Revista Mensual | Número: Septiembre de 2018
Fuentes consultadas: EE.UU.: Wall Street Journal (WSJ). Gran Bretaña: The Economist (TE). Alemania: Deutsche Welle (DW); China: Xinhua (XH); Rusia: Russia Today (RT); Irn: HispanTV (HTV) Venezuela: Telesur (TS). Cuba: Cubadebate (CD). Argentina: Clarín (CL); Crónica (CA); Cronista Comercial (CR); La Nación (LN); Miradas al Sur (MS); Página 12 (P12); Tiempo Argentino (TA).
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Cuadernos “Sin Gloria” y guerra “asimétrica” criolla

El CV del Gobierno CEO
“El acuerdo con el FMI es cero peligroso. Lo peligroso es cuando los argentinos nos engañamos”
De Fotocopias de Cuadernos, agentes de inteligencia y aparato judicial
Las fotocopias y el acta de defunción para el empresariado local
“No todos los empresarios son lo mismo”, los del imperialismo son mejores…
Vacío de Poder, clima destituyente y… “se viene Maduro”
¿Plan Cóndor? No señor… Plan América, Señor…
Macri y “EL” encuentro más Importante
Ahora la democracia se le debe al ejército…
“El ajuste solo cierra con represión”
Bases militares, ataques de “bandera falsa” y falta de tiempo
El capitalismo, el patriarcado y el papel de la clase trabajadora
Corrupción, gobernadores y el fin del sueño del capitalismo bueno
Sin Fondo Solidario, hay una cosa que empieza con P…
Un conflicto, dos conflictos… mil conflictos
3er paro general, reconfiguración y “caras largas” para todos
Siempre se vuelve al primer amor
“Una sola chispa puede incendiar la pradera”


El desbarranco económico de la Alianza Cambiemos y la rearticulación del Movimiento Nacional apresuran los preparativos de la “guerra sucia” contra el pueblo

Cuadernos “Sin Gloria” y guerra “asimétrica” criolla

“Buen camarada
es quien está más ansioso
de ir a allí donde las dificultades son mayores”

(Mao Tse Tung)

 


El desbarranco absoluto del “plan” económico, con una nueva y más fuerte corrida financiera, sumado al tercer Paro General impulsado por el movimiento obrero contra el gobierno liderado por la Alianza Cambiemos, profundizó el estado de crisis en todos los órdenes. Con la alianza CEO tambaleando en el gobierno, las usinas de la clase dominante se apresuraban a denunciar y advertir a “los mercados” que el “vacío de poder” y el clima destituyente anticipan la llegada no de un “Menem”, sino de un “Maduro”, demostrando una vez más la conciencia de la clase dominante nacional sobre el grado de crisis al que han arribado. En tales condiciones, veremos cómo la oligarquía se apresta a luchar a capa y espada por continuar existiendo. El desembarco del Pentágono norteamericano y todo su aparato de inteligencia y contrainteligencia, pre-anunciaba la preparación de la “guerra sucia” contra un pueblo aprestado cada vez más firmemente a pelear.

En ese escenario, las fuerzas del movimiento nacional y popular se reconfiguraban: por un lado la conflictividad obrera se generalizaba, producto de los golpes que viene recibiendo sistemáticamente la clase trabajadora, incluso sus sectores aristocráticos; por otro, hechos de escala local −como el estallido de una escuela en el distrito bonaerense de Moreno, generado por una fuga de gas que provocó la pérdida de dos vidas, y el movimiento de masas que se desató alrededor de ese hecho− daban nuevamente grandes lecciones para el movimiento nacional. Sin más, el reencuentro de las dos principales figuras de la oposición a la Alianza Cambiemos, Hugo Moyano y Cristina Fernández de Kirchner, aparecen como un momento de la reconfiguración del movimiento nacional y popular y del pertrechamiento de las fuerzas sociales a una escala nunca antes vistas. Pasemos al análisis pormenorizado.

El CV del Gobierno CEO

Profundizando las rispideces al interior de la Alianza Cambiemos, el caso de los aportantes truchos continuaba trayendo cola. El fiscal federal con competencia electoral, Jorge Di Lello, confirmó que de los 205 casos testigo de aportantes falsos, 153 son beneficiarios de programas sociales y que, en su mayoría, reciben la Asignación Universal por Hijo y viven en zonas humildes. Como la situación iba incorporando a la red de corrupción a más funcionarios de primera línea del Gobierno CEO, los mismos salían al ruedo a defenderse. La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, insinuaba que la inclusión de los beneficiarios en los registros contables de la campaña podría tratarse de “un error” (P12 26/7). Marcos Peña Brown decía a su vez: “Quiero expresar mi más absoluto, profundo y total respaldo a la honestidad de la gobernadora María Eugenia Vidal, a quien con esta burda operación quieren manchar” (LN 2/8).

A pesar de la defensa cerrada, el juez federal Ernesto Kreplak intimó al PRO bonaerense –presidido por la gobernadora María Eugenia Vidal–, al Ministerio de Desarrollo Social y a la AFIP, para que en las 72 horas siguientes le entregaran la información requerida en la investigación sobre los aportantes truchos de la campaña legislativa 2017, abriendo una nueva causa (P12 10/8). Esta causa no apunta a los candidatos y a los responsables financieros de la campaña –como sí hace la causa llevada adelante en paralelo por el juez federal Sebastián Casanello–, sino a las máximas autoridades político-partidarias de Cambiemos.

Como pudimos ver el mes pasado, en los datos de la procedencia de la primera línea de funcionarios de la alianza Cambiemos, el Observatorio de las Élites Argentinas publicaba una investigación que revelaba que 269 funcionarios del gobierno han participado en más de 890 empresas privadas de primera línea (HTV 2/8). La magnitud, extensión y visibilidad de los vínculos entre funcionarios de Cambiemos con grandes compañías y participaciones en empresas privadas es inédita en la historia de las administraciones nacionales. Los lazos entre los principales grupos económicos internacionales con la primera línea de cuadros en el Ejecutivo nacional son inocultables, por lo cual resultan obvios los intereses que representan y defienden.

“El acuerdo con el FMI es cero peligroso. Lo peligroso es cuando los argentinos nos engañamos”

El paso del supuesto “gradualismo” al “ajuste rampante” comenzaba a mostrar durante agosto resultados. Según un informe elaborado por la Asociación Argentina de Presupuesto (Asap), las transferencias destinadas a provincias y municipios cayeron 19,8% en el primer semestre frente a igual período de 2017 y totalizaban $ 55.547 millones (CR 25/7), incrementándose la tensión entre éstos y el ejecutivo nacional. Dos gobernadores del PJ cercanos al gobierno salían a marcar sus diferencias. El salteño, Juan Manuel Urtubey, de muy buenos lazos con la embajada estadounidense, denunciaba que, “el 90% del déficit es de Nación y la provincia de Buenos Aires" (LN 30/7). Por otro lado, el córdobes, Juan Schiaretti, cercano a la Alianza Cambiemos, insistía y exigía una vez más cortar los "privilegios" que tienen Buenos Aires y la Capital en el reparto de subsidios (LN 30/7).

Según el último informe de la dirección de Análisis Fiscal de Asap, sobre la recaudación de las diferentes órbitas estatales −salvo Ciudad de Buenos Aires que subió 25%, Neuquén (6%) y Catamarca (2%)−, en todos los distritos cayó, con San Juan a la cabeza (derrumbe de 65%), seguida por Misiones (58%) y Formosa (57%) (CR 25/7). Profundizando los datos expuestos, en 2017 sólo cerraron con superávit primario siete de los 23 distritos. Peor aún, la perspectiva de los recortes presupuestarios acordados con el FMI, que superan los $300.000 millones, debería repartirse entre el 33% (Nación) y 66% (Provincias) (CR 9/8). Las consecuencias del programa de la Alianza Cambiemos van colocando entre la espada y la pared a las provincias y a toda la superestructura política y jurídica montada sobre ellas.

Más aún, durante agosto, Mauricio Macri realizaba una ronda de conversaciones con los ministros de economía provinciales para pactar la ejecución del ajuste. Posteriormente al encuentro, declaraba: “El acuerdo con el FMI es cero peligroso. Lo peligroso es cuando los argentinos nos engañamos, buscamos el atajo y el culpable siempre fuera de nosotros. (…) Sólo hay que sacarse la mochila del Estado de encima, y eso es responsabilidad de toda la dirigencia (LN 26/7). Esta frase sintetiza las máximas aplicadas por Cambiemos desde su asunción: el proceso de ajuste no se inició en 2018, sino que el mismo ha sido aplicado desde el mismo día de su llegada a la Casa Rosada, con vistas a “sacarse la mochila del Estado de encima”. La diferencia es que frente a los últimos impactos económicos globales y las consecuencias de la política económica nacional, ese proceso de ajuste se ha radicalizado. Por otro lado, la política de “hacer pagar” el ajuste a los estados provinciales, conlleva la posibilidad real de fractura con el conjunto del interior profundo, ya que se intenta trasladar el peso de la crisis a los empobrecidos estados provinciales, muchos de los cuales se sostienen gracias al aporte de fondos federales.

En síntesis, lo que la aplicación del programa CEO acarrea no es otra cosa que una profundización mayor del problema histórico de desarrollo que arrastra nuestro país desde su nacimiento: el conflicto entre “provincias ricas” –con eje en Buenos Aires− y “provincias pobres” del interior profundo, sostenidas por el Estado nacional. Una crisis institucional se halla a las puertas, con la inminente entrada al Congreso de la Ley de Presupuesto 2019, donde se materializa este traspaso del ajuste a las provincias.

Las causas profundas de tales hechos radican en lo que hemos visto a lo largo del Análisis…: la necesidad de los grupos económicos trasnacionales de succionar valor desde los ámbitos más recónditos del globo implica la desarticulación de las bases materiales de su histórico sostén en las oligarquías locales y, por ende, la desaparición de las economías regionales y de la superestructura política y jurídica elevada sobre ellas. Pasaremos a ver cómo tal fenómeno ha llegado al punto que implica no sólo la desarticulación de los estados provinciales sino del Estado-nación mismo.

De Fotocopias de Cuadernos, agentes de inteligencia y aparato judicial

A inicios de agosto, salía a la luz la causa de “las fotocopias de los cuadernos”, a partir de la cual es detenido Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta (este último ex Subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerios de Planificación, supuesta mano derecha de Julio De Vido, ministro de tal cartera). La versión del matutino mitrista indicaba que el contenido de los cuadernos destapaba un gran escándalo de corrupción, vinculado a la obra pública.

La versión oficial nos decía que, en enero, Jorge Bacigalupo, ex Sargento de la Policía y allegado de Oscar Centeno −supuesto remisero−, había entregado una caja con las “famosas fotocopias” al periodista de La Nación, Diego Cabot. Los supuestos cuadernos escritos por Centeno, con una prosa digna de los mejores dramaturgos, relatan minuciosamente cada uno de sus viajes con Baratta, recolectando “cobros” de empresas relacionadas a la obra pública, mostrando una singular semejanza con el escándalo brasileño del “Lava Jato”. Desde Enero a Abril, las fotocopias permanecieron en poder del periodista, que recién en ese momento realizó la denuncia a la Justicia. El periodista guardó silencio público hasta que en agosto se realizaron las primeras detenciones. Esta causa fue el puntapié inicial de una catarata de testimonios de empresarios que testificaban haber pagado coimas, intentando ser beneficiados por la ley del arrepentido, para no ser detenidos.

Desde el principio, todo el hecho huele a operación de inteligencia, pero repasemos las cosas que nos inducen a una sana desconfianza de la “cruzada anticorrupción” del diario fundado por el quemador de documentos más famosos de la historia. Son conocidos los vínculos del periodista Diego Cabot con Cambiemos, habiendo participado repetidamente en las charlas de los Think Tank, creados por el Imperio, de los cuales surgieron varios de los cuadros políticos del actual gobierno, como la “Fundación Pensar” −de Gabriela Michetti y del ministro de Producción, Francisco Cabrera− y la “Fundación Nuevas Generaciones” −del Diputado Pinedo, el ministro de Interior Frigerio y el diputado Tonelli−. Además, es el autor de un libro, editado en 2011, que denunciaba supuestos casos de corrupción del ex ministro De Vido.

