éstos crímenes a las víctimas. Siguen estigmatizando a los pibes pobres. No queremos más víctimas de gatillo fácil” (P12 11/3). Acto seguido, un pibe de 22 años ingresaba al hospital regional de Neuquén luego de sufrir un paro cardíaco, al ser detenido por policías que lo acusaron del robo de un perfume, cuyo ticket de compra se encontraba en la billetera del joven. Según la versión policial, el joven había robado una colonia en una perfumería del centro de la capital neuquina y, tras ser perseguido por policías de la comisaría 1ª, habría caído de un paredón de alrededor de cuatro metros de altura. Adelina, la madre de la víctima, explicaba que “cuando llegué (al hospital) me atendió una doctora y me comenta que Facundo corría de la policía y que cayó de un paredón de cuatro metros. Pero cuando entré a la sala donde estaba me doy cuenta enseguida de que no había sido una caída como decían. Era un horror, todo golpeado, con moretones de los pies a la cabeza y totalmente lastimado” (P12 15/3). Se veía lo esperable: el aval a la mano dura por parte de la primer línea Cambiemos, al defender a los agentes en casos de violencia institucional, desata los más bajos instintos de las fuerzas represivas.

Las críticas a la política de Cambiemos se iban sumando. La directora ejecutiva de Amnistía Internacional (AI) en la Argentina, Mariana Belski denunciaba: “En el país hay una regresión en materia de derechos humanos y un discurso de mano dura en torno a la protesta social. (…) Hay una tendencia preocupante respecto de la criminalización de la protesta social y de la libertad de expresión” (LN 22/2). A su vez, el llamado “Espacio de Pensamiento Crítico” −que reúne a intelectuales como como Beatriz Sarlo, Roberto Gargarella, Maristella Svampa y Rubén Lo Vuolo y que, en línea general, son refractarios al peronismo/kirchnerismo, sin ser del todo obsecuentes con la alianza Cambiemos− salía a la palestra y planteaba sus reparos ante los hechos de represión: “Es necesario hablar del Gobierno sin el atenuante de la insistente coartada acerca de la herencia recibida. (…) Esto no significa que haya que dejar el pasado de lado. (…) La violencia institucional se agravó, (…) el Gobierno impulsa una política de demonización contra quienes se expresan en contra del modelo extractivo. (…) Estamos ante una gestión gubernamental que sólo reconoce los derechos del capital en connivencia con ciertos discursos y representaciones sociales de los sectores más conservadores y reaccionarios de la sociedad argentina (CL 26/2). Es de resaltar cómo una parte de la intelectualidad −que ha sido profundamente critica del peronismo y el kirchnerismo y que en términos objetivos jugó como ariete ideológico contra los trabajadores y el pueblo, dando el beneplácito a la avanzada de la Alianza Cambiemos− a dos años de su gobierno y sus consecuencias “necesita” salir a marcar una posición distante del macrismo. La fractura en la fuerza social que expresa Cambiemos se va profundizando día a día. En este caso, le toca el turno a su intelectualidad, que ve la degradación de su propia clase y la avanzada sobre los derechos individuales que ellos mismo usufructuan como un límite para su adhesión. El proceso de concentración y centralización no perdona a nadie, ni a los propios intelectuales socialdemócratas de la oligarquía.

La identificación de la alianza Cambiemos como un gobierno de los ricos, reaccionario y retrogrado, por parte de cada vez más sectores –en especial con posterioridad a los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, a la reforma previsional y a la abierta represión del 14 y 18-D− hacían que el gobierno de los CEOS tratara de “salir por izquierda”, lanzando al ruedo el debate sobre el Aborto. Con una estrategia “más vieja que tatetí”, buscaba cambiar algo para que nada cambie. En una entrevista realizada por el diario de la corneta al Jefe de Gabinete, Marcos Peña Brown, ante la pregunta de si las causas de lanzar este debate eran para distraer a la opinión pública del problema de la inflación, despidos, etc., este respondía: “El gobierno anterior no quería discutir el aborto. No promovió nunca los debates en libertad. Nosotros propusimos un cambio y lo estamos aplicando” (CL 24/2). Nuevamente, la “contada de costillas” por lo que no se profundizó en el ciclo anterior estaba a la orden del día. Elisa Carrió adelantaba su voto en contra de la legalización del aborto y pedía “respeto a las creencias”, postergando el inicio de la discusión. Acto seguido, Mauricio Macri declaraba: “Como más de una vez dije, estoy a favor de la vida. Pero también estoy a favor de los debates maduros y responsables que como argentinos tenemos que darnos” (CL 1/3).

Luego de la unidad entre la izquierda, el moyanismo, el kirchnerismo y sectores organizados vinculados al Papa Francisco (como es la CTEP), logrado en la movilización del 21F, el debate sobre el aborto prometía al menos generar tensiones entre estos.

