Revista Mensual | Número: Agosto de 2018
Bajar en formato pdf
Fuentes consultadas: EE.UU.: Wall Street Journal (WSJ). Gran Bretaña: The Economist (TE). Alemania: Deutsche Welle (DW); China: Xinhua (XH); Rusia: Russia Today (RT); Irn: HispanTV (HTV) Venezuela: Telesur (TS). Cuba: Cubadebate (CD). Argentina: Clarín (CL); Crónica (CA); Cronista Comercial (CR); La Nación (LN); Miradas al Sur (MS); Página 12 (P12); Tiempo Argentino (TA).
[<< Volver a la primera plana]

Un jinete sin cabeza

El parasitismo financiero de Cambiemos
Contradicciones, internas y posibles fracturas
Aniversario de la 125, y el dolor de la espina propia
Acuerdo con el FMI: formas del ajuste y choque con los Gobernadores
9 de julio y el indisciplinamiento de las botas
El capitalismo se ha vuelto un dios descerebrado
“Se vende al mejor postor”
Fuerzas Armadas y “el grado de caradurez”
El Poder Judicial, la Iglesia, y “las consecuencias desastrosas del capitalismo salvaje”
El “encorsetamiento” y las “nuevas amenzas”
La marea verde y el viento que todo lo empuja
Raras confluencias
El paro: acercamientos, avances y frustraciones
El paro y “la pérdida de 29 mil millones”
El 9 de julio y la positivización


Mientras la fuerza social oligárquica se desarma a cada paso, y prepara una guerra abierta contra el pueblo, este va tomando conciencia de la necesidad de reemplazar al gobierno CEO y construir un programa propio

Un jinete sin cabeza

Siento el tiempo en mi cuerpo
Dejando nuevas pisadas
Sobre aquellas huellas viejas
Que ya estaban
Y trato hoy de saber
Que es mejor tal vez no

 

Tal vez no sea el suspiro
Frágil de una brisa tenue
Que despierta
El que me recuerde
de donde robar ternura el día
que no tenga

(De regreso a tus entrañas – Pastoral)

 


Este mes, la escena política nacional ha vuelto a dar un salto. La precipitación de la fuga de dólares y la “soltada de manos” de fracciones importantes del capital financiero para con el gobierno CEO aceleraron el desembarco del verdugo, el FMI, por estas tierras. Como hace meses se viene enunciando, “el fin del gradualismo” ha llegado. Con lo cual, todas las medidas de ajuste y represión social se han radicalizado en consonancia. Así, el carácter contradictorio del proceso trascurría en dos planos; por un lado, la profundización del programa económico de la Alianza Cambiemos se afirmaba; por otro, las consecuencias del mismo ahondan la pérdida de consenso social para tal aplicación, llegando a niveles inusitados de fractura. Los corcoveos de las Fuerzas Armadas y los encontronazos abiertos con el Poder Judicial sumaban a la ya decadente fuerza social oligárquica. Tal profundización en las medidas económicas sigue haciendo crujir a un movimiento nacional que discurre en múltiples fracciones que siguen diputando consigo mismas. A pesar de ello, el tercer paro general realizado por el movimiento obrero al Gobierno CEO, de una contundencia absoluta, sumado a la movilización popular del 9 de julio, van configurando dos polos de fuerzas claramente antagónicas que van pertrechándose para un enfrentamiento en alza. Recorramos los distintos aspectos de este proceso.

El parasitismo financiero de Cambiemos

La investigación sobre los Panamá Papers continuaba y los negociados de la primera línea del gobierno de los CEOs con las cuentas offshore volvían a ser primera plana. Mauricio Macri figuraba como vicepresidente de la firma “Fleg Trading” en las Islas Bahamas; además, en el Registro Público de Panamá aparecía una segunda offshore, llamada “Kagemusha”, que también lo tiene a Macri como vicepresidente. Por su parte, el nuevo ministro de Energía, Javier Iguacel, el saliente ministro, Juan José Aranguren, el “amigo del alma” de Macri y vice presidente del PRO, Nicolás Caputo, el ex ministro de Hacienda del Gobierno de la Ciudad y actual Intendente de Lanús por Cambiemos, Néstor Grindetti, el actual Secretario de Derechos humanos de la Nación, Claudio Avruj,  el Director General de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, eran también poseedores de cuentas offshore. Como si pusieran al lobo a cuidar las ovejas, el actual ministro de Hacienda nacional, Nicolás Dujovne, declaró tener 74 millones de pesos radicados en el exterior, buena parte en la empresa Florentine Global; siendo su par, el actual presidente del Banco Central Argentino, Luis Caputo, parte de un entramado de offshores, entre las cuales está Noctua Partners (P12 21/6). Así, el carácter financista parasitario de la primera línea de los cuadros en el gobierno y sus negocios personales vinculados a los grandes grupos financieros internacionales resultaban inocultables.

Mientras tanto, se seguían sumando las denuncias sobre aportantes falsos a las Campañas Electorales de 2013 y 2015 del PRO y la Alianza Cambiemos. La imposibilidad de justificar los aportes y la posibilidad que muchos “personajes” se vean implicados hacía que las “ratas corrieran por el tirante”, tratando de deslindarse de las responsabilidades. Osvaldo Marasco, ex candidato a Intendente por la Alianza Cambiemos en el municipio de Ituzaingó, en el Oeste del Conurbano Bonaerense, denunciaba: “Yo mismo figuro con 50 mil pesos de aporte en el 2015, y no los puse. (…) Ese armado se montó porque había que buscar nombres para justificar una parte de la plata grande. (…) Esa plata grande venía de empresas importantes. (…) Ahí está Roemmers, el laboratorio, que apoyó a Macri” (P12 16/6). Con el correr de las investigaciones, y a medida que se destapaba la profundidad del fraude, las “lavadas de manos” se aceleraban.

Sólo para citar dos ejemplos de envergadura −ya que muchísimos intendentes, concejales y demás personalidades salieron a desmentir haber aportado−, el titular de la Uatre, Ramón Ayala, heredero del “Momo” Venegas, claro “patrocinador” del macrismo, se enteraba durante una entrevista radial que figuraba entre los donantes: “Es muy difícil sacarme plata. Es más fácil sacarle una muela a un tigre” (P12 12/7). Por otro lado, el Intendente cuasi fascista de General Pueyrredón, Carlos Fernando Arroyo, advertía claramente: “Nosotros no hicimos ningún aporte por esa suma de dinero” (LN 17/7). A más de 20 días de conocida la investigación periodística, la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires y una de las principales implicadas, María Eugenia Vidal, rompió el silencio: “Es una denuncia del kirchnerismo. (…) Presentaremos todos los papeles” (P12 13/7). Sólo unos días después, Vidal echaba a la responsable de Campaña, Fernanda Inza, que había sido designada esa misma semana como titular de la Contaduría General de la Provincia (LN 19/7). Como denunciaba el candidato macrista por Ituzaingó, los aportes imposibles de justificar por la Alianza Cambiemos −provenientes de las grandes empresas− afirmaban los vínculos directos entre esta fuerza política con, en primera instancia, los grandes grupos financieros internacionales y, en segundo término, con los grandes grupos económicos nacionales. Por otro lado, la exposición pública de los entramados políticos para organizar los aportes ilegales, que implicaban a sus cuadros intermedios, sumaba más fisuras con la base política y social de Cambiemos.

Contradicciones, internas y posibles fracturas

Los problemas en la Alianza Cambiemos no cesaban, agudizándose las tensiones entre el PRO, la UCR y la Coalición Cívica (CC). Así lo exponía claramente el vicepresidente de la Unión Cívica Radical, Federico Storani, en declaraciones radiales, confirmando que “en Cambiemos existen diferencias de fondo entre la UCR y el Pro que no sé cuánto más puedan sostenerse. No existe un gobierno real de coalición” (LN 2/7). Recordemos que las tensiones por el desplazamiento generalizado de la UCR de la participación en la toma de decisiones y las “quejas” de los radicales vienen profundizándose desde hace meses. Tratando de acercar posiciones, Mauricio Macri reunía a las cúpulas del Radicalismo y del PRO. En ese encuentro, los macristas terminaron por reconocer que existían encuentros −que se le venían negando a la prensa− donde se trataba de negociar el traspaso de las eléctricas y de AYSA a la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, con los Peronistas; negociaciones de las cuales los radicales venían siendo excluidos sistemáticamente (P12 12/7). Esto dejaba en evidencia que el Pro prescindía del radicalismo para ultimar detalles acerca de cómo avanzar con las reformas estructurales, negociando directamente con la oposición peronista “racional”.

El presidente de la Convención Nacional del Partido Radical, Jorge Sappia, afirmaba los dichos de Storani y repetía: “La coalición electoral Cambiemos no goza de buena salud. El radicalismo no participa de la toma de decisiones”. Cuando es indagado sobre las causas de tal relación con el PRO, Sappia responde: “La falta de protagonismo no es producto sólo de la soberbia con la que se maneja el PRO sino también del mutismo que ha adoptado parte de la dirigencia de la UCR”. También se refería a los dichos de la Cabeza de la CC, Elisa Carrió, quien afirmó que a la UCR la maneja ella “desde afuera”: “Lo tomé como lo que son. Es un disparate más de los que normalmente suele exponer” (CL 11/7). Así se iban ahondando las fisuras en la Alianza Cambiemos.