Como sabemos, los famosos cuadernos no se pueden peritar para saber si fueron escritos efectivamente hace diez años o hace seis meses, porque, según Centeno, los originales fueron “prendidos fuego” por “seguridad”. En los desopilantes relatos de Centeno, este no admite haber visto dinero, sino que dice suponer que en varias valijas lo había. Los montos eran calculados a ojo. Por ejemplo, decía que en una valija que provenía de la empresa Isolux, asociada a los Macri, había 6 millones, porque pesaba unos 40kg. Por si fuera poco, con el correr del tiempo, revisando el diseño de los cuadernos, se detectaba que la fecha de producción de tales diseños era posterior a la fecha de las anotaciones, es decir, los escritos de Centeno tenían una fecha previa al momento en que la empresa Gloria produjo tales cuadernos (P12 13/7).

A pesar de lo inverosímil de los hechos, la “investigación” impulsaba una ola de detenciones de funcionarios de la administración kirchnerista y empresarios contratistas del Estado, a quienes el fiscal Carlos Stornelli imputaba como integrantes de una asociación ilícita, mientras los medios hegemónicos transformaban una burda operación de inteligencia en la mas gloriosa cruzada contra la corrupción.

Además de Baratta, se imputaba a una larga lista de personajes: Nelson Lazarte, secretario de Baratta; Enrique Llorens, ex secretario legal del ministerio de Planificación; Walter Fagyas, ex presidente de Enarsa; Hugo Martín Larraburu, ex secretario en la jefatura de gabinete; Javier Sánchez Caballero, ex gerente general de Iecsa (cuando su titular era Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri); Gerardo Ferreyra y Jorge Neira, de Electroingeniería; Carlos Mundin, de la empresa de ingeniería BTU; Armando Losón, de Albanesi constructora; y Claudio Glazman, de Sociedad Latinoamericana Inversiones (P12 2/8).

La paparruchada continuaba. El fiscal de la causa era Carlos Stornelli, quien incursionó como ministro de Seguridad de Scioli en 2007, para luego acercarse al macrismo, siendo parte de la comisión del club Boca Juniors. Con el paso de los días, hurgando en la historia de Centeno, salía a la luz que él mismo es un Sargento retirado del Ejército Argentino. Que casualmente sirvió en el batallón de Ingenieros, donde su superior a cargo era nada más ni nada menos que el Teniente Coronel Atilio Stornelli, padre del actual fiscal boquense. Por si fueran pocas las casualidades, la amistad entre Centeno y Jorge Bacigalupo también databa de su época como militares. Cuando las casualidades se repiten, dejan de ser casualidades.

El juez de la causa, “casualmente” Claudio Bonadío, apelaba a la ley del arrepentido para convalidar el pacto y le firmaba la excarcelación al mismo Centeno, hasta ese momento detenido, acusado de ser participe de una asociación ilícita (LN 4/8). Dicha ley, promulgada en 2016, sería la herramienta utilizada para desplegar el desfile de empresarios y funcionarios que de manera express pasaron de acusados a “arrepentidos” en casos de corrupción. Dicha ley da bastante libertad para liberar y acusar en base a necesidades políticas, con el solo criterio de “que permitan un significativo avance en las investigaciones” (Telam 2/11/2016). Esta ley es un conocido instrumento en México y Colombia, como auxiliar legal de la política norteamericana que, con la excusa del narcotráfico, justifica las relaciones carnales entre los ejércitos de dichos países y el norteamericano, que nunca acaba derrotando a los carteles.

Jorge Bacigalupo, ex policía entregador de las “fotocopias” de las anotaciones de Oscar Centeno y amigo personal de este, respondía −ante la pregunta del diario oligárquico− por qué quería que se conociera esta información, casi confesando el carácter político de los hechos: “Es más que obvio. Por la situación que estamos viviendo en el país. Esta gente se llevó puesto todo. El problema no son los que están, sino que estos van a volver si no se los para de alguna manera (LN 4/8). Sostener el concepto, ya demasiado alicaído, de la “pesada herencia” recibida y cortar la posibilidad de un nuevo gobierno popular, esos eran los objetivos.

Sería Leopoldo Moreau, radical K y candidato a diputado por Unidad Ciudadana en 2017, quien indicaría a los autores intelectuales de dichos objetivos. El Diputado nacional por Buenos Aires dijo que “estamos frente a un intento por recolonizar el continente por parte de Estados Unidos con un fuerte apoyo de los grupos financieros concentrados. (…) Bonadío es instrumento de la Embajada de Estados Unidos” (Radio Cooperativa 29/8/2018).

Mientras tanto, la embestida judicial continuaba. Bonadío presionaba al Poder Legislativo para lograr la suspensión de los derechos de la senadora Cristina Fernández de Kirchner, de modo tal que se permitiese allanar sus domicilios. A pesar de la pasividad ante tal hecho, el PJ ponía sus reparos con el intento de desafuero de la Senadora (LN 4/8). La espada de Damocles pendía de la cabeza de todo el espectro político opositor. Sin embargo, era finalmente la ausencia de dos senadores oficialistas lo que hacía fracasar nuevamente el intento de avanzar con los allanamientos a los domicilios de la ex presidenta Cristina Fernández. Si bien la mayoría de los representantes del peronismo –incluidos 16 de los 24 que integran el bloque que lidera Miguel Pichetto– decidieron no acompañar la jugada de Cambiemos, el sorpresivo faltazo de Esteban Bullrich y Miriam Boyadjian fue lo que impidió alcanzar los 37 senadores necesarios para comenzar dicha sesión (P12 16/8).

Finalmente, y habiéndose “quedado cortos”, las fuerzas oligárquicas promovían una marcha frente al Congreso para reclamar el desafuero de la actual senadora y la sanción de la Ley de Extinción de Dominio, de modo de poder avanzar sobre los bienes provenientes de la “corrupción”. La manifestación era organizada a través de las redes sociales bajo dos consignas: #21ATodosAlCongreso, en referencia a la fecha, y #NSB (No somos Boludos) (CR 21/8). La movilización convocaba unas 10 mil personas (CL 21/8).

Las fotocopias y el acta de defunción para el empresariado local

La embestida contra los empresarios continuaba. Para sorpresa de todos, cuando la validez de los cuadernos era puesta en duda hasta por los más acólitos al gobierno, el ex dueño de la constructora Iecsa, primo de Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra, sacudía la causa al confesar que había realizado pagos ilegales al gobierno kirchnerista bajo “presión” del ex secretario Roberto Baratta, avalando los domicilios anotados en los cuadernos del chofer Oscar Centeno como lugares de pago. También era detenido el empresario Héctor Zabaleta, ex directivo de Techint (CR 7/8). Al poco tiempo, y sumando vicios a la causa, se ventilaba que el fin de semana previo a la declaración del primo del presidente, se había producido una reunión en la quinta de Olivos entre el propio Calcaterra, Mauricio Macri, el fiscal Stornelli y un grupo de abogados, para “acomodar” la declaración que presentaría el primo de Mauricio Macri (P12 13/8).

El mismo día, el grupo Techint difundía un comunicado negando las acusaciones: “A la fecha no tenemos precisiones de que hayan ocurrido los encuentros que se mencionan en los cuadernos”. Además señalaba que “entre 2004 y 2015 su participación en la obra pública fue de menos del 1% del total, muy por debajo de la capacidad técnica y el potencial de la empresa” (LN 7/8). Las empresas involucradas en la investigación judicial por supuestas coimas empezaban a sufrir importantes tensiones financieras. Las acciones de Ternium, la filial responsable de producción de caños sin costura del Grupo Techint, anotaban un retroceso del 4,7% por ciento en la Bolsa de Nueva York (P12 7/8). A la caída del precio de las acciones y el aumento del riesgo de impago de los bonos de estas firmas, podrían sumarse juicios de inversores del extranjero por el comportamiento “poco ético” de las empresas. Es decir, la posibilidad de que tales firmas y sus paquetes accionarios caigan de manera estrepitosa, quedando expuestos a “un bocado” de otros grupos extranjeros.

Peor aún, el desfile de cuadros de la alta burguesía criolla por los tribunales continuaba. Gerardo Ferreyra, uno de los socios de Electroingeniería, declaraba: “No hubo sobreprecios. Jamás pagué coimas. (…) Es un show mediático” (LN 11/8). Carlos Wagner, el mandamás de la Cámara de la Construcción durante el kirchnerismo, era llamado a declarar (LN 11/8). Tras bambalinas, se afirmaban los rumores de “aprietes” combinados entre el Fiscal Stornelli y el Juez Claudio Bonadío. Tomando ribetes internacionales, Luis Betnaza, el segundo del grupo siderúrgico Techint −contrariando el documento que hacía pocos días habían hecho circular−, declaraba haber pagado cuotas mensuales de U$S 100 mil para interceder ante Hugo Chávez por la situación de la empresa Sidor, filial venezolana del grupo Techint, que había sido nacionalizada por la Revolución Bolivariana (LN 12/8). Aldo Roggio, el dueño de la constructora que lleva su nombre y de Metrovías, se presentaba para “homologar” el pre-acuerdo tratado por sus abogados y el Juez Claudio Bonadío (LN 14/8).

La apretada sobre una fracción de los grupos económicos locales se aceleraba. Es de resaltar un aspecto estratégico. Como hemos visto desde hace algunos años, a partir del descubrimiento del yacimiento petrogasífero Vaca Muerta, el Grupo siderúrgico Techint, principal productor mundial de tubos sin costuras, insumo esencial para la industria petrolera, se había abocado al negocio energético, a través de su empresa TecPetrol. La inserción de Techint en el negocio contó con el beneplácito del Gobierno Nacional de ese entonces, junto con el de las provincias donde se extiende la cuenca petrogasífera.

Pero, hete aquí que la causa de los cuadernos tiene como consecuencia el debilitamiento económico del Grupo Techint, en beneficio de los grupos internacionales que se desviven por asegurarse monopólicamente el potencial energético y estratégico de Vaca Muerta. En esta esfera, TecPetrol se enfrenta directamente con grandes como Chevron, que logró un acuerdo con “cláusulas secretas” para la explotación de Vaca Muerta con el gobierno anterior y ratificado por la administración macrista.

Resaltamos este hecho, ya que −como advertimos al inicio− el gobierno de CEOs de Cambiemos tiene atados sus intereses a los grupos económicos internacionales, jugando fuerte a favor de éstos y de su necesidad de desplazar y hacerse con las fracciones que aún subsisten del “empresariado local”. Ningún grupo europeo ni norteamericano parece haber pagado coimas, sólo los locales…

“No todos los empresarios son lo mismo”, los del imperialismo son mejores…

Frente a tremendo “escándalo”, las entidades corporativas locales de las diferentes fracciones de la burguesía salían a expresarse sobre “los cuadernos”.

El Foro de Convergencia Empresarial, representante de los grupos económicos financieros internacionales con presencia local, daba un fuerte respaldo a la investigación que llevan adelante el juez Claudio Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli: “No todos los empresarios son lo mismo”, afirmaba Miguel Blanco, coordinador del Foro de Convergencia. “Meter a todos en la misma bolsa, no. (…) Que la Justicia se despierte y empiece a trabajar. La impunidad es muy grande. Se durmió una siesta grande”, cuestionó también Guillermo Lipera, de la Agrupación Judicial cuasi fascista “Sera Justicia”. “Se robaba y se roba, y hay algunos que fueron cómplices y otros que no”, indicó Claudio Cesario, Presidente de la Asociación Bancaria Argentina, agrupación de la alta banca internacional a escala local, con el HSBC Inglés, el CitiBack y el JP Morgan Estadounidense, el BBVA Francés, el español Santander Río, el ICBC chino, y el Itaú Brasileño (LN 7/8).