Obviamente, el tema sacudía tanto a la Iglesia Católica como a otras comunidades religiosas. Así, la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA), que agrupa a más del 80 % de las comunidades evangélicas del país, lanzaba una fuerte declaración contra el aborto. Crítico del aborto, el Episcopado manifestó su supuesta “disposición a abrirse al debate sobre el aborto, una actitud comprensiva hacia muchas mujeres que abortan y reclamaban políticas públicas” (CL 7/3). Con el claro distanciamiento entre la Iglesia y el macrismo, el diario de la corneta sentenciaba: “La actitud de Macri terminará confirmando, o no, que decidió volar todos los puentes con Francisco” (CL 10/3). La amalgama de contradicciones entre el proceso de reformas emprendido por Cambiemos y el lanzamiento del debate sobre el aborto atraviesa transversalmente a todas las fuerzas sociales en pugna, empujando a un debate al interior de la sociedad ya no sólo sobre las políticas económicas, sino sobre el conjunto de la vida social. Es decir, el proceso de toma de conciencia de los trabajadores requiere que los mismos no sólo se pronuncien sobre el programa económico, sino que elaboren posiciones sobre todos los temas que hacen a la sociedad.

En consecuencia, todo indica que el debate lanzado por el macrismo a la palestra, lejos de distraer la mirada sobre el carácter expropiatorio y criminal de las políticas en boga, no hará más que empujar al conjunto del pueblo a profundizar dicha mirada, ocupándose de aspectos de la vida social que a muchos hasta hace poco le eran indiferentes.


¿Qué tipo de 2019 hay?

Con las repercusiones de la movilización que realizó el movimiento obrero el 21F y su llamado a “prepararse para votar bien” en el 2019, y con las recordadas detonaciones de gases lacrimógenos y balas de gomas del 14 y 18D de fondo, la discusión al interior del movimiento nacional, de cara a las lejanas pero ya discutidas elecciones presidenciales que se vivirán en octubre de 2019, también convulsionaban el espectro político.

Un día después de la movilización del 21F, el PJ bonaerense juntaba a diferentes tendencias del peronismo. Desde su presidente actual, el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, a su antecesor Fernando Espinoza, pasando por la estrella del encuentro, el secretario adjunto del sindicato de camioneros, Pablo Moyano. Los intendentes Jorge Ferraresi de Avellaneda y Mario Secco de Ensenada, pegaron el faltazo, tal vez dejando dilucidar las tensiones de los sectores más “puros” del kirchnerismo con la actual conducción del peronismo de la provincia. Pablo Moyano proponía: “Los peronistas tenemos que dejar la soberbia, superar las diferencias y armar un gran frente que junte a todos los sectores del peronismo. (…) En esta reunión continuó el debate sobre el rumbo del partido para lograr la unidad con Sergio Massa, Florencio Randazzo y Cristina” (LN 23/2). A las dos semanas, se realizaba la reunión del Partido Justicialista a nivel nacional. En la misma, participaron referentes de Unidad Ciudadana, el Frente Renovador y el Movimiento Evita más vinculado al “randazzismo”. Su presidente, José Luis Giogia, señalaba: “La unidad no puede ser un sueño, porque si nos dormimos nos pasan por arriba, las puertas de los locales del justicialismo tienen que estar abiertas para todos” (P12 8/3).

Entre tanto, una entrevista hecha por el diario Clarín al responsable de La Campora, Andrés “el cuervo” Larroque, daba cuenta de la toma de conciencia de errores y fracturas que llevaron al frente nacional a la derrota político-electoral de diciembre del 2015. Ante la pregunta sobre la pasada relación con el movimiento obrero, y en especial con Hugo Moyano, “el cuervo” contestaba: “Lamentablemente durante nuestro gobierno, por contradicciones de segundo o tercer orden, hubo una sobredimensión de la tensión con Hugo Moyano y con sectores del movimiento obrero. (…) Frente a las condiciones extremas y difíciles que vive el pueblo, es necesario agrupar fuerzas y poder construir una alternativa”. Y remarcaba: “Desde ya que Hugo Moyano es una parte importante de eso, (…) puede haber diferentes puntos de vista, pero eso no quiere decir que dejemos de ser compañeros a pesar de que el poder económico y la derecha son muy inteligentes en explotar esos matices” (CL 16/3).

Es de suma importancia la toma de conciencia acerca de la fractura entre el movimiento obrero y la indiscutible conducción del frente nacional durante los últimos doce años de gobierno peronista. Porque la fractura entre el moyanismo y el kirchnerismo fue un hecho sustancial para la disgregación del frente nacional y posibilitó la victoria presidencial de la Alianza Cambiemos en el 2015. Sin embargo, la unidad motorizada “por el espanto” a Cambiemos −y no por una profunda conciencia respecto de qué es lo que se enfrenta y de lo que está en juego para las clases sociales en pugna− siguen siendo el principal límite de la juntada.

Con los vientos de unidad concentrándose, se realizó en San Luis el encuentro del Peronismo, a título de “Hay 2019”. La actividad reunía a más de 5 mil personas, pasando por el dueño de casa, Alberto Rodríguez Saa, Agustín Rossi, Aníbal Fernández, Axel Kiciloff, Jorge Capitanich, y la sorpresiva presencia de Hugo Moyano. Nuevamente, las intervenciones pidiendo por la “unidad”, de “estar todos juntos” contra Cambiemos, etc. fueron recurrentes (LN 17/3).