Como fuimos analizando a lo largo de los Análisis… anteriores, estas fracturas de las alianzas político-electorales tienen como base material el proceso de centralización y concentración económica. Es decir, el movimiento natural del capital, de concentrarse y centralizarse, resultado de la competencia entre monopolios, conlleva el proceso de confiscación de amplias fracciones de la sociedad, expropiando a los pequeños y medianos capitales, o profundizando la precarización de las condiciones de vida de la clase trabajadora; dejando así sin base social al sistema de partidos políticos clásicos, siendo estos “representantes” de los diferentes grupos sociales. La centenaria UCR, históricamente vinculada a los sectores medios agrarios, urbanos y profesionales, debe enfrentar la progresiva desaparición de su base social en la medida en que la concentración y centralización acentúa la polarización entre expropiadores y expropiados; esta es la raíz del “Mutismo” de la UCR que denuncia Sappia, dejando −como tendencia− sin razón de ser al Partido de Alem. De este modo, la estructura territorial nacional de la UCR es conducida sin dificultad por el partido cuasi local porteño del PRO que, a las claras, representa a los grandes grupos económicos y las fracciones sociales más vinculadas a ellos, sean los ciudadanos porteños o de las grandes urbes argentinas. Como ya habíamos diagnosticado, sólo dos caminos quedan para la UCR, o ser literalmente fagocitado por Cambiemos, o ir a una ruptura y refundar sus principios esenciales.

Las internas están a flor de piel en el Gobierno y, como pocas veces, terminan exponiéndose públicamente. Una muestra de ello fue la fuerte contraposición entre los dos mandos centrales de Cambiemos. Así, mientras el jefe de Gabinete Marcos Peña Brown admitía que estaban analizando la posibilidad de aumentar impuestos a los viajes al exterior como una forma de detener la sangría de dólares, al mismo momento el Ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, en una videoconferencia, les aseguraba a los inversionistas de Wall Street todo lo contrario. Desde diferentes sectores del gobierno, se apresuraban en aclarar que no había contradicción alguna, sino que se estaban analizando “todas las posibilidades”. Por lo menos, la falta de coordinación era clara. Mostrando que no todo es color de rosa al interior del PRO, el propio ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, no salía a matizar sino a afirmar su posición: “No creemos que vayamos a resolver la vida de los argentinos aumentando los impuestos. (…) No está bajo estudio aumentar la alícuota de ningún impuesto en la Argentina” (LN 4/7), dejando en offside al jefe de Gabinete. Sin más, los rumores, desde diferentes facciones que componen el gabinete nacional, planteando la conveniencia de “correr” al jefe de gabinete, dan cuenta del grado de interna que vive la fuerza directriz al interior de la Alianza Cambiemos.

El segundo cortocircuito expuesto públicamente venía de la mano de Elisa Carrió. La cabeza de la CC expresaba su rechazo al proyecto de aborto legal, y afirmaba que Mauricio Macri especulaba con que el proyecto no iba a salir y por eso había habilitado que su bloque lo tratara en Diputados, asegurando que había sido ingenuo en el cálculo. Nuevamente, Peña Brown debió salir a “reinterpretar” los dichos Carrió, con el mayor cuidado posible, afirmando que Macri nunca especuló y que dio luz verde al proyecto por su convicción en lograr un debate democrático (P12 5/7).

Como vimos el mes pasado, la salida y entrada de nuevos cuadros al gabinete nacional muestra una clara reconfiguración de fuerzas al interior de la Alianza Cambiemos. Viendo la procedencia de cuadros que han ingresado a la plana mayor del gobierno nacional y las primeras medidas tanto políticas como económicas que han tomado, es claro que no ocurrió un viraje en el programa de gobierno, sino una aceleración y profundización del mismo. La afirmación de las fracciones de capital financiero más concentrado en connivencia con la desarticulada alta burguesía criolla, representado en la Alianza Cambiemos, aseguran la profundización del carácter rentístico financiero de sus políticas, con las consiguientes consecuencias para el resto de la sociedad. Por lo cual, es de esperar que la aceleración en la aplicación de las medidas de ajuste, demandadas y necesarias para los principales conglomerados económicos, hacen prever el aumento de las tensiones y fracturas al interior de la alianza gobernante, poniendo sobre las cuerdas la sustentabilidad de la misma.

Aniversario de la 125, y el dolor de la espina propia

En el marco del “aniversario” de la resolución 125, se azuzaban las tensiones al interior de la fuerza social oligárquica. Una evidencia de ello era la oficialización de la interna en la Sociedad Rural Argentina (SRA), que tendrá elecciones por primera vez en 28 años para renovar su comisión directiva. Allí se enfrentarán el actual presidente, Daniel Pelegrina, que supo secundar al ministro de Agroindustria Luis Miguel Etchevehere, contra Alberto Ruete Güemes (CL 13/7).

Los rumores sobre el freno en la baja de las retenciones ponían nerviosos a los dueños de la Pampa Húmeda. Las cuatro entidades que conforman la Mesa de Enlace agropecuaria se reunían con Mauricio Macri. Luego del encuentro, el presidente de Confederaciones Rurales Argentina (CRA), Dardo Chiesa, afirmaba que Macri “ratificó el rumbo, dijo que no hay ningún cambio (en las retenciones) y el cronograma sigue tal cual está, que no es intención del Gobierno cambiar ninguna regla” (P12 4/7). A los pocos días, el presidente de la SRA, durante la apertura de la Exposición Rural, decía: “El campo no debe ser visto como una fuente apetecible e inagotable de recursos” (P12 19/7). El rechazo en bloque de las patronales agrarias a “ponerle el cuerpo” al ajuste es un hecho clave, ya que se trata de las fracciones fundamentales que sustenta la fuerza social que encumbró a Cambiemos.

En breve, la incógnita se develaba. Los radicales presionaban para que se suspenda la baja de las retenciones a la soja. El gobernador jujeño, Gerardo Morales, blanqueaba en público el reclamo: “El campo tendría que hacer un aporte. Mientras dure la crisis lo menos que habría que hacer es parar la baja de las retenciones a la soja” (CL 16/7). Para asombro de algunos, el propio FMI promovía tal medida. Según se lee en una de las 125 páginas que conforman el informe elaborado por los técnicos del Fondo, habría que retrasar la implementación de parte de la reforma tributaria aprobada recientemente hasta 2020 como un medio para preservar los ingresos y también “mantener la tasa promedio de impuestos a las exportaciones de productos de soja en 25,5%” (CR 13/7).

Tal hecho tiene una importancia estratégica. Por un lado, el choque entre una de las entidades corporativas históricas y de mayor peso en el país, como la oligárquica SRA, con la estructura partidaria más grande −a pesar de estar subordinada− que compone la Alianza Cambiemos, la UCR. El desmadre en todos los planos de la economía nacional, con sus consecuencias sociales, pone sobre las cuerdas al propio radicalismo, que ve desaparecer su base social, planteando como alternativa que se frene la baja en las retenciones, como forma de “palear” la sangría provocada por la propia política económica de la Alianza Cambiemos.

Por otro lado, la misma propuesta deviene de la entidad más representativa del capital financiero de las burguesías imperialistas, el FMI. Hecho que muestra a las claras cómo los grupos económicos internacionales más concentrados deben fracturar su alianza histórica con su “pata” local, la oligarquía terrateniente, empujándola a “sostener” el proceso de succión de riquezas que emprendieron los más concentrados del capital monopólico en estas tierras. La imposibilidad estructural del imperialismo de seguir conteniendo a las oligarquías locales −ya que el grado de concentración y centralización del capital ha reducido el tiempo de trabajo necesario a niveles que impiden la asignación de una cuota del mismo a su socio local− conlleva una fractura de dimensiones nunca antes vistas, donde las propias usinas imperiales proponen “poner sobre la mesa” a la SRA, para que los 147 grupos económicos internacionales (que dominan el 40% del PBI) (CD 6/11/2012) sigan desmembrando el país, con su oligarquía incluida.

Acuerdo con el FMI: formas del ajuste y choque con los Gobernadores

Con la consolidación del acuerdo con el FMI, el Gobierno se preparaba para las negociaciones con los gobernadores provinciales en busca del recorte de $ 300.000 millones para el año que viene. Así, se avanzaba con el plan de traspaso de “gastos nacionales” a provincias y ciudades. En una reunión en Casa Rosada, donde participaron Macri, Vidal, Larreta, Peña y Dujovne, avanzaban “sin definiciones” concretas sobre el traspaso de $ 110.000 millones anuales de gastos en subsidios a la energía a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma. También salía a la luz que el Gobierno tenía previsto reducir las transferencias no automáticas de gastos corrientes y de capital a las provincias, lo que supone un recorte de unos $140.000 millones que cubren gastos en educación y salud, y en obras públicas locales (LN 5/7).

Desde Chaco, Macri salía a defender el acuerdo con el FMI y el fin del “gradualismo”: “Sé que todos los argentinos están poniendo el hombro. Por eso les pido a los dirigentes políticos, sindicales, empresarios y comunicadores que digan qué van a hacer cada uno y desde su lugar para ayudarnos a recorrer este camino, en vez de reclamar soluciones mágicas” (LN 5/7). Sólo unos días después, y ya con un tono más imperativo, Macri en Santa Fe amenazaba: “Hay que luchar contra las mafias que nos cagan la vida a todos. (…) Estamos vocacionados a abrir más mercados, para que cientos de personas más puedan trabajar” (LN 7/7). De estos hechos debemos analizar varias cosas. Por un lado, el macrismo se disponía a mantener su táctica de constituir un enemigo interno que justifique el enloquecido plan de shock que pretende garantizar el saqueo. Por otro lado, como hemos visto en meses anteriores, la reducción de gastos a través del traspaso de “órbitas”, es decir, transferir tanto “gastos” como empresas del orden nacional a las esferas provincial o municipal implica la desarticulación del Estado-Nación moderno acorde a las necesidades de los grandes capitales. Imaginemos que si un país soberano se encuentra ya en clara desventaja de negociación frente a los conglomerados empresariales, las posibilidades de enfrentarlos o detener la succión de una provincia o municipio son aún menores. Por lo cual, como Macri afirma en su segunda intervención, la única “vía” para que más personas “puedan trabajar” es “abrir mercados”, lo cual supone −cambiando de formas− privatizar lo estatal para pasarlo a manos de los capitales privados. Pero además de privatizaciones, “abrir mercados” significa facilitar a los grupos económicos más concentrados transformar cada aspecto de la vida social (salud, educación, deporte, arte, etc)  en un negocio, mediante la apropiación de los medios de vida, del sistema de salud, los espacios culturales, etc. Ese es el único camino que puede andar el capital, con este grado de concentración y centralización. Recetas viejas con formas nuevas y resultados ya conocidos. Desarticulación de las relaciones que sostienen y desarrollan la vida de las grandes mayoría y descomposición social.

