Revista Mensual | Número: Mayo de 2019
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Fuentes consultadas: EE.UU.: Wall Street Journal (WSJ). Gran Bretaña: The Economist (TE). Alemania: Deutsche Welle (DW); China: Xinhua (XH); Rusia: Russia Today (RT); Irn: HispanTV (HTV) Venezuela: Telesur (TS). Cuba: Cubadebate (CD). Argentina: Clarín (CL); Crónica (CA); Cronista Comercial (CR); La Nación (LN); Miradas al Sur (MS); Página 12 (P12); Tiempo Argentino (TA).
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La peor variante y la pelea planteada

Entregados al abismo
Increscendo y devaluando
Fracturas sobre fracturas
Las grietas regionales
Amagando estallidos
Los boomerangs de la bestia herida
Conductas admirables


Los grupos económicos mundiales aceleran el caos en el continente, mientras los procesos emancipadores de la clase trabajadora se preparan para “resistir y vencer”

La peor variante y la pelea planteada

“El incremento de la guerra económica, con el fortalecimiento del bloqueo
y la continua aplicación de la Ley Helms-Burton
persiguen el viejo anhelo de derrocar a la Revolucion Cubana
por medio de la asfixia económica y la penuria.
Esta vieja aspiración ya fracasó en el pasado…y volverá a fracasar”
Raúl Castro, discurso en la proclamación de la nueva Constitucion Cubana

 


Durante el mes transcurrido, asistimos a una nueva andanada de ataques imperialistas en la región, en medio de la agudización de las contradicciones entre sus fracciones. El estallido de las relaciones capitalistas en los centros hegemónicos mundiales se manifiesta vigorosamente en nuestro continente. En aquellos lugares donde se impusieron gobiernos serviles a los designios de los grupos económicos trasnacionales, la situación es de saqueo y confiscación, sobre la base de la primarización económica, la entrega de recursos y el endeudamiento, haciendo inviable, inclusive para los mismos sectores que detentan el gobierno del Estado, construir hegemonía política y acuerdo social. Desde esa posición de subordinación económica y política, nada nuevo pueden hacer dichos gobiernos ante el avance objetivo de las fuerzas productivas: o se subordinan a los planes de los centros económicos o se resignan a perecer.

Los datos estructurales reflejan la situación caótica en la que se encuentran nuestras economías. Todas las proyecciones de crecimiento, incluso las medidas por los órganos imperiales, quedaron altas en comparación con la realidad. Y más aún: ese poco crecimiento es rápidamente succionado desde los centros financieros globales, a través de la especulación (expropiación), vía devaluaciones y endeudamiento. Todo esto lleva inevitablemente a la profundización en la fractura que vienen transitando hacia el interior de los países y entre sí las oligarquías locales rentísticas, haciendo trizas los acuerdos regionales por ver quién se sostiene en el mercado. La reunión de abril entre Bolsonaro y Trump y los acuerdos que cerraron vienen a refirmar esta cuestión. Al mismo tiempo, se agranda la presión de los grupos económicos por profundizar los ajustes en la economía brasileña, este mes con el resurguir de la necesidad de imponer la reforma previsional. Mientras tanto, quien más paga los platos rotos es, principalmente, la clase trabajadora, que igualmente viene dando respuestas cada vez más fuertes y profundas ante el intento de arrasamiento de los grupos económicos globales.

En este sentido, en este último mes se han profundizado las embestidas contra Venezuela, pero también contra Cuba, por parte de la administración Trump y sus (cada vez menos) aliados en el mundo. La respuesta a estos no solamente se da en el marco de la resistencia, sino que las fuerzas emancipadoras del continente se preparan para vencer también, ya que no queda alternativa ante la descomposición, el caos y la muerte que encarnan los grupos concentrados.

Entregados al abismo

En el estallido de las relaciones capitalistas a escala global, los reducidos núcleos de concentración y centralización agrupados en los 147 grupos económicos globales, necesariamente deben avanzar sobre el control de los recursos productivos en nuestro continente, agudizando así nuestra dependecia de los centros financieros globales mediante la primarizacion económica y la consecuente destrucción de vastas ramas industriales, donde cada vez son más las fracciones burgesas que quedan sin posilidad de reproducirse a escala ampliada, incluyendo ya a sectores de las oligarquías regionales que funcionaron históricamente como ramas de la industria de los países centrales. En este sentido, las economías rentísticas siguen quedando muy expuestas al colapso mientras se agudiza la disputa hegemónica mundial, como lo viene expresando el enfrentamiento comercial entre EEUU y China. A estas condiciones, quedan sujetos los precios de las materias primas, fundamentalmente las de origen agropecuario. Así, la postergación del acuerdo sino-estadounidense para terminar con el conflicto comercial fue el elemento que permite la colocación de soja en China desde Brasil y Argentina, lo que según, la visión de los voceros imperiales, es la causa principal de la baja de precios de la soja en la Bolsa de Chicago, que durante fines de marzo cayó un 1,5% (LN 28/3). Ante esta situación, la devaluación del real brasileño y del peso argentino frente al dólar provocó una mejora en la “competitividad” de las cosechas suramericanas, en comparación con el grano estadounidense, pero estas medidas son solo paliativas ante la incesante baja de precios de los productos primarios, como manifestación de la caída de valor producido a escala planetaria.

De esta manera, jugando con la desesperación de aquellas fracciones rentísticas locales, los grupos económicos trasnacionales siguen avanzando sobre el control de los recursos económicos esenciales de nuestros países allí donde las condiciones políticas, mediante gobiernos afines, todavía se lo permiten. En Colombia, la petrolera estadounidense Chevron Petroleum Company, que opera los campos de gas de La Guajira con la estatal Ecopetrol, y que tiene una red de 500 estaciones de servicio bajo la marca Texaco, llegó a un acuerdo con la peruana Primax para consolidar la propiedad absoluta de dos plantas de almacenamiento de combustibles, con capacidad para depositar 178 mil y 187 mil barriles respectivamente (ET 5/4); también adquirió Anadarko Petroleum, por 33.000 millones de dólares (ET 12/4), fortaleciendo su posición dominante en el control de los recursos energéticos colombianos. Del mismo modo, el mercado de distribución de combustibles en Brasil pasa por una nueva ola de inversión extranjera. Cuatro grandes compañías compraron participación en distribuidoras regionales, en un mercado dominado hoy por la británica Shell, a través de sus subsidiarias BR, Ipiranga y Raízen. Así, la china Petrochina y la francesa Total aportaron en el mercado con la adquisición de la pernambucana TT Work y de la minera Zema, respectivamente (FSP 18/4).

