Revista Mensual | Número: Noviembre de 2018
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Fuentes consultadas: EE.UU.: Wall Street Journal (WSJ). Gran Bretaña: The Economist (TE). Alemania: Deutsche Welle (DW); China: Xinhua (XH); Rusia: Russia Today (RT); Irn: HispanTV (HTV) Venezuela: Telesur (TS). Cuba: Cubadebate (CD). Argentina: Clarín (CL); Crónica (CA); Cronista Comercial (CR); La Nación (LN); Miradas al Sur (MS); Página 12 (P12); Tiempo Argentino (TA).
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El laberinto

Sed de poder del socialismo
Ha generado desazón
¿Vamos a dejar Brasil en manos chinas?
Los pobres en el presupuesto
Construir un gran partido


El derrumbe imperialista, la agresividad de la burguesía y la necesidad de las masas por derrotarla y superarla

 El laberinto

“No habrá nunca una puerta. Estás adentro

y el alcázar abarca el universo

y no tiene ni anverso ni reverso

ni externo muro ni secreto centro.

No esperes que el rigor de tu camino

que tercamente se bifurca en otro,

que tercamente se bifurca en otro,

tendrá fin. Es de hierro tu destino”

J.L Borges (1969)

“Me he acostumbrado a beber la noche lentamente,
porque sé que la habitas, no importa dónde,
poblándola de sueños”

Juan Gelman (1956)

 


La agudización de la disputa entre capitales por repartirse un botín que es cada vez más chico ha generado que la política que el imperialismo tiene para la región tenga cada vez menos consenso, ya que debe dejar a sectores que en otro momento eran sus aliados afuera del reparto. Por ello, la única forma de mantener su dominio es profundizando su estrategia militar, que no se basa en el enfrentamiento directo entre Estados, sino en la llamada guerra de baja intensidad. La persistente pérdida de sectores de las burguesías nacionales que en otro tiempo sirvieron de aliados y hoy lo combaten, la incapacidad de obtener consenso en el seno de las sociedades que gobierna, la exposición de su naturaleza caótica, terrorista y antidemocrática lo impulsan a subir de tono la escalada bélica contra los pueblos en rebeldía, centralmente las naciones que integran el ALBA. Conforme crece su debilidad y ésta se hace evidente a los ojos de miles de millones, aumenta su desesperación por erradicar de la faz de la tierra aquellas experiencias revolucionarias que le han propinado numerosas derrotas en el plano político y militar.

Precisamente el choque con sectores de la población que son concientes del problema al que se enfrentan transforma toda la agresividad en impotencia, debido a las continuas derrotas políticas. No por ello ceja en su intento, puesto que tales acciones responden a las leyes del funcionamiento de la sociedad capitalista, a la acumulación de capital. La racionalidad ha dejado de corresponderse con las acciones de una clase social que ha agotado su etapa histórica, que hace tiempo se ha convertido en una traba para el desarrollo de la vida humana.

El centro del problema está en que el caos, el terrorismo, la guerra y la miseria cesarán cuando se derrote definitivamente a la clase social que las genera, la burguesía. En donde ello se ha comprendido en profundidad, por amplias capas del proletariado y del pueblo, se ha podido avanzar en su resolución; en donde aún no se ha avanzado en esta línea, persiste la descomposición de su desgobierno.

Veamos todo ello con mayor detenimiento.

Sed de poder del socialismo

Este mes varios de los presidentes de la región alineados a la política yanqui salieron envalentonados a criticar al gobierno Bolivariano de Venezuela: “Más de un millón de venezolanos dejaron su país en busca de nuevas condiciones de vida (…). Brasil recibió a todos los que llegaron, decenas de miles, y procuramos dar toda la asistencia (…). La solución llegará cuando Venezuela encuentre el camino del desarrollo”, afirmaba el presidente de facto Michel Temer. “Cuando un pueblo emigra, sus gobernantes sobran. Nadie emigra por voluntad propia. Se ven obligados”, vociferaba el ecuatoriano Lenin Moreno. “Perú viene impulsando una denuncia ante la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) para sancionar los crímenes cometidos en Venezuela. Mi país expresa su inquebrantable solidaridad con el pueblo venezolano” decía el improvisado presidente Martín Vizcarra; “Quiero traer la voz del pueblo venezolano que el régimen de Maduro ha silenciado (…) desgraciadamente hoy Venezuela está gobernada por un régimen que no respeta ni la libertad, ni la democracia ni los derechos humanos (…) no hay democracia, no hay Estado de Derecho, no hay libertad de expresión” afirmaba Sebastián Piñera. El colombiano Iván Duque decía que “estamos viviendo la crisis migratoria y humanitaria más importante de nuestra historia reciente, por culpa de una dictadura que aniquiló las libertades” y el norteamericano Donald Trump llevaba las definiciones aún más lejos al afirmar que “más de dos millones de personas han huido por culpa del régimen socialista de Maduro y sus patrocinadores cubanos (…) hoy el socialismo ha llevado a la bancarrota a esta nación rica en petróleo y ha hecho que su pueblo esté sumido en la pobreza. En todas partes el socialismo y el comunismo ha producido sufrimiento, corrupción y deterioro; la sed de poder del socialismo lleva a la opresión, todas las naciones del mundo deben resistir el socialismo y la miseria que causa” (LN 26/9).