Continuando con el plan de ajuste de más de $ 300 mil millones pautado con el FMI, la Alianza Cambiemos se apresta a negociar el presupuesto 2019. El Gobierno presentaría antes de fin de año un proyecto de ley para modificar la coparticipación de impuestos. Si bien la iniciativa se trabaja desde el inicio de la gestión de Cambiemos, la misma tomaba velocidad como consecuencia del pacto con el FMI. Entre los principales distritos beneficiados estarán la provincia de Buenos Aires, Mendoza, Salta y Chubut. Del lado de los perjudicados estarán Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos que deberían ceder ingresos (LN 7/7). Frente a tamaña “redistribución”, Macri descartaba un gran acuerdo con el peronismo: “Para el mundo somos los únicos garantes del modelo. Al PJ le cuesta que lo identifiquen así. (…) Aún no tenemos líderes en la oposición representativos de una práctica seria y responsable para estos acuerdos” (LN 11/7). Las necesidades de los grandes grupos económicos “achican” el margen de negociación de la Alianza Cambiemos, requiriendo nada menos que la subordinación absoluta a las demandas de estos. Ante esto, el Gobierno parecía advertirle a los monopolios que sólo en el macrismo tenía una garantía.

A pesar de ello, la adhesión de la UCR era la primera en llegar. En una reunión del Gobierno con la cúpula radical,  Alfredo Cornejo, presidente del partido, decía: “Estamos de acuerdo con el planteo general del Gobierno de ajustar el gasto. (…) Es un compromiso contraído con el FMI y hay que cumplirlo” (LN 12/7). Como veremos más adelante, el ala peronista más conciliadora con Cambiemos, la Liga de Gobernadores del PJ y los Senadores del Peronismo Federal, también hacían llegar sus pleitesías. Juan Manuel Urtubey señalaba que “hay que ayudar para que las cosas salgan lo mejor posible”. Por su parte, el cordobés Juan Schiaretti afirmaba que “para superar esta turbulencia es necesario que la Argentina garantice el equilibrio fiscal. También, el jefe de bloque de senadores del PJ, Miguel Ángel Pichetto, le hacía un guiño al Gobierno: “Vamos a trabajar con responsabilidad y esto requiere de un proceso de acuerdo federal” (LN 30/6).

A pesar del obvio caos, de la inviabilidad de la provincialización y la municipalización de diversos aspectos de la vida social, los representantes de estos estamentos parecen avalar el ajuste. Esto, a pesar de que este proceso necesariamente termina en la desarticulación tanto de las economías regionales como de toda la superestructura política montada sobre ella, es decir, los estados provinciales. Por lo cual, podemos afirmar que toda esta nueva subordinación de las provincias a la ciudad-puerto –en su versión recargada del siglo XXI− no hará más que profundizar la crisis estructural del sistema en su versión criolla, preparando a su vez una crisis institucional de una envergadura nunca vista, que incluirá seguramente –aunque es imposible determinar de antemano los modos y tiempos en que se manifestará− estallidos sociales y puebladas varias. Pues hablamos de un modelo que deja por fuera de la reproducción vital a un 80% o más de la población del país.

9 de julio y el indisciplinamiento de las botas

En este contexto de desconcierto total, donde las fisuras en la Alianza Cambiemos podrían transformarse rápidamente en quebraduras expuestas −mostrando cada vez con más rigor su cuerpo enfermo−, se conmemoraron dos fechas patrias: el 20 de junio, Día de la Bandera y paso a la Inmortalidad de Don Manuel Belgrano, y el 9 de julio, Día de la Independencia Nacional.

Se daba una frustrada conmemoración del Día de la Bandera, cuando el titular del PRO de Santa Fe, Federico Angelini, anunciaba que Mauricio Macri no asistiría para evitar las protestas en su contra: “No queremos darle margen a los violentos” (P12 20/6). Según el diario oligárquico La Nación: “Los organismo de inteligencia y seguridad del gobierno detectaron que diversos grupos de orientación kirchneristas y de izquierda preparaban fuertes protestas y posibles disturbios. Identificaron, según trascendió, la presencia de unos 1500 activistas en la zona (de a CTA, FIT, MST, la Multisectorial 21F, Libres del Sur, CTEP, CCC, PO, Unidad Ciudadana (kirchnerismo), Unión Juventud Socialista y grupos peronistas de la provincia)” (LN 21/6). Más adelante analizaremos la política de seguridad, pero es claro para qué se utilizan los aparatos de seguridad e inteligencia nacionales contra diversas organizaciones populares, que son consideradas enemigas.

Anoticiado a último momento, Miguel Lifschitz, Gobernador de la Provincia de Santa Fe, expresaba: “No comparto que no venga. No había ningún peligro. La seguridad estaba asegurada, incluso por las fuerzas federales que habitualmente se encargan de la custodia presidencial” (LN 21/6). Que la autoridad máxima del Estado nacional no pueda hacer presencia en una fecha patria tan icónica habla del amplio rechazo que este suscita, pero también de la debilidad propia de las fuerzas que lo sustentan, que a pesar de ese rechazo no pueden imponer su presencia.

De igual forma, el Gobierno suspendía el desfile del 9 de julio por el Día de la Independencia en la Ciudad de Buenos Aires, aduciendo “razones presupuestarias”. Inmediatamente, desde diferentes órbitas del Gobierno, salieron a desmentir que el desfile haya sido suspendido por el “malestar militar”, frente al magro incremento salarial otorgado a las fuerzas armadas del 8% (CL /7). Más aún, frente a la inminencia de la celebración, se resolvía hacer una parada militar en la provincia de Tucumán, donde se gestó la declaración de independencia. Como veremos más adelante, cuando analicemos la situación en las Fuerzas Armadas y la política de defensa, las tensiones con las mismas vienen creciendo de manera inusitada, mostrando las causas profundas del viraje en la celebración de esta fecha patria.

Con tantos frentes abiertos, Mauricio Macri se preocupó por ir acallando los rumores en un escueto discurso en Tucumán: “Estoy orgulloso de liderar esta construcción inédita en la política argentina”. Y tratando de matizar las tensiones internas, señalaba que Cambiemos está conformado “por tres espacios con distintos orígenes en el que es normal que haya intercambios” (CL 10/7).

A los pocos días, el presidente reafirmaba la aplicación del plan económico dictado desde las altas cumbres imperialistas, aseverando en un acto en el que se celebró el 164° aniversario de la Bolsa de Comercio Porteña que “ajustar el Estado significa liberar al resto de la Argentina para que pueda desarrollarse y bajar la dependencia del crédito externo” (LN 20/7). Una reedición en el siglo XXI de la funesta frase de Roberto Dromi, Secretario de Obras Públicas en los noventa, cuando anunciaba el “decálogo menemista”: “Nada de lo que deba ser estatal, permanecerá en manos del estado”. Como advertimos anteriormente, las necesidades del capital financiero más concentrado requiere la desarticulación de todo lo que sea público estatal para ser absorbido por la órbita privada.

El capitalismo se ha vuelto un dios descerebrado

Pero la experiencia histórica del pueblo emerge y expone a flor de piel las contradicciones frente al plan de ajuste y la “liberalización del Estado” que propone el Gobierno. En este sentido, una encuesta realizada por la consultora Poliarquía advertía que “el 63% consideró que el acercamiento al Fondo resultará perjudicial para el país”. Este rechazo al acuerdo con el FMI tenía repercusiones en la caída de imagen –nuevamente− de la primera línea de Cambiemos: Mauricio Macri perdió 9 puntos y alcanzó el punto más bajo de consideración popular. También descendió la imagen de María Eugenia Vidal (-6 puntos), Horacio Rodríguez Larreta (-6 puntos) y Elisa Carrió (-21 puntos), desde noviembre pasado. Como dato de color, la imagen positiva de Cristina Kirchner se mantuvo este mes en 32% (CL 19/6).

Por otro lado, las consultoras Taquion y Trespuntozero elaboraban un informe de credibilidad para el diario de la corneta. Del mismo, se desprende que “el 50,6% dice no confiar en la gobernadora bonaerense. En segundo lugar se ubica Elisa Carrió, con un 52,5% de rechazo. En tanto, sobre el nivel de credibilidad de Mauricio Macri, un 55,6% que asegura no creerle cuando habla”. Por su parte, la ex presidenta Cristina Fernández obtenía una credibilidad del 33,1% de los consultados. El Papa Francisco evidencia un alto nivel de confianza en tanto un 52,7% de los consultados manifiesta creerle. La encuesta no sólo indagaba sobre la credibilidad de personajes políticos-sociales, sino también consultaba sobre “grupos sociales”: el 55,7% decía no creerle a los empresarios cuando sostienen que “deben despedir empleados para no cerrar la empresa”; el 58,1% no le cree al Gobierno cuando dice que “trabaja para mejorar el futuro” y un 66% descree de la oposición cuando dice que “sólo le preocupa el futuro de todos los argentinos”. Por último, ante un hecho en que interviene la Policía, solo el 22,1% sostiene creerle a los policías frente a un 48,4% que confía en los testigos (CR 27/6).

