Revista Mensual | Número: Enero de 2019
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Fuentes consultadas: EE.UU.: Wall Street Journal (WSJ). Gran Bretaña: The Economist (TE). Alemania: Deutsche Welle (DW); China: Xinhua (XH); Rusia: Russia Today (RT); Irn: HispanTV (HTV) Venezuela: Telesur (TS). Cuba: Cubadebate (CD). Argentina: Clarín (CL); Crónica (CA); Cronista Comercial (CR); La Nación (LN); Miradas al Sur (MS); Página 12 (P12); Tiempo Argentino (TA).
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Fin de un mal año, en medio de la pax romana

Diciembre decadente: las 3 P (Planes, Palos y Patrañas)
Amigos por conveniencia, entre la mediocridad y la decadencia
Los corruptos son sólo nacionales
Mano dura (o todo preso es político)
Cipayismo y farsa
Encuentros y complicaciones
¿Diciembre tranquilo?


Mientras el imperialismo muestra que no tiene nada para ofrecer a ninguna fracción nacional, el macrismo hace cuentas y las fuerzas nacionales buscan consolidar una estrategia

Fin de un mal año, en medio de la pax romana

“El 90% de los jugadores actuales no sabe jugar al fútbol,
entendiendo por tal un juego colectivo”.

Cesar Luis Menotti

 


Veremos en diciembre un capítulo más de la decadencia económica, política y social que vive nuestro país por la sumisión a los planes del imperialismo, dirigidos a oxigenar al decadente capital monopólico, que ya no resiste la estructura internacional que se construyó luego de la Segunda Guerra.

Analizaremos los diversos hechos que constatan cómo se sigue desmoronando la superestructura política nacional, mientras crujen las instituciones y las ideas, por el enfrentamiento entre el capital monopólico trasnacional y sus históricos socios, los grandes grupos económicos de capital nacional, cada vez menos necesarios para el imperialismo.

Como en el plano económico se verifica la necesidad de terminar con las mediaciones, con las pequeñas empresas y los mercados internos –que ya no sirven ni para llenar las muelas de los gigantes de la producción mundial−, en lo político se verifica la necesidad de una rienda más corta, de un gobierno más directo del imperialismo, que no dé lugar a los pueblos a enfrentarse al sometimiento y permita el saqueo directo de los recursos y toda la jugarreta especulativa en los mercados derivados.

En este sentido, analizaremos el desarrollo de las causas judiciales utilizadas para perseguir opositores y el trasfondo político del desarrollo de la causa de “Los Cuadernos Gloria”, que cada vez más pone en jaque a la plana mayor del empresariado local, incluida la familia presidencial. Veremos también como eso significa un alejamiento del plan de Cambiemos respecto de los grandes grupos locales.

Seguiremos el devenir del plan represivo, que espera pacientemente el estallido inevitable que genera la fabulosa expropiación que sufre el pueblo argentino. Y cómo siguen sumándose los muertos en el campo del pueblo, con el asesinato de Rodolfo Orellana, en la provincia de Buenos Aires, y de Marcos José Soria, en Córdoba, ambos militantes de la CTEP. En este marco, analizaremos el debate por la nueva doctrina de las fuerzas de Seguridad, que busca legalizar el viejo y conocido “gatillo fácil”. Veremos también cómo la política de defensa desborda de vinculaciones con los servicios imperialistas.

También repasaremos las consecuencias nacionales del encuentro del G20 en Buenos Aires, las tensiones que genera el caos norteamericano y las tendencias endógenas que empujan a diversos sectores a acercarse a China, generando fuertes complicaciones para cumplir con el alineamiento que buscan los norteamericanos para el país. En este sentido, ahondaremos en algunas de las grandes discusiones sobre la situación nacional y sus causas, polemizando con la Tribuna de Doctrina oligárquica y dando cuenta de las grandes discusiones que vienen dándose al calor de distintos problemas sociales, que vienen siendo enfrentados por diversos grupos.

Por último, analizaremos cómo se vienen dando los nuevos alineamientos dentro del frente nacional y, en particular, la fuerte lucha económica que desplegó el movimiento obrero, sin poder mantener la lucha política de los últimos meses, luego de la frustración del quinto paro nacional, la reapertura paritaria y los bonos de fin de año.

Diciembre decadente: las 3 P (Planes, Palos y Patrañas)

Comencemos repasando de manera muy general qué estrategia tomaba el gobierno oligárquico para enfrentar la crisis. Pero primero pongámonos en tema.

En noviembre la pobreza alcanzaba al 33,6 por ciento de la población urbana. Con un salto de 5,4 puntos en un año, según la medición del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, alcanzó su valor más elevado desde 2010. El deterioro socioeconómico asociado a la crisis cambiaria y financiera, junto con el ajuste recesivo implementado, dejaba un saldo de 2.180.000 nuevos pobres que elevan la cifra total hasta las 13.600.000 personas. Además, eran consideradas indigentes 161.500 personas más, haciendo que la población que sufre esas penurias económicas alcance un total de 2.470.000, 6,1% de la población. El IPC, que mide la inflación de la canasta básica, aumentaba un 3,2% en noviembre, alcanzando el 43,9% en once meses y convirtiendo a 2018 en el año más inflacionario desde 1991. Todos estos datos provienen del informe de marras, que luego de la investigación sentenciaba: “Mientras se mantenga el actual escenario recesivo, sólo cabe esperar un aumento del desempleo, los trabajos de subsistencia y de la precariedad laboral y, por lo tanto, de las desigualdades estructurales que afectan al mercado de trabajo, con efectos directos sobre la pobreza” (CL 14/12).

