Revista Mensual | Número: Julio de 2019
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Fuentes consultadas:
EE.UU.-Gran Bretaña: The Economist (TE). Alemania: Deutsche Welle (DW).
China: Xinhua (XH). Rusia: Russia Today (RT). Irán: HispanTV (HTV). Líbano: Al Manar (AM).
Venezuela: Telesur (TS). Cuba: Cubadebate (CD). Brasil: Folha de São Paulo (FSP). Colombia: El Tiempo (ET).
Argentina: Clarín (CL); Cronista Comercial (CR); La Nación (LN); Página/12 (P12).
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Amenazados

De gas y petróleo
Dominados
El apetito Chino
Veranito de invierno
El verdadero invierno


Se forma una fracción del capital medio y pequeño local que reclama un viraje en el plan económico

Amenazados

 


Ya pronto a finalizar el gobierno, y a un año y medio del anuncio de las reformas fiscal, previsional y laboral que desembocaran en las jornadas del 14 y 18 de diciembre del 2017, Mauricio Macri no logra concretar sus ansias “reformistas” ni satisfacer a los inversores transnacionales que le exigen cambios profundos en la legislación para favorecer la rentabilidad del capital. Los tiempos se acortan y la presión va en aumento.

A fines de Mayo el Center for Strategic and International Studies (CSIS), un influyente think tank bipartidista con sede en Washington, apoyó el ingreso de la Argentina a la OCDE e instó a los países miembros del foro a avanzar en consensos para que el país logre “luz verde” a dicha membrecía. El argumento que instaba a aceptar al país era el siguiente: “Argentina necesita un fuerte apoyo externo de los estados miembros de la OCDE, incluidos sus gobiernos, sectores privados y sociedades civiles, para respaldar y consolidar las importantes reformas estructurales iniciadas en el país” (CL 19/5). Es decir, respaldar y consolidar desde el exterior el gobierno de Cambiemos como vehículos para asegurar el camino “iniciado” de “reformas estructurales”. No está dicho, pero se sobreentiende que una derrota electoral del macrismo puede poner en riesgo las concesiones obtenidas. Sin embargo, los miembros del club de países ricos invirtieron el argumento al rechazar una vez más la solicitud. Según un documento elaborado por la OCDE: “La integración de Argentina en la economía mundial es considerablemente inferior a la de otras economías emergentes, ya que presenta elevadas barreras arancelarias que protegen a las empresas de la competencia internacional y a menudo impiden su integración en las cadenas de valor mundiales” (CL 23/5).

En un estudio destinado a sus clientes, elaborado por GMA Capital, se consigna que la elección por pate de Macri del Senador peronista Miguel Ángel Pichetto es una respuesta a las demandas del gran capital. Según la gestora de fondos comunes de inversión, Pichetto “sería el articulador del Gobierno para llevar adelante una agenda de reformas necesarias que tiene una alta complejidad política y, por lo tanto, que exige consensos”. Los tres pilares de las reformas son: “Mejorar la solvencia fiscal intertemporal (incluye la reforma previsional, el cambio del mix de gasto corriente y gasto de capital y la modificación en el reparto Nación-provincias); abrir la economía (abarca la política aduanera y acuerdos de libre comercio) y, por último, mejorar la competitividad sistémica (involucra ampliar infraestructura y realizar las reformas impositiva y laboral” (www.eleconomista.com.ar 24/6).

De hecho, el anuncio de la fórmula presidencial ocurrió en simultáneo con el desarrollo del precoloquio de Idea que se estaba realizando en Vaca Muerta, Neuquén y en el cual Macri y Pichetto cerraron. Al inicio del encuentro Gastón Remy, presidente de IDEA y CEO de Vista Oil & Gas, expresaba las preocupaciones del Circulo Rojo: "Nos preguntamos si somos capaces de poner 2 o 3 ejes que trasciendan los gobiernos. Por ejemplo, ¿Vaca Muerta es la próxima plataforma de exportación de la Argentina? ¿Se podrá promover una ley que blinde a Vaca Muerta y potencie la inversión extranjera? Estoy convencido de que es posible, pero muchas veces en el país fallamos en planificar, falta que nos sentemos a una mesa y que nos pongamos de acuerdo (…) Los desarrollos tuvieron origen con el Gobierno anterior y Vaca Muerta tiene su inercia propia gane quien gane las elecciones" (CR 10/6). Algo de razón parece tener Remy. El economista Guillermo Nielsen (ex secretario de finanzas, y actual miembro de los equipos técnicos de Alberto Fernández) participó del evento y aseguró que están trabajando en un proyecto de ley para ofrecer “previsibilidad” en Vaca Muerta, para “dar pie de igualdad tributario y regulatorio” con formaciones no convencionales de Estados Unidos. La mentada seguridad jurídica.

En el cierre, Pichetto reclamó el uso de las fuerzas policiales provinciales y la gendarmería para “aventar riesgos de cualquier naturaleza” como las “problemáticas de obstrucción de camino y otros que afectan la producción de bienes y servicios”. Mientras que Macri le aseguraba a los empresarios que aún queda “una agenda mayor de cambios que todavía no hemos podido llevar adelante” (P12 23/6).

