Revista Mensual | Número: Diciembre de 2019
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Fuentes consultadas:
EE.UU.-Gran Bretaña: The Economist (TE). Alemania: Deutsche Welle (DW).
China: Xinhua (XH). Rusia: Russia Today (RT). Irán: HispanTV (HTV). Líbano: Al Manar (AM).
Venezuela: Telesur (TS). Cuba: Cubadebate (CD). Brasil: Folha de São Paulo (FSP). Colombia: El Tiempo (ET).
Argentina: Clarín (CL); Cronista Comercial (CR); La Nación (LN); Página/12 (P12).
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El callejón de los milagros

Tu callejón… Ay! Bang! Bang! Bang!
Jardines con sus manzanitas de oro
Y en tu jardín… Ay! Bang! Bang! Bang!
Son los billetes los que te dan ilusión
Un estampido no te cambia el gesto
Esos pibes no sienten nada, no sienten que se pueden morir…
Mi callejón…


La oligarquía se prepara para el enfrentamiento pero llega dividida. El frente nacional-popular triunfante en la elección se prepara para una pelea gigantesca

El callejón de los milagros

 

Charcos amargos son tus quince años
Y está esa piedra que te quiere hundir! Oh! No!

La Muerte que te mira, hace visera
Cuencas vacías Bang! Bang! Bang!
Estás atado en el piso del baño
boca abajo y Bang! Bang! Bang!

Indio Solari

 


 La deuda que contrajo la Argentina no se trata de una necesidad del país para su desarrollo, sino que responde a las necesidades de reproducción a escala ampliada del capital transnacional. La concentración económica a escala planetaria y su correlato en la reducción de oportunidades en los destinos posibles de inversión productiva vuelve inevitable, para dichos capitales, su valorización por medio de la especulación financiera. Un mecanismo por el cual el capital financiero, por intermedio de la usura internacional, se apropia de valor producido por el trabajo de los más diversos pueblos de la tierra. A su vez, por este mecanismo extorsiona a sus gobiernos y busca apoderarse de sus riquezas operando un metódico estrangulamiento financiero.

Ante la victoria electoral del Frente de Todos, y la designación como presidente a Alberto Fernández, el capital transnacional se dispuso a definir sus posiciones en relación al resguardo de sus intereses en la Argentina ejerciendo, en primera instancia, presiones y amenazas al gobierno entrante. En el mismo sentido, y fiel a su historia, actuó la oligarquía terrateniente preparando la desestabilización del nuevo gobierno. Mientras los industriales “nacionales” deciden poner paños fríos y los trabajadores buscan posicionarse en el nuevo gobierno amenazados por los cambios tecnológicos. La nueva etapa a la que asiste la Argentina se configura como un laberinto sin salida, donde se divisa el enfrentamiento histórico entre dos fuerzas sociales, siendo cada vez más grande y heterogénea aquella que expresa el Frente de Todos.

Tu callejón… Ay! Bang! Bang! Bang!

El FMI estimó que para fines de 2019 la deuda bruta representará el 93 por ciento del PBI, ubicando a la Argentina como el segundo país que más se endeudó en 2019. En línea con el organismo multilateral, la calificadora de riesgo Fitch estima una deuda del 94 por ciento del PBI. Guillermo Nielsen, asesor de Alberto Fernández, calcula que la deuda externa ya alcanza los 300.000 millones de dólares (P12 17/10, LN 9/11). No hay que perder de vista que el mercado de capitales no está dispuesto a invertir en títulos emitidos por el Estado nacional. No hay inversores que los demanden. Las únicas dos emisiones de deuda del mes de septiembre fueron colocaciones a organismos estatales: 608 millones de dólares al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses (FGS) y 61 millones de dólares al Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte (FFSIT) (P12 30/10). El Estado le presta al Estado.

Este escenario estimuló la aparición de voces de alarma ante el riesgo que supone la deuda argentina. Por ejemplo, los analistas de Capital Market Argentina (CMA) alertaron: “La significativa volatilidad respecto a los supuestos tomados para elaborar escenarios del proceso de reestructuración nos hace concluir que la relación riesgo-retorno de tener posición en Argentina no es atractiva” (CR 25/10). En el mismo sentido, la calificadora de riesgo Fitch previno a sus clientes (fondos privados de inversión) de los limites para empujar una reestructuración de la deuda amigable con el mercado: “Requeriría un ajuste fiscal tan sustancial que sería política o económicamente inaceptable” (CR 30/10). Los muchachos toman nota de la oleada anti-neoliberal en el continente.

 Luego de la victoria electoral del Frente de Todos, y conocida la posición del presidente electo de buscar una prorroga en los plazos para el pago del empréstito, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steve Munchin, ni lerdo ni perezoso se apuró a declarar que “Argentina tiene un compromiso con el FMI. Nuestra expectativa es que este gobierno cumpla con ese compromiso y si solicita cambios, como cualquier otro país, el FMI considerará su solicitud como parte de su plan económico” (LN 31/10). Nada sutil el secretario grita: “todos al pie” hay que ver si es cierto que tiene la carta ganadora.

Los otros que se preparan para la negociación son los grandes fondos privados de inversión: Greylock Capital, Fidelity, T Rowe Price, Amundi y Blackrock, entre otros; que crearon un comité de acreedores de la deuda argentina en el exterior para acordar una posición común en las negociaciones con la Argentina. Según consigna la prensa, las intenciones de este “steering committee”, es facilitar una rápida renegociación para evitar quitas significativas en el capital o los intereses (InfoBae 1/11). Recuérdese que el FMI está empujando una quita para los privados del 40 por ciento.

