Revista Mensual | Número: Septiembre de 2018
Fuentes consultadas: EE.UU.: Wall Street Journal (WSJ). Gran Bretaña: The Economist (TE). Alemania: Deutsche Welle (DW); China: Xinhua (XH); Rusia: Russia Today (RT); Irn: HispanTV (HTV) Venezuela: Telesur (TS). Cuba: Cubadebate (CD). Argentina: Clarín (CL); Crónica (CA); Cronista Comercial (CR); La Nación (LN); Miradas al Sur (MS); Página 12 (P12); Tiempo Argentino (TA).
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Al toro por las astas

Márgenes achicados
Los sacudones incesantes
Cada día más complejos
Los que sobran
Soberanos
Ni corto ni fácil, pero emancipador


Ante la guerra económica desatada por el imperio y su dificultad para avanzar en el continente, Venezuela vuelve al ataque consolidando el avance de las fuerzas populares y trabajadoras

Al toro por las astas

“El socialismo no nos va a caer del cielo, así como de la nada; o lo hacemos o no lo hacemos.

Y hay que hacerlo, sobre todo, desde abajo, desde los municipios, desde las esquinas, desde los campos, desde cada milímetro del territorio, hay que construir el socialismo.

Y para construirlo hay que saber qué es lo que estamos construyendo, y hay que estudiar mucho.

Y hay que utilizar la ciencia, la ciencia.

No hace falta ser un científico de esos que fabrican cohetes para ir a la luna; no, no, la ciencia popular, la lógica, el buen sentido, el sentido social; la conciencia del deber social, de que antes que nosotros está la sociedad (…).

 Tenemos que crear unidades productivas socialistas, la propiedad social, acabar bueno con ese modelo excluyente del capitalismo y eso requiere mucho pensar, mucho planificar y mucho hacer…”

Hugo Chávez, 2009

 


La guerra económica desatada por los centros imperiales, como manifestación desesperada de la crisis mundial, sigue impactando de lleno en las economías del continente. Ante el achicamiento del valor de la producción en el mundo, y por la acelerada necesidad que esto genera en los grupos económicos globales por quedarse con todo, el accionar de la burguesía se manifiesta en la incesante búsqueda de ejecutar planes que garanticen su reproducción: mediante el control total de los recursos naturales y productivos que se encuentran en nuestro continente, por una parte; y por la contundencia en generar las condiciones para disponer de mano de obra barata y empobrecida, por la otra, obteniendo así mayores cuotas de ganancia del mercado mundial.

Al profundo estancamiento en el crecimiento económico en la región se le suman las consecuencias directas e indirectas de la disputa comercial entre EEUU con Europa y China. Unas son la exposición constante a las devaluaciones y las corridas cambiarias que garantizan un traslado de riquezas hacia los centros financieros mundiales, llevándose puesto a su paso a vastos sectores empresarios. Otras son, además de las caídas en los precios de las materias primas, las restricciones por parte de las economías centrales al ingreso de productos agrarios e industriales provenientes de nuestra región, lo cual indefectiblemente hace que las oligarquías locales se desesperen por encontrar una salida a esa situacion, ya que de ello depende su reproducción. Pero las posibles soluciones aparecen cada vez más lejanas, por el carácter mismo de la crisis: en el momento actual, esas fracciones de capitales que constituyen el grueso de las “oligarquías” locales, deben ser necesariamente devoradas por los grupos económicos trasnacionales.

Con ello, se traban constantemente los mecanismos de sujeción que históricamente han tenido las burguesías centrales con respecto a sus fracciones locales subordinadas. Los acuerdos de libre comercio entre los países rentísticos y los centros imperiales son uno de los instrumentos que se estancan, lo cual obliga a negociar entre los bloques latinoamericanos posibles acuerdos entre sí para poder lidiar, en “mejores condiciones”, con los grupos económicos la colocación de sus productos. La reunión de la Alianza del Pacifico y el Mercosur grafican claramente esas posiciones.

A la vez, los planes de ajuste propinados hacia el conjunto de la clase trabajadora, que se llevan adelante en aquellas naciones donde gobiernan las fuerzas políticas que responden directamente a los grupos concentrados, hacen que la crisis sea descargada también hacia los sectores subalternos de las oligarquías rentísticas. Ellos son las fracciones de capital de nivel local y regional que no pueden reproducirse a escala ampliada, que aceleradamente son confiscadas por parte de sus “primos mayores”.

 Así pues, se hace más necesario que nunca el avance de los procesos emancipadores con los trabajadores a la cabeza. Las nuevas medidas económicas tomadas por el gobierno Venezolano –entre ellas el lanzamiento del Bolivar Soberano– profundizan el control de las fuerzas populares sobre la economía, fortaleciendo el desarrollo de nuevas relaciones productivas que se enfrentan, superándolas, a las capitalistas-asalariadas. A su vez, ante lo rápido del proceso, se va sumando otro jugador importante en la región a esa pelea: el próximo México de López Obrador, con anuncios de medidas de tranformación profunda del suelo azteca, que aportará al proceso de tomar en sus manos, por parte de los trabajadores, el control productivo; o, dicho de otro modo, agarrar bien al toro por las astas.

Márgenes achicados

La profundización de la guerra económica que EEUU propicia desde la administración de Donald Trump hacia todos los bloques económicos mundiales sigue teniendo una repercusión negativa en nuestro continente, dado el carácter global de la economía capitalista –y de su crisis crónica– y el grado de vulnerabilidad de nuestros mercados, siempre “abiertos” para la explotación foránea, por donde “fugan” nuestros esfuerzos cotidianos. Para las oligarquías locales y otros sectores rentísticos, quienes han funcionado históricamente como brazos de la burguesía mundial, esto se traduce en una búsqueda cada vez más desesperada por sostenerse en el mercado mundial, donde cada vez menos capitales logran reproducirse. Los índices donde los organismos financieros multilaterales –que responden al capital global– pronosticaban augurios de crecimiento y estabilidad para nuestras economías, luego de los ajustes aplicados por los gobiernos funcionales a los grupos concentrados, quedaron definitivamente impugnados por el movimiento crítico de la realidad. De esta manera, los nuevos anuncios del gobierno norteamericano sobre la aplicación de restricciones y aranceles a las importaciones de productos de origen industrial (acero y aluminio, entre otros) y agropecuario, y la consecuente caída de precios de las materias primas, van rompiendo las ilusiones de las oligarquías rentísticas de nuestros países. En Chile, la caída de los precios del cobre –que fluctúa en torno a los u$s 6.170 por tonelada– impone presión sobre la agenda económica del presidente Sebastián Piñera ya que el metal representa más del 43% de sus exportaciones. Ante esto, el ministro de finanzas chileno, Felipe Larraín, señaló que un tipo de cambio más competitivo es bueno para la mayoría de las otras áreas de la economía y en este sentido afirmó que “los exportadores de manufacturas y de productos agrícolas están bastante alegres ahora” (CR 31/7).

