Revista Mensual | Número: Abril de 2020
Fuentes consultadas:
EE.UU.-Gran Bretaña: The Economist (TE). Alemania: Deutsche Welle (DW).
China: Xinhua (XH). Rusia: Russia Today (RT). Irán: HispanTV (HTV). Líbano: Al Manar (AM).
Venezuela: Telesur (TS). Cuba: Cubadebate (CD). Brasil: Folha de São Paulo (FSP). Colombia: El Tiempo (ET).
Argentina: Clarín (CL); Cronista Comercial (CR); La Nación (LN); Página/12 (P12).
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Gente que no

Hay gente que te dice que tenés que trabajar
Hay gente que te dice que tenés un problema existencial
Hay gente que te invita a su casa a dormir, gente que te deja en la calle morir
¿Y vos?… ¡Sí, vos!
Qué carajo estás haciendo de tu vida, qué carajo vas a hacer de vos


En Argentina se configura la pelea contra el capital monopólico y la discusión se centra en quién pagará el costo de la pandemia.

Gente que no

“Hay gente mentirosa, gente policía,
gente de mierda, gente que no
gente que no, gente que no”
Todos tus muertos

 


En el marco de la crisis de hegemonía del capital, el COVID-19, que afectaba principalmente a China e Irán, se expandió por Europa, Estados Unidos, América Latina y África, obligando a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a calificar el brote infeccioso como “pandemia”.

La dispersión del virus puso de relieve las dificultades de los países imperialistas para contener los contagios y las muertes, así como para controlar a su población. La República Popular China, donde se inició el brote, anunció el control de la enfermedad fronteras adentro y se dispuso a aportar ayuda profesional y envío de insumos médicos al resto del mundo. Cuba por su parte intensificó el envío de médicos a distintos rincones del globo. Así se revelan a todas vistas dos vías para abordar los problemas que se le presentan a la humanidad: desde los intereses de los trabajadores o desde los del capital concentrado. Esta situación satura la conciencia negativa, “anti”-capitalista, de las masas. Se observan los comportamientos, se padece la crisis sistémica agravada por el brote infeccioso, se sufre, se reflexiona, se es solidario, se identifican con los ejemplos recién citados de Cuba y China, y se sacan conclusiones.

Por sus leyes intrínsecas de funcionamiento, el capital se concentra y centraliza como resultado de la competencia, deglutiendo a las fracciones menores del mismo. Como analizamos en este mismo artículo el mes pasado, la fractura irremediable al interior del capital financiero y entre éste y las fracciones “nacionales” (menos concentradas) se expresa cabalmente en la superestructura política, en el estallido de los órganos de gobernanza global, imposibilitados de sostener las alianzas históricas que les dieron nacimiento (Estados Unidos-Europa-oligarquías dependientes). Esto se evidenció en las distintas medidas llevadas adelante en los países imperialistas respecto al avance del coronavirus, ante el cual el capital financiero transnacional se mostró dividido respecto de la política a implementar. Estados Unidos decidió permitir el libre desenvolvimiento del virus por oposición a la desaceleración económica y como oportunidad para sacar ventaja por encima de otras fracciones del capital. Por su parte, los países europeos, particularmente Italia y España tuvieron una respuesta tardía e insuficiente de aislamiento social para evitar el colapso económico y finalmente llevaron adelante medidas más drásticas de contención del virus, a todas luces insuficientes e incorrectas.

La estrategia del capital financiero también mostró sus diferencias tácticas respecto a la política de succión que mantiene con la Argentina, expresada en la negociación de la deuda pública, ya encaminada. En el marco de esta fractura, el gobierno argentino subrayó sus cuestionamientos sobre el propio funcionamiento de los organismos internacionales de crédito. La llegada del COVID-19 a nuestro país profundizó las tendencias de la lucha entre fuerzas sociales y el posicionamiento de las diferentes fracciones de clase fronteras adentro. El gobierno declamó la necesidad de profundización de la unidad latinoamericana, colocándose en abierta defensa de los intereses de los países socialistas bloqueados por el imperio (Cuba y Venezuela) y desplegó una batería de medidas económicas que alientan, mínimamente, a la demanda interna, procurando el rescate del ahogado capital medio y pequeño (mercadointernista). La oligarquía terrateniente empuñó las armas llevando adelante un cese de comercialización extorsivo y amenaza con profundizar la lucha. La discusión que se coloca hoy en el centro es quién va a pagar la crisis de la pandemia en nuestro país.

Hay gente que te dice que tenés que trabajar

Como mostramos en diferentes oportunidades, la Argentina está quebrada. A fines del 2019, la deuda pública alcanzaba los 320.000 millones de dólares, representando aproximadamente el 90% del PBI nacional. El 40 por ciento de la misma se encuentra en manos de organismos del sector público nacional, el 21 por ciento lo tienen organismos financieros internacionales, y el 37 por ciento restante lo detentan acreedores privados, en su mayoría en moneda extranjera (P12 26/2). Durante el mes de marzo el país debía afrontar vencimientos por 706 millones de dólares y en abril otros tantos por 912 millones. En mayo se ejecutan vencimientos por 3322 millones, incluyendo Club de París (9000 millones), intereses al FMI (400 millones) y el Bonar 2024 por algo más de 1600 millones. A esta abultada cuenta debemos sumarle los vencimientos de la deuda en pesos. Para afrontar este calendario, el Tesoro argentino disponía al mes de febrero solamente de 2600 millones de dólares, contemplando los 4500 millones que le pidió al Banco Central en diciembre (LN 25/2). Siendo así, el Tesoro estaría entre 4000 y 5000 millones de dólares por debajo de lo demandado. En caso de no llegarse a un acuerdo con los organismos internacionales de crédito y los acreedores privados para aplazar vencimientos o realizar quitas de capital o intereses, el país debería declarar la cesación de pagos.