Pero todavía esto es insuficiente desde el punto de vista de los personeros imperiales, ya que la empresa estatal sigue siendo “monopólica” en la producción de gas, siendo responsable de prácticamente toda la cadena, desde el procesamiento con casi toda la red de gasoductos y la comercialización a las distribuidoras estatales con una participación mayoritaria en las acciones por parte de Petrobras. De esta manera, la empresa estatal cerró la venta de una unidad de gasoductos a un consorcio encabezado por el grupo energético francés Engie por el valor de U$S 8.600 millones, como parte del plan de recaudación de U$S 26.900 millones a través de ventas de activos y sociedades entre 2019 y 2023 (CR 11/4). En este sentido, aparece la voz de los lobistas interesados en la entrega total de los recursos energéticos que aún sobreviven en manos estatales; el abogado Giovani Loss, socio de la oficina Mattos Filho afirmó que “las desestatizaciones son un avance importante, pero no resuelven el problema totalmente, ya que Petrobras todavía mantiene contratos que le garantizan el derecho de usar la estructura” (FSP 18/4). Además del remate de los potenciales energéticos, también se pone la mira sobre los recursos mineros, algunos con implicancias en el desarrollo de elementos tecnológicos de punta como es el Litio. En este sentido, Brasil está por emerger como un proveedor clave de este mineral con una alta calidad y convocó a una de las mayores comercializadoras mundiales para su explotacion. Así, el grupo japonés Mitsui & Co invertirá en Grota do Cirilo, ubicada en la provincia de Minas Gerais, un depósito de litio de roca dura que está siendo desarrollado por la minera canadiense Sigma Lithium Resources. El grupo planea transportar su material hasta China, donde será convertido en hidróxido de litio, el tipo de litio que se utiliza para la producción de baterías para automoviles. Calvyn Gardner, presidente del directorio y CEO de Sigma, dijo que pese a estar muy alejado de su principal mercado en China, la empresa podrá competir con los productores australianos debido a que tiene “menores costos de producción” (CR 9/4), siendo que la planta estará en una de las zonas más pobres de Brasil y por lo tanto la mano de obra es sumamente barata.

Mientras tanto, en los más desarrollados centros industriales del continente continúan los problemas. Luego de que Ford anunciara el cierre de la unidad de fabricación de camiones de São Bernardo do Campo en San Pablo, General Motors de Brasil anunció que planeaba cerrar sus operaciones en Brasil y pasarlas a otro país y, de igual manera que su competidora, presionó al gobierno brasileño para garantizarse condiciones preferenciales de producción. Después de conversaciones con la administración paulista, donde consiguió exenciones fiscales y con la esperanza de que se aprobara la reforma laboral que “enfrentará el costo Brasil” la empresa resolvió reevaluar la decisión anunciando una inversion de 10 mil millones de reales para los próximos cinco años (FSP 11/4). Así, en el proceso de concentración económica a escala global, las empresas que son parte de los grupos económicos mundiales y están instaladas en nuestros países necesitan bajar cada vez más el precio de la mano de obra para continuar compitiendo en el mercado, pero al mismo tiempo, mediante el establecimiento de tecnologías de punta en sus plantas, desplazan una gran cantidad de obreros del mercado laboral.

De esta forma, la absorción del valor producido en nuestras tierras, por partes de los conglomerados multinacionales, es una necesidad imperiosa que se basa en el control directo de los recursos económicos continentales. Ante esta situación, los núcleos oligárquicos y toda la égida empresarial local, con cada vez menos posibilidades de ocupar porciones del mercado mundial, son empujados objetivamente por su condicion de brazos burgueses subordinados hacia la implementación de recetas y medidas económicas que achican sus márgenes de superviviencia y conducen a la liquidación de sus propios miembros, imposibilitando cualquier forma de consenso entre ellos, por lo tanto están condenados al abismo.

Increscendo y devaluando

Seguido a esta situación, el deterioro de las condiciones económicas en la región, como cuestión crónica en un mundo donde estallan las relaciones capitalistas, se expresa en los índices de (no)crecimiento en todo el continente. El Banco Mundial (BM) presentó el informe semestral de la Oficina del Economista Jefe para América Latina y el Caribe, con datos de 2018, indicando que el PBI continental cerró con un modesto avance estimado en 0,7%, pese a la proyección original de 1,8%. Según el informe del organismo multilateral el cambio de perspectiva respondió a “la crisis financiera que golpeó a Argentina en abril de 2018 y provocó una fuerte contracción del PBI de 2,5%”, una recuperación débil de Brasil del orden del 1,1%, el débil crecimiento de México, junto a la “continua implosión” de la economía venezolana, todo lo cual se tradujo en una “tormenta perfecta” que desaceleró el crecimiento de la economía en Latinoamérica y el Caribe en 2018 (CR 5/4). Mientras tanto, se espera para 2019 que la región crezca un 0,9%, en un escenario en el que 27 de 32 países tendrán déficit fiscal este año y 12 cerrarán con déficit primario (CR 5/4). Por su parte, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) coincide con las proyecciones del BM y alienta que aunque la inversión pública se encuentra frenada por presupuestos acotados, las oportunidades de obtener financiación privada son “amplias en un contexto de tasas de interés bajas en todo el mundo”. Para la región en promedio, los cálculos indican que de ser capaces los países de incrementar sus niveles de inversión en los sectores de infraestructura lo suficiente como para cerrar la brecha con países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la productividad en toda la economía crecería un 75% con respecto al promedio histórico (HTV 16/4). Estas “tormentas perfectas” son en realidad los resultados de las políticas económicas aplicadas por los personeros de los grupos económicos en nuestros países, ya que en nombre de la “productividad”, tan necesaria para la obtención de máximas ganancias por parte de aquellos, arrasan con todos los sectores productivos que no puedan competir a escala global y el producto de los que quedan en pie es absorbido desde los centros imperiales, necesitados constantemente del saqueo del valor producido en nuestras economías.

