Revista Mensual | Número: Junio de 2018
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Fuentes consultadas: EE.UU.: Wall Street Journal (WSJ). Gran Bretaña: The Economist (TE). Alemania: Deutsche Welle (DW); China: Xinhua (XH); Rusia: Russia Today (RT); Irn: HispanTV (HTV) Venezuela: Telesur (TS). Cuba: Cubadebate (CD). Argentina: Clarín (CL); Crónica (CA); Cronista Comercial (CR); La Nación (LN); Miradas al Sur (MS); Página 12 (P12); Tiempo Argentino (TA).
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El fin del Gradualismo y el papel del Movimiento Obrero

Acto 1 – Tarifazo y derrota legislativa
Acto 2 – Corrida Financiera. Apoyos y fracturas.
Crisis de la superestructura y necesidad de alternativas
“El estado inviable” y la estrategia oligárquica
Avances y corcoveos sobre el Poder Judicial
Fuerzas de seguridad: ¿posible fractura?
Preparando para frenar el levantamiento Popular
El rejunte nacional ante el espanto
El “sindicalismo mafioso”, la reforma laboral y el FMI
1ro de mayo y la necesidad de UNA estrategia   


El capital financiero internacional puso fin al “gradualismo” y las fuerzas se preparan para el enfrentamiento

El fin del Gradualismo y el papel del Movimiento Obrero

“La historia no se repite, pero rima”

(Mark Twain)


Mayo fue uno de los meses más agitados en el plano nacional, con el ahondamiento de la crisis de la Alianza Cambiemos. Por un lado, la disputa tarifaria −al cierre de esta edición el Gobiernose preparaba para recibir su segunda derrota legislativa de envergadura, ya que la oposición ha aprobado un proyecto que retrotrae el tarifazo en los servicios esenciales (luz, agua, gas)− dejaba a Mauricio Macri al borde del veto presidencial. Por otro, la corrida financiera promovida por los grandes grupos económicos internaciones decretaba el jaque mate al “gradualismo” e inauguraba una nueva etapa de recrudecimiento del ajuste económico. Post corrida, el “inicio de conversación” con el FMI volvía a tirar por el piso la imagen social sobre la Alianza Cambiemos y ahondaba la crisis de representatividad. De este modo, los intentos sistemáticos de avanzar sobre el control de Poder Judicial, sumados a la reestructuración de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, afirmaban el sentir generalizado de que la oligarquía prepara el conjunto de sus fuerzas para una confrontación social de envergadura.

Mientras tanto, la caída generalizada de la imagen sobre la alianza gobernante y el hastío generalizado de la sociedad ante un proceso económico-social que le recuerda los peores momentos de sus vivencias, no encontraba una fuerza política que pueda capitalizarlo. Pues el desplome oligárquico muestra más en carne viva las limitaciones propias de las estrategias reinantes en el movimiento nacional. En este sentido, la necesidad de superar en la práctica la concepción de la reconstrucción de la burguesía nacional aparece, día a día, más necesaria.

De este modo, el papel del movimiento obrero organizado, como motorizador y articulador del resto de los grupos subalternos, volvía a mostrarse. La recurrencia, tanto de sectores de profesionales, como de pequeños y medianos empresarios a las organizaciones obreras en búsqueda de respaldo, sumado a la masividad de la movilización popular, iban rearticulando un movimiento nacional de envergadura que va a confrontar de manera directa con el orden imperial oligárquico reinante. Sin más, nos adentraremos en los hechos del mes.

Acto 1 – Tarifazo y derrota legislativa

El mes iniciaba con el debate sobre las tarifas de los servicios públicos. Los repetidos aumentos, todavía superiores a la inflación promedio de la economía, los cada vez más “normales” cortes de servicios y la imposibilidad de muchos usuarios para afrontar los aumentos acrecentaba el debate. Como válvula de escape, desde el núcleo de Cambiemos, se proponía la baja de los impuestos del Estado, sea nacionales, provinciales o municipales, que van implícitamente cobrados en las facturas de servicios, como medio por el cual se “reduzca” el precio final cobrado al usuario, es decir, que las diferentes órbitas del Estado reduzcan sus ingresos en concepto de impuestos para bajar el precio final de los servicios, sin tocar la rentabilidad empresaria. Con este argumento, el primero en sumarse a la iniciativa, “sin dudarlo”, fue el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Pero el plan de transferir recursos del Estado a los privados encontraba rápidamente piedras en el camino. El gobernador de Mendoza y principal Aliado en Cambiemos del PRO, el radical Alfredo Cornejo, decía ante el desfinanciamiento de las provincias: “Acá ya se hicieron los deberes; (…) se paga cero de Ingresos Brutos, y entre un 3 y un 4 por ciento de luz y gas”. El ministro de Hacienda mendocino, Lisandro Nieri, afirmando los dichos de su gobernador, agragaba: No vamos a hacer nada en materia impositiva en las facturas (LN 25/4. Subrayado nuestro). La negativa del mendocino hablaba de hasta dónde llegaban las posiblidades de las oligarquías del interior para sostener el plan de las multinacionales.

El debate político que se acrecentaba en el seno de la sociedad, y el intento por parte de la oposición de articular una modificación legislativa que suspenda los aumentos tarifarios, hacía que el propio Mauricio Macri saliera a defender el aumento de los servicios: “Hay que entender que, lamentablemente y aunque le dimos vueltas, no hay otra salida. La energía cuesta generarla, transportarla, distribuirla y es lo que vale”. Mientras tanto, Cambiemos presentaba en Senadores un proyecto de ley llamado “Ley de transparencia en la facturación de servicios públicos esenciales”, para eliminar los impuestos provinciales o municipales que se encuentran anexados en las boletas de servicios (P12 26/4). De esta manera, la estrategia de Cambiems era reducir el costo de las facturas de servicios en base a desfinanciar los estados provinciales y municipales, azuzando el hastío de la gente y tratando de guiarlo contra gobernadores e intendentes.

El debate en torno al proyecto presentado por el massista Felipe Solá para frenar y reducir el aumento tarifario recrudecía en diputados. La votación para habilitar el debate del proyecto fue de 132 votos a favor y 106 en contra del oficialismo, pero sin alcanzar los 159 necesarios (dos tercios) de 239 diputados presentes. La votación se reiteró (votos más o menos) otras 28 veces a lo largo de la tarde, por si alguien dudaba del desparpajo de los poderes del estado.

El trabajo de pinzas se cernía sobre los gobernadores del peronismo. El lugarteniente macrista Marcos Peña Brown metía presión sobre estos para que “enfilen” a sus diputados y senadores. Cuestionado por periodistas sobre el aparente rechazo de los gobernadores al tarifazo, atacaba: “Venimos trabajando muy bien con gobernadores de la oposición, Schiaretti, Manzur, Urtubey, que han tenido una actitud muy responsable. [?] Si sus diputados avanzaran en algo así, nos sorprendería mucho. (…) Los gobernadores que quieren hacer un peronismo más racional tienen que decir en público lo que nos dicen en privado. (…) Esperamos que asuman ese liderazgo” (LN 3/5).

La intención del gobierno CEO era otra vez apelar a la post verdad. De los creadores del “segundo semestre” (perdido en las arenas del ajuste) y de la “herencia recibida”, se intentaba construir la idea de que existía un “peronismo racional” y uno “irracional”, “loco”, como veremos más adelante. El primero comprendería la necesidad del tarifazo como única opción, el segundo cometería la “locura” de sacrificar la ganancia empresarial a las necesidades de la población.

Sin embargo, hasta los gobernadores “peronistas” más cercanos a Cambiemos daban apenas un apoyo raquítico a la iniciativa. No estaban dispuestos a perder su propio capital político sosteniendo un ajuste que poco beneficio directo les traería. Juan Schiaretti, gobernador de Córdoba, salía a marcar el límite de su “acuerdo” con Cambiemos: “La fijación de las tarifas de generación de energía y gas es responsabilidad exclusiva del gobierno nacional y quiero recordar además que los peronistas no cogobernamos, por lo tanto no corresponde que sancionemos ninguna ley en relación con el tema de las tarifas”. El cordobes sólo estaba dispuesto a dejar pasar el ajuste por omisión, pero en ningún caso a ponerse al frente de la defensa de la política económica.

El Salteño, hijo predilecto de la oligarquía salteña y furioso defensor de los fondos buitres, Juan Manuel Urtubey, era aún menos condescendiente y ponía sus reparos: “Me parece bien que se modere el aumento de tarifas porque si la gente no lo puede pagar eso no camina, creo que es errónea la política de aumento de tarifas del Gobierno, lo vengo diciendo desde hace dos años” (LN 3/5). Es de resaltar que en las últimas elecciones legislativas el gobernador del norte argentino fue derrotado apabullantemente por Cambiemos. Más distante de la Alianza, el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, era aún más crítico: “La crisis cambiaria es el reflejo de un modelo económico social y político que viene mostrando su fracaso. El neoliberalismo es un manual de fracaso en todo el mundo. (…) Todo indicaría que vamos hacia más recesión, menos crecimiento y una inflación más alta” (LN 17/5).

El proceso de confiscación sobre los grupos subalternos iba mostrando sus repercusiones en la superestructura política. La crisis del plan económico de Cambiemos, con su aceleración a partir de los choques de masas del 14 y 18 de diciembre y la “apretada” del mercado, van fracturando todas las posibles alianzas que tendía el macrismo con otras fuerzas políticas de corte provincial y local. Mal negocia quien nada tiene que ofrecer.