Alberto Fernández, que heredara esa deuda inaudita, cuestionaba directamente el accionar del FMI en nuestro país: "El FMI ha faltado a sus obligaciones prestando dinero a un tomador compulsivo de crédito… (…) Cristina dijo algo que es absolutamente cierto... Todos sabían que era para financiar la fuga de divisas...". De este modo, confrontaba con la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, quien declarara: "Somos un prestamista de último recurso para aquellas naciones que están en una situación desesperada. Esto significa que todos los miembros [del FMI] deben estar seguros de que el dinero que prestamos se reembolsa, para que podamos continuar brindando este colchón al mundo. Nuestra redacción legal es tal que no podríamos tomar medidas que puedan ser posibles para otros sin esta gran responsabilidad global" (LN 18/2). El Presidente atacaba directamente el corazón del sistema financiero mundial, poniendo de relieve la inconsistencia del mismo con sus propias leyes rectoras. Por su parte, la directora del mismo parecía asumir la veracidad de las declaraciones de Alberto y sus explicaciones se reducían a justificar la necesidad de violar sus propios estatutos: en caso de conceder una quita a la Argentina, peligra la estructura de sometimiento que el capital construyó para con los países periféricos, y por ende, el sistema capitalista en su conjunto. ¿Cuáles son las condiciones para que la Argentina, al borde de la quiebra pueda emitir semejantes declaraciones?

El plan político y económico del capital financiero llevado adelante por el gobierno de Mauricio Macri y la anterior directora del Fondo Monetario Internacional, Cristine Lagarde sostenía que la Argentina pague, vaya a la quiebra y de esta manera poder garantizarle a las corporaciones trasnacionales el control de los recursos naturales y estratégicos de nuestro país, a través de la denominada “reducción del déficit fiscal”, de un ajuste descomunal al conjunto del pueblo y de la liquidación lisa y llana de los grupos económicos nacionales junto a la pequeña y mediana industria. Este mecanismo, llevado adelante con éxito en diferentes países del mundo a lo largo de la historia, siendo la Argentina misma un ejemplo extraordinario de él en la década del noventa, junto con Grecia, se encuentra limitado en la actualidad por carecer de condiciones políticas para su realización. El que adolezca de estas condiciones tiene su fundamento en que ante el actual grado de concentración económica del capital, éste no se encuentra en condiciones de garantizar la reproducción a socios menores de su misma clase, es decir, a las fracciones nacionales del mismo, y mucho menos a una parte de la clase obrera, como hiciera luego de la segunda guerra mundial (cuando se encontró con los mismos límites y se vio obligado a “ceder”). Ese proyecto fue rechazado por el pueblo argentino en el propio gobierno de Macri, cuya mayor expresión fue la lucha callejera encabezada por el movimiento obrero contra la reforma previsional el 14 y 18 de diciembre del 2017 y la apabullante victoria del Frente de Todxs en el gobierno (a pesar del fraude electoral que llevó adelante la Alianza Cambiemos).

La competencia entre grandes corporaciones trasnacionales ha obligado a éstas a deglutir a las fracciones menos concentradas del capital. La destrucción de esas burguesías nacionales, que le eran afines y necesarias en la realización de su dominio en los distintos territorios del orbe, debilita al capital financiero para realizar en todos lados su dominio. En esta situación de fractura al interior del bloque histórico dominante y de ascenso de la lucha de clases, caracteriza esta etapa histórica. Y es en esta fractura en la que se mueve el gobierno nacional popular para “negociar” una deuda impagable sin el cual el desguazamiento del país sería inminente. La fracción del capital financiero que avala la renegociación y que aparece en la nueva directora del FMI (Kristaline Georgieva) y en la voz del premio Nobel de economía, Josep Stiglitz (que fuera el primer vicepresidente y economista en jefe del Banco Mundial) necesita evitar que un conjunto de fondos de inversión se quede con el patrimonio de la Argentina. La disputa no implica un programa alternativo a la absorción de las riquezas de los países dependientes ni a la fragmentación nacional. El interés de cualquier fracción del capital financiero tiene este destino. Las advertencias de los citados Stiligtz y Georgieva sobre la crisis del capitalismo y los riesgos de estallidos sociales imparables en la periferia y centro del sistema dan cuenta de la preocupación de un sector de la cúpula del capital que observa impotente y preocupada la crisis irremediable de su dominio. En el mejor de los casos (para ellos) sólo pueden extender su decadencia, mas no cambiar el curso de su agotamiento histórico.

Con esto, insistimos, ante la fractura del capital financiero, Alberto Fernández eliminaba toda duda sobre su acuerdo con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en cuanto a la necesidad del enfrentamiento con el capital más concentrado, que históricamente fuera llevado adelante por la clase obrera en alianza con el capital medio nacional, bajo cuya conducción nunca se pudo (ni se podrá) cantar victoria. Ante la profundización de la concentración capitalista ya mencionada, y la liquidación de cada vez mayores capas de la burguesía, los grupos económicos locales se vieron fuertemente afectados por la política llevada adelante por el gobierno macrista y han aportado sustancialmente a la constitución del nuevo gobierno peronista, ampliando las bases de esta alianza, y planteándose conducir dicha fuerza social antiimperialista, para mantener sus posiciones dominantes frente a la ofensiva del capital monopólico.

