Revista Mensual | Número: Febrero de 2019
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Fuentes consultadas: EE.UU.: Wall Street Journal (WSJ). Gran Bretaña: The Economist (TE). Alemania: Deutsche Welle (DW); China: Xinhua (XH); Rusia: Russia Today (RT); Irn: HispanTV (HTV) Venezuela: Telesur (TS). Cuba: Cubadebate (CD). Argentina: Clarín (CL); Crónica (CA); Cronista Comercial (CR); La Nación (LN); Miradas al Sur (MS); Página 12 (P12); Tiempo Argentino (TA).
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Intervenidos

Fondo Monetario Internacional
Vuelta a las AFJP (o A Forrear Jubilados y Pensionados)
Una zanahoria marchita
Estado de Riesgo
La política de Caín
Mercosur
La triple P
El otro PPP (o la Pelea Por el Petróleo)
Tarifas
La cuestión electoral


Un mayor aislamiento interno del Gobierno se manifiesta en un incremento del intervencionismo externo

Intervenidos

“No estamos ya ante una lucha competitiva entre grandes y pequeñas empresas, entre empresas técnicamente atrasadas y empresas técnicamente avanzadas, sino ante el estrangulamiento por los monopolistas de todos aquellos que no se someten al monopolio, a su yugo, a su arbitrariedad”

Lenin – El Imperialismo fase superior del capitalismo, 1916.


La pérdida de soberanía es seguramente el rasgo más apreciable del año 2018. Desde el inicio del gobierno de la Alianza Cambiemos en diciembre de 2015 las políticas públicas estuvieron orientadas a desmontar los rasgos de autonomía nacional que le habían sido legados por los doce años de gobierno Kirchnerista, fundamentalmente en lo tocante a la relación con los centros financieros internacionales. Pero fue tan solo el año pasado cuando los harto predecibles efectos del endeudamiento vertiginoso, la desregulación y la bicicleta nos condujeron nuevamente a las garras del Fondo Monetario Internacional (FMI). Un resultado que nadie hubiese imaginado posible apenas dos años antes cuando el país se contaba entre los más desendeudados del planeta. Sin embargo, también era evidente para cualquier analista honesto que el macrismo nos conduciría a esta situación. Desde entonces, la pérdida de poder soberano en las decisiones de política interior y exterior es cada vez más explícita. Analicemos a continuación algunas manifestaciones coyunturales de esta tendencia que demuestran su profundización.

Fondo Monetario Internacional

“La filantropía pura está muy bien,
pero la filantropía más el 5% es mucho mejor.”
Cecil Rhodes - Imperialista Británico de la segunda mitad del siglo XIX

El absoluto estado de dependencia –consecuencia de la política errática y antinacional del macrismo– le ha permitido al Fondo Monetario Internacional posicionarse como la conducción real de la política monetaria y fiscal en el país. Pero como aprendiera durante el periodo colonial “el gobierno indirecto” tiene sus ventajas. Es así que reina, pero no gobierna. Se limita a hacer conocer sus deseos y espera que sus “personeros” locales vuelvan realidad sus exigencias contemporizando con las necesidades que imponen la “realidad” del gobierno y la correlación de fuerza existente.

A fines de diciembre, mientras transfería a las reservas internacionales de la Argentina un nuevo adelanto por 7.600 millones de dólares, el FMI hacía conocer sus “recomendaciones”. En su informe alertaba sobre la necesidad de “resistir las presiones para mantener los subsidios a la energía e incrementar los salarios” durante 2019. Sobre este último punto le recordaba al Ejecutivo que a fines de 2018 había acordado para los meses de diciembre, enero y febrero un aumento del 14% a los salarios de los empleados públicos y, dado que el presupuesto 2019 prevé un incremento salarial no superior al 34%, la negociación paritaria para el periodo junio 2019-junio 2020 no podrá superar el 24% (CL 20/12).

Con la excusa de alcanzar el equilibrio fiscal el documento del FMI no se limita a contener la recomposición salarial de los empleados públicos si no que avanza sobre cuestiones mucho más de fondo. Algunas de ellas son: sostener el impuesto a las exportaciones; la venta de una nueva parte del Fondo de Sustentabilidad Previsional; la quita de partidas a las provincias para solventar subsidios al transporte y a tarifas de servicios públicos. Además, se refiere a la reducción de los subsidios a nivel nacional para la tarifa eléctrica con un aumento para el consumidor del 90% y el deber de aplicar el “marco regulatorio para trasladar los efectos de la depreciación del peso a los consumidores de electricidad y gas”. A su vez, el informe demanda las siguientes reformas: “Una racionalización de las exenciones del IVA”; “reforma de la administración de recaudación de impuestos”; “reforma del gasto (incluida la reforma de los sistemas jubilatorio y de empleo y del sector público)”. Por último, luego de indicar el rumbo que asumirá el Banco Central (BCRA) en su política monetaria (que implica mantener por las nubes la tasa de interés y la banda de flotación del dólar) el FMI informa que una vez alcanzada la meta de estabilización inflacionaria “presentaremos un borrador de una nueva carta del BCRA al Congreso a fines de marzo de 2019para fortalecer el marco de política monetaria y la gobernanza del banco central (Ámbito Financiero 20/12). ¡El coloniaje es tan descarado que ni siquiera se molestan en disimular el tono ni la primera persona del plural con el que comunican sus disposiciones!