La corrida cambiaria que hería de muerte al gradualismo era la cristalización de los constantes reclamos del capital concentrado para que Cambiemos acelere el proceso de reformas y la confiscación de los grupos subalternos. Pero el fin del gradualismo va poniendo en guardia a esos grupos subalternos que se encuentran en su camino. El tarifazo va mostrando lo que el Gobierno vino a hacer. No hay errores. No hay desviación. Se trata del beneficio máximo de un mínusculo sector de la gran burguesía propietaria de las empresas de generación y distribución eléctricas (Familia Mindlin en convivencia con el empresario inglés John Lewis, en energía eléctrica, gas y petróleo; Familia Bulgheroni en petróleo, Shell, entre otras pocas), agigantando sus utilidades y pauperizando a múltiples grupos subalternos, desde pymes industriales o pequeños comerciantes, hasta grandes empresas y obviamente la gran mayoría de los trabajadores. La imposibilidad de cada vez más franjas de la sociedad de reproducirse es lo que enciende la alarma de diferentes representaciones políticas de la escena nacional, que ven desaparecer su base social de apoyo. A su vez, las reformas emprendidas no sólo golpean a las clases en forma de empobrecimiento. El proceso de ajuste, en su forma de reducción de impuestos en órbitas provinciales y municipales, atenta contra la estructura misma de los estados provinciales y municipales. A su vez, la “vía legislativa”, como medio para impulsar y legitimar el programa de Cambiemos, va encontrando más dificultades, “empantanándose”, haciendo que el Ejecutivo deba aumentar la coerción sobre los demás grupos políticos de la vida institucional. Esto requiere, a su vez, desempolvar un andamiaje ideológico que justifique una nueva ola de decretos de necesidad y urgencia y vetos presidenciales. Nuevamente, el carácter antidemocrático y de ruptura con el orden institucional que ellos mismos construyeron en otras épocas (constitución de 1853, reforma del 1994) va mostrándose obvio.

Acto 2 – Corrida Financiera. Apoyos y fracturas.

Como vimos en el artículo 5 de este mes, mientras el debate sobre las tarifas se daba, el “mercado” agitaba la cotización del dólar y la fuga de divisas se aceleraba, encendiendo la alarma de propios y ajenos. Con el transcurso de los días, la venta generalizada de la divisa no sació las ambiciones de los grandes capitales, buscando “marcar la cancha” sobre el proceso político y que no quedaran dudas de quién gobierna verdaderamente. El fin del gradualismo era decretado por los capitales internacionales. La piña de los grandes bancos significó para el Banco Central gastar la astronómica cifra de U$6500 millones de sus reservas –el 75% de lo que se pagó para cancelar la deuda con el FMI en 2006−, para contener apenas la suba del dólar. A pesar de esto, la divisa extranjera se revaluaba en un mes más que en todo 2017 −un 17,3%− y las reservas caían en el mismo periodo un 11% (TN, portal Conclusión de Rosario). En ese marco, el gobierno de Cambiemos anunciaba con bombos y platillos que iba a recurrir a un acuerdo con el FMI, para asegurar la estabilidad del país.

Así, Mauricio Macri salía a explicitar el fin del “gradualismo”: “Lo que pasó estas semanas es que el mundo decidió que la velocidad con la que nos comprometimos a reducir el déficit fiscal no alcanza, por lo que tenemos que acelerar”. Admitió que este año la inflación será mayor y el crecimiento menor y que esas metas fueron “demasiado optimistas”, y aceptó que “hubo problemas de coordinación entre el equipo económico y el Banco Central. Esa coordinación debe ser sin vulnerar la independencia del Banco Central”. Con lo cual, anoticiaba que había decidido “iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. (…) Vamos a hacer un buen acuerdo con el FMI. Podemos ir al Fondo porque no tenemos nada que ocultar. Acá no hay gente que se lleva bolsos con plata a los conventos” (LN 17/5). El padre de la bicicleta financiera, Federico Sturzenegger, reafirmaba la vuelta al FMI: “Escuchamos el mensaje y reaccionamos tras la volatilidad del mercado”, y aumentaba en el mismo momento todavía más la tasa de interés para “contener la inflación” (16/5 TodoJujuy).

Inmediatamente el “tuitero” presidente norteamericano, Donald Trump, apoyaba el suicidio nacional, expresando su apoyo al gobierno de Macri: “Macri está haciendo un muy buen trabajo por la Argentina. Apoyo su visión en transformar la economía de su país y desplegar su potencial” (CR 18/5).

Ni lentos ni perezosos, los intereses norteamericanos en el país seguían la misma senda. Una parte más reducida de la alta burguesía argentina, con sus consortes yanquis y europeos, a través de sus entidades gremiales empresariales, volvían a brindar respaldo a la medidas tomadas por la alianza Cambiemos. Las entidades agrupadas en el Foro de Convergencia Empresaria iban desde Dardo Chiesa (CRA), Pellegrina (SRA), Miguel López (Next), Daniel Indart (Fadeeac), Jorge Álvarez (UDES), Mario Grinman (Cámara de Comercio), Aguirre, María Elena Aguerre (Euro Cámara Argentina), Domingo Iraeta (CREA), Analía Canale (Cambras), Arturo Acevedo (Acindar), Jorge Vasconcelos (Ieral), Aldo Elías (hoteleros), Ricardo Andino (Cavera) entre otros). En esta línea se expresaba Claudio Cesario, presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA): “Apoyamos las medidas que está tomando el Gobierno. Acudir al FMI es razonable para nosotros y así lo han hecho otros países de la región”. Lo secundaba Manuel Aguirre, representante de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos (Amcham): “No se revisa ningún plan de inversión. Las casas matrices tomaron positivamente el inicio de conversaciones con el FMI. Es un seguro en el marco de la necesidad de financiamiento del país”. (LN 17/5). Es de resaltar cómo son los sectores de la burguesía mas extranjerizada, y hasta cuadros directos de capitales extranjeros, los que salen dar mayor apoyo a las medidas tomadas por Cambiemos.

Distintos sectores se distanciaban de la medida. Por un lado, el gobernador de Córdoba mantenía la postura de lavarse las manos y desentenderse por los destinos del país. Decía Schiaretti: “El acuerdo con el FMI no precisa pasar por el Congreso de la Nación ni requiere del apoyo nuestro. Es una decisión del gobierno nacional, que tiene la facultad para implementarlo y que también es responsable de las consecuencias que tiene ese acuerdo” (LN 17/5). El sector más destacado que atacó la vuelta al fondo, como viene sucediento, fue el movimiento obrero organizado. Hasta el triunviro más dialoguista, Héctor Daer, frente a un plenario de delegados de Sanidad aseguraba que “les propusimos (al gobierno) que convoquen a los líderes parlamentarios para debatir y encontrar salidas y alternativas entre todos. Sin embargo decidieron ir a tocarle la puerta al peor de todos, al FMI. Lo que viene ahora es el ajuste”. El canillita Omar Plaini precisaba: “El FMI ya está entre nosotros. El año pasado recomendó las reformas previsional, tributaria y laboral. Lo hicieron sin préstamo de por medio. Entonces ahora será peor. (…) Esto es volver a lo peor del pasado. Es una gran mentira”. Sergio Palazzo, de La Bancaria, agregaba: “La salida que busca el Gobierno es por el lado del FMI y todos sabemos los condicionamientos que pone ese organismo cada vez que presta plata; reforma laboral, ajuste y nada nuevo”. Por último, el líder camionero Pablo Moyano opinaba que el gobierno de Macri “repite la misma receta de los años noventa cuando se pedían créditos en contra del pueblo argentino. (…) Benefició a los que más ganan, o nos olvidamos que este gobierno, ni bien asumió, bajó las retenciones al campo, benefició a los bancos porque no tocaron la renta financiera, y les sacaron las retenciones a las mineras” (P12 9/5).

Las plumas del cipayismo se aprestaron a justificar la decisión de recurrir al FMI. Joaquín Morales Solá fue de los primeros en servir argumentos: “Era el Fondo o una crisis mayor. (…) En un momento de claro enojo de la sociedad con la política en general, son los legisladores las primeras víctimas de ese fastidio. El propio gobierno deberá aprender las lecciones del conflicto” (LN 9/5).

Sin embargo, los poderes fácticos no ocultaban información buena a los inversores internacionales. El reconocido Washington Post realizaba un análisis sobre la situación de estas pampas y concluía: “La Argentina se queda con tasas de interés que son demasiado elevadas para que su economía crezca de algún modo. Es una trampa sin salida: la única manera de salvar a su economía del pánico por el peso es destruirla con tasas de interés tremendamente elevadas” (LN 13/5).

Las calificadoras internacionales Fitch y Moody’s daban un informe sobre argentina. Fitch indicaba: “Los hechos recientes han resaltado la vulnerabilidad de la estrategia de política actual”, mientras mantenía en “B” la calificación de la deuda en moneda extranjera de largo plazo emitida por Argentina, al tiempo que rebajaba la perspectiva para esos pasivos de “positiva” a “estable” (P12 5/5). Continuando, Moodys afirmaba: “La debilidad del peso refleja una creciente percepción de riesgo de los activos argentinos y un desarrollo crediticio negativo para el país, que descansa en los flujos de fondos para financiar un déficit grande y en crecimiento” (CR 7/5). Por si las usinas de pensamiento imperialistas no eran del todo claras, la revista Forbes, especialista en el mundo de los negocios, sentenciaba: “Puede que sea momento de salir de la Argentina. (…) Todos creían en el gobierno de Mauricio Macri. Él estaba haciendo lo correcto. La Argentina iba a regresar, y de hecho ya estaba regresando a los mercados de capitales, pero la recepción ahora se está enfriando. (…) El equipo económico de Argentina parece perdido”. Y cerraban el artículo diciendo: “Es hora de salir de Argentina y salir corriendo” (LN 3/5).