Desde IDEA (Instituto para el Desarrollo Empresarial Argentino) −entidad que agrupa a las grandes empresas internacionales y nacionales, como la Química Estadounidense Du Pont y Dow, IBM, Microsoft, Swiss Medical Group, Zúrich Seguros, Telecom, y Grupo Clarín y La Nación−, su presidente, Javier Goñi, que a su vez es Gerente General del Grupo Ledesma −cómplice y beneficiario de la represión de la dictadura cívico-militar−, decía: “Celebramos que la Justicia esté actuando para desarmar el entramado de corrupción: funcionarios, políticos cuyo único fin fue enriquecerse a expensas de la sociedad, malos empresarios que buscaban el atajo para enriquecerse ilícitamente” (CL 17/8). La avanzada judicial sobre el empresariado local, los negociados de la obra pública y el desplazamiento de determinados grupos, elevaban la moral descompuesta de los grandes grupos transnacionales y de sus poquitos socios locales.

En su participación en el encuentro de AEA, “corriendo por izquierda” a su auditorio, Mauricio Macri señalaba: “Si alguno de ustedes se encuentra con un pedido indebido, acá tienen un presidente al que acudir y un equipo de gobierno al que denunciarlo. (…) Para terminar con comportamientos mafiosos, ustedes tienen que ayudar. (…) Ustedes son los generadores de riqueza. (…) Sepan que no hay un Estado que los quiere aplastar, sino que allana el camino para aumentar la producción” (LN 17/8). Por si la “apretada” de Macri no era clara, Joaquín Morales Solá apuntaba los cañones del matutino oligárquico: “Algo inesperado está sucediendo en la política argentina. Una generación de empresarios, vinculados hasta ahora con la obra pública y la energía, podrían desaparecer dentro de muy poco. (…) Aunque todavía no la afecte en el núcleo duro de sus seguidores, Cristina Kirchner tiene un futuro cada vez más complicado” (LN 15/8). De esta manera, la “fractura en las alturas” quedaba absolutamente expuesta.

La operación trascurría en dos planos. El principal era la reconfiguración de todo el entramado político-empresarial sobre el negocio de la mentada obra pública. El mismo dejaba translucir la lucha encarnizada entre las diferentes fracciones de la gran burguesía, pareciendo afirmarse el desplazamiento de los grupos económicos locales de los negociados con el Estado a través de las obras de infraestructura. Como vimos hace meses, cuando Enrique Pescarmona perdía a manos de los “accionistas” el manejo de su empresa matriz, IMPSA, esto era parte de la avanzada del Capital Financiero más concentrado por estas pampas.

Se trata de la necesidad de acumulación de esos 147 grupos económicos mundiales, que manejan el 40% de la producción. Y esta necesidad implica desplazar de todas las órbitas a las fracciones de la burguesía criolla, para manejar sin mediaciones sus negocios. Ese proceso de concentración y centralización del capital tiene diferentes formas: compra de paquetes accionarios −como en el caso de IMPSA o de la caída estrepitosa de las acciones del Grupo Techint− u operaciones de inteligencia, donde determinados grupos económicos y políticos son golpeados y desplazados, en el marco de una guerra comercial generalizada.

El segundo plano de la maniobra −vinculado con las operaciones de Inteligencia−, tiene su correlato en la superestructura política, bajo la necesidad de barrer al kirchnerismo y en especial a su figura principal, de forma tal de que dichos grupos económicos tengan allanado el camino para hacerse con los baluartes nacionales. De este modo, el desplazamiento de la mentada “Burguesía Nacional” de las pocas órbitas de negocios donde le quedaba un grado limitado de inserción configura un momento más de la guerra abierta entre los grupos económicos internacionales y sus limitados socios locales, contra la mayoría del empresariado local.

Pero esta situación significa también la inevitable fractura en mil pedazos de la fuerza social oligárquica, histórica pata local del propio imperialismo, con la consecuente y progresiva pérdida de consensos y apoyos a su última apuesta político-electoral: la Alianza Cambiemos.

Vacío de Poder, clima destituyente y… “se viene Maduro”

Bajo este escenario, las encuestas de opinión pública resultan un buen insumo para analizar el “impacto” de tales hechos en las conciencias.

Según datos de seis encuestas realizadas los últimos días de julio, por ahora ningún opositor (ni partido ni dirigente en particular) logra capitalizar la caída oficialista. La encuesta de “Grupo de Opinión Pública” arrojaba que la desaprobación al Gobierno supera los 58 puntos, cae la imagen de los cuatro principales dirigentes oficialistas (Macri, Vidal, Horacio Rodríguez Larreta y Elisa Carrió) y el humor social es mayoritariamente negativo. La elaborada por la Universidad de San Andrés sobre “la marcha general de las cosas” arroja que sólo el 22% está entre “satisfecho” y “muy satisfecho”. Sólo 8 meses antes, en noviembre del año pasado, eran un 53%. Desde entonces, la caída fue incesante, registrando en julio un pico en la desaprobación de la gestión Macri, que llega a 61%, contra 37% de aprobación. Según la encuesta de CIGP (Consultora de Imagen y Gestión Política), sobre 1200 casos, más de 68% afirma que la situación “empeorará”. Por último, la encuesta de Raúl Aragón & Asociados, sobre los escenarios electorales, lo pone Mauricio Macri peleando mano a mano con Cristina Fernández de Kirchner, ambos en torno a los 30 puntos (CL 29/7). Este resultado, según un estudio de la consultora Analogías, arroja que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner le ganaría a Macri si fuera candidata, en un ballotage entre ambos, sacándole diez puntos de ventaja (P12 7/8). Por si los datos de Página 12 suscitaran alguna desconfianza, el diario de la corneta ya había preparado sus propias encuestas. Realizada por Management & Fit para Clarín, sobre un posible escenario presidencialista entre CFK y Mauricio Macri, el mismo arrojaba que Macri tiene 35,2% de imagen positiva y 48,1% de negativa (saldo -12,9%) y la ex presidenta, 30% y 55,6% (diferencial de -25,6%) (CL 13/8). Esto significa que todavía es incierto un resultado electoral.

Podemos dilucidar dos rasgos: por un lado, la cercanía del proceso electoral, sumado a la estrepitosa caída de la Alianza Cambiemos, hace que especialmente las usinas oligárquicas se apresten a analizar su capacidad de darle continuidad a sus proyectos políticos electorales y perfilar sus candidatos. Por otro, los mismos datos que brindan afirman tendencias que ya veníamos analizando: primero, la caída estrepitosa de aprobación sobre el gobierno CEO, no sólo sobre la imagen de Mauricio Macri, sino de toda la primera línea de cuadros de tal Alianza; segundo, la afirmación de Cristina Fernández de Kirchner como una de las figuras principales de la oposición política; tercero, la NO capitalización de tal situación por ninguna fuerza política; por lo cual, aparece el mentado “vacío de poder”, es decir, la desconfianza mayoritaria del conjunto de la sociedad a todo el sistema de partidos políticos y gobierno, abriendo una vez más la herida del 2001.

En tal contexto de pérdida acelerada de confianza para con la Alianza Cambiemos, los escribas oligárquicos se apresuraban a analizar el estado de la cuestión y sacaban conclusiones sobre tal fenómeno. El tucumano Joaquín Morales Solá editorializaba: “¿Otra vez un clima destituyente?” (LN 29/7), inaugurando el eje temático de la oligarquía de este mes. En una nota de opinión de Sergio Berensztein, titulada “La caída de las cleptocracias puede dar lugar a líderes antisistema”, este deslizaba: “Estos escándalos generan, coinciden con o profundizan situaciones de recesión, o al menos de estancamiento económico, es habitual que se disparen crisis de gobernabilidad en las que amplios sectores de la población, sobre todo las clases medias y medias bajas, reaccionan con indignación y apoyan soluciones extrasistémicas. Se trata de contextos de vacío de poder de los que suelen emerger liderazgos revulsivos, anti-establishment. (…) Los cuadernos de la corrupción podrían impulsar un proceso de regeneración institucional y consolidación democrática si las investigaciones avanzan de forma efectiva y la Justicia recupera la confianza en la ciudadanía. Pero podría también disparar una crisis de régimen si un porcentaje importante del establishment político y económico aparece involucrado. En ese caso tengamos cuidado: como ocurrió con la llegada de los Kirchner luego del desastre de 2001, el ‘remedio’ puede terminar siendo mucho peor que la enfermedad(LN 17/8).

Para finalizar, con mayor grado de definición sobre el fenómeno, Jorge Fernández Díaz, le ponía nombre al fenómeno que parece aproximarse: “Por primera vez el establishment recibe del mundo financiero global y de los gobiernos desarrollados señales de alarma: allí están más preocupados por el regreso del populismo autoritario que por la reducción del déficit fiscal. (…) Al establishment no lo espera un Menem, sino un Maduro (LN 29/7).

Podemos afirmar, entonces, que el proceso mismo emprendido por la Alianza Cambiemos, la ejecución de su programa, es la que la ha dejado al borde del precipicio, asfixiada financieramente y débil de apoyo político y social. Cambiemos llega a este destino siguiendo el rumbo dictaminado por las necesidades de las fracciones del capital más concentrado; después de 2 años y 8 meses, se encuentra en una situación de fragilidad pocas veces vistas. Dos conclusiones se derivan de ello: una es la fagocitación de la propia fuerza electoral que supo construir la oligarquía, que pone en duda la capacidad para sostenerse democráticamente. Por otro lado, tal “vacío de poder” no es ni más ni menos que el rechazo generalizado a “un tipo de poder”, es decir, al poder ejercido por los sectores más concentrados en función de sus necesidades. Por lo cual, según palabras textuales de los propios intelectuales oligárquicos, tal situación “podría también disparar una crisis de régimen”, es decir, del conjunto del sistema de gobierno, y “dar lugar a líderes antisistema”.

El proceso emprendido por la Alianza Cambiemos, sus propias medidas de gobierno, son las “creadoras” de tal situación; por lo cual, “al establishment no lo espera un Menem, sino un Maduro”. Como hemos visto a lo largo de todo el Análisis…, el caos al que ha arribado el sistema de producción capitalista y todo el orden social constituido sobre él aparecen a las claras como crisis crónica e insalvable. Esta crisis se reduce al achicamiento incesante de “la sustancia” que vitaliza y alimenta la reproducción de todo el régimen: el tiempo de trabajo, el valor. La revolución incesante de los medios de producción y de cambio ha llegado a un grado tal de contradicción con las relaciones de producción mismas, que lleva a la burguesía a fagocitarse a sí misma. Así, el régimen capitalista de compra y venta de fuerza de trabajo va llegando a su fin, la producción se encuentra altamente socializada a escala global pero la apropiación de la riqueza se concentra cada día más.

Tan cruel es la naturaleza del fenómeno que es la propia oligarquía local la que anticipa que lo que viene no es un “Menem”, en el sentido de reconstituir una fuerza de corte capitalista neoliberal en el sillón de Rivadavia; sino que la crisis del capitalismo está gestado una fuerza de carácter anti-imperialista y anti-capitalista, representada simbólicamente en la figura de Maduro.

Para finalizar, podríamos acotar que el carácter estructural de la crisis capitalista hace prefigurar que, si bien la oligarquía diagnostica la vuelta de líderes de corte popular, no significa que esto cambie la naturaleza de la crisis. Es decir, si bien el cambio en el mando del ejecutivo nacional es un factor importante, esto no significa que la crisis desaparezca por un simple cambio de quien detenta el cetro presidencial. Si sigue Macri, la crisis se profundiza. Si vuelve Cristina (o cualquiera que represente un liderazgo popular, al estilo de Maduro), también. Que “venga un Maduro” no solamente significa una advertencia contra un posible liderazgo más radical, sino la declaración de guerra contra este futuro enemigo por parte de la oligarquía y sus personeros. Por lo cual, la preparación de las fuerzas nacionales y populares debe no sólo superar al Gobierno CEO de Cambiemos, sino que debe prepararse para enfrentar la crisis del orden Capitalista global y la feroz guerra económica que la burguesía ha lanzado en su ocaso.