En ese contexto, los profetas de la “lluvia de inversiones” salían a “hacer lo que saben”, administrar la pobreza, tarea que se complica día a día por el achicamiento de la riqueza a repartir. La gobernadora Vidal prometía bonos de fin de año para estales y jubilados, aunque alcanzarían sólo a 13 mil de los 300 mil que viven en la Provincia. Adelantaba aguinaldos a estatales y reforzaba las partidas de alimentos en los comedores (P12 17/12). La reapertura parcial de paritarias y los bonos de fin de año para algunas industrias eran medidas políticas tendientes a superar los cachetazos que las políticas de ajuste seguían dándole a la población (CL 24/11) (P12 17/12), mientras las razones estructurales del deterioro económico continuaban. La Nación era trasparente: El gobierno repartió planes para desarticular a los movimientos sociales” (LN 9/12), Además, Carolina Stanley criticaba las protestas contra la situación social calificándolas de extorsión. Se preparaban los motores para sostener el aumento permanente de la represión y la “mexicanización” de la vida social, de lo que nos ocuparemos en detalle más adelante.

Pero la economía no solamente se derrumbaba sobre sectores de menores ingresos. La actividad industrial caía 11,5% de 2018 y la textil en particular 24,6%, es decir que en 2018 esa rama se reducía en un cuarto su volumen. En este marco, el Gobierno buscaba acercar posiciones con industriales, prometiendo el fomento de la industria y el mercado interno, de la mano de Dante Sica, un ex soldado duhaldista, que llegó al gabinete nacional para implementar en forma creativa las reformas estructurales que se trabaron en diciembre de 2017, luego de las protestas del 14 y el 18 de diciembre. Sica prometía reducción de impuestos y acusaba de la crisis económica a la “estructura de costos” (salarios y derechos). Es decir, prometía curitas para grandes hemorragias (LN 23/11).

Pero no solamente los sectores medios y chicos del empresariado eran atacados. Como veremos más adelante, las causas judiciales que ponen en jaque a algunos de los empresarios más importantes del país −y fundamentalmente al más grande de todos, Paolo Rocca, titular de Techint− mostraban las fuertes luchas que conmocionaban a la sociedad argentina. Rocca era procesado en la Argentina, hecho que provocaba la caída en el valor de sus acciones en Wall Street. Además, Bonadío llamaba a indagatoria a Franco y Gianfranco Macri (hermano y padre del presidente) por causas de corrupción, rompiendo el dique de contención que Garavano, ministro de Justicia, había intentado construir, razón por la cual Carrió pedía su cabeza el mes pasado y ahora decía que ya no tenía lugar para combatir la corrupción. A estos aprietes del imperialismo a los grandes grupos locales se sumaba una extraña inspección de funcionarios del FMI en oficinas de la AFIP de Vicente López, utilizando atribuciones que nadie conocía, donde claramente se buscaba información que pudiera derivar en un ataque a “grandes evasores fiscales” (LN 26/11).

Estos hechos, lejos de hablar de “intrigas palaciegas”, demuestran que para sostener sus ganancias los monopolios no pueden permitir más “mercados internos”, ni grandes empresas relativamente independientes de los 147 grupos económicos que controlan más del 40% del PBI mundial. La escala de la producción y las nuevas tecnologías que reducen permanentemente el valor producido mundialmente hacen obligatoria la concentración económica. La guerra comercial −que consiste en tratar de influir en el desarrollo económico con métodos extraeconómicos, y considerar “delitos graves” elementos del orden de la competencia capitalista− anida en las dificultades de EEUU para continuar comandando la economía y la política mundiales, al verse obligados los monopolios a fagocitarse a capas enteras de burguesía a lo ancho del planeta. A lo que se suma la amenaza cada vez más fuerte de China, quien avanza aceleradamente en la construcción de alianzas estratégicas con el conjunto de países otrora aliados del imperialismo y que hoy se ven agredidos por este (ver artículos 1 y 2 del presente y anteriores Análisis…

Esta es la esencia de los ataques al empresariado local: los monopolios no pueden contener más a esas capas de su propia clase. Esta encarnizada lucha es lo que explica gran parte de lo quebradizas que están las alianzas que sostienen el dominio oligárquico en el país y todas las estrategias que se basan en la incorporación al dominio mundial norteamericano.

Amigos por conveniencia, entre la mediocridad y la decadencia

Con este escenario, en la alianza Cambiemos seguían las tensiones. Los aliados radicales mostraban su indignación frente a lo que sentían negociaciones del macrismo con sectores del mal llamo “peronismo federal”. Mario Negri, desplazado del Consejo de la Magistratura por los votos combinados de massistas y kirchneristas, sospechaba haber sido objeto de una entrega. En una dura carta pública −firmada por el titular del partido, el gobernador Alfredo Cornejo, y los jefes parlamentarios−, los radicales expresaban su “profundo malestar” ante la nueva composición del Consejo, cuestionando la “impericia en las filas del propio oficialismo” y advirtiendo sobre el posible “retroceso” en las causas judiciales contra ex funcionarios del kirchnerismo (P12 22/11). Recordemos que los cambios significaron que en vez de Negri fuera Graciela Caamaño (presidenta del bloque FR) al cuerpo (ver Análisis… anterior).