Millones de migrantes que huyen de su “dictadura”, “crisis humanitarias” provocadas por la “sed de poder del socialismo”, “crímenes” horrendos cometidos contra su población; así el conjunto de definiciones que arrojaban en coro los presidentes sudamericanos alineados con los EEUU durante la 73va Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Sintetizaban de esta manera la encrucijada que atraviesa el imperialismo en la región: las sucesivas derrotas logradas por las naciones que integran el ALBA, y muy especialmente Venezuela, lo han llevado a contar únicamente con la vía de la invasión militar, a pesar de que ella no le garantice bajo ningún punto de vista el éxito anhelado. Haciendo caso omiso de acciones emprendidas por la mayoría del pueblo venezolano, se permiten lanzar tajantes definiciones respecto de lo que allí ocurre. Esto reviste un carácter de necesidad, obedece a las leyes de reproducción del capital, ya que necesita barrer con todo lo que se le pone en su camino para poder reproducirse de manera ampliada, aunque eso implique la muerte y miseria de amplios sectores de la población. Es por este motivo que el imperialismo, a pesar de atravesar un estallido sin precedentes en todo su ordenamiento global, y de sufrir una fractura en el centro de su Estado Mayor; a pesar de haber sido derrotado una y cien veces en Venezuela, de haber perdido las adhesiones multitudinarias que supo construir en largos años de persistente trabajo, insiste en una opción que se revela verdaderamente irracional e incluso con grandes posibilidades de obtener los resultados contrarios a los pretendidos. De allí su desesperación y agresividad.

Observamos en este mes la “preparación de escenario” para realizar tales objetivos. Por un lado, en el marco de la centralidad que obtiene la Asamblea de la ONU, el presidente de Colombia convocaba a una reunión con sus pares latinoamericanos para llevar a la CPI (Corte Penal Internacional) la denuncia sobre la “crisis migratoria” de la que tanto se ha hablado, acusar al presidente Nicolás Maduro de crímenes de lesa humanidad y demandar una compensación económica por cada migrante para hacer frente a la situación descripta.

Abordaremos con más detalle la situación humanitaria en Colombia en otro apartado, tan solo mencionaremos aquí lo absurdo que resulta que quien encabeza una reunión sobre “asuntos migratorios y humanitarios” sea el presidente de un país que lidera las cifras de desplazados a escala global y que se encuentra sumido en una verdadera crisis social y política con incierto desenlace. El canciller venezolano, Jorge Arreaza, se plantaba frente a la provocación afirmando que “Venezuela es la que debe ser compensada (…) por los más de seis millones de latinoamericanos que habitan dentro de sus fronteras”, la gran mayoría de ellos de nacionalidad colombiana, expulsados de su tierra por la salvaje situación que transita (LN 24/9).

Además, se conocía el informe del relator independiente para los Derechos Humanos de la ONU, Alfred de Zayas, que echaba luz sobre el problema debatido: “Se habla mucho de una crisis humanitaria, pero yo habiendo hablado con un grandísimo grupo de personas tanto de oposición, como del Gobierno, la sociedad civil, la Iglesia, habiendo visitado los comercios y el mercado me fue más que evidente que la situación en Venezuela (…) es falta de cooperación internacional que se le debe al pueblo (…) esto requiere que se levante las sanciones, terminar la guerra económica que agrava los problemas económicos del país”. Así, el funcionario dejaba en claro que cualquier situación problemática a nivel humanitario es producida por la salvaje y brutal acción imperialista de bloquear y sabotear económicamente a Venezuela, buscando así que las terribles consecuencias que ello genera sean “capitalizadas” por sus propios verdugos. El relator iba más lejos al afirmar que su trabajo fue “desechado” por numerosos organismos internacionales al considerar que este no cumplía con una línea parecida a otras organizaciones como Human Rights Watch, etc. “Fue objeto de un asedio personal para decirme que yo solo tenía una función (…) condenar al Gobierno de Nicolás Maduro. Me preocupa ver cómo esta industria de Derechos Humanos ha surgido, se les ha olvidado cuál es el propósito de los derechos humanos (…) y ahora utilizan esta arma, para atacar a un enemigo político (…). Venezuela está asediada y usan el pretexto de los Derechos Humanos con el objetivo de derrocar a Nicolás Maduro sin darse cuenta que al utilizarlos destruyen la dignidad humana y el propio concepto” (TS 7/10). No es quien habla un funcionario venezolano de alto rango, o algún aliado político de la revolución bolivariana, sino un miembro de la ONU que realizó una investigación sobre todas las denuncias que sobre ella se hicieron, llegando a la sencilla conclusión de que eran todas mentiras esgrimidas con el objeto de derrocar a un enemigo político.

Conjuntamente con la reunión que convocara el presidente Iván Duque, la ONG Amnistía Internacional presentaba un informe en donde se afirmaba que Venezuela es uno de los países con más altas tasas de homicidios, junto con niveles altísimos de impunidad y el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades, lo que la colocaría en una de las peores situaciones de violencia para un país sin guerra. Más aún: según el informe, entre 2015 y 2017 en Venezuela se habrían realizado 8.200 ejecuciones “extrajudiciales” (fusilamientos, vendría a ser) con la “‘autorización del Estado’, sumando el 20% de los miles de asesinatos cometidos en el país. Dice el informe que ‘el Estado venezolano es responsable de la violación del derecho a la vida y la integridad de cientos de víctimas (…) la situación se agudiza en un círculo de violencia en el que la población parece estar atrapada sin salida” (LN 21/9).

Rápidamente, el gobierno de los Estados Unidos traía la solución para romper ese círculo “de violencia” y dotar así de una salida a la desesperada población venezolana: en una entrevista, Donald Trump afirmaba que “todas las opciones están sobre la mesa para Venezuela, incluidas las fuertes. Y ya saben lo que quiero decir con fuerte. Solo quiero que Venezuela se enderece, quiero que la gente esté segura. Nos ocuparemos de Venezuela” (CR 27/9).

