Revista Mensual | Número: Septiembre de 2018
Fuentes consultadas: EE.UU.: Wall Street Journal (WSJ). Gran Bretaña: The Economist (TE). Alemania: Deutsche Welle (DW); China: Xinhua (XH); Rusia: Russia Today (RT); Irn: HispanTV (HTV) Venezuela: Telesur (TS). Cuba: Cubadebate (CD). Argentina: Clarín (CL); Crónica (CA); Cronista Comercial (CR); La Nación (LN); Miradas al Sur (MS); Página 12 (P12); Tiempo Argentino (TA).
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¡Los cuadernos que precipitan el fin!

La opinión de los muchachos
En el Fondo y ajustados
La “manta corta” o “a los que le toca perder”
BANCOS
AGRO
INDUSTRIA:
Sobre las ruinas nacionales, el imperio impone una nueva base extractiva para la Argentina
El desguace nacional y las consecuencias para el conjunto de la sociedad


La concentración y centralización del capital a escala planetaria eliminan las bases del Estado Nacional, al tiempo que despedazan el propio andamiaje oligárquico-imperial

¡Los cuadernos que precipitan el fin!

“La humanidad se plantea siempre únicamente los problemas que puede resolver, pues un examen más detenido muestra siempre que el propio problema no surge sino cuando las condiciones materiales para resolverlo ya existen o, por lo menos, están en vías de formación”.

(Karl Marx)




El carácter insostenible de la política económica del Gobierno ha quedado expuesto como nunca antes a lo largo del mes de agosto. La guerra económica ya desatada entre las potencias comerciales de primer orden continúa impactando violentamente sobre nuestras tierras y trae consigo vientos de crisis. Alimentada por la concentración y la centralización del capital a escala planetaria, la tormenta se desata con todas las fuerzas del imperialismo, destruyendo a su paso la vida y el trabajo de millones de laburantes, arrojados a la desocupación y la marginalidad, arrasando, a su vez, a los capitales pequeños y medianos, y a los grandes grupos económicos de asiento local: las nuevas “víctimas” de la lucha por el dominio de los mercados.

En este marco, la hollywoodense “aparición” de las copias de los Cuadernos Gloria, en manos de un “humilde chofer” que cumplía funciones durante el periodo de gobierno de Néstor Kirchner, no sólo tiene como objetivo perseguir, enjuiciar y judicializar a Cristina Fernández, para así inhabilitar la representación más clara de la oposición al proyecto de la oligarquía financiera PRO-imperialista de Cambiemos; sino que además involucra a la “Burguesía nacional” que, mientras aplaude la lucha contra la corrupción del “populismo K”, ve uno a uno caer tras las rejas a sus CEOs y derrumbarse el precio de las acciones de sus compañías en Wall Street hasta valores de remate, listas para ser confiscados por el capital transnacional.

La contradicción entre el carácter social de la producción y su apropiación privada se desnuda ante los ojos de todo aquel que quiera ver. La velocidad en el salto productivo del trabajo con la actual revolución tecnológica vuelve imposible la coexistencia del capital altamente concentrado de base transnacional con las fracciones locales, imponiendo su defunción por todos los medios disponibles: económicos, extraeconómicos o las muchas combinaciones posibles entre ambos. La ley de la concentración del capital se impone, pese a cualquier cálculo político; los amigos se vuelven enemigos, los cómplices se trocan en víctimas. El macrismo, atrapado en su propia telaraña, no puede hacer otra cosa que devorar sus miembros para defender la cabeza, pero una testa sin brazos ni piernas está condenada a la inmovilidad y la indefensión, he allí su dilema insoluble.

La huida del país de los capitales especulativos, que abandonan “la bicicleta” y desesperan por sus dólares, marca el ritmo vertiginoso del derrumbe. La salida incontenible de divisas es la contracara del quebranto de los capitales fijos nacionales, que se sumergen en una recesión de profundidades incalculables. Recorramos los hechos.

La opinión de los muchachos

Sumando a la desconfianza del mundo financiero para con la Argentina, el Instituto Internacional de Finanzas advirtió que el país es el emergente con mayor vulnerabilidad fiscal, debido a sus altos niveles de deuda y dolarización: “Basamos nuestra evaluación del riesgo de solvencia en los índices de deuda y el camino esperado de la deuda. La deuda pública es generalmente moderada en los mercados emergentes pero hoy es superior al 60% en algunos países”. De estos, la Argentina es el país con mayor peso de la deuda pública en dólares (CR 10/8).

Por su parte, la Agencia Financiera Bloomberg ranqueó a la Argentina en el último puesto de las economías emergentes, mientras que el JP Morgan informaba a sus inversores que la Argentina necesitará en 2019 entre 15.000 millones y 20.000 millones de dólares para afrontar los compromisos de deuda (aún contabilizando los recursos del FMI por 11.700 millones de dólares, equivalentes a los cuatro desembolsos previstos para el próximo año). Dicho monto se traduce como una “preocupación” ante la posibilidad de que el país sudamericano caiga en una cesación de pagos. La banca Morgan estima un “gap financiero” −un vacio financiero− hasta fin de 2020, de dimensiones astronómicas por 49.700 millones de dólares, de los cuales 12.900 millones se necesitarían perentoriamente este año, mientras que 19.300 millones más se requerirán para cubrir el 2019 y los restantes 17.400 millones en 2020. Por su parte, Quantum Finanzas estima que “en 2019 la situación se complica. La diferencia entre necesidades y fuentes conocidas/probables muestra necesidades no cubiertas por 28.000 millones de dólares”; aún “si se lograse refinanciar el 100% de los vencimientos de Letes en dólares, las necesidades no cubiertas en moneda extranjera ascenderían a 10.000 millones de dólares” (CR 21/8).