Como puede observarse, todas las decisiones de política fiscal y monetaria son digitadas desde el organismo multilateral. Muchas de ellas las veremos ejecutadas y defendidas por el gobierno a lo largo del mes. También es llamativo el alcance de la afectación de las medidas sobre prácticamente el conjunto de todos los sectores de la vida económica nacional. Afecta a los trabajadores, a los comerciantes, a los industriales, a los exportadores, a los jubilados, a las provincias; sólo parece beneficiar explícitamente al sector financiero y a las energéticas. Aunque también en este caso hay que introducir matices en el análisis. Lo veremos más adelante.

Vuelta a las AFJP (o A Forrear Jubilados y Pensionados)

Un capítulo aparte es la reforma previsional. Luego del informe de fines de diciembre, el FMI volvió a mediados de enero con la insistencia de destruir el sistema solidario y la necesidad de una vuelta al sistema de capitalización individual (AFJP). En primer lugar, el organismo recomendó reducir la tasa de sustitución (la relación entre el haber inicial y el salario promedio previo al retiro) para lograr un “ahorro en el monto de las jubilaciones”.Las autoridades del FMI proponen además que los trabajadores activos “se preparen para el futuro ahorrando más y extendiendo sus vidas laborales”. Según los técnicos del Fondo,“para lidiar con los costos del envejecimiento, muchos países implementaron significativas reformas de los sistemas de pensiones a lo largo de los últimos años. Las reformas apuntan en gran parte a contener el crecimiento en el número de jubilados, modificando los parámetros clave del sistema; por ejemplo, incrementando la edad de jubilación, endureciendo las reglas para acceder, reduciendo el tamaño de las pensiones a través del ajuste en el cálculo de los beneficios” (P12 19/01). Es evidente que la intención del organismo vocero del poder financiero es destruir tanto la sustentabilidad del sistema solidario como estimular el “ahorro privado” de los trabajadores activos (de aquellos en condiciones de ahorrar, se entiende).

El portal salteño “el Intransigente.com” anticipa cómo será la operatoria en la Argentina: “El Gobierno busca alternativas al sistema jubilatorio de reparto y se prepara para otorgar incentivos fiscales a aquellos que ahorren en un fondo como en un seguro de vida y de retiro. Esto se lograría con una actualización de las alícuotas deducibles del Impuesto de las Ganancias (…). Lo que se propondría sería una quita de una suma fija de $12.000 para el primer año de quien suscriba a estos fondos de ahorros. En el segundo año, el monto alcanzaría los $18.000 y para el tercero, la quita alcanzaría los $24.000. Además, habrá un incentivo para las empresas que propongan este sistema de ahorro entre sus empleados (…). En el caso del Gobierno, su interés en esta medida recae en dos factores: el cumplimiento de lo acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en materia de mercado de capitales, por un lado, y la necesidad de aliviar el sistema previsional de reparto, por otro. De esta forma, se busca que las jubilaciones se sustenten en tres patas: en la Pensión Universal del Adulto Mayor, en los años de aportes y en otro aporte voluntario, en función de los ahorros de cada persona y del crecimiento de la industria de seguro de vida y retiro(ver: www.elintransigente.com del 21/12). Es obvio que una vez reglamentada esta modalidad lo único que se necesita para darle el golpe de gracia al sistema de reparto es volver optativo el destino de las retenciones jubilatorias, permitiendo que el futuro jubilado elija entre el sistema solidario y el de capitalización privada. La fuga de los aportantes de más altos ingresos volverá inviable todo el sistema solidario, al menos hasta que vuelvan a quebrar los bancos y se roben los depósitos (otra vez).

Una zanahoria marchita

El premio por los sacrificios presentes es la felicidad futura. Eso postula el credo neoliberal. Sin embargo, como canta J. M. Serrat, los pueblos sabemos bien que “las reformas nunca se acaban y que llegamos siempre tarde, donde nunca pasa nada”. Fue así como el mismo organismo se vio en la obligación de reconocer los límites de su programa económico.

