Revista Mensual | Número: Febrero de 2019
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Fuentes consultadas: EE.UU.: Wall Street Journal (WSJ). Gran Bretaña: The Economist (TE). Alemania: Deutsche Welle (DW); China: Xinhua (XH); Rusia: Russia Today (RT); Irn: HispanTV (HTV) Venezuela: Telesur (TS). Cuba: Cubadebate (CD). Argentina: Clarín (CL); Crónica (CA); Cronista Comercial (CR); La Nación (LN); Miradas al Sur (MS); Página 12 (P12); Tiempo Argentino (TA).
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Esto no es democracia, esto es otra cosa

Los amigos se cuentan con los dedos de una mano
Aunque la mona se vista de seda, mona queda
Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es re-medio
Algo habrán hecho
Juego de manos, juego de villanos
Dime con quién andas y te diré quién eres
El problema de género como expresión de algo mucho más grande
Toro en rodeo propio y torazo en rodeo ajeno
Va’cayendo gente al baile (o No hay dos sin tres)


Mientras se profundiza la crisis en el campo oligárquico, las fuerzas populares buscan el camino hacia una nueva democracia

Esto no es democracia, esto es otra cosa

“Aquí, Túpac Amaru, sigue en pie

Tu puño en alto vengará,

quinientos años de una cruz”

(Peteco Carabajal)

 

“La guerra es un grave asunto del Estado;
es un lugar de vida y muerte,
una vía hacia la supervivencia y extinción,
una cuestión que hay que reflexionar detenidamente”

(Sun Tzu)


Como advertimos en el artículo anterior, todos los datos económicos confirmaban la dureza de la crisis. Para los trabajadores y el pueblo el panorama era sombrío: paritarias por debajo de la inflación, continuidad de los tarifazos y profundización del ajuste.

Pero, como ya sabemos, las expectativas son distintas en relación a los distintos grupos sociales. Y el gobierno de Cambiemos, la última esperanza blanca de los grandes grupos económicos con intereses en la Argentina, empezaba a cumplir una tarea difícil: no satisfacer las expectativas de casi nadie.

El alejamiento definitivo de la UIA se desprendía de las declaraciones de Diego Coatz, su economista jefe: “Como mínimo, la industria lleva ocho años perdidos en la Argentina”. Decía que la apertura económica que realizó el gobierno era absolutamente inoportuna, en medio de una recesión, una altísima inflación, con un Brasil en crisis y “una energía cara, costos logísticos por las nubes y tasa de interés alta”. Coatz sentenciaba que “el producto industrial de 2018 va a cerrar en el mismo nivel que el exhibido hace una década” (LN 13/1).

Las palabras del economista de la UIA marcaban el desastre económico que significan para los industriales las políticas del Gobierno. Pero no se quedaba ahí, sino que además repetía el credo de los industriales bonaerenses. El problema no era producir, porque “somos los mejores de América Latina”, sino los costos fuera de la fábrica, como la cuestión tributaria, la litigiosidad y la logística (LN 13/1). La fantasía de que si el Estado los dejara, competirían con las potencias de igual a igual.

En pocas palabras, el industrial, además de quejarse, delineaba las políticas que necesitaba: reforma laboral, combate a “la industria del juicio”, quita de impuestos e inversiones en infraestructura. Nada distinto a los ejes del plan del Gobierno. Pero entonces… ¿por qué alejarse? Porque si bien entre todo el arco de los dueños del capital hay acuerdo en la necesidad de absorber porciones cada vez más grandes de trabajo ajeno para engrosar sus ganancias, donde hay cada día menos coincidencia es en el reparto de esa riqueza que produce el conjunto de los trabajadores. Justamente por el hecho que venimos constatando y siguiendo mes tras mes en esta publicación: esa riqueza producida (valor) es cada vez menor, debido a la baja incesante del tiempo de trabajo necesario para producir cada mercancía, hecho que vuelve más y más feroz la puja por qué sector de la clase propietaria se queda con la porción más grande de una torta que se va convirtiendo día a día en un pequeño budín.

Y este hecho, esencial y global, tiene su expresión política particular en cada parte del mundo.

A fines de diciembre y principios de enero, parecía consolidarse un escenario complicado para las necesidades de los propietarios del país. La mayoría de las encuestas decían, por primera vez desde que gobierna Macri, que CFK superaba en imagen positiva al presidente −45% contra el 42%− y que Macri superaba en imagen negativa −57% contra 53%− a la ex presidenta (LN 13/1). Los datos, aportados por Joaquín Morales Solá, acérrimo enemigo de los kirchneristas, significaban que Cambiemos, y Macri en particular, tenían serias dificultades, primero, para garantizar una victoria electoral que cierre el camino a un regreso del tan temido populismo y, segundo, para lograr una acumulación de poder que permita alcanzar las reformas que no pudo realizar en 3 años de gobierno. La causa de los cuadernos, además, había roto lazos entre el empresariado local y la dirigencia política.

Los amigos se cuentan con los dedos de una mano

Con esta situación de debilidad, las críticas del sector radical que venimos analizando hace meses se convertían en abierto faccionalismo. Los más lejanos comenzaban a desprenderse. Ricardo Alfonsín impulsaba la candidatura presidencial de Lousteau, afirmando que Macri no es el “candidato natural” de Cambiemos y que la alianza debía ir a las PASO con diversas candidaturas (P12 9/1).

También planteaba abiertamente su intención de presentarse a elecciones José Luis Espert, economista ultraliberal que aconsejaba al Gobierno en sus inicios. El ex defensor de Macri decía que “si la Argentina no cambia, no tiene ningún futuro. O tiene este futuro miserable que nos propone Cristina o Macri. (…) Macri ha sido una gran decepción. Es el arquetipo del empresario prebendario argentino como fue su padre. (…) Está terminando su mandato con menor nivel de actividad, más inflación y más pobreza que Cristina y con muchas medidas kirchneristas, como las retenciones, el impuestazo, Ahora 12, Precios Cuidados, los piqueteros subidos a la mesa del Gobierno” (CR 21/12).

Las palabras de Espert marcaban el hecho capital que rige la política nacional por estos días. El gobierno liberal pro-imperialista de Cambiemos no logra caminos democráticos para realizar su programa, porque el mismo sólo atiende a las necesidades de mínimos sectores de capital extranjero. Además, avanza demasiado lento, siempre dando concesiones que a mediano plazo vuelven a ponérsele en contra. Es muy lento para las necesitadas fauces del capital trasnacional y también para la extremada falta de productividad de los grupos locales. Por ello, aparece en la conciencia de uno y otro sector que su gestión ha sido un absoluto fracaso. No obstante, no se trata de “fracaso”, sino de la imposibilidad objetiva, por parte del gran capital imperialista, de continuar reproduciendo −y por lo tanto conduciendo políticamente− al conjunto de los sectores del capital. Esa imposibilidad objetiva en el plano de la estructura económica de la sociedad se traduce en la superestructura política y jurídica como “falta de tiempo” por parte del imperialismo para vertebrar un programa que logre sostener su hegemonía. Economía y política no son más que dos caras de un mismo movimiento de la sociedad.