Pese al rechazo que recibió nuestro país en cuanto al ingreso a la OCDE, este mes continuaron los gestos del imperio tendientes a fortalecer la posición del gobierno de Cambiemos. Uno de los hechos más significativos fue la inesperada declaración del nonagenario Henry Kissinger, quien pidió al FMI a favor del país, preocupado por la expansión china en Latinoamérica. Esto coincide con las política emprendida por Donald Trump el mes pasado, quien ordenó al FMI flexibilizar las restricciones cambiarias impuestas a la Argentina para que Macri tenga chances de ganar las elecciones; y deja de manifiesto el apoyo de la oligarquía financiera global a Macri, siendo Kissinger uno de los hombres fuertes del semiclandestino Grupo Bilderberg (el “gobierno mundial” del capital financiero que opera en las sombras) (CL 30/5). El otro hecho de importancia fue la incorporación de la Argentina a la categoría de Mercado Emergente, por Morgan Stanley Capital Internacional (MSCI), que favoreció el desempeño de las acciones que cotizan en Nueva York (ADR) y una baja del “riesgo país” (CR 24/5). En rigor, este cambio técnico permite que muchos fondos de inversión que tienen prohibido invertir en economías de “frontera” ahora puedan invertir en el país, aunque de por sí solo, no garantiza que esto ocurra. Coyunturalmente el cambio de categoría favorece el estatus financiero de la Argentina y podría atraer o retener dólares en su mercado, tratándose de otra contribución del capital financiero a la reelección de Mauricio Macri, condicionada, entre otras cosas, por el desempeño de la economía en general y por la evolución del precio del dólar en particular.

Un rasgo inusitado de este apoyo, brindado en estos últimos meses, fue el peculiar desempeño de los Crédito Default Swaps (“CDS”, seguros de default) argentinos que, mientras en toda la región subían, aquí se movían a la baja –en tanto que los CDS argentinos caían 4,2%, los chilenos subían 21%, los peruanos 17%, los mexicanos 3% y los brasileros 2,5%- revirtiendo la tendencia contraria, recordemos que los CDS argentinos venían operando con 47,5% de alza, mientras que los de Chile caían un 30%, los de Brasil un 40% y los de México y Perú un 17% y 27% respectivamente. Todo esto pese a que el país se encuentra virtualmente quebrado (CR 23/5). Los datos aquí consignados obligan a no subestimar la decisión del imperialismo de sostener a Mauricio Macri en el Gobierno. Sin embargo, esta alianza no está libre de contradicciones.

De gas y petróleo

A lo largo del mes, se manifestó con mucha claridad la disputa por la apropiación presente y futura de la renta petrolera con eje en los recursos de Vaca Muerta.

En un contexto de caída internacional de los precios del crudo, reflejo de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, las principales compañías extranjeras que explotan el recurso no convencional en Neuquén se dirigieron al Ejecutivo para pedirle eliminar las trabas a la exportación para acelerar “los desarrollos y las potenciales inversiones multimillonarias”. Daniel De Nigris, líder de ExxonMobil Argentina, compañía que acaba de anunciar el pase a desarrollo masivo de un bloque en Vaca Muerta (con inversiones por u$s 2000 millones en 5 años) expresó: "Debemos competir con otros proyectos de petróleo y gas no convencionales en el ámbito internacional, fundamentalmente en los EEUU, para atraer capital durante 30 años". A su turno, el presidente de Shell Argentina, Sean Rooney, apuntó la necesidad de “atacar varios frentes para mejorar la competitividad: gasoductos, oleoductos, plantas de licuefacción, tren a Vaca Muerta y mejor infraestructura vial” (CR 13/6). Es decir, las principales petroleras reclaman una porción mayor de la renta y la reinversión por parte del Estado de la infraestructura necesaria para ampliar el negocio.

Por lo pronto, el Gobierno decidió exceptuar, hasta fin de año, a las importaciones temporarias de bienes de capital e insumos de producción para la explotación de hidrocarburos no convencionales de la tasa de estadística (arancel), por ser importaciones que contribuyen a aumentar el valor de las ventas externas. Esto suscitó una enérgica protesta del sector de las Pymes agrupadas en IPA, que salió a denunciar la media por su “fuerte impacto negativo en más de 500 fábricas proveedoras de la actividad hidrocarburífica”. Por su parte el presidente de IPA fue más concreto y dramático y alertó que “la medida pone en peligro la continuidad de 10.000 puestos de trabajo que hay en las Pymes que proveen al sector. Toda la industria hidrocarburífera se verá perjudicada por la medida del Gobierno porque va a tener un impacto muy fuerte ya que permite el ingreso de equipamiento nuevo y usado" y afirmó que la modificación del decreto sobre comercio exterior "es peor de lo que había" antes de la modificación (recordemos que la antigua norma habilitaba la importación de usados sin costos, nada decía de material nuevo)(CR 23/5). Lo que claramente está en discusión es si la renta petrolera es un motor para el desarrollo industrial y el mercado interno o, por el contrario, fortalece aún más el sesgo primario de la inserción internacional del país.

Un día después, fue el turno de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) que elevó una queja formal a la Secretaría de Energía por el tope impuesto a los precios de subasta de gas natural para la generación eléctrica, y terminó vendiendo todo el lote al máximo del precio estipulado demostrando, de esa manera, que podría haber aspirado a un precio mayor. Los precios acordados serán entre el 1° de junio y el 30 de agosto de u$s 3,244 por millón de BTU, mientras que entre septiembre y mayo de 2020 se entregará a u$s 2,207 por millón de BTU; es decir, ni más ni menos que la mitad de los valores internacionales (CR 24/5). Claramente estos valores cubren los costos de producción y márgenes aceptables de ganancia, lo que está en discusión es la renta petrolera diferencial. Si la Argentina tendrá que pagar el gas que se encuentra en su subsuelo a los costos internacionales para que las petroleras usufructúen esa renta o no.