Mientras que a fines de diciembre de 2018 el FMI auguraba un “segundo semestre” de crecimiento para 2019 fundamentado en el cumplimiento de las metas acordadas por la Argentina, la reducción de la inflación y la mejora en las exportaciones de cereales; otros organismos se mostraron pesimistas. El 20 de diciembre –mismo día en el que el Fondo hizo público su informe– la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) publicaba el suyo adjudicando una caída del PBI de 2,6% para 2018 y pronosticando un desplome del 1,8% para 2019 (ver Infobae 20/12). La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ya había estimado una caída del 2,8% para 2018 y de 1,9% para 2019 (ver Ámbito Financiero 21/11). En tanto que a principios de enero hizo lo propio el Banco Mundial (BM) y se plegó al coro recesivo dándole una nota negativa al país de -1,7% cuando la región crecerá en 1,7% y el mundo lo hará en 2,9%. Según el BM, la de la Argentina fue la cuarta recesión más profunda del mundo, sólo superada por las contracciones experimentadas en Venezuela, Guinea Ecuatorial y Nicaragua (ver: Minuto Uno 8/1 y P12 10/1). Y entonces, el FMI tuvo que revisar sus proyecciones para el país y ajustarlas al consenso internacional: durante el Foro Económico Mundial de Davos presentó un informe en el que dice que la economía argentina caerá en el 2019 un 1,7% y tan sólo repuntará en 2020. Siempre y cuando, claro está, no sigan pasando cosas…

Estado de Riesgo

Un fenómeno importante que requiere explicación aconteció en relación al movimiento del “riesgo país” durante la coyuntura analizada. Como ya hemos explicado en Análisis… anteriores, el mentado índice refiere a una prima de riesgo de la financiación soberana (que calcula el JP Morgan) en relación con la tasa de interés que fija la Reserva Federal de los EEUU. Es decir, si la Argentina quiere endeudarse en el mercado financiero internacional debe ofrecer un interés calculado por el precio de los bonos de Estados Unidos más el “riesgo país”. Ej.: si la tasa de interés de EEUU fuese de 2,5% y el “riesgo país” de la Argentina de 800 puntos básicos, la financiación a la Argentina le costaría un interés anual de 10,5% (2,5%+8,0%) sobre el capital comprometido. Dicho esto, pasemos al análisis de los hechos.

A principios de 2018 el “riesgo país” de la Argentina era de 351 puntos básicos; desde entonces, corrida cambiaria mediante, el índice de riesgo soberano alcanzó la cifra de 837 pb remontándose a valores comparables a los de octubre de 2014, cuando la Argentina se mantenía en default por la extorsión de los fondos buitres sobre el gobierno nacional de Cristina Kirchner que se negaba a pagarles, lo que sin embargo sí hizo Mauricio Macri a inicio de su gobierno desembolsando de un plumazo 20 mil millones de dólares. Ahora bien, la escalada del índice es reflejo de la precaria situación financiera del país y es comparable a una situación de virtual default técnico. Como citáramos el mes pasado, en palabras del FMI “la deuda de la Argentina es sustentable, pero no en una alta probabilidad”, lo que quiere decir que existe alta probabilidad de que no sea sustentable (por simple reversión lógica de los términos). El fenómeno peculiar es que de este sostenido crecimiento, luego de alcanzar su pico máximo el 27 de diciembre, empezó a bajar con un ritmo que sorprendió a propios y extraños, posicionándose actualmente por debajo de los 670 pb: un descenso de más de 160 pb en poco más de un mes. Un desempeño similar se operó en los seguros de default soberano (CDS), otro índice que mide los costos de asegurar inversiones de capital en activos argentinos contra un posible default. En este caso trepó de 230 pb a más de 800 a fines de diciembre, para empezar a transitar la misma curva descendente de riesgo país desde los primeros días de eneros de 2019. La pregunta entonces es ¿a qué se debe este descenso y cómo ponderarlo?

 En primer lugar es preciso moderar el optimismo: 670 pb sigue siendo un valor altísimo; por ejemplo Brasil está por los 202 pb, México 215, Perú 122, Turquía 409 pb. En segundo lugar hay que anclar este fenómeno en las condiciones económicas y financieras del país y como hemos visto existe un consenso unánime de la tendencia recesiva para 2019. A su vez, la deuda pública, según el observatorio de deuda de la UMET, a fines de 2018 fue del 105,5% del PBI cuando a fines de 2015 era de apenas el 37,6%. Los pagos en deuda externa son un tema aun más serio. Calculado por el Observatorio de la deuda, la Argentina en 2019 recibirá del FMI 22.555 millones de dólares y deberá pagar vencimientos por 37.927 millones de dólares. En 2020 el país recibirá desembolsos por 3.875 millones de dólares y deberá afrontar vencimientos por 25.719 millones de dólares. En 2021 le entrarán 1.937 millones de dólares por desembolsos y deberá pagar 35.179 millones. En 2022 tendrá que empezar a pagar al FMI: de los vencimientos ya comprometidos por la Argentina que llegarán a 57.197 millones de dólares, el FMI recibirá 22.206 millones. En 2023 la Tesorería deberá hacer magia para conseguir los 49.982 millones de dólares destinados al exterior, de los cuales irán al FMI 23.370 millones (P12 30/12). Esta realidad llevó a Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, a afirmar que la Argentina “deberá renegociar su deuda externa si quiere recuperar el crecimiento y el empleo. Y esa negociación deberá hacerse con quita” (P12 30/12).