Como fuimos viendo a lo largo de todo el Análisis…, la necesidad de los grandes capitales de acelerar el proceso confiscatorio en Argentina está dado por la agudización de la crisis a nivel mundial y el recrudecimiento de la lucha inter-imperialista. Traducido a la política local. El fin del supuesto “gradualismo”, presentado como la demanda de los grandes capitales internacionales para que se acelere el proceso de reformas estructurales y el ajuste, necesario para el retorno y apalancamientos de ellos mismos, pone, tendencialmente, en jaque a la Alianza Cambiemos.

La agudización de la crisis obligaba a Cambiemos a “salir para adelante”, retomando y profundizando su plan de reformas. El 1ro de mayo, día del trabajador, Cambiemos ingresaba por Senadores el proyecto de reforma laboral. Los ejes son:

·     Blanqueo laboral (los empresarios que registren trabajadores serán beneficiados con la extinción de la acción penal y liberación de las infracciones, multas y sanciones. El trabajador que es blanqueado deberá “renunciar a toda acción y derecho” contra su empleador).

·     Pasantías (propone un “Sistema de Prácticas Formativas” para estudiantes mayores de 18 años. A cambio, recibirán un “estímulo”, es decir, pago no remunerativo).

·     Salud (se crea la Agencia de Evaluación de Tecnologías de Salud (AGNET), cuyo objetivo explícito es reducir la litigiosidad para las obras sociales).

·     Indemnizaciones (el Gobierno propone excluir del cálculo indemnizatorio “el sueldo anual complementario, los premios y/o bonificaciones, y toda compensación y/o reconocimiento de gastos que el empleador efectúe hacia el trabajador”).

·     Fondo de Cese Laboral en reemplazo de la indemnización (ruptura de la ley de contratos de trabajo por una forma más económica para la patronal, dando una pérdida de más del 40% para el trabajador).

Entre gallos y medianoche, los principales problemas aparecían en la letra chica del proyecto (P12 2/5). Apuraba las reformas haciendo caso a los grandes capitales, en parte para hacerse de su apoyo en medio de la crisis política abierta por la vuelta al Fondo.

Sin perder el tiempo, la gran burguesía argentina salía a respaldar la profundización del ajuste. Desde la Cámara Argentina de la Construcción, su presidente, Gustavo Weiss, decía: “El nuevo cálculo de las indemnizaciones es positivo, lo vamos a apoyar fuertemente” (LN 8/5). La Cámara Argentina de Comercio y Servicios, expresaba el “apoyo general al proceso de transformación iniciado por el Gobierno” (LN 3/5). El mismo día, la intelectualidad oligárquica, en la pluma de La Nación, editorializaba reclamando por el rechazo al proyecto de Ley de Mercado de Capitales y exigiendo su urgente aprobación: “No se dimensiona debidamente el daño ocasionado por esta postergación. (…) La sanción de esta ley puede ser considerada una condición para que entidades internacionales recalifiquen a la Argentina. (…) Esto posibilitaría el acceso a condiciones de financiamiento sustancialmente mejores para la tan necesaria inversión directa. (…) La fuerte demanda de dólares de las últimas semanas obligó a elevar incluso más esas tasas. (…) Con más razón, en este escenario se plantea la urgencia de dar mayor eficiencia al mercado de capitales” (LN 5/3). La adhesión de la alta burguesía seguía llegando. Desde la Asociación Empresaria Argentina (AEA), su presidente, Jaime Campos, vaticinaba: “Esta es una crisis que se va a superar y el país va a salir fortalecido, porque una vez que se sale, se sale bien”. Sobre el inicio de conversaciones con el FMI, decia que “iniciar conversaciones con el Fondo nos lleva a situaciones del pasado que generan resquemores en la población. Y Cristiano Rattazzi, presidente de FCA, afirmó que está “muy satisfecho con la decisión de recurrir al FMI”. En ese sentido, el industrial señalaba: “Mi miedo es que el dólar vuelva para atrás demasiado rápidamente” y afirmó estar cómodo con un dólar a $26 (CR 16/5).

A pesar de ello, la fractura al interior de la burguesía iba asomando. La unión industrial argentina (UIA) reunía a sus representantes regionales y sectoriales para debatir sobre la situación económica. Los mismos manifestaban la necesidad de retomar una agenda activa que impulse la actividad productiva e industrial. Los industriales del interior se mostraban preocupados por el aumento en las tasas de financiamiento, la eliminación de líneas de crédito y el aumento de costos en algunas regiones del país. El presidente de Arcor, Luis Pagani, era categórico: “No hay plan económico” (CR 16/5. Subrayado nuestro).

En este marco, las líneas al interior de la alianza Cambiemos se iban reconfigurando. La disputa a su interior daba como resultado la salida del presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, rumoreándose una disputa interna con Marcos Peña y Jaime Durán Barba (P12 29/4). Casi 15 días después, la “mesa chica” de la Alianza Cambiemos se reconfiguraba y Mauricio Macri incorporaba al desplazado Monzó, más el ministro de Interior, Rogelio Frigerio. La Misma quedaba, según el diario de la oligarquía, con los dos ya nombrados, más el jefe de Gabinete, Marcos Peña Brown, la gobernadora María Eugenia Vidal y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta (LN 15/5). La agudización de la crisis económica empujaba al núcleo del macrismo a darle mayor relevancia a sus aliados, incorporando a la toma de decisiones al radicalismo y así “repartir” responsabilidades. La “Mesa Nacional” de la Alianza Cambiemos se juntaba en Córdoba. La misma era comandada por el jefe de Gabinete. La incorporación del radicalismo al núcleo de funcionamiento facilitaba la devolución de gentilezas del presidente de la UCR y Gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo: “Los tres partidos vamos a rechazar el proyecto (contra tarifario), que tiene un costo fiscal para la argentina de más de 200.000 millones. Estamos haciendo un esfuerzo para ir hacia una economía más sana. Ratificamos el rumbo económico y social” (LN 8/5).

De esta manera, la reconfigurada alianza Cambiemos, ante el vendaval que se cernía sobre sí, intentaba “salir para adelante”. La necesidad oligárquica de avanzar en el proceso de reformas estructurales y ajuste seguía en pie. Mauricio Macri, de la mano con el Radical Alfredo Cornejo, afirmaba: “Queremos un futuro mejor para todos. Por eso tenemos que creer en lo que estamos haciendo. Esto va en serio, por este camino vamos hacia un futuro mejor para todos los argentinos” (LN 10/5).

El mismo día, Cambiemos, con el apoyo del Peronismo no Kirchnerista, aprobaba en diputados la ley de financiamiento productivo, como gesto hacia la economía “real” y las pymes. Sim embargo, los 3 ejes de la misma eran: más herramientas para el financiamiento de las pymes, securitización de los créditos hipotecarios (es decir, permite la venta de los derechos sobre hipotecas, permitiendo la especulación con las mismas y la venta de ellas ante cortes en la cadena de pagos) y cambios en las facultades de la Comisión Nacional de Valores (CNV) (LN 10/5). Lo central de la ley, más allá de la línea de crédito que abre para las pymes, y que permitió obtener apoyo de esas capas, se enfoca en “relajar” controles regulatorios y permitir nuevos instrumentos financieros para la especulación, como las letras hipotecarias y derivados. La promoción de la especulación financiera vuelve a mostrarse como rasgo característico de la etapa y de Cambiemos en particular, preparando el panorama para neuvas y peores crisis.

El mes de mayo trascurrió como uno de los mas críticos para el Gobierno. Será recordado como el mes donde las mal llamadas “fuerzas del mercado”, que no son ni más ni menos que lo que hemos visto repetidamente como las 147 corporaciones económicas que manejan más del 50% de la economía mundial, pusieron límites al programa “gradualista” de Cambiemos, a través de la corrida bancaria que se extendió durante todo el mes. Los acuerdos con el Fondo son el reaseguro que necesitan las enloquecidas fuerzas del mercado para asegurarse el cumplimiento de las medidas de ajuste; lo cual acelera la dependencia, pero también empuja a la unidad a todos los sectores que quedan objetivamente enfrentados al imperialismo.

Esto se cristalizaba en que, al cierre de esta edición, estaba a punto de recibir una nueva derrota en legislativa, si es que los Senadores aprobaban el freno a los tarifazos. Dejando a Cambiemos al borde de un nuevo veto presidencial, como se dio en la llamada “ley de emergencia laboral”.

El fin del gradualismo acelera la necesaria constitución de dos bloques de fuerzas que se aprestan a enfrentamientos de mayor envergadura.

Crisis de la superestructura y necesidad de alternativas

En este marco, como venimos viendo desde los hechos ocurridos el 14 y 18 de diciembre, las encuestas seguían dando cuenta del desgranamiento de Cambiemos y la pérdida de confianza de la sociedad.

La consultora D’Alessio IROL/Berensztein publicaba su encuesta de Monitor del Humor Social y Político, levantada por el Diario La Nación, anoticiando: “Desde diciembre pasado crece en la sociedad una visión crítica de la gestión, que comienza a superar la brecha que divide a macristas de kirchneristas”. Pasando a dar porcentajes sobre los mismos: “Un 53% de los encuestados califica como mala a la gestión. (…) Se siente cada vez más entre quienes votaron en 2015 por el Presidente, al punto que uno de cada cuatro de ellos hoy considera que la gestión es mala o muy mala, cuando en octubre pasado un 93% la señalaba como buena o muy buena”. Este dato es de resaltar, ya que muestra a las claras la fractura en la base electoral del propio macrismo. “Del mes de abril se observa una creciente opinión crítica del núcleo duro de votantes de la coalición oficialista respecto de la gestión del gobierno”, advertía, en esa línea, Sergio Berensztein (LN 2/5).

