Revista Mensual | Número: Mayo de 2019
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Fuentes consultadas:
EE.UU.-Gran Bretaña: The Economist (TE). Alemania: Deutsche Welle (DW).
China: Xinhua (XH). Rusia: Russia Today (RT). Irán: HispanTV (HTV). Líbano: Al Manar (AM).
Venezuela: Telesur (TS). Cuba: Cubadebate (CD). Brasil: Folha de São Paulo (FSP). Colombia: El Tiempo (ET).
Argentina: Clarín (CL); Cronista Comercial (CR); La Nación (LN); Página/12 (P12).
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Una de espías en el final de un orden

Manejar lo inmanejable
Unos días de calor antes del invierno, para negociar con los titulares
Fraude o “plan V”
La angosta avenida del medio
El interior rechaza a los porteños
El Ring Judicial a punto de explotar
El imperio se pone desprolijo
Criminales moralistas
Lamebotas del imperio
Malvinas
Preparativos entre las fuerzas del orden y del caos
A la cabeza de la lucha



Mientras se agudiza la lucha facciosa en todas las capas propietarias, su dominio se desarticula y el movimiento obrero sale a la pelea

Una de espías en el final de un orden

“Es una buena etapa para discutir,
pero en serio, un modelo de país,
pero quiero discutqir con los titulares,
no con los suplentes”.
Cristina Fernández de Kirchner


Como indicamos en el artículo anterior, la crisis sistémica en su versión criolla seguía profundizándose. La gigantesca sed de ganancias rápidas de los capitales monopólicos extranjeros, más las ambiciones de usufructuar las reservas de Vaca Muerta por los próximos 50 años, hacía que el imperialismo sostuviera a un gobierno fuertemente desgastado, sosteniendo una “bicicleta financiera” que permite enriquecerse, al tiempo que endeuda el país, hasta intentar ponerlo de rodillas, para pedir luego el pago en especies:  reformas estructurales, desguace de proyectos estratégicos nacionales y la entrega de recursos naturales. Como siempre, este plan tiene la obvia consecuencia del empeoramiento en las condiciones de vida del proletariado, acosado por la caída del poder adquisitivo, los despidos y el ajuste (que ataca a sus capas más empobrecidas y a su sector pasivo) y el fuerte saqueo del empresariado medio y pequeño, dependiente del mercado interno, por su bajísima competitividad y por las pequeñas masas de capital que representa a escala global. La novedad de este tiempo es que el nivel de concentración empuja la disputa escalones arriba y, por lo tanto, se vive una profunda lucha entre sectores que otrora representaban los pilares mismos del capitalismo dependiente y periférico que supo constituir nuestra oligarquía, como facción local de la burguesía mundial, en alianza con el imperialismo. Como decíamos, la concentración empuja la lucha escalones arriba hasta enfrentar a los grandes terratenientes, los grandes capitales locales y los monopolios extranjeros. Recorramos, por tanto, algunas de las aristas políticas de este enfrentamiento.

Manejar lo inmanejable

La situación social sigue erosionando la confianza de la población en el gobierno nacional, indiscutido ejecutor de este plan organizado en beneficio de intereses foráneos. Se conocía en abril que una consultora de estrechos vínculos con el gobierno nacional −como es ISONOMIA− indicaba que CFK podría derrotar por 9% a Macri en un ballotage (Perfil 18/4). Esto significaba que los niveles de rechazo a las políticas del Gobierno, y a Macri en particular, crecían mucho más que el rechazo a la ex presidenta, fabricado por el constante ataque de los medios y la Justicia. Según la consultora Inteligencia Analítica, que comparó la intención de voto actual en varios distritos con los resultados electorales de 2015, la pérdida de apoyo era significativa. En provincia de Buenos Aires Macri mide 23,7% (32,9% en 2015); Entre Ríos 29,9% (37,8% en 2015); Santa Fe 26,8% (35,3% en 2015); Córdoba 34,9% (53,2% en 2015) y Mendoza 24% (40,8% en 2015). Para un gobierno que alcanzó el poder en un ballotage por 1,4%, con una diferencia menor a los 700 mil votos, estos datos generaban profunda preocupación.

Circulaba el fantasma de la derrota electoral y, con él, llegaban muchas preocupaciones. ¿Qué pasaría si ganaba CFK en medio de una gran presión de los acreedores externos y las fuertes presiones del FMI? Se hablaba de la reposición de un “cepo al dólar” y de un gobierno “fuertemente hostil a los negocios”.

Pero para algunos el problema era más inmediato. CAMBIEMOS no tiene una verdadera estructura partidaria nacional. Es el “rejunte” del debilitado radicalismo del interior con diversos sectores ultra-liberales, que nunca tuvieron aspiraciones democráticas, y con un núcleo político de la Ciudad de Buenos Aires, con fuertes vínculos con el imperialismo. Con el cambio en la intención de voto, se ponía en duda la permanencia del Gobierno en el control de vastos aliados en el interior y, por lo tanto, con el radicalismo a la cabeza, comenzaban a alejarse diversas fracciones de ese quebradizo cuerpo, desperdigado por distintos rincones del país.

Así, en 15 de los 24 distritos del país la alianza Cambiemos no se hacía efectiva u ocultaba su nombre −como por ejemplo en Misiones, donde se llamará “Juntos por el Cambio", o en San Juan, donde participó en las PASO con la denominación “Juntos Podemos”− o directamente era disuelta, como en Córdoba. La novedad era que en Salta, Corrientes, Chaco, Tucumán, Tierra del Fuego, Misiones y San Juan la negativa a ser reconocidos como la fuerza que a nivel nacional encabeza el presidente Macri era expuesta sin miramientos (CL 20/4).

Esta situación de huida de los aliados estaba estrechamente vinculada a que la base social histórica del radicalismo, la pequeña burguesía del interior −profesionales, empresarios, chacareros, etc.− han sido fuertemente golpeadas por estos años de “neoliberalismo”, y no tienen perspectivas de mejora en el mediano plazo. Este hecho marcaba los límites históricos de la dominación democrática de los monopolios a nivel mundial, dado el fuertísimo grado de concentración de la riqueza. A esto nos referimos cuando decimos que no pueden constituir fuerza social, no pueden incorporar, ni siquiera de manera subordinada, a enormes capas sociales.

Esta situación de aislamiento llevaba al oficialismo a intentar buscar aliados cada vez más en los extremos, rascar el fondo de la olla. En el municipio bonaerense de Malvinas Argentinas, María Eugenia Vidal, con su estampa de “niña buena”, acompañaba en la campaña la grotesca figura del ex intendente Jesús Cariglino, cuyo eslogan de campaña es “Jesús te ama”. Cariglino, íntimo del ex ministro de Trabajo, Jorge Triaca, es acusado en más de 50 causas penales y su jefe de campaña y apoderado de la lista de Cambiemos en su distrito en 2017, Néstor Berardozzi, fue detenido  luego de que se encontraron 60 armas en su casa en un allanamiento (CL 3/4/19 y Perfil 12/10/17).

Con poco para elegir, el barco cada vez atravesaba más turbulencias y las preferencias se dejaban de lado por necesidad.

Como veremos más adelante, la acumulación de derrotas en el interior y la previsión de varias por venir, dejaban pocos logros electorales para mostrar al oficialismo. Por tanto, Macri, que había visitado en la antesala de las PASO entrerrianas a su candidato antes de su escandalosa derrota tomaba distancia de dos elecciones importantes, la de Santa Fe y la de Córdoba, para preservarse. Cambiemos se prepara para un doble revés en ambas provincias. (CL 19/4)

Con el PRO en decadencia, el otro lado del acuerdo, el radicalismo, transformaba su constante pedido de espacios en una lucha abierta al interior del partido y dentro de la coalición.

Por un lado, Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza, titular del comité nacional de la UCR y aliado del macrismo, no llamaba a la convención nacional del partido acordada para abril. Se buscaba, en forma implícita, no permitir que se exprese el ala que pretende empujar un candidato propio en las PASO para competir con Macri. Jorge Sappia, presidente de la Convención de la UCR y confeso promulgador de la interna en Cambiemos, expresaba sin pelos en la lengua: “Hace seis meses hubiera dicho que nuestro sector perdía. Hoy creo que ganamos; que hay una mayoría que entiende que Cambiemos está acabado; que no da para más. (…) Cambiemos ya fue; hizo todo mal” (LN 30/3). Con declaraciones semejantes, se entendía por qué Cornejo era reacio a la convocatoria. Por su parte, Ricardo Alfonsín, hijo del histórico presidente, intentaba convencer a los indecisos con la convocatoria, diciendo que “la idea no es irse del partido, sino ampliar la coalición de gobierno” a sectores progresistas y del PJ no kirchnerista (LN 28/3). Pero, por lo visto, pocos le creían y por tanto Ricardo Alfonsín profundizaba su crítica a “la ‘herencia’ que deberá enfrentar el próximo Gobierno: será más difícil que la que dejó el kirchnerismo en 2015. (…) Los indicadores socioeconómicos que le hicieron perder la elección a Cristina Kirchner, y justificaron que se dijera que la herencia era pesada, están igual o peor” (CL 10/4).