En tercer lugar, la situación configura un escenario hiperinflacionario. Al menos eso sostiene el economista y consultor Orlando J. Ferreres, quien cita la definición técnica del IFRS (International Financial Reporting Standards) que forma parte de la IASB (International Accounting Standard Board): “Si la inflación acumulada de los últimos tres años suma más de 100%, ese es un país hiperinflacionario”; por lo tanto, “la Argentina tiene hiperinflación desde 2014, es decir, más de 100% en el acumulado de tres años, tanto si se toman los precios minoristas desde enero a diciembre de cada año, como si se toma la inflación promedio anual de cada año, siempre en tres años” (LN 2/1).

En resumidas cuentas, la Argentina de la era Macri está quebrada, en recesión y en hiperinflación. Sin embargo los números financieros parecen estar mejorando. El dólar está estable, el riesgo país baja, las acciones de las empresas que cotizan en EEUU recuperan parte de los valores perdidos en 2018. Tres razones explican este “veranito”. Por un lado, además de los dólares del FMI, en diciembre entraron los dólares provenientes de la cosecha de trigo con ventas por 4.400 millones que sumados a los de otros cultivos llegaron a los 6.400 millones. A su vez, las expectativas son récord para la cosecha de soja y maíz, las que mejorarán considerablemente su desempeño en comparación con el año pasado. Las elevadísimas tasas de interés patean el problema para adelante pero en el “mientras tanto” secan la demanda de dólares estabilizando la divisa. Por último, el factor más importante es la moderación en la suba de la tasa de referencia de la Reserva Federal. Según explica Alejandro Bianchi, gerente de Inversiones de Invertir Online: “La Reserva Federal dio señales de que moderará la cantidad de subas de tasas. En 2018 subieron las tasas cuatro veces, un punto en total (0,25% cada vez) y en 2019 se espera que haya solamente dos subas. Eso está ayudando al rebote de los mercados, lleva a los inversores a incrementar su apetito por el riesgo y a volver a los mercados emergentes”. Por su parte, Matías Roig, director de Portfolio Personal cree que “para los próximos 60 días seguiremos viendo un escenario con estabilidad cambiaria”. Y GMA Capital calcula que “el 69% de los analistas opinan que no habrá ningún alza de tasas [de la FED] en 2019” (CL 19/1). Lo más notable es que todo este optimismo se nutre de una variable absolutamente ajena al control del gobierno argentino y que para colmo de ridículos está orientada por la constatación de la debilidad de la economía mundial que fuerza a la FED a detener la suba de la tasa por temor al estallido de una nueva crisis superior a la de 2008 en EEUU.

La política de Caín

Los analistas del establishment recién citados coinciden a su vez en identificar el principal riesgo para la economía argentina no en los desaguisados de la banda de sinvergüenzas que la gobiernan, que propiciaron en solo tres años la fuga de 60.487 millones de dólares, monto sugestivamente similar a los 60.464 millones de dólares de emisión de nueva deuda externa durante igual periodo; sino que atribuyen la alarma a la incertidumbre que incita el año electoral, a lo que denominan “riesgo político”, y que no es otra cosa que la posibilidad de que Cristina Kirchner gane las elecciones presidenciales en octubre. En esto tampoco son originales; la idea la toman del FMI que habla de “riesgo considerable”. Según Alejandro Werner, jefe del departamento del FMI para el Hemisferio Occidental: “para la recuperación de la inversión en la Argentina va a ser muy importante saber cuál va a ser el marco de políticas no sólo de 2019 sino de los próximos cuatro años (…) un giro político y un cambio importante en la dirección económica siempre ha sido un riesgo considerable (…). Todo el ruido asociado a una elección limita la velocidad en la cual el proceso (económico) se tendría que dar hacia parámetros más consistentes con economías estables, en donde la duración y la madurez de la deuda pública es más larga, en donde el sistema financiero empieza a tomar riesgos que cubren un plazo mayor, y en donde la inversión privada tanto doméstica como extranjera empieza a aumentar” (ver Infobae 25/1). Queda claro que si estos muchachos pudiesen, prohibirían las elecciones o sacrificarían en la hoguera a Cristina como expiación del pecado populista.

Pero hay otras consideraciones para analizar el optimismo moderado de este enero en los círculos financieros locales. El contexto regional opera “favorablemente” en el sistema de alianzas y compromisos con el imperialismo. Como ya ha sido analizado en extenso en esta revista, la pelea que el pueblo heroico de Venezuela está librando contra el imperialismo favorece al trato que los EEUU y las potencias occidentales le dispensan a un gobierno como el de Cambiemos. Su alineación automática con la estrategia desestabilizadora de Trump está revirtiendo en módicas dádivas favorables a los intereses comerciales de algunos sectores exportadores locales.