Pero este panorama también es ilusorio ya que, a pesar de registrar un crecimiento de 5,3% en el segundo trimestre de 2018, las exportaciones crecieron menos que las importaciones, siendo las primeras compuestas por “mayores envíos de cobre y de bienes industriales” mientras que las importaciones fueron sobre todo de “productos metálicos, maquinarias y equipos, combustibles y químicos” (CR 21/8), lo que muestra la profundización de la dependencia de la colocación de productos primarios, al compás de una creciente dependencia de los bienes industriales necesarios para la producción local.

En la misma clave, la situación se replica en los distintos países del subcontinente. En Brasil, las exportaciones del sector más desarrollado de la industria, los provenientes de su complejo agroindustrial, fueron de US$ 96 mil millones en 2017, correspondiendo al 45% del total. Si bien casi se han quintuplicado desde 2000 gracias al crecimiento de la demanda en los países en desarrollo (y a los menores costos relativos, principalmente en la propiedad rural) y al aumento en participación de mercado en commodities como soja, maíz, algodón y celulosa, que funcionan con pequeña o ninguna interferencia de los gobiernos, actualmente en los mercados se enfrentan restricciones arancelarias, sanitarias, técnicas o de defensa comercial, además de discriminaciones comerciales por no haber firmado ningún acuerdo comercial relevante (FSP 18/8). Según la opinión del diario de mayor tirada en el pais, “el sector privado, por su parte, debería dejar de actuar a remolque del gobierno y asumir mayor protagonismo en el exterior. En un ambiente dominado por la geopolítica y el comercio administrado, las empresas necesitan reforzar la estructura de sus entidades para tratar temas de interés común en el exterior. Si antes ganábamos el mercado con el costo más bajo en la hacienda, hoy el nombre del juego para vencer en el exterior es organización sistémica, involucrando empresas, asociaciones y una mejor coordinación público-privada.” (FSP 18/8).

Así, luego de los constantes ataques a los grupos económicos locales por parte del capital monopólico trasnacional mediante el destape de casos de “corrupción” en empresas vinculadas a la producción agroindustrial, con la posterior restricción de colocación de sus productos en el mercado y la subsecuente compra de activos por parte de grupos económicos de mayor envergadura a nivel global, el control de los sectores rentísticos y estratégicos de nuestras economías quedan cada vez más concentrados en menos manos, reduciendo a su vez a los integrantes locales del bloque económico dominante. De la misma manera, los sectores vinculados a la industria del acero también sufrieron los impactos de la guerra comercial desatada por EEUU. De acuerdo con el Instituto del Acero de Brasil (IABr), la producción de julio fue de tres millones de toneladas, un aumento del 6,7% interanual, pero a su vez disminuyó sus proyecciones para la producción de acero bruto del presente año, pasando del 8,6% al 4,3%, solo 35,84 millones de toneladas, mientras la expectativa de alza de las ventas en el mercado interno se redujo del 6,6% al 5%, apenas 17,74 millones de toneladas. Esto reflejó la entrada en vigor del régimen de cuotas de exportación a Estados Unidos, que pesó en los volúmenes producidos para la exportación (FSP 18/8). Los avances de los capitales concentrados sobre sus subsidiarios en el continente son inevitables ante el proceso objetivo de achicamiento del valor mundial, al punto tal que con la velocidad en que se despligan dejan a aquellas fracciones nacionales cada vez mas reducidas sin capacidad de diversificación y limitadas a aceptar condiciones impuestas por los grupos económicos. De esta forma, en la disputa interburguesa mundial cada vez tienen menos espacio los grupos económicos locales, tanto los industriales como los productores de materias primas, cada vez más reducidos a su mínima expresión y agotando aceleradamente la division internacional del trabajo en la cual se asienta el imperio, achicando con ello los márgenes de succion de valor desde nuestro continente.

Los sacudones incesantes

Al mismo tiempo, la presión sobre las monedas nacionales es otra de las consecuencias de la guerra económica global, que golpea a las economías regionales mediante la devaluación de aquellas con respecto al dólar, en paralelo a la desvalorización de los bonos de nuestros países, encareciendo el “crédito” internacional, vía predilecta de los mercados internacionales para continuar garantizando la succion de valor local hacia los centros imperiales. Así, en Brasil, el real sufrió una nueva devaluación, en línea con otros “emergentes” como Turquía e India, hasta quedar al borde de los 4 reales por dólar, su punto más débil desde febrero de 2016, cuando había superado ese techo. Ante esta situación, “algunos inversores temen que la guerra comercial debilite la economía del país” (CR 21/8) y esto se conjuga con la posibilidad creciente de que vuelvan al gobierno las fuerzas nacionales y populares encabezadas por el Partido de los Trabajadores (PT), cuestión advertida ya públicamente por algunas entidades extranjeras, en caso de que finalmente el triunfo de Lula se consolide. Por ejemplo, Bank of America Merrill Lynch pronosticó una caída del 20% de la moneda brasileña y un dólar a 5 reales si en el próximo gobierno asume el PT, ya sea en la figura de Lula o en la de Fernando Haddad, ex alcalde de San Pablo y seguro reemplazo del ex presidente de Brasil si finalmente su candidatura no puede concretarse por el impedimento judicial. En otras palabras, se prepara otra ofensiva a nivel internacional contra la economía del hermano país en caso de perder el gobierno las fuerzas que hoy expresa Michel Temer.