¿Plan Cóndor? No señor… Plan América, Señor…

En el marco del armado de la Cumbre del G20 en Argentina (CL 6/8), el ministro de Defensa estadounidense, James Mattis, visitaba el país. Siendo el primer militar elegido para dirigir el pentágono en 50 años, Mattis fue comandante del Comando Central de Estados Unidos, comandante de la 1ra división de Marines durante la invasión de Irak y comandante en la Guerra de Afganistán. “Estados Unidos está pensando a largo plazo respecto a Sudamérica, consciente de que el éxito y la seguridad de las futuras generaciones depende de cuán bien construyamos una relación de confianza con nuestros socios del hemisferio occidental”, dijo Mattis, quien puso como ejemplo la asistencia de Estados Unidos en la búsqueda del submarino ARA San Juan, mientras días antes, en su visita a Brasil, increpaba al Gobierno Bolivariano de Venezuela (P12 15/8).

A su llegada a la Argentina, el funcionario imperialista se reunió con su par de defensa oligárquico, Oscar Aguad. Desde el año 2005, ningún ministro de Defensa gringo pisó estas tierras. Mattis decía: “Estados Unidos aprecia el rol creciente de la Argentina en el escenario mundial”. Aguad gentilmente se lamentaba por los “varios años” en los que la Argentina estuvo “apartada de sus leales socios y amigos” (LN 16/8). Como veremos más adelante, la visita afirmaba determinados acuerdos bilaterales, como la vuelta de las Fuerzas Armadas locales a ejercicios conjuntos con otras fuerzas regionales, encabezadas y dirigidas por Estados Unidos; y el envío de personal local a “escuelas” de capacitación en Estados Unidos para “la preparación en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo”. Sin embargo, Estados Unidos se enfrenta a varios desafíos en su búsqueda imperial por recuperar su “patio trasero” que, si bien cuenta con un colonialismo cultural cultivado durante décadas pasadas, carece de la capacidad económica para ofrecer algún marco de acuerdo comercial que posibilite tales pleitesías. Es de resaltar que durante los meses previos, como hemos visto en el artículo 5, todos los acuerdos comerciales entre los dos países nunca llegaron a buen puerto. Así lo reflejan los datos, siendo Estados Unidos el tercer socio comercial del país, muy por detrás de China y Brasil, aportando un déficit comercial para las arcas criollas de U$S 2.530 millones en el ejercicio 2016 (CR 25/4). Tal hecho no impide la subordinación de la clase dominante local a los designios imperialistas, pero le quita margen de negociación y abre un campo para otras fuerzas que buscan construir apoyándose en las fuerzas anti-estadounidenses a escala mundial, con China a la cabeza.

Macri y “EL” encuentro más Importante

Como ya había ocurrido el mes pasado −cuando autoridades del Partido Comunista Chino visitaron a Mauricio Macri en la Casa Rosada−, el presidente de China y Secretario General del Partido Comunista Chino, Xi Jinping, se reunía con Mauricio Macri en la cumbre de los BRICS en Johannesburgo, Sudáfrica. El líder chino decía que su país estaba dispuesto a trabajar con Argentina para hacer aportes para salvaguardar el sistema de comercio multilateral y mejorar la gobernanza global.

Según las propias palabras del oligárquico La Nación: “Es ‘el’ encuentro más importante de la jornada para Macri, por lo complejo del entramado de las relaciones entre ambos países”. El matutino afirmaba: “La ‘guerra comercial’ planteada por Trump a Xi podría dar pie a nuevas oportunidades para los productos locales”. Fiel a su estilo, la oligarquía buscaba negocios entre los escombros. Su carácter cipayo no elimina el olfato para el negocio. La debacle estadounidense hace abrir su mente a nuevas culturas, a pesar de que estas provengan de los valores comunistas chinos. Desde el punto de vista estructural, desde 2012 China mantiene inversiones en el país que superan los US$ 600 millones cada año, dando un paso adelante en 2017, con el acuerdo de inversión que firmó por US$ 30.000 millones y que involucra proyectos en redes ferroviarias, trenes, minas de oro, extracción de litio y autos eléctricos. La estatal china Cnooc, además, se aseguró acceso a las cuatro principales cuencas de hidrocarburos del país, a través de la adquisición del 40% de Bridas y los acuerdos con Pan American Energy y Axion Energy. Pero la paralización de obras en las represas Cepernic y Kirchner, en Santa Cruz, por el ajuste encarado por el Gobierno y demandado por el FMI, tensionaron parte del entramado de inversiones anterior (LN 26/7).

Por si los datos económicos fueran poco, el Presidente chino y líder comunista, Xi Jinping, decía: “Como amigo sincero y socio de cooperación de Argentina, China apoya los esfuerzos de Argentina en el mantenimiento de la estabilidad económica y financiera y está dispuesta a seguir ofreciendo ayuda dentro de nuestras capacidades” (XH 27/7).

La oligarquía local sufre una encrucijada: encuentra en su camino por subsistir al gigante comunista asiático, configurando un escenario diferente en el que la clase dominante de un país periférico vira su alianza histórica con los países imperialistas, en la medida en que sólo China puede asegurarle su reproducción como clase. Sin embargo, el imperialismo yanqui, que avanza hacia la expropiación inclusive de la oligarquía local, es su garante para el sostenimiento de las condiciones políticas. No obstante,los notables cambios en las tendencias económicas mundiales y los nuevos acuerdos que surgen de esto no anulan las contradicciones estructurales que la formación económico-social local contiene. Es decir, la histórica contradicción entre las fuerzas oligárquicas y el movimiento nacional y popular. Y ésta no es una tarea que, por definición, pueda zanjar ni China ni su partido dirigente, sino tareas y responsabilidades de los paisanos criollos.

Ahora la democracia se le debe al ejército…

A fines de julio, Mauricio Macri anunciaba el plan de reforma de las Fuerzas Armadas, el replanteo en el despliegue de unidades y el envío de militares a la frontera norte para “combatir el narcotráfico”. Acompañado por el ministro de Defensa, Oscar Aguad, y los jefes de las tres fuerzas, dijo: “Es importante que puedan colaborar con la seguridad interior. (…) Fuerzas Armadas que sean capaces de enfrentar los desafíos y amenazas del siglo XXI, como el narcotráfico y el terrorismo internacional. Tenemos un sistema de defensa desactualizado producto de años de desinversión. (…) Estoy acá porque queremos saldar la deuda con las Fuerzas Armadas de la democracia (LN 23/7). El Ministro de Defensa, el “milico” Oscar Aguad, intentaba aclarar en días sucesivos las palabras de Macri: “[Las fuerzas armadas] No van a intervenir en conflictos sociales ni van a patrullar las calles” (LN 25/7). “Queremos transformar el Ejército y convertirlo en uno más liviano. Ya no hay más tanques y cañones, eso era en la guerra de un Estado contra otro Estado. (…) Muchos cuarteles van a cerrar y varios materiales que pertenecen a las fuerzas se van a vender” (LN 27/7). Saldar la supuesta “deuda de la democracia con las Fuerzas Armadas” significaba que el ejército se transforme en una fuerza “más liviana”, para la represión rápida de la conflictividad social interna. El problema de la soberanía era directamente desestimado. La “deuda” señalada era pagada con el vasallaje al imperialismo yanqui y el desguace de todos los elementos que posicionan al ejército como una fuerza soberana.

Apuntalando sus intereses estratégicos, la oligarquía salía a promover y defender tales medidas, editorializando bajo el título de “La necesaria redefinición de las Fuerzas Armadas”: “Los cambios en la naturaleza de los conflictos que enfrenta hoy el mundo y la amenaza narcoterrorista obligan a dejar de lado perimidos prejuicios ideológicos. Ya no es fundamental si el agresor es interno o externo ni si pertenece a un grupo de fanáticos religiosos o de traficantes de armas o drogas. (…) Pretender que nuestras Fuerzas Armadas sigan estando limitadas a enfrentar agresiones externas ejecutadas exclusivamente por otros Estados es desconocer las particularidades de los conflictos armados modernos. (…) La Argentina debe encarar como corresponde este desafío antes de que sea demasiado tarde” (LN 26/7). El “vacío de poder” y la posibilidad de un “Maduro” por estas tierras empujan a la clase dominante nacional a modificar aceleradamente todos los resortes del Estado oligárquico para combatir tal fenómeno, “antes de que sea demasiado tarde”. Quieren adelantarse a un proceso en que las masas, por la crisis estructural, son empujadas con todas sus fuerzas a la confrontación directa contra la alianza gobernante y hacia el replanteo de todo el sistema social vigente.

“El ajuste solo cierra con represión”

Con la historia el particular de la Argentina y el recuerdo de la última dictadura militar muy fresca para el pueblo argentino, los rechazos se generalizaban. Desde los propios gobernadores afines al macrismo, como el Cordobés Juan Schiaretti, se cuestionaba: “No estoy de acuerdo con ese decreto. (…) [Las FFAA] no están preparadas ni entrenadas para combatir el narcotráfico” (LN 26/7). Diputados del Frente para la Victoria (FpV-PJ) y el Movimiento Evita presentaron un proyecto para derogar el decreto presidencial que consideran “inconstitucional” y que “rompe el consenso político y social” logrado en democracia sobre el propio “concepto de Defensa, a su estricta separación con la seguridad interior, a la plena subordinación de las Fuerzas Armadas a las autoridades constitucionales civiles” (P12 26/7). Los rechazos seguían sumándose desde intelectuales y especialistas en Seguridad y Defensa, nucleados en las organizaciones Grupo Convergencia XXI, Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (Ilsed) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) (P12 25/7).

Agrupaciones políticas, sindicales y de DDHH convocaban a una movilización en contra de la medida frente al Ministerio de Defensa, bajo el lema “Las Fuerzas Armadas represivas NUNCA MÁS”. La CGT advirtió que “la historia nos demuestra que tanto durante gobiernos elegidos por el pueblo como, obviamente, durante las dictaduras, en cada oportunidad en que las Fuerzas Armadas de la Nación fueron llamadas para intervenir en conflictos que afectaban la seguridad interior de la Nación, la represión fue cruenta” (LN 25/7). Resulta significativo el planteo de la central obrera en dos sentidos: por un lado, que en toda la historia represiva del país el grueso de los caídos siempre los ha puesto la clase trabajadora, siendo más del 70% de los desaparecidos en el último “Proceso”; a su vez, que tal apreciación sea efectuada por la dirección actual de la misma hace notar ampliamente la toma de conciencia generalizada de que tales modificaciones en las Fuerzas Armadas son, especialmente, para combatir a la clase trabajadora.

La movilización contó con más de 100 mil presentes, y el documento leído rezaba: “Este plan de ajuste sólo puede imponerse con represión”. Los actos de repudio contra la reestructuración de las Fuerzas Armadas se realizaron también en otras provincias del país, como Córdoba y Rosario (LN 27/7). El hecho era de tal envergadura que el diario “The New York Times” anoticiaba: “El cambio de rol del Ejército podría tener consecuencias negativas para el respeto de los derechos humanos” (P12 18/8). La consigna “el ajuste sólo cierra con represión” era repetido sistemáticamente. Debemos analizar las diversas formas que toma la guerra extra-económica.