El nuevo escenario obliga al Fondo a procurar aminorar la succión del patrimonio nacional por parte de los fondos de inversión yanquis, declarando al término de una nueva revisión de cuentas: “El personal del FMI ahora evalúa que la deuda de Argentina no es sostenible (...) En consecuencia, se requiere de una operación de deuda definitiva, que genere una contribución apreciable de los acreedores privados para ayudar a restaurar la sostenibilidad de la deuda con una alta probabilidad”. En el mismo sentido, los países del G20 emitieron un documento que rezaba: "La política fiscal debe ser flexible y favorable al crecimiento, al tiempo que se reconstruyen los amortiguadores donde sea necesario” (CR 24/2). La respuesta de los bonistas no se hizo esperar: los títulos de la deuda en dólares cayeron hasta un 2 por ciento, y las emisiones en moneda local superaron la caída del 5 por ciento. El riesgo país por su parte alcanzó los 2108 puntos (P12 22/2). Como si la situación fuera radicalmente distinta a unos meses atrás, el organismo decía que “ahora” la deuda no es sostenible y definía que los que deben resignar parte de sus ganancias serían los acreedores privados. Como decíamos más arriba, el Fondo es un organismo del capital como totalidad, no puede aceptar una quita, dejar de cobrar sus acreencias y sentar ese precedente sin dar cuenta de la incongruencia del sistema. Si esto sucediera con el caso argentino, nadie pagaría porque en un sentido todos los países son deudores incobrables. ¿Qué pueblo del mundo aceptarían padecer hambre y miseria si se hace evidente la posibilidad de no pagar al Fondo? Por su parte, los fondos de inversión tampoco se resignan a ganar menos: se desprenden de la deuda desplomando el precio de los bonos. Las consecuencias económicas de un default en la Argentina echarían toneladas de kerosene al fuego chileno, ecuatoriano, colombiano. Estas alarmas de emergencia suenan en las oficinas de Kristaline. La alarma chilla “alguien tiene que dejar de ganar”, pero nadie puede dejar de ganar.

Unos pocos fondos de inversión yanquis (Black Rock, Fidelity, PIMCO, Northern Trust, Alliance Bernstein, Ashmore, y Prudential), son los principales tenedores de la deuda pública externa argentina: concentran en total 5621,4 millones de dólares. A diferencia de la negociación que llevó adelante el ex presidente Néstor Kirchner, en la cual la deuda se encontraba en manos de un gran número de bonistas, en esta oportunidad la reestructuración del total de la deuda depende del acuerdo con estos monstruos, ya que con el visto bueno del 60 por ciento de los tenedores, el resto debe aceptar la propuesta. Si bien los fondos no tienen en sus manos la mayor parte de la deuda, sí concentran gran parte del componente privado en moneda extranjera, quedando por fuera de este concepto la deuda con organismos públicos nacionales (sobre los que se descuenta el acuerdo con la reestructuración), y de los organismos de crédito internacional, que son justamente los que están supeditando las negociaciones al acuerdo de quita a los fondos. A la cola deberán ir los tenedores menores, principalmente grupos económicos locales que adquirieron deuda en dólares (P12 21/2 y 26/2; CR 9/3).

El gobierno definió un cronograma que implicaba cerrar una propuesta de reestructuración de la deuda para finales del mes de marzo. El Ministerio de Economía comenzó anunciando la contratación del fondo de inversión Lazard para el asesoramiento de las operaciones y al Bank of America y al HSBC como agentes colocadores. Estos últimos tendrán la tarea de colocar títulos públicos que se emitan para realizar el posible canje (CR 2/3). Así el gobierno hace partícipe del negocio de la renegociación a un sector de la banca más concentrada, la cual continúa apostando a la reestructuración de la deuda argentina, mostrando que el sistema financiero no se dispone al bloqueo.

A los pocos días, el ministro de economía Martín Guzmán mantuvo un encuentro reservado con representantes de los principales fondos de inversión (PIMCO, Greylock, Templeton, BlackRock, Fidelity y Northern Trust), sobre el cual no se ha difundido información oficial. No obstante, el diario Clarín publicó sus conjeturas y el contenido de un supuesto “memo secreto” de los fondos involucrados: a) Dice que se van “decepcionados” del encuentro con el ministro; b) Afirma que lo conversado no tuvo “relevancia”; c) Sostiene que algunos planeos son “inviables” de llevar adelante; d) Considera que el proceso de negociación será largo, porque “no se cumplirá” el cronograma oficial; e) Están “satisfechos” con la designación de los bancos asesores. Creen que pueden darle sensatez y profesionalismo a la negociación. Además, pone de relieve una discusión interna del FMI de cara a las negociaciones: “Una buena parte del directorio del FMI -los europeos- y la estructura burocrática, rechazan por improcedente las pautas del convenio que [Kristalina] negoció con Martín Guzmán (…) Se le pidió, aquí, una ampliación de los plazos de pago y un período de gracia importante (...) ...el establishment de Washington considera que esa solución es inviable y difícil de aprobar por las estructuras y el directorio del FMI. Básicamente por una cuestión: vulnera los reglamentos internos del FMI. (…) Estos sectores duros, que cuestionan los métodos de Georgieva, proponen un convenio tradicional que no vulnere las normas del Fondo. (…) quieren que el país entre en un plan ortodoxo, lo cual implica que el ministro Guzmán debe comprometerse a más ajustes y a un monitoreo incómodo para el relato del Frente de Todos. (…) el FMI le otorgaría un préstamo amplio para que la Casa Rosada pague viejos préstamos con nuevo endeudamiento. La habitual bicicleta”. En la misma se afirmaba que “El FMI impulsó el aumento de las retenciones y quiere saber cuál será el efecto en el ingreso de dólares. Tuvieron malas noticias: CRA amenazó con un paro propio” (CL 6/3).

Aunque más no sea una construcción del grupo Clarín, se vuelve a poner de manifiesto que existen dos líneas tácticas del capital para con la Argentina, expresión de la fractura al interior del capital monopólico que mencionamos más arriba, y que el diario cataloga como el “ala dura” y el “ala blanda”. Esta supuesta “ala blanda” cuenta con hacerse de las divisas que ingresan al país mediante las retenciones a las exportaciones de bienes agropecuarios. Proponen que sea la oligarquía quien también ceda parte de “su” renta. Es decir que, ante tal grado de concentración económica, no están en condiciones de sostener a la oligarquía terrateniente como pata suya en nuestras tierras, sino que se ven obligados a confiscarla. La succión de la riqueza producida por los pueblos la ejercen también a través de la confiscación de los confiscadores locales, que en el plan del capital concentrado no tienen futuro. La Mesa de Enlace realizó un cese ce comercialización como medida de fuerza contra el incremento de la alícuota de retenciones a las exportaciones agrarias que, vale la pena aclarar, fueron aplicadas por el gobierno nacional con el destino de fomentar el desarrollo del mercado interno y la mejora en las condiciones de vida del pueblo.