La secuencia de hechos es clara e ilustrativa: desde hace ya un largo tiempo los EEUU, centro del imperialismo global y núcleo tecnológico de la producción mundial, realiza un bloqueo económico y financiero a un país que, producto de la división internacional del trabajo de la burguesía, básicamente produce petróleo e importa todo lo demás. De esta manera impide que la industria local dedicada a abastecer la demanda interna pueda funcionar, ya que las máquinas que emplea son de origen norteamericano y sólo pueden repararse importando repuestos provenientes de allí; además, al ser el dólar la divisa global por excelencia y los bancos norteamericanos los intermediarios requeridos para cualquier transacción, hay miles de millones de dólares que son propiedad del pueblo trabajador venezolano que están “congelados” (confiscados), lo que les imposibilita realizar transacciones de importación (de medicamentos que no se producen dentro, por ejemplo). Si bien todo ello empuja a la revolución bolivariana a resolver el problema estructural de la dependencia económica, a comprender sus razones profundas y a transformarlas, el proceso de transición es muy complejo. De esta manera, las cosas que compulsivamente se dice que “faltan” en Venezuela son aquellas que en realidad le han robado, confiscado, aprovechando la situación de ser quienes se encuentran a la cabeza del proceso productivo global (gracias a confiscaciones y robos que datan de más tiempo), quienes han concentrado y centralizado la producción global a una escala que permite “sancionar” de la manera descripta a cualquier país del mundo. Así, los verdaderos responsables de la escasez de productos básicos en Venezuela son los capitales concentrados que han bloqueado la economía de este país. Sin embargo, le echan la culpa a quienes sufren sus consecuencias. Es por ello que desesperan tanto cuando la verdad, que es obvia para quien quiera verla, sale a la luz: el ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero, designado por la parte europea como mediador entre la extinta oposición interna y el gobierno, denunciaba que el “problema migratorio” venezolano era resultado de las “‘restricciones económicas’ impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea”, provocando la dura reacción de sus otrora patrocinadores y muy especialmente del secretario general de la OEA, Luis Almagro, que lo calificaba como “ministro oficioso de Relaciones Exteriores del gobierno de Maduro” y de “imbécil” (LN 2/10).

Sin embargo, como Cuba lo ha demostrado largamente ya, la política de asedio imperialista sobre un pueblo alzado en rebeldía no constituye de ninguna manera una opción exitosa para los propósitos norteamericanos, puesto que radicaliza la organización interna en su contra y cierra filas para combatirla. Así, el coro de mentiras y acusaciones esgrimidas se tornan en preparación del único escenario posible al imperialismo: la invasión militar, la guerra. A las fuertes palabras del presidente norteamericano se sumaba la partida del buque US NS Comfort para incursionar dos meses en las costas de Honduras, Colombia, Ecuador y Perú, todos países integrantes del Grupo de Lima. El secretario de Defensa de los EEUU, James Mattis, afirmaba que el objetivo de la misión sería “atender a los migrantes venezolanos y ayudar a aliviar el sobrecargado sistema de salud colombiano” y el embajador de ese país en Colombia declaraba que “Venezuela se ha convertido en un problema de seguridad nacional para los EEUU (…) en la medida en que la crisis está afectando a Colombia, eso nos afecta a nosotros también” (TS 12/10). Sumado a ello, el transformista presidente ecuatoriano Lenin Moreno expulsaba a la embajadora venezolana en su país, Carol Delgado, debido a que su gobierno fuera acusado de “mentiroso” al afirmar la recepción de “6.000 venezolanos con enfermedades” (18/10).

Así las cosas, junto con las implicancias que una presidencia de Jair Bolsonaro en Brasil tendrá para esta delicada situación, huelga reflexionar sobre las consecuencias que una incursión militar tendría para los intereses imperialistas en la región y sus naciones adictas. En primer lugar, los movimientos pre bélicos y las amenazas esgrimidas no se dan en un marco de acumulación de la estrategia norteamericana; esto es, no se produce luego de que haya podido obtener amplio consenso en torno a sus objetivos y, desde una posición de fuerza, amenace con la incursión bélica. La situación es precisamente la contraria: todo el ordenamiento imperialista se encuentra estallando por los aires, toda guerra por ellos impulsada se ha traducido en derrota, toda escalada de su radicalización deviene en mayor aislamiento internacional. Las amenazas realizadas contra Venezuela, incluso, se producen en el marco en el que los EEUU ni siquiera pueden garantizar la continuidad de las alianzas históricas con las oligarquías rentistas locales, ya que tienen que expropiarlas a ellas también, como bien lo dejó en claro la fractura ocurrida en la OEA cuando intentaron aplicar la “carta democrática”. Es, por lo tanto, la radicalización desde una posición de debilidad dada su incapacidad de construir fuerza social. Es la expresión política de la crisis estructural del capitalismo: no hay valor para reproducir todas las fracciones del capital. En este sentido, la falta de apoyo de sectores del pueblo venezolano que son opositores a Maduro a una posible intervención externa, concientes de que el terrorismo norteamericano solo ofrece saqueo y terror, es una muestra de que los intereses del imperialismo ya no se expresan en las mayorías.

Es difícil imaginar, por lo tanto, algún tipo de reacción o resultado favorable luego de que los EEUU invadan militarmente a Venezuela; todo parecería indicar que lo único que generaría es más unidad en su contra, como ocurre en Medio Oriente para el caso de Siria. Si la “opción” incluyera miembros de las fuerzas armadas de las naciones pro imperialistas de la región, administradas por gobiernos oligárquicos sumamente desprestigiados, lo único que concitaría es más unidad en su contra, puesto que sencillamente no hay consenso para hacerlo. A la delicada situación de los sufridos pueblos gobernados por sus oligarquías decadentes, se les otorgaría un poderoso motivo de unidad con consecuencias impredecibles.