La producción gasífera es un tema interesante en sí mismo. Se da la particularidad de que aunque Vaca Muerta sea la segunda reserva mundial no convencional comprobada de gas, las inversiones actualmente se están concentrando en la extracción petrolera. Si bien, la producción gasífera en Neuquén se expandió un 10 por ciento en el último cuatrimestre, la misma está sostenida exclusivamente por las inversiones de Techint en Fortín de Piedra. De no ser por Tecpetrol la producción se hubiese desplomado un 8 por ciento (P12 13/6). La razón principal de esto es el subsidio que recibe Techint que lo favorece con un precio especial de venta. Esta ventaja, en el marco de un mercado con sobreproducción relativa, producto del déficit en la interconectividad y almacenamiento, generan que por fuera de la época de alta demanda haya excedente de producción; una situación que no afecta a Techint gracias al subsidio. Pero en la estación de fuerte demanda la producción es deficitaria y obliga al país a importar el recurso a costos mucho más elevados.

La solución es exportar los excedentes y mejorar la interconexión interna. Para lo segundo se licitará en julio la construcción de un nuevo gasoducto, que se sumará a Transportadora Gas del Norte (TGN) y Transportadora Gas del Sur (TGS), llamado Transportadora Gas del Centro y que irá desde la Cuenca Neuquina a Rosario o San Nicolás por un costo de 2.000 millones de dólares. A su vez, TGS propiedad del grupo Mindlin se convirtió en la primera compañía midstream (transporte y comercialización al por mayor) al iniciar la construcción de un gasoducto de 150 km destinado a interconectar Vaca Muera con la red TGS y TGN y permitir arribar a Bahía Blanca para exportar el gas en forma de Gas Natural Licuado (GNL) (CR 13/6). La primera solución es precisamente la exportación.

Sobre este aspecto, Christopher Spaulding, Director de finanzas de Pan American Energy Group (PAEG), habló de las potencialidades de la industria: "La verdadera oportunidad para que Vaca Muerta sea una realidad está en el mercado de gas natural licuado (GNL)" porque "los recursos que el país tiene con Vaca Muerta son world class [de clase mundial]. Es muy difícil de sobreestimar. Hay cosas que vamos a necesitar, como un marco regulatorio para el GNL, pero el Gobierno ya está mirando todo esto" (LN 27/5). Según Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy (PAE), la Argentina podrá competirle "mano a mano" a los desarrollos de shale gas de los EEUU, y dentro de pocos años se convertirá en el principal exportador mundial de GNL, por encima de Qatar: "Podemos competirle con un gas a u$s 3 por millón de BTU". En el corto plazo, la Argentina podría exportar unos 25 MMm3/d de gas a Chile, 5 al sur de Brasil y 3 o 4 a Uruguay, según sus proyecciones. Esto marca la competitividad del sector. Para Miguel Gutiérrez, presidente de YPF, la producción de petróleo y de gas en Vaca Muerta "no necesita subsidios" (en clara alusión a Techint) (CR 13/6).

La paradoja es que mientras Argentina exporta ya el tercer cargamento de GNL, importa a su vez de Bolivia otra cantidad. Como explica Andrés Repar, Integrante del IESO-Instituto de Energía Scalabrini Ortiz: “La producción de gas subsidiada por la resolución 46/2017 le garantiza [a Tecpetrol] un precio medio de 7, 6,5 y 6 U$S/MMBTU por año hasta el 31/12/21. Es un agujero a las cuentas fiscales. El subsidio de 3 U$S/MBTU al shale gas llega a 1100 millones de dólares al año. En un país con hambre, transferir hasta esa fecha más de 3300 millones de dólares es un subsidio pornográfico y un saqueo a todos los argentinos. Además, el precio a la población y la industria prosigue en más de 4U$S/MMBTU, que para nuestro mercado interno desquiciado es una valla a la recuperación productiva y de consumo. Estos días YPF se vanagloria de exportar 30.000 m3 de GNL (18 millones de m3 de gas natural), alternativa que comienza a ser una realidad. La venta a concretarse en los próximos días seguramente se hará de acuerdo precios internacionales de 6,5 U$S/MMBTU, por ejemplo, a China. El transporte por gasoducto a Bahía Blanca, la licuefacción allí en la vieja barcaza alquilada y el transporte marítimo, lleva el precio neto a salida del yacimiento a un valor inferior a 3 U$S /MMBTU. Gas que, sin embargo, ha costado 7 U$S/MMBTU y donde la diferencia la pagamos todos los argentinos vía el Tesoro Nacional” (P12 13/6).

Entiéndase: el Estado está pagando a 7 lo que vale menos de 3 para luego exportarlo al precio internacional de 6,5; mientras que lo que utiliza en su mercado interno cuesta menos de 3, se paga 7 y se vende a los consumidores domésticos e industriales a 4. Tal vez, por lo grosero, deja ver con toda claridad que la renta la pagan siempre en última instancia los consumidores. Pero existe aún otra consideración más, Federico Bernal, Director del Observatorio de Energía y Tecnología (Oetec), señalaba otro aspecto de este mecanismo. Primero aclaró que el supuesto boom de inversiones en Vaca Muerta, no es tal: “En Neuquén, de acuerdo a datos oficiales, fueron en 2016 un 36 por ciento menores a las de 2015, en 2017 un 32 por ciento más bajas en relación al último año de gobierno kirchnerista, y en 2018 un 18 por ciento menos también respecto al mismo año. Recién en 2019, y aunque con datos todavía no confirmados, habrían de superarse las inversiones de 2015, pero en apenas 200 millones de dólares. Es más, si juntamos las inversiones 2014/15 y las comparamos con las de 2018/19, encontramos que las últimas son 4,2 por ciento más bajas que las del supuesto bienio de nulas inversiones, nulas ganancias, supuesto cepo y trabas a las importaciones”. Para luego, señalar que “si recomponemos el mercado interno y el aparato productivo e industrial, muchas productoras –tal vez las principales– pondrán el grito en el cielo por las promesas de exportación acordadas con la Secretaría de Energía” (P12 13/6). Es decir, que el mercado interno entrará en competencia con el internacional por el precio y el disfrute del recurso. Así como en una Argentina que produce alimento para más de 500 millones de habitantes, hay hambre; con las segundas reservas mundiales de gas, la población podría pasar frio.