Pero las dudas radicales no solamente anidaban en el desplante sufrido por Negri en el Congreso. Como sabemos, los votos de Córdoba son centrales para cualquier aspiración de reelección de Macri, ya que allí sacó el 70% en el ballotage de 2015. Negri es, según las encuestas, el mejor posicionado de los candidatos de Cambiemos para la provincia, sólo 6 puntos por debajo del actual gobernador Schiaretti. Pero este último, sin un firme candidato a presidente para las elecciones de octubre de 2019, eligió desdoblar las elecciones, llevando la elección provincial al cercano 12 de mayo. Hecho que indudablemente parece beneficiar al macrismo puro en la elección nacional, dado que una eventual derrota de Cambiemos en la provincia no estaría atada directamente a la elección presidencial.

Esto genera un gran malestar en los radicales cordobeses que disputan la gobernación, ya que ven frustradas sus aspiraciones, al perder los puntos que podrían sumar por ser parte de la boleta del oficialismo a nivel nacional. Negri, desahuciado, se quejaba: “Con todo respeto, señor gobernador [Schiaretti], ¿por qué directamente no dicta un decreto y prorroga cuatro años más su mandato? (…) Es una vergüenza el manoseo que hace el PJ de Córdoba del sistema electoral y de los recursos del Estado para no perder el gobierno. Dejar el poder no debe ser un trauma, sobre todo cuando no hay nada que temer. Hagan lo que hagan, no van a detener el cambio que piden los cordobeses”.

Las suspicacias aumentaban cuando se conocía que Vidal y Massa negociaban un trato similar, a cambio del apoyo massista al presupuesto de ajuste en la provincia de Buenos Aires. La idea era no sólo desdoblar las elecciones provinciales de las nacionales, sino también las municipales de las provinciales (P12 30/11 y CL 3 y 5/12). Esto no sólo buscaba despegar el arrastre de los intendentes peronistas hacia una eventual candidatura presidencial de Cristina, sino también despegar la suerte de la gobernadora frente a una eventual derrota de Macri a nivel nacional.

Así, distintos analistas mostraban su preocupación. ¿Debían separarse las elecciones? ¿Qué estaba pasando en el humor social?

Según las encuestas difundidas por la columnista de La Nación Laura Di Marco, el kirchnerismo y el macrismo contaban con un 35% de intención de voto cada uno, siendo la provincia de Buenos Aires el sector que más apoya una posible candidatura de CFK. Además, la ex presidenta ya no cuenta con una imagen negativa tan definida, dado el creciente desprestigio macrista. Por lo tanto, la especulación oficialista de encontrar el triunfo en un eventual ballotage por el rechazo social al kirchnerismo se hacía muy cuesta arriba. Esto llevaba a decir a la periodista que “si realmente hubiera grandeza, Mauricio Macri debería dar un paso al costado y no ser candidato” (LN 12/12).

Pero más allá de toda esta “novela electoral”, las fracturas se mostraban abiertas en el plano estratégico, en la dirigencia que reporta directamente a Washington.

De este modo, Lilita Carrió profundizaba sus diferencias con el Gobierno. Atacaba un proyecto oficialista que pretendía legalizar los aportes empresariales a las campañas electorales, otro que pretendía aumentar las penas a los barrabravas −que había sido concebido como una forma de recuperar la iniciativa luego del escándalo por la suspensión de la final de la Copa Libertadores en el Monumental− y criticaba con dureza el nuevo protocolo de uso de armas de fuego para las Fuerzas de Seguridad, empujado por la ministra Bullrich. Sobre este lanzaba una andanada de críticas vía Twitter: “Viola los derechos humanos fundamentales. (…) Nosotros no vamos a ir al fascismo. (…) No me importa lo que opine el Presidente, sostengo lo mismo que decimos desde hace 25 años” (CL 4/12).

Y agregaba: “Ya no tengo cabida para luchar contra la corrupción y los derechos humanos en este Gobierno. Pero no me voy a ir de Cambiemos. Voy a seguir acompañando” (CL6/12).

Estas eran las esquirlas de la agudización de la disputa entre empresarios nacionales y monopolios imperialistas. Sectores del gran empresariado nacional iban tomando conciencia de que el imperialismo también viene por ellos, cuando a uno de sus mejores alumnos, Paolo Rocca, lo perseguían en la Justicia argentina y norteamericana. Carrió, como no nos cansamos de repetir, es sostenida directamente por sectores del imperialismo. No tiene compromisos con ningún grupo local y es, por lo tanto, invitada de lujo para la operación que puede inclusive llevarse puesta a la mismísima familia presidencial, con tal de garantizar la política de shock: ajuste, endeudamiento, privatizaciones y entrega de recursos.

Ya en otras ocasiones hemos señalado la relación directa de la actual ministra de Seguridad y su marido Guillermo Yanco con los servicios de inteligencia yanquis e israelíes. ¿Por qué, entonces, las críticas de Carrió hacia una política del propio sector al que reporta? Los grandes grupos trasnacionales, encarnados en el imperio yanqui, no tienen compromisos con ningún partido político local (ni de ningún otro país del mundo). Utilizan los alfiles que mejor defiendan sus intereses. Por eso pueden “poner huevos en diferentes canastas” o jugar al juego del “policía bueno” y el “policía malo”. Pero no todo es pura voluntad política digitada y controlada. La guerra por sostener la tasa de ganancia en que se hallan empeñados los grandes monopolios se manifiesta también en las internas al interior de sus aparatos políticos y militares. Si por el norte no cesan los cortocircuitos entre la Casa Blanca y el Pentágono, ¿por qué habría de haber armonía entre alfiles de la propia embajada yanqui en un país dependiente?

Todo lo dicho mostraba que la hegemonía construía por Cambiemos está débil, y la alianza social que lo sostiene se resquebraja cada día más, por la creciente fractura del imperialismo con los grandes empresarios locales. Menos base democrática. En este escenario, los poderes facticos buscan influir, con la letra chica de las leyes, con la justicia y con la represión. Mostrando el deterioro institucional y la necesidad de superar esta democracia maniatada. Veremos ahora como se sostuvo esta lucha abierta en el plano judicial.