La erradicación de la revolución bolivariana y el saqueo de la riqueza social que generan nuestros pueblos reviste un carácter de necesidad, ya que sobre esta política se reproduce el capital, por esto ellos no cejarán en su intento de acabar con todo proceso social y político que intente una salida a esta profunda crisis; por esto también, los movimientos populares debemos entender que la nueva sociedad en la que primen los intereses de los trabajadores debe construirse sin ellos.

Ha generado desazón

La situación en la que se encuentra el pueblo colombiano es una clara muestra de las consecuencias que le ha traído a un país ser gobernado por una oligarquía que ha seguido al pie de la letra la política yanqui. Las últimas elecciones colocaron al uribista Iván Duque en la presidencia, miembro del partido más radicalizado de la derecha colombiana, conformado por la clase terrateniente vinculada al narcotráfico y al paramilitarismo. Este sector, liderado por el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, encabezó la negativa a los acuerdos de paz con las FARC y promovió fuertemente la estrategia de militarización de todas las relaciones internas. Así, producto de una fractura en el campo patronal colombiano, expresión de la crisis global ya mencionada, el uribismo llegó al gobierno con promesas de modificaciones estructurales a los acuerdos de paz y una vuelta a la estigmatización y persecución de las FARC, lo que significa en los hechos luz verde para las bandas paramilitares que organizan, bajo los dictados norteamericanos, el negocio del narcotráfico y el terrorismo hacia la población agraria y obrera, profundizando de esa manera la grave situación social que allí tiene lugar.

La dejación de armas por parte de la gran mayoría de las FARC ha evidenciado la función pacificadora y organizadora que cumplían, puesto que en las zonas en donde la población las había integrado y les confirió la responsabilidad de la defensa de las tierras codiciadas por las familias narco terratenientes y las corporaciones financieras que las respaldan, se ha desatado una verdadera caza humana sobre las sufridas poblaciones del interior colombiano. El ataque a los acuerdos de paz del sector uribista responde a la necesidad de poder hacer sus negocios y que ninguna organización popular intervenga en defensa de los intereses comunes, esto se evidencia en el crecimiento exponencial de cultivos ilícitos, que oscilan entre 170 mil y 210 mil hectáreas y casi 50 mil hectáreas de acopio de coca (ET 22/9). Además, la corporación canadiense Continental Gold (evidenciando de esta manera la fractura en el campo patronal) denunciaba un ataque paramilitar a dos de sus geólogos. El presidente de la Confederación Nacional de Mineros (Conalminercol) Rubén Darío Gómez, explicaba que “las extorsiones se han incrementado últimamente en las zonas mineras del departamento como Norte, Nordeste, Bajo Cauca, Occidente y Suroeste. Es el medio más utilizado por los grupos armados ilegales emergentes para financiar sus actividades. Por ejemplo, en Segovia y Remedios han surgido tres o cuatro y no solo han extorsionado, sino también asesinado a mineros, comerciantes y agricultores” (ET 22/9). Un alcalde municipal, Hernán Álvarez, denunciaba también que las confrontaciones entre grupos armados ilegales estaban causando desplazamientos masivos: la Defensoría del Pueblo lanzaba un informe (con corte en julio) que revelaba que “al menos 17.825 personas han sido desplazadas en Colombia durante el primer semestre de 2018 por causas asociadas al conflicto armado en 11 de los 32 departamentos que conforman el país” (TS 28/9), y ello junto con los 167 líderes sociales y comunitarios que han sido asesinados en lo que va del año, de los cuales alrededor de 22 corresponderían al mandato de Duque (TS 7/10), que parecería más preocupado por los desplazamientos humanos producidos fuera de sus fronteras y por acusar a Venezuela de ser un país violento.

Por su parte, Antonio Guterres, Secretario General de la ONU, exponía que al menos 71 ex integrantes de las FARC han sido asesinados desde la firma del acuerdo en 2016, según el cuarto informe de la Misión de Verificación en Colombia, y afirmaba que “en esta misma alerta se señalan los múltiples factores que hay detrás de estos asesinatos, entre ellos la participación de las víctimas en la defensa de la tierra y recursos naturales” (TS 5/10). Además, un informe de la contraloría colombiana afirmaba que la Reforma Rural Integral, el Programa Integral de Sustitución de Cultivos ilícitos y el fortalecimiento de la reparación integral de víctimas se encuentran desfinanciados por el gobierno, constituyendo los ejes centrales del programa de pos conflicto acordado entre las fuerzas beligerantes en la contienda civil (ET 22/9). La decisión de la actual fuerza gobernante de no respetar ninguno de los puntos de fondo de los acuerdos de paz realizados con las FARC presenta una situación compleja ya que no solo se están atacando sistemáticamente a los sectores sociales que las formaron y les dieron sustento durante más de medio siglo, sino que todos los acuerdos que se realizaron bajo el compromiso de los sectores actuantes para resolver los problemas de fondo de la realidad colombiana se están incumpliendo. Como mencionábamos más arriba, la radicalización del belicismo no puede más que alimentar el proceso de unidad antiimperialista. Colombia dio un importante salto al otorgar en las últimas elecciones 8 millones de votos a la figura del ex guerrillero y ex alcalde Gustavo Petro, mostrando una importante división al interior de la sociedad entre ambos proyectos políticos. El deliberado incumplimiento y la luz verde dada a los paramilitares, junto a las evidentes consecuencias que generan, no hacen más que exponer la naturaleza terrorista de las fuerzas imperialistas y la verdadera razón y función social que cumplen grupos como las FARC, muy alejada del estigma mediático del “narco terrorismo” construido en los laboratorios norteamericanos.