Con una discusión a ese nivel, Sappia y Cornejo acordaban posponer hasta mediados de Mayo la convención, luego de las elecciones cordobesas y con el cierre de listas presidenciales muy cerca, esperando que el desplome final o cierto resurgimiento de CAMBIEMOS pudiera acercar posiciones entre correligionarios. Además, intentaban no ventilar los “sucios trapitos al sol” antes de una elección a la que llegaban en gran debilidad. Porque, si bien la gobernación de Córdoba estaba virtualmente perdida, una caída mayor podía poner en cuestión su representación en el congreso y algunas intendencias que se disputarían en la misma fecha (LN 28/3).

Pero todo este movimiento de la superestructura era sin dudas fuertemente influenciado por la lucha facciosa entre sectores de la burguesía. Cada vez con más fuerza se hablaba del encono del llamado “círculo rojo” con el gobierno nacional. Este sector, integrado por los grandes grupos económicos nacionales, no se mostraba abiertamente, pero diversos signos –como el rechazo a las reglamentaciones del BICE para los proyectos público-privados, o al plan de ajuste definido por el FMI− parecían suponer su bronca por el constante privilegio que se da a los capitales financieros extranjeros, en detrimento de sus intereses (como veíamos en el artículo anterior). Es fundamental comprender la naturaleza de esta relación, sin caer en tontos esquemas conspirativos. Los monopolios no atacan conscientemente en todos los casos a los grandes grupos locales, sino que el mismo proceso de acumulación tiende a la concentración económica, que a estas alturas enfrenta cara cara a los monopolios con los capitales más pequeños, como vimos a lo largo de todo el Análisis… A pesar de la voluntad de las partes. Tan cierto como esto es que el imperialismo desarrolla aparatos políticos que custodian los intereses de los monopolios y estos van, objetivamente, contra todos los capitales de menor envergadura que controlan sectores estratégicos de la producción. Un ejemplo local de este proceso puede ser la relación de tensión económica que existe entre las acopiadoras de granos (multinacionales que controlan mercados de manera global) y los terratenientes locales. Entre estos dos sectores existe una permanente disputa por quién se queda con la renta diferencial que existe en la Argentina. Sin embargo, la influencia de uno y otro sector sobre el Estado puede morigerar o acelerar en favor de uno u otro sector esta disputa, donde en el desarrollo tiene todas las de perder la oligarquía local, por su menor nivel de acumulación. Al mismo tiempo, aparatos políticos del imperialismo buscan influenciar en las políticas y bloquear iniciativas que se opongan a sus intereses.

Además, es difícil pensar que sin un fuerte apoyo de los propietarios del país, políticos profundamente oportunistas salgan a criticar al Gobierno sólo por sus opiniones. Debemos deducir que tras ellos hay diversos apoyos empresarios.

Con la economía en crisis, las encuestas en contra y las elecciones provinciales cada vez peor, Macri disertaba en la cena anual del CIPECC (Centro de Implementación de Políticas Públicas), ONG financiada por los grandes grupos locales, la cara más firme y maquillada del siempre nombrado “Círculo Rojo”, desde donde se plantea influenciar en las políticas de Estado.

Allí, en la Rural, frente a 1300 asistentes, entre grandes empresarios, diplomáticos, políticos y algún que otro sindicalista confiable para estos sectores, Julia Pomares, presidenta de la entidad, presentaba a los asistentes: “Ustedes son el statu quo”, forma francesa de decir Establishment (Discurso de bienvenida CIPPEC). Allí, Macri habló por más de media hora. Prometió compromiso y pidió apoyo para las batallas por venir: “Si no ha sido suficiente vamos a redoblar el compromiso para seguir dialogando con todos. Hay mucha gente ahí afuera que espera que no especulen, que espera que den todo” (Infobae 9/4). Mientras, defendía la idea de imponer una reforma laboral, citando a Raúl Alfonsín: “¿Cuántos recursos se despilfarran por carencia de una mayor flexibilización de las normas de trabajo, de producción y de gestión?”. Y pedía el apoyo empresarial para luchar contra “los privilegios” −que el niño de la cuna de oro ejemplifico con el convenio laboral de los obreros marítimos− pidiendo la condescendencia de Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA: “Gerardo, ¿reconocés esas palabras? Queda claro que estamos como atrapados en el tiempo” (P12 10/4). Así y todo el presidente casi no fue aplaudido. Entre los espectadores estaban varios de sus posibles competidores o reemplazos para la presidencia: Vidal, Rodríguez Larreta, Scioli, Massa, Lavagna −que es parte del consejo consultivo del CIPPEC− y el oligarcón de pura cepa Urtubey, todos escudriñados por los asistentes, que debatían sobre las encuestas (Infobae 10/4).

Ante el CIPPEC, prototipo de una ONG lobbysta del poder, Macri trataba de bajar un poco la tensión con el establishment local. Sólo 6 días después, en un fallo ridículo, Paolo Rocca y Ángelo Calcaterra eran sobreseídos en la “Causa de los cuadernos”, alegando que no podían conocer cómo sus subordinados pagaban coimas para enriquecerlos a ellos, por el gran tamaño de sus empresas (CR 15/4).

En plena búsqueda de acercamiento con este “Círculo Rojo”, el Gobierno volvía a ampliar la mesa chica más cambiante del mundo, incorporando a varios aliados radicales. Se reunían Marcos Peña, la gobernadora María Eugenia Vidal, el Jefe de Gobierno Porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y los gobernadores radicales Alfredo Cornejo (Mendoza), Gerardo Morales (Jujuy) y Gustavo Valdés  (Corrientes), los ministros Carolina Stanley (Desarrollo Social) Rogelio Frigerio (Interior y Obras Públicas), Miguel Brown y Rodrigo Pena (viceministro y secretario de Hacienda respectivamente), Gustavo Lopetegui (secretario de Energía) y Leandro Cuccioli (AFIP), para terminar de acordar el plan para reactivar el consumo. Cornejo, jefe radical en la negociación, decía que “el Gobierno está receptivo a las ideas y no sólo de los gobernadores radicales”, y hacía público que se encaminaban a acordar no un congelamiento de precios sino “un acuerdo de precios”. Según indicaban los medios, los ministros y secretarios de Estado actuaron de “técnicos” para explicar a los gobernadores por qué no se podían llevar adelante los pedidos que llevaron: congelamiento o reducción de tarifas e impuestos, por ejemplo (CR 10/4).

Así, el núcleo de gobernadores radicales salía a apoyar las medidas y al frente Cambiemos. Valdez, de Corrientes, decía que “Cambiemos sigue en carrera” (LN 16/4).

Unos días de calor antes del invierno, para negociar con los titulares

Las medidas de estímulo emprendidas por el jefe de Estado −que hace solamente un mes se lamentaba de no haber aplicado un ajuste mucho más brutal en los inicios de su mandato, afirmando que se disponía a continuar con los aumentos y las reformas en su próxima gestión− tenía ribetes rocambolescos. Todo era bizarro. Los ultra-liberales macristas aplicando un plan de control de precios, con políticas construidas por el kirchnerismo, al que siempre habían denostado. Y todo con muy obvias intenciones. Llegar de mejor manera a las elecciones de octubre, sin intentar resolver ninguno de los problemas de fondo.

Así, a pesar de los “mecánicos” radicales –que repetían la estrategia de 2017, estimular artificialmente el consumo para mejorar el humor social de cara a las elecciones−, parecía difícil volver a poner en carrera a CAMBIEMOS. María José Castells, economista de CIFRA-CTA, explicaba: “Tratan de repetir la primavera de 2017, pero con una economía mucho más deteriorada y con un margen de acción mucho menor, tanto por la magnitud de la crisis como por las ataduras del acuerdo con el FMI” (P12 19/4). Con las dudas floreciendo por todos lados, el ministro Dujovne decía que  los acuerdos de precios “van a ser efectivos”, porque son “un pacto entre caballeros” (P12 19/4). Hacía recordar la famosa frase del ministro Pugliese, en plena hiperinflación alfonsinista: “Les hable con el corazón y me contestaron con el bolsillo”. Pero Cornejo nos ayudaba a entender a qué caballeros se refería el ministro: “La leche, carne, harina y los elementos de limpieza comparten la misma condición de contar a lo sumo con dos o tres grandes empresas que concentran la distribución en las góndolas del país” (LN 16/4. Subrayado nuestro). Es decir que el Gobierno pretendía acordar con los monopolios de las ramas alimenticias y de los productos esenciales para sostener la gobernabilidad. Porque además sabía que muchos de los problemas que venía teniendo eran fruto del ataque de estos sectores, que empujaban por su reemplazo, dada la incertidumbre que Macri generaba como candidato.

A pesar del poco margen de engaño que le quedaba al Gobierno, se intentaba mostrar preocupación y firmeza en medio de la crisis. El ministro de producción y trabajo Dante Sica, anunciaba que 350 inspectores garantizarían el funcionamiento de la medida (CR 18/4).