Al mismo tiempo, las monedas nacionales, expresiones de ese valor producido en nuestros países, son empujadas a desvalorizarse frente al dólar. Así, el peso argentino fue la moneda emergente que más se depreció en el último tiempo, seguida por el real brasileño y los pesos chileno y colombiano (CR 1/4). Las devaluaciones, si bien actúan como un salvoconducto para las expresiones nacionales del capital financiero que manejan activos en divisas estadounidenses, empeoran aún más las condiciones al interior de las economías locales, actuando como un mecanismo de succión de riquezas mediante la especulación financiera y empobreciendo a los sectores mercadointernistas y a la clase trabajadora que se mueve en los marcos de las monedas locales.

Fracturas sobre fracturas

Con este panorama, es en Brasil donde se expresa actualmente la imposibilidad de las oligarquías del subcontinente para  acordar un plan que contemple su reproducción. En este sentido, la visita a EEUU del presidente Bolsonaro junto al ministro de Economía y su equipo de asesores ventiló aún más las contradicciones insalvables entre las distintas fracciones del capital local. El principal aspecto de esta situación es la posición que juega Brasil, en medio de la disputa comercial de China con EEUU. Para la línea más dura del gobierno, encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores Ernesto Araujo y el diputado Eduardo Bolsonaro, China es una amenaza estratégica. Mientras que para la ministra de Agricultura, Tereza Cristina, y para el propio Paulo Guedes, las relaciones con el gigante asiático son la oportunidad de colocar la producción agropecuaria, ya que China absorbe el 36% de las exportaciones del complejo agrario brasileño (FSP 19/3).

A esta disputa entre los miembros del gabinete de Bolsonaro, que no son más que el reflejo de lo que ocurre en la estructura económica brasileña, se suma el posicionamiento sobre el ingreso del país a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) que EEUU apoyó formalmente, pero que implica la renuncia al estatus de “país en desarrollo” que Brasil tiene en la Organización Mundial del Comercio (OMC), que le confiere, entre otras atribuciones, mayor espacio para conceder subsidios agrícolas y mayor flexibilidad en la negociación de acuerdos de libre comercio (FSP 24/3). Así, si Brasil lograra ser parte de la OCDE, muchas fracciones del empresariado local quedarían sin la protección que les otorga el estatus en la OMC y sólo podrían subsistir las que estén más cercanas a los grupos económicos mundiales, es decir, muy pocas. A la vez, se estaría incorporando a un organismo que exige condiciones productivas que puedan competir “de igual a igual” con los grupos concentrados en una situación donde la participación de Brasil en la producción de bienes y servicios de la economía global está en su nivel más bajo en 38 años. Sobre esta cuestión, el economista Alexandre Cunha, profesor de la Universidad Federal de Río de Janeiro, afirmaba: “no existe en la historia registro de algún país que haya logrado crecer por 20, 30 años estando quebrado... por eso, es crucial aprobar la reforma de la Previdencia y avanzar en medidas para reequilibrar las cuentas públicas deficitarias de Brasil” (FSP 19/4).

De esta manera, las presiones para continuar con el ajuste sobre las mayorías siguen a la orden del día. Así lo expresaba Antonio Carlos Pipponzi, presidente del consejo de la Raya Drogasil, uno de los grandes laboratorios farmacéuticos del pais: “sería un desastre para el país no aprobar la reforma de la seguridad social. La aceptación popular del Bolsonaro ya ha disminuido mucho desde la elección… sin reforma no vamos a salvar la economía… tiene que ser una reforma robusta, grande, que efectivamente cree un ambiente favorable al crecimiento” (FSP 28/3). Por su parte, un grupo de empresarios llamado “Brasil 200” llevó al congreso un mensaje de “urgencia” para aprobar la reforma. Luciano Hang, miembro y propietario de la cadena minorista Havan, definió más certeramente la necesidad de la reforma: “la responsabilidad de la reforma es de todos los brasileños, pero principalmente del Congreso, es Previsión o muerte” (FSP 28/3). Aún así, la reforma continúa trabada. En la presentación del proyecto del ministro de Economía, Paulo Guedes, en una comisión de la Cámara de Diputados se produjeron tumultos y gritos (LN 4/4), agravando la imposibilidad de concluir con la medida de ajuste empujada desde los centros económicos. Pese a ello, los sectores vinculados al comercio, la industria y los agronegocios intensifican el “lobby” por la aprobación de las reformas utilizando la capilaridad de sus entidades, que tienen brazos en prácticamente todos los estados, para presionar a diputados y senadores de cada bancada.

Por ello, después consensuar con sus 700 mil afiliadas, la Confederación Nacional de la Industria (CNI) decidió salir a “convencer” a los diputados en sus propios estados sobre la necesidad de aprobar las medidas. Según el presidente de la entidad, José Roberto Tadros, “aprovechar la reforma es una agenda que está por encima de la política partidista y de las pasiones” (FSP 5/4). A la vez, Black Rock, la mayor empresa de gestión de activos a nivel mundial y que posee un extremado interés en la posibilidad de que se abran los fondos de pensiones al mercado financiero, aseguró mediante su estratega jefe para America Latina, Axel Christensen, que las reformas como la de la Previdencia son importantes, pero no garantizan por sí solas la reanudación del crecimiento económico brasileño (FSP 22/4). De esta manera, el recorte en la asignación de partidas a las jubilaciones y pensiones solo es la punta del iceberg al que se somete el gobierno brasileño, ya que en el fondo están los mecanismos financieros que succionan los recursos con los que cuentan las arcas previsionales.