Desde un posicionamiento distante, el encuestador predilecto de Pagina 12, Roberto Bacman, decia: “La percepción ampliamente mayoritaria es que el gobierno no es verdaderamente consciente de los problems que vive la gente”, y continuaba dando porcentajes: “El 62,7 por ciento opina mal o muy mal del mandatario y sólo el 35,7 opina bien o muy bien; (…) es la más baja opinión positiva desde que empezó su mandato y la más alta opinión negativa desde diciembre de 2015”. Y específicamente sobre las implicancias del acercamiento al FMI, indicaba: “Cerca de ocho de cada diez argentinos consideran que la decisión del gobierno de recurrir al FMI para obtener un nuevo crédito stand-by es abiertamente negativa para el país; (…) tres de cada cuatro consultados, tiene poca o ninguna confianza en el equipo económico” (P12 13/5). Desde múltiples vertientes, llegaban a la misma conclusión: la caída estrepitosa de Cambiemos y la pérdida de consenso social, en especial al interior de sus filas, quedaba manifiesta.

Pero los cambios en la opinión pública no se limitaban a Macri. El diario de la Oligarquía indicaba que “el efecto de la ‘turbulencia cambiaria’ impactó sobre la figura del Presidente y el resto de los integrantes de Cambiemos, incluida la gobernadora María Eugenia Vidal. (…) También sobre prácticamente todos los opositores, con una excepción: la expresidenta Cristina Kirchner, que subió de 30% a 32%. (…) La caída no se traslada en la misma proporción cuando se pregunta si votaría a Macri. Ahí la baja no fue tan abrupta: el Presidente aún conserva un 42% de adhesión” (LN 20/5). De esto podemos destacar algunos rasgos. Por un lado, la estrategia de “proteger” a María Eugenia Vidal, como posible relevo político electoral de Mauricio Macri, también va esmerilándose. A su vez, el dato que indica que en la caída generalizada de la imagen de los principales referentes políticos se exceptúa a la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner da muestras de que una gran parte de la sociedad continúa reivindicando −a pesar de las múltiples falencias que se enuncien− su consecuencia en el enfrentamiento contra la oligarquía y el imperialismo. Por último, y principalmente, es de resaltar que la “caída de imagen” o “rechazo a”, es decir, la expresión por la negativa, la negación de lo que “está mal”, no se traduce mecánicamente en la expresión “por la positiva” o en la afirmación de otro tipo de proyecto. Podríamos decir, entonces, que si bien la caída de la Alianza Cambiemos es estrepitosa, no hay otro proyecto en pugna que pueda capitalizar ese rechazo. Solamente una parte del mismo se afirma en el kirchnerismo. Nuevamente, la crisis del régimen político y de los partidos políticos clásicos, asentada en el proceso de concentración y centralización del capital, que confisca a amplias capas y fracciones de las clases, como hemos visto mes a mes, hace implotar toda la superestructura política. A simple vista, podría verse una amplia fracción de la sociedad que no se encuentra representada en ninguna fuerza política electoral. Recordemos que en las últimas elecciones legislativas de 2017 la sumatorio entre el abstencionismo y el voto en blanco superó más del 20% del padrón electoral. A su vez, podríamos tener en cuenta que, si bien no lo podemos numerar, es ampliamente conocido el famoso “voto útil”, “votar por el menos malo”, etc. Es decir, las repetidas encuestas, muestran claramente dos fuerzas beligerantes de peso, como la Alianza Cambiemos y el Peronismo-Kirchnerismo; pero una gran porción de la sociedad, tanto dentro como fuera de esas representaciones, hace tiempo que viene “buscando otra cosa”.

“El estado inviable” y la estrategia oligárquica

En este marco, las pumas oligárquicas se aprestaron a preparar la artillería ideológica para enfrentar el embate. Dos notas de opinión del periodista partícipe en el “Operativo Independencia” en el monte tucumano en 1975 contra la guerrilla del ERP, Joaquín Morales Sola, más una editorial, son suficientes para reconocer el punto de vista y la estrategia oligárquica.

El domingo 6 de mayo, en medio de la corrida cambiaria, Morales Solá titulaba: “¿Macri está débil o está fuerte?”. Y pasaba a analizar las causas de la corrida, según su óptica: “La crisis argentina (…) no se explica solo por el fortalecimiento mundial del dólar. (…) Hay una parte de la crisis que se explica por dos razones internas. (…) Gradualismo demasiado gradual. (…) Debería cambiar también la relación de su gobierno con la sociedad. La administración no explicó nunca para qué es necesario que las tarifas tengan un valor real” (LN 6/5). El proceso de fortalecimiento del dólar, elevación de la tasas de intereses de la Reserva Federal Estadounidense mediante, según la visión oligárquica, no era la única razón de la “corrida” por parte del mercado, la misma tenía un condimento más, el cual era el “gradualismo demasiado gradual”, es decir, no haber sido suficientemente veloz en la aplicación de las reformas pro-mercardo que garantizan los intereses de los sectores mas concentrados. Por otro, la incapacidad de la alianza Cambiemos de defender y comunicar, adecuadamente, “lo necesario”, como el aumento desmedido de las tarifas, la corrida financiera, o el “inicio de conversaciones” con el FMI, aparece como un “tirón de orejas” del núcleo político ideológico oligárquico para con sus representantes en el Gobierno CEO. Así, la intensificación la una lucha político-ideológica en toda la línea, que defienda la aplicación y aceleración del supuesto “gradualismo permanente”, aparece como necesidad del sustento de Cambiemos.

Exactamente una semana después, cuando la “encerrona” de los mercados se vislumbraba nítida, nuevamente, la pluma de Morales Sola volvía a cargar: “El sistema financiero internacional y la sociedad argentina coinciden en algo. (…) Desconfían del sistema político argentino. (…) Una amplia mayoría de la sociedad argentina muestra signos evidentes de enojo con todos los dirigentes políticos, no importa si están dentro o fuera del Gobierno. (…) En ese contexto, comenzó a regir el 25 del mes pasado el impuesto para extranjeros a la renta financiera, sobre todo de las Lebac. (…) Fue un castigo al banquero cuando se necesitaba al banco” (LN 13/5). La viabilidad de un proyecto político económico de la Alianza Cambiemos, que empieza a toparse, de a poco, con las consecuencias de su propio programa y la resistencia del conjunto del pueblo acaudillado por la clase obrera, suscita la desconfianza de la oligarquía local y el capital financiero internacional sobre su sustentabilidad.

No obstante, la esencia de esta desconfianza no radica en el actual gobierno. Sino que se hunde en los pantanos de la crisis y descomposición de su propia hegemonía como clase dominante. Como hemos visto en meses anteriores, la reconfiguración de un movimiento nacional, a partir del 14 y 18 de diciembre, y la voluntad de la clase obrera de enfrentar a la alianza Cambiemos, encendía las luces rojas de la oligarquía. Por otro lado, el impuesto a los extranjeros sobre la renta financiera, pactado por Cambiemos con otras fuerzas políticas como “cambio de favores” por el apoyo a la reforma previsional, aparece, entre otros factores, como el “detonante” de la corrida financiera y la voluntad, por parte de los grandes capitales financieros que sostuvieron el “gradualismo”, de ponerle fin. Así, el FMI llega como la última línea de sustento del apalancamiento financiero internacional, que da sustento a Cambiemos, en el marco de avanzar sobre el proceso de entrega y recrudecimiento del ajuste, represión mediante.

El diario de la oligarquía era claro. Censuraba el gradualismo no por lentitud, sino por falta de principios. ¿Cómo querer sostener la gobernabilidad cobrando impuestos al capital financiero? ¿Cómo no prepararse para sostenerse aplicando el bestial ajuste que necesita el capital financiero internacional?

Para finalizar, el mismo domingo en el que Joaquín Morales Solá narraba los últimos sucesos y razones de la corrida bancaria y el acercamiento al FMI, la editorial de La Nación no sólo ahondaba el análisis, sino que trazaba las líneas principales de acción y toda la batería ideológica necesaria para aplicarlo. El mismo se titulaba: “El Estado inviable”, y continuaba: “La presente crisis es una oportunidad para preguntarnos si podemos seguir teniendo un sector público que gasta mucho más de lo que recauda. (…) Un tercio de la economía está en negro. (…) La suma de empleados públicos en sólo 13 años ha saltado de unos 2.300.000 a unos 4.200.000. Casi el doble. (…) Suman alrededor de 20 millones las personas que todos los meses reciben alguna remuneración o prestación económica de alguna clase por parte del Estado. (…) Constituye una oportunidad imperdible (…) de preguntarnos entre todos de una buena vez si vamos a continuar con un Estado inviable y en un país en el que se gasta y se consume más de lo que se produce. (…) Un Estado enviciado en sumo grado no se aguanta a la larga. (…) El Gobierno ha perdido la oportunidad. (…) Pero la sociedad no puede seguir ignorando lo que es una evidencia a riesgo de sufrir más daños en su progreso. Y, sobre todo, el futuro de sus hijos” (LN 13/5).