En medio de esta situación, Marcos Peña, como un autista, seguía de campaña: “Lo que queremos hacer es lo que han hecho todos los países de la región hace 15 años, poner la casa en orden y desarrollar las herramientas para que los argentinos puedan desarrollar trabajo y tener una estabilidad hacia el futuro. Frases vacías y falsas. En medio de una Latinoamérica asediada hace años por golpes institucionales, intentos de golpes de Estado. Además, criticaba a la Corte Suprema por alguno de sus fallos, indicando que confiaba en que no sean fallos “políticos” y defendía el accionar de la AFI, envuelta cada vez en más escándalos. Sobre las internas con el radicalismo, decía que “son parte del Gobierno. Nunca hubo un planteo por cargos ni con el radicalismo, ni con la Coalición Cívica. Sino parecería una discusión de cargos, que no es el caso. Somos un solo equipo y la gran mayoría del radicalismo sigue creyendo y confiando en Cambiemos como proyecto más allá de la coyuntura, un proyecto que vino a quedarse para representar a los argentinos que quieren el cambio” (CL6/4). Por esos días, se conocía que el Coty Nosiglia, conocido operador radical, proponía al Gobierno que el candidato a vicepresidente sea radical, para bajar el tono a nivel interno y poder llevar mejor a una eventual convención para definir la postura del partido (CL2/4 y LN 2/4). Surgía la idea de Lousteau como vicepresidente. Pero el ofrecimiento tenía como trasfondo intentar que el ex ministro de Cristina no sea candidato a Jefe de Gobierno en octubre, hecho que complicaría fuertemente la tracción de votos para Macri, si llega a jugar por fuera de Cambiemos.

 A pesar de esto, el Gobierno parecía encerrado en fórmulas de marketing, sin poder accionar con la realidad.  Luego de una nueva subida del dólar, y con datos inflacionarios preocupantes (4% para marzo), las usinas oligárquicas salían a instalar la teoría de que la crisis era generada por el avance en las encuestas de CFK. Pero la realidad decía otra cosa. En el último año, el dólar pasó de 20 a 45 pesos (una suba de 125 por ciento). El riesgo país se elevó de 420 a 960 unidades (un avance de 128 por ciento). Y la tasa de interés en pesos aumentó de 26 a 68 por ciento sin efecto para contener los precios y la inestabilidad del tipo de cambio. La inflación en abril del 2018 era de 25% anual y ahora del 54% (P12 25/4). Esos datos desmentían la falacia del efecto Cristina, y hasta lo invertían. Es la crisis económica la que empuja a cada vez más capas sociales a alejarse del macrismo y acercarse al CFK, como una opción de poder alternativa.

Desestimada esa Fake News de la que el Gobierno se agarraba como un madero en un naufragio, Dujovne decía  que CFK  nos llevaría a Venezuela (LN 4/4). Ese era el único acuerdo de fondo que podían tener con el empresariado: el miedo a que un nuevo gobierno kirchnerista vaya contra su propiedad. Ese y el ataque a los derechos laborales. Más en una Latinoamérica permanentemente agredida por la política de EEUU, principalmente en Venezuela.

Con el frio verano que intentan generar, quedaban pocas opciones. Fraude o “plan V”.

Fraude o “plan V”

Con la dificultad para aplicar el plan de ponerle plata en el bolsillo a la gente, aparecían todavía más problemas en el horizonte. Porque la ley electoral, como era hasta principios de abril, permitía las llamadas “listas colectoras”. Recordemos que estas consisten en que distintos partidos políticos presentan diferentes candidatos para alguna candidatura específica, pero adhieren de manera conjunta a una misma lista para otra categoría. En términos generales, suelen ser varios partidos que presentan diferentes candidatos para un cargo de “baja categoría” (candidato a diputado o concejal, por ejemplo), en tanto que se suman a una misma lista para un cargo de mayor nivel (candidato a presidente o gobernador). Esto le permite al candidato “mayor” sumar los votos (“colectar”) de diferentes candidatos a cargos “menores”.

A pesar de que en nada contradice la democracia que exista tal posibilidad para los votantes, mediante el decreto 259/2019, que fue firmado por el Presidente, Marcos Peña y Rogelio Frigerio, se eliminaron tales listas, sin mayor justificación que la posibilidad de un acuerdo entre CFK y el PJ Federal, que derrote a cualquier candidato bonaerense que proponga el macrismo (LN 4/4). El PJ bonaerense prometía iniciar una ofensiva judicial contra el decreto que modificaba las reglas de la elección dos meses antes de la inscripción de candidaturas (P12 14/4).

Pero el desmanejo institucional que permite esmerilar a la oposición, por derecha y por izquierda, no terminaba ahí. Finalmente era elegida la empresa Smartmatic International Holding para trasmitir los datos electorales de las escuelas al centro de cómputos y realizar el recuento de votos en las elecciones presidenciales. A pesar de que en las pruebas técnicas  fue la empresa con el peor desempeño. Sus capacidades técnicas fueron evaluadas por expertos del ministerio del interior en un rango de 100 puntos y sus antecedentes con una puntuación de 200.  Indra obtuvo 100 puntos sobre 100 y 180 sobre 200; la catalana Scytl Secure Electronic Voting, 86 y 174, y Smartmatic International Holding, 82 y 165. Desde el Ministerio argumentaron que la venezolana, cuestionada desde hace meses, era la más barata. Costará solamente 16 millones de dólares aproximadamente, algo más que 720 millones de pesos (LN 18/4).

Ariel Garbarz, especialista en Telecomunicaciones de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), afirmaba que “el fraude ya está organizado. (…) Ya controlan el software, lo que indica que la transmisión electrónica la van a manipular”. Afirmaba que, suspendido el telegrama electoral, que es la única garantía de transparencia en la trasmisión de los datos, el “Software Election-360” desarrollado por la empresa Smartmatic y que se utilizará para “registrar, controlar y contar” los votos en las propias elecciones,  dice claramente en su ficha técnica que cuando se escanea el acta de cierre, y antes de llegar al Correo, pasa por un punto intermedio que está a disposición del contratante, que es el gobierno que lo compró.

Los temores por un mayor derrumbamiento de la intención de voto al presidente empujaban lo que mediáticamente se dio en llamar “el plan V”, correr a Macri y postular a Maria Eugenia Vidal. Si bien nunca hubo una declaración en ese sentido desde el oficialismo, salvo en sectores radicales que llamaron a la convocatoria a unas PASO, pero en la que  Macri no se presentara (Storani), lo cierto es que en distintos medios de prensa ventilaban que el Círculo Rojo empujaba la candidatura de Vidal, que es indudablemente, según todas las encuestas, la dirigente con mayor intención de voto en este momento. En un almuerzo organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CiCyp), Vidal criticó a CFK diciendo que “la Argentina que cree que esto se resuelve con un líder, es la Argentina que fracasó en los últimos 80 años. (…) La enorme mayoría no quiere más líderes mesiánicos, quiere equipo, equipo de toda la política y de todos los argentinos” (Lapoliticaonline 23/4).

Lo cierto es que Durán Barba, férreo defensor de la postulación de Macri, manejaba algunas encuestas con resultados inquietantes incluso en distritos donde la ventaja de Cambiemos era abrumadora, como Capital Federal, donde la intención de voto oficialista se ubica en 37 puntos, apenas cinco por sobre Cristina Kirchner. Así, Macri, Marcos Peñal y Dante Sica comenzaron negociaciones directas con el Círculo Rojo: Luis Pérez Companc (Molinos), Paolo Rocca (Techint), Luis Pagani (Arcor), Eduardo Elsztain (IRSA) y Alfredo Coto (Supermercados Coto), Marcos Bulgheroni (Panamerica Energy) y Marcos Galperín (Mercado Libre). (LN 13/4 y CL 13/4)

Como en 2013, eran directamente los empresarios los que salían a poner condiciones al gobierno, dejando entrever la tremenda crisis política que viven los partidos, que ya no pueden ser intérpretes de los intereses que anidan en la sociedad, sino que expresan de manera cada vez más directa la lucha facciosa entre diversos sectores de la burguesía.

La angosta avenida del medio

Con el macrismo debilitado, los grandes grupos nacionales preferían constituir un candidato “más cercano”, más ligado históricamente a los capitales con arraigo nacional. Así surgía la candidatura de Roberto Lavagna, que no paraba de hacer contactos con empresarios y políticos del interior. En Córdoba, se reunía con Schiaretti y con la poderosa Fundación Mediterránea, cuna de Domingo Cavallo y muchos de los famosos “Chicago Boys” de los 90, financiada históricamente por Arcor, el grupo económico más grande de la Provincia, y uno de los más grandes del país.

Lavagna intentaba saltarse las PASO con Massa y ser el candidato del “consenso”. A finales de marzo, se conocía una nota de opinión del ex Ceo de Shell y primer ministro de Energía de Macri, Juan J. Aranguren, quien salía a levantar la figura de Lavagna: “Cuando en marzo del 2005 el ex presidente Néstor Kirchner ordenó ir en contra de una empresa a la que le había declarado el boicot popular porque ésta había actuado en contra de sus deseos, Lavagna -de quién dependía la Comisión de Defensa de la Competencia- se le plantó y le dijo que no movería un dedo para castigar a quien actuara dentro del marco de la ley” (LN 27/3) Con esa anécdota intentaba mostrar a Lavagna como un economista confiable, hasta en su heterodoxia.

Además, Lavagna parecía elegir a Miguel Ángel Pichetto como virtual jefe de campaña, que en su nombre se reunía con gobernadores y diversos sectores de la oposición (CL 9/4). Pichetto, en su nuevo carácter, decía que Alternativa Federal no iba a confluir en unas PASO con el kirchnerismo: “Unirse con cualquier sector para ser una fuerza de izquierda o de centroizquierda y repetir las experiencias fallidas del pasado o generar un modelo con Ministerios de la Venganza, o un estilo parecido al chavismo, no es muy motivante”, definía el otrora jefe de la bancada de senadores (LN16/4).