El temor oligárquico crecía. Como había avizorado La Nación en el comienzo del Gobierno, si no lograba derrotar definitivamente la resistencia sindical, podía ser un paréntesis entre dos gobiernos populares.

Como venimos analizando, Cambiemos es un experimento que se basa en instalar en la población la idea de que es un gobierno “antipolítico”, de “pura gestión” y “desideologizado”. Y tuvo relativo éxito apoyado en la debacle de los partidos políticos y en la idea, instalada en vastos sectores de la sociedad argentina, de que “toda la política es sucia”, cáscara que envuelve todo el proceso expropiatorio de las grandes masas que venimos señalando. Todas sus posibilidades de sostenerse en el Gobierno se hallan en que las masas no identifiquen dicho proceso de expropiación. He aquí la clave de la “militancia anti-política”. Pero es el propio movimiento de la realidad el que en empuja a las masas en la dirección contraria. La estrategia basada en el “voto castigo” se disuelve cuando el estratega es objeto del mismo.

Todo esto mostraba un horizonte sin Cambiemos. Por lo tanto, continuaban las especulaciones para cambiar las reglas de juego, en beneficio del gobierno oligárquico. Circulaba en distintos medios la intención de la gobernadora María Eugenia Vidal de adelantar las elecciones. Por un lado, avanzaban en negociaciones con el massismo para separar la elección de gobernador de las de intendentes (LN 5/1). Esto por el pánico que genera, en la adelgazada “avenida del medio”, que los intendentes propios se acerquen a CFK para no ser derrotados por el arrastre de la ex presidenta. En este contexto, el intendente de Tigre, Julio Zamora, delfín de Massa en el municipio, cuyos concejales salieron cuartos en la elección de 2017, decía aspirar a que “Massa y Cristina Kirchner puedan acercarse en una propuesta electoral” (CL 15/1).

Sin embargo, esa opción no era la única. También circulaba la posibilidad del desdoblamiento de la elección presidencial de la de gobernador. Esto era empujado por el hecho de que en algunos sectores del conurbano Macri no mediría más del 20% (P12 6/1). De esa manera, se intentaría sostener la provincia, alejándola de una eventual derrota a nivel nacional. Y hasta se especulaba con una posible candidatura a nivel nacional de María Eugenia Vidal, si es que la figura de Macri terminaba de caer.

Sin embargo, como dijimos en el Análisis… anterior, organizar sus propios comicios le demandaría a la provincia de Buenos Aires al menos $ 2.789.800.000 (CR 4/12) y además la Junta Electoral de la provincia definía que las elecciones para gobernador y para intendentes no se pueden desdoblar, conforme lo estipulado por la Constitución de la provincia en el artículo 135 (LN 22/12). Además, tomar esa decisión era virtualmente abandonar a Macri en la elección nacional, con el riesgo de sufrir una paliza histórica.

Pero las especulaciones en la provincia de Buenos Aires eran sólo un botón de muestra. 9 provincias desdoblaban sus elecciones de las presidenciales. La Pampa, Neuquén, Córdoba, Chubut, Tucumán, Salta, Formosa, San Luis y Santa Fe. Además, la Ciudad de Buenos Aires evaluaba unificar las elecciones locales con las nacionales. Los otros gobernadores de Cambiemos, el jujeño Gerardo Morales y el mendocino Alfredo Cornejo, no confirmaban todavía sus respectivos calendarios pero no descartaban sumarse a la ola de separación de las contiendas locales respecto de la nacional (Diario Popular 6/1).

La especulación era simple: separar de la elección nacional las provincias que bajen el caudal de votos de Macri y unificar las que sirvan para sumar votos. En medio de eso, los gobernadores intentaban alejarse de los daños causados por una polarización que no jugaba en pos de apuntalar sus respectivas reelecciones.          

Pero los intentos de cambiar las reglas de juego continuaban. El gobierno nacional anunciaba que la firma venezolana Smarmátic, enfrentada de plano al gobierno bolivariano, sería la encargada de digitalizar el resultado de las elecciones de octubre (LN 10/1, BBC 2/8/2017). En medio de los intentos de golpe en Venezuela, esto era casi la confesión de un fraude.

La oligarquía, con apenas 3 años de gobierno, parecía ir preparando su tradicional “fraude patriótico”.

De fondo, estaba la debilidad para construir consensos en el marco del ataque permanente a diversos sectores. Y una fabulosa crisis de los partidos políticos que no lograban construir una estructura nacional. Con cada vez menos aliados y con el sostén cada vez más burdo del imperialismo, seguía el derrotero de Cambiemos.

Aunque la mona se vista de seda, mona queda

Con las tremendas dificultades para darle continuidad a las necesidades del gran capital que tiene Cambiemos, se intentaba construir un tercero en discordia. Una nueva salida, que permita “darle tiempo” a la entrega. Como venimos analizando, el peronismo “federal” o “racional” intentaba ser un método más para fracturar al sector peronista que se opone a la continuidad de Cambiemos. Pero la debilidad de Macri cambiaba en parte la situación.

En el primer encuentro anual de AEA −que contó con la presencia Paolo Rocca, José Cartellone, Héctor Magneto (Grupo Clarín), Luis Pagani (Arcor), Gustavo Grobocopatel (Los Grobo), Cristiano Rattazzi (Fiat Auto), Alberto Grimoldi, Federico Braun (La Anónima), Roberto Alexander (IBM), Jaime Campos, Carlos Miguens y Martín Migoya (Globant)−, que sirvió para reelegir en asamblea a Campos por otro período al frente de la entidad, el octogenario intelectual Natalio Botana decía que las razones de que la Argentina “tuviera una democracia de baja calidad obedecían en parte a que tenía un sistema de partidos políticos débiles. Y que entre las soluciones se requeriría, por ejemplo, mejorar el PJ” (LN 20/12). Entre líneas, se esbozaba que debía pensarse en una alternativa al macrismo para perpetuarse. Es decir que debía construirse, otra vez, una vía por dentro del peronismo, para aplicar el plan neoliberal. En ese marco, se lanzaba la candidatura de Lavagna y también de Scioli, figuras más conciliadoras con los intereses empresariales (CL29/12/18, PERFIL 12/1). Pero también de inducia a jugar por adentro de la gran interna peronista a personajes como Massa o Urtubey.

Además, seguía intentándose articular la llamada “alternativa federal”. Al que se sumaba un no peronista, Gerardo Zamora, gobernador de Santiago del Estero, contado entre los entonces llamados “radicales K”. A mediados de diciembre, se reunían Juan Schiaretti, Juan Manuel Urtubey (Salta), Juan Manzur (Tucumán), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Domingo Peppo (Chaco), Mariano Arcioni (Chubut), Sergio Casas (La Rioja), junto con Zamora (intendente de Tigre) y Sergio Massa (CL 20/12/18).