Es de resaltar cómo constantemente las usinas de pensamiento oligárquico, pero en especial, la pluma de La Nación, achaca sobre las inconsecuencias del movimiento nacional, es decir, sobre la tendencia al oportunismo que reina en el movimiento. La denuncia sobre la inviabilidad del Estado, tanto en su órbita nacional, provincial, como municipal, especialmente, por el crecimiento excesivo de la fuerza de trabajo absorbida por él, sería la justificación precisa para tomar medidas de ajuste sobre las áreas denunciadas, llamando a la “responsabilidad social”, a la “toma de conciencia”, por parte de la gente, de la necesidad objetiva de aceptar las medidas que promueve la usina oligárquica. De este modo, tanto el análisis como las propuestas de medidas por la oligarquía parecieran las necesarias y correctas. Pero, como hemos visto a lo largo del presente númerto, las mismas no son ni más ni menos que la promoción de sus intereses. Como vimos en los artículos 1 y 2, la crisis estructural que viven las economías capitalistas centrales, sumada a la guerra económica emprendida contra China, la derrota sufrida en Siria a manos de la república árabe y su aliado ruso, el acercamiento de posiciones entre las dos coreas con exclusión de Estado Unidos y la victoria estratégica de Nicolás Maduro en la Venezuela bolivariana, ahondaron la incapacidad del imperialismo de presentarse como un sujeto con capacidad de integración y orden para el mundo.

Por lo cual, el recrudecimiento de las condiciones que impone el capital financiero internacional a sus socios locales −en este caso representados a través de la Alianza Cambiemos− se expresó con el “tirón de orejas”, a través de la violenta corrida financiera. De este modo, el posicionamiento de los grandes capitales, insatisfechos tanto por algunas de las medidas que ha tenido que consensuar la Alianza Cambiemos, como por “lo gradual del gradualismo”, se mostró como el límite que el imperialismo impone a sus socios locales. El recrudecimiento de las medidas de carácter liberal –junto con las de corte represivo para “meter en caja” la protesta social− son las condiciones que, a las claras, necesita el capital financiero internacional.

En este marco, la oligarquía local se apresta en entregarse en “cuerpo y alma” a las demandas imperiales. El desguace del Estado-nación, con eje en el despido de la fuerza de trabajo empleada y la desarticulación de las estructuras provincial y municipal, es la moneda de cambio necesaria para pagar las deudas contraídas. Como no nos cansamos de repetir en todo el Análisis…, para pasar a una nueva etapa, que garantice la explotación capitalista en un nuevo grado de la concentración, el capital debe deshacerse de los Estados que constituyó en los inicios de la etapa de dominación burguesa. No obstante, la tendencia a esta superación se ve limitada por el carácter de clase conlleva bajo el capitalismo. Puesto que la lógica de la competencia cada vez más feroz entre capitales, intrínseca a este modo de producción, hace imposible la eliminación de los Estados-nación como expresiones de esas mismas facciones en pugna continua por las ganancias.

También debemos decir que, a pesar de las intenciones detrás de los análisis de la oligarquía, sus argumentos toman fuerza porque golpean sobre los límites de las concepciones dominantes al interior del campo nacional y popular, que históricamente utilizó la expansión del empleo público como forma de mitigar la desocupación estructural (el aumento de la población sobrante generado por el necesario aumento de la composición orgánica del capital), sin nunca organizar una fuerza que pueda superar esa contradicción.

Creemos también que las frustraciones, producto de las limitaciones e inconsecuencias propias, son parte del proceso necesario para que la clase trabajadora se desembarace de esas concepciones. De este modo, el mes de mayo se inscribió en la seguidilla decadente emprendida por Cambiemos de diciembre a este parte.

Avances y corcoveos sobre el Poder Judicial

Como venimos viendo mes a mes, la profundización del programa CEO requiere del avance sobre las diferentes órbitas del Estado-nación, en este caso, el Poder Judicial. Así, la alianza Cambiemos avanzaba en su objetivo de vaciar la Cámara Federal y poblarla con jueces orgánicos a su proyecto. Frente a las presiones del oficialismo, tras firmar un fallo que benefició a Cristóbal López y a Fabián de Sousa, pedía licencia “por problemas cardíacos” el camarista Jorge Ballestero, denunciado en el Consejo de la Magistratura por su patrimonio. Es de recordar que Ballestero firmó la sentencia sobre la deuda de Oil Combustibles por la que el propio Mauricio Macri había hecho públicas sus críticas. De este modo, de los seis cargos que tiene la Cámara, sólo dos están cubiertos: uno, por el presidente del tribunal, Martín Irurzun, de buena relación con el Poder Ejecutivo; el otro, por Leopoldo Bruglia, un juez que viene de un tribunal oral federal designado por medio de un traslado, por impulso de Cambiemos, sin acuerdo del Senado (P12 26/4). De esta manera, Cambiemos aceleraba el proceso de “purificación judicial” a partir de una fuerte demanda social de dotar de mayor transparencia a la Justicia que, como vienen mostrando todas las encuestas, descendió al último puesto sobre imagen institucional. Como vimos anteriormente, parte de la estrategia oligárquica se apoya en el descontento generalizado con el orden social vigente, en este caso, con el Poder Judicial, para intentar encauzarlo a favor de las reformas estructurales que necesita emprender.

A pesar del plan de Cambiemos de reconfigurar este poder a imagen y semejanza de las necesidades de los grupos económicos más concentrados, todavía algunos estratos de la Justicia se escindían de las necesidades judiciales del Ejecutivo y le traían dolores de cabeza, en este caso, la judializacion del tarifazo. Por lo cual, el ministro de justicia, German Garavano, intervenía: “La facultad de fijar las tarifas es del Poder Ejecutivo. El Legislativo solo podría fijar pautas y el Judicial, verificar sólo que se han cumplido esos procedimientos. No hay margen para amparos” (LN 12/5). Pero los díscolos al interior de uno de los poderes más reaccionarios de la Argentina volvían a aparecer. El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, aceptaba un amparo colectivo y ordenaba a las distribuidoras de gas “abstenerse” de aplicar cortes o suspensiones en el servicio como consecuencia de la falta de pago por parte de los usuarios (CR 15/5). La decisión era tomada a partir de un amparo presentado por la Asociación de Consumidores Argentinos. El presidente de la entidad, Sergio Prosell, denunciaba: “Lo que cuestionamos es que si el Gobierno fija los precios de las tarifas tiene que convocar a audiencia. Y no lo hizo, al argumentar que los precios los fijaba el mercado” (LN 22/5).

Es de resaltar cómo pareciera ser que el margen de acuerdo entre el Gobierno y los jueces se va reduciendo de a poco solamente a la Corte Suprema de Justicia. Es decir, como hemos visto meses anteriores, diferentes expresiones del Poder Judicial, representados en entidades corporativas de la misma, como la Asociación de Magistrados, o la recientemente creada Asociación de Jueces Federales, se expresaban contrarias al proyecto de reforma judicial presentado por Cambiemos, a pesar de un grado de beneplácito de la entidad máxima del PJN, como es su Corte suprema. Nuevamente, el proceso de centralización y concentración económica va arrasando las categorías constituyentes de los poderes del Estado, permitiendo, en tendencia, solamente incorporar al proyecto oligárquico, no al conjunto del del Poder Judicial, sino, solo a su cúpula, haciendo detonar una lucha facciosa al interior del mismo. El caso nos sirve de ejemplo que muestra cómo la fase a la cual ha llegado el capitalismo supone un proceso de confiscación que golpea no sólo sobre los históricos grupos subalternos, sea la clase trabajadora o la pequeña burguesía representada por profesionales o pequeños comerciantes e industriales, sino que pasa a confiscar a capas y fracciones superiores de la misma burguesía.

Fuerzas de seguridad: ¿posible fractura?

Otra expresión de la crisis que vive el orden oligárquico, que viene asomando tímidamente pero de manera sistemática, se da en las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Como viene ocurriendo desde la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, pasando por perdida del Ara San Juan y la desaparición de sus 44 tripulantes, hasta la reconfiguración del conjunto de la cúpula de las Fuerzas Armadas, la crisis económica y la aceleración de las contradicciones a escala nacional no dejaban exentas a estas fuerzas.

En este marco, el jefe de la policía bonaerense, Fabián Perroni, daba las siguientes declaraciones en Radio La Red: “La pobreza y la exclusión llevan a que muchas personas salgan a robar. (…) Hay gente que delinque por primera vez, pero por una necesidad, la de un apremio económico. (…) La violencia permanente de los delincuentes es producto de la droga, y hay una situación social que hace que una persona que tenga necesidad de comer delinca”. Inmediatamente, el ministro de seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, salía a poner paños fríos: “Perroni es parte de esta gestión. (…) Su respuesta no fue clara al referirse a décadas de marginalidad y de falta de voluntad del Estado para enfrentar a las mafias, pero sí está claro su gran compromiso con este gobierno para producir un cambio profundo de esta situación” (LN 3/5). Lejos de ser una anécdota puntual, los dichos del jefe de la policía mostraban como el Estado, en tanto organización de la clase dominante para manetener su hegemonía, reprimiendo a las clases subalternas, perdía consistencia por el nivel de crisis que vive la estructura. La profundidad de la lucha interburguesa hace colapsar la junta de negocios que permite a la gran burguesía organizar a las distintas capas de su clase, abriendo paso a las ideas de las clases dominadas, transformando diversos ámbitos, otrora monolíticos, en campos en disputa.