Como lo demuestra esta nueva encuesta, y como analizábamos el mes pasado, la gran mayoría de la población, con algunos matices, está en contra del acuerdo con el FMI, aumentando el rechazo a las personalidades políticas que lo promovieron. Por consiguiente, podríamos añadir que la postura de rechazo a tal acuerdo −sellado a espaldas del Poder Legislativo− podría implicar el NO reconocimiento del mismo así como la revisión de todos los pactos contraídos por el gobierno de Cambiemos. Por el lado de la oposición, la encuesta expone dos elementos: en primer lugar, el caudal de apoyo a Cristina Fernández de Kirchner −a pesar de la campaña negativa en su contra− eleva su papel dentro de la oposición, pero no logra eludir el “techo” que han logrado imponerle, a fuerza de las limitaciones propias y por la estrategia del enemigo. A su vez, como hemos dicho anteriormente, representado en el grado de credibilidad que ostenta el Papa Francisco, el papel político jugado por la Iglesia sigue siendo considerable, a pesar del descrédito de dicha institución. Por último, la encuesta demuestra que, tanto con respecto al ángulo político y jurídico, como desde las instituciones de la sociedad civil y los “grupos sociales” representativos, el “vacío de confianza” sigue siendo generalizado. Es decir, a pesar de que algunas personalidades o instituciones preservan algún grado de respeto por parte de la sociedad, en su gran mayoría, la gente no cree en ellas ni se ve representada por las mismas. Nuevamente aparecen la crisis de 2001 y el famoso “que se vayan todos” en el centro de la escena, a pesar de la recomposición lograda desde el año 2003 a esta parte, demostrando que existe una gran herida abierta y que la crisis de toda la superestructura político-jurídica no ha podido zanjarse.

En tal contexto, las plumas oligárquicas se aprestaban a defender su dominio de clase. El último editorialista predilecto del diario La Nación, Eduardo Fidanza, hacía gala: “Las certezas del Gobierno, los economistas y los operadores financieros son devoradas en horas. (…) Hechas añicos por nuevos datos que las contradicen. (…) Este violento sube y baja está provocando en amplias franjas de la población incertidumbre, desesperación y pobreza. (…) Aunque nadie acierta a detener la crisis, todos coinciden en identificar a ‘los mercados’ como el factor que la promueve. (…) Semejan a un depredador voraz. (…) No acechan a la sociedad argentina y a su gobierno inmigrantes africanos, ni grupos revolucionarios radicalizados. (…) La devastan y oprimen los movimientos impredecibles del mercado. (…) El Presidente pensó (y acaso aún lo piense): si se libera el cepo, se desregulan las finanzas, se bajan o anulan las retenciones, se legisla a favor de la inversión extranjera, se iniciará el círculo virtuoso que pondrá a la Argentina rumbo a la modernidad. Sin embargo, no están sucediendo así las cosas. Lo que se abre, en lugar del progreso, es un abismo. (…) Dentro del propio sistema económico prevalecen fuerzas contradictorias, nocivas para la sociedad. (…) No asoman actores racionales. (…) El capitalismo se ha vuelto un dios descerebrado. (…) Falla el realismo liberal. (…) De algún modo, muchos argentinos fueron seducidos por esta utopía, presentada bajo la forma del regreso a un país normal, imbuido de la corrección económica de un capitalismo escolar e idealizado. No sabemos cuánto le costará a la Argentina despertar de este nuevo sueño dogmático, tal vez demasiado inconsistente e ingenuo para superar el delirio populista que lo precedió (LN 30/6).

De las palabras de Fidanza podríamos extraer los ejes centrales de la discusión: la crisis sistemática de la economía en la Argentina, genera la identificación del “mercado” como su causante. A su vez, resalta que el plan del Gobierno de impulsar “legislación a favor de la inversión extranjera” ha fracaso de principio a fin, abriendo un “abismo”. Más aún, afirmaba sin pudor que el capitalismo se ha vuelto “un dios descerebrado” y el proceso emprendido por el Gobierno es “inconsistente” para “superar el populismo”, es decir, si no se puede superar es porque el mismo se mantiene latente y por añadidura, frente al fracaso del plan de gobierno, volvería. El miedo que recorre por las venas de la oligarquía terrateniente es enorme, al ver el desmoronamiento no sólo de su orden interno sino de todo el orden imperialista occidental moderno y, con él, su desaparición como clase dominante, sin implicar ello que pierda su sagacidad y, como vemos más adelante, se entregue de brazos cruzados.

Continuando con el análisis de la situación, una semana después, Fidanza volvía a la carga: “La sociedad está siendo arrastrada por la incertidumbre. (…) Una sensación de fin de época. (…) El país ha agotado las posibilidades de vivir de un modo, según una cultura y unas formas de organización que si no se transforman lo condenarán a agravar sus conflictos y miserias. (…) Tampoco sorprende la pobreza del debate, copado por los fundamentalistas del mercado de un lado y los sostenedores de un populismo suicida, del otro. (…) Falla la interacción entre las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones, conformadas por las bases jurídicas, los contratos, las regulaciones, los derechos de propiedad, las políticas públicas y las pautas culturales. (…) Si esto es así, detrás de la crisis de los mercados asoma el colapso del software argentino, cuya recuperación dependerá de una inteligente reconstrucción política del rol de las élites. Esa tarea no puede quedar en manos del neoliberalismo o el populismo porque sus herramientas han demostrado ser inútiles y peligrosas, no sólo aquí sino en el mundo (LN 7/7). Fidanza expone de manera cruda y directa, aunque no pueda medir las implicancias de sus palabras −por su condicionante de clase− que esa “sensación de fin de época” no es más que la caducidad de la burguesía y su régimen de producción capitalista y, por lo tanto, la necesaria transición hacia otro de nuevo tipo. Los rasgos que bien enuncia Fidanza exponen la visión del mundo de una clase moribunda, en descomposición acelerada, que ve cómo su histórica hegemonía se le disgrega como arena entre los dedos.

Como venimos analizando a lo largo de los Análisis…, en los últimos años −pero fundamentalmente a partir de la derrota del Imperio yanqui en Medio Oriente, con la salida victoriosa del Pueblo Árabe Sirio a partir de la participación de Rusia, China e Irán; sumado al papel jugado por Corea del Norte en la geopolítica mundial y a la avanzada revolucionaria en la región por parte de la hermana República Bolivariana de Venezuela−, el desmadre de la cadena imperial se ha acelerado como nunca antes. Esta desbandada tiene su base en la naturaleza misma del capital, que ha llegado a un grado de concentración y centralización inusitado.

En su necesidad de reproducción ampliada, lucha por los mercados, revolucionando los medios de producción, achicando incesantemente el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir las mercancías. Conllevando la concentración y centralización del capital, con la consiguiente expulsión de fuerza de trabajo de la producción y la expropiación de otras fracciones del capital. Este proceso ha llevado a la humanidad a un estadio de contradicción impensado. Por un lado, están todas las condiciones materiales para organizar la producción y sociedad de un modo diferente, por el grado de socialización a que ha llegado la primera. Por otro, se halla latente la posibilidad de auto-destrucción de la humanidad como especie –y del resto de la vida en el Planeta Tierra−, ya sea por la inminencia de una guerra termonuclear o por la destrucción de la naturaleza y el cambio climático provocados por el modo de producción capitalista. La crisis que para Fidanza implica que el “capitalismo se ha vuelto descerebrado” refleja su incomprensión de la naturaleza misma del capitalismo y del carácter anárquico de la producción capitalista. Cuando existen 147 grupos económicos concentrados a un grado tal que controlan más del 50% de la producción mundial, la guerra de estos contra la amplia mayoría de la humanidad es inevitable. Por lo cual, la idea de que pueda pervivir una “elite política intermedia”, tan distante de la plutocracia internacional −concentrada en el Club Bildelberg o en la Comisión Trilateral−, frente a las grandes masas oprimidas, es una simple utopía de la oligarquía local. Por lo cual, Fidanza −como vocero de la oligarquía− debe reconocer que, muy a su pesar, la vuelta del “populismo” es el cuestionamiento profundo a la posibilidad de un desarrollo capitalista.

“Se vende al mejor postor”

Aún con el desmadre imperial en andas, la oligarquía vernácula local seguía buscando mejor postor. Los coqueteos con Inglaterra pasaban a mayores, si bien se solicitaba la renovación por parte del Canciller Faurie del reclamo de soberanía sobre Malvinas ante el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, su declaración expresaba la claudicación de la soberanía misma: “La Argentina no es indiferente a los intereses de los isleños, ni a su bienestar ni a su prosperidad. La República Argentina tiene un compromiso en su Constitución nacional, el de respetar el modo de vida de los habitantes de las islas” (LN 22/7). En dicha instancia, los isleños eran representados por dos miembros de la asamblea isleña, Ian Hansen y Rogers Edwards, que insistieron en el referéndum de 2013, en el que decidieron permanecer bajo tutela británica. “Tenemos derecho a decidir nuestro propio destino, pido al comité que deje de lado los reclamos falsos de la Argentina”, señaló Hansen (LN 22/7). Es de resaltar que el argumento empleado tanto por los piratas británicos como por los implantados isleños de la “autodeterminación de los pueblo” es inaplicable, ya que los mismos no constituyen ningún pueblo autóctono. Es decir, el concepto de autodeterminación es aplicado mecánicamente, encubriendo la violenta política colonialista inglesa, aplicada a lo largo y ancho del mundo durante siglos. La preparación de grupos sociales propiamente ingleses, o cipayos pro-piratas, para luego, post invasión militar, implantarlos en un territorio ajeno, para aducir luego que esos mercenarios son “un pueblo” de las tierras invadidas, es sólo una estratagema propia de la burguesía imperial inglesa y que sólo la subordinación pro-británica habitual en la Alianza Cambiemos puede permitir. Devolviendo gentilezas, el gobierno británico anunciaba que volverá a permitir la exportación de armamento a la Argentina, tras levantar las restricciones que interpuso en 2012, según subrayó el Foreign Office británico (CR 28/6).