En el Fondo y ajustados

Este mes tocó la primera revisión trimestral por parte del Fondo Monetario Internacional de las metas convenidas luego de la firma del acuerdo stand-by por el gobierno de Mauricio Macri. Fue poco lo que el equipo económico de Nicolás Dujovne tuvo para mostrar a los burócratas del Fondo. Apenas la reducción a medio camino del déficit comprometido, conquistado con un ajuste brutal al pueblo y el efecto reflejo de una inflación desbocada, que licua el gasto salarial del Estado. En cuanto al segundo aspecto, el control de la inflación, lejos de reducirse según los requerimientos del organismo, no paró de acelerarse, como consecuencia de la presión que la corrida financiera ejerce sobre el peso. A fines de julio, el precio del dólar se había disparado 11%. Así, en menos de dos meses, pasó de 27,76 pesos a 31, mientras que se dilapidaron casi 9 mil millones de dólares en reservas (de 63.274 a 54.641 millones), lo que obligó al Banco Central (BCRA) a subir la tasa de interés rectora (para intentar absorber pesos), situándola al 45% anual. El resultado fue un congelamiento de la actividad y una inflación descontrolada. Las estimaciones de inflación para este año ya escalan a un piso del 35% (cuando las proyecciones del gobierno eran del 19,5%) y el riesgo país pasó de 500 a 700 puntos. Pese al descalabro económico en que se hunde el país, y a contramano de las crecientes advertencias del mundo financiero, la misión técnica del Fondo avaló las medidas realizadas por el Gobierno (P12 16/8).

Entre los puntos centrales de la primera revisión del Fondo, además de la meta fiscal y de la inflación, aparecía el control de las reservas y la reducción del stock de LEBACs, que alcanzaban los 990.000 millones de pesos. Para tal fin, la autoridad monetaria (el BCRA) indicó la eliminación gradual del stock de LEBACs por etapas hasta diciembre de este año, por medio de políticas diferenciadas según fuesen los tenedores de las mismas. Primero, se diferenció a las entidades no bancarias (tales como fondos comunes de inversión, organismos públicos, empresas, individuos y no residentes), que poseen el 50% del total de las LEBACs, de los bancos que conservan la otra mitad. A continuación, el Banco Central explicitó su intención de desarmar las tenencias de LEBACs de los inversores no bancarios para diciembre. Nicolás Caputo así lo declaraba: “El stock de instrumentos emitidos por el Banco Central será significativamente inferior al actual y los únicos tenedores de estos instrumentos serán los bancos del sistema financiero local” (LN 15 /8). Como contracara, de acuerdo con el cronograma, los bancos que tienen LEBACs sólo podrán participar en las licitaciones primarias de dichas letras por cuenta y orden de terceros “no bancarios”, y no podrán vender sus remanentes en el mercado secundario a entidades “no bancarias”. Al vencimiento de sus LEBACs, podrán pasarse a nuevos instrumentos financieros puestos ahora a su disposición: las NOBAC (notas del Banco Central) a colocarse a un año y en pesos, o las LELIQ a colocarse también en pesos por 7 días. A esto se suma la posibilidad de pasarse a LETES (en pesos o en dólares), opción que ya existía desde tiempo atrás.

Pero a contramano de todas las estimaciones oficiales, esta propuesta del Banco Central desembocó en un rotundo fracaso: del total de LEBACs que vencían el martes 14 sólo se pudo renovar un tercio. Esto lo obligó a pedir autorización del FMI para vender cerca de mil millones de dólares de las reservas para impedir que la presión sobre el dólar de todos aquellos que querían salir del circuito financiero local derivara en una corrida que rebalsase los 30 pesos por dólar. Al mismo tiempo, los bancos rechazaron los nuevos instrumentos financieros y la licitación de NOBAC fue declarada desierta por falta de demanda (www.elcohoetealaluna 19/8). Para Nery Persichini, de GMA Capital, la posibilidad de que ese dinero vaya al dólar era mayor, porque el sustituto de inversión en pesos que ofreció Hacienda “paga casi 8 puntos menos que la Lebac. No veo a un inversor aceptando fácil ese recorte y el pase a un activo con mayor riesgo de crédito porque no lo ofrece quien tiene el monopolio de la emisión. Quedaron en calle unos $128.000 millones equivalentes a US$4.300 millones: no es para desdeñar” (LN 15/8).

A pesar del rechazo de los “inversionistas” a cambiar sus posiciones sobre la base de perder ganancias, el apoyo del Fondo a las políticas económicas se mantuvo explícito. Su vocero principal, Gerry Rice, decía a la prensa: “El plan de las autoridades argentinas para acelerar la reducción del stock de Lebac ha sido cuidadosamente diseñado por el Gobierno. La implementación de este plan debería eliminar una importante fuente de vulnerabilidad y ayudar a contribuir a un marco de política monetaria más eficaz. El Fondo respalda los esfuerzos de las autoridades en esta área, que son consistentes con los entendimientos alcanzados bajo el acuerdo stand-by respaldado por el FMI” (CR 15/8).

Pese al apoyo del organismo multilateral, durante el mes de agosto aumentaron las voces de los fondos de inversión y entidades financieras locales y extranjeras recomendado a sus clientes dolarizar sus carteras −entre ellos se cuentan el BNP Paribas Brasil y el JP Morgan−, lo que expresa la inquietud de las finanzas internacionales ante el nivel decreciente de reservas líquidas del Banco Central, estimadas actualmente en menos de 20.000 millones de dólares; y la incapacidad de cubrir con ellas los vencimientos futuros de deuda externa en 2019. En este contexto, de evidente quebranto, el respaldo del FMI no tiene por objeto rescatar a la Argentina de su debacle financiera, sino nutrir de liquidez a los capitales especulativos que tienen sus activos pesificados y necesitan dólares para salir del país. El saldo del rescate corre por cuenta del pueblo, pagadero en deuda, ajuste y miseria.