Bases militares, ataques de “bandera falsa” y falta de tiempo

A pesar del rechazo generalizado, la necesidad inmanente para su reproducción como clase hacía que las fuerzas oligárquicas continuaran ejecutando su plan. Como vimos en este mismo artículo anteriormente, el Departamento de Defensa de Estados Unidos (Pentágono) anunciaba la construcción de un “centro de asistencia en desastres naturales”, en Neuquén (HTV 27/7). Frente a lo burdo de la movida, cae de maduro la inexistencia de posibles “desastres naturales” en la zona donde se instalaría dicha base, ya que la misma no es propensa ni a fallas sísmicas, incendios forestales o inundaciones. El eje está en otro lado: la instalación de la base imperial es próxima a los yacimientos petrolíferos y gasíferos de Vaca Muerta, la segunda formación con recursos de shale gas y cuarta de shale oil del mundo hasta ahora descubierta. Tal como vimos el mes pasado −cuando oficiales estadounidenses habían comenzado “cursos de formación” de agentes locales con la excusa de la cumbre del G20, sumado a la visita y acuerdos sellados con el titular del Pentágono estadounidense−, se trata de la preparación de fuerzas locales, en connivencia con las fuerzas imperiales, para la represión social a escala nacional y la succión de los recursos naturales estratégicos.

Como veníamos analizando mes a mes, la política de seguridad viene recrudeciendo como mecanismo de diciplinamiento social para las andanadas financieras que apaña el Gobierno CEO. De este modo, ya habíamos diagnosticado los recursos de guerra sucia. Se conocía que parlamentarios británicos destapaban “una campaña anti-Kirchner en Argentina”, diseñada por la empresa británica Strategic Communication Laboratories (SCL Group): “El comité ha visto evidencia confidencial, relacionada con una campaña anti-Kirchner en Argentina”, afirman los miembros del Comité Digital, Cultura, Medios y Deportes (DCMS, por siglas en inglés) de la Cámara de los Comunes del Parlamento británico. El documento describe “tácticas de espionaje”, “guerra informativa” y el uso de “oficiales jubilados de las agencias de Inteligencia y Seguridad de Israel, Estados Unidos y Rusia”, en apoyo de la misión de injerencia del grupo británico en el país sudamericano (HTV 9/7). Por si no quedaba claro, entre otras cosas, dicha campaña incluyó robos de datos en las redes sociales, el armado de “fake news” (Noticias falsas), infiltración de los e-mails de diferentes personalidades, pinchaduras de teléfonos y mensajería instantánea.

En esta misma línea, casi a fines de julio, aparecía la noticia de que una supuesta banda de “narcos brasileños” intentaba copar una cárcel en Misiones para liberar a un supuesto miembro del poderoso cartel del narcotráfico brasileño llamado Primer Comando de la Capital (PCC), operación supuestamente detenida por la policía local (CL 31/7). Sólo unos días después, en el aniversario de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, en medio de la presentación de un documental sobre el mismo en el ND Ateneo, con nutrida concurrencia de sectores del kirchnerismo, movimiento sociales, políticos y sindicales apareció un grupo, claramente organizado, encapuchado, tirando piedras y realizando pintadas (LN 2/8). Posteriormente al siniestro, cuando parte de los sujetos que se encontraban dentro del Ateneo salieron a confrontar con los encapuchados, las fuerzas de seguridad apostadas actuaron claramente asegurando el repliegue ordenado de dichos sujetos; al mismo grupo se lo vio intervenir en la movilización que se efectuó el mismo día, pero más tarde, sobre Plaza de Mayo.

Luego de este suceso, se realizaron múltiples movilizaciones para recordar al militante y reclamar por justicia, tanto en Capital Federal, Bariloche y otras ciudades. En la misma dirección demostrada anteriormente, la movilización terminó con una “práctica de cacería” de las fuerzas de seguridad y nuevamente los “servicios” hicieron su aparición, infiltrándose en los diferentes grupos movilizados, marcando gente para su aprehensión. Al día siguiente, como si fuera un chiste, aparecia un maniquí, vestidos con ropas de gendarmería, colgado sobre el puente peatonal de Ramos Mejía, Partido de La Matanza. La foto tomada era cortada de manera tal que la misma mostraba al maniquí y las siglas “RAM”, cercenando la totalidad de las palabras (“Ramos Mejía”).

Por último, en los mismos días de los hechos que rodearon la conmemoración del asesinato de Santiago Maldonado, dos agentes de las fuerzas de seguridad eran asesinadas. La oficial de la Policía Bonaerense, Lourdes Espíndola, y Tamara Ramírez, de la Policía local de Almirante Brown. Sin demoras, los familiares de las policías asesinadas fueron recibidos por Mauricio Macri, en la quinta de Olivos (LN 2/8).

Es de resaltar que la pareja de la oficial Espíndola, también perteneciente a la fuerza policial, había realizado declaraciones abiertas sobre la crisis al interior de la fuerza, la falta de preparación y contención para con sus efectivos. Cerrando la situación, datos sobre los caídos en servicio de las fuerzas de seguridad arrojaban que durante el transcurso del presente año habían sido asesinados nueve efectivos, dos más que en todo el año pasado. De mantenerse la proyección, se podrían alcanzar e incluso superar las estadísticas de 2009 y 2010, con 15 y 13 crímenes respectivamente, siendo de los más cruentos para la fuerza en la última década (LN 31/7).

Así, las guerras “asimétricas” o de “5ta generación” quedaban inauguradas por estas pampas. Por un lado, la modificación de las funciones de las Fuerzas Armadas es parte de un movimiento global que pretende el imperialismo. La asignación del ejército en las fronteras y el desplazamiento de gendarmería a las zonas metropolitanas se inscriben como un momento de esta estrategia. El adoctrinamiento de las fuerzas locales, enmascarado en la supuesta lucha contra el “narcotráfico y el terrorismo”, reemplaza lo que hace décadas era el combate al comunismo y a los “subversivos”. El momento de acciones militares abiertas se articulan con toda una batería de medidas mediáticas y de comunicación, que buscan crear el “consenso” indispensable para tales acciones y, si esto no es suficiente, los “auto-atentados” o ataques de “bandera falsa” dan el insumo básico para que los demás engranajes de la estrategia se pongan en movimiento.

Pero debemos caracterizar profundamente que esta guerra de 5ta generación, en tanto estrategia que deben utilizar los 147 grupos económicos que controlan más del 40% del PBI mundial, no permite consensos que puedan dar participación a sectores subalternos locales. Por lo tanto, el engaño y la represión se vuelven un camino obligado, violento y profundamente débil.

El capitalismo, el patriarcado y el papel de la clase trabajadora

Como venimos siguiendo desde hace meses, la disputa por la Ley de Aborto Legal, Seguro y Gratuito tuvo su desenlace en la votación en Senadores. Los conteos previos de votos no favorecían a la “ola verde”, que impulsa la ley. A priori, se imponía la postura del rechazo con 36 votos (LN 5/8).

Unos días antes de la votación, las iglesias evangélicas convocaba una movilización al Obelisco bajo la consigna “Salvemos las 2 Vidas”. En tal marcha, estuvieron los diputados de Cambiemos David Schlereth, Cornelia Smith Liermann, Natalia Villa, Jorge Enríquez y Karina Molina; de Salta Somos Todos, Alfredo Olmedo; y de la Coalición Cívica-ARI, Marcela Campagnoli y Alicia Terada (LN 5/8).

Con sus siempre “acertados” comentarios, Mauricio Macri indicaba: “No importa cuál sea el resultado, hoy ganará la democracia”. Era claro que detrás de esta supuesta neutralidad se hallaba la intención de fracturar al campo nacional y popular. María Eugenia Vidal se posicionaba en contra, argumentando que “las cirugías programadas aún tienen demoras. Hoy esa cirugía que se pide como un derecho compite con la cardiopatía y con la operación oncológica”; usando ideas que confundían, ya que la mayoría de los abortos en la actualidad no son quirúrgicos sino medicamentosos. Como último recurso para “moderar” la situación, Cambiemos prometía la modificación del Código Procesal Penal, dejando más laxa la criminalización del aborto (P12 9/8).

Por si las implicancias de la penalización del aborto eran difíciles de mesurar, en esos días iban saliendo diferentes datos. Sólo en Tucumán, provincia del Norte Argentino, de las más afectadas en los años 90, entre 1992 y 2012 se abrieron 534 causas penales por abortos, es decir, un promedio de 50 al año y 4 por mes (P12 17/8).

Tras casi 17 horas de debate, mientras caía lluvia y miles de personas esperaban el desenlace de la votación, el Senado rechazaba el proyecto de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Un dato saliente fue que todos los bloques votaron fracturados (P12 9/8).

Los últimos sondeos de opinión pública mostraban resultados dispares y reflejaban que entre el 11% y el 18% no definió su posición. Según Ipsos, el 49% de los argentinos rechazaba el proyecto que se debatía en el Senado, mientras que el 40% manifestó estar de acuerdo. Sin embargo, el 11% restante no respondió. Sobre mil casos en todo el territorio nacional, la encuesta reflejó la fuerte diferencia de parecer entre los argentinos residentes en el área metropolitana y los que viven en el interior. El apoyo en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense asciende al 53%, 19 puntos arriba del 34% del interior. El interior se opone al proyecto en un 56% y el área metropolitana en un 34% (LN 26/7).

De esta manera, si bien el debate sobre el aborto y su lucha por la legalización continuará, el mismo cerró un ciclo, del cual intentaremos sacar algunas conclusiones. Primero, el proceso de discusión fue trasvasando el marco propio de una reivindicación parcial para tomar carácter político general, visibilizando no sólo el problema del aborto, sino las múltiples formas de discriminación, marginación de clase y los diferentes ámbitos donde se da la problemática. A su vez, fue tomando escala nacional, poniendo también en tela de juicio las diferentes condiciones socioeconómicas que se enfrentan en el país. Por último, el reclamo movilizó a miles de mujeres e involucró masivamente a la juventud, de diversas clases sociales.

Pero centralmente lo que emergió fue el problema estructural: el debate sobre el aborto derivó en una crítica hacia el patriarcado en general, como uno de los aspectos centrales de la sociedad clasista. Es decir, emergió crudamente el problema de clase. Como fuimos analizando todos estos meses, el problema de género iba develándose como un problema de poder. El fervor femenino que invadió las calles escondía la rabia contra la opresión que sufren las mujeres. Pero esta rabia rápidamente se mostró mezclada con diversos problemas de clase. La muerte de la mujer pobre por los abortos clandestinos, levantada como bandera por diversas capas de la sociedad, lejos de ser sólo un problema de género, es parte de las consecuencias de vivir en una sociedad fuertemente clasista. Decimos lo obvio: las “mujeres pobres” son una parte fundamental de la clase trabajadora, indudablemente la más golpeada por el régimen social. Su lucha no podía más que develar esta realidad. La consigna “Vivas, Libres y Desendeudadas nos queremos” hacía aparecer los lazos intrínsecos entre el problema de género y el de Clase. No hay liberación de la mujer, si no hay liberación humana.

Aclaremos esto: si bien el sojuzgamiento del sexo femenino por el masculino es un problema que encierra la humanidad desde hace miles de años, el surgimiento del capitalismo y el salto hacia su etapa imperialista no han hecho más que profundizarlo y “enmascararlo”, mercantilizando a la mujer, junto con todas las relaciones humanas. Las usinas de la gran burguesía imperialista sostienen, en el mejor de los casos, un feminismo formal, la “igualdad ante el capital”, la igualdad de explotación, de precarización, como el objetivo “en sí”, de la lucha por los derechos de la mujer. Pero la liberación de la mujer no es un movimiento independiente a la liberación de todo el sustrato de la sociedad. Para resolver la violencia machista de raíz debe reconocerse profundamente la dignidad de toda persona, a pesar de sus diferencias. Puesto que la igualdad REAL es justamente el reconocimiento de las diferencias, no una igualdad abstracta donde la mujer debe sacrificar sus características particulares para estar compitiendo contra el varón. La igualdad sólo puede ser fruto de la cooperación, que es la forma de vivir de la clase trabajadora y su más grande fuerza material.