Hay que pensar además que en diversos sectores de las Fuerzas Armadas o de Seguridad hace tiempo que vienen ingresando elementos de la clase trabajadora y demás grupos subalternos, quebrando esa cohesión ideológica y cultural interna, hecho profundizado por el marco social donde estas mismas fuerzas viven y socializan, haciéndose sentir la influencia de la clase trabajadora y demás capas del pueblo sobre las mismas. Es decir, muchos de los que hoy componen esas fuerzas son primer camada familiar en incorporarse a las mismas, siendo sus padres, hermanos, amigos y demás relaciones componentes de la clase trabajadora u otro grupo subalterno; por lo cual, las tensiones al interior de la fuerza −que ve a sus relaciones más allegadas ser golpeados por el proceso que inició Cambiemos, y hasta ellos mismos afectados por el mismo, sea por la caída salarial o por el tarifazo− preanuncian la profundización de la crisis institucional del estado oligárquico.

Preparando para frenar el levantamiento Popular

Continuando con la línea de desarrollo, a pesar de que el “tren” de Cambiemos iba destartalándose en el camino, la intensificación de la política represiva continuaba. La presentación en la feria del libro del documental “Será venganza”, de Andrés Paternostro, traía cola. La película recogía, entre otros, testimonios de parientes de presos condenados de ser partícipes del terrorismo de Estado, según el diario La Nación, “con una visión no necesariamente idéntica a la que proclaman las más notorias de las organizaciones de derechos humanos y los voceros, algo maduros ya, de la ‘juventud maravillosa’” (LN 4/5). El documental buscaba retomar la teoría oligárquica de “los dos demonios”, tratando de disputar la concepción y visión de lo que fue el Terrorismo de Estado en la última dictadura cívico-militar argentina. La presentación del mismo fue levantada, ante la ola de rechazos, lo cual no quita la intencionalidad de las fuerzas pro-oligárquicas de disputar, en este caso, en el plano ideológico-cultural el contenido sobre los años 70 y buscar crear base de apoyos para la nueva etapa que se les presenta.

En esa misma línea, la oligarquía impulsaba una movilización contra la despenalización del aborto, diagramada por las organizaciones “Marcha por la Vida” y “+VIDA”. Según indicaron los organizadores a LA NACIÓN, la marcha congregó a 350.000 personas en Buenos Aires y a 3,6 millones en todo el país. Claramente, por las imágenes que se podían ver, las mismas mostraban una concurrencia muy lejana a los números que se daban, pero ello no implica desestimar cómo la derecha oligárquica comienza a movilizarse y a disputar la ocupación callejera, en el plano de todo lo que hace a la vida de la sociedad civil, posicionándose abiertamente frente a la conflictividad de género que venimos viendo desde hace meses; desde las movilizaciones por “Ni una menos”, el paro de mujeres, y, especialmente, la lucha por la despenalización del aborto. Es decir, la oligarquía tiene estrategia para cada ámbito de la vida social, intentando imponer sus intereses y presentando a estos como universales de cara al conjunto de la sociedad. En este plano, si bien el interés oligárquico más estrecho, asociado a su reproducción económica, aparece más mediado, es claro que en la disputa por el derecho al aborto y, más en general, sobre el problema de género, las intereses de clase quedaron de manifiesto. Por otro lado, es de resaltar el intento, de manera soterrada, de movilizar a los sectores pro-oligárquicos en pos de disputar el control territorial, o lo que se llama el “control de la calle”. Es decir, partir de una lucha parcial para generalizarla y así constituir su interés parcial como el interés colectivo, movilizando a su base social en función de sostener e imponer sus intereses sobre el tema. La preparación de una masa funcional y orgánica a la oligarquía, dispuesta a confrontar en el espacio público, viene siendo una de las preparaciones principales de la estrategia oligárquica.

Con estos hechos de fondo, el debate sobre la política de Seguridad seguía en ascenso. Mauricio Macri reunió a los ministros de Defensa y Seguridad, a la cúpula política de ambas carteras y a los jefes de las distintas fuerzas. El objetivo era coordinar políticas nacionales, internacionales e involucrar de manera circular y directa a la Casa Rosada en el funcionamiento de los ministerios. Néstor Roncaglia, de la Policía Federal, expresaba su visión de cómo transformar la PFA en una fuerza similar a FBI gringo. Gerardo Otero, el titular de la Gendarmería Nacional planteó que las restricciones presupuestarias de su fuerza, muy sobrecargada por el combate al delito, eran muy altas. Alejandro Izcovitch, de la PSA, planteaba el desafío que representaba el aumento de aeropuertos y vuelos internacionales.

Marcos Peña Brown y el secretario de Estado yanqui, Mike Pompeo, hablaron de la reforma en ese ámbito, donde buscarán establecer una fuerte unidad entre las tres ramas de las Fuerzas Armadas, dándole más atributos al Estado Mayor Conjunto, cambiando la Ley Nacional sobre Seguridad Interior e involucrando cada vez más apoyo logístico a una serie de actividades para combatir el llamado crimen organizado, por aire, tierra, agua y el ciberespacio, según el diario de la Corneta (CL 25/4). Al día siguiente, Estados Unidos, discrecionalmente, evaluaba la situación del narcotráfico en Argentina. Un documento de autoría de Washington establecía que los mismos podían imponer sanciones a los Estados que no cumplan los mínimos parámetros aceptados en este tema por los funcionarios norteamericanos. El informe resaltaba que los gobiernos de la Argentina y de los Estados Unidos han alcanzado “un significativo fortalecimiento de la cooperación” frente al narcotráfico. Se destacó, particularmente, que “el Ministerio de Seguridad empezó a adoptar los mejores modelos de los Estados Unidos” y se resaltó el empuje dado a la “coordinación de tareas entre las fuerzas federales y provinciales” (LN 26/4).

Cerrando el proceso, durante un almuerzo en el Club Rotary de Buenos Aires, nuevamente, la etílica ministra de Seguridad reivindicaba su gestión y afirmaba el respaldo a las fuerzas policiales. La misma decia: “Encontré un malestar muy importante en las fuerzas por una situación de uso y maltrato. (…) Cada vez que un agente cumplía con su deber terminaba siendo el victimario y no la víctima. (…) No hay más sometimiento de las fuerzas de seguridad, ni a la Justicia, ni a la política”. La Ministra resaltó la muerte de Santiago Maldonado como “un punto de inflexión” en la estrategia del Ministerio: “Nos mantuvimos en una línea y sostuvimos a Gendarmería cuando no era lo políticamente correcto. (…) En Cambiemos tenemos que entender que acá no estamos discutiendo la política, las tarifas o la economía. (…) ¡Estamos discutiendo el poder! Y si el poder cambia, cambia también la Argentina”. Y atando su relato a la visión histórica oligárquica del país, la ministra cerraba: “Cambiemos tiene que estar unido porque la división es el triunfo de una profecía autocumplida que viene de 1930. Porque no terminaron el gobierno de Yrigoyen, Frondizi, Illia, Alfonsín y De la Rúa y eso no es una casualidad sino una regularidad” (P12 10/5). Así, la visión de uno de los cuadros más descompuestos pero consecuentes de la oligárquica, con profundos vínculos con los servicios de inteligencia tanto estadounidense como israelíes (el esposo de la ministra, el intelectual y lobbista sionista, Guillermo Yanco, es reconocidamente funcionario del Mossad israelí), quedaba expresada a sus anchas. No dudaría en reprimir más alla de lo que diga “la justicia y la política”.

Como vimos a lo largo del apartado, la centralización de las fuerzas tanto de seguridad como armadas tienen un doble carácter. Por un lado, el achicamiento del presupuesto derivado de la necesidad de ajuste del Estado, por otro, su preparación para el conflicto interno de cara a la conflictividad social. A su vez, las mismas comienzan un proceso de articulación con las fuerzas, tanto de seguridad, como armadas y de inteligencias del imperialismo. Los lazos de las mismas, tanto con las fuerzas armadas estadounidenses, como con sus servicios de inteligencia, datan de más de 50 años atrás (Golpe a Perón, Escuela de las Américas, Operación Cóndor, etc.). A su vez, la consigna del “combate al narcotráfico”, por un lado, encubre que la producción y comercialización de drogas ilícitas es un negocio que mueve más de u$s 300 mil millones al año y Estados Unidos es su mayor consumidor, según datos de la ONU, todo ello organizado y dirigido por la alta banca internacional, es decir que se trata de una parte del ciclo de rotación del capital y de las necesidades de la burguesía para reproducirse. Por otro lado, el narco es el “chivo expiatorio” de cara a la sociedad para la aplicación de las políticas represivas en danza.

La necesidad de la oligarquía de sacar a las Fuerzas Armadas y de Segundad del mando y supervisión de la sociedad civil es una condición sine qua non para las tareas represivas que necesitan. Todo ello es necesario, como dijo la misma ministra, para sostener “el poder”. Con este trasfondo, es de resaltar la intensificación de la política dirigida a frenar y reprimir las movilizaciones de masas. Desde las múltiples “garitas” de seguridad apostadas en todo el cordón de la General Paz que rodea la Capital Federal, la colocación masiva de cámaras en la ciudad que identifican patentes, pasando por los operativos de amedrentamiento en el transporte público, hasta la infiltración de personal de las fuerzas en las movilizaciones populares. La conciencia por parte de la oligarquía de que, por la estructura económico-social y la experiencia histórica del pueblo argentino, la profundización de la lucha popular asume rasgos insurreccionales −como ha ocurrido en la Huelga General de 1936, el 17 de octubre del 45, el Cordobazo, el 19 y 20 de diciembre, etc.− le hace preparar todos los resortes de cara a desarticular ese proceso de masas.