En el marco de estos encuentros, Juan Manuel Urtubey presentaba un documento titulado “Argentina Federal: una salida al fracaso del presente y del pasado”, con el que intentan presentarse como una alternativa tanto al macrismo como al kirchnerismo. “Es una satisfacción enorme saber que gobernadores, intendentes y legisladores entienden que el camino de la Argentina es a futuro. Un nuevo gobierno que plantee la posibilidad de que no caigamos en la trampa de que el presente se resuelve con el fracaso del pasado”, decía el gobernador salteño (P12 20/12/18).

Con fuertes declaraciones, Urtubey y Massa, cómplices necesarios del pago a los fondos buitre, intentaban mostrase como alternativa. El primero decía que “el Gobierno fracasó. El pasado y el presente de la Argentina nos llevaron juntos, de la mano, a ese fracaso (LN 20/12/18). Pero sólo unos meses antes había dicho: “Voy a ser aliado del Gobierno hasta el último día de gestión (Perfil 22/7/18). Massa no se quedaba atrás, declaraba que “Macri no acertó en ni una sola medida que tomó”, mientras votaba el presupuesto nacional y provincial y negociaba un mecanismo electoral que sostenga al Gobierno.

La oposición cipaya de Pichetto, Urtubey y Massa se remataba con el reconocimiento expreso del autoproclamado presidente venezolano Guaidó, que mostraba el nivel ridículo de sumisión al imperialismo que estos mercachifles de la política esbozaban.

Todos estos candidatos −que no llegaban al 11% de la intención de voto según las encuestas (CL 8/12/12)− traían otro peligro para la oligarquía. Fogoneados por los medios y la embajada de EEUU para fracturar al frente peronista, cada vez más corrían con la posibilidad de fracturar al macrismo. A propósito, uno de los directores de la consultora Poliarquía, Sergio Bersztein, advertía a oficialismo a través de una analogía con las elecciones de 1992 en EEUU. Recordaba que allí George Bush (padre) “perdió su reelección porque la mentada recuperación no era percibida por la sociedad. Y porque un tercer candidato, el empresario Ross Perot, dividió el voto republicano, facilitando el triunfo demócrata. Lecciones de la historia que deberían tomarse en cuenta”. Todo esto seguía achicando el margen para la salida institucional.

En ese marco, con muchos de sus subordinados pidiendo que se siente con CFK, Massa decía estar “dispuesto a dar un paso al costado” para derrotar a Macri. Aclaraba que “Con Lavagna vamos a ser parte de la solución de los problemas de la argentina”, sin darse cuenta de que su aliado se volvía presidenciable y él descartable (LN 22/12/18).

Todas estas opciones no escapan a lo que venimos analizando hace meses, un sector del poder económico pretende organizar un “peronismo” a su imagen y semejanza, genuflexo a sus intereses.


Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio

Pero más allá de las especulaciones electorales y los movimientos de las clases que expresan, hay un dato objetivo. En 2020, salvo que medie un crecimiento inusitado del PBI, se necesitará financiamiento extra para sostener los compromisos financieros (CR 21/12/18). Con el leonino FMI no alcanza, y a él se recurrió porque “los mercados” no quisieron prestar más.

Desde el punto de vista imperial, es obvio. La deuda es la condición para la entrega que permita a los monopolios hacerse con nuestros recursos estratégicos. Por lo tanto, debe ser impagable. Pero lo obvio del método de la entrega no hace menos cierto que el modelo tenga la fecha de cierre puesta. Como ya dijimos, el imperialismo no tiene tiempo y orquesta la pócima para una gran crisis. Además, los operadores económicos sostienen que la simple sospecha de un triunfo del kirchnerismo preanuncia una nueva corrida cambiaria que terminaría en un nuevo default de la deuda, quizás en 2019.

Sin pelos en la lengua, el ex presidente interino Eduardo Duhalde anticipaba: “Un gobierno de esas características [kirchnerista] no sólo que no va a ser ayudado sino que sería atacado de forma internacional” (LN 20/1).

Es decir que se configura un escenario donde el sostenimiento de los compromisos financieros obliga a una renegociación de la deuda y a un cambio de escenario político.

¿Pero puede el imperialismo yanqui −en medio de la profunda crisis interna derivada del congelamiento del presupuesto y en medio del más burdo intento de intervención en Venezuela, con el Papa Francisco declarando que los pueblos de América Latina “no son el patio trasero de nadie”, con AMLO gobernando México− prescindir del cipayo gobierno de Macri? ¿Qué consecuencias tendría en su disputa mundial con China y Rusia?

Esta encrucijada en la que se encuentra el imperialismo demuestra los apoyos desmedidos de las potencias al mentiroso gobierno de Cambiemos.

Así es cómo a la alianza gobernante no le queda más que morir con las botas puestas. Avanzar en el enfrentamiento, mostrándose como una alternativa al populismo. La otra opción, realizar un repliegue ordenado y contraatacar con la guerra económica, es por demás peligrosa. Por lo tanto, no queda más que reinstalar la propuesta de la reforma laboral, el avance en la política de control de la Justicia y de aumento del aparato represivo. A pesar de que columnistas de La Nación −como Claudio Jacqueline− indiquen que “las reformas estructurales deberán esperar a otro gobierno”, por la debilidad política de este y la cercanía con las elecciones (N 31/12/18), esa opción no le garantiza nada a Cambiemos.

Pasemos ahora cómo fue el combate en la arena judicial.

Algo habrán hecho

Como sabemos, la política económica del gobierno beneficia al capital financiero trasnacional y a distintos especuladores, acelerando la tendencia a la concentración económica propia del capitalismo en su etapa imperialista. El endeudamiento y la altísima tasa de interés que intenta atar el precio del dólar son sólo una muestra de esta situación. Todos estos hechos empujan a una lucha facciosa entre los sectores empresarios, que se profundiza por la recesión económica .Como venimos analizando, las “causas de corrupción” que en un principio parecían destinadas a encarcelar políticos “populistas”, pero que pronto demostraron ser (tanto en Brasil como en Argentina) un método para acelerar la competencia capitalista en favor de los grupos norteamericanos chocaban con partícipes necesarios de la entrega. Esta situación tan delicada había llegado a poner en el banquillo de los acusados al hermano del presidente de la nación, Gianfranco Macri, a Aldo Roggio y hasta a Paolo Roca, titular de Techint.

En diciembre, esta situación cambiaba; se les dictaba la falta de mérito como miembros de la “asociación ilícita” a varios empresarios procesados, que pasaban a ser acusados solamente por “cohecho”, es decir, por pagar coimas, no por orquestar una cartelización de la obra pública que les permita manejar determinados ámbitos del aparato estatal en su beneficio. Entre los beneficiados estaban Ángelo Calcaterra (primo del presidente Mauricio Macri y ex CEO de la empresa Iecsa), Aldo Roggio, Gabriel Romero, Armando Loson, Hugo Antranik Eurnekian, Luis Betnaza (Techint) y Juan Carlos de Goycoechea, entre otros (P12 22/12/18). Además, la justicia declaraba que Franco Macri estaba inhabilitado para declarar por su estado de salud (P12 5/1).