La otra razón que motivo el reagrupamiento de estos buitres de saco y corbata es que la mayoría de los títulos bajo ley extranjera fueron emitidos con cláusula de acción colectiva. Esto significa, que si entre el 70 y el 85 por ciento de los tenedores acepta una propuesta, la oferta se aplica automáticamente al resto de los acreedores y no pueden accionar judicialmente para conseguir un precio mejor (un resguardo para las demandas buitres posteriores) ni bloquear u obstaculizar el rumbo de las decisiones acordadas. Según se calcula la Argentina tiene deuda con ley extranjera por 60.000 millones de dólares, de los cuales los grandes tenedores tienen al menos 15.000 millones. El apuro y la predisposición a acordar (una módica quita) con el nuevo gobierno no pueden desvincularse del acuerdo más amplio que incluye Vaca Muerta, como mostramos en el Análisis… del mes pasado. (LN 06/11).

Los que quedan por fuera de este convenio son los tenedores minoristas, quienes también se reunieron en Nueva York, preocupados por verse forzados a tener que aceptar quitas y plazos sin participar de los beneficio. Su previsión fue concreta: “Esperamos una reestructuración desordenada de la deuda” (CR 11/11).

Y no hubo que esperar mucho para que se corroborara esta profecía. Este mes se conoció que tres Fondos de Inversión demandaron a la Argentina en Gran Bretaña por 423 millones de dólares aduciendo la manipulación del PBI en el año 2013, dado que detentaban bonos atados al crecimiento de la economía nacional (LN 13/11). Un Fondo buitre italiano presentó un reclamo que busca embargar activos de Aerolíneas Argentinas en Nueva York en respuesta al default del año 2002, sin poder demostrar, sin embargo, que tuvieran bonos argentinos. Esto obligó a Aerolíneas a salir a aclarar que la empresa "no es lo mismo que el Estado Nacional y eso ya ha sido ratificado por la justicia en más de una ocasión" (P12 30/10). Además, la calificadora de riesgo MSCI (Morgan Stanley Capital Investment) retiró a tres empresas argentinas de su indicador principal (MSCI Global Standard), obligando a los Fondos de Inversión internacionales que se guían por sus informes a eliminar de sus carteras los papeles de las mismas (desvalorizándolas): Transportadora Gas del Sur, Pampa Energía y BBVA Banco Francés (P12 10/11). Golpes de puño en las ulceradas finanzas del país.

Mientras tanto, Alberto Fernández, se mantiene firme, afirmando en una entrevista que le realizara el ex presidente de Ecuador, Rafael Correa: “Nosotros no podemos pagar en las condiciones que está la economía argentina" (P12 14/11).

Jardines con sus manzanitas de oro

Como ya hemos analizado el mes pasado, el presidente electo profundiza los acuerdos con sectores del capital transnacional, aprovechando sus contradicciones internas. Debido a la crisis de solvencia por la falta de divisas necesita ingresar dólares al país, ofreciendo Vaca Muerta como lugar privilegiado para fuertes inversiones de capital. Guillermo Nielsen, aclaraba la cuestión en la Universidad de Miami, frente a inversores externos y al director del Departamento del hemisferio occidental del FMI, Alejandro Werner: “La Argentina necesita imperiosamente desarrollar otro sector de alternativa de generación de dólares y empleo, de la importancia del sector agropecuario” y destacó que se busca potenciar en ese sentido a Vaca Muerta. (LN 9/11)

El plan de gobierno de Alberto Fernández tiene como objetivo declarado elevar la productividad de Vaca Muerta a los niveles de Pernian y Marcellus, dos de las cuencas de petróleo y gas no convencionales más productivas de Estados Unidos. Para lo cual, necesita atraer ingentes masas de capital al yacimiento, el más productivo del país, de los conocidos hasta la fecha.

El encargado de las negociaciones con los fondos globales de inversión, como se ha dicho, es Guillermo Nielsen, un viejo conocido del mundo financiero, quien durante el coloquio de IDEA que se realizó especialmente en Neuquén durante el mes de Junio, había dicho ante los presentes "Estamos trabajando en una mitigación del riesgo argentino que se aplique a todos los proyectos de Vaca Muerta, la iniciativa contempla el análisis de 24 dimensiones de la competitividad para igualar a las formaciones de los Estados Unidos”. En esa oportunidad, el ministro de energía Lopetegui lo había chicaneado poniendo en duda que su proyecto pudiese hacerse respetando la propiedad privada: "Ojalá que una de las 24 dimensiones para igualar la competitividad de Vaca Muerta con Perniam sea mantener el capitalismo" (InfoBae 13/6). En su cuenta de Twitter, luego de haber avanzado con las negociaciones con los capitales transnacionales, el hombre de Alberto Fernández, usaba ese entredicho para señalar el marco de los acuerdos a los que se estaba arribando: "Pensar que Lopetegui me chicaneaba en IDEA Neuquén cuando yo hablaba de nuestra propuesta para Vaca Muerta. Me preguntó capciosamente si la propuesta incluía llevarla a cabo en el sistema capitalista. Hay que cuidar YPF, que tiene entre sus accionistas a unos 130 fondos de inversión que van a ser necesarios para el desarrollo del sector en los próximos años. No se le fija el precio desde el gobierno". Así dejaba en claro la posición del nuevo gobierno de que el desarrollo de Vaca Muerta requiere la participación de estos capitales. (LN 29/10).