La “manta corta” o “a los que le toca perder”

BANCOS

Como hemos señalado más arriba, la banca local no cumplió con el pedido del BCRA de canjear sus LEBACs por las nuevas Notas del BCRA (Nobac). En represalia, el Banco Central les ordenó subir en tres puntos porcentuales (de 28% a 31%) los encajes para todos los depósitos en pesos del llamado “Grupo A”, una medida que tiene por objeto fijar parte de la liquidez en pesos, en posesión de los bancos, inmovilizando su circulación y, por lo tanto, su reinversión. Esta acción representa un importante perjuicio para los bancos, porque se les obliga a mantener ociosa una importante cantidad de pesos en un contexto inflacionario (fundamentalmente no pueden comprar dólares).

El argumento dado por los banqueros para no acatar el plan del Gobierno fue que este les pedía cambiar un instrumento financiero por otro que ofrecía una rentabilidad en pesos menor. Al elevar los encajes bancarios (la cuarta vez en dos meses), los 18 bancos que concentran buena parte de la liquidez del sistema deben mantener inmovilizadas sus reservas (CL 16/8). El Gobierno ha justificado la medida de política monetaria aduciendo la falta de dólares y la consecuente imposibilidad de afrontar una demanda creciente, sin depreciar más la moneda local o profundizar el remate de reservas para contener la corrida. En este hecho, puede observarse la preferencia del gobierno nacional por los tenedores privados (fondos de inversión extranjeros) por sobre los inversores locales, a los cuales les “hacen pagar” con la devaluación de su capital los dólares que compran aquellos. Esta discriminación queda patente en el hecho de que, mientras a la banca media local les impone la inmovilización del capital (aumento de los encajes), a los capitales externos les garantiza su total libertad de circulación, reusándose a implementar cualquier medida que regule la salida de divisas del mercado local.

Un efecto de honda significación, consecuencia de la definición del “campo” de los ganadores y perdedores de la corrida, la ejemplificó este mes la caída en picada de los precios de las acciones (en particular la de los bancos privados) y bonos argentinos, tanto en el Merval como en Wall Street, a valores equivalentes al 2015 (LN17/8). Así, la “Gran Banca Nacional”, aliada indiscutible del Gobierno de Cambiemos, que acumuló ganancias como ningún otro sector (más del 150%) en los últimos dos años y medio, hoy cae en desgracia a merced de las necesidades de los verdaderos dueños del país.

AGRO

Durante el mes de agosto, el Gobierno, en su irrenunciable promesa contraída con el FMI de bajar el gasto público y aumentar la recaudación, terminó metiéndole la mano en el bolsillo a su aliado más cercano en su lucha contra el “populismo Kirchnerista”. Como hemos venido analizando, la guerra comercial entre las grandes potencias mundiales afecta cada día más a la economía argentina, de modo que al imponer EEUU aranceles a una lista de productos chinos, y al responder éste con un 25% de arancel para la soja norteamericana, se produjo una baja generalizada en el precio del poroto de soja, que arrastró también a sus derivados como el aceite y la harina. Ambos son los principales productos de exportación de la Argentina, con embarques por 20 mil millones de dólares. Esta situación, por ahora coyuntural, configura un mal momento para los grandes exportadores agropecuarios. Situación que debe sumarse a la pésima campaña de la oleaginosa, cuyo rendimiento cayó en un 37,4 como consecuencia de la peor sequía de las últimas décadas, con pérdidas de 18 millones de toneladas y 6 mil millones de dólares. Pese a ello, el FMI recomendó −entre las medidas propuestas al Gobierno para disminuir el déficit fiscal− la suba de las retenciones a las exportaciones agropecuarias.

Consciente del riesgo político que implica afectar los intereses de su principal aliado, los cuadros en el Gobierno evadieron cuanto pudieron dicho dictamen. Por esto, durante su visita a la Sociedad Rural en el mes de julio, antes de emprender viaje rumbo al encuentro del G20, el propio Macri había declarado, en compañía del ministro de Agroindustria Luis Miguel Etchevehere, que no se modificaría la baja gradual de retenciones para la soja. Incluso, el 28 del mismo mes, la vicepresidente Gabriela Michetti, en su discurso ante la Sociedad Rural, repitió lo que sería una falsa promesa. El 15 de agosto –a la par de la decisión de elevar los encajes bancarios−, el decreto N° 757 suspendió por seis meses la baja de la cuota de las retenciones para la harina y el aceite de soja. Las voces “oficialistas” en oposición a la medida no tardaron en sonar.

Desde la columna sojera del diario Clarín, Héctor Huergo denunció la traición: “El gobierno le birlará a los productores de soja unos 800 millones de dólares de la próxima campaña, sin afectar el cronograma de reducción de las retenciones al poroto de soja (hoy en 26%), para mantener el de los productos derivados de su molturación (“crushing”): la harina de alto contenido proteico, y el aceite. Ambos pagaban 3% menos que la soja cruda. Si se procesara toda la producción, ese 3% significaría 2 millones de toneladas. La industria tiene una capacidad de molienda de más de 60 millones de toneladas. Es el volumen esperado en la próxima cosecha” (CL 18/8). Por su parte, Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), decía al respecto de la medida: “La Argentina perderá exportaciones de harina y aceite, que son los dos principales productos de exportación (…); el sector alentará el diálogo con el Gobierno para mantener la competitividad exportadora. Nos amanecimos con noticias económicas sorprendentes, que parecieran no tener un análisis, sin consultar al sector involucrado. Hay que dar reglas previsibles y no actuar como está actuando el Gobierno”. Tampoco Carlos Iannizzotto, de Coninagro, pudo contener su indignación: “Es un recorte que afecta a las economías regionales, es exactamente al revés de lo que debieron hacer” (LN 16/8).