Todo a pedido y a medida de Macri, Cambiemos, Clarín y sobre todo: el desastre de la economía. Partido Judicial a la carta”, sentenciaba CFK en una carta pública (21/12/18). La justicia parecía ponerle un coto al ataque al empresariado local y esto significaba que el oficialismo debía negociar con los grupos locales, que hasta hace un tiempo pretendía llevarse puestos, en concordancia con las necesidades del capital más concentrado a nivel global.

Estos fallos favorables a miembros indudables del “círculo rojo” habían sido precedidos por la fuerte interna que vive la Corte Suprema de Justicia. Su flamante presidente Rosenkrantz −ex abogado de Clarín y de la asociación empresaria que nuclea a los grupos económicos más grandes (AEA), y por ende vinculado a la embajada norteamericana−, designado por pedido del presidente Macri, seguía siendo ninguneado por la mayoría de hecho que formaban Lorenzetti, Maqueda y Rosatti, que habían recortado sus atribuciones (ver Análisis… anterior). Además, la Corte fallaba reiteradamente contra el gobierno nacional, declarando inconstitucional el nuevo cálculo de aumentos jubilatorios en el caso del jubilado Orlando Blanco, dejando a Rosenkrantz votando en soledad en favor de la posición del gobierno. Y habilitando unos 150 mil juicios más.

La Corte tomaba además la novísima práctica de avisar, mediante una agenda, la temática de los fallos que va a realizar. De esta manera, marcaba la agenda política al Gobierno, manejando los tiempos de sus negociaciones. Recordemos el vínculo que existe entre el grupo Clarín y la embajada norteamericana.

La fractura abierta en las alturas del supremo tribunal es otra muestra de la pelea facciosa entre sectores del capital propio de la etapa monopolista del mismo. Una mayoría “de hecho” que contradice los lineamientos que trae su presidente habla a las claras de capacidad de pelea que mantienen aún numerosas facciones medianas del capital, hasta el punto de interferir en la aplicación del presupuesto nacional.

En medio de esta vasta degradación, la justicia continuaba a su vez la persecución contra opositores.

Milagro Sala era absuelta por varias causas penales graves, dado que no podían probar que hubiera contratado sicarios para matar a nadie en la llamada “balacera de Azopardo”. Su abogado Gómez Alcorta decía en su alegato que en todas las acusaciones contra la dirigente pasaba lo mismo: “Se trata de hechos en los que ella no tuvo intervención directa, sino que aparece una persona que dice que ella ordenó a otra persona hacer algo. Siempre vemos que esa persona es inmediatamente beneficiada y la situación de mi asistida, agravada. (…) No hay posibilidad alguna de alcanzar una certeza, de probar la participación de Sala en el intento de homicidio (de Cardozo)”, ya que “el único testimonio (que podría funcionar como prueba) es Páes, al que declarar le genera un beneficio a sí mismo y que no ostenta ninguna credibilidad” (P12 20/12/18 y CL 27/12/18). En otra causa: “La fiscalía no logró determinar efectivamente cuándo ni cómo se cometieron esos supuestos delitos. Sólo se basa en testimonios de denunciantes que acabaron beneficiados por el gobierno de Jujuy tras haber involucrado a Milagro”, apuntó uno de los abogados de la referente de la Túpac, Luis Paz.

Pero, a pesar de esta absolución, Milagro Sala también era condenada a 13 años de prisión, por malversación de dinero público. Luego de la sentencia, Milagro Sala declaraba: “Si ya me lo esperaba yo, si sabía que Gerardo Morales había estado reunido el fin de semana con jueces y fiscales ajustando bien las tuercas de este plan que me tiene encerrada desde hace tres años. (…) Es la única manera que tiene este delincuente de seguir en el poder. Hace todo esto porque tiene miedo, porque no quiere que le compita por la gobernación y le gane”. En referencia a las juezas de la Corte, decía: Ellas saben. Ellas saben que no actuaron bien, ellas saben que son cómplices del mal actuar del gobernador, que sólo quiere continuar con sus negocios, que responde a otro poder aún mayor, que es el de Carlos Blaquier (el dueño de Ingenio Ledesma, empresario denunciado por organismos de derechos humanos locales y la Túpac por su responsabilidad en delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en Jujuy), que siempre apoyó y sostuvo al poder político de turno. Pero ahora el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo de Morales tienen negocios en común y actúan acorde les conviene. Y hoy les conviene que todos los que desde la Túpac luchamos por darle dignidad al pueblo jujeño estemos encerrados. (…)Tiene miedo de quedarse sin la cobertura que implica estar al mando del Gobierno, de tener la Justicia a su favor apuntando para donde él quiere menos hacia los delitos que él y sus cómplices cometen. Porque el verdadero delincuente es él. Con el narcotráfico, por ejemplo. Acá todos sabemos quién trafica droga. (…) No sé qué tiene que pasar, porque esta gente no le teme a nada ni escucha las advertencias de nadie. Han venido a visitar Jujuy organismos internacionales para pedir explicaciones por lo que Morales hizo con nosotros, y ni se mosqueó, porque sigue haciéndolas. Es necesario que alguien ponga el freno para que Jujuy no siga sufriendo (…). Antes de que Morales fuera gobernador, a los niños se los veía en piletas, disfrutando del sol y de los juegos en verano, en nuestros parques. Ahora, luego de los convenios que el Gobierno ha firmado, a los niños y niñas se los ve trabajando en plantaciones de tabaco. Eso tiene que dejar de ocurrir. (…) Porque esto que estamos viviendo no es democracia, esto es otra cosa (P12 16/1).

La formulación de Milagro no es azarosa. Comienza a aparecer de a poco en sectores de la dirigencia nacional y popular algunos elementos de comprensión acerca del verdadero fundamento del gobierno de Cambiemos. De su carácter históricamente antidemocrático y de la profundización de dicho carácter a medida que su descomposición avanza. Este es un elemento esencial en el proceso de toma de conciencia por parte del pueblo de la necesidad de construir una democracia diferente y contraria a la del capital. Sin ir más lejos, la Túpac había iniciado un camino en dicha dirección. Y este empezar a comprender este carácter que tiene intrínsecamente el enemigo es también un punto de partida para comenzar a comprender el carácter de la propia construcción política y los límites que tuvo el proyecto nacional y popular en el gobierno durante 12 años.

Un hecho más mostraba el carácter absolutamente degradado del aparato judicial. A fines de diciembre era encarcelado Facundo Daelli, por escrachar en público al fiscal Germán Moldes. El joven que lo reconoció tomando un café grabó un video mientras le gritaba al fiscal “Corrupto, coimero, no vas a salir más a la calle, asesino”. El joven pasó varios días detenido.