Mientras tanto, otra pata del peronismo, bajo el amparo del gobierno de Cambiemos, salía a posicionarse de cara al 2019. Con la excusa de la Fiesta de la Vendimia, el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, y su par salteño, Juan Manuel Urtubey, reunían a diputados y senadores nacionales y provinciales. De la misma participaban el gobernador de Santa Fe, el socialista Miguel Lifschitz, y el ex gobernador mendocino Celso Jaque. Urtubey declaraba que el Partido Justicialista “tiene que renovar caras y prácticas” (LN 4/3). Los lazos entre el terrateniente salteño y su par en senadores, Michel Ángel Pichetto, se hacían fluidos. Este último salía a declarar: “Junto a un grupo de senadores entendemos la necesidad de constituir una línea interna y a nivel nacional dentro del peronismo, porque los que se reunieron en San Luis no son la única opción. No hablamos negativamente de nadie pero no tenemos nada que ver con el kirchnerismo ni con el falso concepto de unidad” (CL 18/3). Como si esto fuera poco, la propia pluma del diario la Nación explicaba la estrategia de la Alianza Cambiemos de cara a la interna del peronismo: “A través de Rogelio Frigerio el gobierno empujó la inasistencia de los gobernadores. El 6 de abril habrá una reunión donde se lance el peronismo federal, con Pichetto como auspiciante del peronismo sin kirchnerismo, será en Gualeguaychu y planean replicarlo en distintas provincias, excluirán a Rodríguez Saa, Massa y Randazzo. Posible candidato de este frente: Juan Manuel Urtubey” (LN 17/3).

Así queda configurado el arco político-electoral del peronismo hasta el momento. Por un lado, amplias fuerzas del movimiento nacional –empujados por la acción del movimiento obrero y los choques del 14 y 18 de diciembre− van tomando concienca de la necesidad de “ponerle el cascabel al gato”, es decir, de la necesidad de conglomerar fuerzas para enfrentar a la alianza Cambiemos. Como ya hemos señalado en anteriores artículos, la “unidad por la negativa” es un primer paso en la toma de conciencia; sin embargo, no es suficiente. La disputa por el gobierno del Estado a la Alianza Cambiemos es un momento necesario del proceso político general. Pero, mirando un poco más ampliamente −como lo hemos hecho a lo largo del presente Análisis…−, sale a la vista que a lo que se enfrentan los pueblos no es meramenta a una fuerza político-electoral de corte neoliberal, sino a los “golpes de borracho” del inmenso, pero tambaleante, imperialismo. Es decir, a un sistema de producción social mundial que está colapsando. Por lo cual, la “unidad por la negativa” sólo se presenta como el primer paso en la búsqueda de una orientación que, necesariamente, debe ser más profunda, y que ya no puede definirse sólo por su rechazo al programa de Cambiemos.

En ese paso inevitable, el problema de la unidad entre diferentes grupos subalternos que son desplazados por los grandes capitales, o sea, la articulación de múltiples intereses, requiere un debate aún más profundo al interior de los propios trabajadores. Gigantescas fracciones de la pequeña y mediana burguesía son desplazadas por la acumulación del capital, desde profesionales a medianos empresarios, que no pocas veces piden a gritos que la clase trabajadora realice paros para “frenar” al gobierno. Pero la encrucijada histórica se revela cuando entendemos la derrota de diciembre de 2015 como la expresión político-electoral del límite de la lógica de la reconstrucción de la burguesía nacional. El empresariado mercado-internista no puede conducir las luchas que vienen. Por lo tanto, la constitución de un movimiento nacional que pueda contener el abanico de fuerza que se juntan “por la negativa” requiere de un desarrollo exponencial en la conciencia de los trabajadores, que pueda conducir y cohesionar, bajo su dirección política, en función de sus intereses, a la multiplicidad de grupos que son desplazados por el proceso económico.

Entonces, el problema de la unidad ya no se plantea como una voluntad subjetiva de agolparse, sino como la capacidad de la clase trabajadora de constituir una fuerza tal que pueda conducir en un proyecto de país a los grupos desplazados y prepare las fuerzas no sólo para tomar el gobierno del Estado, sino para tomar en sus manos el conjunto del proceso social y productivo. Sólo de esa manera puede encararse el problema de la construcción de poder, superando el problema del acceso al gobierno.

Vigencia de la lucha de clases

Con una polarización social en ascenso, diferentes conflictos estuvieron en el centro de estos días.