El rejunte nacional ante el espanto

Veamos ahora como fue tomada la profundización de la crisis en la Alianza Cambiemos por los sectores nacionales. Por el lado del peronismo autodenominado “Federal”, bajo la égida del Senador Miguel Ángel Pichetto, coincidían 40 legisladores que compartieron un asado durante tres horas con el cordobés Juan Schiaretti. Después, en un plenario con unos 500 dirigentes de diferentes órbitas, los mismos ratificaban que “no se sienten parte del pasado”, que trabajan de “un modo distinto” y que construyen una alternativa para 2019 (LN 24/4). Seguían manteniendo sus reparos de cara al Kirchnerismo y a la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner y aspirando a recuperar la confianza de los sectores empresarios.

Desde Santa Fe, la titular de Energía, Verónica Geese, ratificó que el impuesto más importante de los servicios es el IVA: “Si queremos bajar habría que arrancar por ahí; vamos a colaborar, pero nosotros no teníamos la carga de Buenos Aires, que era el doble; en la factura provincial de luz se cobra 1,5% para infraestructura rural; 6% para municipios y comunas, y $4,26 para renovables” (LN 25/4). Nuevamente, el problema del federalismo, asentado en la macrocefalia de Buenos Aires y su ciudad-Puerto, que succiona al interior del país, se ponía sobre el tapete. De a poco, la presión de Cambiemos y el impacto sobre la base social de las fuerzas en puga, en este caso, las economías regionales del interior, los sectores de trabajadores y pequeña burguesía de los centros urbanos, empujaba a los gobernadores y demás fuerzas políticas a ir distanciándose de los acuerdo políticos con Cambiemos. Así, la oposición rechazaba la propuesta del Gobierno y presentaba en la Cámara de Diputado una propuesta alternativa: las alzas tarifarias no pueden exceder el coeficiente de variación salarial, al tiempo que dispone reducir del 21 al 10,5% el IVA que pesa sobre las tarifas residenciales por un plazo de 12 meses. Para las pymes, prometía eliminar la alícuota especial del 27% del IVA y reducirlo al 21%. La iniciativa era firmada por el interbloque Argentina Federal, el Frente Renovador, el Frente para la Victoria y el Movimiento Evita (LN 25/4). La confluencia por la negativa a Cambiemos se iba gestando.

A pocos días de que se votara el proyecto “anti-tarifazo”, el diputado Agustín Rossi decía: “La crisis económica estalló” porque Cambiemos “ha demostrado un amateurismo total a la hora de diagramar la política económica”; destacando que desde la oposición tratan de “que el incendio no sea más grande” (P12 6/5). Es de resaltar el planteo del legislador y posible candidato presidencial por el Kirchnerismo, ya que muestra cómo una fracción importante del movimiento nacional comprende la naturaleza de Cambiemos. Como señala al inicio de su intervención, se achaca a Cambiemos supuestos “errores” en el manejo de la política económica, derivado de su “amateurismo”. Es decir, toda la definición de la política económica del Gobierno, su programa, aplicación, el marco de alianzas, etc. se lo atribuye a una decisión subjetiva y “amateur” de la Alianza Cambiemos, obviando las bases objetivas, es decir, las condiciones materiales estructurales, en donde opera la política económica. Como venimos viendo, la crisis estructural del imperialismo, tanto en el plano económico como geo-militar, acelera la tendencia al caos e irracionalidad de las fuerzas pro-imperiales en pos de sostener su dominio. El desmadre de la cadena imperial, la disrupción en el proceso de acumulación capitalista a escala mundial, agudizan la necesidad de las potencias imperialistas de descargar la crisis “para otros lares”. Es es el contenido del fin del apalancamiento financiero a la Argentina de Macri, traducido como “fin del gradualismo”.

Esta es la base sobre la cual se inscribe la toma de decisiones de la Alianza Cambiemos, que la condiciona. El recrudecimiento de la política tarifaria, en este caso, no es ni más ni menos que la medida a tomar “necesaria” en tanto los intereses materiales de los grandes capitales, y no una decisión de libre albedrÍo, es decir, no pueden hacer otra cosa, sus medidas políticas son la consecuencia lógica de las necesidades materiales de la clase que representan y no un error subjetivo. La no identificación de las fuerzas en pugna, su base material, las necesidades objetivas que los movilizan y, derivado de ello, las medidas de orden político o económico que necesitan tomar, nublan la conciencia y, por lo tanto, la estrategia a tomar de cara a la oligarquía y sus socios imperiales.

El “sindicalismo mafioso”, la reforma laboral y el FMI

De esta manera, lo polarización del proceso social fue dejando más clara la contradicción de clase en el seno de la sociedad argentina. La configuración de una fuerza social de carácter oligárquico, representada en la alianza Cambiemos, después de 2 años de gobierno, fue provocando la reconfiguración del movimiento nacional, develando el papel del movimiento obrero como principal fuerza beligerante y articuladora de demás grupos subalternos, contra el proyecto oligárquico.

En ese marco, la persecución sobre las organizaciones sindicales se intensificaba. Nuevamente, la sede central del sindicato de Camioneros era allanada en un operativo ordenado por la jueza de Instrucción Wilma López, en busca de pruebas sobre las presuntas extorsiones del gremio a empresarios del transporte (P12 19/5). El mismo día, en editorial del diario La Nación, a título de “Sindicalismo Mafioso”, la pluma oligárquica esgrimía los argumentos para avanzar sobre el movimiento obrero: “Deben profundizarse las investigaciones que permitan a la Justicia llevar a la cárcel a los seudogremialistas que construyen poder con aprietes, amenazas y chantajes. (…) Ese tipo de comportamientos no son posibles sin un marco político y judicial que les garantice impunidad” (LN 19/5). De esta manera, la Tribuna de Doctrina tiraba tareas para el frente judicial en sus investigaciones; por otro, increpaba al Poder Legislativo para que presente un marco legal que permita “avanzar” sobre los derechos laborales y las instituciones sindicales. La traza principal de la estrategia oligárquica para golpear al movimiento obrero en sus representaciones sindicales quedaba exhibida.

Entretanto, Mauricio Macri decidía retomar su avanzada contra los derechos laborales. Unos días antes del 1ro de mayo, Día del Trabajador, Cambiemos enviaba al Senado los tres proyectos de ley en los que se dividió la reforma laboral original. Según el propio matutino La Nación, los tres proyectos presentados refieren a los tres puntos que habían sido acordados por el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, en distintas reuniones con Héctor Daer, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña (P12 29/4). Como anoticiaba el diario de la oligarquía por diciembre de 2015, en plena asunción de Mauricio Macri y todavía con la victoria electoral caliente, la prueba de fuego que tiene que poder “aprobar” la alianza Cambiemos es derrotar a la clase obrera.

Unos días después de la Cadena Nacional emitida por Mauricio Macri, donde anoticiaba el “inicio de conversaciones con el FMI”, ante la intensidad de la corrida financiera, la CGT se expedía sobre el tema, emitiendo un comunicado: “La historia indicó en más de una oportunidad que los acuerdos (con el FMI) son sinónimo de más flexibilidad sobre las leyes del trabajo y de sometimiento político. (…) Habiendo reclamado, oportuna y orgánicamente, rectificaciones del rumbo económico ratificamos la necesaria convocatoria a un verdadero diálogo social que haga posible salir del laberinto socio-económico en el que se encuentra el país” (P12 10/5). Si bien el documento aporta en identificar la estratagema orquestada entre la alianza Cambiemos y el FMI, denunciando sus consecuencias, la positivización recae nuevamente en pedir un “verdadero dialogo social” con quienes ya en el 21F pasado −cuando el movimiento obrero se movilizó en la avenida 9 de julio− se había definido como “el gobierno de los gorilas”, afirmando que los mismos “no podían gobernar”, por lo cual “había que prepararse para votar bien”, en palabras del ultimo orador del acto, Hugo Moyano.

Es decir, ante una situación de descomposición en todos los terrenos del dominio imperialista a nivel mundial −si bien en lo superficial existen similitudes con las vividas en los años 90 (como la reaparición del FMI en nuestro país)−, las direcciones sindicales, pero también políticas y sociales, quedan “sin norte” a donde ir. Pues las exigencias de la hora exceden en mucho el acotado marco de la lucha por mejoras salariales o condiciones laborales.

1ro de mayo y la necesidad de UNA estrategia

La caducidad en la conducción de la octogenaria central, y la apertura de la renovación de sus autoridades, rumor de una compulsa electoral interna mediante, y la precipitación de la crisis general, azuzaban la interna de los diferentes agrupamientos de trabajadores, tanto sindicalizados como de la economía popular. En el salón Felipe Vallese, atronó el grito de “Lula Libre”, cuando ingresó la ex mandataria Carioca, Dilma Rousseff, acompañada de Héctor Daer (Sanidad), Víctor Santa María (Encargados de edificio), Rodolfo Daer (Alimentación), Noe Ruiz (Modelos) y el ex presidente Eduardo Duhalde. La Carioca consideraba como una “gran conquista” la “integración de la Argentina y Brasil” por parte de Lula y Néstor Kirchner (P12 2/5). Al día siguiente, posterior al primero de mayo y con la presentación de la reforma laboral en Senadores por parte de Cambiemos, el Consejo Directivo se reunía y los tres dirigentes que conducen la CGT anticiparon por separado su rechazo al proyecto oficialista. El primero fue Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), diciendo que “no hay confianza en las propuestas del Gobierno porque primero dice una cosa y termina haciendo otra. Si en el proyecto aparece este tema de rebaja de indemnización ante despidos, lo voy a rechazar”. Daer (Sanidad) también lo repudiaba: “Quieren hacer desaparecer las indemnizaciones como si eso fuera el problema de la inversión en la Argentina”. Carlos Acuña, por su parte, dijo que: “El panorama económico cambió en los últimos meses con más despidos, ajustes, alza de precios y una inflación que el Gobierno no puede domar” (P12 3/5). A los pocos días, Pablo Moyano afirmaba que competirá por el liderazgo de la CGT, afirmando que se presentará el 22 de agosto en fórmula con el bancario Palazzo. La posibilidad de que la central se encamine a un proceso electoral interno sería algo inédito, ya que por primera vez en la historia reciente de la central obrera rivalizarían dos listas, ya que en su historia, la misma se conformaba a través de una lista de unidad (LN 19/5).