Otros amos, también enviaban sus respaldos al Gobierno CEO. Por un lado, Dujovne celebraba como conquista del gobierno la reclasificación del país como “mercado emergente” por parte de la calificadora norteamericana Morgan Stanley Capital International (MSCI) (XH 21/6). Por otro lado, la OGP (Open Government Partnership), una organización norteamericana que “lucha contra la corrupción y promueve la transparencia gubernamental”, según los valores estadounidenses, elegía al gobierno argentino para ejercer la vicepresidencia de la organización (LN 19/7). Las caricias gringas continuaban. El embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Edward Prado, ofrecía un cóctel para conmemorar el Día de la Independencia estadounidense. En el encuentro reconoció que la Argentina se hallaba atravesando “un momento difícil”, no obstante indicó que la gestión de Mauricio Macri “va en el camino correcto y vamos a apoyarlo”. En dicho cóctel se pudo ver a la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al titular de Agroindustria, Luis Etchevehere; también asistió el jefe del Estado mayor de las Fuerzas Armadas, Bari Del Valle Sosa, y el jefe de la policía de la Ciudad, Carlos Kevorkian (CR 4/7). Resulta significativo resaltar el papel de las embajadas como núcleo operativo tanto de los aspectos comerciales de los países que representan como de aquellos vinculados a operaciones de inteligencia de los mismos países en otros estados soberanos. De este modo, la participación de parte de la plana mayor del Ejecutivo nacional, así como de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, más que asombro, es un “trabajo de rutina”, para esas fuerzas cipayas.

Sin embargo, la crisis que atraviesan ambos “gigantes” imperialistas hacen que la apertura “a Oriente”, en especial a China, pareciera más una imperativo material que por proximidad ideológica con esa parte del mundo. En la cumbre del Mercosur, el presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, proponía negociar un TLC con China: “Sería una torpeza no prestar atención al gigante asiático”. En el mismo encuentro, Mauricio Macri afirmaba que China es un aliado potencial estratégico del Mercosur (LN 21/6). A los pocos días, Macri recibía en la Casa Rosada a Yang Xiaodu, miembro del Buró Político del Partido Comunista de China. De la audiencia también participaron el embajador de China, Yang Wanming, y la viceministra del Departamento Internacional del Partido Comunista, Xu Lvping (LN 3/7). El desmadre imperial, y la imposibilidad material de este −como vimos en el debate sobre el freno en la baja de las retenciones− de integrar a la oligarquía local, a pesar de ser su aliado histórico, hacen que esta deba buscar cómo “adaptarse” a la transición mundial, generándose una nueva contradicción, entre tantas otras que desnuda día a día este régimen caduco: quienes expresan las fuerzas del caos y la destrucción en el país deben necesariamente buscar resguardo bajo la tutela de quienes a nivel global marchan al frente de la construcción de un orden más racional para la humanidad y el planeta. No obstante, las fuerzas destructivas del capital continúan y continuarán actuando en la Argentina mientras no acabe de constituirse aquí una fuerza que exprese la construcción de ese nuevo orden en marcha.

Fuerzas Armadas y “el grado de caradurez”

Siguiendo el análisis sobre las instituciones del Estado, la interna en las Fuerzas Armadas daba un paso. Frente a la no aparición del ARA San Juan, junto con la ausencia de datos sobre las causas de su desaparición, más de 20 familiares de tripulantes se encadenaban en Plaza de Mayo, reclamando la contratación de una empresa para buscar al submarino (LN 28/6). Por otro lado, la resolución ministerial que otorgaba un aumento del 8% para los cuadros inferiores de las Fuerzas Armadas, cuando el aumento para las Fuerzas de Seguridad rondaba el 20%, ahondaba el “malestar” entre los militares (LN 4/7). Como vimos en apartados anteriores, la insubordinación de las fuerzas a su comandante en jefe, el presidente de la Nación −provocando la suspensión del acto del 9 de julio, que contaba con el tradicional desfile militar por el centro porteño, y su reemplazo por otra presentación de menor volumen en Tucumán−, obligaba al Gobierno a reabrir la discusión sobre la recomposición salarial del personal de las Fuerzas Armadas (CR 6/7). Por el alto grado de simbolismo que este hecho conlleva, resulta claramente impensable que tal medida ocurriese sin un claro beneplácito de los cuadros de dirección de dichas fuerzas.

El mismo 9 de julio, trascendían comunicados y mensajes de propios cuadros de dirección de los militares, haciendo explícitas las críticas “por derecha” a la Alianza Cambiemos. Por un lado, el Coronel retirado Francisco Verna, cabeza de la Asociación Civil “Unión del Personal Militar”, recriminaba: “El Presidente de la Nación, en su condición de Comandante en Jefe de las FF.AA., pide cínicamente un nuevo esfuerzo por la vía salarial”. En la circular sugerían “dejar sin efecto la tradicional Cena Anual de Camaradería, que carece de sentido en las actuales circunstancias”. Por otro, el Capitán retirado, Daniel Omar García Iglesias, defensor acérrimo de Cecilia Pando e involucrado en el asesinato de un delincuente en la Ciudad de Mar del Plata, decía: “Presidente: ya el grado de caradurez es realmente increíble. No sólo no cumplió con su palabra empeñada en terminar con el ‘curro de los DDHH’, tampoco con recomponer los salarios que nos corresponden, sino que ahora nos pide un esfuerzo patriótico” (P12 9/7).

Las fracturas se seguían sumando, esta vez, por derecha. Como veremos más adelante, nuevamente la “frazada corta” dejaba al descubierto en esta oportunidad a las Fuerzas Armadas. Es de resaltar cómo la necesidad que tiene el gran capital monopolista de ajustar crea impedimentos para poder articular tales fuerzas para la represión social. Es más que claro que las ideas de los mandos militares, si bien retirados, expresan todavía el ánimo entre las Fuerzas Armadas. Sin embargo, vale la advertencia de que la contradicción interna entre la Alianza Cambiemos y su programa, con las demás instituciones del Estado oligárquico, no implica mecánicamente una fractura y viraje en el orden ideológico y político de tales fuerzas. Si bien genera condiciones para el desprendimiento de ciertos elementos.

El Poder Judicial, la Iglesia, y “las consecuencias desastrosas del capitalismo salvaje”

Como vimos el mes pasado, la Alianza Cambiemos había logrado acercar posiciones con el Poder Judicial, a través del acuerdo de crear nuevos cargos en la Justicia Federal; sin embargo, este mes aparecían nuevamente tensiones y fracturas entre ambos poderes.

La Sala IV de la Casación apartaba a la jueza Namer del TOF que juzgaría a Cristina Kirchner por el acuerdo con Irán. Namer era recusada por entidades judías y familiares de las víctimas del atentado a la AMIA, después de resolver junto con su colega María Gabriela López Iñíguez la excarcelación de Carlos Zannini, Luis D’Elía y Jorge Kalhil (P12 20/6). Por otro lado, el Senado convirtió en juez de la Cámara Federal de Casación Penal a Carlos Mahiques, quien nunca concursó para ese cargo. Con 54 votos a favor, 11 en contra y una abstención, el oficialismo aprobaba su traslado desde la Cámara de Casación ordinaria, a la que está en Comodoro Py, que tiene una competencia muy diferente, ya que analiza delitos federales (P12 28/6). A pesar de las idas y venidas, la necesidad de la Alianza Cambiemos de reformular el Poder Judicial a imagen y semejanza continuaba.

Sin embargo, los cruces entre el Ejecutivo nacional y el Judicial aumentaban. El máximo tribunal nacional difundía una carta dirigida al jefe de Gabinete, Marcos Peña, firmada por sus cinco integrantes −Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti−, en la cual denunciaba el estado de operatividad en que se encontraba el conjunto del sistema judicial, el problema presupuestario y advertía que si no se revisaba el presupuesto asignado “hay un riesgo de inmediata paralización de las actividades del alto tribunal”. Por su parte, el Gobierno denunciaba que la Corte Suprema mantiene partidas subejecutadas y que ya se otorgaron aumentos de sueldo, por lo que no eran necesarios más fondos (LN 29/6). Las tensiones entre la cúpula de poderes del Estado-nación seguían creciendo.

Como nos tiene acostumbrados, el diario oligárquico La Nación salía a marcar la cancha, y en una nota de opinión de Hernán Cappiello, ponía la mira sobre dónde disparar: “Sobre 100 funcionarios acusados de corrupción, sólo 8 llegan a juicio y de esos sólo 6 tuvieron una sentencia, ya sea condena o absolución, la Justicia Federal Penal está fracasando” (LN 13/7). Así, la reformulación del Estado acorde a las necesidades de la concentración del capital conlleva, por un lado, la reducción de todas las órbitas estatales a su mínima expresión, ajuste mediante. Por otra, y particularmente en contra de la esfera judicial, se busca reeditar la propuesta de los años noventa, de disolver instancias judiciales locales y reemplazarlas con los tribunales internacionales, tanto de la ONU como de otras entidades supranacionales, poniendo la definición de medidas de índole nacional en manos de entidades extranjeras, donde priman los intereses de los grandes grupos económicos trasnacionales. Por lo cual, si bien en el orden táctico el mes pasado pareció obtener una “recomposición” de las relaciones entre dos de los poderes centrales del Estado-nación, la tendencia general a la fractura sigue afirmándose.

En el mismo sentido, la Iglesia seguía afirmando su distanciamiento de la Alianza Cambiemos y del rol político históricamente a ella asignado de sostén ideológico de las clases dominantes.

La Comisión Episcopal de Pastoral Social reunía a importantes dirigentes sindicales, sociales y funcionarios en el marco de las deliberaciones de la denominada “Semana Social”. El titular de la Pastoral Social, Jorge Lugones, empezaba a calentar el ambiente: “Ese diálogo tiene que dar un fruto, sino es todo por la foto. No debe ser un diálogo para cumplir. Tiene que llevarnos a un compromiso porque estamos en una situación muy difícil”. Las presencias iban desde María Eugenia Vidal, la Ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley, al triunviro Juan Carlos Schmid, la dirigente del partido GEN Margarita Stolbizer, el titular de la CTEP Juan Grabois, Daniel Menéndez de Barrios de Pie, el presidente del PJ Gustavo Menéndez, el intendente de Esteban Echeverría Fernando Gray y el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, entre muchos otros (CR 21/6 y LN 23/6).