Mientras tanto, el ejecutivo brasileño salió por primera vez al mercado financiero para colocar bonos por U$S 1.500 millones a diez años que, según explicó el Tesoro del país vecino, el título de deuda pagará un cupón de 4,5% anual y la venta fue liderada por Bank of America Merrill Lynch, Bradesco y JP Morgan (CR 22/3). Pero esta supuesta confianza de los mercados también generó polemicas al interior de la banca brasileña. Así, el economista jefe del Itaú, Mário Mesquita, afirmó que los indicadores económicos ya conocidos decepcionaron y que “la gente” (léase, los banqueros) condiciona eso al avance de la reforma previsional ya que, sin ella, es probable que haya un alto “riesgo país” y depreciación de divisas (FSP 13/4). Así, los mecanismos de endeudamiento que dejan cada vez más atadas nuestras economías a los designios imperiales profundizan las condiciones de saqueo por parte de los grupos concentrados.

De esta forma, se hace cada vez más difícil para las fracciones locales de la burguesía sostener los planes de ajuste y endeudamiento sin ahondar en las fracturas que llevan en el frente interno. Por decirlo de alguna manera, las oligarquias locales no pueden resolver de otra manera: deben propiciar los planes de ajuste sin tener otra alternativa, aunque esto significe su perecimiento; impotencia histórica. No existe otra lógica posible para ellas.

Las grietas regionales

Con todo este panorama de presiones constantes desde los centros financieros globales, las decisiones tomadas desde cada uno de los gobiernos latinoamericanos, al modo de “sálvense quien pueda”, agudizan aún más las contradicciones entre los grupos económicos locales. De esta forma, en el encuentro entre Bolsonaro y Donald Trump, al comenzar la gestión del ingreso de Brasil a la OCDE y la consiguiente renuncia a la capacidad de hacer acuerdos preferenciales de la OMC, se genera una nueva oportunidad para sellar un tratado comercial que conlleva la eliminación de las barreras impositivas de más del 85% de todos los productos implicados en el intercambio (FSP 20/3). De esta forma, estas disposiciones establecen un precedente para todo el accionar imperial. Por un lado, refuerzan la necesidad de una de las fracciones del capital mundial que es la posibilidad de cerrar acuerdos librecambistas bilaterales con importantes bajas en los aranceles. Por otro, desarman aún más la posibilidad de actuar como bloque frente a los poderosos aparatos productivos de las economías centrales, dejando al designio de cada uno de nuestros países la potestad de firmar acuerdos, lo cual agudizaría las diferencias entre sí. El avance en esta línea se produjo por el acuerdo alcanzado entre Brasil y los EEUU para abrir un cupo de intercambio de cereales con arancel cero por afuera del Mercosur, ofreciéndole Bolsonaro a Trump una cuota de 750.000 toneladas para que el trigo norteamericano ingrese al mercado brasileño, ya que lo que producen los campos brasileños solo abastece el 40% de su consumo (CL 21/3) y se evitaría el 10% que tiene el arancel externo común para esta producción y que sirve como protección para la producción importada desde Argentina que abastece 84% de sus compras externas. Como contrapartida, el Departamento de Agricultura norteamericano enviará una misión para certificar la carne brasileña, que tiene ese mercado cerrado desde 2017 (CR 21/3), desde el conocido caso de “carne fraca”, la adulteración de los productos cárnicos por parte de la BRF Foods. Ante esta situacion, el Gobierno argentino emitió un comunicado en donde señaló que han “(...) iniciado conversaciones con las autoridades de Brasil y demás socios del Mercosur para analizar el impacto y consecuencias que esta medida podría causar en el comercio bilateral” (CR 21/3). En tanto, el secretario de agroindustria argentino, Luis Miguel Etchevehere, afirmó que “cada vez que Brasil insinuó la posibilidad de comprar trigo fuera del Mercosur, la Argentina se opuso” (LN 20/3).

A partir de esto, el gabinete del presidente brasileño empuja discutir la posibilidad de que los países miembros del bloque puedan firmar acuerdos de libre comercio bilaterales con terceros países sin necesidad de acordar en conjunto, contradiciendo la normativa del Mercosur. En el sector automotriz, Brasilia quiere que ese intercambio vaya hacia el libre comercio, como lo acaban de firmar recientemente Brasil y México, pero en Argentina quieren seguir con el sistema de cuotas (CL 5/4). Así, las tensiones por la reformas en el bloque florecen en todos los aspectos. Desde el inicio de la presidencia argentina del bloque, el gobierno de Macri giró a Brasilia una propuesta moderada y gradualista para rebajar el Arancel Externo Común (AEC) a la mitad. Según cálculos del Banco Mundial, el Mercosur tiene un nivel de aranceles ponderado del 12%, el doble que Chile o México, que orillan el 6%,  Así, según la posición argentina, el bloque tiene que acercarse a los niveles de la región a un ritmo tolerado por la industria. Por su parte, Brasil exige una baja “más agresiva”, un shock en la caída de los aranceles, tal como pregona el ministro de economía Guedes y la facción más liberal del gabinete brasileño (CR 9/4).

Así planteada la situación, las oligarquías y los grupos empresarios locales tienen cada vez menos margen de acuerdo ante la imposibilidad de sostenerse todos en el mercado mundial, que exige producir cada vez más en menos tiempo para poder seguir en competencia. La disputa hacia el interior de la región dado el achicamiento del valor mundial y, por ende, de la participación de los capitales nacionales y regionales en su apropiación, cierra cada vez más las posibilidades de sostener las economías nacionales como hasta el momento, dejándolas expuestas a los designios de las necesidades del capital concentrado mundial. De esta forma, las oligarquías nacionales pierden rapidamente el espacio que tenían en la división internacional del trabajo, quedando reducidas a escasos miembros y dividida entre los que participan de la repartija y los que son desplazados. No obstante, al continuar aplicando las medidas de ajuste draconianas en función de los intereses de los grupos económicos, siguen generando las condiciones para que las fuerzas que nuclean a los sectores desplazados se alcen contra el (des)orden que establecen.