Los extraordinarios recursos de Vaca Muerta, así como la fertilidad de la Pampa Húmeda, pueden ser formidables motores al desarrollo industrial y humano del país o sus más formidables obstáculos si no los controla el pueblo y quedan en manos de la rapacidad del capital financiero.

Dominados

Un resultado inesperado del contrato de compra de gas al país hermano de Bolivia fue una negociación impulsada por el Gobierno de Evo Morales quien propuso que, a cambio de una parte del precio del suministro de gas, el Gobierno argentino entregara un avión Pampa III fabricado por FAdeA (la Fábrica Argentina de Aviones «Brigadier San Martín» S.A.) en Córdoba. Además, luego de la entrega de esta primera unidad, Bolivia compraría dos más. El acuerdo prevé un ahorro para el país de 460 millones de dólares, a la par que salida para una producción de alto valor agregado.

El problema es que al hacerse público el contrato, uno de los proveedores de los componente de la aeronave (FAdeA produce el 12 por ciento de todos los componentes, el resto tiene que importarlo de otros países) planteó su oposición. Se trata de Israel (que provee el tren de aterrizaje y la aviónica de cabina del Pampa) cuya negativa a que el avión sea entregado al gobierno de Bolivia fue categórica, por no tener con éste relación diplomática, y fundamentalmente por ser un amigo del “régimen” de Nicolás Maduro (CL 4/6). Queda pendiente una negociación del Gobierno argentino para destrabar la situación. De todo modos, en el hecho queda ejemplificado el límite de una industria que, aun en los casos de mayor desarrollo, está edificada sobre las bases de la sustitución de importaciones, atenazada por la dependencia de los países que retienen la llave de los desarrollos tecnológicos, desde donde comandan todo el proceso productivo nacional, y como está visto, también político.

El imperialismo siempre ha procurado impedir que los países periféricos logren un desarrollo autónomo en la producción de lo que en lenguaje económico se conoce como sector 1 de la economía (producción de los medios de producción). Mientras que el crecimiento industrial esté limitado al llamado sector 2 (bienes de consumo) no hay problema, ya que éste es subordinado e impotente para autonomizarse de ese centro. Por eso, cada vez que la Argentina ha intentado un desarrollo por el rumbo del sector 1 la intervención extranjera, con la anuencia y en algunos casos el entusiasmo de la oligarquía entreguista, procuró destruir o extranjerizar el núcleo de ese desarrollo industrial. Así lo hizo con la industria automotriz o aeronáutica de los años 50, con la electrónica en los 70, con la cohetería en los 90, etc. Si Israel se niega a vender la cabina y el tren de aterrizaje del Pampa III, éste no puede fabricarse. Imaginemos lo que implicaría que Bayer (Monsanto) decidiera dejar de proveer la biogenética para la producción agropecuaria nacional.

Además de las negociaciones con Bolivia, el gobierno de Macri recibió este mes a una delegación brasileña, encabezada por el mismísimo presidente Jair Bolsonaro, preocupada entre otros temas en discutir un acuerdo de integración energética que abarcaría optimizar el mercado de biocombustibles, interconectar la red gasífera y eléctrica de ambos países, y reactivar el proyecto de construcción de dos represas hidroeléctricas (Garabí y Panambí) en el Río Uruguay (CR 23/5). El propósito no es otro que ampliar la cooperación entre ambos países para abaratar los costos energéticos, integrando ambos sistemas energéticos en un sentido regional, que además involucraría a otros países como Uruguay y Chile.

En cuanto a las represas Garambí y Panambí, la obra sería una iniciativa binacional que involucraría a empresas de ambos países. Incluso las 15 turbinas tipo Kaplan que requeriría la obra serían diseñadas por empresas argentinas y brasileñas. Una tecnología que generalmente es aportado por proveedores extranjeros. Este arrebato nacionalista de ambos mandatarios se explica más por la existencia de fuerzas profundas que sostienen la tendencia industrialista que por la convicción de Bolsonaro y Macri.

Por otro lado, lo que sí apareció en la mesa de negociación fue la propuesta del Presidente brasileño de avanzar en la creación de una moneda común: el “Peso real” que permitiría la integración del sistema financiero y un golpe al papel del dólar como moneda de intercambio y atesoramiento regional. Un claro empuje al fortalecimiento del Mercosur como espacio económico regional.

El Mercosur, este mes recibió, además, un estímulo adicional para cerrar el famoso acuerdo con la Unión Europea, esta vez propiciado por la guerra comercial que Estados Unidos emprendió contra el resto del mundo. Según Kellie Meiman Hock, Socia Directora de la firma global de consultoría McLarty Associates: Brasil y Argentina, deberían "aprovechar este momento, cuando Europa está necesitando mostrar que tiene otras opciones fuera de Estados Unidos para sus exportaciones". Para la consultora, la clave es que los cuatro países del Mercosur "puedan ser una plataforma para acceder a mercados de la región y mostrar que están abiertos a los negocios, apoyando la apertura y la liberalización" (CR 7/6).

También, durante la visita del colombiano Iván Duque al país se discutió el proceso de integración regional: "La Alianza del Pacífico y el Mercosur deben fortalecer sus relaciones. Ese será un tema que llevaremos próximamente a la reunión y a la cumbre de la Alianza del Pacífico", dijo el colombiano (XH 11/6).