Pero los problemas del agro no se detienen ahí; productores tamberos de todo el país mantuvieron una reunión con los ministros de producción de seis provincias lecheras para plantear la aguda crisis que viene atravesando el sector. Andrea Pasarrini, dirigente de Carbap (terratenientes de Buenos Aires y La Pampa, por fuera de la zona núcleo), afirmaba desesperada, realizando un renunciamiento ideológico de carácter histórico: “Cierran 458 tambos en un año, dejémonos de jorobar con el libre mercado, que en lechería eso no existe, y que las autoridades se hagan cargo de evitar que la industria láctea siga teniendo posición dominante. (…) Hay funcionarios que dicen que es porque son ineficientes: que vengan ellos a producir y nos digan cómo se hace para producir a un costo que puede estar entre 7,80 y 8,20 pesos por litro, mientras la industria paga, en Santa Fe por ejemplo, 6,80 pesos el litro. Llevamos 30 meses trabajando a pérdida, la cadena lechera tuvo una merma en ese período de 17 mil millones de pesos y el 97 por ciento recayó sobre la espalda de los tamberos. (…) La leche no podés ponerla en una silobolsa y especular” (P12 29/7).

Como en la década de 1930 (en una situación de crisis capitalista mundial), los medianos y grandes dueños de la tierra se fracturaban. Carbap, el más poderoso agrupamiento que conforma la CRA, ataca la política oficial, al tiempo que critica duramente el comportamiento “especulativo” de los grandes terratenientes de la zona núcleo (SRA), cuya acción acaparadora del grano (que por supuesto el Gobierno no sólo no penaliza sino que más bien garantiza) coadyuva a que los medianos propietarios “paguen” una parte de la crisis económica en ascenso. El proceso de concentración y extranjerización de la tierra sigue escalando. (Recordemos que una de las primeras medidas dictadas por Macri fue la eliminación del límite a la compra de hectáreas que los gobiernos del FPV habían impuesto a los extranjeros).

Por su parte, para los productores de cerdos, la situación empeora cada día más, al igual que el grado de entrega del gobierno nacional. El ingreso de la carne porcina norteamericana sigue siendo un punto de conflicto y de reclamo para los productores locales. Los costos del sector aumentaron en los últimos 12 meses un 60%, con ingresos que apenas subieron un 21% (según el Ieral). Afectados por el alza de costos y con la rentabilidad en baja, visitó nuestro país el Secretario de Agricultura de los Estados Unidos, Sonó Perdue, quien con sus declaraciones generó urticaria en los productores nacionales: “Estados Unidos es el tercer mayor productor de carne de cerdo del mundo y uno de los principales exportadores. Este nuevo mercado es una gran victoria para los agricultores y ganaderos estadounidenses. Confío en que una vez que la gente de la Argentina pruebe los productos estadounidenses sólo querrán más”. Cabe recordar que, gracias al entreguismo del gobierno de Macri, el cerdo yanqui volvió a ingresar a la Argentina luego de 22 años de restricciones. En relación con estas declaraciones, desde la Federación Agraria Argentina (FAA) se afirmaba en un comunicado: “Quienes festejan con estas visita son los farmers americanos; los que la padecemos somos los productores argentinos. (…) Lamentamos que el Gobierno nacional siga desoyendo el reclamo de la producción porcina local” (CR 31/7).

La crisis de reproducción del capital que empieza a impactar sobre todo el sector agropecuario no puede más que manifestarse en sus órganos superestructurales. Es así como este mes se conoció la fractura al interior de la mismísima representación corporativa de la oligarquía terrateniente, la Sociedad Rural Argentina, que por primera vez en 28 años tendrá elecciones en las que competirán dos listas opuestas. La última vez que hubo una elección interna en la Sociedad Rural fue en 1990, cuando a raíz de los enfrentamientos que ocurrieron en esa campaña (estaba en danza el viraje histórico del sector hacia el modelo sojero) se decidió que los candidatos surgieran por consenso. Hoy ese acuerdo se rompió. La ruptura, si bien se explica puertas afuera como una pelea de personalidades entre Pelegrina (actual conducción) y Etchevehere, pone de manifiesto las diferencias dentro del sector entre las cerealeras, los terratenientes y los productores agrícolo-ganaderos (P12 27/7).

INDUSTRIA:

Más allá de las medidas de gobierno, que no hacen más que potenciar la caída de todos los índices de consumo y producción, el proceso de ajuste excede en sí las decisiones de la gestión gubernamental y está atado directamente al régimen mismo de producción mercantil-capitalista que rige nuestras vidas y que es necesario que podamos entender. La necesidad del control de mercados y recursos estratégicos por parte de los conglomerados financieros transnacionales, en el grado actual de desarrollo de la concentración económica, exige la absorción y liquidación de las fracciones nacionales de capital; lo que redunda en un proceso de reprimarización del modelo productivo de los países periféricos; o lo que es lo mismo, en una destrucción de ramas industriales completas, que nunca han tenido el desarrollo suficiente para vertebrar esas economías dependientes. La apertura irrestricta que aceita la penetración de los capitales externos más concentrados condena a las economías dependientes a una fragmentación cada vez mayor de enclaves desarticulados entre sí, vinculados al mercado mundial (agro, minería, energía). El acelerado proceso de concentración y centralización del capital explica en última instancia la denuncia de los Cuadernos Gloria, que involucra a buena parte de los grupos económicos nacionales, en una denuncia de corrupción que se orienta a destruirlos, tal como sucediera con el mentado caso de la brasileña Odebrecht.