Amagando estallidos

Mientras las distintas fracciones de los capitales locales disputan con los centros mundiales y entre sí su permanencia en el mercado, las políticas de ajuste y sometimiento continúan haciendo estragos en nuestras economias. En Ecuador, el acuerdo celebrado entre el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el gobierno, por disposición del presidente Lenín Moreno, establece la reducción de subsidios a combustibles, aumento de impuestos, reajuste de la masa salarial y reducción del gasto público. Pero, a diferencia de otros acuerdos de esta índole, ya prevee sus consecuencias en la firma de sus documentos indicando un próximo aumento del desempleo, una baja en el crecimiento del 0,5% en 2019 y un resfuerzo de la dolarización (TS 22/3). Al respecto, el ex Presidente Rafael Correa afirmó desde el exilio que “como era obvio, pese a que el Gobierno trató de ocultarlo, el ‘acuerdo’ con el FMI obliga a quitar casi todos los subsidios, pero a los ricos les eliminarán impuesto a salida de divisas. Los pobres no mandan plata al exterior. Generarán más pobreza, desigualdad y cero crecimiento” (TS 22/3).

Se ensombrece más el deterioro de las condiciones sociales en la región. El avance del desempleo en Brasil continúa rápidamente llegando a marcar una tasa del 12,4% en los tres primeros meses de 2019 y además con casi 15 millones de personas que trabajan menos de 40 horas semanales, según señala Instituto Brasileño de Geografía y Estadistica (IBGE). Según el coordinador de trabajo y rendimiento del organo, Cimar Azeredo, la mitad de la pérdida de puestos laborales ocurrió en el sector privado y la otra parte en el público. En el privado, afirmó, la baja vino de la mano de la caída en la industria y en la construcción. En el público, el retroceso vino principalmente de actividades dirigidas a la educación, luego de los recortes establecidos desde el gobierno nacional (FSP 30/3). En este marco, intentando levantar un poco la imagen de su gobierno, Bolsonaro anunció una ampliación del programa asistencial Bolsa Familia, a pesar de que durante sus años como diputado fue un férreo opositor, calificando la medida como “demagógica”, asimilándola a la “compra de votos de los más pobres” y asegurando que era mentira que hubiese ayudado a reducir la pobreza en el país, aun ante los elogios que recibió de las Naciones Unidas, que lo consideraron “el mayor plan de distribución de renta del mundo” (LN 12/4). El programa de asistencia fue creado durante la gestión de Luiz Inacio Lula da Silva en 2003, y transfiere recursos para las familias más pobres que escolarizan a sus hijos y cumplen con los calendarios de vacunación. Actualmente, dicho programa alcanza a 14,1 millones de familias que reciben las mensualidades del programa, con un promedio de 48 dólares, totalizando U$S 7.776 millones anuales, un poco más del 1% del presupuesto. Con las nuevas disposiciones, el nuevo “aguinaldo” que será entregado a fin de año, ese valor aumentará en U$S 674 millones, pero esto queda condicionado a la aprobación de la reforma previsional según el jefe de gabinete de Bolsonaro, Onyx Lorenzoni (LN 12/4). Así, la asignación de la indemnización a los beneficiarios de Bolsa Familia alcanzará principalmente zonas que menos votaron a Bolsonaro en la última elección y donde la popularidad de su gobierno también está más baja en los primeros cien días de mandato, especialmente en la región Nordeste. Según una encuesta de Datafolha, la desaprobación al gobierno en esa región quedó en el 39%, cuando en el Sur del país es sólo del 22% y en los dos últimos años, desde que comezaron los ajustes económicos, la cantidad de familias beneficiadas por Bolsa Familia cayó de 17 millones a los actuales 14,1 millones (FSP 7/4).

Pero estas medidas se dan solo para frenar el descontento en las masas ya que el principal objetivo perseguído por la administración de Bolsonaro es la aprobación de la Reforma Previsional, como una demostración de fortaleza política a los grupos económicos mundiales. Dicha medida es una continuación de la reforma laboral impuesta durante el gobierno de Temer y tiene cuatro pilares: la imposición de una edad mínima para todos, cambios en el monto del otorgamiento de la pensión por fallecimiento, aumento del tiempo de cotización para todos y aumento de la tasa de cotización a los salarios muy altos bajo el RPPS (Régimen Propio de la Seguridad Social) (FSP 9/4). Al mismo tiempo, también se planteó desde el Poder Ejecutivo la corrección del salario mínimo, vital y móvil sólo con la inflación de 2020, con lo cual se congelan los ingresos a los trabajadores (FSP 16/4).

Por otro lado, comienzan a aparecer las reacciones de la clase trabajadora en el continente. En México, desde principio de año hubo docenas de huelgas en fábricas y más de mil pedidos de medidas de fuerza en el sector industrial. Los paros realizados por los obreros han afectando a compañías que van desde empresas de exportaciones, conocidas como maquiladoras (empresas que importa productos sin pagar aranceles, cuyo producto se comercializa en el país de origen de la materia prima), hasta la embotelladora de gaseosas Coca-Cola llamada Arca Continental. Estas medidas buscan aumentos de salarios en relación a la ventaja competitiva que hace tiempo ofrece México como lugar barato para las fábricas estadounidenses y canadienses, en el marco del cierre de la nueva versión del TCLAN, el acuerdo de libre comercio T-MEC entre Estados Unidos, Canadá y México (USMCA, por sus siglas en inglés) (CR 29/3). Así, desde la asunción del presidente Andrés Manuel López Obrador, se generan condiciones para que el movimiento obrero salga del letargo y se dispongan a disputar a los grandes capitales. En esta línea, el jefe sindical minero y senador del partido de López Obrador, Napoleón Gómez Urrutia, afirmó que “las empresas tienen que entender que el país está cambiando, y deben adaptarse” y agregó que “están muy acostumbrados a pagar salarios muy bajos y explotar a los trabajadores en condiciones indecentes... Tenemos que disminuir las desproporcionadas ambiciones de ganancia a cualquier costo y ser más generosos con los trabajadores” (CR 29/3). Los mismos jefes de las entidades empresarias advierten el peligro para las empresas monopólicas, si se profundizan las protestas. Luis Aguirre, director de la asociación de maquiladoras Index, afirmó que “las relaciones laborales están en su peor momento en treinta años” y que huelgas amenazan “la estabilidad legal necesaria para atraer inversiones” (CR 29/3). Por su parte, Steven Lockard, CEO de TPI Composites, que fabrica aspas para turbinas eólicas, dijo que “existe el riesgo de que las exigencias salariales se extiendan a empleados de la mayoría, si no todas, las compañías ubicadas en la frontera entre Estados Unidos y México” (CR 29/3).