Como analizamos el mes anterior, la resolución de las contradicciones de clase es la condición sine qua non para que la humanidad pueda tomar en sus manos la riendas de la historia, pudiéndose plantear una sociedad donde no exista la explotación del “humano por el humano”. Por tanto, la única política de género consecuente es la que pone en el centro la lucha contra la burguesía y la superación del régimen capitalista como base política e ideológica. Puesto que, mientras la gran mayoría de la humanidad está separada de sus medios de vida y de producción, no pueden generarse las condiciones para que la personalidad humana se desarrolle en todas sus posibilidades.

Una clase trabajadora temerosa, que permite que la pisoteen, que mansamente acepta ser sojuzgada, no puede triunfar. No está en condiciones de constituirse en una clase de avanzada y afrontar las tareas históricas que le competen. La fuerza y el protagonismo que mostraron miles de mujeres, acompañadas también por muchos varones, constituye sin dudas un fuerte aprendizaje. Como decía el Comandante Guevara: “Sean capaces siempre de sentir, en lo más hondo, cualquier injusticia realizada contra cualquiera”.

Corrupción, gobernadores y el fin del sueño del capitalismo bueno

La unidad ante el espanto por las políticas aplicadas por la alianza CEO seguía siendo la razón principal por la cual se iba reagrupando el movimiento nacional.

Los hechos de corrupción de Cambiemos daban la excusa para que el peronismo bonaerense se uniera contra Vidal, impulsando pedidos de informes al gobierno bonaerense en los Concejos Deliberantes de los 135 distritos de la provincia. La decisión de actuar en conjunto se tomó en una reunión del consejo directivo del PJ en Hurlingham. Allí estuvieron el presidente del PJ bonaerense e intendente de Merlo, Gustavo Menéndez; el vice, Fernando Gray (Esteban Echeverría); sus pares Alberto Descalzo (Ituzaingó) y Santiago Maggiotti (Navarro), y los gremialistas Pablo Moyano (Camioneros), Omar Plaini (Canillitas) y Ricardo Pignanelli (Mecánicos), además del anfitrión, el intendente Juan Zabaleta (LN 26/7). Por otro lado, una comitiva de intendentes peronistas se reunía con el titular de la Federación Agraria Argentina, Omar Príncipe. Según Gray, jefe comunal de Esteban Echeverría, el objetivo fue “escuchar sobre la realidad y dificultades de los pequeños y medianos productores agropecuarios” (CL 17/8).

Por otro lado, ante la posible “des-intervención” del PJ Nacional, su presidente, José Luis Giogia, señalaba en referencia a los posicionamientos de los denominados “peronistas racionales”, como el senador Pichetto y el gobernador Urtubey: “No puede ser que se muestren más enemigos de Cristina que de Macri, ahí hay un punto que para nosotros es insalvable. El enemigo es Macri” (P12 29/7). Tanto por el lado de los intendentes, como así de algunos sectores de los gobernadores peronistas, el enfrentamiento al Gobierno CEO se iba haciendo más abierto y la necesidad de la participación de la ex mandataria, Cristina Fernández de Kirchner, inobjetable.

Con Posterioridad a la declaración de la ex presidenta en Comodoro Py, el juez Claudio Bonadío decidía el allanamiento del primero y el cuarto piso del edificio en donde esta vive (LN 14/8). En su presentación en Comodoro Py, la misma presentaba tres escritos, donde negaba “de manera terminante” los cargos de los que se la acusa; y decía que desde que Cambiemos asumió el Ejecutivo nacional ella sufre una “persecución judicial”. También afirmó que es “absurdo” pretender culpar a Néstor Kirchner del supuesto “sistema de cartelización de la obra pública”, en un país que gobierna Mauricio Macri, “hijo de Franco, primo hermano de Ángelo Calcaterra y hermano del alma de Nicolás ‘Nicky’ Caputo”. Decía además que “todos ellos son la quintaesencia de la patria contratista”. Y finalizaba denunciando que es “insólito que pueda hacerse aparecer a los empresarios como las víctimas (LN 14/8).

Mientras tanto, los tironeos sobre la votación del desafuero de la senadora continuaban. El bloque de senadores del FPV presentaba un proyecto para crear una comisión bicameral que en 180 días audite toda la obra pública de 2003 a 2015, US$110.000 millones destinados a obra pública a lo largo de doce años (LN 17/8). Tales hechos dejaban dos aristas. Por un lado, la necesidad de revisar todos los contratos de obra pública, licitaciones, deudas, etc. Por otro, tal medida, absolutamente necesaria, también implica revisar la estrategia de la “reconstrucción la burguesía nacional”; es decir, la estrategia emprendida entre 2003 y 2015 como camino para alcanzar la justicia social, la soberanía política y la independencia económica.

Como vimos al inicio del artículo, muchos de los sectores que ahora desfilan por el banquillo de acusados son parte de esa burguesía incapaz de disputar en los mercados mundiales, que pretende que el Estado la proteja para sostener sus ganancias de los embates de los grandes grupos económicos internacionales.

Claramente, la etapa que se inicia, si bien en sus formas puede tener algún parecido a “volver a la década ganada”, es claro que ese “volver” no puede tener como contenido reponer los privilegios para ese empresariado que ha mostrado a las claras sus límites estructurales para conducir la pelea contra el imperialismo, único camino para alcanzar el bienestar de la población. La estrategia de la reconstrucción del empresariado nacional, con un Estado que garantice una cierta redistribución del ingreso, ha llegado a su fin. Y la causa de los cuadernos es la prueba palmaria.

Sin Fondo Solidario, hay una cosa que empieza con P…

De esta manera, se fueron pre-figurando dos polos al interior de peronismo: uno con una postura claramente ambivalente ante el macrismo, proclive a seguir pactando la entrega de la patria y su pueblo; otro, con profundas limitaciones, claramente se va definiendo en oposición a la Alianza Cambiemos y al conjunto de sus políticas.

Legisladores nacionales de Argentina Federal y el massista Frente Renovador continuaban sus giras en busca de mostrarse como una alternativa conjunta del peronismo, que aún no tiene forma ni acuerdo electoral. La reunión se efectuaba en San Juan. Nuevamente, el gobernador sanjuanino, como si fuera un péndulo, planteaba: “Los gobernadores debemos ver qué puntos en común podemos alcanzar, sin entregar los intereses provinciales, y hacer todos los esfuerzos para que el Gobierno tenga presupuesto” (P12 3/8). El tren fantasma trataba de articularse. Como si fuera poco, el senador Miguel Ángel Pichetto, jefe de campaña de la “re-re” de Menem, cumplía su deseo de lanzarse como precandidato presidencial del Peronismo Federal, con un acto en La Plata, donde criticó a Mauricio Macri pero también a su antecesora, Cristina Kirchner, al considerar que “ambos han fracasado, y además se necesitan y se complementan”. También indicó que “los últimos cuatro años de gestión de la ex presidenta y del ministro (de Economía Axel) Kicillof fueron un fracaso”, porque “terminaron con un fuerte intervencionismo del Estado, un cepo a la economía, un montón de trabas que hacían imposible que la Argentina creciera (…). No somos una alternativa híbrida sin rumbo y sin corazón. Nosotros somos el futuro” (P12 10/8). Repartiendo más críticas para la ex mandataria que para con el Gobierno CEO, el acto casi pasó inadvertido. Nuevamente, la idea de presentarse como una “alternativa intermedia”, en el marco de un proceso de concentración y centralización económica brutal, con la consecuente polarización política y social, se muestra a las claras como un proyecto destinado al fracaso.

Luego de que el Gobierno Nacional adelantara el recorte del “Fondo Sojero” (Fondo Federal Solidario), los ministros de Economía de Salta, Córdoba, Entre Ríos, La Rioja, Chaco, Córdoba, Formosa, San Juan, Catamarca, Tierra del Fuego, La Pampa y Santa Fe se reunían en la sede porteña de la Casa de Salta con la intención de evitar futuras medidas unilaterales de la Casa Rosada, que comprometieran sus recursos (CR 16/8). El Gobernador Pampeano, Carlos Verna, adelantaba: “Somos defensores del federalismo y de la autonomía provincial. No vamos a ser parte de un ajuste feroz que va en contra del bienestar de los pampeanos. Decidimos, con los legisladores nacionales del PJ, no votar un presupuesto de ajuste” (P12 29/7). Unas semanas después, en el encuentro en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), a la convocatoria de los Gobernadores Peronistas se sumaban legisladores del Peronismo Federal y la cúpula de la CGT, para articular una posición común contra la medida del Gobierno CEO (CL 17/8).

El Consejo Nacional del Partido Justicialista comunicaba: “Argentina afronta una situación de extremo peligro por malas decisiones del gobierno, que la pone al borde de un abismo con consecuencias inimaginables, por eso la consigna es la unidad del peronismo. (…) Hoy van contra Cristina Fernández de Kirchner, pero en realidad van contra el peronismo, que es el único partido político de oposición que tiene este gobierno”, advirtió el PJ en el documento elaborado en el cónclave. Gioja obtuvo un espaldarazo con la amplia concurrencia de dirigentes. Los gobernadores de Catamarca, Lucía Corpacci, de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, y de Formosa, Gildo Insfrán, los vicegobernadores de San Juan, Marcelo Lima, de Chaco, Daniel Capitanich, de Santiago del Estero, José Neder, y de Tierra del Fuego, Juan Carlos Arcando, el presidentes del PJ bonaerense, Gustavo Menéndez, de la Ciudad de Buenos Aires, Víctor Santa María, así como los de Neuquén, La Pampa, Jujuy, Santa Cruz, Santa Fe, Mendoza, Río Negro, Corrientes y Chubut, más dirigentes sindicales como Antonio Caló (UOM) y Ricardo Pignanelli (Smata) (P12 17/8).

Por el otro lado, las fuerzas vinculadas al kirchnerismo, gobernadores e intendentes cercanos al mismo y sectores del movimiento sindical más combativo iban reagrupándose. Para fines de julio, se conocía una reunión entre el ex gobernador cordobés, “el gallego” José Manuel De La Sota, y Máximo Kirchner. Con la ventilación de tal información, también se develaba que ya habían mantenido una reunión en mayo, a pedido de De la Sota, para “sellar la paz” (LN 30/7). Es de resaltar tal hecho, ya que De la Sota ha sido un acérrimo crítico del kirchnerismo. Teniendo en cuenta los vínculos del ex gobernador con la alta burguesía cordobesa −como el Grupo Arcor, en Grupo Roggio o el fuerte sector Agrario de tal región−, se nota a las claras de una fractura política y social de envergadura en el frente oligárquico. Debemos recordar que siempre el electorado cordobés ha sido esquivo a las propuestas del peronismo kirchnerista. Por otro lado, la oposición buscaba unificarse en la Patagonia para frenar el ajuste. Más de 100 legisladores, vicegobernadores, intendentes y gremialistas debatieron durante más de cuatro horas sobre cómo hacer frente a las “políticas neoliberales” (LN 11/8).

Por último, el núcleo del kirchnerismo realizaba un “plenario de la militancia” en Ensenada, provincia de Buenos Aires. La actividad era cerrada por Máximo Kirchner, con estas palabras: “Este modelo económico está agotado y sólo va a cerrar con represión” (LN 12/8). De este modo, a pesar de todas las múltiples diferencias que se expresan en la interna de los partidos políticos del movimiento nacional, la avanzada del gobierno que se ha radicalizado en su plan económico y el desmadre social provocado iban agrupando a las vertientes opositoras.

Sabemos sobre la táctica política de los sectores que sostienen el saqueo imperialista: propiciar y azuzar las contradicciones internas en el movimiento nacional para mantener un grado de fracturas que le permita seguir imponiéndose.