Sin lugar a dudas, la hollywoodense “aparición” de las copias de los Cuadernos Gloria es la operación mediático-judicial más importante de los últimos tiempos, luego del asesinato de Nisman. Bajo la supuesta aparición de las copias que escribió en 8 cuadernos un “humilde” chofer sobre los sobornos y sobreprecios en la “era K”, que desembocó en la denuncia y encarcelamiento de ex funcionarios y numerosos ejecutivos de algunas de las principales empresas del país, acusados del pago de coimas millonarias y del cobro de sobreprecios en la adjudicación de los contratos de obra pública durante el gobierno anterior. Dicha situación corrobora las sospechas que ya tenían los popes de la industria local con respecto al rumbo final al que los lleva el programa económico de Cambiemos. Como reproducía una nota del diario página12: “Los dueños de la llamada patria contratista ven cómo el proyecto del cambio que ellos suponían que venía simplemente a disciplinar a la clase trabajadora, a limpiar de populismo el reparto de la torta nacional, de pronto los ubica en la mira de un tirador más grande. Se lo preguntan en Techint, en Aluar, en Ledesma y en las empresas de la patria contratista que se sorprenden con sus ejecutivos encarcelados mientras ven cómo las acciones de sus compañías se derriten en Wall Street. Se espantan al comprobar que fondos buitre están comprando esos papeles a precios de remate para volcarse sobre ellos en cuanto tengan oportunidad. Conocen como opera la Task Force Argentina, el grupo de tareas que litigó contra el país y demonizó a Cristina Fernández de Kirchner. Saben de los manejos de Paul Singer, a quien alentaban años atrás como un aliado circunstancial para desbancar el proyecto nacional y popular. Y saben que detrás de Singer estaban el aparato judicial y político estadounidense” (P12 25/8).

Más allá del objetivo político-institucional (que desnuda el carácter estrictamente antidemocrático de las fuerzas del capital) de perseguir judicialmente a Cristina Fernández, para así inhabilitar a la representación más clara de la política nacional que hoy puede contrarrestar y oponerse al proyecto de la oligarquía financiera enquistada en el gobierno PRO-imperialista de Cambiemos, lo glorioso de toda esta operación es que se muestra como nunca el enfrentamiento entre los intereses más encumbrados de la burguesía nacional que, si bien constituyen la principal base de sustentación del Gobierno, han resistido desde un inicio al ala dura oficial que intentaba imponer nuevas formas de apropiación que privilegian la transferencia masiva de ingresos de la población y riqueza acumulada hacia el capital financiero internacional y unos pocos socios locales. Esa lucha, que ya hemos descripto en números anteriores entre los SHOCKISTAS y GRADUALISTAS, expone la fragilidad estructural de este Gobierno ante la relación de fuerzas mundiales que rigen al orden nacional, signado por la pugna entre las fracciones del capital local y extranjero.

Detrás de esta operación local se encuentra la fuerza del imperialismo. Es el capital financiero trasnacional, que mueve a todo el departamento judicial yanqui, quien está detrás de los misteriosos Cuadernos Gloria, llevando toda su podredumbre estructural, su corrupción, su evasión fiscal a gran escala, etc. a todos los rincones a donde llegan sus negocios. Las similitudes con el Lava Jato brasileño no pueden ser coincidencia ni fruto de un clima de moralidad pública continental; son más bien la continuidad de una estrategia de guerra de nueva generación, fundamentada en la penetración judicial, mediática y policial de las republicas latinoamericanas por los servicios de inteligencia norteamericanos, en coordinación con el dominio de la información financiera, que concentran los gigantescos bancos norteamericanos, pilares de los 147 grupos económicos que dominan las finanzas y la producción globales. El objetivo no es otro, insistimos, que forzar la quiebra y venta de los activos de las grandes empresas nacionales a sus competidores extranjeros.

Mientras se juega el partido judicial, a las sombras de los flashes que encandilan todo con las imágenes de detenciones y arrepentidos por doquier, la actividad industrial se desplomó un 8,4%, la peor caída en 9 años. Miguel Acevedo, el titular de la UIA, decía al respecto: “No veo un plan a largo plazo. (…) En nuestro sector vamos a tener una recesión fuerte. Es lo que me están diciendo las pymes, es lo que me están diciendo en el sector. No creo que esto se revierta porque tenés un problema internacional y una dificultad interna no solucionada” (P12 17/8).

Enmarcado en el plan de ajuste fiscal reclamado por el FMI, el Gobierno, luego de que el flamante ministro de Producción Dante Sica le asegurara el 31 de julio pasado a la Unión Industrial que los reintegros a las exportaciones de bienes con valor agregado no corrían peligro, redujo en dos tercios esos reintegros y Sica se enteró por los medios. El comunicado oficial justificaba la ruptura del acuerdo con los grandes industriales locales, en virtud de “las nuevas circunstancias que presenta el contexto internacional, la necesidad de acelerar la consolidación fiscal y evitar la generación de mayores desbalances”. El malestar entre los industriales por los recortes anunciados no se hizo esperar. “Esto es un misil contra el valor agregado”, dijo el presidente de la UIA, Miguel Acevedo, e ironizó: “Me sorprende lo que pasó con Sica. Él había asegurado más de una vez que no iban a bajar los reintegros y que hablaba por todo el gabinete. Se ve que no los conoce bien aún”. José Urtubey, vocal de la UIA y presidente de Celulosa, cuestionó: “Hay improvisación en el manejo de la política económica. Hace unas semanas, Sica nos dijo dos cosas: que las tasas de interés iban a bajar y que no iban a tocar los reintegros a las exportaciones. Las tasas subieron de 40% a 45% y acto seguido nos enteramos por el Boletín Oficial y por los medios de comunicación de que hay reducción de los reintegros”. La ruptura de la promesa obligó a la UIA a publicar un comunicado “como entidad”, en el que manifestó “la preocupación por el impacto negativo que tendrá para el conjunto del sector productivo. (…) Tanto los problemas estructurales como la actual coyuntura financiera de la Argentina tienen como nexo común la necesidad de generación de dólares genuinos. Medidas como estas no hacen otra cosa que incrementar las dificultades para revertir el saldo negativo de la cuenta corriente, empujando a una primarización de toda la economía (LN 15-18/8).