Durante el mes de noviembre, el diario La Nación publicó el contenido ampliado del proyecto borrador que Nielsen prepara para Vaca Muerta. Según el medio periodístico, el proyecto asegura el derecho de libre disponibilidad de la totalidad de las divisas provenientes de la exportación sin obligación de repatriación de las divisas, el acceso a divisas y giro de utilidades al exterior. Cualquier alteración al principio de estabilidad fiscal dará derecho a los perjudicados a la compensación automática e inmediata de los aumentos tributarios o arancelarios con reducciones de los mismos conceptos, con más intereses compensatorios. Podrán reclamar ante las autoridades nacionales, provinciales y municipales que se retengan de los fondos coparticipables que correspondan al fisco incumplidor, los montos pagados en exceso, para proceder a practicar la devolución al contribuyente. Las importaciones de bienes de capital, equipos especiales y elementos componentes de dichos bienes también estarán exentas del arancel, del IVA y de cualquier otro derecho, impuesto especial, gravamen correlativo o tasa de estadística con exclusión de las demás tasas retributivas de servicios. Las exportaciones de GNL no tendrán retenciones y las provincias no podrán gravarlas con el impuesto a los ingresos brutos. Serán de carácter firme por los volúmenes máximos periódicos y totales previstos en el contrato. Cuando existan dificultades en el abastecimiento interno, solo podrán interrumpirse o suspenderse la exportación de volúmenes en exceso de los volúmenes firmes máximos previstos en el contrato. Se eximirán del pago de impuestos a los sellos a todos los actos, contratos y operaciones asociados al proyecto. En relación con las regalías, las provincias solo podrán aplicar una alícuota del 5 por ciento sobre el precio de venta de gas natural destinado a GNL en los primeros 10 años. Luego subirá al 10 por ciento en los siguientes 10 años y a 12 por ciento para el resto del proyecto, como es actualmente (LN 16/11).

Como detallamos más arriba, el nuevo gobierno pretende apoyarse en Vaca Muerta para la generación de divisas como complemento al tradicional sector agropecuario, al que también se le exigirá un aporte en este sentido “en un primer momento van a tener que hacer un aporte todos”, dijo Alberto Fernández anticipando exacciones aplicadas a los sectores concentrados para superar los desaguisados que deja el Gobierno de Macri, quien aplicó a pie juntillas los requerimientos de la Sociedad Rural Argentina. Pero, más allá de la coyuntura, el desarrollo de Vaca Muerta puede alterar significativamente la estructura económica de la Argentina al incorporar una segunda “Pampa Húmeda”, aunque no por ello transformar la matriz rentística/dependiente del país. De hecho, sin una política anti-imperial que defina como prioridad la independencia económica, Vaca Muerta se va a desarrollar como una industria extractiva, colonizada directamente por las grandes corporaciones yanquis dueñas de la tecnología. De modo que la Argentina necesita desarrollar una ciencia y tecnología propias que le permitan independizarse de las corporaciones trasnacionales, no solo en el área de refinación sino fundamentalmente en la de extracción. Para ello cuenta con la estatal YPF, aunque en los últimos años la penetración de los capitales foráneos en ésta se haya incrementado.

Durante este mes, voceros de los trabajadores de YPF denunciaron el despido de 60 profesionales. Desde la empresa declararon que los despedidos eran profesionales especializados en el área de exploración de yacimientos de petróleo convencional y que “el replanteo de la estrategia de exploración de YPF apunta más a la producción no convencional en Vaca Muerta y en áreas offshore, lo cual a su vez supondría relegar las tareas en áreas convencionales”, agregando que se va a focalizar en el desarrollo de pozos horizontales en Tierra del Fuego y Santa Cruz y en la cuenca del Mar Atlántico, donde ya se otorgó un permiso de exploración a la empresa noruega Equinor, para trabajar en conjunto (P12 31/10).

La desestructuración de la compañía y su restructuración (al nuevo paradigma) es acompañado de una destrucción acelerada de su capital patrimonial. En los primeros nueve meses del año, la empresa sufrió una pérdida de activos por 23.023 millones de pesos. YPF es la empresa con mayor dominio científico, tecnológico y de mayores dimensiones en el país en la producción convencional de hidrocarburos. Entiéndase, esta reconversión supone su desplazamiento hacia un área en la cual la dependencia de la tecnología y el conocimiento aplicado están completamente en manos extranjeras (CR 8/11). Su especialización en el Shale sin defender la extracción convencional y la promoción de un equipo independiente de desarrollo científico-técnico (dado que los acuerdos con las compañías extranjeras, hasta el momento, no contemplan la transferencia tecnológica) equivale a su privatización.

De modo que el desguace de YPF, su potencial privatización barata, y la entrega de los recursos de Vaca Muerta a las trasnacionales y los fondos de inversión yanquis es el requerimiento necesario de éstas y éstos, para lo cual utilizarán toda su fuerza.

Y en tu jardín… Ay! Bang! Bang! Bang!

"Nuestra expectativa es lograr, mediante un diálogo responsable, en el marco de respeto a la Constitución Nacional, a las libertades y formas contenidas en el modelo republicano y en base a políticas adecuadas, que nos dejen hacer al campo lo que mejor sabemos: producir sin distorsiones, sin trabas ni intervenciones de ningún tipo, generando trabajo y desarrollo en todo el territorio nacional". Así marcaba la cancha Daniel Pelegrina (presidente de la Sociedad Rural Argentina) en la definición de la relación que pretende con el gobierno electo, dos días después de los comicios.

Conforme fueron pasando los días, el “temor” de los grandes terratenientes de la pampa húmeda en relación a las políticas que pudiera llevar adelante el nuevo gobierno, se profundizó. En un documento titulado “La 125 en la mira de los Correcaminos”, la SRA de San Pedro declaraba: “La Sociedad Rural de San Pedro reflexiona y comparte su alerta por la pasividad con la que desde las cabeceras de las entidades ruralistas se mantiene un silencio preocupante ante la inminente aplicación de medidas de confiscación para productores con la implementación de una nueva medida de incremento de retenciones (…) Entendiendo la gravedad de la crisis que no distingue clases [sic] y atraviesa a todos los argentinos, creemos que las herramientas que ya probaron su ineficacia, no pueden regresar sin una reacción contundente de nuestro sector” (COH 17/11) .