Por otra parte, a pesar de desacelerase la caída, las cuentas del sector público brasileño siguen en rojo en R$ 14,4 mil millones de reales (U$S 3,6 mil millones) para el primer semestre, según el Banco Central. El gobierno central (formado por el gobierno federal, Banco Central y Previsión) tuvo un déficit de 28.700 millones de dólares entre enero y junio. Junto con ello, durante 2018 hubo una reducción de 0,2 puntos porcentuales en la relación deuda/PBI, ubicandose en el 77,2%, pero según el Banco Central de Brasil esto es solo consecuencia de la devaluación cambiaria del período (FSP 6/8) y, por lo tanto, descargada al conjunto de la economía brasileña.

Como afirmamos continuamente, la encarnizada disputa entre los grupos económicos globales por su reproducción en el mercado los lleva a profundizar necesariamente todos los mecanismos económicos para poder obtener rápidos retornos en sus ganancias. La guerra económica se presenta entonces, por un lado, como el control de las tasas de interés para los bonos colocados y créditos adquiridos por nuestros países en niveles de usura “legal”, justificados desde los centros monopólicos, a través de sus organismos financieros o de los grupos de “inversion” privados, como “único remedio” ante la supuesta “falta de seguridad financiera” que constituiría, según su necesidad imperial, a nuestras naciones. Por otro, con las corridas cambiarias y la subsecuente desvalorización de las monedas locales frente al dólar se complementa el circuito de saqueo de las economías dependientes. Así, la suba de las tasas de interés domésticas para intentar evitar fugas de capital masivas, junto con la emisión de bonos y la toma de préstamos externos para contener el déficit fiscal, profundizan, a la vez, los ajustes sobre el aparato estatal, principalmente en lo referido a “gastos sociales”. A medida que estos mecanismos se consolidan, el colapso de nuestras economías es cada vez más inevitable y con ello la confiscación a cada vez más vastos sectores de la población, inclusive de grupos económicos nacionales, que no poseen la gran acumulación de capital necesaria para reproducirse a escala mundial.

Cada día más complejos

Ante esta situacion planteada, las fracciones rentísticas y los sectores industriales más concentrados a nivel local siguen buscando inútilmente alguna posibilidad de sobrevivir en el mercado. Luego de la constante imposibilidad de cerrar tratados de libre comercio con los centros imperiales (debido a las fracturas que esto provoca hacia su interior, porque esto significa sacrificar a sus propios miembros), las oligarquías latinoamericanas intentan impulsar acuerdos interbloques para negociar a nivel mundial. De esta manera, en Puerto Vallarta, México, se realizó la XIII Cumbre de la Alianza del Pacífico (AP), por primera vez en conjunto con el Mercado Común del Sur (Mercosur), donde participaron los presidentes Sebastián Piñera por Chile, los salientes Juan Manuel Santos por Colombia y Enrique Peña Nieto por México y finalmente Martín Vizcarra de Perú, que será nuevo presidente pro tempore de la Alianza. De parte del bloque sudamericano asistieron Michel Temer de Brasil y Tabaré Vázquez de Uruguay, así como representantes de Argentina y Paraguay, el canciller Daniel Raimondi y el vicencanciller Federico González, respectivamente. Peña Nieto afirmó en el mensaje de clausura que esta cumbre cumple el objetivo de “un acercamiento largamente anhelado, de reunir por primera vez a la Alianza del Pacífico con Mercosur que derivó en un plan de acción concreto para impulsar el comercio entre estos dos bloques” y agregó que los dos bloques suman el 79% de la población, el 85% del Producto Interno Bruto, el 86% de las exportaciones y el 88 de la inversión extranjera directa de la región. Por su parte, el chileno Piñera hizo hincapié en el papel que cumple la AP en la región y por eso comenzarán “una nueva etapa, para buscar acelerar el proceso de desgravación arancelaria y de eliminación de barreras, y crear una zona de libre comercio, libre de aranceles entre los cuatro países” (https://mundo.sputniknews.com/americalatina/201807251080660482-cumbre-alianza-pacifico-mercosur-acuerda-plan-integracion).

Los presidentes también acordaron convertir a la Alianza del Pacífico en “grupo observador” del Foro de Cooperación Asia Pacífico (APEC) para avanzar “hacia una gran zona de libre comercio en todo el mundo de la región Asia-Pacífico”. Por su parte, el mandatario peruano Vizcarra, que asumió la presidencia temporal de la AP, anunció las metas del bloque regional, entre ellas la de “ampliar la participación del sector privado y las pequeñas y medianas empresas”, siendo el proposito continuar “creciendo e insertarse en cadenas globales de valor y culminar negociaciones con Canadá, Nueva Zelanda y Singapur y abrir un nuevo proceso con Corea (del Sur), Ecuador y otros candidatos a estados asociados” y que los países latinoamericanos deben proseguir el esfuerzo integrador “manteniendo toda la fuerza y el esfuerzo en innovación con audacia y sentido de urgencia”. Finalmente, Santos dijo que la integración, en particular con el sector privado, requiere “voluntad política, pragmatismo y concertación”. El presidente colombiano saliente proclamó: “somos partidarios del libre comercio y la integración, no nos gusta el proteccionismo (comercial), defendemos el multilateralismo y las instancias internacionales”, remató (https://mundo.sputniknews.com/americalatina/201807251080660482-cumbre-alianza-pacifico-mercosur-acuerda-plan-integracion).

Bajo la misma tónica, en el Mercosur se insistió con la necesidad de mantener negociaciones abiertas para ampliar los vínculos y sostener la apuesta por la integracion comercial con el mundo, mas ante el estancamiento de las “avanzadas” negociaciones para llegar a un acuerdo de asociación con la Unión Europea (UE), aunque también tiene a sus equipos técnicos trabajando con los de Canadá, Corea del Sur, Singapur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés), integrada por Islandia, Suiza, Noruega y Liechtenstein. A su vez, el secretario de Relaciones Internacionales de la Cancillería argentino, Horacio Reyser, afirmó que el Mercosur iniciará pronto la etapa del “diálogo exploratorio” con Japón y Nueva Zelanda (LN 25/7). Sin embargo, continúan las contradicciones hacia el interior del bloque por las escasas posibilidades de cerrar acuerdos con los bloques económicos principales a nivel mundial. Los anuncios de Trump en cuanto a la posibilidad de incrementos en las ventas de soja a la Union Europea (UE) generaron preocupación dentro de los cuatro países del Mercosur (la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) por el, a esta altura, inalcanzable acuerdo de libre comercio con la UE.