Con este panorama de crecimiento en las luchas en el continente, a las fuerzas del capital concentrado se les hace cada vez más difícil imponer su dominio sobre nuestros países. Les queda entonces, como única carta, la represión, el caos y la muerte, que en definitiva son lo que en realidad encarnan. Para enfrentar esto, la clase obrera en el continente tiene planteado, sobre la base de su experiencia de lucha y de sus conclusiones históricas, salir de los marcos impuestos desde el imperio, donde no hay posibilidad de resolver la crisis crónica y sistémica del capitalismo. Así, está planteada la construcción de una nueva fuerza social que, encabezada por los trabajadores, tenga la responsabilidad de transformar las relaciones de producción y de cambio, dejando atrás la conducta rentística y consumista, controlando las fuerzas productivas en función de los intereses de la humanidad.

Los boomerangs de la bestia herida

Ante la imposibilidad de construir una fuerza social que consensue la reproducción del capital concentrado y centralizado mediante el saqueo y la succión de valor de nuestras economías, el imperio constantemente pone a prueba a las experiencias más desarrolladas de la clase en nuestro continente. Así, a los constantes ataques a Venezuela, vía guerra económica y (fallidos) golpes de Estado, se le suman los nuevos ataques de EEUU contra Cuba, el corazón ideológico y político del proceso emancipador continental.

Durante el mes transcurrido, el secretario de Estado yanqui, Mike Pompeo, confirmó que Estados Unidos levantará todas las restricciones existentes a la aplicación del título III de la ley Helms-Burton, que refiere específicamente a los derechos que otorgan las autoridades a empresas para demandar, en tribunales yanquis, a quienes realicen negocios con propiedades estadounidenses, confiscadas por el gobierno de Cuba después de 1959. Esta disposición había sido desestimada desde 1996 por los presidentes Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama porque consideraron que perjudicaría los intereses estadounidenses, sus empresas y el pueblo cubano. Ahora, como medio de ataque a la economía cubana, la administración Trump, la pone de vuelta en juego inclusive con implicancias para la soberanía de terceros países interesados en hacer negocios legítimos con Cuba (CD 17/4). Ante el hecho, el ministro de relaciones exteriores cubano, Bruno Rodríguez Parrilla afirmó que la aplicación del articulo “es un ataque al Derecho Internacional y a la soberanía de Cuba y de terceros Estados” y que la “agresiva escalada de EE.UU contra Cuba fracasará. Como en Girón, venceremos”. En tanto, la ministra portavoz del gobierno español dijo que “el Gobierno de España va a estar absolutamente respaldando a las empresas españolas en Cuba y entendemos que la UE va a respaldar, junto a España, a esas empresas que tienen sus actividades comerciales, legítimas y bien organizadas en Cuba y en otros países” ya que es el país con más de 200 firmas de empresas sucursales y mixtas en Cuba en sector hotelero y empresas de mensajería (CD 17/4).

Y fueron más los repudios cosechados por la decisión norteamericana, inclusive entre sus aliados más cercanos. La ministra de Relaciones Exteriores canadiense, Chrystia Freeland, expresó que “Canadá está profundamente decepcionada con el anuncio… Revisaremos todas las opciones en respuesta a esta decisión de los EEUU”. Además, en una declaración común, la Alta Representante de Política Exterior de la UE, Federica Mogherini, la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström y la mencionada ministra canadiense, anunciaron que “la Unión Europea y Canadá consideran que la aplicación extraterritorial de medidas unilaterales en Cuba son contrarias al Derecho internacional, estamos determinados a trabajar juntos para proteger los intereses de nuestras compañías” (CD 17/4). Al mismo tiempo, se presentan contradicciones al interior mismo de EEUU. El presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Eliot L. Engel, emitió un comunicado, rechazando también su aplicación, donde afirma que “el rechazo del presidente Trump a más de dos décadas de consenso bipartidista sobre una pieza clave de la política de los Estados Unidos hacia Cuba aislará aún más a los Estados Unidos de nuestros aliados latinoamericanos y europeos y disminuirá nuestra capacidad para promover la democracia en Cuba y Venezuela. Lamentablemente, esta decisión no hará nada para resolver los reclamos de propiedad de los Estados Unidos en Cuba, un objetivo importante hacia el cual debemos continuar esforzándonos” (CD 17/4). Por su parte, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel alertó acerca de los efectos que puede acarrear en la economía norteamericana la medida afirmando que “muchos en los propios EEUU temen porque la aplicación del título III se revierta sobre las finanzas estadounidenses y aclaman por aprender del fracaso de la Guerra Fría”. Al mismo tiempo ratificó la actitud que tendrá Cuba al respecto: “los cubanos no nos rendimos, ni aceptamos leyes sobre nuestros destinos que estén fuera de la Constitución. En Cuba mandamos los cubanos. Cuba confía en sus fuerzas y en nuestra dignidad” (CD 21/4).

Como parte del mismo plan imperial, simultaneamente se multiplicaron también las sanciones y boicots financieros hacia Venezuela. El banco Citibank decidió tomar el control de toneladas de oro venezolano por un valor de U$S 1.358 millones, como forma de pago de una deuda del Banco Central Venezolano (BCV), que debía pagar antes del 11 de marzo de 2019 U$S 1.100 millones de un préstamo total por u$s 1.600 millones. Citibank tiene planeado vender el oro en garantía para cobrarse el primer tramo adeudado y depositar los 258 millones restantes en una cuenta en Nueva York (CR 21/3). Al mismo tiempo, las firmas Conoco y Crystalex reclaman millonarias indemnizaciones tras la decisión de Chávez de excluirlas de proyectos petroleros y mineros (CR 21/3). Por su parte, el Departamento del Tesoro estadounidense también sancionó directamente a los bancos públicos, el BCV, el Banco Bicentenario, el Banco Universal y el Banco de Desarrollo (Bandes), así como a sus filiales en Uruguay y Bolivia. El vicepresidente yanqui, Mike Pence, declaró al respecto que “esta acción afectará gravemente cualquier intento de movimiento de dinero por parte de Maduro y de sus amigos” (LN 23/3). A su vez, anunció que su país sancionará a 34 embarcaciones de la petrolera estatal de Venezuela Pdvsa y dos compañías que envían crudo venezolano a Cuba. Al respecto, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel sostuvo que estas embarcaciones hacen “una actividad legal y amparada por acuerdos comerciales” y que “estas medidas son un acto de extraterritorialidad, injerencia y de soberbia imperial” (CD 7/4). El gobierno Canadiense, en sintonía con su par yanqui, impuso también sanciones a 43 funcionarios del gobierno venezolano (TS 15/4).