Ahora recordemos sucintamente quién es el fiscal Moldes. Ex secretario de gobierno de Menem, fue acusado de participar en el tráfico de drogas y armas con Monsher al Kassar en los 90 y participar en el encubrimiento del atentado a la AMIA. Además fue acusado por Jorge Rachid, secretario de prensa de Menem, de ofrecerle una valija con dólares para que digitara la privatización de Canal 11 en favor de Silvio Berlusconi y Franco Macri. Moldes el año pasado fue el encargado de pedir el desafuero de CKF, para cumplir con la prisión preventiva pedida por él. Allá por el 2016, Jorge Rachid reveló el intento de coima que sufrió por parte de Moldes, aclarando que lo hacía público “para que los jóvenes sepan de dónde vienen estos personajes que ahora, como delegados de la embajada de los Estados Unidos, quieren sacar del escenario a la ex presidenta. El juez (Claudio) Bonadío integraba el mismo grupo” (P12 9/10/16).

Todos estos hechos marcaban cómo el Poder Judicial es intrínsecamente un arma de defensa de los intereses de los poderosos. Y al mismo tiempo cómo vive un caos absoluto, fruto de la lucha que enfrenta a diferentes grupos dentro de los propietarios del país.

Pero analicemos ahora cómo continuaron los avances en la política represiva.

Juego de manos, juego de villanos

Con una economía decrépita, poco quedaba para levantar a la opinión pública, más que la idea de que la “mano dura” iba a poner en orden al país. Esta es una de las grandes razones por las cuales el personaje de Patricia Bullrich es fogoneado por el oficialismo. Bajo su ministerio, medidas de corte punitivista como la restitución a las fuerzas de seguridad de miembros apartados por gatillo fácil, tortura, etc., la compra de pistolas tasser y ahora el proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad, buscaban mostrar una lucha decidida contra la inseguridad (P12 8/1). Con socios como el fiscal Moldes poco puede esperarse en una lucha contra el narcotráfico, pero el efecto mediático continuaba.

Apoyándose en los sectores más conservadores de la sociedad, intentaba culpabilizar de la violencia a los jóvenes, para utilizarlos como chivo expiatorio y obtener alguna ganancia electoral. Nada se decía del dato de que, en 2017, sobre 221 acusados de homicidio, sólo 7 eran menores, el 3,17 por ciento. Ni de la necesidad de contener a una sociedad con una vastísima “población sobrante”, donde el 24,6% de los jóvenes no tienen empleo (Ámbito Financiero 2/7/2017) y donde el 70% de jóvenes que no estudian se concentran en el conurbano bonaerense, la región más populosa del país (infocielo 30/6/2018).

Además, avanzaba la estrategia de la “guerra contra el narcotráfico”. En un operativo de la Policía Federal, realizado en la Villa Tranquila, en Avellaneda, se atacó a vendedores de droga minoristas con una tanqueta usada durante el G-20, mientras unidades especiales tomaban el barrio. Se hacía público que en los próximos meses se pondrá en marcha el Grupo Operativo Conjunto de Lucha contra el Narcotráfico del Noreste Argentino y se constituirá una unidad que tendrá como misión identificar potenciales grupos terroristas instalados en la zona conocida como la Triple Frontera. También está prevista la apertura de comandos unificados de fuerzas federales en Mendoza y Entre Ríos, además de fortalecerse los establecidos en las ciudades de Santa Fe y Rosario. Es decir, se llevaba adelante el plan norteamericano de militarizar la policía y construir un enemigo interno que justifique no solamente el gasto excesivo en el área, sino la constitución de grupos policiales con gran capacidad para la represión interna.

Es decir, se continuaba la preparación de las fuerzas de seguridad para la ocupación del territorio, en previsión de una situación de pueblada que se huele cada día de manera más penetrante.

Pero no todo eran tiros. La Nación hacía pública la metodología con la que Carolina Stanley había administrado su influencia en los grupos de desocupados para frenar las protestas en diciembre. Decía la Tribuna de Doctrina, explícitamente: “En la cartera que conduce Carolina Stanley analizaron entonces los potenciales peligros sobre la base de tres sectores. (…) 1. Las organizaciones sociales de buena relación con la Iglesia. En el Gobierno los llaman ‘los cayetanos’, porque empezaron a congregarse en 2016 todos los 7 de agosto en marchas desde ese santuario de Liniers. Los funcionarios decidieron intensificar los contactos con el Episcopado, en cuya órbita sigue operando Juan Grabois, secretario de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), convencidos además de que el envío de fondos a estas entidades actuaría seguramente como incentivo adicional e implacable. 2. Las organizaciones kirchneristas. En el Gobierno están convencidos de que la aspiración de llegar a las elecciones de octubre próximo con posibilidades de ganar disuadió a Unidad Ciudadana de aprovechar el conflicto callejero. (…) Andrés Larroque, uno de los líderes de La Cámpora, [decía]: (…) ‘A diferencia de 2001, hoy hay canalización política: está Cristina como horizonte de salida. Eso mengua la posibilidad de un estallido’ (…) 3. Las organizaciones de izquierda. El Gobierno consideró en todo momento que, si bien siempre estuvieron y están en condiciones de provocar incidentes, carecen de volumen y de ‘estrategia de conflicto abierto’ (…). La estrategia se completó con el reparto de cuantiosos recursos en el conurbano: desde el Ministerio de Desarrollo Social se enviaron a los 39 municipios más candentes de la provincia de Buenos Aires unos 1500 millones de pesos por mes en concepto de planes sociales por fuera de la Asignación Universal por Hijo. (…) Celebran haber tenido en diciembre una baja significativa en los homicidios, aunque lo atribuyen en parte a condiciones meteorológicas: en las dos primeras semanas del mes, el frío y la lluvia disuadieron a vecinos de zonas marginales de sacar sillas y mesas a la vereda, ámbito donde no siempre se convive en armonía” (LN 29/12/18).

La cita nos permite reconocer cómo la oligarquía piensa la cartera de Desarrollo Social como un ariete político para contener las protestas de los sectores más golpeados, repartiendo recursos en momentos de tensión. Cómo piensa a las organizaciones populares como sujetos peligrosos y a los momentos de encuentro entre trabajadores en los barrios como posibles focos de tensión. Un gorilismo propio de la oligarquía.

En este marco, se elevaba a juicio oral la causa por el asesinato de Rafael Nahuel. El juez Leónidas Moldes, ex consejero del Consejo de la Magistratura, consideró que los prefectos Francisco Pintos, Juan Obregón, Sergio García, Sergio Cavia y Carlos Sosa incurrieron en el delito de “homicidio agravado en legítima defensa”, al interpretar que la muerte del joven sucedió en el marco de un enfrentamiento. El abogado de los jóvenes mapuches, Matías Shraer, definía la decisión del juez como “un aval a la teoría del enfrentamiento, que es una especie de teoría de los dos demonios”. En ningún momento se encontraron armas del lado de los mapuches (P12 10/1).