Hay gente que te dice que tenés un problema existencial

El sector agropecuario argentino goza de competitividad a nivel internacional, resultado de la aplicación de tecnología de punta (mejoramiento genético animal y vegetal) sobre suelos altamente desarrollados y con condiciones excepcionales, desde la constitución de oligarquía como clase, posterior a la derrota del proyecto político encabezado por Rosas en la Batalla de Caseros. La historia de nuestro país tiene como eje ordenador la lucha por el dominio de la renta de la tierra, monopolizada por esta clase. La Mesa de Enlace, entidad que nuclea a las principales entidades de propietarios agrícola-ganaderos cuenta con esta experiencia histórica de enfrentamientos y desde antes de asumir el gobierno ya se encontraba en pie de guerra contra las políticas apenas esbozadas por el propio Alberto Fernández, conscientes de que implicarían un necesario avance sobre sus intereses de clase, y por ende, cuestionando la propiedad concentrada de los medios de producción estratégicos (en este caso la tierra fértil).

A fines del mes de febrero se realizó una reunión de las entidades del agro con el ministro de agricultura Luis Basterra. El eje de la discusión fue la oposición de las entidades agrarias al aumento de las retenciones a las exportaciones de granos de soja. La Asociación Civil de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor), emitió un duro comunicado: "Es un funcionario que nos escucha, nos entiende y ceba ricos mates, mientras el Poder Ejecutivo nos aumenta los derechos de exportación…". Unos días antes los productores de la entidad, en conjunto con la Sociedad Rural de Tucumán decidieron por su cuenta llamar a un cese de comercialización por siete días. En ese escenario de coerción, Enrique Erize, presidente de Novitas, una consultora especializada en el agro, publicaba: “Aumentar tres puntos las retenciones en la soja no representa un 10 por ciento plus de descuento al productor. Significa anular por completo los márgenes del negocio. Significa castigar al sector más dinámico y competitivo para subsidiar a industriales prebendarios y sin competitividad (...). Las consecuencias son inevitables. Menores inversiones, menos tecnología, menor producción y, en consecuencia, un claro perjuicio para el país". Sin embargo, a diferencia del enfrentamiento que se diera entre el gobierno de Cristina y la Mesa de Enlace en el año 2008, en esta ocasión, la Federación Agraria (FAA) salió a diferenciarse de inmediato del resto de las entidades. Carlos Achetoni, presidente de la entidad decía: “A Federación Agraria mientras existan los derechos de exportación su bandera es que se segmenten y le permitan al pequeño y mediano productor un tratamiento diferenciado y una posibilidad de desarrollo que en igualdad de condiciones no la tiene. Creemos que dentro de los autoconvocados hay oposición, gente participando que es de Cambiemos o de Pro, que no le hace bien a una protesta legítima. (…) Tenemos un contexto de país distinto (al 2008), por eso estamos haciendo todos los esfuerzos para no llegar a ningún tipo de conflicto”. En el mismo sentido, unos doscientos productores del sur de Santa Fe se reunieron bajo la consigna No todo el campo es lo mismo, creemos en el diálogo, categorización y segmentación Ya” (LN 23/2 y 29/2; P12 26/2; CR 2/3).

A pesar de las amenazas, el gobierno decidió efectivizar el aumento de las retenciones a las exportaciones de soja del 30 al 33 por ciento, otorgando compensaciones en una escala del 21 al 30 por ciento de acuerdo al volumen de producción de los establecimientos, en un intento por profundizar la fractura hacia adentro de la Mesa de Enlace. De esta manera el aumento de la alícuota impactaba sobre el 26 por ciento de los productores (los más grandes, con mayores volúmenes de producción). La respuesta de las entidades fue el llamado al cese de comercialización de granos por cuatro días. Luego de respaldar la medida, Federación Agraria dio libertad de acción para su acatamiento, ya que la misma era objetada por diversas regionales de la entidad, mientras su presidente ratificaba el apoyo para “mantener la unidad”, pero advirtiendo que no iba a “admitir una escalada”. Eduardo Buzzi, quien fuera presidente de la entidad durante el conflicto del 2008 decía: "Es lamentable la decisión de ir a un paro. (…) Lamentablemente, hoy se impone un sector que alienta la protesta más allá de la lógica política y de la negociación que está abierta" (CL 5/3).

El resto de las entidades recrudecía el discurso. Jorge Chemes (CRA) decía: “Se piensa que el sector tiene margen para tributar y no tenemos un peso más. (…) Están demostrando que hay una bronca ideológica, muestran un punto de vista sobre el campo que está equivocado" (P12 4/3 y 9/3; CL 6/3). Oscar Parrilli por su parte consideró un "orgullo" que los sectores agropecuarios sean los "primeros" que "ataquen" al gobierno de Alberto Fernández: “Qué raro que el primer paro que le decretan a este Gobierno venga de dónde viene, precisamente del sector que más ganó, se enriqueció, fugó la plata y es el responsable de la crisis que tiene la Argentina" (LN 6/3). “El campo” precipitaba la pelea contra el proyecto industrial mercado-internista del nuevo gobierno, a pesar de contar con la cohesión necesaria que requieren las victorias. Encaran el enfrentamiento abierto sin el acuerdo político de su propia fuerza, ya que la rama de la producción agropecuaria no está exenta a la ley del valor y también sufre un proceso de concentración. Es por esto que van eliminando la posibilidad de reproducción de los socios menores, en este caso representados por la Federación Agraria. Tampoco cuentan en esta ocasión con el apoyo de amplias capas de población como en el último enfrentamiento de grandes dimensiones. Este escenario desfavorable no les coartó la decisión de salir a la pelea, ya que se encuentran obligados a maximizar sus ganancias para no perecer. No se encuentran en condiciones de permitir que el pueblo argentino tome conciencia de que es posible el desarrollo industrial a partir de la confiscación de parte de la renta agraria. Nuestra independencia supone su expropiación (la recuperar lo que es nuestro).