Por un lado, el gremio bancario lanzaba un paro de 48 horas, consiguiendo de parte de la Justicia el reconocimiento de la “cláusula gatillo”, inserta en su negociación paritaria años anteriores y que el macrismo quería remover, así como la devolución de la “cuota solidaria” −aporte que todo trabajador perteneciente a la actividad hace en concepto de los derechos básicos garantizados por el gremio, más allá de su posterior afiliación a la institución sindical− que el gobierno pretendía quitarle (LN 21/2). Inmediatamente, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, salía a apelar el fallo (P12 21/2). Como vimos hace meses en el conflicto entre el Banco Central y el Sindicato de Camioneros −cuando la institución conducida por Federico Sturzenegger lanzaba una normativa que permitía a todas las instituciones financieras reemplazar el envió de resúmenes de cuenta en papel por envió a través de correo electrónico, haciendo peligrar decenas de puestos de trabajo, desde los trabajadores en el proceso de impresión, distribución y entrega−, la irrupción de los avances tecnológicos trastocan todas las actividades. Así, según la consultora Bain&Company, en Argentina, el 40% de la población ya realiza actividades bancarias online y un 15% lo realiza a través de los SmartPhone, yendo en franco ascenso (17/12/17 Telam). Siendo la tendencia a insertar tecnología para elevar la productividad del trabajo una regla de fuego que rige al capital para sobrevivir en la lucha por los mercados, la lucha por retrotraer los avances se mostraba reaccionaria, más allá del legítimo reclamo contra el capital que deja a cada vez más trabajadores por fuera de la reproducción social, volviéndose a poner en primer plano el problema del control de las fuerzas productivas.

A su vez, el conflicto docente, volvía a ponerse en el centro con el inicio de clases. Luego de la primera ronda de discusión fallida, María Eugenia Vidal seguía insistiendo con colocar la Cláusula por Presentismo (LN 21/2). Entre medio, iban llegando las medidas sobre el conjunto del sistema educativo. Por un lado, el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires cerraba 39 escuelas rurales, más 8 del Delta del Paraná (P12 24/2); por otro, su homónimo de la Capital Federal, cerraba 12 sedes del plan Fines, afectando a más de 500 alumnos y 80 docentes (P12 27/2). El mismo día, el gobierno nacional oficializó el decreto 52/2018, que eliminaba la paritaria nacional docente en tanto tal; mientras tanto, Jorge Triaca, junto con el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, convocaban a los gremios docentes a que se sentaran a negociar con esas nuevas condiciones. De la reunión, para no avalar el avasallamiento, no participaban ni la CTERA ni Sadop. Con las propuestas de aumento salarial clavadas en un 12% para los docentes porteños y un 15% para sus pares de la provincia, la CTERA lanzaba un paro para el lunes 5 y martes 6 de marzo, día del inicio de clases (P12 27/2).

El ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, subido a la soberbia oligárquica, decía: “No hay que naturalizar lo que no es natural. Un paro nacional no existe porque la Nación no le paga salarios a los docentes. (…) El paro revela dos grandes impotencias de CTERA. Son incapaces de hablar de temas más allá de lo salarial. (…) La sociedad argentina ha cambiado, ha buscado un cambio y encontró en Cambiemos y en el Presidente un canal para llevar adelante esos cambios porque se dio una coincidencia de valores. CTERA también cambió, pero están confundidos porque no se dieron cuenta para dónde va el cambio. Son la burocracia sindical. Por su parte, la Secretaria General de CTERA, Sonia Alesso, respondía: “Creo que Vidal se equivoca. (…) Dijo cosas que son inexactas. Habló de licencias truchas, cuando el Gobierno es el que debería controlar. Si las hay, existen médicos que firman esas licencias. Nosotros no vamos a defender ningún tipo de irregularidad, al contrario. Planteamos que se discuta en serio” (CL 3/3).

Con los límites de la lucha reivindicativa a la vista, la “Heidi” del Liberalismo redoblaba sus críticas sobre el Suteba y su secretario General, Roberto Baradel: “Para mí, es más importante que un chico aprenda, que empiecen las clases. En los últimos 10 años los gremios hicieron 123 paros y la educación está cada vez peor. (…) A Baradel lo preocupan sus afiliados y sus privilegios, no el sistema educativo. Mi objetivo es la mejora de la educación. Los maestros son una parte importante del sistema, pero no la única” (LN 5/3). A su vez, el diario La Nación resaltaba que el Ministerio de Educación de la provincia “ahora cuenta con otra herramienta disuasiva: la actualización tecnológica”, avisando de manera amenazante que ahora se contaba con la información sobre el ausentismo, pedido de licencias, distribución de matrícula, etc. casi en tiempo real, y que “gracias al mismo” la aplicación de los descuentos por días de paro iba a ser inmediata. Según datos del Ministerio de Educación de la Nación, el nivel de acatamiento del paro fue, en promedio, del 35% en todo el país, con cifras que variaron del 3% (San Juan) al 70% (Río Negro). Las cifras fueron rebatidas por la CTERA, que informó un acatamiento promedio del 85% (Ln 6/3).