Actualmente, Estados Unidos es el mayor exportador mundial de soja, seguido por Brasil y, luego, por la Argentina. Aunque Brasil es el principal vendedor de esta oleaginosa en grano para la UE, el 80% de las exportaciones de soja brasileña van para China; menos de un 10% tiene como destino países europeos (España y Holanda son los principales compradores, con 2,9% y 2,3%, respectivamente). En el caso de la Argentina, el 87% de los porotos de soja exportados son comprados por China, y apenas un 2% por la UE. Sin embargo, el mercado europeo representa un 30% de las ventas de harina de soja argentina. El año pasado, el flujo comercial entre el Mercosur y la UE totalizó 80.000 millones de dólares, con un superávit de 362 millones para los europeos. “El Mercosur compite con Estados Unidos en los productos primarios que le vende a la UE, especialmente con la soja y la carne. Los europeos no van a querer ni poder comprar a ambos. Será uno o el otro. (...) El cambio de postura de Trump, que retiró a Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica [TPP, según sus siglas en inglés] y renegocia el Tratado de Libre Comercio de América del Norte [Nafta], representa una alteración brusca del escenario. Podrá intentar relanzar ahora, de forma más ventajosa, el proyecto de la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión [TTIP] con los europeos y perjudicar las perspectivas de nuestro bloque, muy aislado comercialmente”, advirtió el presidente de la Asociación de Comercio Exterior de Brasil, José Augusto de Castro. Alberto Pfeifer, coordinador del Grupo de Análisis de la Coyuntura Internacional del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de San Pablo, quién sentenció que “las negociaciones llevan 20 años y no evolucionan por las diferencias entre los países sudamericanos en aceptar una agenda común, y porque del otro lado pesan las resistencias de ciertos sectores agrícolas europeos. ¿Realmente se puede pensar que en la UE habrá confianza suficiente para firmar un acuerdo la víspera de unas elecciones presidenciales en Brasil con resultado tan incierto?”. Idefectiblemente, la disputa por porciones de mercado a nivel mundial se traslada abruptamente a las oligarquías locales, que deben negociar en términos cada vez más dependientes la colocación de los productos de nuestro suelo, inclusive con desplazamiento de muchos capitales de su égida local. Así, las búsquedas desesperadas por no caer en las garras y dientes de los 147 grupos económicos resultan cada vez más engorrosas y con menos horizonte a la vista.

Al mismo tiempo, se acortan los tiempos para las fracciones del capital mundial y regional que empujan los tratados de librecomercio por los avances de las fuerzas nacionales y populares en el continente. Luego de fuertes tensiones entre el gobierno estadounidense con sus pares del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TCLAN), y los desentendimientos con las principales empresas norteamericanas que están radicadas en México por los bajos costos de la mano de obra allí sostenidos, con el triunfo de Andrés Manuel Lopéz Obrador se acercan nuevos focos de tensión, ya que el electo presidente mexicano planteó al gobierno de Trump la firma de un acuerdo más amplio junto con el TCLAN que abarque aspectos integrales de la relación bilateral, como la seguridad y el desarrollo de países de los que provienen la mayoría de migrantes en Estados Unidos, como Guatemala, Honduras y El Salvador (LN 2/8). Este planteo contradice totalmente la decisión unilateral estadounidense de renegociar el tratado en pos de la vuelta de las firmas automotrices que operan en México y de la construcción de un muro en la frontera para imperdir el paso de los inmigrantes, a lo que el mandatario electo señaló: “nosotros no tenemos en la agenda esa palabra”, agregando que su gobierno va “a actuar con prudencia y no responderemos a cualquier opinión. Vamos a tratar de buscar una relación amistosa. Queremos el diálogo, y si se dificulta, la otra vía va a ser el diálogo y más diálogo, siempre diálogo” (LN 2/8).

En este sentido, hasta los sectores industriales mexicanos impulsan defender una renegociación en mejores condiciones para su país ante la disputa con los capitales mundiales. Moisés Kalach, representante del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en la negociación del TLCAN, e importante empresario de la industria mexicana, afirma que en un contexto en el que no baja la tensión comercial con China, las cosas pueden acomodarse y favorecer al pais ya que hay condiciones para lograr un acuerdo que permita modernizar el sector automotriz, partiendo de la base de que es un caso de éxito y que la integración regional es un hecho. Explica el empresario: “por supuesto que es natural que el sector automotriz genere tanta atención, porque tiene que ver con 30% de las exportaciones mexicanas y es muy sensible simbólicamente en Estados Unidos”. Sobre el capítulo laboral, Kalach afirma que el tema debe analizarse reconociendo su complejidad porque “si México quiere seguir avanzando, debe hacer un esfuerzo para tener los mejores estándares, en lo laboral y en otros temas. Pero al mismo tiempo, no podemos aceptar que la política laboral mexicana se defina en otro país”. También mencionó que la industria automotriz en México se encuentra en proceso de revisión y análisis, porque “tiene que quedar balanceada para que no dañe la huella de nuestro país o de las inversiones que han confiado en nosotros a través de los últimos años” (CR 14/8).

Así entonces, los tratados que garantizan a los capitales monopólicos que esa producción se sostenga sobre la base del bajo costo de la mano de obra, cosa que permite maximizar las superganancias en su necesidad de reproducirse a escala ampliada, afecta a las fracciones que presionan para que las firmas monopólicas vuelvan a su país de origen. Al mismo tiempo, dada la velocidad con la que capitales concentrados necesitan succionar valor desde la periferia menos productiva hacia sus centros industriales, se dificulta cada vez más cerrar tratados hechos con las fracciones locales de la burguesía en las condiciones que ellos necesitan porque ya no garantizan la reproducción de estas en el mercado. Por ello, los históricos bloques económicos regionales, formados por las oligarquías rentístiscas y el empresariado local, son arrasados cada vez más rapidamente, víctimas de sus propios planes de ajuste y entrega de los sectores estratégicos de la economía que antes controlaban cómodamente en alianza con el capital financiero mundial. Ante esta situación de perecer, son empujados a constituir nuevas alianzas con sectores populares que resurgen en nuestro continente y que agrupan políticamente a vastos sectores desplazados.