Los corruptos son sólo nacionales

En la arena judicial, la persecución a opositores no cesaba. Aunque ahora tomaba otro cariz, el ataque directo a lo más encumbrado del empresariado nacional, antes aparentemente un detalle menor de la causa contra políticos corruptos, se ponía cada vez más en el centro. Paolo Rocca, como decíamos más arriba, era procesado porque su grupo empresario, Techint, asumía haber pagado alrededor de 1.600.000 dólares de coimas, parte registrada en los dichos del chofer Oscar Centeno y parte surgida de una confesión del ex funcionario Claudio Uberti. Dos ejecutivos de la compañía, Luis Betnaza y Héctor Zavaleta, aceptaron ser arrepentidos y dijeron haber hecho los pagos, con lo cual esquivaron pasar un tiempo en la cárcel, aceptando su culpabilidad. Supuestamente, las coimas eran dirigidas a que el gobierno argentino intercediera ante Venezuela para que esta pague una indemnización por la expropiación que el gobierno de Chávez realizara de la siderúrgica Sidor, propiedad del grupo Techint. Además, los fiscales Carlos Rívoli y Carlos Stornelli apelaban la decisión de Bonadío de procesar a Rocca sin prisión preventiva, pidiendo encarcelarlo a él junto a Juan Manuel Abal Medina y a CFK. Como vemos, en la justicia también se daba la lucha entre halcones y palomas de la Embajada.

Además, Bonadío citaba a declarar a Franco y Gianfranco Macri, también por la causas de los cuadernos. Gianfranco Macri negaba haber pagado sobornos, pero declaraba que no sabía si su padre lo habría hecho (CL 13/12).

En este marco, el ex presidente Eduardo Duhalde declaraba: “Si yo fuera Presidente, indultaría a los empresarios del caso de los cuadernos. (…) Para la gesta productiva, los necesitamos” (LN 20/12).

En sus palabras resonaba algo fundamental. La causa de los cuadernos se llevaba puesto a un sector del empresariado local, y el conductor del plan de la “pesificación asimétrica” −que licuó las deudas de las grandes empresas nacionales y frenó el plan de dolarización de Cavallo− se colocaba abiertamente de un lado. Como en aquella época, la lucha inter-burguesa se agudizaba, a niveles mucho más recargados, entre monopolios extranjeros y grandes grupos nacionales.

Con esa ruptura abriéndose en las alturas, el manejo “a control remoto” de la Justicia por parte del macrismo se ralentizaba. Su hombre en la Corte Suprema, el juez Rosenkrantz, recientemente elegido presidente de la misma, seguía perdiendo poder. En dos fallos centrales la corte lo dejaba en minoría. Por un lado, el supremo tribunal rechazaba el 2x1 para los casos de Lesa Humanidad (P12 5/12). A su vez, votaba contra el nuevo cálculo jubilatorio que impulsara el Ejecutivo (Ámbito Financiero18/12), ordenando respetar el cálculo anterior. En los dos casos, Rosenkrantz quedaba solo. Además, se recortaban sus poderes, impidiéndole concretar contrataciones sin el consentimiento de 3 de los demás jueces.

Esos dos fallos adversos significaban un costo político para el Gobierno. Por un lado, la negativa a convalidar el 2X1 a los represores contradecía el clima de amparo a las nuevas fuerzas represivas que venía construyendo el macrismo. Por otro lado, la negativa a convalidar el nuevo cálculo para las subas previsionales daba vía libre a una catarata de juicios contra el Estado.

En el marco de estos tironeos, se liberaba a Amado Boudou, bajo fianza y pagando 1 millón de pesos de caución (LN 13/12) y se sobreseía a Máximo Kirchner y a Nilda Garré por la supuesta existencia de una cuenta en el extranjero con dinero sin declarar.

Rosenkrantz declaraba que la sociedad argentina había perdido su confianza en la Justicia, tratando de construir un clima de justificación frente a determinados fallos. En sus palabras, se dejaba entrever que el problema no era la corrupción empresaria o judicial, sino una sociedad que no respetaba las normas (P12 22/11).

Los hechos marcarían el porqué de esta desconfianza. Por un lado, se cerraría la causa sobre la muerte de Santiago Maldonado. Los familiares de Santiago apelarían el fallo y denunciarían que el juez Lleral nunca investigó y que días antes del cierre de la causa llamó a la madre de Maldonado para “pedirle disculpas”, indicando que “todo [su] equipo de trabajo y [él estaban] siendo apretados para que cierre la causa, por eso debo hacer esto” (P12 6/12).

Luego, separaban de su cargo por 90 días, a la espera del jury, al Juez Carzoglio, que había denunciado públicamente amenazas por parte de Clarín y La Nación y del fiscal general de la provincia Conte Grand (P12 5/12).

Además, 90 abogados laboralistas vinculados a gremios de diferentes vertientes e ideologías unificaron su descontento con el Gobierno en un documento en el que denunciaban “una vulneración sistemática de la libertad y democracia sindical”, rechazando la intención oficial de impulsar una reforma laboral, “que se lleva a cabo en forma encubierta a través de todo tipo de presiones a los sindicatos para modificar a la baja los convenios colectivos de trabajo, con la consecuente pérdida de derechos para los trabajadores” (LN 15/12).

Por último, a fines de noviembre fracasaba un nuevo intento de desafuero –paso previo a su prisión preventiva− a CFK. El oficialismo convocaba a una sesión especial para tratar el tema, que no pudo concretarse por falta de quórum. Sólo lograron juntar 26 senadores de los 37 necesarios para habilitar la sesión (P12 21/11).