Por otro lado, los movimientos sociales también se agitaban. Barrios de Pie, la CCC y la CTEP reforzaban su alianza y se preparaban para competir en 2019, lanzando su propia fuerza política. La iniciativa era integrada por Libres del Sur, brazo político de Barrios de Pie; el Partido del Trabajo y el Pueblo (PTP), detrás de la Corriente Clasista y Combativa (CCC); el Movimiento Evita, sector mayoritario en la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), y Unidad Popular, la fuerza que reúne a Víctor De Gennaro y Claudio Lozano (LN 19/5). De esta manera, la tendencia a la unidad que venimos viendo desde hace meses, pero intensificada a partir de los hechos del 14 y 18 de diciembre, no eliminaba, todavía, los intersticios coyunturales y la disputa por espacios de poder.

Con todo este trasfondo, el movimiento obrero rememoraba una fecha icónica como el 1ro de mayo. En un acto realizado en el microestadio del Club Ferrocarril Oeste, convocado por el “Ala Moyanista”, la Corriente Federal de la CGT, las dos CTA, y movimientos sociales, en conmemoración del primer paro contra la dictadura, en 1979, y en vísperas del 1 de Mayo, el Secretario General de los Choferes de Camiones, Hugo Moyano, expresaba: “Les digo compañeros que tenemos que luchar para comenzar a construir una unidad que nos permita mantener la dignidad de los trabajadores, para en las urnas derrotar a este gobierno que va contra todas nuestras conquistas”. Hablaron también Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores; Pablo Micheli, de la CTA Autónoma; y Daniel Menéndez, coordinador de la agrupación Barrios de Pie. Entre varios dirigentes, también concurrieron los sindicalistas docentes de la Ctera, Sonia Alesso y Roberto Baradel; el titular del gremio de Canillitas, Omar Plaini; el dirigente camionero Pablo Moyano y su hermano el diputado Facundo Moyano (CL 28/4). La necesidad de unidad y la identificación del enemigo común, histórico, de toda la clase obrera aparecen así como dos momentos de un mismo proceso.

Por otro lado, las organizaciones sociales también se movilizaban por el 1ro de mayo. La CTEP, Barrios de Pie y la CCC, con más de 150 mil desocupados y trabajadores de la economía popular instalaban ollas populares a lo largo de la Avenida 9 de Julio. Allí, anunciaban una Marcha federal para fines de mes y la fundación del Sindicato Único de Trabajadores de la Economía Popular. “Tenemos que ser capaces de reivindicar la lucha por Tierra, Techo y Trabajo en una unidad sindical que represente a todos los trabajadores y trabajadoras de la economía popular para entrar a la CGT y seguir dando nuestra pelea”, afirmó Esteban “Gringo” Castro, secretario general de la CTEP (P12 2/5). La concepción sindical también echaba raíces en los movimientos sociales, y el “ascenso a sindicato” aparecía como el norte a alcanzar por una parte de las mismas.

Con el debate tarifario de fondo, las multisectoriales que tratan el tema convocaban a una “Marcha de Velas”, en protesta contra las abultadas tarifas. La masiva movilización frente al Congreso contó con organizaciones sociales, gremios y agrupaciones políticas que se manifestaron en distintos puntos del país. “Se repite la historia de los noventa, atacan los derechos de los trabajadores con tarifas que son imposibles de pagar”, aseguraba el secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano. Sectores de la CGT, las dos CTA, Barrios de Pie, la CTEP y la Corriente Clasista y Combativa, partidos de izquierda como el FIT, el MAS y el MST, intendentes del peronismo, así como partidos políticos del kirchnerismo, organizaciones de consumidores y Cámaras empresariales representantes de pymes, se sumaban al rechazo y movilizaban en conjunto (P12 10/5).

Así, la estrategia oligárquica de frenar la articulación de una fuerza social que la confronte, bajo la dirección del movimiento obrero, tomaba la forma de persecución sistemática sobre los sectores del movimiento obrero más dispuestos a encabezar la conflictividad obrera y popular. Por otro lado, se intensificaba la batalla ideológica contra el movimiento obrero, para crear un grado de consenso sobre la necesidad de reprimirlo, condición sine qua non para el avance de las reformas laborales ya enunciadas. Ante un escenario similar al experimentado en los años 90, pero absolutamente diferente por la profundidad que tiene el contenido de la crisis, las direcciones obreras, pero no sólo ellas, sino la dirigencia de las múltiples expresiones del movimiento nacional, quedan absolutamente desconcertadas. La apelación a la “resistencia contra” y la denuncia sobre la Alianza Cambiemos y su plan económico pareciera ser el techo de esas direcciones. Por lo cual, los embriones de conciencia respecto de que es necesario pertrechar una fuerza social mucho más vasta para enfrentar el conglomerado de poderes imperiales oligárquicos no desembaraza inmediatamente al movimiento nacional y su clase obrera de todas las tendencias corporativas o reformistas imperantes, que contienen –explícita o implícitamente− la idea de reconstrucción del “empresariado nacional” como sujeto político y dirigente del movimiento nacional. Por lo cual, el proceso de unidad se va dando, con esas idas y venidas, mientras las necesidades objetivas continúan madurando.

De este modo, la confluencia de diferentes expresiones de la clase obrera –los ocupados formales a través de sus organizaciones sindicales o los sectores de la “economía popular” a través los movimientos sociales−, iba atrayendo a demás grupos subalternos desplazados por el proceso confiscatorio, desde profesionales o pequeños comerciantes hasta medianos industriales. El tarifazo, la corrida bancaria y el “inicio de conversaciones con el FMI” van empujando la constitución de una fuerza social dispuesta a confrontar abiertamente contra la oligarquía.

Para cerrar, queremos resaltar un aspecto del debate que viene azuzándose en estos tiempos. Como se ha escuchado a más de un dirigente obrero hacer un paralelismo entre las políticas de los años 90 y las actuales, es necesario aclarar algunas cuestiones. “Los noventa” encontraban al imperialismo, si bien en un grado de crisis económica, con la victoria estratégica de la caída del muro de Berlín y la posterior disolución de la Unión Soviética, junto con gran parte del bloque socialista mundial, a excepción de algunos países que sostuvieron heroicamente sus principios, caso de Cuba, Norcorea o China. Ese viraje en la correlación de fuerzas mundiales imprimió un impulso mayúsculo a las fuerzas del imperialismo, impactando en cada uno de los Estado-nación y logrando –Terrorismo de Estado de los años 70 mediante− imponer sus programas políticos y económicos. Esto se trdujo al plano de las ideas como “el fin de la historia”, donde la “democracia liberal-capitalista occidental” reinaría por el fin de los tiempos. La victoria de los años 90 le dio una “bocanada de oxígeno” coyuntural al imperialismo, la cual duró menos de una década, ya que a los pocos años las “burbujas” financieras iban estallando alrededor del mundo, como el “efecto tequila” de 1994, crisis de los “tigres asiáticos” de 1997, o el “efecto tango”, como se conoció a escala global la crisis argentina de los años 90.

No podemos dejar de insistir −como lo hacía Fidel Castro por el año 2010, ante la imposibilidad del imperialismo estadounidense de obligar a la República Islámica de Irán que cese su programa de enriquecimiento de uranio− en que el orden imperial a desaparecido. O, más bien, vivimos el proceso de su desaparición; producto de la incapacidad para subordinar a sus supuestos sectores subalternos. Como vemos repetidamente en los artículos 1 y 5 de los Análisis…, la naturaleza propia del capitalismo, su necesidad intrínseca de revolucionarizar incesantemente los medios de producción y de cambio para reproducirse, reduciendo a escala nunca antes vista el tiempo necesario de producción, ha llevado a la humanidad a una encrucijada histórica. El momento histórico en el cual nos encontramos muestra una debilidad nunca antes vista del Imperialismo y su sistema de dominación, lo cual no quita que ese “tigre herido” de muerte no vaya a luchar por su supervivencia. Por lo cual, más que nunca, a la humanidad se le presenta una situación de extremo riesgo, con la posibilidad de destrucción de la especie misma. Pero a su vez, con condiciones para la trasformación del conjunto del orden social nunca antes vistas.

De este modo, la etapa actual, si bien puede encontrar alguna similitud formal con los años 90, difiere marcadamente de su contenido. Así, la estrategia oligárquica sobre el movimiento obrero, su “prueba de fuego”, seguía perfilándose como un momento clave en el desenvolvimiento histórico. Por otro lado, avanza la rearticulación del movimiento nacional, con eje en una clase obrera que va pasando embrionariamente de columna vertebral a cabeza del movimiento nacional, encolumnando bajo su conducción a diferentes grupos subalternos. Todo ello prefigura un enfrentamiento de escala inigualable. Donde la capacidad para positivizar el inmenso rechazo a la política actual será la cara decisiva de las luchas que vienen; y estará guiada por la capacidad de la clase obrera para estructurar un plan que pueda poner en cuestión la sacralidad de la ganancia empresaria y el sometimiento a los capitales extranjeros.



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