Los que sobran

Mientras tanto, los ajustes sistemáticos llevados adelante por los gobiernos que expresan la urgencia que tiene el capital global de expropiar a la mayoría de la población de nuestros países, en pos de beneficiar cada vez más a fracciones minoritarias de las oligarquías locales y de profundizar así el saqueo y el destrozo de nuestras economías, ensanchan a su vez al bando de los desposeídos y arrasados. De esta forma, en Colombia, durante la 74ª Asamblea Nacional de la Andi (Asociación Nacional de Industriales), su presidente, Bruce Mac Master, dijo que insistirá al nuevo gobierno de Iván Duaque en abogar por una política pública para el sector ya que, hasta el momento, “primaron la necesidad de financiar el Estado por encima de la lógica que indica que la economía debería crecer más para que generemos más empleo e, inclusive, para que generemos más impuestos a la Nación (...) es la hora de pasar la página y de salir de la fórmula que ha aplicado el país hace 25 años, creyendo que la economía crece solo con la apertura y la salud fiscal de las finanzas”(ET 16/8). Estas declaraciones se dan en una situación de la economía colombiana donde el mayor crecimiento económico todavía no se ha sentido en el mercado laboral, mientras el desempleo aumentó en junio por tercer mes consecutivo, llegando al 9,1%, frente al 8,7% del mismo mes del año pasado. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE), en las 13 principales ciudades del país el indicador se ubicó en 11,1 %, mientras que en el mismo periodo del año pasado era de 10,8 %. (ET 27/7).

Al mismo tiempo, en Chile hubo un alza en la cifra de desempleo del 0,2%, la caída de la confianza por parte de los privados, el estancamiento de los salarios (0,1% de alza en los últimos doce meses) y una sensación generalizada de que la reactivación ha tardado en llegar. Un estudio del Banco Central expuso el actual ánimo de los ejecutivos chilenos, donde “la gran mayoría de los entrevistados señalan que el desempeño de sus negocios fue más bajo de lo que ellos esperaban a comienzos de año, por lo que postergaron las expectativas de un repunte más sustantivo hacia fines de 2018 y comienzos de 2019”. En los últimos dos meses, una gran cantidad de personas perdió su trabajo por el cierre de varias empresas, que según el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Alfonso Swett, en igual período de 2017, se pasó de 439 a 647 empresas cerradas. Los ejemplos son: la danesa de contenedores Maersk despidió a 1.209 trabajadores por el cierre de su planta y la azucarera Iansa desvinculó a 51 empleados fijos y 226 de temporada. La constructora Cial, Pastas Suazo y la fábrica de grifería Nibsa también tomaron el mismo camino. En los medios de comunicación además hubo casos de alta repercusión, como el cierre del diario La Hora y 300 despidos en Canal 13. El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, asistió esta semana a un foro que reunió a ejecutivos e inversionistas y realizó un emplazamiento contundente: “hago un llamado a quienes están viendo la mejora de las cifras económicas que expandan la contratación”, dijo. Ante esto, contraatacó Alfonso Swett: “hay que entender que el mundo empresarial no invierte por emoción ni por llamados, sino por realidades (...) estamos perdiendo competitividad”. El mismo presidente Piñera salió a la respuesta afirmando que “la economía chilena está creando empleos a un ritmo de 180.000 al año y de mejor calidad, porque casi la mitad de esos puestos son del sector privado, con estabilidad, con previsión social, a diferencia de lo que ocurría antes, que eran trabajos por cuenta propia muy precarios” (LN 11/8).

Por caso, en Brasil, se sigue profundizando la descarga de la crisis sobre la clase trabajadora. Luego de la feroz reforma laboral aprobada el año pasado, la creación de empleos con contratos “intermitentes” llegaron a una de cada cuatro ocupaciones del mercado formal. Esta forma de flexibilizar el empleo se caracteriza por la ausencia de jornadas fijas regulares, donde un profesional es llamado de acuerdo con la necesidad del empleador y puede optar por atender o no la convocatoria. Según datos del Ministerio de Trabajo, de los 162.000 empleos creados en el país entre abril y junio de este año, casi diez mil, es decir, el 6% del total eran “aberturas intermitentes”. Incluso en junio, cuando el total de despidos en el mercado formal superó al total de las contrataciones, el saldo de movimientos de intermitentes permaneció positivo (FSP 15/8). Al mismo tiempo se acentúan los despidos en empresas estatales y privadas. La estatal Eletrobras prevé poder recortar hasta 3.000 puestos de trabajo este año, debido a la implementación de un centro de servicios compartidos y de un sistema de gestión en la compañía, dijo el presidente de la empresa, Wilson Ferreira, dirigiéndose a accionistas e inversores. El ejecutivo afirmó que de esas vacantes, 736 ya fueron eliminadas tras un plan de despido consensuado (PDC) lanzado por la empresa, lo que deberá posibilitar un ahorro anual de R $ 231 millones. “Hasta el final de año, el potencial de reducción de cuadros es en la casa de 2.500 a 3.000, y tuvimos hasta el momento 736” (FSP 16/8). En los privados, el Grupo Abril, el mayor editor de revistas de Brasil, se presentó en concurso de acreedores, después de anunciar el cierre de nueve de sus 24 títulos y despedir a centenares de empleados. “El sector atraviesa una profunda transformación tecnológica que afectó fuertemente a las empresas de comunicación e impactó la circulación de revistas y los ingresos de publicidad”, destacó un documento difundido por la empresa (CR 16/8).