Así, la Justicia seguía siendo arena de disputas y marcaba tensiones muy hondas en la sociedad. Pasemos ahora a repasar cómo continua el proceso represivo.

Mano dura (o todo preso es político)

La crisis social y el juego de la mano dura tenían sus consecuencias. En Esteban Echeverría morían 8 reclusos que se mantenían en la comisaría 3° de Transradio, en un incendio. La comisaría había sido inhabilitada para alojar presos el año pasado, pero al momento del siniestro había 26 detenidos en un lugar donde entraban 10 (LN 21/11). La política de culpar al delincuente común de todos los males de la sociedad tenía su costo en vidas humanas. Pero varios hechos más mostrarían crudamente el accionar violento de los monopolios.

A comienzos de diciembre, la policía bonaerense reprimiría duramente a los trabajadores de Cresta Roja, que pedían la reincorporación de varios trabajadores despedidos, en lo que ya es un drama laboral que lleva más de 3 años (P12 7/12).

La represión policial se llevaría también dos vidas de militantes populares. Rodolfo Orellana era asesinado durante una toma de tierras en Ciudad Evita. El militante de la Organización Libres del Pueblo-CTEP, de 36 años, murió a causa de un disparo por la espalda, Típico método de ajusticiamiento de la policía. El mismo día, pero en Córdoba, otro militante de la CTEP era asesinado también por la espalda. Marcos Jesús Soria, de 32 años, luego de ser golpeado en un descampado, recibió un tiro cuando quería escapar de la tortura (Resumen Latinoamericano 24/11).

Como decíamos más arriba, frenar el estallido causado por la tremenda crisis económica no necesitaba sólo de planes sociales, se necesitaba la dura represión y por eso el Gobierno daba cada vez “más rienda” a las fuerzas policiales.

En el marco de estas actuaciones policiales, con la excusa del G20, se profundizaba la militarización de la ciudad, cortando los accesos a la misma y saturando de efectivos las calles. Así, se conocía que la AFI, Agencia Federal de Inteligencia, había trabajado con “sus colegas” de la CIA y el FBI para preparar el operativo (CL 28/11). La Casa Blanca yanqui informaba que iba a “dar ayuda” a la Argentina para que envíe efectivos a formarse a los EEUU. Esta parecía ser la letra chica de un acuerdo firmado por Aguad y el jefe del pentágono James Mattis hace unos meses (LN 1/12).

Con estas extremas muestras de cipayismo se conocían algunos resultados de la “lucha contra el narco”. En los últimos 30 meses, se incautaron 22.316.375 kilos de cocaína y 381.338.966 kilos de marihuana (LN 16/12). Con el fiel estilo norteamericano, el narco servía para mostrar progresos donde no los había y generar un estado de paranoia que justificara la militarización. Por supuesto, jamás se mencionaba el origen de semejante “lluvia de inversiones”, equivalente a los 500 millones de dólares.

En esta línea, la ministra de seguridad, alfil del imperialismo en el país, promovía una nueva doctrina en el uso de armas de fuego para las fuerzas represivas, que permitía disparar sin dar la voz de alto y utilizar el arma de fuego con sólo sentirse amenazado. En fin, era una legalización encubierta del “gatillo fácil”. La ministra, jactanciosa, indicaba que “la sociedad va a tener claro dónde está el bien y dónde está el mal. (…) Esto ayuda a clarificar los casos en que la Justicia ha condenado injustamente a policías que habían actuado en el cumplimiento de su deber” (CL 4/12 y P12 6/12). Pocas provincias adherían al nuevo protocolo y se sucedían las críticas y distancias. Como decíamos, Carrió atacaba a la doctrina como “fascista”. Pero también Vidal planteaba que no se acoplarían a la nueva doctrina, porque el protocolo de la provincia de 2006 daba ya herramientas suficientes a la policía bonaerense. “Ritondo y yo coincidimos con Mauricio y con Patricia en darle todas las herramientas a la policía para cumplir con la seguridad” (LN 6/12), decía, para hacer un desplante elegante del protocolo.

También se desmarcaba Lifschitz, el gobernador de Santa Fe. Pero quien con más claridad criticaba la medida era Roberto Ayala, jefe de la policía de la Pampa: “La prioridad de los efectivos debe ser preservar la vida de todos, tanto de los inocentes como de los que delinquen, a quienes se debe aprehender y poner a disposición de la Justicia. No hay que efectuar un disparo si se tiene otras alternativas” (P12 7/12). Y para culminar, el Papa Francisco, en la misa del día de su cumpleaños número 82, advertía que un abuso policial con las armas puede convertirse en un “crimen de Estado” (CL 17/12).

Esta nueva doctrina expresaba una concepción de la seguridad coherente con la política de ataque a todos los derechos conquistados por los trabajadores a lo largo de años de lucha. Donde el delincuente, en vez de ser considerado fruto de los problemas y contradicciones de la sociedad, es considerado un enemigo social, creado por fuerzas secretas. La hipocresía de una política de seguridad que busca reprimir, mientras desguazan el país los ladrones de guante blanco mediante la bicicleta financiera y el absoluto vasallaje imperialista, marcaba a las claras qué tenía por detrás esta estrategia. Imponer una política de amedrentamiento a todas las capas sociales que se enfrenten al sistema y abrirle la puerta a los servicios norteamericanos, que en todo el mundo son los verdaderos jefes del crimen organizado. Sólo los casos de Nicaragua o Afganistán −donde los yanquis comandaron y comandan la producción de droga y su tráfico, para contar con dinero negro fresco, listo para ser utilizado en cualquier tipo de operación− sirven como botón de muestra.