Frente a este escenario, tres ex comandantes de las FARC acudían a instancias internacionales para buscar medidas cautelares de protección afirmando que “ni la Corte Suprema de Justicia, ni la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ni la Fiscalía general han resuelto” de fondo la situación jurídica de los excombatientes, agregando que “el incumplimiento de los acuerdos ha generado desazón” (ET 28/9). Como si ello fuera poco, la JEP pedía a 31 exjefes de la organización que entreguen un “informe escrito, detallado y firmado donde ratifiquen su cumplimiento con las obligaciones del acuerdo de paz. Algunos de los ex jefes guerrilleros no se han reportado, respondieron a la solicitud de la JEP a través de abogados” (ET 24/9), haciendo crecer los rumores de un creciente malestar interno y de un regreso a las fuentes, que según el New York Times alcanzaría a casi el 40% de los ex integrantes (ET 19/9). En respuesta a esta situación, las FARC emitieron un comunicado aclarando su posición como partido sobre el estado de la implementación de los acuerdos de paz, afirmando que la misma “fue definida por el segundo Consejo Nacional de los Comunes, donde se llamó a la militancia de la FARC a aunar todos los esfuerzos posibles a fin de garantizar la continuidad del proceso de paz” que se lleva aún en un contexto adverso: “a juicio del partido, el proceso de implementación se ha caracterizado por avances indiscutibles, alteraciones sustanciales e incumplimientos manifiestos. Nuestros esfuerzos están centrados en enfrentar el paquete de reformas anti populares y anti democráticas del nuevo Gobierno, con las que además de afectar los intereses de las grandes mayorías, se pretenden nuevas alteraciones al Acuerdo de Paz (…) a la luz de los compromisos asumidos por el Estado colombiano con la firma del Acuerdo de Paz, resulta inaceptable la tesis gubernamental que no hay recursos para la implementación; que ese es un problema del anterior Gobierno, que hizo acuerdos sin tener como financiarlos. Con ese argumento no se puede fraguar lo que sería el mayor de los incumplimientos, hacer apagar la llama de la paz con la asfixia presupuestal y financiera” (TS 2/10).

De esta manera quedaban establecidos los principales reclamos al gobierno pro imperialista de Duque, mientras que se sostienen firmemente las premisas que llevaron a las FARC a realizar los acuerdos en primera instancia: la incapacidad de las fuerzas imperialistas por construir fuerza social; el caos y el terror como única política resultante de este proceso de crisis y el amplio campo de posibilidades que tienen las fuerzas proletarias y antiimperialistas en la región de dar pelea por construir una sociedad que resuelva las necesidades de los pueblos.

¿Vamos a dejar Brasil en manos chinas?

Si de caos social y terrorismo se trata, las elecciones en Brasil son un fiel reflejo de este proceso global, al tiempo que arrojaron de forma increíble, en dos vueltas, al ex militar, pro dictadura, homofóbico, misógino y racista Jair Bolsonaro a la presidencia de Brasil, con 57 millones y medio de votos. Para comprender cabalmente el personaje del que hablamos, mencionaremos tan solo que el actual líder del Ku Klux Klan norteamericano, David Duke, celebró su elección afirmando que “Él suena como nosotros y también es un candidato muy fuerte. Es completamente un descendiente de europeos, tiene la apariencia de cualquier hombre blanco en Estados Unidos, Portugal, España, Alemania o Francia y está hablando sobre el desastre demográfico que hay en Brasil y la gran criminalidad que existe allá, en los barrios negros de Río de Janeiro” (CD 17/10).

Debemos, para intentar comprender este fenómeno, hacer una serie de reflexiones preliminares.

El primer dato, y más relevante por cierto, es que uno de los líderes obreros y populares más importantes de la historia de Brasil, Lula da Silva, se encuentra encarcelado sin prueba alguna que sustente tal decisión. No conforme con ello, la justicia prohibió que el partido por él creado utilice imágenes con su cara, discursos con su voz o que siquiera lo nombre, al tiempo que impedía a cualquier medio de comunicación que lo entreviste. Los EEUU han entrenado jueces en toda Latinoamérica con motivo de ejecutar lo que hoy vemos en toda la región, especialmente Argentina, Brasil y Ecuador: la persecución a toda organización y a los líderes populares que puedan disputar poder a las fuerzas imperialistas. De esta manera se ha desatado una operación jurídica y mediática que en Brasil tuvo dos claros objetivos: bajar el precio y comprar las empresas locales que habían adquirido escala continental (Odebrecht, JBS, etcétera) y deslegitimar lo más posible al Partido de los Trabajadores (PT), haciendo trascender entramados de corrupción por ellos generados (de la misma manera que para la guerra económica en Venezuela ellos producen el problema y luego le achacan a otros la responsabilidad). Es decir, mediante la expropiación y la represión disuelven las bases materiales mismas del Estado nacional de Brasil. Sumado a esto, el otro dato relevante es la decisión del Supremo Tribunal Federal de inhabilitar al menos 3,4 millones de personas para las elecciones presidenciales, debido a que supuestamente no se habrían sometido al registro biométrico en el plazo establecido, afectando a las regiones más pobres del país y tradicionalmente adherentes al PT: 710 mil votantes proscriptos en Bahía, 700 mil de Paraná, 375 mil en San Pablo y 270 mil en Minas Gerais (TS 26/9).