Ante estas condiciones que plantean los grupos económicos concentrados, la consecuencia inevitable de su proceso de expropiación, donde solo fracciones minoritarias de la población se sostienen a costa de la apropiación de riquezas de nuestros suelos y de la aplicación de planes de ajuste que llevan a cabo los gobiernos a su servicio, es el aumento constante de población precarizada y desplazada, que ya no podrá volver a ser parte del mercado, ni como capitales, en el caso de los pequeños y medianos, ni como vendedora de fuerza de trabajo en el caso de los trabajadores. Ante este panorama, la realidad plantea superar el momento sindical y sectorial para resolver este acuciante problema, es decir, que la clase trabajadora no se puede solo limitar a negociar las condiciones de su venta de fuerza de trabajo cuando está siendo reemplazada por la robótica y el desarrollo tecnológico. Se trata entonces de arrebatarle el control de las fuerzas productivas al imperio, pero bajo nuevas relaciones entre los hombres y con la naturaleza, que permitan ponerlas en función de resolver los problemas de toda la sociedad, ante el hambre y el caos organizado que imponen los grupos económicos en beneficio de la reproducción de un grupo (cada vez más) minoritario de la sociedad.

Soberanos

Ante esa descomposición reinante por parte del capital, el proceso bolivariano encabezado por Nicolás Maduro continua profundizando las tranformaciones económicas que tienen como objetivo superar la conducta rentística que amarró históricamente a nuestros pueblos a los intereses de los centros imperiales. En este sentido, a medida que se recrudece la disputa entre los capitales a nivel mundial, y que se descomponen las relaciones de producción por ellos construídas, el asentamiento de las bases para la nueva sociedad se fortalece, a pesar de los constantes ataques a los que son sometidos por parte del imperio los territorios donde se llevan adelante los planes emancipatorios de la clase trabajadora.

De esta manera, se cumplió un año desde la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, que fue coronando, paso a paso, las medidas conducentes para atacar los desastres que provoca la guerra económica empujada desde el imperio. Entre ellas se encontraron la creación del Conglomerado Agrosur, conglomerado integrado por empresas del sector agrícola con competencia en materia de agricultura productiva y tierras, cuya asociación tendrá por finalidad la unidad de orientación, planificación, ejecución y fines, en la producción, industrialización, comercialización y financiamiento de bienes y servicios agrícolas (6/11/17); la Ley de Abastecimiento y Precios Acordados (22/11/17); la creación de la Unidad Tributaria Sancionatoria (21/12/17); el nuevo Régimen Tributario para el Desarrollo Soberano del Arco Minero (29/12/17); la Ley Constitucional de Inversión Extranjera Productiva, con el fin de establecer los principios, políticas y procedimientos que regulan las inversiones extranjeras (29/12/17); la Ley Constitucional contra la Guerra Económica para la Racionalidad y Uniformidad en la Adquisición de Bienes y Obras Públicas (11/1/18).

Además, se le dio carácter constitucional a la organización popular mediante la Ley Constitucional del Comité Local de Abastecimiento y Producción, regulando la constitución, organización y funcionamiento del CLAP, así como el reconocimiento de la organización de las instancias de agregación y participación y organizaciones de base del Poder Popular, para asegurar la producción, abastecimiento y distribución de los alimentos y productos (29/1/18) y también a la organización productiva comunal mediante la Ley Constitucional de Los Consejos Productivos de Trabajadoras y Trabajadores, que se propone regular la constitución, organización y funcionamiento de los Consejos Productivos de Trabajadoras y Trabajadores, para la participación protagónica de la clase obrera y demás expresiones del Poder Popular en la gestión de la actividad productiva y distribución de bienes y servicios en las entidades de trabajo públicas, privadas, mixtas y comunales (6/2/18). Por último, en materia económica se estableció el Decreto Constituyente sobre Criptoactivo y Criptomoneda Petro (TS 30/7) que garantiza la solvencia económica, mediante una unidad monetaria internacional que está respaldada por las riquezas naturales que posee Venezuela: el petróleo, el oro y los diamantes.

Para continuar esta senda de transformación y profundización del llamado modelo “posrentístico”, durante el mes de agosto Maduro indicó, durante una reunión con su gabinete económico, que Venezuela pasará a tener dos unidadades contables: el Bolívar Soberano y el Petro. La nueva moneda será una segunda unidad contable; el valor del Petro va a operar como unidad contable obligatoria de la industria petrolera de la petrolera estatal Pdvsa. Para ello, Maduro afirmó ante los ministros que “es clave aumentar la producción petrolera y liberar el ingreso petrolero del parasitismo en que lo dejó el clan de bandidos corruptos y traidores que estuvo al frente de Pdvsa”. Esta medida monetaria tiene el objetivo de romper el cerco económico provocado por la oligarquía norteamericana y colombiana, por ello el presidente señalaba que “Venezuela va a tener un marcador oficial real (...) para que se acabe la especulación con la moneda venezolana” (TS 14/8). El economista Elio Córdova señaló que el Bolívar Soberano estará respaldado por el Petro y las reservas petroleras –condición que no cumple el dólar–, y que este respaldo fortalece la moneda venezolana respecto a la divisa estadounidense. Tanto el Petro como el Bolívar Soberano funcionarán como unidad de cuenta (en ambos se expresarán todas las cantidades monetarias); pero los productos y servicios se pagarán con el segundo, a la vez que su valor de la moneda circulante con respecto al Petro será establecido por el Banco Central de Venezuela. Así, en caso de existir una variación en los precios del crudo, el salario se homologaría a los cambios como también servirá para fijar el precio máximo de venta al público, dejando a los empresarios y comerciantes sin excusas para la especulación, porque serán precios anclados en el Petro (TS 15/8).