Así, este mes, se conoció la decisión de Estados Unidos de eximir a la Argentina de la suba a los aranceles al acero y aluminio, un negocio de 700 millones de dólares al año. Además se está analizando la apertura del mercado de biodiesel y se está renegociando la importación y apertura del mercado de las carnes (CR 8/1). La Unión Europea, por su parte, también les dio buenas noticias a los exportadores de biocombustibles al anunciar que volverá a comprar ese producto a la Argentina (CL 15/1). Recordemos que la Argentina ya gozaba del régimen preferencial de ingreso al mercado norteamericano conocido como Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) que habilita el ingreso sin arancel de 3.500 renglones de una larga lista de mercancías, de los cuales hasta la fecha la Argentina sólo está usando 610; y que fue decididamente apoyado por los Estados Unidos en la negociación con el FMI. Todo esto son los pagos con los que el imperialismo recompensa a los que traicionan a sus hermanos. Esto es tan obvio que el Cronista Comercial, órgano de la City porteña, lejos de ocultarlo lo vindicaba: “Macri es las voz contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro; es la garantía de tener ‘el patio trasero en orden’ y frenar cualquier avanzada ‘populista’ en la región como entiende la Casa Blanca que puede ser el regreso de Cristina Fernández de Kirchner. En ese camino es que Macri se convirtió en el principal articulador de lo que se conoce como Grupo de Lima, la instancia en donde 14 países de Latinoamérica que se oponen a Maduro (…) emitieron un comunicado en el queseñalan que no reconocerán los resultado de las últimas elecciones en Venezuela. Además, con el apoyo a Macri, Estados Unidos estaría buscando frenar “la avanzada de China en la región. En este punto, la situación de Macri es la de equilibrio ya que el gigante asiático es uno de los principales financista de la Argentina” (CR 8/1).

Mercosur

Traicionar a nuestros pueblos hermanos y a su derecho a la autodeterminación siempre es mal pagada. Para seguir con la metáfora bíblica, al final terminaremos renunciando a nuestra identidad, como Esaú renunció a su primogenitura por un miserable plato de lentejas. La estrechés de miras de esta pseudo-burguesía lumpen que nos gobierna amenaza con condenarnos al oprobio histórico si por causa de su alineamiento con los EEUU Venezuela sufriera, finalmente, una intervención desde el extranjero. Vale tan poco el papel que nos asigna que ni siquiera nos reportó una membrecía en el club de los países imperialistas y de su coro de aplaudidores. La decisión de parte de la OCDE de incluirnos en su “liga de países serios” terminó por postergarse una vez más. La Argentina aún no clasifica para ser miembro, afirman allí. Aun así, la organización de países ricos no se priva de continuar dándonos consejos sobre cómo debemos desplegar nuestra política internacional. Es así que Jens Arnold, jefe de la sección Argentina/Brasil del Departamento de Economía de la OCDE, recomendó a ambos países “más que sostener el Mercosur deben abrirse al resto del mundo. No se trata de sostener o no sostener el Mercosur. Lo importante es abrirse. Argentina necesita importar bienes de capital, por ejemplo, para los que tiene muy altos aranceles, y eso trae desventajas. Y también para los consumidores; los precios en dólares son altos, fruto de la protección. Los más beneficiados con la apertura serían los deciles de menores ingresos”. Una vuelta al libre cambio de fines del siglo XIX.

La amenaza al Mercosur es un asunto serio. La posición del nuevo gobierno de Brasil es conocida al respecto. La intención de degradar al organismo de integración estratégico regional al lugar de una simple “zona de libre comercio” suena cada vez con más fuerza. Esto no sólo destruiría el acceso preferencial de las exportaciones argentinas a su principal mercado sino que actuaría balcanizando las posiciones políticas del sub-continente en un contexto donde su peso específico a nivel geopolítico es cada vez menor.

La triple P

Nada es inocente; Estados Unidos –luego de destruir Odebrecht (Lava Jato mediante) y de impulsar con sus agentes las causas judiciales contra CFK con las fotos de las fotocopias de los “Cuadernos Gloria” del oficial de inteligencia Oscar Centeno (que mantiene procesado a prácticamente toda la “patria contratista”)– decide finalmente “apoyar” al gobierno de Macri con la iniciativa de los proyectos de Participación Público Privada (PPP). Para ello el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OTA) se ofreció para analizar, ejecutar, controlar y seguir los proyectos de infraestructura que proponga el gobierno nacional. Algo así como confiarle las gallinas al zorro. Según explica el vocero del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), que oficia de organismo de intermediación, “las metas globales de la asistencia técnica de la OTA, entre otras, serán brindar asistencia en el desarrollo de reglamentaciones, políticas y lineamientos para las estructuras de contratos, análisis de proyectos y optimización de recursos, asignación de riesgo fiscal, garantías y otras obligaciones contractuales” (CL 17/1). Como puede observarse a lo largo de todo el mes se fueron sucediendo hechos que confirman la avanzada de las estructuras de dominio imperiales yanquis en el aparato estatal argentino. En todos los casos el fundamento que lo hace posible es el mismo: el quebranto financiero del país al que nos arrastró la lógica de acumulación del capital financiero, aceitada inmejorablemente por las políticas del macrismo. La intervención directa de los EEUU en la política de la PPP se justificó por el bloqueo al financiamiento externo, tanto de las empresas públicas como de las privadas.