Además, la sede central del Partido Justicialista de La Plata sufrió un ataque con arma de fuego. Fuentes policiales dejaron trascender que las balas que rompieron un blíndex podrían provenir desde adentro del local hacia afuera, pero el presidente del PJ de La Plata Lugones contradecía la versión oficial: “Hemos recibido nuevamente un ataque que demuestra el estado de violencia de algunos sectores intolerantes de cara a la proximidad de las elecciones. Cuando fue el primer balazo en la sede, pensamos que era un acto de vandalismo, pero ya creemos que es algo más grave” (LN 8/1).

Para colmo de males, se aprobaba una ley que beneficiaba al grupo Clarín, permitiéndole no hacer público y único el precio en el que vende el papel prensa a otros diarios. De esa manera, como productor del insumo básico de los diarios puede imponerle tremendas cargas económicas a sus competidores, controlando las voces (LN 19/12).

Todos estos hechos demostraban cómo la política de seguridad estaba destinada a contener la protesta social, y prepararse para responder violentamente a un estallido social.

Dime con quién andas y te diré quién eres

Con esta política de “seguridad” no era difícil saber quién susurraba al oído del gobierno argentino. Pero los posicionamientos internacionales seguirían superando el límite del cipayismo, en el marco de tensiones que podrían derivar en una guerra de dimensiones continentales.

Luego de aceptar virtualmente la autodeterminación de la población inglesa implantada en Malvinas el mes pasado, entre fines de diciembre y enero el gobierno no paró de olvidar su pertenencia latinoamericana, mostrándose como un firme aliado en la lucha yanqui contra Venezuela y Nicaragua.

En el caso del país centroamericano, el gobierno removía al embajador, alegando que la medida era en protesta por la represión que el gobierno nicaragüense lanzaba contra diversos grupos opositores (LN 20/12/18).

En relación con Venezuela, luego de la payasesca autoproclamación de Juan Guaidó en Venezuela –digitada por el Imperio yanqui−, el gobierno argentino fue uno de los primeros en reconocerlo, avalando un nuevo mecanismo de Golpe de Estado, que no respeta la soberanía ni las instituciones del país Bolivariano. Y se apoya en las armas y el peso económico de EEUU (Perfil 23/1).

Nada dijo la cancillería argentina sobre el tremendo bloqueo que sufre Venezuela por parte de EEUU, ni por las amenazas de invasión. Tan similares a las realizadas anteriormente contra Afganistán, Irak, o las más cercanas en el tiempo, Libia o Siria.

Pero el gobierno argentino no fue el único grupo a nivel local que apoyó a la “estúpida marioneta” que colabora con la guerra del imperio contra los pueblos del mundo. También lo hacían Miguel Ángel Pichetto, Juan Manuel Urtubey y Sergio Massa, para borrar toda duda sobre su filiación pronorteamericana (Ámbito financiero 23/1).

En cambio, mostraron su rechazo otros muchos políticos y sectores. Pero aquí vale una aclaración. Algunos rechazaron la injerencia norteamericana sin defender al gobierno de Maduro, mientras otros hicieron ambas cosas. En el primer grupo estuvieron Alberto Fernández (hoy nuevamente cercano a CFK) y Eduardo Duhalde.

Andrés “Cuervo” Larroque, Luis D'Elia y Juan Grabois se expresaron en los medios a favor de Maduro. Aunque CFK no apoyo públicamente al presidente legítimo de Venezuela, Larroque era tajante “Fueron irresponsables las declaraciones de los dirigentes peronistas que salieron a apoyar a Guaidó. (…) Lo que pasa en Venezuela es un golpe comandado por Estados Unidos” (La Voz 24/1).

En este contexto, todo hace pensar que no hay margen para unas elecciones limpias en octubre. Las necesidades del Imperio ante su desmoronamiento aparecen desnudas. No tienen margen para soportar otra vuelta de un gobierno popular en la recaldeada América Latina.

En este contexto, analicemos los movimientos que realizó el mes pasado el frente nacional.

El problema de género como expresión de algo mucho más grande

La discusión sobre la legalización del aborto destapó otra mucho más profunda y general sobre el rol subordinado de la mujer en la sociedad, el patriarcado y la violencia de género como una forma particular de la violencia que es constitutiva de la sociedad de clases, punto de partida histórico del sistema patriarcal.

Ese proceso iba a escalar un nuevo peldaño luego de que una actriz, Thelma Fardín, denunciara haber sido abusada por el famoso actor Juan Darthes, cuando sólo tenía 16 años.

Más allá del caso puntual, la denuncia pública destapó una olla a presión en la sociedad. La línea Nacional Contra el Abuso Sexual Infantil registró un aumento del 240%: de 16 diarias paso a 55. La línea 137, que acompaña a víctimas de violencia familiar y sexual en la Ciudad de Buenos Aires, registró un aumento del 18% (de 626 a 736) (Infobae 13/12/18).

A nivel de la participación política, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género −una ONG financiada por la CEPAL, la embajada de Estados Unidos, la ONU y la UE entre otros muchos organismos− indicaba que El 64 por ciento de las mujeres políticas fueron amenazadas o intimidadas durante el ejercicio de sus funciones, al 58 le impidieron que asista a reuniones importantes o en las que se toman decisiones relevantes, al 53 le restringieron el uso de la palabra en reuniones o sesiones, e incluso un 27 por ciento percibió un ingreso salarial menor por su condición de género. “Las respuestas de las entrevistadas permitieron identificar diversos factores que disuaden a las mujeres de participar en política. Principalmente se trata de elementos culturales tales como las responsabilidades familiares (91 por ciento); la cultura dominante y la concepción del rol de las mujeres en la sociedad (89) y la falta de apoyo por parte de los hombres (76). En menor medida aparecen factores como la falta de recursos económicos (64 por ciento) y el temor por la integridad física (18)” (P12 23/12)

En este marco, varios políticos eran denunciados por abuso. El senador Radical por la Pampa Juan Carlos Marino, el intendente de Vicente López y hermano del presidente Jorge Macri y el Senador provincial Oscar Romero, de la Cámpora. La Nación, que nada decía de las denuncias contra macristas, aprovechaba para atacar al kirchnerismo: “Dada la jerarquía de Romero dentro de esta y la disciplina interna impuesta por Máximo Kirchner, la demanda sexual del camporista, de ser verdadera, estaría agravada por el uso desviado de su poder político, como senador y como dirigente K. (…) El descargo público de Romero es de antología: sostiene haber sido criado en una sociedad patriarcal y que ello justificaría la realización de prácticas machistas ‘que en el pasado parecían naturales’” (LN 19/12).

En ese marco, La Cámpora expulsó a varios miembros acusados de abuso sexual y apartó de responsabilidades a otros. Ninguna sanción se conocía en otros espacios.

Los hechos gravísimos mostraban una faceta más de la descomposición social que vive el capitalismo, donde la cosificación del ser humano lleva a la mujer a una situación de extrema opresión. Y mostraba la necesidad de transformar las estructuras de poder que llevan a glorificarse en el sometimiento del otro.