En el mismo sentido, José Claudio Escribano, conocido editorialista del diario La Nación, pasaba revista a las armas antes del combate: “¿Quién podría controvertir, acaso, la afirmación de que el campo se comporta como uno de los sectores más genuinamente, más seriamente capitalistas de la Argentina? El campo invierte. El campo arriesga e innova. El campo agrega valor, compite y subsiste sin subsidios, y sin otras protecciones -a veces menguadas por nuestros vecinos- que las impuestas por las reglas del mercado regional que nos asocia, el Mercosur. (…) La Argentina se encuentra entre los únicos cuatro países del mundo en los que se retrotraen por impuestos específicos, como las retenciones, recursos del campo, mientras que en los demás países las actividades agropecuarias cuentan con incentivos. (…) Nos resistimos a pensar que la política no acepte la evidencia de que el potencial productivo del campo creció bajo los estímulos de la libertad y se opacó, o detuvo, con las regulaciones burocráticas y la contumacia ideológica, cuyos efectos potencia, desde luego, la depreciación de precios de las materias primas. (…) El campo argentino no puede ni debe cambiar de tema. (…) Y LA NACION, que lo ha acompañado sin altibajos durante 150 años, estará en el lugar de siempre, a su lado” (LN 21/11).

Por último, a finales del mes de noviembre, comenzó a circular en las redes sociales un video de un grupo llamado “Campo + Ciudad” en donde se afirmaba sin medias tintas: “Las urnas eligieron a Fernández. Respetamos ese resultado y trabajaremos como siempre por el bien del país. Pero que nadie se equivoque: aceptar la decisión de la mayoría no significa permitir que nos pasen por encima. Estamos organizados y trabajando a lo largo y ancho del país y al costado de las rutas, en cada ciudad, en cada pueblo, estamos conectados y alerta. Para responder a cualquier medida autoritaria y abusiva. Delirios como una justicia militante, la reforma agraria, la persecución a la prensa, nos encontrará juntos y más fuertes que nunca. Defenderemos la libertad. A los abusos, a los aprietes y al saqueo les decimos ‘nunca más’.

Luego de esto, y a semanas de la asunción del nuevo gobierno democráticamente electo, salta a la vista para cualquiera que desee verlo que hay una preparación de un golpe estado en camino (bajo formas tradicionales o de “cuarta generación”), que tiene como punto de partida un intenso proceso de desestabilización. Sin embargo, la unidad del sector agropecuario no se constata con tanta claridad como otrora. Veamos que dijo el resto de la “Mesa de Enlace agropecuaria”.

La posición de Carbap (que agrupa a los medianos propietarios de la provincia de Buenos Aires y La Pampa) fue muy distinta. Su presidente, Matías Velazco tras las elecciones señaló que los resultados fueron "muy parejos" (aunque el FdT le ganó al oficialismo en primera vuelta por 8 puntos, sin contar los votos robados por el macrismo) y consideró como positivo que "las cámaras (del Congreso) van a estar equilibradas por lo que deberá ser un gobierno de consensos (LN 29/10). El cuidado de Velazco está relacionado con las pretensiones de la entidad de negociar con el nuevo gobierno. Es más, hasta buscó impulsar la candidatura de Dardo Chiesa (presidente de CRA) al ministerio de Agroindustria: "Está sonando un nombre de los nuestros para el nivel nacional (…) Creemos que sería bueno para las entidades y para la producción tener una persona nuestra dentro del gobierno, y ojalá que así sea" dijo Velazco. El acercamiento con el Albertismo se hizo más explicito cuando, a pocos días de la elección, el presidente de Carbap salió a respaldar en declaraciones públicas la posibilidad de ampliar el monto de las retenciones: "El campo no es egoísta y ya lo demostró. Cuando se originaron, en el gobierno de Duhalde, el campo puso el hombro. Cuando Macri las tuvo que reimplantar, el campo guardó silencio, apretó los dientes, bajó la cabeza y apoyó. Y ahora va a hacer lo mismo" (LN 2/11).

Dichas declaraciones cayeron muy mal en otros sectores agropecuarios. El diputado provincial electo por la Coalición Cívica, Luis Bugallo fue el vocero encargado de atacar la posición de Carbap en los medios: “Me genera mucho rechazo el nivel de obsecuencia de algunos dirigentes rurales, haciendo un triste papel por los medios, desesperados por ligar un cargo en el próximo Ministerio de Agroindustria K. Nunca antes visto (…) Sepan muchachos, colegas del agro, que no vamos tolerar otro saqueo K. Si buscan un cargo, los pantalones se los bajan ustedes” (InfoBae 3/11). El reproche y la amenaza no es cualquier cosa si tenemos en cuenta que detrás de ellas asecha la embajada de los EE.UU. y su método de golpe de estado. Pero la divergencia no solo fue de expresada por funcionarios políticos. Los otros que salieron fuertemente al cruce fueron sus socios de Cartez.

Debe tenerse en cuenta que la Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) está conformada por 16 confederaciones regionales, que a su vez nuclean a unas 300 sociedades rurales distribuidas por todo el país. Las dos confederaciones más poderosas que la integran son Carbap (que representa a Buenos Aires y La Pampa) y Cartez (que representa a Córdoba). Está ultima, conocida el posicionamiento de Carbap sobre las retenciones, salió furiosa con un comunicado condenatorio: Las retenciones “constituyen el peor impuesto distorsivo que asfixia a las producciones generadoras de las divisas que nuestro país necesita de manera imperiosa (…) En la práctica, y contrariamente a lo que se pregona, las retenciones a las exportaciones han demostrado ser completamente ineficientes como herramienta de remediación de la pobreza estructural que agobia ya a un 40% de los argentinos”. El ruralista cordobés afirmó que este esquema actual de retenciones “pone un freno a la generación de fuentes y puestos de trabajo imprescindibles para superar la situación de pobreza de quienes estén dispuestos a salir de la realidad indigna del subsidio sin contraprestaciones, ayuda coyuntural que termina convirtiéndose en un certificado condenatorio a la dependencia de un favor político”. Y finaliza con una declaración de fuerza: “Desde Cartez, siempre propiciamos el diálogo como camino de construcción de consensos que posibiliten acuerdos sólidos y perdurables, pero no estamos dispuestos a ceder a presiones que busquen hacernos renunciar a nuestros más elementales principios y convicciones” (ver: bichosdecampo.com 4/11).