Además, para frenar al pueblo, deben enfrentarlo consigo mismo. La creación de chivos expiatorios y la apelación al miedo −con remedios que no constituyen en ningún caso mayores grados de seguridad para el conjunto de la población− buscan generar un clima social de apoyo a la represión contra todo aquel que ose levantar la cabeza frente al régimen. Los casos de Orellana y Soria son elocuentes en este sentido.

Sólo basta con ver una película norteamericana para reconocer los niveles de violencia que deben naturalizarse para condicionar a la población al caos que el imperialismo genera en el mundo. Sin embargo, hay que decir que la política de “mano dura”, denominada “mano justa” por el ministro de justicia Garavano (P12 5/12), tiene un cierto apoyo en la sociedad, cansada de sufrir los efectos de la descomposición social y la falta de proyecto para infinidad de sectores sociales, que buscan en el delito encontrar lo que la sociedad no les provee de otro modo. Por eso mismo, Patricia Bullrich comenzó a crecer en las encuestas de opinión. Con frases a lo Bolsonaro −“En Bariloche [lugar de asesinato de Rafael Nahuel] soy Gardel (P12 3/10)”−, comenzó a cosechar cierto apoyo y los medios comenzaron a nombrarla como una posible vicepresidenta en 2019 (P12 4/12), por el crecimiento de su imagen positiva en el conurbano, territorio adverso para Macri. Más allá de que esto no supera la calificación de “trascendido”, de darse significaría que un agente de inteligencia extranjero llegaría a ser el relevo constitucional del presidente electo (en caso de ganar Macri y ser Bullrich vice), hecho que se ajusta perfectamente con lo que venimos señalando.

El imperialismo no tiene más margen para disidencias y su política de dejar a todos afuera necesita de la más encarnizada lucha de “pobres contra pobres”, por lo que el aumento de la violencia social es aliado de sus intereses.

Cipayismo y farsa

El encuentro de G20 dejó para la Argentina algunas importantes enseñanzas. Por un lado, se daba la negativa de discutir un acuerdo de libre comercio con Europa por parte del presidente Macron. El ocurrente francés basaba su argumento en que “no es favorable a que se firmen acuerdos comerciales amplios con potencias [se refería a Brasil] que no respetan el acuerdo de París y que lo anunciaron así” (El Sol 29/11). Sus palabras no explicaban en nada por qué ese tratado nunca pudo completarse en más de 15 años de negociaciones.

 Este simpático suceso describía una cumbre que se desarrollaba en medio de la guerra comercial a la que ya hicimos mención. El suceso no estaría aislado. La imposibilidad de los monopolios para proponer acuerdos que contemplen los intereses de las oligarquías locales se manifestaba una y otra vez. Sea con la excusa del clima o de cualquier otra cosa. Al mismo tiempo, las oligarquías necesitaban de esos acuerdos, para garantizar la colocación de sus productos, en el marco de un mercado mundial cada vez más saturado por la sobreproducción de mercancías.

Así, los elogios hacia el gobierno argentino por parte de EEUU mostraban lo necesaria que es la Argentina en el entramado de fuerzas que construyen los yanquis. Sin embargo, también se verificaban los fuertes límites que la estrategia norteamericana encontraba, frente al peso creciente que China tiene en la economía local.

El hecho diplomático central de la cumbre en términos locales fue cuando un comunicado de prensa de la cancillería yanqui indicó que “Trump y Macri estaban preocupados por la situación de Venezuela y el accionar económico predatorio de China” (LN 30/11). Luego de esto, Xi Jiping suspendió sus actividades hasta que el canciller Faurie salió desmentir el comunicado norteamericano.

Esta crisis diplomática marcaba a las claras cómo la Argentina se debate entre dos fuegos. Por un lado, EEUU, que impuso luego del cambio de gobierno en 2015 el pago a los fondos buitres y la liberalización financiera (quita del cepo), para propiciar la “vuelta a los mercados” (léase endeudamiento desbocado en beneficio de los capitales especulativos). Esa política derivó en la crisis de deuda que vivimos hoy y en el “súper acuerdo” con el FMI, cuando los grandes bancos dejaron de prestar. Sin embargo, la política china de aumento de la inversión cada vez es un polo de atracción mayor para la economía nacional, con independencia de las simpatías políticas.

Así, aliados importantes del gobierno macrista como Gerardo Morales, que jugo muchísimo para encarcelar a la dirigente social Milagro Sala, declaraba sus simpatías con el gigante asiático: “China tiene la actitud de invertir, invertir e invertir, y darte crédito. Estados Unidos no tiene esa estrategia” (LN 25/11).

Pero el gobierno estaba lejos de desmarcarse de los EEUU, que fue el garante de los créditos sin respaldo que el FMI entregó al gobierno, y que son su única posibilidad para no llegar a octubre de 2019 con un país absolutamente en llamas. Por lo tanto, se encontraba en una posición claramente inconsistente.

Pero el cipayismo macrista continuaba. Como no alcanzaba con aceptar la doctrina de “autodeterminación de los pueblos” con los kelpers el mes pasado, este mes se daba a conocer que, en el marco del brexit, comenzaba a prepararse un tratado de libre comercio con Inglaterra. Luego del encuentro con Macri, Teresa May era transparente: “Tengo claro que nuestra posición sobre la soberanía de las Malvinas no ha cambiado. Pero lo que ha cambiado en los últimos meses es que hemos visto mejores relaciones con la Argentina” (LN 1/12).