Todo indicaba que el ex ministro era el candidato predilecto de los grupos nacionales. El único problema es que estaba lejos de ganar con holgura unas PASO contra Massa y menos que menos de alcanzar una intención de voto similar a CFK, cualidades que Macri parece conservar.  Además, si bien servía como un buen apriete al macrismo, para sentarlo a negociar, de ir a la elección esmerilaría mucho más a ese sector que al kirchnerismo, jugando como un “Randazzo” para Macri.

La otra cara presidenciable de Alternativa Federal, Sergio Massa, parecía continuar su caída y ahora correr de atrás. “Aprendí de mis errores. Mi soberbia me llevó a creer que los votos eran un cheque en blanco. Quiero pedirles disculpas a todos aquellos que se sintieron decepcionados. Hoy siento que maduré y que estoy en mejores condiciones que nunca para liderar un país”. Criticaba al Gobierno: “Se hacen tristes. (…)  El problema no es la Argentina, el problema es Macri y el camino que eligió para la Argentina. Una Argentina para muy poquitos. Fracasó Macri, no la Argentina”. Dentro de AF parecía el que menos cerraba la puerta a un acuerdo con el kirchnerismo.

La “avenida del medio”, que pretendía correrse de la grieta, buscaba ser una oferta para los empresarios, que garantice que no se van a cometer “excesos contra la propiedad” para enfrentar la segura crisis venidera. La irrealidad de sus planteos era la contracara del atolladero de los grupos nacionales, acosados por el imperialismo y por la posibilidad de un nuevo gobierno “populista” que tienda a la “chavización”.

En cualquier caso, AF lanzaría su candidatura luego de las elecciones de Córdoba, con la intención de juntar la máxima cantidad de radicales que pueda.

Pero repasemos ahora como se dieron las distintas elecciones en el interior.

El interior rechaza a los porteños

En este contexto, en varias provincias se realizaban elecciones, mostrando por un lado la debilidad de CAMBIEMOS a nivel nacional, pero también la independencia de los diversos armados políticos provinciales y la fractura de los históricos partidos políticos.

En Chubut, se realizaron las PASO, a instancias de las elecciones generales que serán en junio. El peronismo −dividido luego de la muerte del gobernador Das Neves−, retenía el primero y segundo lugar. El actual gobernador Arconi era el candidato más votado, pero la otra lista peronista, encabezada por el candidato Linares, intendente de Comodoro Rivadavia, era la más votada, por solo un punto. Dejaban en un 3er lugar al candidato de Cambiemos por 15 puntos. Se registró una asistencia a las urnas del 70% del padrón. Es decir, el peronismo dividido alcanzaba más del 65% y Cambiemos apenas 16% (P12 9/4).

También se realizaban las PASO en Entre Ríos. Allí, el peronismo, oficialista, se imponía. El gobernador Bordet sumaba 58,15% y Benedetti, de Cambiemos, alcanzaba los 33,65% (CL 14/4). Es decir, se alcanzaba una diferencia de 25% a favor del peronismo. Al finalizar, Bordet declaraba: “Como optimista, creíamos que ganábamos por 15 pero fue casi 25. (…)  Mandó lo provincial, cayó mal la intromisión de Mauricio Macri y con unidad, el peronismo gana la presidencial. (…) Hay que arreglar el país” (CL 14/4).

También en San Juan las PASO beneficiaban al oficialismo, de origen peronista. El gobernador Uñac se imponía por el 55% de los votos, contra el candidato de Cambiemos Orrego, con el 32%, es decir, por 23% de diferencia. Uñac, como veremos más adelante, utilizaba su victoria electoral para posicionarse como uno de los hombres fuertes dentro de AF, empujando para que la candidatura de Lavagna sea dentro del peronismo y poniendo reparos con CFK.

Las únicas elecciones generales que se realizaron fueron las de Río Negro, donde la también oficialista Arabela Carreras se imponía contra el candidato de la unidad del peronismo (confluyó el PJ con los sectores kirchneristas). La candidata auspiciada por el actual gobernador Alberto Weretilneck, que no pudo presentarse porque la Corte Suprema no lo permitió, alcanzaba el 52% de los votos, frente al  kirchnerista Martín Soria, del Frente para la Victoria, que llegaba al 35%, y la candidata por Cambiemos y senadora provincial por la UCR, Lorena Matzen, con algo más del 5% (LN 5/4).

Al finalizar la elección, Martín Soria declaraba que “este FPV va a seguir luchando frente a Macri y a sus socios. Una batalla no es una derrota. (…) Hemos enfrentado a dos oficialismos, al de Weretilneck y al de Macri y a todos sus socios. (…) En devolución de favores, Macri vació a su propia candidata y favoreció al gobierno provincial” (LN 7/4).

Con todo este recorrido electoral, se pueden entrever ciertas tendencias. Por un lado, en todas las provincias venció el oficialismo, con discursos que intentaron ser provincialistas; en elecciones que fueron separadas adrede de las nacionales, a pesar de los fuertes costos fiscales, para alejarse de una polarización incontrolable para los jefes provinciales. Es decir, los gobernadores buscaron preservarse y tuvieron margen para eso. Los casos de Río Negro, con el frente “juntos somos Rio Negro”, compuesto de peronistas en su gran mayoría, es un ejemplo, como lo fue el mes pasado el Movimiento Popular Neuquino, que hizo campaña con la idea de que los recursos que están en la provincia son sólo de los neuquinos y no de todos los argentinos. Pero un discurso similar primó en San Juan y Entre Ríos, por lo menos hasta finalizar la elección.

Sin embargo, el dato más importante no era la provincialización de los discursos, sino el desplome de Cambiemos, que no es otra cosa que la falta de confianza que despierta el radicalismo provincial, aliado al gobierno nacional. Cada vez menos gente confía en que las provincias tienen un lugar en el proyecto macrista, mucho más luego de la actitud del núcleo de Cambiemos en todos los casos en que fue derrotado. Siempre se desentendió de sus propios candidatos, para intentar mostrar fortaleza. En los casos de Río Negro y Neuquén, el Gobierno dejo trascender que la derrota del kirchnerismo −que en ambos casos auguraba mejores elecciones− era un buen presagio para octubre, a pesar de que sus candidatos fueron aplastados. Como el imperialismo en todos los lugares, no tiene aliados permanentes, sino intereses permanentes. Y, como viene ocurriendo en estos tiempos, cada vez menos actores se prestan a sus cortas aventuras.

 De fondo, se halla la fractura económica del país. Con provincias como Mendoza o Neuquén −que encaran reformas neoliberales en el marco de  economías que crecen por su vínculo con el mercado mundial−, o economías devastadas por la fuertísima estanflación −como la entrerriana, que llega al 45% de pobreza en algunas de sus ciudades− o la cordobesa, que sufre cierres de fábricas y empresas.

Si bien el descontento es fuerte y la opción oficialista a nivel nacional cada vez está más bastardeada, no aparece una organización nacional que pueda aglutinar ese descontento y llevar adelante un proyecto nacional. Esto es porque sólo una clase nacional puede asumir esa tarea histórica y, en el marco del hundimiento de las capas medias y el desguace del empresariado pyme, sus partidos representativos se quiebran en facciones provinciales, atadas cada una por su lado al mercado mundial. Sólo los trabajadores pueden ser el cemento para construir una única patria. En el momento actual, sólo aparece en el escenario la posibilidad de realizar acuerdos entre “caudillos” nacionales o provinciales, que en el mejor de los casos aglutinen confianza por su trayectoria. Pero lejos estamos de que exista una organización política de carácter nacional que conduzca semejante tarea.

Además, las provincias saben que el gobierno nacional buscará trasladar la crisis a sus cuentas. Tan es así que Santa Fe comenzaba nuevamente un reclamo por una cifra que ronda entre los 75 mil millones y los 100 mil millones de pesos, que el gobierno nacional se comprometió a pagar, a cambio de que la provincia firme el pacto fiscal (CR 5/4).

Veamos ahora cómo se expresó la lucha en el terreno judicial.

El Ring Judicial a punto de explotar

En este contexto, la Justicia iba a ser uno de los ámbitos donde más se expresarían las disputas al interior de los propietarios del país. La actuación de la Corte Suprema, como viene siendo desde la llegada del macrismo y centralmente desde la incorporación de Rosenkrantz y Rosatti al cuerpo, no iba a estar exenta de polémicas o dobles lecturas. Más en esta etapa donde el presidente del cuerpo, Rosenkrantz, ha sido desplazado de muchas de sus funciones, luego de la interna con Lorenzetti.