La fractura de CRA muestra un alineamiento entre SRA y Cartez contra la Carbap. Aunque cabe aclarar que la Sociedad Rural de San Pedro (la que realizara el comunicado tan duro, citado arriba) pertenece a Carbap.

La Federación Agraria (FAA), tampoco se encuentra tan entusiasta como en aquel 2008 para actuar de base social de los terratenientes. Su presidente, Carlos Achetoni (un hombre proveniente del radicalismo) inmediatamente después de las elecciones sostuvo que “estamos abiertos al diálogo y dispuestos a trabajar en conjunto por los pequeños y medianos productores (LN 29/10). Luego, en el marco de la convocatoria del presidente electo a la mesa contra el hambre decía: “Alberto Fernández cuenta con nosotros para combatir el hambre. En lo personal, valoro y agradezco la invitación, y retomo lo que dijo el Presidente electo, de que este espacio debe pertenecernos a todos. Debemos ser maduros, poder sentarnos todos a hablar, más allá de que seamos de instituciones diferentes o que provengamos de ámbitos distintos, para salir de esta situación. Creo que ahí está la hidalguía: en saber de dónde viene uno y adónde va, sin resignar nada de los derechos de quienes representamos, pero debemos reunirnos con todos los sectores. Porque para generar las políticas públicas que hacen falta hay que dialogar con todos; de hecho, como siempre decimos, debe estar quienes ocupan el poder Ejecutivo y también los partidos de oposición, sólo así podremos salir adelante. Y así podrán darnos las respuestas que todos necesitamos. Considero que de todos estos años de democracia la gran deuda la tiene el sector político, y hay que avanzar para terminar con el hambre” (ver: news.agrofy.com.ar 18/11). Aunque también señaló que "Necesitamos algunas definiciones" porque "la gran intriga del campo es dónde van a anclar las retenciones en el próximo gobierno" (ver: rionegro.com.ar 18/11). Claramente, su posicionamiento está lejos de la confrontación. Esto es particularmente interesante si atendemos al hecho que Achetoni no representa la fracción Kirchnerista de la FAA encabezada por el anterior presidente Omar Príncipe.

Por su parte, la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), el cuarto miembro de la otrora cohesionada “Mesa de Enlace”, tampoco parece ser tan reactiva a negociar un esquema de retenciones con el nuevo gobierno. Su presidente, Carlos Iannizzotto, quien aclaró que habla por su entidad “no por la Mesa de enlace” dijo: “Hoy las retenciones no sofocan. Creo que hay margen para conversarlo, pero lo fundamental es que haya un enfoque distinto, con un sector financiero no especulativo que esté del lado de la gente y la producción”; el esquema de derechos de exportación “ha variado sustancialmente por las devaluaciones y ha tenido mucho menor impacto con un dólar que no está en situación de atraso” (ver: eleconomista.com.ar 20/11).

Otros sectores provenientes de la agroindustria también manifestaron disposición al dialogo. Por ejemplo, Luis Zubizarreta (presidente de la Asociación de la Cadena de la Soja) declaró: “Ahora es el momento de trabajar y llevar propuestas constructivas (…) La Argentina necesita generar trabajo y dólares para revertir la situación dramática de pobreza y nuestro sector agroindustrial tiene un rol fundamental para lograr ese objetivo. Sin duda, vamos a colaborar con todos los medios a nuestro alcance” (LN 29/11).

De modo que el capital financiero, mayoritariamente yanqui, se lanza a un ataque sin cuartel contra el Frente patriótico victorioso en las elecciones, con la SRA y la Cartez como principales arpones, a falta de una mesa de enlace cohesionada. La Carbap, Coninagro y FAA parecerían más dispuestas a negociar cuotas de renta agraria a cambio de un dólar alto y un lugar en el gabinete de AF.

Son los billetes los que te dan ilusión

Como queda claro no existe en la dirigencia del sector agropecuario unidad de criterio sobre cómo actuar frente al nuevo gobierno kirchnerista. Y la posición desestabilizadora impulsada por la dirección de la SRA no goza de consenso. Al menos por ahora. Hay a su vez, otros elementos más estructurales que hay que analizar en la composición de la fuerza social que articula el imperialismo.

Veamos, por ejemplo, la contradicción entre el Clarín Rural y La Nación. Pese a ser propiedad de los mismos accionistas sus líneas editoriales mantienen importantes divergencias.

Arranquemos por Héctor Huergo, editor del suplemento de Clarín, cuadro de los pooles de siembra y funcionario responsable durante el gobierno de Menem para desguazar el INTA. En un artículo titulado “El hallazgo de la Región Centro” afirmó: “El país está atravesado por un corredor [Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Mendoza], donde ganó el macrismo, con un fuerte perfil agroindustrial, que basan su economía en la exportación de una canasta cada vez más variada de productos, donde además la tendencia es agregar cada vez más valor agregado”. El argumento de Huergo es que esta “Argentina del centro”, en donde gano el oficialismo, -que mantiene vínculos con otras regiones como el complejo petroquímico de Bahía Blanca (donde se fabrica el polietileno para los silo bolsas) o la Patagonia donde se cría “el rodeo vacuno más fino del mundo” o el sur de Corrientes zona de producción de arroz- tiene condiciones propicias para insertarse exitosamente en el mercado mundial (principalmente por la demanda china de alimentos) y posee una identidad agroindustrial. La idea implícita del artículo es que esta Argentina está enfrentada a la otra Argentina (la del populismo) y expresa una lucha entre desarrollo y atraso. Entre los que crean la riqueza y los que la usufructúan. Entre una vanguardia tecnológica que compite de igual a igual en el mundo y una industria obsoleta. Finalmente, concluye el artículo afirmando: “La Argentina tiene enormes problemas económicos y sociales. Pero también tiene enormes soluciones. Se ha creado una infraestructura productiva, sólida y competitiva. Están los mercados, hoy con la insaciable demanda china a la cabeza. Y están los productores, listos para seguir adelante, a pesar de que tienen fundamentos para mirar de reojo al nuevo gobierno” (CL 2/11).