La función mediática y jurídica de los Cuadernos Gloria es la liquidación de una fracción local que gravita sobre la economía argentina, por parte de los capitales monopólicos. En lo particular, es la forma que toma la disputa en torno a los negocios en un área de importancia estratégica para la producción mundial: la generación, transporte y distribución de energía y la explotación de recursos naturales vinculados a la misma. Pero no todo lo que brilla es oro para la burguesía dueña del mundo. La liquidación de los viejos “capitanes de la industria” debilita políticamente al capital financiero, pues aquellos han sido formados, en tanto “grupos económicos”, por el mismo capital imperialista, cumpliendo la función esencial de garantizar la reproducción de las relaciones sociales capitalistas. Han sido y son un instrumento del dominio económico, político y cultural, en estas tierras, de los monopolios. Su liquidación como necesidad objetiva de acumulación del capital imperialista implica la desaparición de un instrumento vital para su dominio en la sociedad argentina.

Sobre las ruinas nacionales, el imperio impone una nueva base extractiva para la Argentina

La actividad petrolera es una de las ramas estratégicas que el gobierno PRO-imperialista ofreció en devoto holocausto al capital extranjero. Para ello, tomó las medidas necesarias, principalmente garantizando la ampliación de los márgenes de rentabilidad del negocio petrolero en el país. Un ejemplo de esto que decimos fue el convenio realizado con el sindicato de petroleros conducido por Pereyra, acompañado por el decreto que redujo el arancel a la importación de equipamiento petrolero del 35% al 7%. Bajo la vieja receta de tirar abajo algo que vale 100 para comprarlo a 10, hemos visto cómo durante 2017 la producción de petróleo cayó al nivel más bajo en los últimos 10 años. La contracara necesaria es el desmantelamiento de la estructura de explotación convencional, que estaba en manos de YPF, favoreciendo la extranjerización y por consiguiente la dependencia de su capital productivo. Desde el principio de su gestión, el Gobierno posó su mirada sobre la energía, su producción y distribución. Así, le dio el Ministerio de Energía al ya inolvidable Aranguren, un alto ejecutivo de la empresa Shell, e integró profusamente la función pública y los cargos de regulación del negocio energético con ex funcionarios de empresas multinacionales del sector. También puso en evidencia su voluntad de dolarizar las tarifas públicas y el precio de los combustibles y de transferir a las grandes empresas del sector buena parte de los subsidios otorgados anteriormente a los consumidores, fenómeno que derivó en un tarifazo sin fin. Este ingreso de capitales marca un cambio en la industria petrolera, dejando de lado la explotación de los pozos convencionales, para pasar de lleno a la explotación de manera “no convencional”, bajo el dominio de la tecnología de punta en manos del capital extranjero.

Como se reprodujo en una nota del portal que dirige Horacio Verbitsky (“El Cohete a la Luna”), en este último caso (Vaca Muerta), se dispuso de subsidios especiales para fomentar rápidamente el desarrollo de la explotación de los yacimientos de gas y petróleo no convencional, segundos por su magnitud en el mundo. Esto motivó un avance espectacular de las inversiones en el sector: hacia fines de abril se anunciaban inversiones en Vaca Muerta por un total de 15.000 millones de dólares, comprometidas para 2018 por un conjunto de empresas extranjeras y de capital local. Asimismo, se estimaba que en los próximos cinco años YPF habría de invertir no menos de 30.000 millones de dólares en dicha zona y se esperaba que para 2023 este yacimiento hubiera de recibir 100.000 millones de dólares (CL 24/4/2018). “Este boom de todos los booms” fue liderado por Tecpetrol, empresa del grupo Techint que sólo en nueve meses pasó de la nada a producir 6 millones de m3 de gas (Clarín 31/5/2018).

Desnudando la importancia estratégica de la producción y generación de energía, y de los yacimientos no convencionales de gas y petróleo en Vaca Muerta, Mónica Peralta Ramos escribía para dicho portal: “Según uno de los principales ejecutivos de Tecpetrol, Vaca Muerta es hoy ‘el recurso virtualmente infinito’ de la Argentina, ‘para casi 200 años de consumo’. También es ‘la esperanza económica más importante de la Argentina (…) que puede resolver hasta el problema de la cuenta corriente del balance de pagos, si exportamos gas al mundo en los próximos años. (…) La gente que está en el gobierno (…) sabe que ahí hay algo importante (pero) la mayoría no vislumbra que tiene el mismo potencial que el campo’ (Infobae, 25 de julio de 2018). La corrida cambiaria iniciada en abril y el subsiguiente reemplazo del Ministro de Energía habrían de focalizar la atención del Gobierno en el enorme potencial de Vaca Muerta, que se transformó entonces en la meca del ‘sí se puede’. Al decir del nuevo Ministro de Energía, Javier Iguacel, Vaca Muerta será el Silicon Valley del desarrollo argentino. Comienza entonces un periodo de febril actividad en torno al desarrollo de este yacimiento de gas y petróleo no convencional. Esta actividad comprende gestiones del Ministro con algunas empresas ya localizadas en el área, y con otra recién llegada y comandada por Miguel Galuccio −ex titular de YPF durante el gobierno K− asociado a un ex funcionario de la multinacional Dow. Asimismo, Iguacel colabora activamente con el gobernador de Neuquén para conformar una ‘mesa de trabajo’ que incluirá al propio Presidente del Banco Central, al Ministro del Interior y al titular del Ministerio de Hacienda. El objetivo de la mesa: planificar el futuro de Vaca Muerta” (www.elcohetealaluna 19/8).