Pues bien, no caben dudas de que Bolsonaro significará la profundización del conjunto de medidas económicas y sociales que ha impulsado Michel Temer y que le han valido el 3% de aceptación: en plena campaña decía: “me comprometo a reducir el número de ministerios, extinguir y privatizar gran parte de las empresas estatales que hoy existen. (…) incentivos a la cultura permanecerán, pero para artistas talentosos” (TS 23/9), mientras que su futuro ministro de Economía, formado en la Universidad de Chicago, proponía iniciar una transición hacia un sistema de jubilaciones privadas y reafirmaba esta orientación: “En mi cabeza está claro lo siguiente: acelerar la privatización para reducir la deuda ¿Será Petrobras, la Caixa Económica Federal, Correios? Es aquello que tenga el mayor impacto financiero, para reducir la deuda” (CR 3/10). También anunciaba el “reclutamiento” de ejecutivos liberales para su gobierno: Roberto Campos Neto, del banco Santander Brasil; Alexandre Bettamio, del Bank of América; el presidente de la Unión Democrática Ruralista, Nabhan García, a la vez que hacía pública su agenda de disolución (luego resignificada en “modificación”) del Mercosur (CR 10/10).

En materia internacional, anunció el alineamiento irrestricto hacia las políticas norteamericanas en materia de enfrentamiento a China: “China no está comprando en Brasil, está comprando Brasil ¿Vamos a dejar Brasil en manos chinas?”; el apoyo a Israel: “Mi primer viaje como presidente será a Israel” y las amenazas bélicas hacia Venezuela, esgrimidas por uno de sus hijos al afirmar la necesidad de enviar allí “fuerzas de paz” (LN 11/10). También, sostenido sobre líneas pro norteamericanas del evangelismo y las fuerzas armadas y de seguridad, se presentaba como un candidato del “orden” y prometía profundizar las políticas de militarización y represivas de su predecesor Michel Temer (LN 4/10).

A partir de estos anuncios de gobierno es difícil prever un escenario diferente al actual, cuando todas las promesas e indicios de campaña se orientan en la dirección de profundizar el programa económico y social promovido por el imperialismo, que ha generado a sus ejecutores un 3% de aceptación social y un ascenso de la conflictividad social. Las propuestas esgrimidas por el nuevo presidente apuntan en la dirección de la fractura, el caos y el terror. Así como ocurrió con Temer, la agenda de privatizaciones y abandono del Mercosur necesariamente va dirigido a desarmar los pequeños espacios nacionales y regionales que se ha dado históricamente la poderosa burguesía de Brasil, que sin dudas ha contado con parte importante de sus Fuerzas Armadas en esta tarea. No cabe esperar más que una disputa feroz entre capitales, tal como ha sido la que tuvo como protagonistas a Odebrecht y JBS. También, la profundización de la flexibilización laboral, la recesión y los despidos harán que los trabajadores se agrupen aún más en contra de ellos; la represión a toda la protesta social y la amenaza de dar luz verde a las fuerzas de seguridad para que puedan asesinar sin problemas solo podrán provocar más unidad en su contra. Si el gobierno de Temer se retira con un repudio inédito para su historia, sin apoyos y con un país al borde del colapso, no hay una señal que indique que el camino elegido por Bolsonaro sea distinto al de su predecesor.

Es por ello que, más que nunca, la “pelota” se encuentra en el campo de las fuerzas nacionales, populares y antiimperialistas, que hoy pagan muy caros sus errores estratégicos. La situación actual demanda a los frentes populares construir la unidad no solo desde el espanto al enemigo, sino a través de un programa que dé salida a las condiciones de pobreza y miseria que planifica el imperialismo. El tiempo es corto y si bien están dadas las condiciones para salir de la prehistoria de la humanidad, el triunfo no es fatal y requiere la pelea de las masas por construir una salida colectiva.

Los pobres en el presupuesto

Frente al desastre económico y social que anuncia el plan de gobierno de Bolsonaro, es dable analizar cómo es que resulta victorioso un partido político con profundos vínculos con todo aquello que está estallando por los aires y que sólo promete agravar y profundizar aún más el descalabro que hoy transita Brasil.

Uno de los datos más significativos al respecto es el resultado de la candidatura de la ex presidenta Dilma Rousseff en su natal Minas Gerais, la cual no pudo entrar al Congreso como senadora obteniendo poco más del 15% y resultando cuarta en la contienda, detrás de organizaciones políticas de poco relieve (LN 8/10). Si bien todas las acciones de las fuerzas imperialistas deben ser tomadas en cuenta (como hemos hecho en el apartado precedente), es imposible atribuir tan magro resultado exclusivamente a ellas; máxime cuando el análisis precisamente las coloca en una posición de suma debilidad política. Además, si así fuera, el golpe otorgado a través del voto popular tan solo se habría reducido a su figura y éste alcanzó a los más prominentes dirigentes del PT. En este sentido, debemos remontarnos al 23 de junio de 2015, cuando un Lula reflexivo (quizás viendo la inminencia del impeachment contra el gobierno petista) afirmaba de forma tajante: “No sé si el defecto es nuestro, es del Gobierno. El PT perdió un poco la utopía. Me acuerdo cuando creíamos en los sueños, cómo llorábamos cuando hablábamos. Hoy necesitamos construir eso porque hoy sólo se piensa en el cargo, en ser electo y nadie más trabaja gratis. Tenemos que definir si queremos salvar nuestra piel y nuestros cargos o si queremos salvar nuestro proyecto. Necesitamos repensar la izquierda, el socialismo y qué hacer cuando llegamos al gobierno. (…) el PT está viejo. Yo que tengo 69, ya estoy cansado, estoy hablando las mismas cosas que hablaba en 1980 y pienso si no es hora de hacer una revolución interna y poner gente nueva, que piense diferente” (https://www.lanacion.com.ar/1804123-lula-admite-que-el-pt-perdio-la-utopia).