Sin embargo, el reacomodamiento de las fuerzas al interior del peronismo muestra el desgranamiento de esa táctica, que se queda sin base, por no poder articular con su necesidad ningún otro interés. Puesto que el Peronismo Federal, más vinculado al aparato del Estado, subordinado a sus recursos y desde el plano político-ideológico más vinculado a los sectores reaccionarios y liberales, en el marco del ajuste y la entrega permanente de soberanía sólo puede presentarse como la versión “peronista” de la entrega.

El otro campo dentro del peronismo, que es una reconfiguración del kirchnerismo, nuclea a un grueso de los intendentes del Conurbano Bonaerense, a gobernadores peronistas, más los sectores más combativos del movimiento Sindical, cohesionados más que nada por el antagonismo generalizado con Gobierno CEO y sus políticas. Empujados por la crisis, no pueden más que acercarse y, en gran medida, subordinarse a los sectores que históricamente han sido más consecuentes con la lucha contra el macrismo y quienes más capacidad para enfrentarlo tienen; abriendo el camino para la preponderancia de sectores sindicales y kirchneristas.

Este segundo campo, si bien sigue presentado limitaciones y carencias en cuanto a la caracterización del enemigo, del sujeto y de la etapa en que nos encontramos, tiene la virtud de poner en el centro a los enemigos históricos del pueblo y de su movimiento nacional, sosteniendo su decisión de confrontarlo. Dicho esto, pasaremos ver el papel del movimiento obrero y su tarea de cara a cohesionar a este movimiento nacional.

Un conflicto, dos conflictos… mil conflictos

La conflictividad obrera el último mes fue en ascenso, inclusive en sus sectores más aristocráticos. Así, los gremios portuarios que integran la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina (Fempinra), mantenían su acampe en el puerto de Buenos Aires, ante recurrentes despidos (CR 25/7). Aerolíneas Argentinas enviaba 50 telegramas a los pilotos, que leían un comunicado contra la política aerocomercial del gobierno en los aviones antes de despegar (LN 31/7). Los trabajadores del subte tomaban “medidas de autodefensa” en rechazo a la negativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Metrovías de reabrir la negociación paritaria, que cerró unilateralmente en un 13% (P12 18/8). El Ministerio de Defensa decidía profundizar el ajuste en Fabricaciones Militares, con despidos en las plantas ubicadas en Villa María y Río Tercero. En ambas dependencias trabajan unas 800 personas. Además, el aviso de los próximos despidos vino de la mano de un centenar efectivos de la Gendarmería a Río Tercero, que ingresaron a la fábrica supuestamente para “salvaguardar” las instalaciones, militarizándola de hecho (P12 18/8). Por último, el líder camionero, Hugo Moyano, advertía que el Gobierno “no va a poder doblegar” al sindicato, luego de que el Ministerio de Trabajo le aplicara una multa de 810 millones de pesos por una supuesta violación de una conciliación obligatoria de diciembre del año pasado. Con mucha claridad, Moyano afirmaba que la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, había asumido como “la primera ministra del país” (P12 25/7).

Por el lado de los sectores estatales, el programa de ajuste implicaba el recorte de miles de puestos de trabajo en el Estado nacional y en los estados provinciales. A mediados de agosto, se amenazaba con más de 600 nuevos despidos en el ministerio de Agroindustria (P12 14/8). Docentes, estatales y judiciales, entre otros, convocaron a los porteños a manifestarse frente a la Jefatura de Gobierno por la “falta de dialogo” con el gobierno porteño (P12 28/7). Por último, las tres federaciones de docentes universitarios confirmaban sus respectivos planes de lucha ante la discusión paritaria. Tanto la Conadu Histórica como la Conadu y Fedun realizarían una huelga de 48 horas (P12 20/8).

Claramente, las consecuencias del programa de la Alianza Cambiemos se empezaban a hacer sentir más abiertamente y la conflictividad laboral se profundizaba. Es de resaltar el carácter de los conflictos y las actividades donde explotan.

Por un lado, los sectores de logística, tanto portuaria como de camiones, y sectores industriales de punta, de los mejores pagos del movimiento obrero. A su vez, el detonante de los conflictos ya no son huelgas o medidas para disputar un incremento paritario superior, sino que empiezan a primar las medidas ante los despidos generalizados. Por lo cual, claramente la tendencia va hacia la unificación de las luchas y no hacia la división, en función de las diversas escalas salariales alcanzadas. Además, la lucha contra desmadre económico tiende a inspirar sentimientos patrióticos en los trabajadores, frente a la entrega del patrimonio al capital imperialista.

3er paro general, reconfiguración y “caras largas” para todos

En junio se realizó el 3er paro general contra la administración macrista. La contundencia absoluta de la medida significó un fortalecimiento del triunvirato que comanda la CGT. Parecía entonces que, lejos de preparar su alejamiento para el 22 de agosto (como parecía sellado antes del paro), salía a buscar aliados para apuntalar una agenda común de reclamos. Los referentes del MASA, que el mes pasado habían coqueteado con el agrupamiento del moyanismo, la Corriente Federal y el Smata, coincidieron con el triunvirato en la necesidad de priorizar el proceso de unidad sindical y patear para adelante la discusión sobre la renovación de la conducción cegetista (CR 25/7). A pesar de ello, se reunieron unos cuarenta gremios en la sede del gremio aeronáutico de pilotos que conduce Pablo Biró. En el encuentro, participaron los secretarios generales de la UOM, Smata, la Corriente Federal de los Trabajadores (CFT), Camioneros y el agrupamiento 21F, entre otros. Los principales referentes de este espacio coincidieron en reclamar la necesidad de que la CGT conduzca la protesta social (P12 26/7).

El diario oligárquico La Nación anoticiaba que la conducción de la CGT y el Gobierno se reunían en Olivos y acordaban reactivar mesas de trabajo sectoriales. Del encuentro participaban el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro de Trabajo, Jorge Triaca; el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis; y el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana. Por el lado de la central obrera, participaban los miembros del triunvirato −Juan Carlos Schmid, Carlos Acuña y Héctor Daer−, además del sector de los gordos e independientes, como José Luis Lingeri, Andrés Rodríguez, Roberto Fernández y Omar Maturano. El encuentro se interpretó como una tregua (LN 11/8).

Tratando de ahondar la táctica de contención y fractura, el Gobierno dejaba trascender que comenzaba a cursar invitaciones para realizar una reunión donde participen empresarios y la conducción tripartita de la CGT, con la intención de avanzar en un acuerdo (P12 15/8). El día posterior a la noticia de La Nación, todos los sectores salían a desmarcase, tanto de la central obrera como las cámaras empresariales (P12 16/8). Con un proceso económico desbocado, habiendo despidos por doquier y cierres de fábricas generalizados, nadie podía asegurar nada. De este modo, si bien, circunstancialmente, por la efectividad del paro, el triunvirato cegetista pareciera estar fortalecido, la fragilidad del clima social y la precariedad de la situación laboral y económica no sólo creaban un “vacío de poder” en el marco del Poder Ejecutivo nacional, sino que el mismo concepto se aplicaba para todas las orbitas sociales e instituciones. La crisis de todo el orden social, incluidas las instituciones y concepciones de las cual se han dotado los trabajadores, también se encuentran en tela de juicio.

Por el lado de los trabajadores desocupados, los mismos efectuaban dos hechos de importancia en el mes. Por un lado, bajo la consigna “Unidad frente al ajuste”, organizaciones barriales, políticas y sociales marchaban a la jefatura de Gobierno, en reclamo sobre los ajustes de las diferentes partidas presupuestarias. Previo a la movilización, la CTEP inició la jornada con un “escrache” a la Bolsa de Comercio porteña (P12 31/7). Por último, el simbólico día del Patrono del Trabajo, San Cayetano, daba sentido a la movilización popular del mal llamado “Tridente Piquetero”. Más de 200 mil personas se concentraron en las inmediaciones de la Plaza de Mayo, donde Esteban “El Gringo” Castro, referente de la CTEP, planteaba: “Para nosotros el trabajo es un eje vertebrador de nuestras vidas. (…) El capitalismo, en su afán de concentración económica, expulsa sistemáticamente trabajadores del empleo formal. Esos expulsados hemos creado nuevas formas de trabajo. (…) La lucha es porque necesitamos tener la misma dignidad que el resto de la clase trabajadora”. La movilización tuvo el respaldo de las centrales sindicales: la CGT y las tres CTA (P12 8/8). La confluencia de diferentes fracciones de la clase trabajadora, en claro antagonismo con las políticas de la Alianza Cambiemos, va dando forma a un movimiento obrero de envergadura, anti-Cambiemos y, embrionariamente, anti-Capitalista. A pesar de ello, como se puede ver en el resaltado, la idea de que “la lucha es por tener la misma dignidad” que los “en blanco” vuelve, con otras formas, a mostrar las limitaciones político-ideológicas de las concepciones presentes en el movimiento de trabajadores.

Siempre se vuelve al primer amor

Uno de los sucesos de mayor trascendencia del mes fue la juntada de la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner con el líder Camionero Hugo Antonio Moyano. La excusa del encuentro fue dada por un plenario de delegados del sindicato de Mecánicos Smata.

De la reunión previa a la actividad participaban el Secretario General del Smata, Ricardo Pignanelli; el secretario general de los canillitas, Omar Plaini, cercano al líder camionero; la diputada Vanesa Siley, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraju) y cercana a Cristina; y el número dos del Smata, Mario “Paco” Manrique. El plenario reunía a más de mil delegados de la industria automotriz.

Es de recordar que el distanciamiento entre la ex presidenta y el líder obrero se remonta al año 2011. Ese año, Cristina realizaba críticas sobre el “corporativismo” del movimiento sindical, desestimando un proyecto de ley que a finales del 2010 la CGT había presentado, pidiendo la participación de los trabajadores en las ganancias empresariales. El apriete por parte de los sectores más concentrados del empresariado nacional, que abiertamente rechazaron el proyecto, hizo desistir de tal iniciativa al kirchnerismo gobernante. De fondo, estaba una lucha por el rumbo del modelo y la distribución de cargos. El sindicalismo pretendía mayor participación en el Estado y el sector kirchnerista entendió que esa era una disputa que no podía permitir, y que la actitud de la conducción de la CGT era corporativa. Luego de estas críticas −profundizadas por la ausencia de la Presidenta en la movilización que conmemoraba el 1° de mayo, que convocó a 350 mil trabajadores en la 9 de Julio, y por las críticas abiertas contra el movimiento sindical pronunciadas por Cristina en un acto en Jose C. Paz, una semana más tarde de dicho acto−, vino un largo silencio y la exclusión de los cargos políticos para sectores del sindicalismo. Y con posterioridad a la elección que consagraría a Cristina Fernández de Kirchner, reelecta por el 54% de los votos, ya la ruptura fue total. Hugo Moyano, en el acto del Día del Camionero, 12 de diciembre de 2011, efectuado en el estadio de Huracán, pronunciaría un discurso abiertamente de confrontación contra el gobierno kirchnerista, mientras anunciaba su renuncia al PJ nacional, conducido por la misma presidenta. Posteriormente a tales hechos, tales personalidades no volverían a reencontrarse hasta ahora. Y el frente nacional sufriría una ruptura muy profunda.

La amalgama entre sectores sindicales y sectores que reivindicaban la lucha por el socialismo en la década del 70 −provenientes en general de la pequeño-burguesía−, que la crisis abierta en el 2001 y el enfrentamiento con las patronales del campo en 2008 habían ayudado a fomentar, se quebraba, fracturando al movimiento nacional y dejando por un lado al sector más combativo y organizado del movimiento sindical y, por otro, al agrupamiento político más consecuente en el enfrentamiento contra el enemigo histórico del pueblo.