El G20, por tanto, dejaba un claro mensaje. EEUU necesita como el agua un gobierno adicto en la Argentina, que sea una pieza de su lucha contra las fuerzas que se le oponen a nivel mundial (China) y continental (Venezuela). Pero no tiene más que ofrecer que unos metros más de correa de vez en cuando, puesto que debe expropiar a los grandes grupos nacionales. En ese marco, China aparece como un gran inversor que, a diferencia del imperio, contiene como parte de su estrategia de desarrollo la autodeterminación de los pueblos, independientemente del gobierno de turno del país con el que se asocie. Es por ello que, aun cuando en nuestro país lleve las riendas una fuerza que se halla en las antípodas del proyecto global que el Partido Comunista chino propone para el futuro del planeta, este profundiza sus inversiones y relaciones comerciales con el país, dejando en claro que su estrategia de construir fuerzas para superar el orden capitalista que todo lo destruye se halla por encima del acuerdo o desacuerdo con la fuerza política que gobierna un país. Esa contradicción marca los tremendos límites en los que se encuentra la oligarquía financiera/terrateniente local.

Veamos ahora cómo se dieron los alineamientos en el frente nacional.

Encuentros y complicaciones

Como veíamos el mes pasado, continuaban los realineamientos en el frente nacional. Varios sectores iban acercándose al kirchnerismo, a fuerza de espanto y encuestas. Por ejemplo, sectores eyectados de la alianza kirchnerista luego del conflicto con la oligarquía local en 2008, como Alberto Fernández y Felipe Solá. También representantes del sector moyanista que se fue alejando luego de los límites que impuso el kirchnerismo a la lucha sindical hacia 201, cuando privilegió su alianza con el empresariado. O dirigentes como Juan Grabois, militante de movimientos de desocupados y fuertes vínculos con el papa Francisco, que hasta hace poco tenía una relación de cierta cercanía con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Todos estos fervorosos opositores en los finales del último gobierno kirchneristas reconocían la necesidad de construir con el Cristina.

En ese marco, Felipe Solá, ex miembro del Frente Renovador, intentaba acercar a sectores del “peronismo federal”. Se reunía con el gobernador de Tucumán, Juan Manzur, y con la gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci. Luego de los encuentros, declaraba que “debemos pensar en un peronismo con todos adentro. (…) Tenemos que hacer un esfuerzo enorme y generoso de unidad y pensar en un peronismo con todos adentro y después hablar de candidatos” (P12 24/11). Porque “si la oposición va fragmentada, Cambiemos volverá a ser gobierno” (P12 8/12).

También Jorge D’Onofrio, precandidato a gobernador por Alternativa Federal, declaraba que “Cristina (Kirchner) es un problema, pero no nuestra enemiga”, en medio de un acto que significó el virtual lanzamiento de la precandidatura presidencial de Sergio Massa, en San Martín (CL 12/12), marcando las débiles convicciones que anidan en un espacio claramente armado por el establishment para dividir al frente nacional.

En esta misma línea, trascendía que Luis Barrionuevo tentaba a Lavagna para una candidatura presidencial (P12 21/11), otro hecho que mostraba la preocupación de algunos por no quedar pegados a una política destinada a comerse al empresariado local.

En este marco, la jefatura del PJ Bonaerense cambiaba. Era desplazado el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, y en su reemplazo era designado Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría. Se estrenaba así nuevo perfil el PJ bonaerense, con Pablo Moyano de vicepresidente y con los apoyos de Hugo Moyano, Felipe Solá, Daniel Scioli, Ginés González García, Fernando Espinoza, Lorenzo Pepe y hasta Héctor Daer (P12 17/12).

 Luego de su designación, Grey rechazaba la decisión de la gobernadora de separar la elección provincial de la nacional y criticaba el presupuesto junto con varios intendentes: “Este es un ajuste provincial y nacional. Nos quieren hacer pagar el costo político de algo que tienen que hacer ellos. No nos corresponde poner los fondos para subsidiar los servicios públicos. Por su parte, Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda, apuntaba que “el planteo unánime de los intendentes es que este presupuesto no se puede votar, porque va en contra de la autonomía municipal y ahoga a las comunas” (P12 21/11). Aunque luego, con el apoyo massista, se aprobaría el presupuesto (CL 4/12).

CFK seguía siendo quien apuntaba la vista más lejos en la construcción. Lejos de referirse al problema electoral, hablaba en la “Contracumbre” de la necesidad de transformar las estructuras del Estado, para controlar al poder económico, mucho más poderoso que los gobiernos (Ver Análisis… anterior).

La nación hablaba de la posibilidad de que Juan Grabois sea candidato a vicepresidente de CFK, como un pacto entre el Papa y el kirchnerismo. En cualquier caso, estaba claro que los resultados electorales de 2019 iban a tener fuerte importancia internacional y que en ese sentido las alianzas tomaban también ese carácter.