Los planteos centrales durante la semana, por parte de los prelados, fueron los siguientes: el presidente de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social (Cepas), monseñor Jorge Lugones, planteó que “no puede ser que a algunos trabajadores se les dé un 25% de aumento y a los docentes un 15% en tres cuotas”. A su vez, opinaba que “el derecho a huelga es una herramienta que propone la Doctrina Social de la Iglesia cuando se dan situaciones de injusticia social”. Y sentenciaba: “Queremos que salga una ley de emergencia alimentaria, porque estamos en una situación de precariedad grave” (LN 22/6). El presidente del Episcopado, monseñor Oscar Ojea, había advertido sobre las secuelas del modelo económico y sobre que el ajuste “no lo tienen que pagar los pobres”, porque “el nivel de inequidad es enorme y se acentúa cada vez más”. También planteó que más del 60% de la masa laboral cobra salarios por debajo de los 15.000 pesos, llevándose un sonoro y largo aplauso. Finalizando, denunció que en el país del Papa “se escamotea el pensamiento del Papa”. Recordó el documento en el que Francisco presentó nuevas normativas éticas “ante las consecuencias desastrosas del capitalismo salvaje”, que viene creando “crisis sistémicas en todo el mundo”, y reclamó “escuchar el grito de los pobres” (LN 23/6).

De estas declaraciones podemos rescatar tres rasgos fundamentales: primero, la afirmación del distanciamiento político de la institución Católica frente a la Alianza Cambiemos, ante la penosa situación económico-social que atraviesa el país. Como venimos viendo desde hace meses, se produjo el reemplazo de toda la cúpula eclesiástica nacional por una más cercana a las posiciones del Papa Francisco. Sumado a esto, la utilización facciosa por parte del Gobierno CEO del debate por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, ahondaba aún más el distanciamiento. Segundo, continuaba afirmándose el planteo crítico al capitalismo y todos los valores y preceptos emanados de este. Tercero, la afirmación de los prelados como un actor político de gran peso. Recordemos que el Papa Francisco goza de una credibilidad de más del 53% en estas tierras, muy superior a cualquier dirigente político, sindical o social. El desmadre del imperialismo a escala global, y su correlato de crisis a escala nacional, apresta a la Iglesia Católica a prepararse para disputar la dirección político-ideológica del proceso de transición. Habrá que ver hasta qué punto de desarrollo llega esta tendencia, teniendo en cuenta que una superestructura como el Clero católico sólo tiene una independencia relativa del capital financiero internacional.

El “encorsetamiento” y las “nuevas amenzas”

En tal contexto, la intensificación de la política represiva y el clima social para su aplicación cada día se hacían más necesarios.

Como hacía años no se veía, en la Comisaria 28 de Barracas ocurría un atentado. El mismo consistió en la explosión de un artefacto, compuesto por tres caños rellenos con pólvora y un sistema de relojería para asegurar su detonación en el momento elegido, estallando en un baño de mujeres ubicado en la planta baja. Según las autoridades, el hecho era un mensaje mafioso promovido por sectores minoritarios dentro de la fuerza, cuyas acciones estarían dirigidas a obstaculizar la reforma policial impulsada por el gobierno porteño (LN 28/6). Si bien el hecho podría parecer una tontería, podemos destacar dos aspectos importantes. Por un lado, siempre de acuerdo con La Nación, estaría el grado de descontento interno en la fuerzas y de faccionismo, suponiendo que los mismos agentes ataquen sobre su propia fuerza. El otro aspecto es que la preparación de tal dispositivo explosivo claramente requiere de un conocimiento y práctica que no tiene cualquier civil y/o agente raso de las fuerzas; por lo cual, queda clara la participación de personal con un grado medio u alto de preparación. Por último, como ya vimos en el caso del descontento en las Fuerzas Armadas y su tibio “indisciplinamiento”, la necesidad de mantener cohesionadas a las fuerzas de cara al plan de represión que se requiere aplicar deja entrever la posibilidad de atentados de “bandera falsa”, tanto por propias fuerzas de seguridad como por los aparatos de Inteligencia. El objetivo sería meter “presión” a las fuerzas, con la excusa de un enemigo externo, llámese “el terrorismo”, “los mapuches” o “los subversivos”. Es de esperar que los sucesos en los cuales tanto las Fuerzas Armadas como de Seguridad aparezcan como “víctimas” de acciones violentas se multipliquen con este objetivo.

Con respecto a la política de Defensa, el Ministro del área, Oscar Aguad, avertía: “Las Fuerzas Armadas están encorsetadas”, afirmando que “cambiaron las amenazas”, por lo que los posibles enemigos pueden ser “militares o no”; justificando la intención de “suprimir un par de artículos” del Decreto 727, que reglamentó la Ley de Defensa (P12 21/6). El  intento de justificar una clara subordinación a la política de Estados Unidos, propiciando una supuesta “guerra al narcotráfico y al terrorismo” e involucrando de ese modo a las Fuerzas Armadas a la represión de la protesta social, en un contexto de conflictividad creciente por la crisis económico-financiera, se hacía cada vez más notoria.

El diario de la Corneta anoticiaba que el Ejército, Armada y Fuerza Aérea operarían en conjunto para liberar tareas de Gendarmería, demostrando que la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pretende reubicarla en centros urbanos para contener las protestas (CR 5/7).

Como vimos en el apartado de política exterior, los lazos entre las fuerzas militares y la inteligencia imperialista se aceitaban. Llegaban a la Argentina, a petición del Gobierno CEO, al menos 8 efectivos de las fuerzas especiales del Ejército de EEUU para instruir a gendarmes y policías, que garantizarían la seguridad en la cumbre del Grupo de los 20 (G20) (HTV 13/7). La noticia caía mal en el Ejército argentino, que seguía sumando razones a su descontento.

Para finalizar, Mauricio Macri autorizaba la apertura de varias bases militares estadounidenses en el país, resaltando el papel de Patricia Bullrich como la “gestora principal” de la alianza con Washington (CD 22/7). Hay que recordar los lazos históricos que vinculan a “la Pato” Bullrich, proveniente de una alta familia aristocrática, con los servicios de inteligencia imperiales. Desde su supuesto paso por la militancia setentista, a su lazo marital con Guillermo Yanco, una de las cabezas del oligárquico Club Político Argentino (CPA) y reconocido agente de inteligencia del Mossad Israelí.

Del conjunto de estos hechos, sumado a los que vimos anteriormente, podemos rescatar dos rasgos centrales. Por un lado, la necesidad desenfrenada de remover todos los impedimentos jurídicos y de consenso social para involucrar abiertamente tanto a las Fuerzas Armadas como a las de Seguridad en la represión social, afirmando los lazos históricos de estas con los aparatos represivos imperiales. Por otro, la inserción de fuerzas extranjeras en territorio nacional, con atribuciones propias de las autóctonas, sumando atribuciones para las fuerzas de seguridad ordinarias o las militarizadas, muestra una clara pérdida de la “función social” de las Fuerzas Armadas nacionales. Es decir, la necesidad de ajustar impartida por los grandes capitales termina de desarticular a las Fuerzas locales, que ya carecen de capacidad operativa real para prevenir y sostener la defensa de ningún recurso nacional estratégico, sea natural, geográfico o social. En su reemplazo, se imponen fuerzas imperiales −como las que custodian la cuenca gasífera de Vaca Muerta (siendo esta la segunda reserva mundial de gas y la cuarta de petróleo no convencional a nivel mundial) o como viene sucediendo con la custodia de la denominada “Triple Frontera” y el estratégico reservorio de agua dulce denominado “Acuífero Guaraní”, donde priman las bases y fuerzas militares estadounidense. Por lo cual, sólo dos caminos depara el destino a las fuerzas locales: o la aceptación lisa y llana de su desarticulación operativa y la claudicación total de sus principios más elementales −a pesar de la impronta pro-oligárquica de las mismas− o el ahondamiento de las fisuras con la política de la Alianza Cambiemos. El tiempo nos dirá.

La marea verde y el viento que todo lo empuja

Como ya vimos el mes pasado, el debate por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito se profundizaba a partir de la media sanción en Diputados. Los opositores a la misma ponían en marcha su estrategia para intentar frenar la “marea verde”. Por su parte, la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, una de las principales opositoras al proyecto, resolvía girar el proyecto a cuatro comisiones del Senado para su discusión previo al debate en el recinto. La decisión no era inocente, ya que a las comisiones de Salud y de Justicia, cuya intervención se descontaba, les sumó la de Presupuesto y Hacienda, a cargo de Esteban Bullrich, y la de Asuntos Constitucionales, a cargo del catamarqueño Dalmacio Mera, ambos confesos opositores a la iniciativa (P12 22/6). Por otro lado, Marcos Peña Brown debía desmentir que Mauricio Macri vetaría la ley en caso de ser sancionada: “El Presidente ha sido claro en su convicción de la importancia de dar el debate. Esto implica respetar el resultado del acuerdo y, por supuesto, no vetar la ley” (LN 11/7). De este modo, se aceleraba la preparación de las fuerzas de cara a la votación en el Senado.

Los “verdes”, a favor del derecho al aborto seguro, legal y gratuito, organizaban más de ochenta pañuelazos en todo el país. Una de las razones para que esta vez no hubiera un único encuentro sino que fueran juntadas simultáneas en todo el país era visualizar que el reclamo por la legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo NO era sólo un fenómeno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y algunas de las grandes ciudades del país (P12 27/6). Al día siguiente, artistas, activistas y políticos realizaba un festival por la legalización del aborto llamado “Verde te quiero verde”, en la Plaza frente al Congreso (P12 28/6). Por último, se realizó un “pañuelazo” en las puertas de la CGT, con una reunión entre los promotores de la ley y las autoridades de la central obrera, como consecuencia de los rumores que rondaban acerca de que, en caso de que se apruebe la ley, las obras sociales sindicales no cubrirían la interrupción del embarazo por un tema de costos y eventuales problemas financieros. Como respuesta, desde la CGT aclararon que las obras sociales sindicales sí se harán cargo del proceso correspondiente (LN 11/7). A pesar de ello, las posturas al interior de las instituciones sindicales, y en especial entre sus direcciones, donde el promedio de edad se encuentra en el rango de los 60 años, resultaban contrapuestas.