Siempre tratada como un problema de egos por los medios hegemónicos, el mes de abril nos alcanzaba algo más de información. A finales de marzo, Rosenkrantz inauguraba el año judicial con un discurso de tinte filosófico, donde pidió aplicar las leyes, sin interponer intereses o pareceres. El juez debía aplicar la ley aunque no estuviera de acuerdo con ella, puesto que su función no era legislar. Disertó en medio de muchas ausencias. 9 jueces federales no asistían,  marcando las tensiones que se viven en la Justicia. A pesar de sus palabras, el presidente de la Corte es sospechado por sus fuertes vínculos con diversas empresas a las que asistió como abogado hasta poco tiempo antes de ser designado juez de la Corte. Se habla de varios casos: por un lado, que intentó beneficiar a Esso y Axión Mobil en causas contra municipios del conurbano (las empresas se negaban a pagar rentas municipales). Además, lo acusan de haber filtrado un fallo antes de su publicidad para que el Gobierno pudiera emitir una disposición que disminuía su costo fiscal y de actuar abiertamente en favor de la minera Barrrick Gold  (El cohete a la luna 21/4). La mayoría de la Corte −llamada “mayoría peronista” por los medios, que constituyen entre Lorenzetti, Rosatti y Maqueda− parece que en definitiva intenta disminuir los efectos obvios de tener un agente de los monopolios en el centro del máximo tribunal, en tiempos de “presidentes autoproclamados” y guerras económicas genocidas. En definitiva, pasa lo obvio. Si el macrismo colocó a uno de los más eminentes abogados de las multinacionales en el Tribunal y lo empujó a que dispute la presidencia, era para beneficiar a sus antiguos clientes. Así y todo la Corte parece alejarse cada vez más del Gobierno.

Tal como hemos repetido en numerosas ocasiones, ninguna esfera de la sociedad está deslindada del proceso de descomposición y desarticulación de los lazos que había atado el gran capital, a través de la oligarquía criolla. Las internas feroces en el Poder Judicial, que llegan hasta su cúpula, demuestran que aún instituciones creadas y criadas al servicio del poder oligárquico se quiebran en la desbandada de este.

Por un lado, la Corte quitaba la posibilidad de la re-reelección a dos gobernadores. Al Riojano Casas −que había triunfado en un referéndum, aunque de baja participación− y a Weretilneck, de Río Negro, sentenciando la necesidad de cambiar de candidato. Así, se mantenía en un factor político importante, que parecía jugar su propio juego (LN 26/3).

Al mismo tiempo, fallaba contra la potestad de la AFIP para cobrar el Impuesto a las Ganancias a los jubilados, quitando millones de pesos a la recaudación, en medio del ajuste y los aprietes del FMI (LN 27/3).

Pero las acciones que pueden leerse como adversas al Gobierno continuaban. Otra vez, con el auspicio de Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, al que se sumaron los votos de Elena Highton y Rosenkrantz, se  enviaban más recursos al juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, para continuar la investigación contra Stornelli. Sólo un día después de que, por pedido de Macri, el oficialismo presentara en el Consejo de la Magistratura un pedido de Juicio político en su contra. La falta de recursos había sido una de las mayores quejas del juez cuando expuso en Diputados, disertación que para el macrismo amerita su desafuero (LN 20/3).

El accionar de la Corte, cada vez más alejada del Gobierno, parecía mostrar los dientes de los grupos de poder desplazados. Como si allí se concentrara el peso de las capas de capital más concentrado a nivel local que van qiedndo fuera del reparto.

Como explicamos muchas veces, las causas de corrupción, lejos de ser para perseguir políticos, fueron un mecanismo de dimensiones latinoamericanas para acelerar la concentración de capitales a favor de grupos norteamericanos. Para comprender esto, basta sólo con recorrer la reglamentación que el BICE imponía en abril para poder participar de los planes subsidiados por el Banco Interamericano de desarrollo y el JP Morgan, llamados proyectos publico-privados (PPP). Esta reglamentación dice que, si un empresario está procesado por esas causas, para participar debe vender sus acciones.

Así, en la Justicia se vivía una fuerte contradicción al calor de una situación política que muchos suponen cambiante. Por un lado, Bonadio no paraba de procesar a CFK. En 48 horas dictaba dos procesamientos con prisión preventiva. Uno, alegando sobreprecios en subsidios al trasporte (causa que salpica a Paolo Rocca y a Calcaterra) y otro en una causa por sobreprecios en la compra de gas licuado (P12 20/3). El juez parecía apurado por las encuestas que señalábamos en nuestro primer apartado…

La debilidad del Gobierno y el avance de la causa contra su fiscal, Carlos Stornellli, lo colocaban en una situación difícil. Así, la Cámara Federal actuaba a contramano de lo hecho por Bonadio.  Absolvía a Paolo Rocca, con el increíble argumento de que no podía estar al tanto de que sus subordinados pagarían coimas para beneficiarlo. Los jueces aclararon en el fallo que este hecho se desprendía de las declaraciones de Betnaza –uno de los más conocidos operadores políticos de Rocca−, que al parecer tendría cara de “hombre sincero” (CR 16/4)…

Además, la misma cámara instaba a Bonadio a elevar la causa a la instancia superior, por lo menos en los casos en que la investigación ya esté concluida. Los jueces le indicaron además a Bonadio que apure la resolución de las cuestiones pendientes como el pedido de sobreseimiento de Máximo Kirchner, acusado de ser parte de una asociación ilícita, y le pidieron profundizar las líneas de investigación sobre las empresas Perales Aguiar SA, Cartellone SA, Juan Carlos Relats SA o el grupo Eskenazi, cuyos titulares no fueron citados aún y están mencionados en el expediente (LN 16/4).

En este marco, la investigación del Juez Padilla avanzaba. Por un lado, se reconocían casos de extorsión vinculados a delitos económicos. Se conocía el caso de Mario Cifuentes, empresario petrolero, proveedor de Vaca Muerta, extorsionado por D´Alessio. Aquel declaraba que estuvo amenazado por 3 años por el agente de la DEA. “Hoy me doy cuenta de que fue una enorme jugada con dos objetivos: quedarse con la empresa era el primer plan; sacarnos del mercado, era el plan alternativo”, indicaba el empresario (P12 31/3).

 El juez no solamente identificaba casos con una clara intención de conseguir quedarse con alguna empresa o con algún negocio, sino que en un escrito afirmaba que “existen numerosos elementos de prueba que permiten indicar, con el grado de provisoriedad que impone esta resolución, que cualquiera fuera el marco legal se llevaron adelante acciones de inteligencia criminal, de espionaje político y/o ideológico, se intentó influir a través de aquellas actividades de espionaje en la vida personal, en la situación institucional, política y económica del país, así como en la opinión pública a través de los medios de comunicación, e incluso se pudo haber visto afectada la política exterior” (P12 14/4).

Es decir, claros actos de inteligencia, que buscan torcer el humor social y acelerar los mecanismos de concentración económica en favor de unos pocos grupos, cuyas necesidades exceden sus posibilidades inmediatas. A todo esto, el fiscal federal Carlos Stornelli era declarado en rebeldía por eludir por cuarta vez la citación a indagatoria en la causa judicial que se tramita en Dolores (P12 27/3).

Antes de volver a repasar la novela de espías en que se ha convertido la política nacional, por la desesperación del imperialismo, debemos citar algunos hechos más que se han dado en el ámbito judicial.

La Cámara Nacional Electoral sólo admitía la incorporación de innovaciones dentro de “un esquema distinto de distribución de responsabilidades institucionales sobre el escrutinio provisional sustancialmente diferente del que ha elegido el Poder Ejecutivo Nacional para llevar adelante ese proceso”, dejando abierta la posibilidad de que el recuento no pueda ser digitalizado como pretendía el gobierno (P12 2/4).

En medio de esta podredumbre absoluta, en Cutral-Co, el juez de garantías Mauricio Zabala condenó al titular del Sindicato de Trabajadores Municipales de Neuquén (Sitramune), Santiago Baudino, por “entorpecimiento del normal transporte por tierra”. Según el magistrado, se había afectado el derecho al libre tránsito “en horario complejo” y “en el centro de la ciudad”. Desde la oposición, referentes del kirchnerismo y de la izquierda repudiaron el fallo, al que calificaron como un intento de “criminalizar la protesta”. El hecho en cuestión ocurrió en septiembre de 2017, cuando el Sitramune realizó una manifestación frente al Palacio Municipal, en reclamo de la reincorporación de 33 mujeres despedidas que prestaban servicio en el área de Desarrollo Social. El municipio, a cargo del intendente radical Horacio “Pechi” Quiroga, gran derrotado en la última elección, inició una acción judicial contra los trabajadores. Luego del fallo, Quiroga festejó y felicitó al juez Zabala, calificó el fallo como “histórico” y sostuvo que “marca un antes y un después” a nivel provincial y nacional. “Por fin un juez interpreta cabalmente lo que marca el Código Penal, anteponiendo el interés general y el bien común al interés de un sector que tiene como costumbre utilizar la violencia y la prepotencia para imponer la sinrazón” (P12 2/4).

La vara era muy distinta. Crímenes comerciales que significan millones no se castigan; trabajadores defendiendo sus fuentes de trabajo son considerados criminales por un aparato judicial podrido, al que le sale pus por todos los costados. Pero entremos ahora en la podredumbre del mundo del espionaje.

El imperio se pone desprolijo

Con la presión de la causa llevada adelante por el juez Ramos Padilla, el Congreso citaba a los titulares de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. En su exposición, estos admitieron que habían enviado a dos de los directores de la AFI, Sebastián De Stefano y Fernando Di Pascuale, a  entrevistarse con el juez de instrucción de Avellaneda Carzoglio, antes de que emitiera un fallo sobre Pablo Moyano. El juez, por su parte, asegura que le “enviaron un borrador de detención de Moyano, que lo denuncié y lo tengo en una caja de seguridad de un banco”. El Juez indicó que los directores de la AFI fueron directos, le dijeron que “el Presidente está obsesionado con Pablo Moyano” y que “el Gobierno espera su detención” (CL 5/4 y P12 7/4).