Como resultado de las nuevas inversiones, Neuquén tuvo en junio el mismo nivel de gas y petróleo que en 2008 justamente por Vaca Muerta. La provincia alcanzó una producción de 112.876 barriles por día de petróleo y 68,6 millones de m³ de gas diarios. La suba del gas representa un 12,12%, comparando junio de 2018 respecto del mismo mes de 2017. En cuanto al petróleo, marca un crecimiento del 7,15% frente a junio del año pasado. Neuquén produce cerca del 50% del gas del país. El 61% de esa producción proviene de yacimientos no convencionales. En tanto que el 50% del petróleo proviene también de este tipo explotaciones. En palabras del propio gobernador: “En estos últimos años de trabajo, se han acelerado los tiempos y las formas de explotación. Y bajaron los costos operativos. Se evolucionó mucho en eficiencia, costos y productividad(CL 27/7). Faltó decir: al ritmo de las exigencias que los capitales norteamericanos imponen para realizar dichas inversiones…

De esta manera, se va configurando el mapa de las inversiones extranjeras que, según el coro oficialista, le harían tan bien al destino nacional, pero cuya meta exclusiva es adueñarse de los recursos estratégicos del país, bajo las condiciones políticas, económicas y jurídicas que el gobierno de Macri les garantiza. Así, los capitales buitres tonifican sus músculos para la pelea mundial en la que se encuentran. Si unimos el conjunto de hechos, aparece claro un retroceso en relación a los posicionamientos logrados por YPF desde su estatización. Mientras que por un lado abandona la explotación convencional, por el otro se pasa a posiciones de subordinación a capitales extranjeros, en lo que hace al modelo no convencional del shale oil, bajo el dominio de tecnología externa, lo que trae aparejado el desmantelamiento de las banderas históricas de soberanía energética.

De esta manera, mientras se liquida una gran porción del empresariado nacional para hacer lugar a las inversiones extranjeras, el apetito imperialista por nuestras riquezas continúa siendo satisfecho por un gobierno que profundiza la entrega, no sólo de gas y petróleo. Hace tiempo que, en lo que hace a la producción minera, el Gobierno ha tomado la decisión de derogar una norma establecida por Julio De Vido en el 2012 que obligaba a las mineras a sustituir importaciones. Según dicha resolución, las mineras debían tener “departamentos de sustitución de importaciones”, destinados a elaborar planes que favorecieran el “compre nacional”. La eliminación de dicha norma golpea duramente a la industria metalúrgica vinculada al sector. A su vez, el Gobierno derogó otra resolución que establecía la obligatoriedad para las mineras de contratar transporte marítimo argentino para el traslado del mineral. Ambas medidas tienen un sentido evidente: reducir los precios de producción al incorporar la competencia extranjera en este renglón de los costos de las mineras. Pero, a su vez, estas medidas entrañan una mayor desvinculación de la explotación minera de todo el entramado productivo del país, agravando aún más su carácter de enclave extractivo, en detrimento del desarrollo nacional.

El desguace nacional y las consecuencias para el conjunto de la sociedad

Bajo el estricto control del FMI, los capitales financieros globales intensifican sus demandas hacia el Gobierno para que garantice sus ganancias, a costa de ajustar los bolsillos y las condiciones básicas de vida del pueblo argentino, pero con la novedad de que gran parte de la elite empresaria nacional también debe entrar en la dieta, al punto de desaparecer, y para quien se niegue ya aparecerá un “Cuaderno Gloria” que le enrostre todo tipo de delitos cometidos.

En la búsqueda desesperada por achicar el déficit fiscal, el gobierno nacional −a través del decreto 756− anuló el Fondo Federal Solidario −creado en 2008 con el 30% de las retenciones a la soja− y ratificado por el Pacto Fiscal de noviembre de 2017, para “mejorar la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda y vial” de las provincias y municipios. El pacto, refrendado por la ley 27.429 el 21 de diciembre de 2017, incluyó los compromisos de parte de las provincias y los municipios de ajustar sus cuentas, y constituyó la última victoria del gobierno nacional antes del derrumbe en el que no cesa de caer a partir de diciembre de 2017. El zarpazo representa una porción del ajuste por 100.000 millones de pesos que deberán aplicar las provincias, según lo proyectado en el presupuesto 2019.

El decreto del 15 de agosto, que no fue consultado ni con los gobernadores ni con los intendentes, terminó con el Fondo Sojero, lo que generó malestar y sorpresa entre gobernadores, incluso en las provincias al mando de Cambiemos, donde esperaban que la eliminación comenzara a regir recién el año que viene. Juan Manuel Urtubey, gobernador de Salta (PJ), decía al respecto: “En las conversaciones entre las provincias y la Nación sobre dónde hacer la reducción de gastos veníamos evaluando el tema del Fondo Sojero, era una de las alternativas, pero el Fondo Sojero se destina a obras”, y recordó que un porcentaje de lo que recibe la provincia, el 50 por ciento en su caso, se coparticipa a los municipios: “Estamos hablando de obras que ya están en marcha y que ahora no está claro cómo van a seguir. Esta medida afecta mucho a los intendentes. Espero que el esfuerzo se haga también desde la Nación, porque hasta ahora el esfuerzo fiscal se está transfiriendo esencialmente a las provincias”. Por su parte, el gobernador de Tucumán, Juan Manzur (también del PJ), calculó la pérdida para su provincia en 1.200 millones de pesos: “Vemos esto con preocupación porque es una situación que afecta a todos los tucumanos, independientemente del signo político. Esto les quita a todos. Es un recorte que va en contra de todo Tucumán. Estamos muy preocupados porque sigue subiendo todo y encima nos quitan la plata. Por eso vamos a activar todos los resortes para que esto se revea”. La intendenta de Rosario, Mónica Fein, se sumaba a la crítica: “El gobierno nacional pretende resolver su descalabro financiero cortando por los más débiles. Por DNU, definieron recortarle $240 millones a la ciudad que eran destinados exclusivamente para obras” (LN 15/8).