A diferencia de lo que vimos los meses anteriores, este mes, las fuerzas opositoras al proyecto lograron articular un movimiento de masas y una ocupación territorial no expresada anteriormente, con el fuerte empujón por parte de las Iglesias Católica y Evangélica. Por un lado, la iglesia Católica convocaba a una movilización en la Basílica de Luján con el lema #ValeTodaVida, como estrategia para intentar revertir la aprobación de la ley (LN 21/6). Según los organizadores, unas 100 mil personas se movilizaron, pero fuentes policiales evaluaron una concurrencia de 40 mil. El acto fue conducido por el presidente del Episcopado, monseñor Oscar Ojea, el mismo que durante la “Semana Social” realizara encendidas críticas a la situación social y al Gobierno. Del acto participaban, entre otros, el senador Esteban Bullrich (Cambiemos), los diputados Carmen Polledo, Cornelia Schmidt Liermann y Jorge Enríquez (los tres de Pro-Capital); Javier Campos (Coalición Cívica-Buenos Aires); José Carlos Núñez (Pro-Santa Fe); Ana María Llanos Maza (FPV-Chubut); y Gustavo Bevilacqua (Frente Renovador-Buenos Aires) (LN 9/7). Por su parte, los Pastores evangélicos expresaban su “firme convicción de cuidar y defender las dos vidas”, pidiendo “evitar que en nuestro país se legisle el derramamiento de sangre inocente”. Estos sectores convocaron a una concentración nacional el sábado 4 de agosto, en el Obelisco, cuatro días antes de la fecha fijada para el tratamiento del proyecto en el Senado (LN 16/7), aliándose así de hecho con sus pares católicos.

Las movilizaciones de fuerza para cada uno de los polos en disputa vislumbran dos rasgos centrales del proceso político general. Por un lado, el proceso de politización masivo y creciente de la sociedad argentina, no sólo en temas económicos, sino en lo que hace a todos los aspectos de la vida social. Por otro, a pesar de sus limitaciones, las fuerzas que se oponen al derecho al aborto lograron constituir una nada despreciable movilización de masas, cosa que hace tan sólo semanas era impensado. Si bien del lado “celeste” se pudo observar la primacía de sectores aristocráticos, acomodados, de un alto nivel adquisitivo, con promedios de edad relativamente altos, a diferencia de los meses anteriores, durante julio este grupo dio un salto cualitativo en la convocatoria, logrando incorporar algunas fracciones de jóvenes y de sectores populares. Ello deriva en dos conclusiones: en primer lugar, la tarea de profundizar el debate de cara al conjunto de la sociedad, con especial énfasis en las barriadas populares y con eje en el movimiento de trabajadores. En segundo lugar, si bien la oligarquía ha logrado constituir un movimiento de masas contra el derecho del aborto, obteniendo una victoria táctica, esta victoria resulta efímera en el largo plazo, en la medida en que debe confiscar a esos mismos sectores que ha logrado movilizar; por lo cual, ante nuevos embates del proceso económico, esa fuerza que pudo constituir se verá rápidamente desmembrada. Más teniendo en cuenta que, instigando la lucha facciosa al interior del frente nacional, las usinas del macrismo contribuyeron a la constitución de un movimiento de masas, con centro en la juventud, que tiende a develar la conexión entre la explotación del hombre por el hombre y la explotación del varón hacia la mujer, que es una de las formas que sostienen un modo de vida donde la explotación y el sojuzgamiento de unos es parte de el engrandecimiento de la personalidad de otros, particularmente el varón, heterosexual y  propietario.

Raras confluencias

Mientras tanto, el movimiento nacional seguía tratando de reconfigurarse. A fines de junio los bloques del Frente para la Victoria, el Movimiento Evita y la izquierda intentaban acercarse para reclamar que el acuerdo suscripto con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sea discutido por el Congreso antes de entrar en vigor. La sesión no contó con el acompañamiento de otros bloques opositores, entre ellos los peronistas aglutinados en el Frente Renovador y en Argentina Federal, a pesar de sumar 68 diputados que intentaron dar quórum (LN 20/6).

Con los gobernadores negociando las condiciones de un ajuste imposible de detener, otros sectores iban buscando y rebuscando nuevas alianzas para enfrentar al macrismo.

En el acto donde se presentaba en sociedad el Instituto Cafiero, impulsado por una veintena de universidades nacionales de todo el país, nuevamente en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), −fundada por el sindicato de encargados de edificio−, se juntaban dirigentes que parecían distanciados. El anfitrión Víctor Santamaría, Jorge Taiana y Cristina Álvarez Rodríguez más cercanos al Kirchnerismo, luego Felipe Solá, Alberto Fernández, Daniel Arroyo, Facundo Moyano y Héctor Daer provenientes de las filas del Frente Renovador, y el histórico Pino Solanas. También por la pata del peronismo No Kirchnerista, se presentaban el Intendente Merlense, Gustavo Menéndez, Fernando Gray de Esteban Echevarría, Fernando “Chino” Navarro por el Movimiento Evita y el operador Juan Manuel Abal Medina (LN 29/6)

Por el lado del Partido Justicialista, se realizaba un cónclave en el PJ porteño que conduce Víctor Santa María. De la mesa participaron el titular del PJ bonaerense Gustavo Menéndez, su par tucumana, Beatriz Rojkés, el titular del PJ pampeano Rubén Marín y el puntano Alberto Rodríguez Saá. Además estuvieron los diputados bonaerenses Fernando Espinoza y Eduardo De Pedro, el santafesino Agustín Rossi, la rionegrina María Emilia Soria y el ex ministro de salud Ginés González García, entre otros (P12 5/7).

Felipe Sola cristalizaba su acercamiento a sectores kirchneristas y su alejamiento de Massa: “Yo no quiero ir a una elección con dos peronismos. El que trabaja para que haya dos peronismos trabaja para Macri”, sostuvo y agregó: “Si sos más antikirchnerista que antimacrista no sirve. Es una locura esta idea de buscar el peronismo puro. (…) Y aunque hace años que no hablo con Cristina necesitamos también de los votos kirchneristas para ganarle a Macri”. Cuando se le preguntó por la relación con Sergio Massa y el Frente Renovador, el ex Gobernador contesto: “No sé qué hará Massa. Yo lo tengo decidido (…) voy a trabajar para ganarle a Macri” (P12 13/7).

La política de sa    queo abierto que practica el imperio a través de sus CEOs en el gobierno empuja a los diferentes elementos de la tradicional “partidocracia” hacia donde tal vez no querrían estar de motu propia. Es decir, a asumir un enfrentamiento más abierto con los CEOs, a la vez que un acercamiento con la fuerza política que –con avances, retrocesos y errores− ha sido más consecuente en la pelea contra aquel: el peronismo kirchnerista.

El paro: acercamientos, avances y frustraciones

Sin dudas, el movimiento obrero mostraría a finales de junio el rechazo abierto de los sectores trabajadores a  la política oficial y al acuerdo con el FMI. El tercer Paro General en menos de 3 años tuvo una contundencia pocas veces vista luego de la dictadura militar, construido con la unidad de todas las centrales. “La huelga fue convocada para exigir cambios en el rumbo económico y en rechazo de aquello que los gremios definen como un ‘brutal ajuste’ impuesto por el Fondo Monetario Internacional”, rezaba la tribuna de doctrina oligárquica. Y continuaba: La CGT propondrá una agenda urgente de tres ejes: proteger el empleo, el salario y la industria nacional (LN 26/6).

El triunviro Juan Carlos Schmid sentenciaba: “El Gobierno tiene que corregir el rumbo económico, la orientación de este modelo económico que está llevando al desastre al país. Héctor Daer también solicitaba “cambiar el modelo económico, porque hasta los caramelos vienen de afuera.

Sin embargo, con su habitual simpleza y sagacidad, el tercer dirigente de la CGT, Carlos Acuña, mostraba los límites de una unidad por la negativa, sin plan de reemplazo: "Hemos tenido prudencia; el paro no soluciona nada, lo que soluciona los problemas de la gente son las respuestas que debe dar el Gobierno, y no las da” (LN 26/6).

Este mismo límite que escondía la masividad del paro era resaltado por el editorialista de Clarín, Ricardo Roa: “La foto de los tres jefes de la CGT contrastó con el mensaje. Caras serias para celebrar el ‘altísimo acatamiento’ al paro” (CL 25/6).

 La aparente contradicción entre la inmensidad de la medida y su debilidad debe ser explicada una vez más. Como ya hemos visto en los últimos dos paros generales, la huelga general, como una de las principales formas de lucha de la clase obrera, sigue siendo empuñada y en algunos casos obtiene grandes conquistas. Pero, como hemos visto a lo largo de todo este Análisis de Coyuntura, el grado de concentración y centralización al que ha llegado el capital implica que las 147 corporaciones que controlan la mayor parte de la producción global de mercancías manejen diversas ramas. Este hecho hace que su capacidad de “aguante” frente a medidas parciales sea grande. Lejos del pequeño patrón obligado a negociar por temor al quebranto, los monopolios, acostumbrados a utilizar los conflictos obreros como una variable en sus luchas comerciales o políticas, tienen una gran capacidad de resistencia frente a la lucha sindical.

Sin ser tan rotundo, como afirma Carlos Acuña, “el paro no soluciona nada”, en la medida en que reclama un viraje en la política económica a los mismos grupos económicos representados en la Alianza Cambiemos, y así lo detecta claramente Ricardo Roa de Clarín: en definitiva, el paro se vuelve una victoria que no se puede celebrar.

A pesar de los límites mencionados, la contundencia del mismo demuestra una vez más la capacidad de la clase trabajadora argentina de parar el proceso económico nacional, de punta a punta del país, en un proceso relativamente corto de tiempo; evidenciando el grado de conciencia y organización por parte de las masas trabajadoras, que recorren sin dudas el camino hacia la necesaria independencia política. A la vez, ante la certeza de que el problema central del gobierno es la política económica que aplica, con el paro quedaba incipientemente esbozada la idea de que lo que hay que preparar es el reemplazo del mismo. Por lo cual, a pesar de los límites de esas capas del movimiento obrero para afrontar tamaña tarea, podemos concluir que este va al encuentro y a la organización de ello.