Al mismo tiempo, se ordenó aumentar el precio del combustible a nivel interno para terminar con las mafias que contrabandean la gasolina para venderla a un precio internacional mucho más elevado, bandas que fueron legalizadas por el gobierno del ex presidente colombiano Juan Manuel Santos y que ocasionaron pérdidas del orden de 18 mil millones de dólares. Esta medida además podrá generar más bolívares y reducir el faltante de la moneda nacional a nivel interno. También, y a diferencia de los aumentos de combustible en otros paises, antes de fijar el nuevo precio se realizará un estudio orientado a determinar un costo accesible para la mayoría de los venezolanos (TS 14/8). Datos de la OPEP dan cuenta de que, para 2017, en Venezuela se consumió un promedio de 195 mil barriles diarios de gasolina, unos 29 millones 250 mil litros. A la luz de las cifras de producción de gasolina en el país, es evidente que Venezuela recurrió durante el año pasado a la importación de unos 26 mil barriles de gasolina al día. En este sentido, Maduro afirmó que “decir que en Venezuela la gasolina se regala es poco, pagamos por echarla. Aquí la gasolina no vale nada. Pero decir eso es mentira, sí vale mucho, la paga el Estado” (TS 14/8). Es decir, que se descargaba hacia toda la población el contrabando empujado desde los planes del imperio en combinación con sus gobiernos amigos en la región para generar desabastecimiento y pérdida de recursos económicos. Como parte complementaria de estas medidas, se anunció la creación de un censo automotor para poder verificar la necesidad del subsidio al combustible, para hacerlo llegar a quien lo necesite, a través de la venta con el Carnet Patria (TS 14/8).

Estas medidas financieras son de vital importancia para el proceso de emancipación económica porque, además de impedir la fuga de riquezas a través del contrabando, el desabastecimiento y las maniobras especulativas con la moneda, profundiza la organización basada en el desarrollo comunal por parte del pueblo venezolano. En este sentido, se estableció un nuevo sistema salarial que elevando el salario minimo a 1800 bolivares soberanos o medio petro, siendo “una mejoría sustancial y una estabilidad de los ingresos de los trabajadores" según afirmó Maduro. Este aumento está dentro de un Programa de Recuperación Económica con el fin de fijar el Petro como unidad de cuenta venezolana, como moneda de conversión internacional y establecerlo como anclaje de toda la economía (TS 17/8).

La vicepresidenta de la República Bolivariana, Delcy Rodríguez, afirmó que el gobierno informará diariamente sobre los avances del Plan de recuperación económica, que pretende acabar con la guerra económica desatada desde el imperio (TS 20/8). En este sentido, como parte de este plan, Maduro también decretó las medidas económicas con las que buscará enderezar las finanzas estatales y terminar con la hiperinflación provocada por los acaparadores y especuladores al servicio del capital financiero global. El objetivo es llegar al déficit fiscal cero, por lo que irán “hacia una disciplina fiscal prusiana” para “eliminar definitivamente la emisión de dinero no orgánico”. Además, el gobierno decidió subir del 12% al 16% el Impuesto al Valor Agregado a todos los productos, siendo vigente la medida desde septiembre de 2018, junto con la entrada en curso del nuevo valor del salario mínimo. En el decreto también figura el cambio en el “impuesto a las grandes transacciones financieras” y se fijará un rango de entre 0 % al 2 % para el universo de contribuyentes especiales, exceptuando el sector industrial “necesario para dinamizar la actividad productiva nacional” (CR 21/8).

Pero, como aclaramos permanentemente, el alma del control económico soberano se asienta sobre el control productivo por parte de los trabajadores en cada una de las comunas y órganos de base que posibiliten el seguimiento constante de las medidas centralizadas que se encaran desde el gobierno bolivariano. Estos acuerdos con las bases trabajadoras se traducen en asumir una conducta que tome en sus manos el control de las cadenas productivas en todo el país, y que el desarrollo de ellas esté en función de las necesidades del conjunto de la población, para poder garantizar la resolución de sus problemas. Así, el actuar como clase que se pone al frente del proceso emancipador requiere la profundización de las relaciones para producir, que se desembaracen de conductas subordinadas a los intereses rentísticos que responden a las necesidades de una burguesía que concentra y centraliza, cada vez más, la producción para reproducir a unos pocos miembros de la sociedad. Así, los constantes ataques para detener el avance bolivariano, a través de la guerra económica, lejos de fortalecer las posiciones de los grupos económicos, ponen a Venezuela como modelo a seguir en tanto plan organizado desde los intereses de la clase trabajadora a nivel mundial.

Ni corto ni fácil, pero emancipador

Así, en lógica sintonía con el proceso bolivariano, las distintas expresiones del proyecto emancipador en nuestro continente siguen proyectando avances. Luego de ganar las elecciones en México, las propuestas de Andrés Manuel López Obrador, tendientes a redireccionar el rumbo de la economía azteca, incluyen una inyección de capital de u$s 4.000 millones para la petrolera estatal Pemex a fin de impulsar la exploración, una nueva refinería para reducir la dependencia en las importaciones estadounidenses de combustible y un aumento en la producción de crudo de 600 millones de barriles por día en dos años. “Estimamos una inversión total de 175 mil millones de pesos (u$s 9.400 millones) el próximo año para rescatar al sector”, dijo AMLO. La inyección de efectivo se produce en un momento en que la producción de Pemex se ha desplomado desde un máximo de 3,4 millones de barriles por día (bpd) en 2004 a 1,9 millones en el segundo trimestre de este año. López Obrador dijo que la producción estaba bajando porque “el sector energético y la industria petrolera fueron abandonados” y se comprometió a elevar la producción a 2,5 millones de bpd en dos años. Asímismo, el presidente electo prometió lograr la autosuficiencia energética, gastando u$s 2.600 millones para modernizar las seis refinerías con pérdidas de Pemex, donde la producción se ha reducido a la mitad desde mayo de 2013, construyendo dos refinerías nuevas para frenar la dependencia en las importaciones estadounidenses de gasolina, que han subido en un tercio en los últimos dos años.