El otro PPP (o la Pelea Por el Petróleo)

Uno de los datos económicos más relevantes del año fue el crecimiento de Tecpetrol (la petrolera de Techint) que en los primeros 10 meses de 2018 creció 135% y explicó el 81,5% del crecimiento de la producción de gas. Es más, vista en términos globales la producción fue de 3.696 millones de metros cúbicos en noviembre, con un aumento del 3,4% en relación con igual mes del año anterior. Pero tal como indicó el sitio Econojournal, si la producción de Techint se hubiera mantenido estable, la extracción hubiera caído un 7%. Esto muestra el enorme peso que está adquiriendo Techint en el rubro. Aún más, Tecpetrol tuvo un ascenso del 283,4% en el penúltimo mes de 2018, mientras que YPF aumentó solo un 3,4%, PAE un 4,6% y Total descendió un 16,2%. Y si se toman los once primeros meses la situación se vuelve aun más clara: YPF sólo mostró un ascenso del 0,8%, Total un descenso del 0,6%, PAE una reducción del 2,5%, y Tecpetrol avanzó el 149,2% y CGC lo hizo en un 50,07% (ver Ámbito Financiero 8/1).

El origen de este incremento proviene del yacimiento de Fortín de Piedra en Vaca Muerta, y es resultado de una fuerte inversión ejecutada por Techint del orden de los 1.800 millones de dólares. Aunque dicha inversión fue hecha bajo el amparo de un subsidio comprometido por el Gobierno que garantiza un monto mínimo de7 dólares por millón de BTU, muy por encima del precio de mercado. Las empresas beneficiadas por el subsidio en su momento fueron: Tecpetrol, YPF, Compañía General de Combustibles (CGC), Total, Pan American Energy (PAE), Wintershall y Capex. Mientras que quedaron excluidas Shell, Exxon Mobil, Pluspetrol y Pampa Energía (LN 30/1). Nótese que de los beneficiarios el único actor que verdaderamente capitaliza la oportunidad es Techint, los demás tienen una relevancia marginal; mientras que YPF es deliberadamente saboteada como hemos mostrado en Análisis… anteriores.

El impacto del subsidio le representó a Techint una ganancia extraordinaria de 5.655 millones de pesos. En este marco el FMI exigió que se limitase el subsidio para contribuir a arribar al mentado déficit cero. Entiéndase la cuestión: Techint es un jugador de peso en la rama petrolera, con una amplia experiencia en la fabricación de tubos sin costura para la industria y una importante expertice acumulada durante décadas, así como un volumen de capital considerable. El subsidio preferencial del que disfruta le da una ventaja decisiva frente a sus competidores: Shell, Exxon Mobil, Pluspetrol y Pampa Energía. ¿Por qué? Sencillo, piénsese en esto: en el mercado, cuando un producto es abundante tiende a bajar el precio; es dado pensar que si aumenta la producción de gas su precio tienda a deprimirse, pero ¿qué pasa si el principal productor de gas además goza de un subsidio que le garantiza un precio preferencial para su producto? El efecto es de pinzas sobre sus competidores, porque no sólo tiene costos de extracción subsidiados si no que simultáneamente afecta los costos de sus competidores al derrumbar el precio con el que ellos venden. Esto es lo que ocurrió en 2018; mientras Techint recibió 7 dólares por BTU los demás llegaron a percibir menos de 3 dólares. Esto explica la urgencia por exportar los excedentes con la que se actuó el año pasado: era imperioso volver a elevar los precios internos.

La pelea por el petróleo arrancó con la controversia pública entre el ministro de Economía Nicolás Dujovne y el secretario de Energía Javier Iguacel, este último vinculado a la compañía Pluspetrol (en la que llegó a vicepresidente) de la familia Rodríguez de Rey, una de las fortunas más grandes de la Argentina. Si bien el secretario había protagonizado un escándalo meses antes cuando intempestivamente había sacado una resolución por la que se trasladaban los costos de la devaluación del peso a los usuarios de gas, que debían resarcir en 24 cuotas las pérdidas de las empresas, el motivo de la pelea fue otro. Ambos hombres se enfrentaron por la cuestión de los subsidios a la extracción de gas en Vaca Muerta, que beneficia preferencialmente al grupo Rocca. El ministro Dujovne acusó a Iguacel de “intervencionista” y de querer regular el mercado de los combustibles. El secretario se justificaba afirmando que estaba en condiciones de bajar el precio de los combustibles y que las políticas de incentivos estaban desarrollando Vaca Muerta. El resultado de la controversia fue la eyección de Iguacel de la cartera y su reemplazo por Gustavo Lopetegui; quien acaba de hacer público el cumplimiento de las demandas del FMI y las petroleras de retirar a Tecpetrol el subsidio del que era beneficiario. El último acto de gobierno de Iguacel fue anunciar los nuevos aumentos a los servicios públicos y el primer acto de gobierno de Lopetegui fue abrochar a Techint (LN 27,28 y 29/1).