En el marco de la medida de fuerza, la oligarquía montaba el evento anual Expoagro en San Nicolás, la principal exposición de tecnología agroindustrial del país, y una de las más importantes del mundo, en la cual participaron 10000 personas. El eje de los desarrollos tecnológicos presentados estuvo en la agricultura de precisión, fundamentalmente en la robótica aplicada a la pulverización. La estrella de la exposición fue Terran, un robot multipropósito a energía solar que puede ser utilizado para la siembra, pulverización y fertilización de precisión. Cuenta con sensores para regular la aplicación de herbicidas y disminuir su aplicación y funciona durante la noche mediante sistemas de posicionamiento. Así se presentaba el agro como el sector más dinámico y competitivo. En el marco de la propia exposición, el gobierno comenzó a anunciar medidas de control de la pandemia y a limitar la circulación de gente, por lo que el Partido de San Nicolás determinó que la muestra cerrara sus puertas un día antes de lo anunciado (LN 7/3 y 13/3). Expoagro es la expresión de cómo la oligarquía pretende colocarse como el sector de punta de la economía, autosustentable, sin reparar en que aquellos herbicidas que aplica en los cultivos, así como las semillas que siembra, los bienes intermedios necesarios para desarrollar la robótica que presentan, son todos bienes controlados por empresas extranjeras altamente concentradas, y que son justamente aquellos capitales que pregonan la necesidad de aumentar la alícuota de las retenciones, es decir, que se ven obligadas a eliminar a los propietarios de la tierra como intermediarios de la producción.

La pandemia significó la profundización de las contradicciones históricas a las que se enfrenta nuestro pueblo. El paro de las 4 x 4 transcurrió sin pena ni gloria en medio del desembarco del coronavirus en Argentina. Los escribas de la oligarquía salieron al ataque y pusieron en el centro la discusión de quién pagará la crisis de COVID en el país, así como profundizando las amenazas al desabastecimiento en plena crisis sanitaria. Cristian Mira en el diario La Nación publicaba: “¿El Gobierno se dará el lujo de desperdiciar los dólares que se originan en el campo? Si solo cifra su suerte en clima y en los precios internacionales de los granos, como sucedió durante el gobierno de Cristina Kirchner, el resultado ya se sabe cuál será. (…) ¿El Gobierno va a atravesar la turbulencia de los mercados internacionales peleándose con el campo?”. Citaba además un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario: "El COVID-19 suma presión bajista a los precios ya resentidos a partir de la disputa arancelaria entre Estados Unidos y China y a la Peste Porcina Africana". Cerraba planteando: “Encontrar cómo hacerse oír y tener un lugar en la mesa de las decisiones es un desafío que se le presenta no solo a los dirigentes de la Comisión de Enlace o los autoconvocados, sino también a toda la cadena agroindustrial”. Parece que la decisión es “hacerse oír” mediante la extorsión del desabastecimiento y el hambreo al pueblo argentino (LN 14/3).

Hay gente que te invita a su casa a dormir, gente que te deja en la calle morir

Las negociaciones de la deuda se daban en el marco de un cese de comercialización extorsivo por parte de la oligarquía terrateniente al tiempo que se publicaba una batería de índices que mostraban el estado de quiebra en que se encuentra el país. En enero se registraba un déficit primario de 3766 millones de pesos. El ministro de Economía declaraba que el mismo se debía “mayormente de un impulso a la inversión social durante el comienzo del año”. Por su parte, la crisis de la industria automotriz, con una caída interanual el diciembre del 29,1% se extendía hacia las autopartistas, registrando una caída interanual del 10,7%, y con un 55% de la capacidad instalada en uso. Al mismo tiempo seguía retrayéndose el consumo en los supermercados, acumulando una caída del 9,7% en el 2019. A su vez el déficit habitacional alcanzaba a 3,8 millones de personas, afectando principalmente a los niños y las niñas, registrándose que 4 de cada 10 niños en viviendas precarias y tres de cada 10 no tiene un servicio sanitario en condiciones en 18 conglomerados urbanos (CR 24/2; P12 27/2 y 1/3).

Ante esas condiciones y fiel al planteo de la necesidad del crecimiento para afrontar el pago de la deuda, el gobierno continuaba transfiriendo recursos para reactivar el consumo. Continuó con la política de recorte de las tasas de interés con el objetivo de que haya una mayor masa de dinero circulante, colocando la tasa de referencia al 40 por ciento, y el director del BCRA, Pesce, advertía, en una reunión con los presidentes de las dos cámaras en que se agrupan las entidades financieras privadas (Javier Bolzico, de Adeba, y Claudio Cesario, de ABA) y el director ejecutivo de Atacyc, que representa a los emisores de tarjetas de crédito y compra, que si no recibía una propuesta de reducción de la tasas que aplican a financiar consumos con tarjetas avanzaría en una norma para fijarles un nuevo tope, que finalmente se fijó en un 55 por ciento. Por su parte, la fuga de divisas en enero alcanzó los 60 millones de dólares, el menor valor registrado desde enero del 2013, debido principalmente a la obligación de liquidación de los cobros de las exportaciones y al cepo cambiario. Respecto al destino de las divisas, el gobierno anunciaba que el 70 por ciento de lo recaudado por el impuesto PAIS a la compra de dólares y turismo se repartirá para financiar programas de ANSES (60 por ciento) y al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (40 por ciento) (LN 19/2 y 20/2; P12 22/2 y 28/2).