Bajo una primera mirada, la observación del líder latinoamericano parece detectar una deformación en su fuerza política, una suerte de asimilación del PT por parte del Estado, una incorporación y, por lo tanto, una subordinación a la política profesional burguesa. En este punto, se cristaliza un debate profundo que se dio entre los gobiernos populares que estuvieron al frente de nuestros países acerca de si la transformación social podía darse en los marcos del sistema capitalista o no. La historia nos demuestra el acierto del planteo del MAS con Evo Morales a la cabeza, del PSUV con Chávez y Maduro y de la revolución cubana que plantearon que al imperialismo no se le puede confiar ni un tantito así, por eso la necesidad de construir el Buen Vivir que nada tiene que ver con los principios de explotación capitalistas, sino con las construcción de una sociedad que se organice desde satisfacer las necesidades y fomentar el desarrollo integral de los pueblos. Por esta razón, no alcanza con repartir lo que el capital nos deja, sino que hay que construir fuerza popular para poner todo patas para arriba y poder cambiar las relaciones de producción. En esta discusión en relación al qué hacer es donde queda entrampado el PT, que termina aplicando medidas económicas liberales en el segundo gobierno de Dilma Rousseff y siendo la cara del ajuste por querer mantener la estructura democrática y no ir a fondo contra los que nos expropian.

Si bien ha habido cierta autocrítica al interior del partido en relación a los propios errores, sin embargo toda la campaña electoral del PT estuvo teñida por la “falta de utopía”, en donde a las feroces mentiras del establishment se le respondió con las mismas concepciones subordinadas que ya hicieron que pierda un gobierno electo con 54 millones de votos: “Si fue posible generar 20 millones de puestos de trabajo, si fue posible hacer que el hijo del albañil se convirtiera en médico, es porque tenemos en Brasil la democracia. La libertad es lo que hace que la gente tenga derechos (…). Nuestros gobiernos han puesto a los pobres en el presupuesto” esgrimía el principal candidato, Fernando Haddad (TS 5/10).

En este sentido, los movimientos populares se enfrentan con el problema de la organización política, de la conciencia, uno de los más relevantes para el destino de la región y para no quedar subordinados a los intereses de la burguesía.

Construir un gran partido

Sobre este problema arrojaba un poco de luz el embajador boliviano en Cuba Juan Ramón Quintana: “El presidente Evo Morales es una garantía de la unidad del bloque histórico actual de los movimientos sociales y revolucionarios en Bolivia. Sin el presidente Evo, corremos el riesgo de que la unidad se fragmente, se debilite y seamos prácticamente avasallados por la derecha. En este momento hay una unidad férrea e indisoluble que él ha ido cultivando estos últimos 12 años, a partir de la democracia participativa y decisoria. (…) El propio presidente es consciente y además está preocupado. Por eso apoya e impulsa las escuelas de formación política. Nosotros no tenemos un partido como tal, un núcleo central partidario, una matriz de la que emanan las grandes líneas ideológicas, la capacidad organizativa, la construcción de la narrativa, el papel que le otorga a la historia. Desafortunadamente, por las características históricas, políticas y culturales nuestras, no se ha logrado establecer un partido, pero creo que lo que hoy estamos viviendo con este ataque feroz por los cuatro costados contra los movimientos sociales va a ser una oportunidad para repensar la necesidad de construir un gran partido, que pueda desarrollar estas tareas; las que no puede desarrollar solo por su cuenta el movimiento obrero, el campesino o los jóvenes (…). El déficit entre las mejoras económicas y la concientización social ha sido una de las debilidades del proyecto boliviano (…) que contrasta con lo que ocurrió con la Revolución Cubana, que logró desarrollar una capacidad de autodefensa, pero a partir de una gran revolución cultural (…). Hemos convertido a una gran parte de la sociedad en una parte importante de la transformación económica, política y social, pero no la hemos convertido en un sujeto histórico de la revolución” (CD 22/10).

Todas estas reflexiones vertidas sobre el problema de la conciencia resultan sumamente pertinentes para todo lo planteado con anterioridad, dado que refleja el proceso en que las masas toman conciencia de qué es necesario resolver. La afirmación de que el movimiento por sí mismo no puede llegar a conclusiones desde las que emanen las “grandes líneas ideológicas”, sino que ello requiere formación y un “núcleo central”, reviste gran trascendencia para las horas que corren, puesto que supone el mismo choque, el mismo problema que encierra el “olvidarse las utopías”. Lenin afirmaba que “La abstracción de la materia, de una ley de la naturaleza, la abstracción del valor, etc. (correctas, serias, no absurdas) reflejan la naturaleza en forma más profunda, veraz y completa”, esto es que el problema que se quiere resolver, tiene una lógica, conexiones internas, obedece a leyes que deben conocerse y aprenderse; solo de esta manera es que podemos llegar a comprender de forma verdadera las razones profundas que lo generan y las posibles líneas de acción direccionadas a su resolución. Conforme la lucha de clases se desarrolla, cuanto más aguda se hace la pelea contra la burguesía imperialista, y ello es inevitable puesto que cualquier problema que se quiera resolver necesariamente choca con ella, su reproducción y la organización social que lo garantiza, más demanda el conocimiento profundo de los fundamentos mismos que la han visto emerger históricamente.