Tarifas

Según los anuncios hechos por el Gobierno, el aumento de las tarifas eléctricas, de gas y de transporte público será de 40% promedio, y superará ampliamente el 23% de inflación proyectado por la Casa Rosada para todo 2019. Visto más de cerca la luz aumentará un 55% en agosto del año que viene, impactada por las subas en el subte por un 44,8% y del gas en un 35% en el mes de abril. Antes, en marzo, los trenes acumularán una suba de 44,8% y los colectivos de 40% (LN 29/12). Estos aumentos impagables se vuelven aun más intolerables si se mira el rendimiento las compañías de servicios públicos prestatarias. Según un informe de la Universidad de Avellaneda, la tasa de ganancia de Edenor de 2018 fue del 88% en relación al patrimonio neto, seguida por Edesur, con un 60%, y Edelap, con un 18%. En el gas, la empresa Gas del Centro (Ecogas) obtuvo una rentabilidad del 64%, seguido de Gas Fenosa –norte y oeste del GBA– (47%), Camuzzi Gas Pampeana (33%) y Transportadora Gas del Norte –TGN-(6%) (P12 9/1).

Durante la era Macri las tarifas públicas acumulan ¡un delirante incremento del 3.500%! (desde inicios de 2016, 3.624% en energía eléctrica, de 2.401% en gas natural, y de 1.025% en agua potable de red). Mientras que en transporte las subas son del 1.118% en peajes, 601% en el boleto del tren, 494% en colectivos de corta distancia y un 322% en subtes. Otros aumentos como el ABL (+181%) o las prepagas (+155%) también se posicionan por sobre la inflación media acumulada desde 2016 hasta fines de 2018. El peso de las tarifas de servicios públicos sobre el salario promedio pasó del 6,1% en 2015 al 26% a la fecha. (Ver Ámbito Financiero 7/1)

La situación se está tornando tan grave que muchas cooperativas eléctricas del interior del país se niegan a aplicar las nuevas tarifas. “Las cooperativas sufrimos un alto grado de falta de pago por parte de los usuarios por los aumentos de estos últimos años y con este nuevo incremento dispuesto por Cammesa tendremos aún más morosidad”, señaló ayer José Bernardo Álvarez, presidente de la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas (FACE). Carlos Ciapponi, presidente de la Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza (CALF) anunciaba su desacato frente a Cammesa: “Acompañamos en su momento el sinceramiento de las tarifas propuesto por el Gobierno. Un 700, 800 por ciento podría ser algo razonable. Pero con este incremento nuestra tarifa queda un 1.800 por ciento por encima de marzo de 2016. Ya no es posible trasladar nuevos aumentos a los usuarios. Estamos financiando a nuestros usuarios, que no es que no nos quieren pagar sino que no pueden. No es una cuestión de rebeldía, es que no va a haber el dinero para pagar la energía. No estamos proponiendo la desobediencia sino planteando la preocupación por la posibilidad de incurrir en falta de pago por los elevados costos de la energía mayorista”. La decisión de la CALF, que brinda servicio a 88.765 usuarios de la ciudad de Neuquén, es no pagar el aumento del 38% en el precio de la energía mayorista que Cammesa aplicará desde el mes que viene: “El vecino de Neuquén que en marzo de 2016 pagaba 300 pesos por un consumo normal en una vivienda de clase media baja, hoy intenta pagar 5.400 pesos, y sin este aumento que se viene ahora. Este incremento que pretenden aplicar no está justificado técnica, económica ni socialmente” (P12 12/1). El desplante de las cooperativas se encuentra enmarcado en una acción más general que suma movilizaciones impulsadas por el Frente Sindical y la CTA en la ciudad de Buenos Aires y distintas ciudades del interior, más los cacerolazos convocados por las redes sociales que continúan sosteniéndose con regularidad a lo largo de todo el mes.