Así, el conflicto docente seguía su curso. Por un lado, tenemos las necesidades objetivas de la Alianza Cambiemos de ajustar, tanto en estructura edilicia como en salarios de trabajadores, presentando a su vez ese proceso de “achicamiento” como una mejora en eficacia y calidad para el conjunto de la sociedad; es decir, presenta sus intereses parciales como los intereses del conjunto, buscando capitalizar el descontento generalizado que hay en la población ante un sistema educativo en crisis. Sobre esta base, Cambiemos interpela a los docentes que deben aceptar una paritaria por debajo de la inflación en función de un supuesto bien común. Por lo cual, los trabajadores del sector rechazan dicho planteo y emprenden la lucha por un salario más elevado. Acto seguido, tanto desde el gobierno como desde su andamiaje comunicacional se sacaban los “trapitos al sol” de la crisis del sistema educativo, desde la “filtración” constante de alumnos a escuelas privadas, a las altas tasas de ausentismo y pedidos de licencias, dejando sobre las cuerdas, arrinconando, la lucha de ese sector de trabajadores de cara al conjunto de la sociedad. Como ya vimos en los meses anteriores, la estrategia del enemigo de “correrte” con la representación de intereses más vastos de la sociedad y cotranponerlos a las demanda determinado sector es el modus operandi básico de la alianza Cambiemos. A su vez, esto es posible por la realidad misma de que esas luchas parciales no ponen la lucha gremial como un momento, como una herramienta de la sociedad para superar sus problemas. En tanto los trabajadores no toman el punto de vista de toda la clase, quedan entrampados en la competencia capitalista, que les asigna el lugar de asalariados, pero no les reconoce el verdadero carácter de expropiados del sistema, que es lo que hermana a todos los trabajadores. En tanto asalariados, los trabajadores disputan por una parte de la torta. En tanto expropiados, los trabajadores reconocen que la única solución de fondo es terminar con las bases de la expropiación sistemática, es decir, con la relación capital-trabajo. Cambiemos corre por izquierda a los sindicatos, porque la sociedad ya reconoce los límites del punto de vista sindical. Es decir que en su victoria circunstancial empuja la toma de conciencia de los trabajadores sobre su función en la sociedad.

Así llegaba el 8-M. En más de 57 países se realizaría el paro Internacional de Mujeres. En España, la huelga sería laboral. En Italia, el movimiento “Non Una Di Meno” pondría en el centro de la discusión la composición gremial. Las compañeras del Paraguay planteaban: “Cansadas de la doble explotación, de la opresión, de la violencia, el acoso sexual y el laboral, vamos a parar en todos los espacios en los que trabajamos y cuidamos”. En Estados Unidos, a pesar de los grandes golpes que han recibido los movimiento progresistas y en especial su movimiento obrero, Cinzia Arruzza, la impulsora del paro, afirmaba: “Las huelgas de mujeres son una forma muy poderosa del movimiento feminista porque evidencia el poder que tenemos como trabajadoras” (P12 7/3). En ese marco mundial, se realizó la movilización por el 8-M local. La Nación estimó la movilización en 350 mil personas, y para su dolor de cabeza los planteos fueron de “un fuerte contenido político y reclamos que se alejaban de los pedidos más medulares de la manifestación que movilizó a medio millón de personas. Entre ellos, la libertad de ‘presos políticos’, el rechazo a los despidos de trabajadores en distintos organismos del Estado y un nuevo llamado a la huelga general contra el Gobierno. Incluso, desde el discurso, en distintos momentos se motivó a la multitud con cantitos que insultaban a Macri” (LN 9/3). El debate por la legalización el aborto se insertaba en la movilización con la consigna “¡Aborto Legal Ya! Basta de Ajuste y Despidos” (P12 9/3). Página 12 reflexionaba sobre el componente de la movilización: “Poco después del mediodía comenzaron a llegar las diferentes representaciones de gremios que si bien están en la CGT se referencian en la Corriente Federal de los Trabajadores (CFT). También lo hicieron aquellas que militan en la CTA de los Trabajadores y la otra, la Autónoma. Y luego los movimientos sociales como la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y el Frente Milagro Sala, entre otros” (P12 9/3).

Como ya pudimos ver el año pasado, el carácter de clase de la fecha brotaba por los poros. La discriminación a las mujeres, asentada en el patriarcado, pero llevada a su máxima expresión por el capitalismo, empuja con todas sus fuerzas a la lucha por la igualdad de derechos, tanto laborales, sanitarios, etc. La tergiversación y distorsión del problema de género que realiza la burguesía −tratando de encapsular el debate en una discusión de formas, o de un enfrentamiento de géneros, sin que se ponga en tela de juicio el conjunto del sistema de relaciones sociales−, mal que les pese, comienza a ser superado por cada vez más sectores de trabajadores que asumen como bandera propia el homenaje a las 146 obreras quemadas vivas por su patrón en la ciudad de Nueva York en 1911, así como la lucha actual contra las múltiples formas que continúa adoptando el sistema patriarcal.