El impulso a la integración financiera y energética del Mercosur terminó este mes con un apagón generalizado que dejó sin energía eléctrica a la totalidad de la Argentina, Uruguay y afectó al sur de Brasil, parte de Chile y Paraguay. En una falla masiva que encuentra como único antecedente los atentados que Estados Unidos hiciera contra el sistema eléctrico venezolano.

El apetito Chino

La guerra comercial que Estados Unidos desatara contra China continúa impactando en los precios de la soja. A este fenómeno conocido se suma una segunda circunstancia que agrava aún más la sobreproducción relativa del poroto. La fiebre porcina africana que está provocando el sacrificio de miles de animales en China y que se estima terminará liquidando entre 150 y 200 millones de cabezas, una pérdida de stock que tardará al menos 10 años en recuperarse, ocasionando una caída en la demanda de soja que en China se utiliza para alimento de animales. Todo esto constituye un fenómeno de retracción del precio internacional que pasó de los 350 dólares la tonelada, a inicio de la campaña, a los actuales 290 dólares por tonelada. Una pérdida para el país de 3000 millones de dólares, sólo compensada por un aumento en el volumen producido (esta será la segunda mejor campaña en los últimos 19 años con 56 millones de toneladas).

La contracara de la caída en la demanda de soja es el incremento en la demanda de carne por parte del mercado chino. Lo que abre una posibilidad inédita para expandir la producción porcina en el país y las exportaciones de carne vacuna. Esta última se aproxima a las 650 mil toneladas. Mientras que la primera ya aumentó su precio en un 50 por ciento y la Argentina podría colocar unas 78.000 toneladas. La carne vacuna ya lleva en los primeros cuatro meses 92.727 toneladas vendidos, o sea un incremento de 90,7% versus igual período de 2018 (LN 17/6).

Esta perspectiva incentivó a Mario Ravettino, presidente del Consorcio Exportador ABC, a pedir se ponga en agenda la búsqueda de un tratado de libre comercio para competir en igualdad de condiciones con países como Nueva Zelanda o Australia: “Tenemos una gran responsabilidad con China. Este boom nos tiene que llevar para adelante, pero con responsabilidad” (CL 2/6).

La cosecha anual será este año de 145 millones de toneladas con la particularidad de que la soja no será el mayor cultivo, sino que fue superado por una extraordinaria cosecha de maíz, un hecho que no ocurría en al menos 20 años. Con una superficie sembrada de 8,9 millones de hectáreas, el maíz alcanzará las 56 millones de toneladas producidas, mientras que la soja, con un área de 17,4 millones de hectáreas, sumará 55,9 millones de toneladas cosechadas (CL 4/6). A su vez, la cosecha de trigo espera 19,46 millones de toneladas y un nivel de exportaciones estimado de 13,2 millones de toneladas (entre un 12% y un 15% por encima de la campaña anterior y cerca de un 40% más arriba que el promedio de los últimos cinco años). El precio será de US$ 3.000 millones para el año comercial que va de diciembre 2019 a noviembre 2020 (http://agromaker.com.ar 10/6).

Mientras se expanden los resultados exportables, en el país no deja de subir el precio de los alimentos, ya acumula un 64,9 por ciento, bastante más que el promedio general de inflación que está en el 57 por ciento (CR 13/6). Dicho alza se explica por el éxito de las exportaciones y la tendencia del mercado interno a igualarse a los precios internacionales. Mecanismo generado por el dominio en la economía nacional de los detentadores de la renta agraria, ocasionando la paradójica situación de que la producción bata records y en lugar de abaratar los precios internos estos se aceleren por el éxito de la apertura de nuevos mercados. Ya que el carácter no auto centrado de nuestra estructura económica, y subordinada a la renta, independiza los precios internos de los costos de producción y la iguala al precio internacional. Sin embargo, por este medio ingresan la parte más significativa de los dólares.

Veranito de invierno

El Índice General de Actividad (IGA) que realiza el Estudio Ferreres mostró una baja de 1,5% anual para abril con relación a igual mes de 2018. En el cuatrimestre la contracción llega al 5,7% anual. Solo el campo junto con los sectores vinculados y el sector petrolero aportan crecimiento, el resto de los sectores continúan en recesión. "En abril comenzó la parte más intensa de una cosecha gruesa con muy buenos rindes, llevando al sector agrícola a registrar un vuelco positivo en su nivel de actividad al comparar con igual mes del año pasado. Esta recuperación del agro se perfila para ser -con la posible excepción de la producción petrolera- el único motor de la actividad económica durante el segundo trimestre", indican el informe. Otras consultoras no comparten esta visión. ACM, por ejemplo, proyecta una baja de 2% de la actividad en el año: "Si bien creemos que la recuperación del agro contribuiría con el crecimiento del PBI, las altas tasas de interés domésticas, superiores al 40% en términos reales, la falta de liquidez, la desaparición del crédito y la caída de salario real conjuntamente con el freno de la obra pública seguirán teniendo un mayor impacto en los indicadores de la actividad". El mismo pronóstico es compartido por la consultora LCG (CL 28/5).

Fiel por su parte estima que la producción industrial registró una nueva caída en abril del 9,6% en relación al mismo mes de 2018, y acumula una contracción de 9,8 por ciento en los primeros cuatro meses del año. Mientras que la medición desestacionalizada contra marzo, cae un 0,5 por ciento Los bienes de consumo durables son los que más perdieron en el acumulado del primer cuatrimestre del año, una caída del 18,2 por ciento. Le siguen los bienes de capital con una caída de 13,9 por ciento mientras que los bienes de uso intermedio -explican el 45 por ciento de la producción industrial- anotaron una baja de 9,7 por ciento, muy similar al promedio de la producción manufacturera, y los bienes de consumo no durables retrocedieron 5,5 por ciento (CR 23/5).