La cuestión electoral

A fines de 2018 se conocieron los resultados del coeficiente de Gini publicado por el Indec, que mide la desigualdad al interior de las sociedades, y arrojó resultados muy interesantes. El índice funciona de la siguiente manera: se expresa en un valor entre 0 y 1. Siendo cero la máxima igualdad (todos los ciudadanos tienen los mismos ingresos) y 1 la máxima desigualdad (todos los ingresos los tiene un solo ciudadano). Según el informe para el tercer trimestre de 2018 en comparación con igual periodo del año anterior no hubo prácticamente modificaciones en términos de desigualdad: 0,427 punto para 2017 contra 0,424 para igual mes de 2018. La novedad radicó en que “si bien todos los sectores perdieron, la aceleración inflacionaria y la destrucción de empleo impactan con más intensidad sobre los ingresos de los trabajadores asalariados registrados” (P12 21/12). La importancia de este hecho reside en que por primera vez se está constatando la alteración de una relación que acompañó los dos primeros años de gobierno de la Alianza Cambiemos y que revistió una gran importancia en la elección de medio término donde el macrismo logró afirmar su liderazgo político nacional.

En nuestro Análisis de Coyuntura de noviembre de 2017 se señalaban varios hechos: en primer lugar que el bloque dominante había logrado unificar tras de sí al grueso del empresariado local, fundamentalmente a través de la conducción ideológica de la AmCham y la ampliación del núcleo de la AEA; que, además, a través del gasto público (obra pública) financiado con el endeudamiento, bajo la estrategia denominada “gradualismo”, el Gobierno había logrado revertir la tendencia recesiva de la economía logrando un crecimiento del 3%; que eso, a su vez, había implicado la inyección de dinero al consumo popular, fundamentalmente de los sectores asalariados formales, lo que había propiciado una cierta estabilización en la caída del empleo. Todo esto –conjuntamente con otras medidas como el crédito hipotecario y el “Ahora 12”– le permitieron al macrismo construir en las capas de ingresos medios para arriba (deciles 7 a 10) la sensación de una recuperación económica y, lo que es más importante, disminuir drásticamente la afectación en sus ingresos a raíz del plan económico y la alta inflación que sí había impactado fundamentalmente sobre los sectores de ingresos medios a bajos. En el análisis se mostraba particularmente cómo la inflación durante el primer año y medio de gobierno Pro había afectado de forma muy desigual a los deciles altos, en contraposición a los deciles más bajos de la tabla. Mientras que los primeros sufrieron una inflación del 60%, los segundos rondaron el 80% sin considerar la batería de medidas arriba señaladas que reforzaron los ingresos de los más ricos y fueron prácticamente inexistentes entre los más pobres (Análisis de Coyuntura Nov 17, “Diferentes Montones”).

Pero ahora la cosa está cambiando. Según el Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET), dependiente de la UMET, la inflación interanual para los trabajadores fue del 47%. Desde enero de 2018 el poder adquisitivo de los asalariados cayó un 15,2%, mientras que ese mismo índice tomado desde fines de 2015 fue del 18,1% (en el medio hubo un fuerte desplome desde inicios de 2016 hasta el último trimestre de ese año y una recuperación persistente desde entonces hasta fines de 2017, para caer en forma sostenida). Los periodos en que el salario le “ganó”a la inflación se circunscriben únicamente a 2017, inician y finalizan con él. Si bien, durante 2018 la inflación siguió afectando más a los deciles más bajos de la escala salarial, la diferencia es mucho menos pronunciada que un año atrás (el decil 1 –los más pobres– sufrieron una inflación de 50,6% y el decil 10 –los más ricos– tuvieron un 47,2% de inflación mientras que el 9 un 45,1%). Y si consideramos tan solo el mes de noviembre la afectación fue prácticamente la misma para todos los asalariados (2,9%). En resumen,la carga del precio de las tarifas públicas, la devaluación del peso de más del 50% en un año, la destrucción del crédito, la pérdida de empleo formal, y la pérdida del poder adquisitivo por paritarias muy por debajo de la inflación, durante 2018 atacaron a un sector de los trabajadores y de la pequeña burguesía que no venía siendo tan afectado por las políticas macristas y que en gran medida constituían la base electoral del macrismo.

Si a esto le sumamos todas las fisuras que venimos analizando en los últimos meses como la fractura del Círculo Rojo, el resquebrajamiento de la relación con la Sociedad Rural Argentina, el cada vez más explícito enfrentamiento con la UIA, el enojo de CAME, la desesperación de las Cámaras Pymes, en un contexto económico de una profunda estanflación (recesión con alta inflación), realmente es poco lo que le queda al Gobierno de la oligarquía financiera, fronteras adentro, para sostenerse. Esto explica porqué los organismos del imperialismo actúan de forma cada vez más desembozada en las decisiones de gobierno que toma el poder ejecutivo nacional. El fundamento democrático se diluye tras el velo del intervencionismo extranjero. Pero además, las medidas de política económica que imponen los órganos del capital trasnacional afectan de manera creciente a más fracciones sociales, debilitando tendencialmente al Gobierno y a su programa colonial. En esta contradicción se manifiesta la tendencia decadente de la fuerza oligárquica imperial en nuestro país.



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