Por su parte, Jorge Ossona, editorialista del diario La Nación argumentaba en un artículo tendiente a analizar la importancia del acuerdo Unión Europea- Mercosur: "El acuerdo UE-Mercosur constituye la tercera posibilidad para superar el sino paradojal de economía semicerrada que nos legó el siglo XX". Y hace un reconto histórico: “La vieja Europa industrial, que había hecho posible a la Argentina como Estado nacional, nos cerró las puertas... no nos quedó otra opción que el cierre semiautárquico. La industria prosiguió su curso ingenuo y protegido por el Estado, tornándose cada vez más dependiente de los recursos de un agro estancado. A eso se sumaron las demandas redistributivas de las clases trabajadoras inauguradas por el peronismo. El correlato más gravoso de nuestra versión local del proteccionismo fue su enorme costo fiscal financiado mediante inflación o deuda (o ambos) cuando los recursos públicos genuinos se agotaron”. Planteado el problema, el autor propone la solución: “La perspectiva de retornar a un mercado de 500 millones de consumidores de alto poder adquisitivo constituye la oportunidad de desarrollo y crecimiento sostenidos que dé una vuelta de página a un aislacionismo de un siglo. Ojalá que la ignorancia y la miopía no vuelvan a malograrla" (LN 21/10). Lo que Ossona dice es que el acuerdo UE-Mercosur forzaría a la Argentina a desmontar la industria sustitutiva que se inauguró en los años 30 para compensar importaciones, pero que tuvo un desarrollo autónomo y contrario al proyecto de la oligarquía terrateniente en el peronismo.

Ambos intelectuales concuerdan con su desprecio por un desarrollo industrial nacional-regional y la integración nacional-regional necesaria para éste. Pero mientras uno la contrasta con una agroindustria ya existente, pujante, que elabora productos de primera calidad mundial; el otro se centra implícitamente en la exportación de bienes primarios. La otra diferencia sutil, aunque importante, es que para Huergo desarrollo significa crecimiento de la exportación de productos agroindustriales, mientras que para Ossona el énfasis esta puesto en que la apertura de los mercados europeos es simultaneo a la liquidación de la industria sustitutiva. Uno está asentado en los flujos de capital transnacional y su enganche con las cadenas globales de valor, mientras que el otro defiende en primer lugar su inserción mundial, en tanto, propietario de tierra de alta calidad y productor de comodity.

Otra contradicción que atraviesa a la burguesía agraria es su desigual relación con la propiedad de la tierra. Veamos brevemente algunos datos publicados en el último censo de propiedad agropecuaria.

Según el censo, las explotaciones que están en la franja de 100 a 500 hectáreas son el 25,3 por ciento del total de explotaciones y poseen el 9,1 por ciento de las tierras. En total son unos 57.317 propiedades de esta dimensión con 16.270.264,50 hectáreas (de ellos algo más de 10 millones corresponden a los propietarios de entre 200 y 500 hectáreas). En el otro extremo del espectro, se encuentran 2.473 explotaciones agropecuarias (EAP) de más de 10.000 hectáreas. Son el 1,08 por ciento del total de las EAP a nivel país y tienen el 36,4 por ciento de la tierra, que comprende 57.364.444 de hectáreas. Esta impresionante concentración es aun más clara si miramos su situación en la zona núcleo (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos). En total hay apenas 227 propietarios con 5.104.092,90 hectáreas (apenas 65 son los que poseen más de 20 mil hectáreas). Mientras que los de entre 100 y 500 hectáreas son 36.604 con 7.324.082 (el propietario promedio tiene 200 hectáreas y son el 14% de la tierra disponible) (LN 9/11).

Como bien sabemos, en el capitalismo la tendencia de su desarrollo conduce a la cada vez mayor concentración de los medios de producción. La tierra cultivable (fuente de renta agraria) no es una excepción. Mucho menos en un país que ha llegado a ser uno de los más productivos del planeta en materia agraria y donde el latifundio está en su “ADN” histórico-social luego de la derrota del proyecto federal-integrador en Caseros a manos de la coalición capital británico-Unitarios de Buenos Aires. Como se expresa en los datos de concentración de la tierra, el llamado “sector agropecuario” está compuesto por distintas fracciones, tanto en relación a su tamaño como a la producción que llevan adelante. Éstas históricamente han tenido posiciones diferenciadas y durante 2008 lograron el punto de mayor unidad de acción, mediante la conformación de la llamada “Mesa de Enlace”, en oposición a la “resolución 125”. Esta resolución implicaba el aumento de las retenciones a las exportaciones de los productos agropecuarios, quedándose el Estado con una porción de la renta agraria (la “extraordinaria” que subía al compás del aumento del precio de los granos en el mercado mundial), con el fin de redistribuirla al resto de los sectores sociales, de fomentar el desarrollo de la industria local que sería realizado por una fuerte “burguesía industrial nacional”. Los propietarios de la tierra lograron la unidad en la acción en función de la defensa de su propiedad, entendiendo que al apropiarse el Estado de una porción de la renta, se estaba cuestionando el poder que ellos detentan sobre la propiedad de la tierra. En ese momento, se unificaron en tanto propietarios de la tierra. De ese momento a esta parte, esa unidad se ha ido debilitando aflorando en muchos casos las viejas contradicciones y en otros surgiendo nuevas, determinadas por los profundos cambios tecnológicos operados en la rama y el avance del capital financiero transnacional en el control del proceso de trabajo.

Es importante seguir de cerca el posicionamiento diferenciado de estos sectores, que empieza a mostrar matices que pueden devenir en fracturas más profundas.