Según la CAME las ventas concretadas en los comercios retrocedieron en mayo 14,1% respecto de igual mes de 2018, con lo que cumplieron 17 meses consecutivos en baja (CR 3/6). Según el Instituto de Trabajo y Economía (ITE), “La recesión no parece haber tocado el piso, las ventas en abril se mantuvieron muy quietas, incluso las ofertas agresivas tuvieron poco atractivo y hubo muchos comercios liquidando mercadería al costo, con descuentos de hasta 60 por ciento que absorbieron completamente los empresarios frente a las urgencias de liquidez. Pero los compradores no aparecieron” (P12 4/6).

Pese a estos números, la consultora Ecolatina cree que luego de cinco trimestres consecutivos de caída, en el segundo trimestre de 2019 la economía podría recuperarse gracias "a una buena cosecha gruesa que logrará que el sector agropecuario se expanda cerca de 20% anual este año". El optimismo de Ecolatina se basa, además, en que el nuevo régimen cambiario del Banco Central "tuvo un comienzo exitoso y por el momento luce bien encaminado". Así, desde que a fines de abril el BCRA anunció que podría vender divisas aún dentro de la Zona de No Intervención (es decir, por debajo de 51,45 pesos por dólar) "las presiones cambiarias cedieron significativamente. Dado que estabilizar al dólar es condición necesaria que la economía argentina deje de caer, su efecto inmediato fue positivo" (CR 27/6).

Sobre esta base, el gobierno redobló la batería de medidas tendientes a reactivar el mercado interno con la intención de mejorar sus expectativas electorales. La catarata de planes “Ahora 12 y 18”, “Junio 0 km”, pasando por la continuidad de “Precios Cuidados” y la puesta en marcha de “Precios Esenciales”, junto a la llegada de los "sueldos nuevos" de las paritarias y los préstamos del ANSES tienen este propósito.

A estas medidas se agregó una serie de acuerdos con diferentes sectores financieros destinados a estimular la industria de la construcción. Por ejemplo, varios ministros se sentaron con la mesa de la Construcción para avanzar en las herramientas de financiamiento para la adquisición de nuevas viviendas. Particularmente negociaron con los fondos comunes de inversión con objeto inmobiliario y oferta pública para que destinen capital. A su vez, se discutió sobre la exención de IVA en la venta y la devolución de crédito fiscal, un nuevo llamado para el plan ProCreAr, los alcances del Programa Mejor Hogar y, la aplicación del Fondo de Garantía de Vivienda Social (Fogaviso), congelamiento de las tarifas de los servicios públicos, etc. Todas medidas para ampliar la demanda. A su vez, se acordó con las compañías de seguro que deberán destinar un 10% de sus activos a fondear proyectos de vivienda e infraestructura. Las compañías podrán invertir hasta un 40% de su cartera en certificados de Programas de PPP, cobertura de hipotecas, títulos emitidos por fondos de infraestructura o desarrollos inmobiliarios inmuebles o valores representativos de deuda emitidos por el Fondep (que financia pymes). Un comunicado de hacienda explicaba la medida: "Se está trabajando en un cambio en el reglamento de inversiones de las compañías de seguros de vida y retiro, que destinarán el 10% de sus carteras de inversiones a activos inmobiliarios y de infraestructura (inciso M). Una vez efectivo, este cambio implicará (un desembolso de) $ 16.000 millones de las compañías de seguros a proyectos inmobiliarios y de infraestructura" (CR 30/5). Es obvio que la construcción encadena una enorme cantidad de industrias conexas y salarios que se gastan en el mercado interno.

Aunque en abril y mayo los resultados fueron contradictorios, a mediados de junio comenzaron a notarse algunos efectos de la demagogia electoral de Cambiemos. Según el INDEC, ya en abril, aunque el uso de la capacidad instalada de la industria bajaba al 61,6%, frente al 67,6% de igual mes del año pasado, mejoraba con respecto al 58,8% del de marzo, también en línea con la suba del 2,3% en la actividad (LN 12/6).

El consumo también empezó a mostrar signos de estabilización luego de que el gobierno lograra acordar con los bancos una reducción considerable de la tasa de interés para el programa Ahora 12 y Ahora 18, llegando en algunos casos a promocionarse, como en los años del Kirchnerismo, cuotas fijas sin interés. En comercios como Frávega, Garbarino, Sodimac, Easy, Falabella, Sommier Center, Bedtime, Coto, Rodó y Vital, las ventas crecieron en una semana 40% o 50% e incluso más en algunos casos. A su vez, la venta de autos 0km también estaría viéndose estimulada por el financiamiento barato (LN 10/6). A su vez, entre marzo y diciembre el Gobierno tiene previsto terminar 32.576 viviendas sociales, de las cuales un 66% se entregarán antes de las PASO y otro 28% desde ese momento hasta las generales de octubre (LN 29/5).

Todas estas medidas pretenden reeditar la estrategia del 2017. Estabilidad financiera y aumento del consumo. Una engaña pichanga que durará lo que dure el proceso electoral y que, como vimos, está sostenido por el FMI y Washington a cuenta del pueblo. Pero que, en términos de la disputa electoral, no puede subestimarse, máxime cuando se ha demostrado el enorme apoyo que el macrismo tiene de los poderes financieros globales, empecinados en frustrar el retorno de la fuerza Nacional-Popular popular al gobierno, algo que podría ser fatal para su correlación de fuerzas regional y mundial.