Toro en rodeo propio y torazo en rodeo ajeno

Frente a la crisis, el ajuste y el tarifazo, las protestas y el descontento callejero no cesaba. Con el noreste inundado y miles de evacuados, Macri decía desde la casa de gobierno: “Tendremos que acostumbrarnos a que esto (las inundaciones) va a pasar en distintas zonas, en distintos lugares del país”, culpando al cambio climático de las consecuencias del ajuste. El día anterior había sido insultado por vecinos de la ciudad de Barranqueras, en Chaco, cuando salía de visitar un centro de evacuados. Los vecinos de Resistencia denunciaban que la ciudad se había inundado porque sus bombas de desagote no funcionaron, porque el organismo destinado a hacer su mantenimiento no funcionaba (P12 18/1). Por si algún desprevenido cree que el cambio climático actúa por fuera de la sociedad. Pero el descontento recorría el país. Mientras realizaba una recorrida por el sur, el presidente era escrachado varias veces por organizaciones gremiales y vecinos de Puerto Pirámides (LN 16/1), que reclamaban por los aumentos de tarifas.

Además, organizaciones sociales reclamaban el ingreso irrestricto a los planes sociales y un aumento de los montos, por el 45% de inflación que se dio en 2018 (LN 19/12).

También se realizaba un paro de los gremios aeronáuticos contra del Gobierno en relación a Aerolíneas Argentinas y el incumplimiento de la paritaria 2017: “Nuestra pelea es contra la política aerocomercial que lleva adelante este Gobierno porque no sólo precarizan, persiguen y despiden personal sino que además forman sindicatos paralelos con el objetivo de desplazarnos para poder destruir Aerolíneas Argentinas y Austral” (P12 21/12).

En la Ciudad de Buenos Aires, docentes y estudiantes reclamaban por el intento de cierre de 14 escuelas nocturnas: “Esto es el ajuste en la educación, esto es el despido de compañeras y compañeros, esto es que nuestros estudiantes queden por fuera del sistema educativo. Esto no se lo vamos a permitir”, dijo Jorge Adaro, secretario general de la agrupación gremial Ademys, y agregó: “Lo nefasto y siniestro de la actitud del Ministerio es que usan como justificación la baja matrícula. (…) Sólo miran la foto de fin de año. ¿Por qué no miran la foto de principio de año, donde hay un montón de alumnos? ¿Por qué no trabajan para evitar que haya tanto abandono?” (P12 20/12).

Las luchas populares se sumaban. En el municipio de Moreno, eran reincorporados el director y la vicedirectora de la secundaria Nº21, que habían sido sumariados por permitir a un estudiante recibir su título con la marcha peronista de fondo. El hecho revestía una gran significación, porque los despidos eran parte de la persecución contra la comunidad educativa de Moreno, que desde la muerte de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez en una explosión −producto de las malas condiciones edilicias− emprendió una lucha para que de una vez por todas se revierta la paupérrima condición de los establecimientos educativos. El sumario contra esos dos directivos era un claro disciplinamiento contra esa misma comunidad, fuertemente movilizada. Al conocerse la noticia de los sumarios, cientos de personas se movilizaron inmediatamente para reclamar la reincorporación de los directivos separados de sus cargos, en una clara persecución política. Hernán Pustilnik, docente de la escuela en la que trabajaban Sandra y Rubén, explicaba el alto grado de organización que va alcanzando la comunidad educativa: “Las familias fueron transformándose en los protagonistas de esta lucha por escuelas seguras: se la cargaron al hombro. No sólo nos apoyaron desde el comienzo, sino que siguen participando activamente para que las escuelas que aún no están en condiciones sean arregladas. Incluso han llegado a tomar establecimientos que aún no están en obra para que se acerque algún inspector de provincia, vea el estado en el que se encuentran y haga algo” (P12 29 y 29/12/18).

Como analizábamos el mes anterior, la reapertura de varias paritarias aflojaba el conflicto social para fines de año, dado que varios gremios importantes −como son los judiciales, bancarios, aceiteros, alimentación, camioneros y petroleros− casi empataron con la inflación. Sin embargo, otros sectores sindicales no la pasaban tan bien. En Edesur, los trabajadores denunciaban que las tarifas aumentaron hasta 3624 por ciento, lo que les permitió a las empresas del sector energético (electricidad y gas) aumentar su rentabilidad interanual hasta un 430 por ciento respecto de diciembre de 2016. En el caso de Edenor, Edesur y Edelap, las ganancias subieron 675 por ciento. Por lo tanto, los trabajadores reclaman que se gatille la cláusula de revisión. La empresa les ofrece un 10 por ciento adicional, lo que llevaría el ajuste al 33 por ciento para todo el período 2019. Sin embargo, el gremio advierte que el año pasado se perdieron 26 puntos contra la inflación de 2018. “Sabemos que la energía eléctrica es un servicio fundamental y no queremos afectar al usuario, que es quien también está sufriendo la falta de inversiones de las empresas. Pero llegamos a un punto crítico que, en definitiva, también encubre un intento de flexibilización y disciplinamiento, que no vamos a permitir”, declaraba Carlos Minucci, secretario general de Apsee, que nuclea al personal jerárquico de la empresa (P12 16/1).

Por su parte, el “Barba” Gutierrez, de la UOM, afirmaba: “Más de la mitad de los trabajadores de la industria metalúrgica, en términos de salarios básicos, está por debajo de la línea de la pobreza. (…) La UOM no avala ninguna reforma laboral, de ninguna naturaleza que tienda a reducir derechos de los trabajadores garantizados por la ley de contrato de trabajo, por la Constitución Nacional y por los convenios colectivos (P12 13/1).

Con todo esto, el FSMN (Frente Sindical para el Modelo Nacional) convocaba a la realización de varias movilizaciones contra el tarifazos en todo el país. Al cierre de esta edición, ya se habían realizado movilizaciones en CABA, Mar del Plata y Rosario, con masivas convocatorias. Reclamaba que la CGT encabece el conflicto social como forma de evitar un posible desmadre y, en todo caso, encausarlo hacia la construcción de un frente político. Y la realización de un plan de lucha que termine con las medidas aisladas. Los ruidazos se repetían en distintas ciudades del país y el descontento crecía, al calor de los cortes de luz, que no respetaban las abultadas boletas…

Uno de los dos secretarios generales de la CGT, Carlos Acuña, indicaba que, dada la situación, ameritaba la realización de un paro general para marzo (CL 17/1).

Pero los distintos reclamos no alcanzaban. Para un problema general, se necesitaban respuestas generales, la construcción de una fuerza que pueda aplicar un programa político.

Hugo Yasky, secretario general de la CTA, proponía que como Cambiemos intentará en 2019 confrontar con el sindicalismo, “debido a la [mala] imagen de los dirigentes” gremiales, como parte de una estrategia electoral era mejor no hacer paros generales. Con el anuncio de Dante Sica de volver a la carga por la reforma laboral, la conclusión de Yasky parecía aún más ridícula, más siendo él uno de los dirigentes más importantes del sindicalismo argentino en la actualidad. Su propuesta marcaba la gran frustración que genera, incluso en la dirigencia, que las grandísimas movilizaciones y los fuertes paros de estos años no hayan podido doblegar la política de entrega del gobierno. Más allá de lo ridículo de la solución propuesta por Yasky, es importante destacar cómo el altísimo nivel de concentración y centralización económica hace que cualquier acción de defensa de los intereses de los trabajadores necesite proyectarse al control del poder, para poder enfrentar a los pulpos económicos.