Luego de este escándalo, que los medios monopólicos no publicitaron, pero que es sin dudas pasible de un juicio político al Presidente, la trama de espionaje no dejaba dudas. D´Alessio era cualquier cosa menos un agente inorgánico que actuaba por propia cuenta. La declaración de Hugo Rolando Barreiro, agente de la AFI, que está indicado como colaborador del falso abogado, admite que existía una organización que reportaba en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a Pablo Pinamonti. Este dependía de Darío Biorsi, otro hombre con altísimo cargo en la AFI. Las instrucciones llegaban a la organización ilegal a través de los dos ex comisarios, Aníbal Degastaldi y Ricardo Bogoliuk −presos por la extorsión al dirigente rural Echebest−, y lo que se les pedía principalmente era hacer espionaje. Según su declaración, el problema fue que de la mano de Marcelo D'Alessio todo se desbarrancó y terminaron extorsionando, coaccionando y hasta hacían servicios “personales” como investigar al ex marido de la esposa del fiscal Carlos Stornelli, redactar informes sobre las relaciones de María Eugenia Vidal, preparar jugarretas usando los dichos de Natacha Jaitt o legajos sobre los periodistas de Animales Sueltos. Admitió que existió una banda de espionaje ilegal y chantaje, entre cuyas usuarias estuvieron Elisa Carrió y su socia Paula Olivetto. Además, indicó que “el contacto con Patricia Bullrich existió, (…)  D'Alessio alardeaba en forma permanente de su vínculo con la ministra: que decía que le armaba operativos anti-drogas como Boinas Blancas, que Bullrich pagaba por la defensa legal del arrepentido Leonardo Fariña y que participó de la entrega del ex titular de Hinchadas Argentinas, Marcelo Mallo. Hay una parte de la declaración de Barreiro que se mantiene en secreto. Pero según la versión de quienes estuvieron presentes, ‘Rolo’ contó sobre el hostigamiento a la ex abogada de Fariña, Giselle Robles, para presionarla y que no cuente la existencia de una reunión entre el ministro Germán Garavano, Fariña y ella, donde se habló de sacar de sus puestos a tres jueces y, sobre todo, de lo que sería el contenido de la declaración de Fariña como arrepentido. Parece que en el encuentro se evaluó cómo involucrar a Cristina Fernández de Kirchner en la causa del lavado de dinero. (…) Además, Barreiro involucra en todos estos hechos al actual defensor de Fariña, Rodrigo González” (P12 3 / 4).

La podredumbre era tal que Carlos Pagni, ex jefe del ministro de Economía y otrora gran defensor del gobierno, criticaba con dureza los desmanejos de la agencia de inteligencia: “Macri, que había prometido sanear la AFI, la empeoró. Puso esa agencia en manos de Arribas, un especialista en la compraventa de futbolistas (…) [y de] Silvia Majdalani, cuyo principal antecedente era su íntima amistad con Francisco Larcher, encargado de la Secretaría de Inteligencia que, durante el kirchnerismo, lo tenía a él mismo como blanco de sus hostilidades. El Presidente suele explicar esa designación con una excusa que la ensombrece más: ‘Me la recomendó Nicolás Caputo’. (…) El trío Arribas/ Majdalani/Caputo y Angelici administra y supervisa $7600 millones en fondos reservados (LN 4/4).

Todos estos datos mostraban cómo el aparato de inteligencia intentaba actuar políticamente para beneficiar al Gobierno y perseguir opositores. El accionar mafioso, al servicio de la imposición de un plan económico que ha empujado a la pobreza a millones de argentinos, en beneficio de unos pocos grupos monopólicos. Pero también mostraba lo que otrora referíamos. Al atacar a sus principales socios, el imperialismo se ha ganado un gran lío. Es imposible creer que un viento de sinceridad y arrepentimiento haya caído sobre los agentes que hablan y los jueces que investigan. Mucho más realista es pensar que en poderes absolutamente copados por la oligarquía −que no es solamente un conjunto de terratenientes, sino una clase social, que constituyó y domina en el Estado− aparezcan los chispazos contra una política oficial que actúa como correa de trasmisión de su propio proceso de extinción. Nuestra oligarquía –cuyo surgimiento y desarrollo en tanto clase estuvieron históricamente subordinados a los intereses monopólicos imperialistas− pretende hoy dar pelea en su territorio, frente a su tradicional aliado que hoy necesita arrasarla.

Pero la lucha no se dio solamente en el plano de la Inteligencia. Veamos cómo continuó el plan de militarización de la sociedad.

Criminales moralistas

En medio del peor escándalo de espionaje de la historia democrática nacional, la ministra Bullrich centraba su atención en defender la “justicia por mano propia”. Luego de que el médico Ernesto Crescenti matara, presuntamente en defensa propia, a Yoel Zelaya, de 16 años, quien estaba intentando robarle, el ministerio de Seguridad, como en el caso Chocobar, salía a bancar al médico, defendiendo su derecho a la defensa propia y estigmatizando al joven villero que había intentado robarle(LN 21/3). Se empujaba así la idea de que el crecimiento de los delitos contra las personas y contra la propiedad podía resolverse con una baja en la edad de imputabilidad y con “mano dura”. Encarcelando chicos de 15 años íbamos a resolver el problema de la delincuencia, mientras 4700 millones de pesos eran utilizados para financiar bandas de espionaje que adhieren a una u otra línea de capital, mientras el país ajusta sus cuentas para pagarle al FMI. El cinismo era un mecanismo de lucha política; debía enfrentarse a la sociedad consigo misma, para que no se perciban los verdaderos enemigos.

Pero el problema no eran solamente los jóvenes desplazados y arrinconados, que optaban por el dinero mal habido, igual que D´Alessio o Macri, pero sin ocupar su misma posición en los sectores dominantes. El otro “cáncer social” a extirpar era la organización. La Nación decía que “un piquete o una concentración se han vuelto ámbitos tan explosivos como destructivos. Lo colectivo potencia la desazón individual y la desata, amparada muchas veces en el anonimato y reforzando peligrosamente el desafío cuasi permanente al principio de autoridad que debe primar como organizador de la convivencia social y sin el cual nos gana la anarquía (LN 22/4). Fiel a su estirpe oligárquica, la Tribuna de Doctrina nos explicaba cómo con palos iban a resolver los problemas de todos.

En este marco, una resolución judicial fuertemente técnica intentaba desalojar a las Madres de Plaza de Mayo de su sede, por no tener una universidad, sino un instituto de enseñanza superior (P12 19/4). La jugarreta intentaba quedarse con el edificio de Congreso y con el archivo histórico que allí se guarda. Mientras se conocía esa noticia, otra irrumpía en la escena. Se desclasificaban de archivos militares en EEUU que revelan que Buenos Aires fue sede operativa del plan Cóndor, plan que coordinó la represión entre las dictaduras militares en la década del 70. Se revelaban el método de planificación y funcionamiento del Plan. Los delegados de Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Bolivia debatían y elegían por mayoría simple a sus víctimas. Cada delegado presentaba una “propuesta operativa” y la discusión sobre oportunidad, costo político y material terminaba en una votación. Si había desacuerdo, se hacía un acta con copias para cada país participante. Si se aprobaba una “operación”, se ponía en marcha una maquinaria burocrática que incluía pasajes y viáticos de hasta 3500 dólares por día para los grupos de tarea de hasta cinco agentes (P12 14/4). Además, en las más de 43 mil páginas desclasificadas se revela que el Ejército Argentino reportaba diariamente a agentes de la CIA en el país, que a su vez trasmitían la información a EEUU. Se encontraron actas con informes sobre el asesinato de dirigentes guerrilleros, en enfrentamientos y ejecuciones (CL 12/4).

Lamebotas del imperio

La tremenda confesión de parte de EEUU de haber colaborado con las dictaduras latinoamericanas para el secuestro y asesinato de políticos, guerrilleros y sindicalistas en toda la región era contestada por la cancillería argentina con el silencio, el mismo silencio cómplice de los socios del poder actual. Sin embargo, el encarcelamiento de una pareja iraní, que ingresó al país con pasaportes falsos, días antes de la conmemoración del atentado a la embajada de Israel, servía para sostener el cipayismo de la actual administración argentina y estigmatizar al país persa.

El embajador israelí Ilan Sztulman culpaba por los atentados a Irán, sin más pruebas que su opinión, es decir, la de un enemigo declarado del país persa, afirmando que “Irán es un país que asesina, que distribuye el terror en todo el mundo”. Las blasfemias contra una de los países más solidarios de su región, que enfrenta desde hace más de 30 años al imperialismo yanqui, eran acompañadas por la atenta mirada del ministro de Justicia, que trabaja activamente para armar causas contra políticos opositores. Cerrando el acto, Garavano lanzó el acostumbrado (y políticamente correcto) “no podemos permitir que esto se olvide” (LN 19/3).

La misma seguridad nacional que nos defendía de un matrimonio Iraní −que no cometió más delito que tener pasaportes falsos− deportaba a los jugadores de la selección de futsal pakistaní, por un error administrativo de la embajada argentina en el país asiático. Por lo visto, ser musulmán era suficiente para ser peligroso (P12 3 /4). El gobierno repartía pleitesía a los asesinos de Medio Oriente, usurpadores de los altos del Golán, mientras deportaba futbolistas musulmanes, para construir la idea de sujetos peligrosos.