El virus se hacía presente en estas tierras y el riesgo país se disparaba por encima de los 3000 puntos. El Presidente declaraba la emergencia sanitaria y anunciaba una batería de medidas económicas en respuesta a la pandemia. Anunció el control de stock y de precios de los alimentos para evitar la especulación, junto al otorgamiento de créditos blandos para impulsar la producción de alimentos y artículos de higiene y se licenciaba a los trabajadores y a las trabajadoras incluidos en la población de riesgo (mayores de 60 años o que padezcan enfermedades preexistentes); se incrementó la partida para asistir a comedores escolares, comunitarios y merenderos; se eximió de las cargas patronales a los sectores afectados por la pandemia, ampliando el programa REPRO, se reforzó el seguro de desempleo y el programa ProCrear; se anunció la construcción de ocho hospitales modulares de emergencia; se determinaron precios máximos de la canasta básica; se dispuso un ingreso familiar de emergencia de 10.000 pesos; se determinó que al sector de la población de menores ingresos no se le podía cortar el suministro de servicios por falta de pago; se incrementaron las partidas presupuestarias a áreas críticas; se otorgaron créditos a MiniPyMES; se dio un pago extraordinario al personal sanitario, al de seguridad y defensa; se otorgaron facilidades para créditos hipotecarios; se congeló el precio de los alquileres y se suspendieron los desalojos. Se designó además al frente del Mercado Central a Nahuel Levaggi, coordinador de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) que plateaba: "Ante la especulación de los mercados concentradores, los pequeños productores y productoras garantizamos el mismo precio que hace cuatro meses" (www.argentina.gob.ar; P12 15/3; CR 16/3; LN 17/3; P12 21/3). El FMI estimaba que todas las medidas en conjunto tendrán un impacto fiscal de 1% del PBI (CL 26/3).

El país está quebrado, sin posibilidad de afrontar los compromisos de deuda y se ve empujado a erogar grandes masas de dinero para poner en condiciones el sistema sanitario y sostener una cuarentena que paraliza gran parte de la producción, perjudicando fundamentalmente a la pequeña y mediana empresa, a los servicios, y sobre todo a los trabajadores informales. Según el Indec, el 55% de los hogares tiene como jefe a un empleado en relación de dependencia registrado, de los cuales el 16% es pobre; el 22% tiene como líder a un asalariado no registrado y de ese global, 43% son pobres y 23% es comandado por un cuentapropista y el 35% son pobres (LN 18/3).

 La pandemia profundizaba la catástrofe a la que asistimos como pueblo: el mercado reaccionaba con una salida de capitales en masa. Las acciones de las principales empresas caían como moscas (el banco Supervielle registró una baja de 15,4 por ciento, el Grupo Financiero Galicia marcó un retroceso de 18,5 por ciento y las acciones de YPF llegaron un mínimo histórico de 3,8 dólares, perdiendo 52 por ciento de su valor en medio mes). Los bonos en dólares se desplomaban llevando el riesgo país a los 4000 puntos (P12 17/3; CL 19/3). Las automotrices Toyota, Ford y Volkswagen suspendieron la producción por el brote de coronavirus, alegando que era en función del cuidado de sus empleados (LN 20/3; CL 23/3).

Para hacer frente a esta situación, el gobierno optó por financiarse con toma de deuda con el Fondo de Sustentabilidad de la Anses por 36.000 millones de pesos y poco más de 200 millones de dólares; ofreció un canje de deuda de 500.000 millones de pesos con próximos vencimientos a cambio de cuatro bonos con vencimiento entre el 2021 y el 2024, de los cuales se pudieron colocar 310 mil millones; y decidió tomar un crédito con el Banco Mundial por 300 millones de dólares (CR 17/3; P12 19/2 y 20/3; CL 25/3).

Este escenario de quiebra de la Argentina es profundizado por el impacto de la pandemia, pero no es en sí misma su causa. El mentado crecimiento de la economía que requieren los sectores contenidos en la alianza social expresada por el gobierno, supone la reestructuración de la deuda pública por un monto, según calculó y afirmó el ministro Guzmán, de 68.000 millones de dólares. El escenario de crisis sanitaria y parálisis de la actividad sólo profundiza el problema y lo lleva a niveles de catástrofe económica y social. Las medidas dictadas por el gobierno nacional orientadas a evitar la destrucción total de la industria y la pauperización de ingentes masas de población, deben ser llevadas adelante con recursos que el Estado no dispone. Este escenario pone de relieve los tironeos sectoriales hacia adentro de la fuerza social gobernante, la cual se enfrenta por un lado, al capital financiero transnacional, y por otro, a sus socios locales, es decir la oligarquía terrateniente. Veremos los posicionamientos que tomaron frente al problema de la pandemia las diferentes capas de la burguesía, así como los trabajadores.

 

 

 

 

 

 

¿Y vos?… ¡Sí, vos!

Tomamos las editoriales y notas de opinión del diario La Nación como expresión de los posicionamientos políticos de la oligarquía terrateniente, siendo que se trata del órgano ideológico de la misma desde su nacimiento. La columnista Laura Di Marco se preguntaba ¿el derrumbe económico que afectará mucho más a los más vulnerables no puede matar más gente que el propio virus?, retomando a Thomas Friedman, que cuestionara en el New York Times “¿No habrá otra alternativa a cerrar todo? (…) ¿qué nos estamos haciendo a nosotros mismos y a nuestra economía? ¿No será el remedio, aunque dure poco tiempo, peor que la enfermedad?", mientras Jorge Asís opinaba que la cuarentena “es una medida pensada para la capa alta, media alta y capa media de la sociedad”. Sergio Berensztein, por su parte, se encargaba de poner en discusión el rol del mercado ante las situaciones excepcionales: “En situaciones de emergencia es esencial respaldar como sea al sector privado justamente para sostener las fuentes futuras de recuperación, crecimiento e innovación. La fórmula ‘todo el mercado posible, todo el Estado necesario’ debe ser aplicada de manera flexible y con conciencia de los riesgos y los potenciales beneficios de cada contexto” (LN 26/3 y 27/3). Dueños de las grandes riquezas de nuestro país y en abierta guerra para evitar que se toquen sus privilegios de clase en función de los intereses de las mayorías, sólo pueden concebir el aumento de la pauperización ante la parálisis económica. En su lógica naturalizan la concentración de la riqueza y no pueden concebir como posibilidad que se altere la dinámica de pauperización, agravada en esta crisis sanitaria. Por otra parte, y como desenvolvimiento de esta lógica, entienden que solo puede resolver el problema el mercado, y “resolver” para ellos significa que muera una considerable cantidad de personas, fundamentalmente gente mayor que cobra jubilaciones y no aporta a la producción en este momento de su vida. Veremos en el siguiente artículo el férreo combate por parte de estos sectores al desembarco de médicos cubanos en la Provincia de Buenos Aires, porque lo cierto es que deben evitar a toda costa que nuestro pueblo contacte con aquellos que han tomado en sus manos la resolución de la totalidad de los problemas. Es por esto que la oligarquía, que entró en la cuarentena realizando un cese de comercialización, se verá empujada a profundizar sus medidas de guerra contra el pueblo, haciendo utilización de la propiedad que detenta sobre las tierras fértiles del país y la monopolización del ingreso de divisas.