La discusión al interior del movimiento obrero −que lamentablemente no carece de actitudes pro-machistas− requiere de una revisión profundamente autocritica, ya que una lucha consecuente por constituir otra sociedad, no se puede dar empuñando esas ideas, avalando prácticas discriminatorias entre compañeros y compañeras de clase. La paridad real entre el hombre y la mujer no puede darse en forma plena bajo un régimen de explotación como el capitalismo. No puede significar la lucha por la obtención de la igualdad para ser explotados bajo las relaciones capitalistas, sino que la lucha por la liberación de la mujer implica la lucha por una humanidad superior a la que habita hoy el mundo. Es una tarea que por sus propias exigencias lleva implícita la superación de un régimen basado en la explotación de unos humanos por otros. Sin embargo, debemos aclarar que la lucha por la igualdad de derechos, por el reconocimiento de las diferentes necesidades de ambos géneros, es indudablemente la lucha por una trinchera para tener mejores condiciones en la lucha por la liberación definitiva de la humanidad. La recuperación que en los últimos años a nivel mundial va realizando la clase obrera de este tipo de fechas −que durante años fueron transfiguradas en recordatorios vacíos y hasta en contra de sus verdaderas raíces− da cuenta del avance en la conciencia del movimiento de masas en su conjunto.

Nuevamente, la necesidad de que el conjunto de la clase ya no sólo se exprese en rechazo a la alianza Cambiemos sino que se dé un profundo debate interno sobre qué ética, qué valores, qué moral necesita constituir con arreglo a la lucha que emprende, es imperiosa.

Preparémonos para votar bien… ¿y después?

La movilización del 21-F ocurría justo sobre el cierre de nuestra edición pasada. Si bien el hecho lo analizamos el mes pasado, su importancia, sumadas al 14 y 18-D, constituye una bisagra en todo el proceso político. Así, el diario La Nación iba analizando los sucesos. El propio 21, Mariano Obarrio titulaba “Moyano desafía a Macri al frente de una movilización de integración heterogénea” (LN 21/2). Guillermo Dietrich, ministro de Transporte, protestaba: “La marcha tiene una actitud patoteril. Se trata de una movilización donde no se entiende bien cuál es la consigna” (LN 21/2). Retomando el conflicto bancario y la medida del gremio de ocupación del espacio público, ese hecho a simple vista insignificativo, encendía las alarmas de Joaquín Morales Sola: “El contexto es el que agrava las cosas. El sindicato bancario hizo ayer un formidable ejercicio de precalentamiento. (…) No sólo hubo paro de trabajadores en todos los bancos por segundo día consecutivo; también el gremio ocupó virtualmente las 40 manzanas que rodean la Plaza de Mayo. (…) Ninguna autoridad, ni nacional ni capitalina, hizo nada para restaurar la soberanía del Estado sobre esa franja del territorio(LN 21/2). Resaltamos los planteos porque, por un lado, el proceso de lucha lleva a la clase trabajadora a retomar su historia, donde la toma de lugares no solamente públicos, sino que hacen al funcionamiento del conjunto del sistema, como es la city porteña y su “sitiamiento”, pone en alarma a la oligarquía. Por otro, el planteo de Morales Solá de identificar el accionar de los trabajadores con una “pérdida de soberanía”, no es ningún error, sino que es la concepción que tiene la oligarquía con respecto al proceso. La identificación de los trabajadores y sus acciones como actos que atentan contra “la soberanía”, o en otras ocasiones contra el “estado de derecho”, etc. dan cuenta de dos cosas sustanciales. Primero, la identificación por parte del enemigo de una de las tendencias hacia dónde va la lucha de la clase trabajadora, con la ocupación de la vía pública y la identificación de esas “40 manzanas” del microcentro como núcleo del poder económico financiero del enemigo. Es decir, hay conciencia de que se está atentando contra el statu quo que la clase dominante ha construido. Por otro, la preparación de una base ideológica que logre consenso en otros grupos subalternos en pos de identificar el accionar de los trabajadores como sedicioso, subversivo, anti-patriótico, etc., para permitir un accionar represivo de envergadura que desbarate la constitución de una fuerza que enfrente y derrote a la oligarquía. Ya veremos cómo lo dicho por Morales Sola es parte de una estrategia más amplia de la oligarquía.

Como ya vimos el mes pasado, La Nación anoticiaba: “Se realizó la primera marcha masiva de un heterogéneo sector sindical, social y político opositor. (…) Según organizadores fueron 400.000, según el gobierno porteño 90.000, según la policia 140.000. No hubo incidentes”. Los planteos de los 5 oradores −Esteban Castro de la CTEP, Sergio Palazo de Bancarios y referente de la CFT, Pablo Michelli CTA Autónoma, Hugo Yasky CTA de los trabajadores y Hugo Moyano de Camioneros− se centraron en la necesidad de unidad ante el macrismo, la revisación sobre la derrota electoral de diciembre de 2015 y la preparación de cara a las elecciones presidenciales del 2019. El cierre del acto estuvo a cargo de Hugo Moyano, el cual, sintéticamente planteó: “Preparémonos los trabajadores, cuando llegue el momento de expresar la voluntad democrática. (…) Sepamos elegir. Los gorilas no pueden estar más en la conducción del país, porque nos quieren quitar la dignidad. (…) Le reitero al señor presidente que no somos golpistas ni antidemocráticos. Fueron los trabajadores los que más lucharon para la democracia” (LN 22/2).