En este marco de acercamiento a las potencias imperialistas, el Gobierno, mediante un decreto, eliminaba el voto directo de representantes al Parlasur, el parlamento del Mercosur (P12 21/4), al tiempo que el canciller Jorge Faurie aseguraba que la Argentina no cederá en su objetivo y continuará luchando para que Maduro deje el poder en Venezuela y se convoque a “elecciones libres” (LN 21/3).

Como frutilla del postre, Wikileaks revelaba documentos en los que se remitían informes diplomáticos de los pedidos de Mauricio Macri a la embajada yanqui y a funcionarios norteamericanos para que “le paren el carro a Néstor Kirchner”, por su “rampante antiamericanismo”. Macri  criticaba, en medio de la primera presidencia de CFK, que “la participación de los Estados Unidos en la Argentina ha sido demasiado ‘pasiva’ y poco dispuesta a desafiar directamente las provocaciones de los Kirchner” (P12 14/4).

Con toda esta información, es imposible creer que el macrismo no tiene en su ADN la trampa y el crimen como armas de acción política, como lo ha tenido siempre la oligarquía cipaya, empujada por el imperialismo. Por lo tanto, debemos analizar desde estas conclusiones los movimientos en el frente nacional.

Malvinas

Con motivo de la conmemoración de la Guerra de Malvinas y por la apertura de las causas contra militares que torturaron soldados en la Guerra, resurgía el debate sobre el carácter de la confrontación y el papel de la Argentina.

La Nación salía a defender a los militares torturadores indicando primero que el estatus de “causa nacional” de la Guerra de Malvinas dificultaban su análisis. Sin embargo, contrariamente a lo que se pregona, para la Tribuna de doctrina el accionar militar argentino en la guerra había sido más que decoroso, dada la increíble diferencia entre el poderío militar inglés y el argentino. Las premisas de su relato siempre son la invulnerabilidad del imperialismo y el ataque al carácter de lucha antiimperialista con la que contó la guerra (LN 31/3).

Fiel a su estilo pro-británico, La Nación acompañó su edición del 2 de abril con una entrevista a Barry Elsby, presidente de la Asamblea Legislativa de las islas Malvinas, la máxima autoridad de las islas. Este afirmaba que “en 2013 las personas de las islas Falkland (Malvinas) dejaron claro sus sentimientos cuando el 99.8% del electorado votó mantener el territorio británico de ultramar. Tenemos el derecho de determinar nuestro futuro y nunca podremos prever una situación en la que las Islas Malvinas estén ‘integradas’ a la Argentina. Sin embargo, queremos seguir expandiendo nuestras conexiones con Sudamérica” (LN 2/4).

Se sostenía la misma estrategia que venimos denunciando: reconocer el derecho a la autodeterminación a una población implantada, que no ha nacido en su inmensa mayoría en las Islas, ni planea morir en ellas, y que en gran parte es personal militar, o personal civil de apoyo. Además, oculta que la permanencia inglesa en las islas no tiene nada que ver con el reconocimiento de la autodeterminación de nadie, sino con el control de recursos estratégicos, del estrecho de Magallanes, único paso del Atlántico al Pacifico hasta el canal de Panamá. Nada dice sobre la realidad de una base de la OTAN a 13 mil kilómetros de Inglaterra, con capacidad para actuar en el territorio nacional y que custodia la extracción de recursos argentinos, sin ningún tipo de contraprestación.

En relación al juicio por las torturas, la defensa de los oficiales denunciados consistió en la insólita declaración de que Tierra del Fuego no tiene jurisdicción sobre las Islas Malvinas. Parte de las pruebas con las que cuenta el juez se desprenden de legajos del Fondo Documental Malvinas, un acervo documental de las Fuerzas Armadas desclasificado en 2015 que confirma los trabajos de acción psicológica y amedrentamientos realizados tras la guerra en los denominados “Centros de Asistencia y Rehabilitación”, para que los soldados no denunciaran ni hablaran de sus padecimientos. La defensa de los oficiales acusados a cargo del abogado Bazán Güemes indicó que como “en 1982 no estábamos ejerciendo la soberanía de las islas, el juez no es competente”. El constitucionalista Jerónimo Guerrero Iraola, miembro del centro de ex combatientes, definía como “una bestialidad” los dichos de la defensa, “porque no sólo no corresponde el planteo sino que es contrario a la Constitución”. El Concejo Deliberante de Río Grande repudió a Bazán Güemes por “intentar impedir que actos de cobardía como torturar a sus soldados sean alcanzados por la Justicia con argumentos increíbles” (P12 3 /4).

Las contradicciones al interior de la clase dominante local son flagrantes. Mientras intentan no ser devorados por los grandes grupos trasnacionales, no pueden más que seguir sosteniendo el sometimiento del país a esos mismos intereses, pues en eso le va la vida en tanto autodefensa frente a la amenaza de que desde los intereses populares se avance sobre los suyos. En proceso de ser expropiada por las 147 corporaciones que controlan la producción y el comercio mundiales, debe continuar rindiendo pleitesía a este proceso frente a la posibilidad cada vez más concreta de ser expropiada por la fuerza nacional-popular.

Preparativos entre las fuerzas del orden y del caos

Con el oficialismo en apuros y con Lavagna lejos en las encuestas, el frente nacional comenzaba a reordenarse.

Dentro de los sectores populares se delinean dos claras tendencias. Una que va hacia una salida de la crisis que busca no tener enfrentamientos con el establishment y construir lo que se dice un “gobierno de transición”. Y otra tendencia que sin duda entiende que poco puede hacerse por las condiciones de vida, sin enfrentar a ningún sector y que se necesitará un gobierno fuerte para poder enfrentar las delicadas condiciones que impondrán los acreedores externos en los años que vienen.

En la primera franja se anotan el gobernador sanjuanino Sergio Uñac, que ganó por amplio margen las PASO sobre un candidato macrista, que se presentó con un nombre de fantasía. Uñac levanta la candidatura de Roberto Lavagna, defendiendo que tiene una gran reputación a nivel internacional. Por sus declaraciones, empuja a que Lavagna juegue en unas PASO con el peronismo, hecho que el ex ministro negó en repetidas ocasiones. En cualquier caso, los movimientos de Uñac luego de la victoria electoral fueron significativos. Reivindicó las posibilidades presidencialistas de Lavagna, viajó a EEUU para reunirse con congresistas yanquis, funcionarios del Departamento de Estado y brindar una charla en el Centro Woodrow Wilson, parte de un ciclo de conversaciones auspiciado por el Argentina Project, un programa específico abocado al país, sobre las elecciones presidenciales, que estuvo moderado por LA NACION. Allí declaró que si él fuera CFK, “colaboraría a la construcción de una opción distinta. Y te diría que los argentinos debemos caminar hacia adelante, a un modelo parecid<o al que tienen los Estados Unidos. La próxima foto que debe dar nuestro país hacia el mundo es una presidenta o un presidente electo, y todos los expresidentes sentados mirando. (…) Esas fotos institucionales dan tranquilidad a la sociedad y certeza a los mercados” (LN 9/4. Subrayado nuestro).

Uñac se anotaba en el partido del orden, y prometía certezas al imperialismo, demostrando que Lavagna era un candidato más del Establishment, algo más moderado quizás, y sin duda con menos apoyo de “los mercados”.

En una ubicación similar, se paraba Domingo Peppo, gobernador de Chaco, quien eliminó por decreto las primarias obligatorias, como un método de ajuste y para no tener que enfrentar a Capitanich. Más tímido por su debilidad política, indicó que si CFK era una candidata de la unidad la apoyaría pero, si pudiera elegir, le pediría que no se presentase (LN 31/3). Todas estas posiciones especulaban con el vínculo con los acreedores externos. Querían quedar bien o directamente compartían intereses. Sin darse cuenta de que no hay negociación posible.

Al ritmo de los movimientos vertiginosos, y con las encuestas beneficiando al kirchnerismo, Eduardo Duhalde planteaba un acercamiento y convocaba a los sectores anti-kirchneristas del PJ, nucleados en Alternativa Federal, a participar de unas PASO. Massa salía a criticarlo, porque supone que puede darse el escenario de que Macri no llegue a la segunda vuelta (LN 23/3).

Entretanto, en las grandes PASO planteadas al interior de un frente peronista, aparecían como candidatos Daniel Scioli, Agustín Rossi, Felipe Solá –apoyado, entre otros por el Movimiento Evita−, y Cristina Fernández de Kirchner. En este arco, Scioli propone un “gran acuerdo nacional”, que privilegie el consumo y la producción, y Felipe Solá, un gobierno de transición. Solá apoyó el pago de los fondos Buitres, entre otras cosas.

Scioli declaraba: “Hace falta un pacificador, una persona que tenga la capacidad de desandar esta grieta y bajar los niveles de irritabilidad social, generar certidumbre y confianza al mundo. [Será necesario] generar un ‘gran acuerdo económico y social’ que cuente con la participación de todos los sectores. (…) Ojalá que [el Papa Francisco] pueda venir a la Argentina, en un momento de tanto odio. (…) Si vos devaluás el 400%, aumentás impuestos, la tasas de interés y si dolarizás la tarifas, es obvio que estás retroalimentando la inflación. (…) Al mundo le tenemos que decir: ‘No queremos que nos presten más, compren cada vez más lo que Argentina está dispuesta a producir'” (LN 19/4). En sus palabras, se traslucía la idea de que la crisis era generada por una mala gestión gubernamental. Las fuerzas que por necesidades objetivas impusieron el fin del “cepo” cambiario y la dolarización de las tarifas, que sostienen con millones de dólares una bicicleta financiera destinada no sólo a llevarse ganancias rápidas, sino a quedarse con los recursos estratégicos, no aparecían en el discurso del motonauta.