Veamos entonces cómo se prepara el frente nacional para la disputa política y qué papel tienen en él los trabajadores.

Va’cayendo gente al baile (o No hay dos sin tres)

Distintos sectores del frente nacional emprendían una lucha legal contra los tarifazos, acompañando la lucha callejera desarrollada por organizaciones gremiales, políticas y por ciudadanos sueltos. Así, Fernando Grey, nuevo presidente del PJ bonaerense, nucleaba a varios intendentes del conurbano que presentaron una acción judicial para declarar la nulidad de los tarifazos (P12 30/12). Decía que la lucha era el camino de unidad y planteaba: “Cuando asumí como presidente del partido estaban todas las organizaciones sindicales, todos los sectores del peronismo, me llamó todo el mundo. Creo que hay una expectativa de unidad y una conciencia colectiva de que este gobierno nos está llevando por un camino muy equivocado” (P12 30/12).

Este proceso generaba voces que clamaban por una gran interna de todo el arco peronista, en la que cada vez había más candidatos. Puesto que lanzaban su candidatura Agustín Rossi, Daniel Scioli y Felipe Solá, más aquellos del “Guaidista” Encuentro Federal, como Juan Urtubey, Roberto Lavagna y Sergio Massa.

Pablo Moyano, líder de los Camioneros, empujaba: “Estamos hablando con todos los sectores, desde el massismo al kirchnerismo pasando por el peronismo que no se ve representado por estas estructuras. Ojalá que aquellos que tengamos el mismo pensamiento de defensa del trabajo argentino, de los jubilados y las paritarias podamos terminar en una gran PASO nacional. Y agregó: “Ojalá que el compañero Sergio Massa converja en este frente patriótico nacional del que se está hablando”. Moyano aseguró que no sabe qué hará CFK: “Sólo el círculo de ella sabe si será candidata o no; lo que no podemos seguir es esperando, ya que hay muchos que ya se candidatearon”. Consultado por Lavagna, opinaba “que es un candidato importante, aunque más allá de las diferencias entre unos y otros, el Justicialismo es el que más candidatos puede proponer”. También afirmaba que “hay una bronca y una angustia en la gente que va creciendo; si bien en diciembre no hubo los problemas que se decían, en marzo o abril habrá movilizaciones callejeras (CL 6/1).

También Juan Carlos Alderete, de la CCC, impulsan un acercamiento al peronismo: "No hemos definido nada todavía porque no hay una definición clara dentro del Partido Justicialista” (LN 14/1).

Hasta Eduardo Duhalde indicaba que, si dependiera de él, incluiría al kirchnerismo en una interna, pero que CFK “no mide a nivel nacional, sólo tiene un 30 por ciento en la provincia de Buenos Aires” (P12 17/1), mientras afirmaba apoyar la candidatura de Roberto Lavagna que, recordemos, fue su ministro de Economía, antes de ser el de Néstor Kirchner y que en 2007 fue candidato a presidente apoyado por el radicalismo, acompañado por el actual gobernador de Jujuy Gerardo Morales en su fórmula (LN 8/7/2007).

Pero, como venimos analizando, las encuestas siguen mejorando para CFK, al calor del desastre de la gestión macrista. Y, por lo tanto, la ex presidenta parecía cada vez más como la figura central de una futura interna. Los aliados, por tanto, se sucedían. Juan Grabois, antikirchnerista hasta el año 2017, se mostraba como un fuertísimo impulsor de la candidatura de CFK: “Nosotros ya definimos nuestra candidata y hoy vinimos a reunirnos con ella. (…) Cristina ya es precandidata porque nosotros la estamos impulsando”, decía el referente de la CETEP (LN 24/12).

En este marco, CFK realizaba una serie de encuentros con intendentes: Fernando Gray (Esteban Echeverría y nuevo presidente del PJ Bonaerense), Gabriel Katopodis (San Martín), Juan Zabaleta (Hurlingham) y Alberto Descalzo (Ituzaingó) y Julio Zamora (Tigre), entre otros.

Es importante destacar que, entre los diversos dirigentes que se acercaban a la figura de CFK, no mediaba ninguna orgánica, por lo que es válido inferir que se planteaban posibles acuerdos político-electorales y, por lo tanto, fuertes tironeos al interior de un frente.

Las declaraciones de Grabois, por ejemplo, mostraban cómo cada sector venía a imponer su propio interés o a alcanzar sus propios objetivos, sin que aparezca una unidad de diagnóstico y perspectiva clara.

Decimos esto centralmente porque, más allá de las candidaturas y las diferencias, aparecían ciertas propuestas programáticas. Diana Conti, ex diputada y dirigente de Unidad Ciudadana, decía “deberíamos marchar hacia una constitución que arraigue los valores democráticos, republicanos, feministas y de las nuevas realidades de la argentina, (…) más similar a la del 1949, que fue derogada rápidamente, donde el poder popular tenga mayor inserción y lo nacional tenga mayor valor” (Télam 6/1). Estas declaraciones retomaban la idea que CFK había esbozado hace unos meses en la conferencia de CLACSO. La forma actual del Estado es anticuado para que se efectivice la Democracia. Se necesitan nuevas reglas que no permitan que los monopolios, que controlan la mayor parte del poder económico, dominen sobre el poder político. Esa fuertísima conclusión, en la situación actual de América Latina, significaba asumir las posiciones del ALBA, particularmente en esta hora, en Venezuela.

Ahora bien, ¿existe la unidad ideológica para asumir las consecuencias de tales posicionamientos? ¿Está la clase trabajadora organizándose para soportar esos embates? ¿O la unidad que se está construyendo en torno a ciertas candidaturas no volará necesariamente por los aires frente a los ataques directos del imperialismo y frente a las obvias corridas financieras y ataques políticos que recibirá cualquier gobierno que emprenda reformas de ese tipo, que busque alcanzar mayores grados de gobernabilidad y soberanía?

Sólo hace falta retrotraernos al 2008, donde la gobernabilidad sólo se sostuvo por el fuerte apoyo de los trabajadores y el pueblo en general, y multiplicarlo por 100 para imaginar un escenario posible. Una situación de esas características no se sostiene simplemente con una nueva Carta Magna, sino con una fuertísima y permanente participación popular, con una nueva democracia, que no puede surgir de ninguna carta magna, sino que debe brotar, como en el ejemplo de Moreno, del involucramiento de los trabajadores en el conjunto de los aspectos de la vida social.

La campaña electoral ya en marcha no hará más que agudizar las contradicciones entre las dos grandes fuerzas sociales en pugna, empujando a los trabajadores a asumir el papel mencionado.



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