Por su parte, los organismos multilaterales al servicio del capital global también aportaron al ataque imperial. El Banco Mundial (BM) declaró que en Venezuela se vive “la peor crisis en la historia moderna de la región” y pronostica que el PBI se contraerá en 2019 un 25% adicional. Para no quedarse atrás, el Fondo Monetario Internacional (FMI) definió a la situación venezolana como “una enorme crisis humanitaria y socioeconómica” y pronosticó un 30% de caída del PBI (LN 11/4). Con estos pronósticos, fundamentaron el cierre del financiamiento internacional: el propio FMI niega la disponibilidad del crédito (DEG) de U$S 400 millones, afirmando que “cualquier compromiso del FMI con Venezuela, incluida la respuesta a posibles solicitudes de transacciones financieras, se basa en el tema de la aclaración del reconocimiento del gobierno” (CR 16/4).

Ante este estrangulamiento financiero, el gobierno bolivariano intentó repatriar las reservas internacionales de oro que tiene depositadas en el Banco de Inglaterra que, según un informe del banco Natixis, alcanzan las 31 toneladas, por un valor de u$s 1.300 millones. Pero, congruentemente con la línea impuesta desde los grupos económicos, las autoridades del banco central británico se negaron a permitir el acceso (CR 16/4).

De esta manera, con esta catarata de sanciones y medidas de estrangulamiento financiero, el imperio intenta profundizar el plan de desestabilización hacia los dos pilares de la transformación social en nuestro continente. Pero, como los boomerangs, todos estos ataques vuelven con más fuerza hacia sus iniciadores. Para el caso Venezolano, la misma titular del FMI, Christine Lagarde, afirmó que dentro del comité ejecutivo de la organización no existe una mayoría para reconocer a Guaidó como “presidente encargado” de Venezuela porque “tiene que ser una amplia mayoría de nuestros miembros la que reconozca diplomáticamente a las autoridades que contemplan como legítimas y, en cuanto eso pase, nosotros actuaremos” (TS 14/4), demostrando una vez más que es tal la pelea entre los propios miembros de los grupos económicos, que no pueden llevar adelante ni siquiera una estrategia común sobre lo que sería su enemigo común. El estallido de las propias relaciones de producción en su centro histórico les impide llevar a cabo las medidas de una forma conjunta y sincronizada. Ante ello, las fuerzas revolucionarias, tanto la cubana como la venezolana, refuerzan aún más la estrategia revolucionaria con base en los trabajadores y la cohesión partidaria, con el objeto de suplantar las relaciones propuestas desde el imperio, que se encarnan en el hambre, el caos y la muerte. Así, Raul Castro llamó a los cubanos a ahorrar energía y combustible para “enfrentar la peor variante” y culpó directamente al “recrudecimiento del cerco económico y financiero” promovido por Washington. También dijo que “jamás abandonaremos el deber de actuar en solidaridad con Venezuela” (LN 13/4). En síntonia con ello, el ministro Rodriguez Parrilla afirmo que “tendremos todos que prepararnos, buscar medidas para hacer más eficiente nuestra economía, y estoy seguro de que los inversionistas extranjeros, como ya lo han hecho la Unión Europea y otros, reaccionarán fuertemente” (CD 18/4).

De esta manera, la única opción posible ante los constantes ataques del imperio en decadencia, solo la profundización de las medidas tendientes al control económico soberano, realizadas desde las bases trabajadoras y organizadas,  permite a las masas bolivarianas tomar en sus manos la producción y el intercambio de bienes, paso crucial para el manejo soberano del país. En este sentido, el desarrollo de las Comunas como forma de autogobierno en Venezuela, conteniendo a los Comites Locales de Abastecimiento y Produccion y a los Consejos Productivos de los Trabajadores, como también todas las reformas impuestas en la economía cubana, que tienden a profundizar toda la experiencia de la planificación productiva desarrollada en 60 años de revolución, son los pilares del afianzamiento de las nuevas relaciones de producción e intercambio que estén en función de reproducir al conjunto de la sociedad y de resolver todos los problemas que esta tenga planteados.

Conductas admirables

Esta tenacidad y decisión fortalecen a toda la fuerza social que enfrente a escala mundial a los grupos económicos concentrados. El desarrollo de una estrategia común, que impulse la conformación de dicha fuerza social, no puede solo ir contra el capital sino que tiene realmente el papel histórico de encarnar la superación del caos y la destrucción que las relaciones capitalistas engendran. De esta manera, en el marco del Primer Foro de la XIV Comisión Empresarial de Alto Nivel entre Rusia y Venezuela, realizada en Moscú, el vicepresidente sectorial y ministro de Planificación venezolano, Ricardo Menéndez, destacó que este evento se propone para romper esquemas de bloqueo impuestos a Venezuela y para afianzar además un nuevo modelo de desarrollo que vigorice la relación económica y estratégica entre ambas naciones. Señaló que no solo se establecerán acuerdos alimenticios con Rusia sino que además se pactarán relaciones ligadas al suministro de medicamentos, y la captación de instrucciones e insumos para la protección del sistema eléctrico (TS 4/4). Al mismo tiempo, se subscribieron 11 nuevos acuerdos bilaterales durante la sesión plenaria del foro en las áreas de petróleo, finanzas, agricultura, comercio, cultura, educación y ciencias y tecnología, y se acordaron proyectos de inversión por el orden de los 3.200 millones de euros en el sector agrícola. En los últimos 15 años de estrecho intercambio, Venezuela y Rusia han suscrito más de 260 acuerdos en áreas como minería, petróleo, metalmecánica, telecomunicaciones, producción de alimentos y medicina, entre otras (TS 5/4).