Los grupos económicos locales, concentrados en el Foro de Convergencia Empresarial emitieron un documento en apoyo a las medidas de cuarentena llevadas adelante por el gobierno, pidiendo a los empleadores que tomen medidas para permitir el distanciamiento social y "facilitar el trabajo desde el hogar para todas las funciones no críticas de la empresa" y proponen trabajar con las autoridades "para asegurar el pago por enfermedad a los empleados. (…) Aunque esto tendrá un significativo impacto económico en nuestros negocios en el corto plazo (para lo cual llamamos al Gobierno y a la dirigencia política a trabajar juntos en la mejor manera de reducirlo en estos tiempos de crisis), es crítico para pasar la tormenta y acelerará la recuperación" (LN 18/3). Sin embargo, uno de sus principales miembros, el Grupo Techint anunció el despido de 1450 trabajadores amparándose en que “el convenio de trabajo de la construcción contempla la desvinculación en el caso de que las obras se paralicen. Si las mismas se reactivan, se volverá a tomar personal” (CR 27/3). A los pocos días del anuncio de despidos por parte de la empresa, Alberto Fernández aseveraba en cadena nacional: “Como hicimos un esfuerzo enorme no me resulta grato ver que alguien despide un empleado. Voy a ser duro con los que despiden gente. (…) Aquí nadie se salva solo. (…) De lo que se trata para muchos de esos empresarios es de ganar menos, no de perder. Bueno muchachos, les tocó la hora de ganar menos. Y así lo voy a hacer respetar”. Alertando sobre la posibilidad de sufrir despidos en masa, Gerardo Martínez, secretario general del gremio de la construcción, UOCRA, decía: “No sólo tenemos que hablar de Techint, sino también de otras empresas que están diciendo que en las próximas semanas van a mandar los telegramas”; y calculó que los afectados podrían llegar a los 100.000 trabajadores (CR 30/3). Estos grupos económicos no se encuentran en condiciones de competir a nivel global e históricamente han subsistido mediante las subvenciones estatales en forma de aranceles a las importaciones, subsidios a tasas bajas, planes de sostenimiento de empleo, etc., con recursos provenientes de los impuestos a las exportaciones de bienes primarios (retenciones). Ante la situación de parálisis económica se ven “obligados” a despedir trabajadores que al estar “en cuarentena” no son plausibles de extracción de plusvalor. La categórica declaración del Presidente de que “les tocó la hora de ganar menos”, se contradice con las leyes del capital y la coerción sobre estos grupos para que efectivamente cedan parte de sus ganancias en favor del sostenimiento de los ingresos de la clase trabajadora. Tal situación implicará la lucha política por parte de esta última, poniéndose a la cabeza del proceso de pelea contra el imperialismo y su pata local, subordinando a estos grupos económicos “prebendarios” (a decir de la propia oligarquía).

Por parte de la pequeña y mediana empresa, socios menores y ya liquidados de la fracción recién descripta, se pedían a gritos medidas para evitar caer en la quiebra, que fueron tomadas en su mayoría por el gobierno. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) proponía la aplicación de 9 medidas “para enfrentar la coyuntura global y nacional ante las circunstancias que exigen una respuesta rápida, profunda, eficaz y socialmente articulada”: 1) Consumir lo hecho en Argentina; 2) priorizar la fabricación en Argentina de insumos provenientes de Asia y la India; 3) impulsar un programa de reactivación de las denominadas industrias sensibles (manufacturas, textiles, metalmecánica, insumos básicos, construcción, etc.), que requieren de mano de obra intensiva y una gran cadena de valor asociada; 4) garantizar la producción y el procesamiento de alimentos, bebidas y medicinas; 5) generar un acuerdo de preservación del empleo, con certidumbre fiscal, de seguridad pública y de regulación; 6) conformación de una mesa nacional anticrisis, integrada entre el sector público, el privado, entes tecnológicos, universidades y entidades de cúpula; 7) regular la modalidad de teletrabajo; 8) declarar la emergencia de las agencias de viaje; 9) ordenar la desinfección diaria del transporte público. En el documento se destacaba además: “Ante la salida de capitales especulativos que el COVID-19 ha provocado y las restricciones que existirán en el comercio internacional, Argentina cuenta con la inversión productiva de los industriales, que ha estado presente aún en los momentos más álgidos de la historia reciente; sin embargo, para ello es necesario eliminar los aspectos endógenos que generan incertidumbre” (ambito.com 30/3). La Cámara de la Industria metalúrgica y de componentes (CIMCC) emitió un comunicado en el que planteaba que no estaban en condiciones de sostener la producción a no ser que se tomaran medidas específicas hacia es sector: "La actual situación y su evolución prevista para las próximas semanas y meses en Argentina impactarán de lleno en las relaciones laborales, la producción y la situación económica de las industrias que ya vienen soportando los efectos corrosivos de una recesión de dos años. (…) hoy el sector advierte que sin medidas estatales concretas, en pocas semanas no podrán cumplir con sus obligaciones financieras, lo que complicará aún más la crisis causada por la pandemia" (P12 20/3). Nótese que este sector se mostraba desesperado, ya que no tiene posibilidades de supervivencia en las condiciones actuales y su propuesta era “eliminar los aspectos endógenos que generan incertidumbre”, que como sabemos, refieren a la negociación salarial. Este sector representa la mayor cantidad de puestos de trabajo y es el más vulnerable a la parálisis productiva, por lo que las medidas anunciadas por el gobierno estuvieron fuertemente orientadas a ellos. El pequeño y mediano empresariado, histórico aliado de la clase obrera ante la ofensiva del capital monopólico, no por eso deja de nutrirse de la explotación de los trabajadores, siendo expropiado él mismo por los sectores más concentrados de la economía, sojuzgado por la banca y los grandes proveedores, tiene menos margen para “ganar menos”. Serán los primeros en resentirse y quebrar y la única posibilidad que tienen de supervivencia es acompañar subordinadamente a los trabajadores en el enfrentamiento contra sus enemigos históricos.