En el reencuentro, el dirigente camionero Hugo Moyano dijo que la ex presidenta y “los sectores del peronismo” trabajan para “hacer un frente” de cara a las elecciones de 2019. Señaló que con Cristina Kirchner se acercaron nuevamente “por las políticas del gobierno” (CL 4/8). Moyano no se dejó correr por los periodistas de Clarín, que sólo preguntaban por el caso de las libretas, y cerró sus comentarios diciendo: “Cristina no habló de las libretas, ¿qué va a decir? Hoy son cuadernos, mañana libretas y después libretitas”, y agregó que “hablamos de todo y vamos a trabajar para unir a todo el peronismo”. Por su parte, la Ex Mandataria afirmó que “el próximo gobierno va a necesitar trabajar codo a codo con una CGT fuerte”, y prometió que va a trabajar por la unidad del peronismo, con el objetivo de desalojar a Mauricio Macri de la Casa Rosada: “No es una discusión de personas o de nombres, (…) sino contribuir a la unidad” (LN 4/8).

Unos días más tarde, el agrupamiento de organizaciones sindicales y sociales más vinculadas al líder camionero relanzaba su agrupación Multisectorial “21F”, en el microestadio de Atlanta. De la actividad participaban el secretario general de la CTA y diputado de Unidad Ciudadana, Hugo Yasky; el jefe de la CTA Autónoma, Pablo Micheli; el metro-delegado Néstor Segovia; el senador Fernando “Pino” Solanas; la titular de la Ctera, Sonia Alesso; el jefe del Suteba, Roberto Baradel; el líder Canillita, Omar Plaini; y el Secretario General de los Obreros Curtidores, diputado por Unidad Ciudadana, Walter Correa.

Hugo Moyano afirmaba en su discurso: “No podemos perder las calles. (…) Todos aquellos que luchemos por los trabajadores tenemos que estar juntos para dar pelea al Fondo Monetario Internacional (FMI) y a los hombres que cumplen sus órdenes como el presidente de la Nación. (…) No se pueden soportar más las políticas de un gobierno que no gobierna, sino que recibe órdenes. (…) El mundo se caga de risa de este gobierno, que es un Che pibe. [La multisectorial representa] el esfuerzo que estamos haciendo para unificar todos los sectores que luchan por los que menos tienen. (…) Es una obligación que tenemos los gremios, los sectores sociales y políticos que es la de luchar incansablemente; y que nadie se haga el distraído: o se suman a la lucha de los trabajadores o se quedan con los oligarcas. (…) Algunos prefieren el perfume de los funcionarios de turno, pero nosotros elegimos la transpiración de los trabajadores, que es mucho mejor porque nos da la dignidad para seguir luchando”. Por último, Moyano convocó a todos a continuar trabajando por la unidad, “porque una vez más el triunfo será de los trabajadores” (P12 17/8) (LN 17/8).

El cambio cualitativo que se viene expresando en la lucha a partir del 14 y 18 de diciembre (movilización contra la Reforma Previsional), que alcanzó grados de positivización en las movilizaciones del 25 de mayo y 9 de julio, sumó con este encuentro otro hecho simbólico y clave. Y esto lo decimos porque el proceso acelerado de toma de conciencia de las masas −simbolizado en los repetidos canticos “Unidad, de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode se jode”; en las múltiples luchas a escala local o regional, donde se articulan las diferentes centrales sindicales o sindicatos de diferentes filiaciones con organizaciones sociales y agrupamientos políticos; y en todo un amplio movimiento con fuerte impronta obrera y popular, de rasgos anti-macristas y, embrionariamente, anti-capitalistas− reclamaba hace tiempo su expresión en la superestructura política.

Toda esta presión es la base sobre la cual ocurre el acercamiento entre tales personalidades. Ese hecho da una “bocanada de oxígeno” al movimiento nacional, elevando la alegría de la militancia, y una palmada de confianza, ya que muestra la reconfiguración de un movimiento nacional con mayor cuerpo, que le da –entre otras cosas− la rearticulación de una fracción importante de la clase trabajadora.

Sin embargo, tal como vimos anteriormente, el “vacío de poder” radica en la crisis capitalista, y la presión a la que está siendo sometida la sociedad, sumada a la vasta experiencia de la clase trabajadora argentina, acelera el proceso de búsqueda de soluciones creativas, de ideas correctas. Crece entonces la necesidad de este movimiento nacional de dotarse de elementos que le permitan entender la naturaleza del enfrentamiento al que se aproxima, las debilidades y fortalezas de su enemigo, como así las profundas limitaciones que todavía tiene esta fuerza social objetivamente antiimperialista.

“Una sola chispa puede incendiar la pradera”

El mes que pasó incluyó una tragedia que tomó repercusiones nacionales. La explosión de una escuela en el partido bonaerense de Moreno −que provocó la muerte de 2 compatriotas, el auxiliar de escuela Rubén Rodríguez, militante del Sindicato ATE, y la vicedirectora Sandra Calamano, militante del Suteba− conllevó a una profundización de todo el debate político en el movimiento nacional y en el de trabajadores en particular.

Antes del hecho, la conflictividad en la educación por la discusión paritaria continuaba. El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) anunciaba el no inicio de clases con un paro de 72 horas ante la oferta salarial del 15 por ciento del Gobierno de María Eugenia Vidal (P12 27/7). Al día siguiente, el Ministerio de Trabajo bonaerense dictaba la conciliación obligatoria para suspender el paro (P12 28/7). Ctera también reclamaba por la “urgente convocatoria a la paritaria nacional docente, la nueva Ley de Financiamiento educativo”, y rechazaba “el acuerdo con el FMI” (P12 29/7). A los pocos días, el Ministerio de Trabajo disponía una multimillonaria multa sobre el gremio por no acatar la conciliación obligatoria y realizar un paro de 48 horas, la cual rondaría entre los $350 millones y los $700 millones (LN 31/7). Cerrando la Jornada, la santafecina secretaria general de Ctera, Sonia Alesso, decía: “La idea de este Gobierno es privatizar la educación. Quieren transformarla en un bien de mercado y que deje de ser un derecho social” (P12 31/7). Más adelante volveremos sobre los dichos de la combativa dirigente docente.

La explosión conmocionó a la comunidad de Moreno, que el mismo día se movilizó hasta el Consejo Escolar, en una marcha en la que participaron vecinos, maestros, alumnos y padres, los gremios de las CTA locales y la CGT Regional. La misma contó con miles de participantes, ocupando largas cuadras del Centro Distrital. Allí, Roberto Baradel, del Suteba, afirmaba: “¿Cuántos millones de pesos debe pagar ahora la gobernadora Vidal y el ministro de Trabajo [Marcelo Villegas] por esas dos vidas que se perdieron? Son los principales responsables de estas muertes y de desfinanciar la educación pública en la provincia” (LN 3/8). Es de resaltar que la explosión ocurrió sólo unos minutos antes de que el desayuno del turno mañana fuera realizado. Con lo cual, la detonación se podía haber producido en el momento en que cientos de chicos se encontraran en el lugar, lo que hubiera sido una masacre. Las repetidas denuncias realizadas por los diferentes sindicatos docentes y demás actores de la sociedad se agolpaban. Las movilizaciones a escala local pero de gran participación, se replicaban por el conurbano, desde La Matanza, La Plata, Ituzaingó, Morón, Luján, etc. En todos los casos, denunciaron la responsabilidad de Vidal y de su director de Cultura y Educación, Gabriel Sánchez Zinny (P12 3/8). Las movilizaciones se sucedían y el proceso en Moreno se radicalizaba.

Directores de las escuelas de Moreno auto-convocados tomaban la decisión de suspender las clases por los problemas edilicios (P12 5/8). A su vez, la generalización de la problemática hacía que se destapara que cientos de escuelas se encontraban en estados calamitosos, suspendiéndose el funcionamiento de las mismas. En General Rodríguez, 8 de cada 10 escuelas fueron cerradas por problemas de gas. En otros distritos bonaerenses, como Merlo y Pilar, surgieron denuncias similares. En Mar del Plata, además, el interventor del Consejo Escolar renunció aduciendo “estrés” (P12 7/8). Sólo unos días después, se suspendían las clases en 786 instituciones educativas (P12 8/8). El mismo fin de semana de la explosión, personal vinculado al Consejo Escolar de Moreno –intervenido por el gobierno provincial desde hace meses− intentaba ingresar en las instalaciones del mismo, para llevarse documentación referida al tema, por lo cual las organizaciones locales tomaban la medida de instalar una Carpa frente al mismo y montar guardia.

La gobernadora, lejos de responsabilizarse por lo ocurrido, intentó desviar las culpas hacia la oposición, aduciendo que el Consejo Escolar de Moreno tenía mayoría kirchnerista: “Como en Moreno ganó el Frente para la Victoria, y hace muchos años que gobierna el Frente para la Victoria, la mayoría de ese Consejo Escolar es kirchnerista”, omitiendo abiertamente la intervención del mismo por parte de su gobierno (P12 9/8).

Como también pudimos ver en el debate sobre el aborto, un conflicto parcial, sumado a lo sensible de la tragedia y que dichas personas eran reconocidos por sus compromisos políticos y sociales, rápidamente tomaba carácter político, rebalsando los marcos gremiales e involucrando a toda la sociedad: diversas fracciones del proletariado −como son en su gran mayoría los padres y vecinos de las zonas−, instituciones, organizaciones sindicales y sociales y amplias fracciones de la pequeña burguesía. Es decir, se configuraba un movimiento poli-clasista con reivindicaciones que excedían las puramente gremiales de los docentes: basta de ajuste, justicia, des-intervención del Consejo Escolar, saneamiento de los problemas edilicios, etc. Claramente, diferentes fracciones de la sociedad confluyen en el enfrentamiento a la Alianza Cambiemos.

Para Finalizar, destacamos que lo fundamental del proceso en marcha es lo que anteriormente la propia oligarquía llama “vacío de poder”. Es decir, la ausencia absoluta del funcionamiento del Estado y el orden oligárquico. Desde el inicio del conflicto, tanto las autoridades nacionales como provinciales brillaron absolutamente por su ausencia, sin que hubiera “nadie a quien reclamarle”. La falta total de algún interlocutor al cual presentarle la lista de reclamos dejaba absolutamente desorientada a la dirección del movimiento.

Expresión de la misma son los dichos citados de la Secretaria General de CTERA, Sonia Alesso: “La idea de este Gobierno es privatizar la educación”. Si bien es una postura interesante y confrontativa con respecto al macrismo, no devela en profundidad la naturaleza del problema. Como vimos repetidamente en el Análisis…, la necesidad de los grandes grupos económicos de succionar valor para reproducirse de manera ampliada y sobrevivir en la competencia capitalista requiere del avance en todas las órbitas de la vida civil, retroalimentando la crisis del sistema capitalista. Por lo cual, el hecho tanto de la conflictividad docente como la crisis del sistema educativo son manifestaciones de la crisis del conjunto del sistema de producción y organización social capitalista, y no un hecho en sí. Tal diferencia, más allá de parecer tautológica, hace diferir sobre la manera en que deben prepararse las fuerzas para el abordaje de la lucha.

Si definimos que nos encontramos frente a una crisis de todo el orden social, que se expresa en infinidad de determinaciones −como la crisis del sistema sanitario, el educativo, el de seguridad social y miles más−, el trabajo central de todas las fuerzas populares radicará en prepararse para la superación de tal régimen, siendo esta la única manera consecuente de poder construir un sistema sanitario, educativo o el que sea, acorde a las necesidades del pueblo. Si, en cambio, consideráramos que el capitalismo se encuentra en una etapa de “apogeo”, o en una crisis pasajera, porque “capitalismo hubo siempre”, o “las crisis son cíclicas y pasan”, concebiríamos que es un problema solamente del ámbito educativo. Por lo cual, creeríamos que dentro del capitalismo, con la “burguesía nacional” a la cabeza y el estado de relaciones sociales que está constituido, es posible resolver las problemáticas educativas.

La crisis de todo el orden capitalista, −expresada en los numerosos conflictos tanto regionales como nacionales señalados−, muestra a las claras las limitaciones del movimiento de masas. A pesar de ello, este nos sigue dando lecciones de donde aprender para las próximas batallas.



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