Al mismo tiempo, PDVSA pudo compensar sus ventas al cargar embarcaciones más grandes con destino a Asia. Los cargamentos enviados a India, China y Singapur, un centro de almacenamiento y reexportación, representaron el 74 por ciento de las exportaciones totales en marzo, en comparación con casi el 70 por ciento en febrero. Las exportaciones a Europa representaron el 17 por ciento del total, frente al 22 por ciento del mes anterior. Además, PDVSA también continuó exportando petróleo a Cuba, enviando al menos siete cargamentos pequeños desde sus puertos en marzo por un total de 65 mil 520 bpd de crudo y combustibles. En tando, India volvió a ser el principal destino de las exportaciones de Venezuela en marzo con un tercio del total de los cargamentos enviados a refinerías operadas por Reliance Industries y Nayara Energy (CD 2/4).

Mientras tanto, Cuba se prepara para unificar su doble moneda, el peso vinvulado las transacciones dentro de la Isla y el cubano convertible que es el que se cambia por divisas extranjeras. Según el periodista y economista cubano Armando Nova González, para ello, el camino más adecuado para alcanzar y consolidar la existencia de una única moneda estaría dado por el crecimiento de la producción material y de servicios productivos, la generación de exportaciones que ingresen divisas y su acumulación para incrementar las reservas. Se requiere implementar medidas encaminadas a la solución de esa problemática situación, acompañadas de decisiones más dinámicas, para lograr una mayor descentralización y eliminación de regulaciones y restricciones que hoy limitan el desarrollo de las fuerzas productivas y no propician los resultados esperados en la actualización del modelo económico cubano (CD 28/3).

Todos los avances economicos que se dan en el marco de la planificación centralizada, del control de qué y cuánto se produce, atraen inversiones extranjeras que hasta tienen incluso más posibilidades de obtener ganancias que en cualquier otra economía del mundo, siempre y cuando los objetivos de producción sean los que beneficien al conjunto de la población. En este sentido, el exministro de Economía cubano José Luis Rodríguez afirmó que la inversión extranjera directa registró “compromisos de inversión por unos 6.000 millones de dólares desde el 2014”,  destacando la Zona Especial de Desarrollo de Mariel (ZEDM), “con una inversión captada desde el 2013 por 2.130 millones en 43 proyectos, 17 de ellos ya en ejecución”, aunque admite que “el ritmo de inversión previsto, si bien se ha acelerado, no es aún suficiente”, ya que en el plan 2018 se calculaba que debía ser del 5,8 por ciento del plan de inversiones total, aproximadamente 626 millones de dólares. De esta cifra se reportaron como entrada efectiva de capital extranjero 474 millones de dólares el pasado año. La empresa estatal de telecomunicaciones, Etecsa, firmó con Google un acuerdo para mejorar el acceso a contenidos de internet. La empresa británica Hive Energy puso la piedra fundamental en la Zona Especial de Desarrollo de Mariel (ZEDM), proyectado como el mayor centro empresarial y de captación de inversión extranjera en Cuba. Japón entregará 30 millones de dólares para mejorar el suministro de energía en la Isla de la Juventud y para comprar buses urbanos para la capital. Desde hace pocos meses, una empresa de Vietnam levanta una fábrica para producir detergente para Cuba, con una inversión de 18 millones de dólares (CD 30/3).

De esta manera, Cuba continúa profundizando las relaciones que contienen al mercado sin renunciar a los principios históricos de la Revolución. Las condiciones para ello están más que dadas, ya que las premisas materiales para la reproducción capitalista se extinguieron hace rato, el alto grado de socialización de la producción ya no cuaja con el carácter cada vez más privado de su apropiación a nivel global. Ante ello, se continúan abriendo posibilidades para poder generalizar la experiencia de los países del ALBA.

En este sentido, Bolivia no se queda atrás. Sin rimbombantes anuncios y contrariamente a los países de la región gobernados por el cipayaje, la proyección de crecimiento para el país del altiplano en 2019, según el Comision Economica para America Latina y el Caribe (CEPAL), se elevó al 4,4 %, una décima de punto porcentual más que la proyección anterior y casi iguala a la proyección establecida por el gobierno boliviano que fue anunciada por su ministro de Economía, Luis Arce: “en el programa fiscal financiero, nos pusimos la meta de crecer un 4.5 por ciento durante la presente gestión” (TS 2/4). A su vez, con la misma tónica que Venezuela y Cuba, establece proyectos que también incluyen a todo lo que los grupos económicos dejan afuera. En este sentido, el gobierno se propuso iniciar en 2020 lo que denomina la “década del Atlántico”, en la que busca potenciar el comercio a través de ese océano desarrollando más infraestructura, para sacar las mercancías por la hidrovía Paraguay-Paraná. Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay forman también parte del acuerdo para la construcción de ese canal navegable (ET 7/4).

Estamos entonces frente a la lucha planteada. En principio la derrota total de los grupos económicos, encarnación actual de la descomposición de las relaciones capitalistas. Para ello, necesariamente las “alianzas estratégicas” deben ser mundiales, en correspondencia con el carácter del problema. En este sentido, sin duda alguna que China y Rusia encabezan la lista de aliados que hacen frente a los constantes ataques del león herido imperial, que ahora recrudece desesperadamente sus embestidas contra su “patio trasero” sea por el sometimiento económico, sea por las desestabilizaciones políticas o ambas a la vez. Pero el lograr el consenso para implementar sus planes de saqueo y confiscación, necesarios para su reproducción, se hace cada vez más lejano porque en el desarrollo se tiene que fagocitar a sus propios miembros. No obstante, en cada una de las naciones se deben desarrollar las políticas de la clase trabajadora en base a su historia, conteniendo el papel que le ha tocado jugar en ese mundo, haciendo frente a la “peor variante”, no ya desde la conducta rentística, sino desde el papel de productores de todo lo necesario para el desarrollo de la humanidad en su conjunto.



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