El repudio general de municipios y estados provinciales afectados preanuncia dificultades crecientes a la hora de incluir las cláusulas de ajuste pactadas con el FMI en el presupuesto, lo que augura una creciente crisis política del gobierno central para con casi la mayoría de los gobernadores. Rememorando los dichos del propio Macri, cuando en off amenazó a las provincias que se opusieran a su política de ajuste y ahogo financiero, diciendo “que antes de que se incendie la nación iban a arder muchas provincias”, hoy parece que la sequía del descalabro económico es garantía para que de un solo chispazo todo se incinere.

Mientras tanto, los indicadores que hacen a las condiciones de vida del pueblo en su conjunto no hacen otra cosa que empeorar. La redistribución del ingreso nacional encuentra en el consumo popular una demostración del carácter regresivo que asumió en estos últimos dos años. El consumo masivo no logra reaccionar, acumula dos años y medio de caída con un retroceso mayor a 5% y lo más probable es que lejos de repuntar siga cayendo. Desde un relevamiento hecho por la CAME, las ventas minoristas tuvieron una caída del 5,8%. Las caídas más fuertes por provincias ocurrieron en Salta, Jujuy, Chaco, Tierra del Fuego, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero y Ciudad de Buenos Aires, con bajas mayores a 10% en el promedio de los rubros relevados (P12 6/8).

Al mismo tiempo, los despidos alcanzaron en julio el nivel más elevado (comparando siempre dicho mes) de los últimos ocho años. Fueron 9.377 desvinculaciones en empresas privadas, organismos públicos y compañías estatales. Las cifras, elaboradas por Tendencias Económicas, son un 56,8% superiores al máximo observado en el séptimo mes de 2012, cuando la economía también atravesaba una recesión. El relevamiento realizado por la consultora muestra que los despidos más significativos se registraron en actividades que habían motorizado la creación de empleo hasta el año pasado, como la construcción. La contracción en esos sectores se suma así a los sectores afectados por la apertura comercial y la reducción del mercado interno, como las industrias textiles, calzado, de la alimentación, transporte, comercio minorista y supermercados. Según un informe de la consultora Tendencias Económicas: “La conflictividad laboral se incrementó en julio, localizándose en mayores huelgas y despidos. Durante los primeros siete meses del año, los despidos se incrementaron 298 por ciento frente al mismo período del año pasado, como mecanismo de ajuste de gastos de las empresas, ante la robusta suba de los costos y las perspectivas recesivas para los próximos meses” (P12 10/8).

Entre las empresas que despidieron trabajadores el mes pasado, figuran: Brightstar, Carrefour, Editorial Atlántida, Dow Dupont, Filtros Monza, Envases del Plata, La Perlita, Trafigura, Verlop, Radio del Plata, Loa Paraguaya, Loba Pesquera, Nevares, La Boston, Pampa Energía, Serviaves y Supercemento, entre otras. También se contabilizaron despidos en dependencias estatales como Atucha y la Procuración del Tesoro. “Se destacaron en el sector público las huelgas gremiales de docentes, Ctera, PAMI, personal civil de las Fuerzas Armadas, médicos del servicio de Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires, administración pública de Buenos Aires y trabajadores judiciales”, indica el relevamiento realizado por la consultora (P12 10/8).

En síntesis, en primer lugar, el programa económico implementado por la alianza de gobierno Cambiemos ya ha fracasado. No hay un solo indicador que permita afirmar la posibilidad de estabilización del régimen y de su programa de gobierno. Se podrá decir, no sin razón, que este programa nació fracasado o que su éxito no consistió nunca en estabilizarse si no en facilitar el desguace de la Nación por el imperialismo decadente y la rapiña de las migajas por los grupos económicos nacionales, devenidos en verdaderos capitales lúmpenes.

Así, la crisis general del orden socio-económico, político y cultural dominado por los grandes capitales concentrados a escala planetaria, que seguimos mes a mes en esta publicación, nos muestra de qué manera los grandes grupos económicos trasnacionales, las 147 corporaciones económicas globales que controlan la producción y distribución de más del 50% de la economía mundial, en su lucha por garantizar su reproducción, no sólo van desplazando sectores de trabajadores o de empresariados locales regionales, sino que las mismas oligarquías nativas van camino a desaparecer, reducidas a meros capataces de la oligarquía financiera (Monsanto-Bayer; Dreyfus; fondos de inversión, etc.).

En este sentido, se ha podido observar la balcanización de la Mesa de Enlace y la división en el propio seno de la SRA. Este proceso pone en crisis las bases mismas sobre las cuales el capital construyó su dominio histórico. El Estado-nación, tal cual lo conocimos hasta hoy, ya no le sirve y empuja con todas las fuerzas hacia su disolución.

La toma de conciencia de este problema por parte de los trabajadores determinará la suerte del conjunto del pueblo. La conquista de su autonomía como clase, como sujeto histórico capaz de transformar la sociedad, se desarrolla subterráneamente, y de ese desarrollo depende la superación histórica del proceso de disgregación nacional y social.



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