El verdadero invierno

La industria automotriz es un caso aparte. Si bien acabamos de mencionar que el plan “Junio 0KM” está reactivando la demanda de autos, apenas un 20 por ciento son de origen nacional. Todo el resto es importado. Desde Abeceb calculan que el plan activará nuevas ventas de 10 mil a 15 mil unidades, con un costo fiscal de unos 450 millones de pesos, con lo cual no se llegaría a cubrir el presupuesto asignado de 1000 millones de pesos. “El plan tiene impacto casi total en las importaciones. No hay tracción sobre el entramado industrial”. Según los datos de Adimra, el nivel de actividad en el autopartismo muestra una caída de 12,5 por ciento en el primer cuatrimestre, con cierre de empresas nacionales y salida del país de multinacionales que se mudan a Brasil. La última noticia al respecto es el cierre de la plana italiana Brembo en el barrio de Barracas (P12 13/6).

En una entrevista, Carolina Castro, coordinadora de la Asociación de Fábricas de Componentes (AFAC) y la primer mujer electa para un cargo en la comisión directiva de la UIA, decía sobre el problema del sector automotriz: “No podemos competir como industria frente a otros países con tasas de interés del 70 por ciento. El nivel de inversión actual impide dar ese salto cualitativo en la productividad” (P12 7/6).

La baja productividad del sector puede ejemplificarse de la siguiente manera. Según datos de la Organización Internacional de Fabricantes de Automotores (OICA) la fabricación argentina representó el año pasado el 0,5% de la mundial. Un trabajo de Bain & Company, informa que en el país hay 11 terminales, un número “ridículo” para el tamaño del mercado nacional. Además, mientras que en el mundo el promedio de unidades producidas por una terminal en año es de entre 100 mil y 150 mil unidades, con algunas fábricas en el sudeste asiático que llegan a las 350 mil unidades anuales, en la argentina el promedio es de 20 mil unidades. De ponerse en correspondencia, solo con la productividad media mundial dos terminales realizarían todo el trabajo que ahora producen once. Según un estudio conjunto realizado por ADEFA/AFAC, recién por arriba de un volumen de producción de 50.000 unidades de un vehículo se logra una escala de fabricación competitiva. Por debajo de ese número, la situación de costos se complica y se hace inviable. Es decir solo 4 terminales actualmente alcanzan esa productividad (LN 21/5 y Ámbito 21/3). Es evidente, que la situación es muy grave.

 El aumento de la tasa estadística de 0,5 a 2,5 por ciento (un gravamen destinado a financiar las tareas estadísticas en el comercio exterior) fue la gota que rebalsó el vaso. La UIA elaboró un duro documento con el que salió a criticar la política oficial: “Un contexto de caída de la actividad, el empleo y las exportaciones industriales y de inviable desarrollo del proceso productivo. Se perdieron 133.796 empleos industriales en los últimos tres años –lo cual equivale a la destrucción de uno de cada diez empleos industriales– y hay medidas con sesgo anti-exportador que penalizan el agregado de valor de los productos destinados al mercado mundial. Las medidas adoptadas son de corte netamente fiscalista y pierden de vista su impacto en el sector productivo, en un contexto de caída de la actividad, el empleo y las exportaciones industriales. Se suma al muy elevado costo del financiamiento, volviendo inviable el normal desarrollo del proceso productivo. Las recientes modificaciones en la tasa estadística terminan de dar forma a un conjunto de medidas con sesgo anti-exportador del que forma parte también la modificación de derechos y reintegros a las exportaciones. Este conjunto de medidas que penalizan el agregado de valor de los productos destinados al mercado mundial tendrá un impacto negativo para el sector industrial y para la actividad económica en general” (P12 29/5). La entidad industrial, presentó, un día después, un documento con 10 puntos de recomendaciones para los Ejecutivos Nacional y Provinciales en materia de financiamiento, carga tributaria, logística, energía y trámites (CL 30/5).

Varios días antes, Miguel Acevedo, en el marco de su reelección como presidente de la UIA, decía con respecto a la economía: “La inflación no se va a resolver desde la simple mirada monetarista de subir la tasa de interés, mientras no se ataca la inflación de costos (…) Hace tres o cuatro meses que el Gobierno viene diciendo que estamos al final de la crisis, pero la situación está igual o peor. Hoy hay pocos que estén pensando en invertir. Seguimos con una económica pendular y, por eso, es necesario un gran acuerdo político. Con altas tasas de interés estamos compitiendo con otros países que no las tienen, como tampoco tienen derechos de exportación. Discutir esto es vital para integrarnos inteligentemente. Como entidad gremial empresaria no puedo tener una posición política, pero venga quien venga va a recibir nuestra propuesta”. El empresario también se refirió a la reforma laboral: “No podemos con una legislación de hace 100 años. Hay un montón de personas que se podrían tomar sin estas leyes”. Respecto del dólar, abogó por una estabilidad en el tipo de cambio para evitar “atrasos que luego quieran ser corregidos con una apreciación del ciento por ciento del dólar que se traslada a los precios internos. Para hablar del tipo de cambio hay que discutir reintegros y retenciones”. Junto a Acevedo estuvieron también el vicepresidente Daniel Funes de Rioja (referente de la Copal), el secretario Alberto Álvarez Saavedra (Cilfa), el representante PyMI Miguel Ángel Rodríguez (Sinteplast), y el economista en jefe del Centro de Estudios Económicos, Diego Coatz (P12 6/5). En síntesis la UIA glosa quejas y reclamos contra el plan económico oficial con un reconocimiento de la necesidad de cargarle los costos de la crisis a las espaldas de los trabajadores.