Posteriormente, todas las usinas de la oligarquía salían a sentar posición ante la movilización obrera. El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, decía: “No escuché propuestas para esa Argentina sino a un conjunto de argentinos defendiendo privilegios” (Ln 22/2). Mario Negri, presidente del interbloque UCR-Cambiemos decia: “Moyano tiene que resolver sus problemas con la Justicia y no hacer frente al Gobierno”. El mismo día de la movilización, Macri viajaba a Concordia, Entre Ríos, y entre reuniones con productores arroceros y el Gobernador Provincial, Gustavo Bordet, el chico que nació en cuna de oro, y tiene presos sin condena a 3 ex funcionarios del anterior gobierno y al presidente de ADIMRA dijo querer “soluciones sin aprietes, sin extorsiones, sin comportamientos mafiosos, sin buscar privilegios” (P12 22/2). Sólo un día después, nuevamente, el ministro de Trabajo “agasajaba” a un puñado de dirigentes sindicales, llevándolos de viaje por Europa. Su intención era mostrarle a las burguesías imperiales del primer mundo los sindicatos correctos, que aceptan la flexibilización laboral modelo 2018 (LN 23/2). La ofensiva anti-sindical avanzaba en el plano legislativo. El diputado Radical Luis Petri presentaba un proyecto para modificar la ley 23.551 de asociaciones sindicales y proponía que los dirigentes gremiales tengan que presentar “una declaración jurada patrimonial integral dentro de los 30 días hábiles desde la asunción” y otra actualizada a la hora de dejar el cargo y puedan ser sancionados por los delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito, como funcionarios públicos (LN 23/2). El Ministerio de Trabajo proponía generalizar el quite de aportes solidarios que había efectuado sobre el gremio de los bancarios, pegándole al conjunto de las organizaciones sindicales (LN 25/2).

Un hecho destacable del mes es que la ya profunda crisis de representatividad se ahondó posteriormente a la movilización del 21F, con la disgregación de la mayoría de la cúpula Cegetista. La crisis de representatividad del triunvirato conductor de la CGT empujaba a los diferentes sectores a alistarse de cara a un rumoreado congreso de renovación de autoridades. En ese marco, el arzobispo Marcelo Sánchez Sorondo, canciller de la Pontificia Academia de las Ciencias, junto a Pablo Moyano de Camioneros, y Gustavo Vera de la ONG La Alameda, realizaban un encuentro para el debate de la Carta Encíclica “Laudato Si” del Papa Francisco. En el mismo, Sorondo afirmaba: “Francisco tiene en su corazón y sus genes la lucha contra las nuevas formas de esclavitud (LN 3/4). A los pocos días, el diario de la Corneta levantaba palabras de Pablo Moyano: “Ha dejado de existir esta conducción (de la CGT). Camioneros se va a excluir, Camioneros no va a participar del nuevo armado de la CGT, porque ya tienen al próximo candidato, creo que va a ser Jorge Triaca. (…) Se repite la historia. Cuando viene la dictadura militar, una vez que las organizaciones empiezan a reorganizar nuevamente, se crea la CGT de Saúl y la del Gobierno, que era Triaca, el padre del actual ministro, la historia se repite”. Y los rumores sobre la recreación del antiguo MTA (Movimiento de Trabajadores Argentinos, organización que supo ser una línea interna al interior de la CGT y confrontar contra el menemismo desde sus inicios), por parte de quienes participaron de la protesta del 21 de febrero −Corriente Federal, las CTA, los movimientos sociales, sectores del kirchnerismo, etc.− crecían (CL 3/3). Es de resaltar cómo nuevamente, en palabras de Pablo Moyano, la alusión a la dictadura militar de los 70 y la lucha obrera de esa época da muestras de la necesidad de buscar en las raíces de la clase la línea conducente para emprender la lucha actual.

En la otra vereda, el grupo de los “gordos e independientes”, arrimaban posiciones con el MASA (Movimiento de Acción Sindical Argentino) y las macristas 62 organizaciones peronistas (LN 7/3). La intención de juntar quórum en el Consejo Directivo para llamar a un congreso normalizador era el objetivo. Al día siguiente, el propio Daer declaraba: “Hubo coincidencias totales en sostener el actual consejo directivo hasta tanto encontremos los consensos necesarios para formar uno nuevo” (P12 8/3). El otro triunviro, Juan Carlos Schmid, afirmaba lo dicho por Daer, a la salida del mitin: Tenemos la obligación de hacer la convocatoria para llamar al Consejo Directivo, que será para el mes de abril, y luego empezará el proceso de normalización a través de los mecanismos institucionales” (CL 12/3).

Como si fuera poco, una de las patas macristas al interior del sindicalismo, como es el dirigente Armando Cavalieri −que conduce la Federación de Empleados de Comercio y el Sindicato de Empleados de Comercio de Capital Federal− era imputado por administración fraudulenta, en una causa paralela a la que investiga la quiebra de una financiera que mediaba entre la obra social de comercio y las prestadoras de servicios, denunciándose la malversación de dinero por servicios nunca prestados (LN 20/3). Nuevamente, la avanzada judicial, controlada o no por Cambiemos, ponía en tela de juicio el marco de alianzas de este con sectores del sindicalismo, detonando puentes con uno de sus mayores subordinados en el movimiento obrero.