Por último, a pesar de los límites de la medida de fuerza en sí, la crítica no debe ser realizada sobre cuál medida se adopta o si es o no la “correcta”. Se trata, más bien, de reflexionar en qué estrategia se inscribe. Es decir, la discusión no estriba en si hay que hacer o no una huelga general, que en este caso mostró una contundencia asombrosa, sino que la única forma de superar la política económica del Gobierno viene de la mano de organizar este y cada paro que haga falta, como un momento de preparación y debate entre el conjunto de la clase trabajadora, y de esta con el resto del pueblo, sobre la necesidad de reemplazar a estos grupos económicos y, al mismo tiempo, construir una alternativa política propia.

El paro y “la pérdida de 29 mil millones”

A pesar de que la oligarquía era consciente de que el paro en sí no implicaba un viraje en la política económica, esto no quitaba que los daños económicos y políticos provocados por la lucha de los trabajadores no le afectaran. El mismo día, la primera plana del Gobierno CEO salía al cruce de los adherentes a la medida de fuerza. María Eugenia Vidal decía: “Un paro no cambia, no transforma la realidad”. Gabriela Michetti iba más al hueso de las contradicciones en el movimiento obrero: “Lo único que ponen en la mesa es el monto del salario, y no la productividad, competitividad y la asistencia. (…) La conversación se hace imposible porque si vos sólo vas a pelear una parte, que es la que te conviene a vos, no se puede, es imposible”. El jefe de Gabinete, Marcos Peña Brown, sugirió que detrás de la medida estaba el peronismo: “Son de la oposición, son del Partido Justicialista” (LN 26/6), como si ello fuera un pecado… Cerrando el ciclo, el propio Mauricio Macri salía al ruedo: “No contribuyen a nada, no suman porque no creo que haya habido un gobierno con tanta preocupación por fortalecer los empleos que tenemos y crear nuevos”, decía y continuaba: “Se crearon 600.000 puestos de trabajo, tuvimos un problema (económico), el mundo nos cambió las variables” (LN 26/6). El mismo día, Nicolás Dujovne denunciaba que “el costo” del paro general rondaba los $29.000 millones (LN 26/6).

Rápido de reflejos y preciso, Juan Carlos Schmid, en una rueda de prensa, objetaba la acusación de que el paro sea una medida contra el país, haciendo referencia al inmenso derroche de divisas que el gobierno había gastado para “frenar” una corrida cambiaria que parece no tener fin. Decia Schmid: “He escuchado toda la mañana, 'y este paro cuesta tanto…’ Miren compañeros periodistas, en el último mes se han perdido 11 mil millones de dólares sin ningún paro general”.  Y aseguró que “hacemos patria hasta cuando paramos el país, no nos vamos a resignar a que el ajuste pase por nuestras espaldas, el planteo es cambiar la orientación del modelo económico que está llevando al desastre al pueblo argentino” (CL 25/6).

Si bien la medida de fuerza no significaba el desplome económico de los monopolios, sí evidenciaba un alto grado de conciencia de las masas trabajadoras para enfrentarse a la entrega del país. Es importante rescatar que la “pérdida del día” confirmada por la mayoría de las cámaras patronales no resultaba menor en esta coyuntura de crisis económica, ya que además implicaba la pérdida del presentismo, parte importante de los salarios de algunos trabajadores. En este sentido, y a diferencia de otros paros encabezados por los sectores estatales, la contundencia de la medida demostraba la disposición “a perder una parte” en pos de enfrentarse a la política económica del gobierno que genera pérdidas constantes de puestos de trabajo, pauperización laboral, reducción del salario real frente a la inflación creciente, etc.

El golpe político al Gobierno desataba un nuevo nivel de confrontación, cuando el Ministerio de Trabajo imponía una multa por más de 890 millones de pesos al Sindicato de Camioneros, por una supuesta violación a una conciliación obligatoria, penalizando sin más la protesta social. Hugo Moyano afirmaba sin pruritos que el Ejecutivo nacional “es un gobierno gorila y antiobrero” (P12 21/7). El brazo ejecutor de los monopolios buscaba mantener su lugar con el garrote, empujando a las fuerzas populares a preparar su reemplazo.

El 9 de julio y la positivización

Posterior al paro general, la fecha patria del 9 de julio era un hecho bisagra para salir al cruce del pacto con el FMI. De esta manera, sindicatos, movimientos sociales y estudiantiles, organismos de Derechos Humanos, clubes de barrio, pymes, federaciones de productores agrarios y curas en opción por los pobres, entre otros colectivos, convocaban a movilizarse ese día bajo la consigna “La patria no se rinde”, realizando un acto en la avenida 9 de julio (P12 6/7).

Nuevamente, el diario de la corneta analizaba la movilización: “Hubo dos rasgos distintivos: que el rostro convocante eran los sectores más ideológicos que acompañaron a los gobiernos kirchneristas. (…) En segundo lugar, sin involucrarse en la ‘organización’ y lejos del palco, se sumaron en muestra de ‘unidad en el reclamo’ sectores variopintos del peronismo, el sindicalismo y movimientos sociales” (CL 9/7). El matutino Página 12 enumeraba más detalladamente a parte de los actores: “A metros del escenario ya se encontraba la columna de la Corriente Federal de Trabajadores, la línea más combativa de la CGT. Poco más atrás, la bandera de la Asociación de Trabajadores del Estado. Los dirigentes Omar Plaini, del gremio de Canillitas, y Pablo Moyano, de Camioneros, y su hermano Facundo, diputado del Frente Renovador, al igual que Felipe Solá, se mezclaban con los dirigentes de las CTA, Hugo Yasky y Pablo Micheli, que también se concentraron con sus columnas. Estaban el Movimiento Evita, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa y el Partido de los Trabajadores del Pueblo, junto a En Marcha, Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Juan Grabois, el dirigente del Movimiento Evita Emilio Pérsico y el de Barrios de Pie Daniel Menéndez” (P12 10/7). Como ya vimos en el apartado anterior, la reconfiguración del movimiento nacional tenía su razón de ser en la confluencia callejera de diferentes grupos sociales en la lucha contra la Alianza Cambiemos.

El documento que sintetizaba las razones profundas de esa incipiente unidad del campo popular proponía: “La deuda externa contraída por el gobierno de Mauricio Macri es ilegal e ilegítima. (…) Avanzar hacia la nacionalización de nuestra banca. Hay que frenar la libre importación, hay que detener los acuerdos de libre comercio que mendiga Mauricio Macri. Debemos avanzar hacia la nacionalización del comercio exterior. (…)  Rechazamos enérgicamente la voluntad del Gobierno de utilizar [las fuerzas armadas] para la seguridad interior. Frenemos la extranjerización de nuestra tierra y su concentración para beneficio exclusivo del poder económico. Rompamos las cadenas que nos pretenden imponer los patrones, que alientan desde el gobierno una reforma laboral que intenta retroceder cien años en los derechos conquistados por la lucha de las trabajadoras y los trabajadores del país. Sepultar la infame reforma previsional. Recuperar en manos del Estado los servicios públicos esenciales que constituyen un derecho humano para todo aquel o aquella que habite nuestro suelo. Rompamos las cadenas del patriarcado para que nunca más nadie se atreva a decidir sobre el destino individual y colectivo de las mujeres. Rompamos las cadenas del cinismo y la hipocresía. Mauricio Macri ha llegado al gobierno mintiendo escandalosamente, traicionando la voluntad de sus votantes, transformando la democracia en un fraudulento oportunismo electoralista. Defendamos la política como herramienta transformadora, defendamos la organización popular como el camino para alcanzar nuestros sueños” (P12 10/7).

De tales hechos, podríamos extraer algunos rasgos centrales. Por un lado, la confluencia de todas las líneas del movimiento obrero en el paro general, siendo el mismo uno de los más masivos que se ha visto. A pesar de tal contundencia, la conciencia por parte de propios y ajenos de que el programa económico de la Alianza Cambiemos no virará ahonda el vacío de representación que ya hemos descripto. La pregunta de “si con el paro no resolvemos, ¿entonces que vamos a hacer?” hace años que va generalizándose.

Por otro lado, hay un cambio cualitativo sustancial entre las dos últimas concentraciones populares. La  movilización masiva que analizamos el mes anterior, la del 25 de mayo, contó con la asistencia de 400 mil personas, aproximadamente, y su eje estuvo en la enunciación del rechazo hacia Cambiemos, la denuncia de cada una de las medidas de gobierno que se han tomado y sus consecuencias. En cambio, si bien la movilización del 9 de julio contó con una presencia menor, alrededor de 100 mil presentes, los ejes de la misma viraban radicalmente. Si bien en la proclama final la denuncia contra Cambiemos estaba presente, no era lo que primaba. Tanto el planteo del NO reconocimiento de los pacto firmados con el FMI y su deuda, así como la postulación de medidas de gobierno −como la nacionalización y estatización de sectores estratégicos de la economía, entre otras− hablan de un claro salto cualitativo en el movimiento de masas.

El pasar de la sola denuncia contra Cambiemos a plantearse la necesidad imperiosa de reemplazar tales fuerzas y ejecutar un programa de gobierno propio, con medidas de claro corte anti-imperialista, como única manera de lograr un viraje en la situación del país, pareciera ser la línea por la cual irá transitando con mayor fuerza el movimiento nacional y popular en general y el movimiento obrero en particular.

Con lo positivo que significa este paso en el movimiento de masas, nace una nueva necesidad. ¿Cómo construir los órganos que provean a tal proceso de los elementos necesarios para realizar la justicia social? ¿Qué hace falta para que las masas estén preparadas no solo para “escribir tal medida”, sino pertrechadas para poder llevar un  programa que cambie profundamente la situación del país? Si bien todavía faltan muchos elementos, es claro que la incubación de tal necesidad va desbrozando el camino, que cada vez más se presenta como más imperiosa.



[ << Volver a la primera plana ]