Un estampido no te cambia el gesto

Ya hemos analizado en otras oportunidades las tensiones suscitadas en relación al acuerdo UE-Mercosur, fundamentalmente en relación a la oposición del sector agropecuario europeo (que son subsidiados) que se oponen a la libre entrada de productos agropecuarios del Mercosur. En sentido contrario, China importa crecientes cantidades de granos y ha permitido la importación de productos industrializados, como harina de soja a pesar de contar con una industria instalada capaz de solventar su demanda.

El brote de la fiebre porcina africana afectó a los países asiáticos destruyendo prácticamente su industria, lo que ha incrementado la necesidad de estos países de importar carne de cerdo, lo que los convierte en un mercado enorme para la exportación. Se estima que será nuestro principal destino en el año 2020. Lisandro Culasso, presidente de la Asociación Argentina de Productores de Porcinos (AAPP) explicaba el mes pasado que "China tiene un potencial enorme, todas las semanas te llaman o te visitan, pero dependemos de que se aprueben más plantas, porque es la limitante". Actualmente hay tres plantas en proceso de evaluación (por China) para incorporarse al complejo exportador. Otro tanto se está dando en el área de la ganadería bovina, que incrementó sus exportaciones a China, posicionándose como el principal destino argentino, recibiendo el 72 por ciento de los envíos. El proceso es tan marcado que incluso se reabren muchos frigoríficos ya cerrados. El ejemplo más ilustrativo es la reapertura del ex frigorífico Tomas Arias, que volverá a funcionar después de 9 años con el nombre comercial de La Muralla China S.A. El país asiático ya habilitó 19 nuevos frigoríficos locales con capacidad para exportar, sumando un total de 91 plantas procesadoras de carne que tienen acceso al mercado chino (LN 22/10, CR 25/10, CL 26/10, XH 12/11).

A fines del mes de octubre, el presidente de la Cámara Argentino-China de la Producción, la Industria y el Comercio, Carlos Spadone, decía en una entrevista: "Argentina ha exportado históricamente productos alimentarios de muy buena calidad, pero el desafío real es llegar a cumplir con las cantidades demandadas, debido a que la mayoría de nuestros productores están aún muy atomizados y estamos hablando de exportar a una economía de escala". Incluso, con el nivel de productividad de la Pampa Húmeda, el sector se queda atrás de la impresionante demanda requerida por el mundo, y en particular de China. Todo empuja hacia una mayor concentración del sector.

A pesar (o a razón) de las trabas que se suscitan en el acuerdo UE-Mercosur, Brasil insiste en flexibilizar las reglas del mercado común. Es así, que este mes, el secretario de Comercio Exterior de Brasil, Lucas Ferraz, propuso reducir todos los aranceles por debajo de la mitad de sus niveles actuales en un plazo de cuatro años. En el caso de los vehículos, el arancel que Argentina y Brasil cobran a los importados extrazona es de 35 por ciento y el funcionario pretende limitarlo al 12 por ciento. Lo que suscitó un enérgico rechazo. El titular de Renault Argentina y de la Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA), Luis Fernando Peláez Gamboa, planteó que para poder llegar a una baja de arancel, deberíamos primero mejorar las condiciones de competitividad de la industria. Este es el criterio que venimos presentando al Gobierno, en todos los acuerdos comerciales recientemente negociados, siendo el ejemplo más representativo en el último con la Unión Europea que prevé un plazo de 15 años hasta el libre comercio”. En el mismo sentido se oponía el titular de General Motors para América del Sur, Carlos Zarlenga: “Si hubiera un plan de reducción de impuestos, eficiencia logística y reforma laboral, con un calendario como correlato de la baja de aranceles, no habría ningún problema. Pero esa otra parte, todavía no la hemos visto”.

Como otros sectores del empresariado, estos CEOs preparan sus demandas al Gobierno del FdT para ajustar costos (principalmente los laborales) y empujan en la dirección de un frente de demanda común. El problema es que la producción acumulada de autos entre enero y septiembre fue de apenas 241.330 unidades, lo cual implicó una baja interanual del 34,9 por ciento. Pero además, su relación con el mercado de Brasil (hacia donde se dirige en la actualidad el 65 por ciento de los vehículos exportados), representa apenas el 5,4 por ciento de los cero kilómetro que se venden en su mercado cuando una década atrás era del doble. Peor aún, mientras que el mercado de Brasil creció este año un 10 por ciento, las exportaciones argentinas de autos al país vecino cayeron un 3,5 por ciento (P12 17/11). Esto, entre otras cosas explica el debilitamiento de las relaciones comerciales al interior del bloque regional.

Esos pibes no sienten nada, no sienten que se pueden morir…

En el Coloquio de IDEA, que reúne a las empresas más poderosas que comprenden el 50 por ciento de la actividad económica argentina, se hicieron numerosas declaraciones que daban cuenta del claro posicionamiento de este sector en oposición a las políticas anti-industriales que llevó adelante el macrismo y se insistió en la necesidad de conservar la alianza con los trabajadores (al menos por un tiempo).

El encuentro contó con la presencia de Héctor Daer y Antonio Caló como representantes de los trabajadores. Gastón Remy, presidente de IDEA y CEO de Vista Oil & Gas dio, en su discurso de apertura, un saludo especialmente a los trabajadores de los “que tenemos una nutrida presencia”; y en referencia a la situación política afirmó: “Gane quien gane, el próximo presidente tendrá que construir acuerdos. No estamos pidiendo que los impuestos bajen mañana, sino empezar un diálogo. Sabemos que vamos a tener que ceder y contribuir”. A su turno, Federico Procaccini presidente del Coloquio IDEA y CEO de Openbank (banco virtual de Santander) dijo: “No estamos diciendo ya de cambiar los impuestos, pero entendemos que hay una necesidad concreta, pero es insostenible pensar en este modelo 20 años” (P12 17/10).