Pemex tiene una deuda neta de aproximadamente u$s 106.000 millones y se espera que publique ganancias de aproximadamente u$s 25.000 millones este año antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. Ya que el Estado recauda cerca de 70% de las ganancias en impuestos, Pemex podría aumentar su deuda para pagar las refinerías, pero ya tiene fuertes reembolsos de la deuda con vencimiento en 2019 y 2020. Una reforma radical para Pemex podría ser seguir el “modelo de China”, dijo Juan Carlos Zepeda, comisionado presidente del regulador del sector petrolero de México: mantener a la empresa matriz en manos del Estado, pero escindir algunos activos en una unidad parcialmente cotizada, como en el caso de China National Petroleum Corp. (CR 31/7). De esta manera, las medidas a tomar por el nuevo gobierno mexicano tienden a romper con la dependencia generada luego de ceder la soberanía petrolera a las manos de los grupos económicos mundiales con la autorización por parte de Peña Nieto al ingreso de sus capitales después de más de cien años de control estatal. Al mismo tiempo, se propuso reactivar el sector agropecuario y al campesinado con 25 programas estratégicos en distintas zonas rurales del país. Uno de ellos es para sembrar un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables, en zonas ubicadas entre las localidades de Palenque y Ocosingo, en el estado de Chiapas. Según AMLO, “esto, no sólo permitiría la creación de 400.000 nuevos empleos, sino también aportar a mejorar el medio ambiente (…). Hay 100 millones de hectáreas de propiedad social, abandonadas y ociosas; muchos campesinos que han tenido que ir a trabajar hacia el norte; aquí está el 50 por ciento del agua del país (...). El campo es la fábrica más importante del país. (...) Vamos a producir en México lo que consumimos y vamos a fortalecer el mercado interno. Tenemos todo: el agua, el conocimiento. Los indígenas son los herederos de las grandes civilizaciones, los mayas eran grandes agrónomos” (TS 30/7). Estos son indicios de un cambio profundo en un país que actualmente funge solo como proveedor de mano de obra barata, con los salarios más bajos del continente y como proveedor de petróleo crudo para los EEUU, donde, al ser reducido a ese papel, el hambre y la crisis social hostiga permanentemente a sus trabajadores.

Al mismo tiempo, los países del ALBA, lejos de detener planes estratégicos, que contienen las alianzas con China y Rusia, siguen profundizando el desarrollo de las políticas económicas tendientes a derrotar el dominio del imperio. En esta sintonía, Evo Morales presentó el informe de gestión en la sesión de honor de la Asamblea Legislativa Plurinacional, como parte de las celebraciones por los 193 años de la fundación de Bolivia. Destacó el crecimiento del PBI, a pesar de la situación económica mundial, que pasó del 3.43% en 2017 al 4.44% en 2018. También informó que en el último año la inversión pública creció un 18%, al pasar de 1.659 millones a 1.957 millones de dólares. Indicó que para el presente año se tiene programado una inversión pública por el orden de 7.492 millones de dólares. Resaltó también que el desempleo bajó del 8,1% en 2005 al 4,41% para 2017, siendo uno de los más bajos de la región. En su discurso, afirmó que “antes Bolivia era gobernada por EEUU y ahora es gobernada por los indios” (CD 6/8).

Por su parte, en Cuba, luego de un enriquecedor proceso de discusion para la reforma constitucional, donde participó el grueso de la población en 135.000 asambleas locales, se dieron a conocer nuevas modificaciones a las normas complementarias de la Ley 118 de la Inversión Extranjera en el país, que tienen como objetivo agilizar los procesos de negociación y presentación de los proyectos de Inversión Extranjera en Cuba. En consonancia al lineamiento 78 de los documentos del VII Congreso del Partido, que exhorta a “incrementar la participación de la inversión extranjera directa como una fuente importante para el desarrollo del país”, el objetivo fundamental de estas modificaciones es facilitar los procesos de presentación al Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX) de los negocios con capital extranjero. Como reconoce la propia ley, la inversión extranjera en Cuba resulta vital para alcanzar un desarrollo sostenible, acceder a nuevos mercados, así como insertar productos y servicios cubanos en cadenas internacionales de valor, generando otros efectos positivos hacia su industria doméstica (CD 2/8). Desde luego, estas inversiones siempre están sometidas a la discusion y a la crítica de acuerdo al plan económico establecido por los trabajadores y ratificado por el gobierno revolucionario. Es decir, la inversión extranjera está siempre considerada en función de las necesidades del pueblo, impidiendo que actúen como meras vías para la reproducción del capital sin tener en cuenta ese desarrollo.

Pero para poder seguir profundizando este desarrollo, que sin dudas es el ejemplo y el faro ideologico a seguir por las naciones del contiente y del mundo, es necesario someterlo a la crítica constante. Asi lo expresó Jose L. Rodriguez, reflexionando sobre el balance presentado por Raul Castro en abril de este año acerca del rumbo económico de la isla, antes de dejar las funciones activas del gobierno. El líder cubano había dicho que “nunca nos hicimos ilusiones que seria un camino corto y facil. Sabiamos que iniciabamos un proceso de enorme complejidad... que abarcaba a todos los elementos de la sociedad, lo que requeria vencer el obstáculo colosal de una mentalidad cimentada en décadas de paternalismo e igualitarismo, con secuelas significativas en el funcionamiento de la economía nacional (…). A ello se sumó el ánimo de avanzar más rápido que la capacidad de hacer las cosas bien, lo que dejó espacio a la improvisación e ingenuidades, a causa de una insuficiente integrabilidad, incompleta valoracion de los costos y beneficios y vision restringida sobre los riesgos asociados a la aplicación de varias medidas que, además no tuvieron la conducción, control y seguimiento requeridos, lo cual determinó demoras y pasividad en la corrección oportuna de las desviaciones presentadas” (CD 28/7).

Ante estas dificultades, propias del aprendizaje colectivo, es cuando se fortalece el proceso, siempre y cuando se comprenda aún más el carácter terminal de las relaciones capitalistas en un mundo donde la división internacional del trabajo sucumbe por el peso de lo que engendró: la socializacion de la producción, la posibilidad objetiva de tener el control de las fuerzas productivas y de resolver los problemas que se presentan ante la humanidad. De esta manera, los planes políticos de la clase trabajadora, conteniendo al resto de las fracciones de clase que desplaza el imperio, tienen la obligación de desarrollar esas nuevas relaciones para producir e intercambiar que no tengan su esencia en la propiedad privada, en la utilización de la cooperación de las mayorías en torno de una minoría cada vez más concentrada. Así entonces, el papel de América Latina se hace cada vez más central por la incapacidad que tiene el imperio en “consensuar” sus planes y por el surgimiento de fuerzas políticas que se proponen profundizar una estrategia de cambio tomando el toro por las astas.



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