Las entidades PyMEs también elaboraron documentos críticos a la actual situación. Así lo hizo, la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC) y la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) quienes presentaron un diagnóstico y propuestas dirigidas a los dirigentes políticos. Durante la presentación estuvieron presentes Carlos Heller y Agustín Rossi. También allí, Leo Bilansky, presidente de ENAC abogó por “Recuperar un sujeto político perdido en estos tiempos, un sujeto activo y protagonista que es el empresario nacional. Advertimos la necesidad de buscar una etapa superior de unidad y de coordinación, por eso hemos decidido desde ENAC y desde APYME abrir un proceso de construcción colectiva que nos permita contribuir a la reconstrucción de la Argentina productiva que debemos poner en marcha a partir del 10 de diciembre de 2019”. Algunos de los conceptos vertidos en el documento son los siguientes: "Durante los últimos tres años desde distintos sectores de las Pymes y el empresariado nacional hemos venido señalando que las políticas en curso llevarían inevitablemente a una crisis económica, productiva y social (…) La actual crisis recesiva no es resultado de ninguna ‘herencia’. Es fruto de haber privilegiado la especulación, el endeudamiento, la concentración y la extranjerización económica por sobre el desarrollo del aparato productivo nacional, el trabajo y el bienestar del conjunto los argentinos (…) Hoy cierran 50 empresas por día, sin distinción de rubros. La caída en las ventas es constante. Se pierden miles de empleos por mes. La utilización de la capacidad instalada industrial no llega en muchos casos al 50%. Las tasas de interés de más del 70% hacen inviable la actividad y el financiamiento productivo. La inflación continúa en alza y ya supera holgadamente el 50 % interanual, con un 225 % acumulado en el actual periodo. No se puede superar la crisis bajo las mismas condiciones que contribuyeron a generarla. Un modelo económico excluyente y anti industrial cuyo único objetivo es la transferencia de recursos desde las fuerzas del trabajo y la producción hacia los sectores concentrados y especulativos, locales y globales, que invariablemente fugan sus ganancias al exterior (…) En contraposición con ese decálogo para el ajuste, la desindustrialización y la subordinación al capital financiero, los empresarios Pymes proponemos el debate de una agenda productiva y social. Avanzar con esta agenda requiere de la confluencia con el empresariado Pyme, urbano y rural, trabajadores, cooperativistas, científicos, estudiantes, profesionales y el resto de los sectores perjudicados por el actual modelo (pymeseindependientes.com 10/6).

A este documento se sumó el de la Central de Entidades Empresarias Nacionales (CEEN), Centro de investigación y Gestión de la Economía Solidaria (CIGES), Instituto de Energía Scalabrini Ortiz (IESO), Cámara de Pequeña y Mediana Empresa de San Martín (CAPYME) que bajo el título: “Por un cambio rotundo en la política económica” exigió el rechazo a la dolarización de tarifas, un aumento de emergencia de salarios y haberes previsionales, la creación y puesta en marcha de un “Programa de Insumos Cuidados” que implique el control antimonopólico de precios de insumos difundidos con oferta concentrada (petroquímica, acero, cemento, aluminio, etc.), la promoción de la discusión de una reforma de fondo del sistema financiero; el apoyo a las exportaciones pymes y adecuada administración del comercio exterior; la consideración de la explotación de los recursos naturales como un bastión de soberanía política y económica y de resguardo estratégico no dilapidable, y la planificación e impulso del de­sarrollo integrado de todas las regiones del país (P12 9/6).

Los datos de la debacle económica auguran una bancarrota acelerada de la economía. La situación del capital medio y pequeño local es insostenible. Con una tasa del 70 por ciento, las empresas locales pagan a los bancos un interés mensual superior a 60 mil millones de pesos. Mientras el dólar empieza a “retrasarse” ante una inflación del 56 por ciento anual, estimulando más fuga de capitales (ya rondamos los 70 mil millones de dólares, solo en tres años y medio) y preparado una nueva mega devaluación del peso. Al mismo tiempo, se destruyeron alrededor de 170 mil puestos de trabajo en las ramas industriales, alcanzando la desocupación las dos cifras, más otro tanto que representa la subocupación. El salario perdió en lo que va del año, alrededor de diez puntos. La situación de pobreza afecta a casi 6 millones de chicos de los cuales 1.576.455 tienen hambre. Las jubilaciones perdieron desde diciembre del 2017 más de 9 mil pesos, lo que implica que la mitad de los jubilados se encuentren por debajo de la línea de pobreza.

La debacle económica en la que necesariamente iba a concluir el programa de la oligarquía financiera y la creciente penuria a la que condena al conjunto del pueblo trabajador, pone en movimiento a las distintas fracciones de clase que se rearticulan en un Frente Nacional anti oligárquico. Las industrias locales que forman el capital medio (UIA) y pequeño (cámaras pymes citadas arriba) han salido a manifestar sus reclamos sectoriales enfocando la crítica al “modelo” en su conjunto, por su carácter destructivo de la industria nacional. Sin embargo, objetivamente tienden a coincidir con el capital monopólico en la necesidad de flexibilizar las condiciones laborales y de vida de los trabajadores. Esto impide que esta fracción local del capital despliegue una genuina política de emancipación, de independencia económica y justicia social. Por eso entre las fauces del monopolio y los puños de las y los trabajadores, esta fracción empresarial pivotea hasta perecer de una u otra manera. Es tal el carácter expropiatorio del capital financiero que el pánico a una muerte fulminante los empuja nuevamente a la vereda del pueblo. La participación activa y consciente de la clase trabajadora es un elemento necesario para rearticular efectivamente el frente de liberación sin cuyo protagonismo la alianza nacional popular naufragará en un océano tormentoso. La larga experiencia de los trabajadores es el arcón donde buscar y reactualizar las respuestas que esta hora de definiciones demanda.



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