Así, todo seguía “pegado con alfileres” en la institucionalidad máxima del sindicalismo argentino, hasta ver “cómo acomodar los tantos”.

Como vimos al inicio del apartado, a partir del quiebre del 14 y 18-D y la demostración de la voluntad de lucha por parte de amplias masas, sumado al posicionamiento político de una parte importante del movimiento obrero en el 21-F, se va reconstituyendo un movimiento nacional que se dispersó progresivamente después de la ruptura del 2011 y de la derrota electoral de diciembre de 2015.

La toma de conciencia de un grueso de la clase trabajadora sobre la imposibilidad de seguirle pidiendo al gobierno CEO que “cambie” parte de su política, teniendo en cuenta a los trabajadores y demás grupos subalternos, lleva a que la clase obrera busque en su historia las conclusiones para enfrentar la situación actual. Así, la ocupación de la vía publica y el “sitiamiento” de centros gubernamentales, administrativos y financieros como modo de interrumpir el conjunto del funcionamiento del sistema económico, parece ser, a la usanza del Cordobazo, un paso hacia nuevos modos le lucha, inspirados en la historia. El diagnóstico por parte de las usinas de pensamiento oligárquico, acerca de por dónde transcurrirá el proceso de masas, intenta crear las condiciones político-ideológicas para su represión. El denunciar que el accionar de los trabajadores significa una “herida a la soberanía”, por un lado, configura el calibre de la represión que necesitan aplicar; por otro, obliga a los trabajadores dar una lucha ideológica de cara al conjunto de la sociedad.

Como bien sintetizo en su discurso Hugo Moyano, una mayoría del movimiento obrero llegó a las siguientes conclusiones: 1- Los gorilas no pueden gobernar. 2- Hay que prepararse para votar bien. 3- Los trabajadores no somos antidemocráticos, sino que nuestra lucha fue base de la democracia. Acto seguido, la alianza Cambiemos volvió a demostrar que lo único que tiene para ofrecer es represión, coerción y delación, mostrando que su estrategia de avance sobre el movimiento nacional está asentada en las propias limitaciones de este último, es decir, en todos los valores, principios y actitudes que tenemos los trabajadores, fruto de la subordinación a la ideología del enemigo; por lo cual, es necesaria una critica profunda de nuestras actitudes e ideas, para superarlas.

De esta manera, se perfilan dos tendencias al interior del movimiento obrero. Una “dialoguista”, que todavía asienta su estrategia en lograr concesiones por parte de la alianza Cambiemos, con base en los sectores asalariados que todavía sostienen ingresos medios altos, o condiciones de trabajo ventajosas, además de sostener cierto peso institucional, pero que en su desarrollo pareciera ir convirtiéndose en minoritaria al interior del moviento obrero, en la medida que la crisis y el debate ideológico se profundicen, empujados por los constantes ataques económicos que sufre la clase trabajadora. Otra, de carácter confrontativo a la alianza Cambiemos y que llegó a las conclusiones anteriormente citadas, representativa en primer lugar de gremios chicos y sectores periféricos de la producción, donde la crisis y las medidas del Gobierno CEO han impactado más rápidamente, pero aún con menor representatividad institucional.

Si nos remitimos al inicio del artículo, ninguna de las dos tendencias termina de plantearse el problema de fondo. La crisis que vive el capitalismo, como hemos descripto a lo largo de todos los artículos, da cada vez menos lugar para organizaciones que proponen que elementos subalternos consigan una parte más de la riqueza social dentro del actual orden de cosas. Los sindicatos, creados en los inicios del capitalismo, llegaron a su apogeo durante el proceso manufacturero, en su paso a la organización por ramas; pero el grado de concentración y centralización económica actual, donde se plantea el remplazo del 50% de la mano de obra mundial por tecnología en los próximos 20 años, deja absolutamente desguarnecidas a todas las lógicas, tanto al interior del sindicalismo como de las organizaciones políticas o sociales, que creen que se pueden resolver los problemas de la sociedad dentro de las relaciones capitalistas.

Por lo cual, la importancia del proceso que se abre a partir del 14 y 18-D consiste en el abandono de la idea de que se podía influir en el gobierno para que cambie su plan económico. Y el 21-F se cristalizó la idea de que toda mejora en la situación supone “que los gorilas no gobiernen más”. Pero el movimiento obrero, para ser exitoso, deberá enfrentar tareas de mayor importancia que reemplazar electoralmente a un ignoto representante del cipayismo. Las tareas de construir un reemplazo al conjunto del sistema de producción social que ha llegado a su cenit histórico van apareciendo a la orden del día, como ya hemos señalado en relación al conflicto docente y al problema de cómo alcanzar una estrategia que no se vuelva reaccionaria, queriendo limitar el uso de la tecnología. Toda posibilidad de solución encierra, por lo tanto, el hecho de pensarse como responsables por la totalidad de las capas que el imperialismo está obligado a expropiar, en tanto estas puedan subordinarse a los intereses de los trabajadores.



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