Así, Scioli otra vez parecía la carta del orden, dentro del “partido del caos”. Pero no podía dar respuesta al hartazgo que crece hace más de 30 años en la sociedad argentina, a la inconclusa lucha por la independencia económica, la soberanía política y la justicia social.

 Jorge Sigal explicaba el asunto en la Tribuna de Doctrina: “La rebelión argentina de comienzos de siglo, que algunos vieron como un renacer de los sóviets en la posmodernidad, terminó en un fenomenal descrédito del sistema político. (…) En cada elección se suele poner en debate, no una plataforma de gobierno, sino el sistema republicano mismo (…) La tentación populista asoma y amenaza ahora, nuevamente, con reformar la Constitución, destronar a los jueces, en fin… cambiar los mecanismos de representación. Se habla de revancha. De ríos de sangre. (…) [En] Chile lleva dos períodos presidenciales alternados entre la socialdemócrata Michelle Bachelet y el centroderechista Sebastián Piñera. (…) representan proyectos diferentes. (…) No salta la alarma. Porque el sistema no va a remate cada vez que cambia el signo político del gobierno. No se rompe el equilibrio. Porque nadie va por todo. Con el sistema no se juega. Eso se llama normalidad. Para nosotros, anómalos con orgullo y por naturaleza, esa normalidad sería revolucionaria” (LN 21/3) En esto radicaba el sentido de frases tales como que lo único que une al círculo rojo con Macri es CFK. Hoy Cristina, representa otra vez, el hecho maldito del país burgués. Porque identifica a los monopolios como el enemigo y es apoyada por los gremios más combativos, que son perseguidos directamente por el imperialismo, como veíamos en el caso del juez Carzoglio de Avellaneda, donde los servicios de inteligencia explícitamente pedían el encarcelamiento de Pablo Moyano. En esta búsqueda de construir el nuevo orden que surge, indudablemente del caos, repasemos las acciones del movimiento obrero.

A la cabeza de la lucha

Indiscutiblemente, es el movimiento obrero el sector que al frente de la lucha contra el gobierno nacional,  ejecutor del plan de hambre e injusticia social, en favor de los monopolios extranjeros.

El 24 de marzo el movimiento obrero movilizó en masa para repudiar el último golpe de Estado en un hecho histórico. La grieta que enfrento en los 70´a las organizaciones revolucionarias y a los sindicatos peronistas, que llevó a fuertes enfrentamientos y mutuas desconfianzas, comenzaba a cerrar, gracias a la conciencia de que los mismos enemigos de hoy fueron los que llevaron adelante el último golpe militar.

En medio de carteles con consignas como “nunca más caigamos en el FMI”. Junto con las columnas de los organismos de DDHH, se movilizaron sindicatos como el Smata, la UOM, Camioneros, ATE, Calzado, La Corriente Federal. Una columna de trabajadores de la Ford festejaba que se hubiera condenado a dos directivos por el secuestro de 26 compañeros. “La memoria se expresa como experiencia de lucha”, decía haber escuchado el periodista Luis Bruschtein. Trabajadores del SMATA declaraban “primero se terminaron las horas extras y ahora tenemos muchos compañeros suspendidos en el trabajo. Esto tiene que cambiar. (…) Este gobierno  son los mismos que se enriquecieron con la dictadura. Estamos acá para que no vuelvan nunca más. (…) Queremos justicia pero también que se limpie al Poder Judicial” (P12 25/3).

La participación en esa movilización colocaba al movimiento obrero en una posición dirigente frente a todas las capas explotadas.

El descontento recorría todo el país. Hasta los investigadores del Conicet, como en 2001, se movilizaban contra el ajuste en ciencia y tecnología. “Estamos aquí para exigir, protestar, pedir que se revierta la política de ajuste en ciencia y tecnología que está implementando el gobierno”, afirmó el biólogo Kornblihtt (P12 11/4).

En este contexto, la CGT apoyaba una nueva ley anti-despidos, dado que “hubo en el cuarto trimestre de 2018 una la desocupación llegó al 9,1% de la población económicamente activa. En un año se perdieron 191.300 puestos de trabajo registrados (LN 22/3). Aun así, la CGT no llamaba a un paro nacional.

Se convocaba a una “una gran marcha en defensa del trabajo, la producción, la soberanía y la justicia” –multisectorial− para el 4 de abril. Héctor Daer y Carlos Acuña, en conferencia de prensa, afirmaban que “la política económica y los nuevos índices oficiales de desempleo y de caída industrial apostaron a las elecciones presidenciales de octubre próximo, al señalar que otro gobierno es necesario para modificar el actual modelo” (CR 22/3).

La no convocatoria al paro y al plan de lucha y la negativa de movilizar a la Plaza de Mayo, cada vez hacía crecer más las tensiones entre los secretarios generales Daer y Acuña y los gremios enrolados en el FRESIMONA, que convocaban un plenario de regionales de CGT para el 11 de abril. La Nación indicaba: “La CGT entrará  en acción por primera vez en el año, con una ambigua movilización de protesta que podría ser el puntapié de lo que sería el quinto paro general contra la gestión del presidente Mauricio Macri” (LN 30/3).

La movilización del 4, aunque multitudinaria, estuvo signada por la falta de una clara conducción. Con columnas entrando por distintos lugares de la ciudad, sin un punto de arribo claro, entre las columnas de trabajadores primaban los canticos contra el gobierno nacional. Luego de la movilización, Daer indicaba que “estamos a ocho meses de que se termine este mandato. Creemos que la estrategia tiene que estar centrada en el proceso electoral, acompañando a un espacio y no entorpeciendo” (CL 4/4). Daer se enrolaba en el conjunto de dirigentes sindicales que apoyaban la candidatura de Roberto Lavagna, como indicábamos el mes pasado.

El 11 de abril se realizaba el plenario de regionales con el auspicio del Frente Sindical para el Modelo Nacional (Fresimona), donde confluyeron 70 regionales de todo el país y que contó con la participación de las CTA de Hugo Yasky y Pablo Micheli, resolvió elaborar un plan de lucha y llamar a un paro nacional previsto para el próximo martes 30 en repudio al modelo económico implementado por el gobierno de Mauricio Macri. Si bien no se habló de preferencias en cuanto a candidaturas, los participantes llamaron a construir “un frente nacional y patriótico” para triunfar en octubre y reinstalar un modelo nacional y popular porque “la patria está en peligro”. En el encuentro, el piloto Pablo Biró aseguró que “las peleas no se dan de rodillas y para cambiar hay que ponerse de pie”. Y  luego: “Es difícil descifrar lo que está pensando la CGT, no reaccionan. ¿Cuándo es el momento de las medidas de fuerza? ¿Cuando nos maten?” (KP12 12/4)

Luego de la convocatoria la conducción de la CGT negó su participación, pero más de 75 gremios quedaron comprometidos.

Lo vi suspender un paro por lluvia. Yo participé de la lucha contra los militares. No me quedé en Mar del Plata sentado tomando mate”, cruzó Carlos Acuña a Moyano en relación a la medida de fuerza del 30 de abril: “Hacer paros constantemente es complicar el trabajo de la gente”, dijo el contradictorio jefe sindical, al tiempo que Andrés Rodríguez, secretario general de UPCN, rechazó la participación en la huelga y definió: "Es un año político. La apuesta fundamental si queremos cambiar el rumbo es generar una oposición fuerte que pueda derrotar en las urnas al Gobierno (infobae 16/4). Es importante destacar que Rodríguez es otro de los dirigentes que se definió por la candidatura de Roberto Lavagna hace unos meses.

Luego de todo este revuelo, la conducción de la CGT dejaba plantado al macrismo en la presentación del proyecto de Ley de Blanqueo laboral, que permitía blanquear trabajadores, quitando a estos el derecho a reclamos judiciales y dando beneficios impositivos al empleador. Aunque en un primer momento la CGT se había mostrado a favor del proyecto, luego de las tensiones internas optó por dejar plantado al oficialismo (LN 10/4).

Entre tanto la CATT, que reúne a los gremios del trasporte −como la UTA, la Fraternidad, Unión Ferroviaria, señaleros, los obreros de dragado y balizamiento en los ríos, etc.−, se despegaba del paro del 30 de abril y convocaba al paro para el 1° de mayo, día laborable para la mayoría de esos gremios, en protesta contra el alcance del Impuesto a las Ganancias a los salarios percibidos por esos sectores. De fondo, estaban las presiones del Gobierno y divergencias políticas (La voz 12/4).

Con este escenario, los sectores sindicales más combativos llamaban al paro, y todo el arco gremial respondía endureciendo sus posiciones. Los grandes gremios, que mantuvieron durante 4 años una posición más dialoguista, intentaban que la sangre no llegara al río, proponiendo la salida electoral, con una preferencia definida, la angosta avenida del medio. El moyanismo, la Corriente Federal y las dos CTA rechazaban de plano la negociación con el Gobierno y buscaban un horizonte de cambio.

Así avanza en nuestro país el movimiento obrero, en el camino de pasar de ser columna vertebral a ser cabeza del movimiento nacional.



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