En este marco, se daba un gesto de extrema importancia. La Iglesia recibía de manos de dirigentes empresariales, sindicales y movimientos sociales un extenso documento con un severo diagnóstico de la situación económica y social del país, que califican de “grave”, y en el que demandan un “cambio de dirección” que pase por “un modelo basado en la industria nacional, la producción y el empleo”. El documento fue titulado “Una patria fundada en el trabajo y la solidaridad”. Desde el Episcopado, precisaban que “este documento quiere ser una contribución para concientizar sobre la grave situación social que hoy vive nuestro país”. Del encuentro participaron Guillermo Moretti, por la UIA; Héctor Daer, por la CGT, además de dirigentes de las dos CTA, del Frente Sindical para el Modelo Nacional que lideran Hugo Moyano (camioneros), Sergio Palazzo (bancarios) y Ricardo Pignanelli (mecánicos); sectores de ATE y de movimientos sociales como el Movimiento Evita, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, además del cooperativismo y el mutualismo. La UIA, a pesar de asistir con sus representantes al encuentro, no firmo el documento, aunque indicó que pretendía “seguir formando parte de la instancia de diálogo multisectorial que se creó a partir de esta iniciativa”. Esta práctica tan rara de presentar un documento sin firmarlo estaba fundamentada en la intensa lucha que se libra en el interior de la UIA, donde algunos sectores encabezados por Cristiano Rattazzi, CEO de Fiat Chrysler y confeso militante de Cambiemos, se oponían a la firma del documento (LN 13 y14/12).

Todos estos hechos, como los dichos de Eduardo Duhalde citados más arriba, muestran cómo la ruptura en las alturas marca el tiempo político por venir. Con un empresariado que no tiene proyecto de país, y va tomando conciencia de los peligros que corre en su alianza con el imperialismo, que no tiene mucho para ofrecer.

 En este escenario, las alternativas se multiplican, así como los peligros.

¿Diciembre tranquilo?

Luego de la medida de congelar el quinto paro nacional, a fuerza de reapertura de paritarias y bonos para algunas ramas, el movimiento obrero no encontró forma de reestructurar un plan de lucha, quedando entrampado en la lucha sindical. Con paritarias que superaron el 40% anual para los judiciales, bancarios, aceiteros, alimentación, camioneros y petroleros, varios de los sectores clave del movimiento obrero fueron desmovilizados, a pesar de no haber siquiera empatado con la inflación.

Diciembre mostraba además varios alineamientos electorales. Los gordos se acercaban a Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey y hasta a Roberto Lavagna y, con la misma intensidad, se distanciaban de Cristina Kirchner.

Por el contrario, el sector del sindicalismo más combativo y que se referencia en el Frente Sindical para el Modelo Nacional (FSMN) se acerca a la ex presidenta. En el terreno político, no disimulan su relación con CFK. En ese tema, uno de los que jugó con fuerza fue el titular del Smata, el mecánico Ricardo Pignanelli, quien junto al canillita Omar Plaini trabajaron para lograr la reconciliación de Hugo Moyano con Cristina Kirchner, como sabemos (LN 9/12).

A pesar de que no se estructuró una lucha callejera importante como en diciembre pasado, si se intensificó la lucha gremial en varios sectores, como en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) contra el Impuesto a las Ganancias entre los trabajadores de sus gremios (CL 26/11).

Pero sin dudas el conflicto más importante fue el de Aerolíneas Argentinas, luego de sufrir la cesantía de 376 trabajadores por participar de una huelga. “Es una empresa que está virtualmente quebrada. Para pagar salarios mes a mes tenemos que pedir dinero al Estado”, señalaba el presidente de Aerolíneas Argentinas, Luis Malvido, casi anticipando una próxima privatización (LN21/11).

Frente a esta situación, los gremios del sector salían a dar la pelea por la reincorporación y la no privatización. Ricardo Cirielli, dirigente de la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA), decía: “Quizás estamos bajo un gobierno dictatorial que no respeta la Constitución Nacional”. A su turno, el secretario general de la Unión de Aviadores de Líneas Aéreas (UALA), Cristian Erhardt, aseguró que las sanciones están en línea con la búsqueda del conflicto y la pelea “para destruir Aerolíneas. (…) El Gobierno le otorga un tinte político al reclamo sindical cuando lo que buscamos es que no caiga el poder adquisitivo de los trabajadores. Acá no hay nada raro” (LN 21/11).

Sus declaraciones mostraban, tal como lo venimos señalando hace meses, cómo una concepción puramente sindical no puede dar cuenta de los conflictos venideros. Pensar que es el Gobierno el que imprime el tinte político a las protestas contra los despidos en Aerolíneas es no comprender el escenario en el que se encuentran esas protestas. En el plan de los monopolios, Aerolíneas Argentinas debe desaparecer, y esto tiene indudable carácter político. No puede ser resuelto de manera sindical. Los monopolios ya no pueden más que dar concesiones momentáneas, para ganar tiempo hasta poder desarticular la resistencia a sus políticas. Por lo tanto, no es sólo resistiendo que se los puede vencer, ni dejando la política librada a empresarios y CEOS. Hay que tener en cuenta que las fuertes concesiones que los empresarios utilizaron para frenar un posible estallido profundizan su crisis.

La construcción de una nueva democracia tiene que ser el pilar de la nueva etapa, para poder superar este momento. En este sentido, la unidad de los trabajadores nucleados en la CGT y la CTA con vastos sectores del pequeño y mediano empresariado, con la UIA y también con trabajadores desocupados −una alianza donde sólo quedan afuera la oligarquía terrateniente y los monopolios– es importante.

Pero hay que advertir que sin un programa propio, que vaya mucho mas allá de construir un orden donde pueda venderse a mejor precio la fuerza de trabajo, la derrota de las fuerzas caóticas del imperialismo no se alcanzará. Es por ello que la tan mentada unidad de los trabajadores no es una mera consigna, y no se consigue con sólo juntar en una foto a dirigentes de diferentes sectores del movimiento obrero. Así lo enseña la historia. La unidad no es la juntada repentina de las distintas partes de la clase trabajadora. Sino un proceso. La toma progresiva de consciencia, por parte de un núcleo creciente de la misma, de que no hay ningún tipo de salida para ningún sector si se continúa peleando con la mirada puesta en la sola parte que a cada uno le toca.



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