Es por ello que Gramsci afirmaba que “La innovación fundamental introducida por la filosofía de la praxis (…) es la demostración de que no existe una ´naturaleza humana´ abstracta, fija e inmutable (concepto que deriva del pensamiento religioso y de la trascendencia) sino que la naturaleza humana es el conjunto de relaciones sociales históricamente determinadas, es decir, un hecho histórico verificable”. Por ello no es una ciencia “neutral”, sino que sólo es plausible de ser apropiada y desarrollada por la clase social que tiene la tarea histórica de derrotar y superar las relaciones mercantil-capitalistas: el proletariado.

El problema planteado tanto por Lula como por su par boliviano radica en la conciencia del momento histórico, de sus principales tendencias y las tareas organizativas que ello supone, como así también el “sujeto histórico” que debe realizarlas y cómo es ese proceso en el marco de la digna lucha que se lleva a cabo contra el imperialismo en la región. Es decir, las masas en Latinoamérica han llevado adelante, en esta última etapa, una confrontación abierta contra el imperialismo y sus fuerzas aliadas, dentro y fuera de sus fronteras; las naciones del ALBA, que explícitamente han planteado la necesidad de superar el actual estado de cosas, de resolver de fondo el problema del capitalismo, son las que han podido llevar más a fondo el plan de transformación social sin ser derrotadas. La comprensión del grado de concentración y centralización del capital, sus consecuencias políticas y sociales, la estrategia que obedece a su necesidad de reproducción, pone de relieve las tareas planteadas y la clase social que debe llevarlas adelante; a la dictadura global del capital financiero, a su carácter terrorista y caótico debe oponérsele una extendida profundización de la democracia, del control obrero de las fuerzas históricas que operan en el seno de la sociedad. El “partido” al que Quintana hace mención no es más que una parte de la clase revolucionaria que se eleva al nivel de la ciencia para así comprender de forma “profunda, veraz y completa”, las razones profundas de los problemas que pretende resolver y mediante una práctica social determinada emprende la realización de las tareas planteadas y le aporta esos elementos al movimiento que “solo por su cuenta” no llega a esas conclusiones. Si hay crisis del capitalismo, si la burguesía sólo puede ofrecerle a la especie humana su brutal desaparición, las tareas del proletariado son la organización para su derrota y reemplazo. Comprender que ello no es una cuestión de “gustos” o voluntad, sino que es la única posibilidad de resolver los profundos problemas que aquejan a nuestras sociedades, he aquí la diferencia entre el “socialismo del siglo XXI” y “hacer que el hijo del albañil sea médico”. Por supuesto que nadie está en contra del estudio universitario (los países socialistas son los que más lo han universalizado), sino que este planteo todavía intenta que, desde una cierta “humanización” del capitalismo, a través del “control” ejercido desde el “Estado”, se pueden destinar recursos para el ascenso social, y de esta manera incorporar sectores que han sido condenados por la burguesía a la muerte en vida. No se define al enemigo que genera los problemas estructurales que se pretenden resolver, sino que aparecería como un problema de administración de la cosa pública (por lo tanto, la organización debe preparase para ocupar esos cargos y administrarla de forma eficiente). De esta manera, ocurren golpes de Estado y aún nos seguimos sorprendiendo.

La diferencia entre ganar cuanta elección se proponga –incluso bajo un brutal asedio como hemos visto– en Venezuela y perder con Bolsonaro radica precisamente en este problema, la conciencia que se tenga del problema a resolver y por lo tanto lo extendida y profunda que sea la organización política para abordarlo. Esto es, las Comunas y los Consejos de Producción y Trabajo (CPT) o la “pérdida de utopía” para ocupar “cargos” en el Estado. Así, por ejemplo, la sociedad venezolana está produciendo ámbitos de discusión a lo largo y ancho su territorio, abarcando todos los problemas vitales que la aquejan, con amplia participación obrera y popular; desde la Asamblea Nacional Constituyente, que aún no ha cesado en su trabajo, hasta el Congreso partidario del PSUV, pasando por Congresos de sectores sociales (obreros, indígenas, juveniles, etc.). Es decir, extendiendo y profundizando los ámbitos de participación y decisión por toda la sociedad, concientizando del problema a resolver, la naturaleza del enemigo a derrotar y las tareas que ello plantea para cada uno de sus miembros. Hay millones que hoy están discutiendo en Venezuela cómo organizarse para resolver los complejos problemas generados en su lucha. Durante el primer Congreso de los Pueblos Indígenas, organizado por el PSUV, Nicolás Maduro afirmaba que “a partir del próximo 10 de enero de 2019 comenzará un nuevo sexenio, la nueva etapa de la Revolución a 20 años de su inicio (…). La única forma de avanzar es construir Poder Popular, poder de base, revolucionario del pueblo” (TS 12/10) y ello no es un slogan propagandístico dicho para alguna tribuna de ocasión, sino una conclusión que parte de premisas científicas, que está en directa relación con el momento histórico que atraviesa la humanidad; lo acontecido en Brasil es un fiel ejemplo de ello.

La única posibilidad de un futuro es a condición de exterminar de la faz de la tierra toda relación social asentada en la explotación del hombre por el hombre; por lo tanto, conlleva la derrota de la burguesía como clase social erigida sobre la clase trabajadora y expropiadora de todas las clases sociales. Ello es posible solamente a través de la democratización de los medios de producción y cambio y de todos los instrumentos de poder político existente, para lo cual es necesaria la organización política revolucionaria, la teoría revolucionaria y su práctica social correspondiente.



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