En otro ámbito, durante la presentación del Plan 2020-2023 en la Unión Industrial Argentina, Miguel Acevedo (presidente de la entidad) advertía, pese a haber hecho declaraciones claras en apoyo a la candidatura de Fernández, que “tenemos mucha coincidencia en el Plan Productivo que nosotros presentamos con lo que también nos entregó el Gobierno”; y el diario La Nación detallaba el punto sobre el cual los industriales y el gobierno de Macri tienen acuerdo: la necesidad de una reforma laboral.Para que las leyes sean acordes con la modernización tecnológica” justificaba el diario de Mitre (LN 22/10).

Luego de conocido el triunfo de la fórmula del Frente de Todos, los industriales se arremangaron decididamente a cultivar la nueva relación, sin dejar de poner en el centro la defensa de sus intereses. Daniel Funes de Rioja, presidente de Copal, declaraba: “Sabemos que lo urgente es contener los daños que provocaron la recesión y la contracción económica. Aceptamos participar del Consejo que van a crear para los excluidos y marginales”. Aunque aclaró: Obviamente vamos a promover los principios de libertad de iniciativa privada, pero eso no tiene nada que ver con el liberalismo económico, sino con un modelo de crecimiento con inclusión social. Somos el sector alimenticio, tenemos esa actitud”. Por su parte, José Urtubey, de Celulosa Argentina, uno de los más críticos del gobierno de Macri, decía: “El año que viene va a ser difícil por el faltante de dólares y la cantidad de obligaciones que hay, pero creo que las políticas de la próxima gestión estarán orientadas al desarrollo productivo. Hacerlo en línea contraria ya se demostró que no funciona”. Marcelo Girotti, CEO de BGH, coincidía: “Tenemos expectativas positivas, porque la situación en la que estamos ahora es compleja, pero difícilmente pueda empeorarse. Sabemos que la baja de impuestos no es algo que pueda darse inmediatamente por la situación del país” (P12 29/10).

El feliz encuentro festejó el triunfo electoral de Alberto Fernández, los empresarios se mostraron dispuestos a colaborar en el gran acuerdo multisectorial que propone el nuevo presidente pero aclarando: "Los empresarios están dispuestos a discutir todas las cuestiones para lograr un acuerdo. Pero si se frisan los precios y se aumentan los salarios no se resuelve el problema. Eso queremos discutir” al menos eso aclaró Funes de Rioja.

Mi callejón…

Luego de reunirse con los industriales, Alberto Fernández, participó de un mitin en la CGT. Allí pronunció un discurso. A su lado estaban Héctor Daer y Carlos Acuña, y un poco más distante, Hugo Moyano. En el mismo destacó la necesidad de la unidad y la importancia de lograr un pacto social, y aseveró: “El movimiento obrero organizado es parte del gobierno que se va a instalar en la argentina el 10 de diciembre de este año. En un momento en que nos hacen creer que para arreglar la argentina hay que quitarle derechos a los que trabajan, volvamos a ser grandes y reafirmemos todos los días esos derechos para los que trabajan. También es cierto que el tiempo cambia y que los problemas de los 40 no son los problemas de los 70 ni los del 2020. (…) Y ¿saben que quiero proponerles compañeros antes de ser presidente? Que este edificio se convierta en un centro de capacitación tecnológica para los que trabajan. Que capacitemos a nuestros trabajadores del presente para que tengan lugar en el futuro. Porque la verdad, no tiene sentido luchar contra lo imparable. Y la tecnología ha llegado solo para desarrollarse cada día más y lo que debemos hacer es preparar a nuestra gente para que viva en ese mundo. Vamos a honrar la memoria de Perón y vamos a volver a llamar a los que producen y a los que trabajan y se van a sentar junto con el Estado a diseñar las políticas del futuro. No solamente a hacer un acuerdo de precios y un acuerdo de salarios: a diseñar el futuro que la Argentina necesita. Y vamos a diseñar ese futuro entre todos.” Entre el público se encontraba Armando Cavalieri que perdió en los últimos 18 meses 64 mil puestos de trabajo, la mitad de estos por el cambio tecnológico (LN 16/11).

La Argentina no está al margen del caldero en que se ha constituido la región latinoamericana. Tenemos, tras cuatro años de saqueo imperial aceitado por el gobierno funcional de Macri, un endeudamiento impagable, reservas inexistentes, una desocupación y unos niveles de pobreza flagrantes y una actividad industrial que cae a pique. El programa del imperio yanqui supone destruir toda posibilidad de desarrollo autónomo, de creación de ciencia y tecnología nacional-regional, asociada a los países desarrollados no imperialistas (como Rusia, China, Irán) que compita con las corporaciones yanquis y globales y permita alcanzar el grado de soberanía política planteado hace doscientos años en nuestras guerras patrias. A nivel local, la oligarquía financiera/terrateniente no puede ceder porciones de renta para estos fines. Ya le han declarado la guerra (amenazas de ocupación territorial y de desabastecimientos a las ciudades) a un gobierno que todavía no asumió. Del otro lado empresarios locales proponen un acuerdo social con ajuste laboral (flexibilización laboral y reforma tributaria favorable a las grandes empresas) invitando a los trabajadores a recoger las migas que caen de una angosta mesa. Trabajadores y trabajadoras que, observando el límpido espejo de los países vecinos, no permitirán que se cargue sobre sus espaldas un nuevo ciclo de salto científico y tecnológico. Las fisuras y potenciales fracturas del bloque imperial-oligárquico dan la orientación de la salida del complejo laberinto en el que se encuentra el pueblo dentro del cual la clase trabajadora deberá definir e imponer la hoja de ruta necesaria para subordinar a la importante fracción empresarial que espantada por cuatro años de macrismo puro pretende conducir un pacto social popular, mil y una vez fracasado. Diseñar el futuro, tomarlo en sus manos, es la tarea del presente para los y las trabajadoras.



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