Por su parte, las dos centrales obreras CGT y CTA pusieron a disposición los hoteles sindicales para el cumplimiento de las medidas preventivas. Desde la CGT, Lingeri, secretario general de los trabajadores de obras sanitarias decía: “No nos inspiramos en ninguna experiencia parecida en otras partes del mundo. Fue una idea nuestra y creemos que se puede convertir en un aporte de la CGT y del sistema de obras sociales sindicales, que brinda asistencia médica a unos 15 millones de personas en todo el país” (P12 15/3). La central sindical además plateaba la "necesidad de implementar un paquete de medidas de carácter socio laboral que contemplen y eviten la pérdida masiva de puestos de trabajo, hoy en riesgo como efecto colateral de las necesarias disposiciones sanitarias en curso" (CR 17/3). Por su parte, la Juventud Sindical Peronista distribuyó por las redes un video que decía: “Quedará marcada la actitud que hemos tenido como pueblo: si nos comió la desesperación por defender el interés individual desoyendo la necesidad de los pueblos, o si fuimos capaces de trabajar en comunidad a la par del Estado, del Ministerio de Salud, de los trabajadores estatales, de los médicos, enfermeros… (…) los que construyen hospitales y casas, los proveedores de agua y alimentos, los que se encuentran en la producción de alimentos, remedios e insumos que nos continúan abasteciendo… (…) sobre todo de todas y todos que salen de sus casas dejando a sus familias para trabajar por el bien de la patria. En este momento en que el sistema capitalista globalizado no puede dar una respuesta eficaz para frenar esta pandemia, principalmente por estar basado en los valores del descarte por sobre los valores humanos, haciendo eje en el capital y no en el cuidado del prójimo y la casa común, es que tenemos que profundizar nuestra organización como comunidad, estando atentos al otro, comunicados, unidos y tirando para el mismo lado, pensando en cada momento cuál es la acción correcta. La acción correcta es la solidaridad. Cumplamos con nuestro deber civil. Ayudemos y apoyemos a esos trabajadores y a esos héroes que con gran humildad y mucho corazón hoy se pondrán al hombro a los 44 millones de argentinos en esta lucha, la cual no cabe duda que nos exigirá grandes esfuerzos, pero tampoco cabe duda de que la unión del pueblo trabajador será quien nos traiga la victoria final. El peor virus es el individualismo. La cura es la organización”. (https://www.youtube.com/watch?v=ygcwJ5Ar6U0).

 De por lejos, la propuesta de la Juventud Sindical es la única que podría dar respuesta al avance de la pandemia, ya que pone en el centro la necesidad de poner en primer lugar los problemas comunes. En el video que citamos y del cual tomamos la declaración se toma nota de uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta en este momento: el problema está en los hombros de los trabajadores y las trabajadoras. Las propuestas del capital concentrado y la oligarquía vernácula suponen la naturalización de la explotación y la concentración de la riqueza. Por su parte, los grupos concentrados locales no están en condiciones de “ganar menos” como propone el Presidente, ya que de hacerlo pierden en la competencia con el capital concentrado transnacional. Estos sectores obtienen sus ganancias mediante la expropiación del valor generado por los trabajadores. De la misma manera, la cuarentena y la pelea contra el avance pandémico se sostiene gracias a que los trabajadores considerados “esenciales” salen todos los días a cumplir con su tarea de sostenimiento del pueblo en su conjunto. Sin embargo, el movimiento obrero se limitaba a proponer la aplicación de un paquete de medidas que impidan los despidos y la necesidad de la organización. Solo podrían sostenerse en el marco de un proyecto de gobierno encabezado por los y las trabajadoras, que ponga en el centro sus intereses, que son los del conjunto. En este punto es necesario preguntarse, ante la afirmación de que “la cura es la organización”, qué tipo de organización necesitamos los y las trabajadoras para resolver éste problema, y cada uno de los problemas que nos aquejan como clase. La experiencia que hacen los sindicatos de poner sus servicios sanitarios y hoteles al servicio de todos los y las trabajadoras (y no en beneficio de “cada gremio”) es un paso necesario en el desarrollo de la conciencia política ante la mezquindad propia del capital.

Qué carajo estás haciendo de tu vida, qué carajo vas a hacer de vos

Se nos presenta el escenario de agudización de las contradicciones de clase inherentes al modo de producción capitalista, que en su manifestación nacional se traduce en el enfrentamiento entre las históricas fuerzas sociales oligárquica imperial y nacional popular. El capital monopólico se debate en la forma que debe tomar la succión de valor a nuestro pueblo. Como analizamos, las tácticas que nos ofrece no son más que las formas de aplicación de una única estrategia que deviene de sus intereses de clase: la explotación de las grandes mayorías, con la consecuente acumulación de capital, competencia, liquidación de las fracciones menores de su clase y la concentración y centralización económica. La agudización de la crisis general bajo la situación de pandemia empuja a la burguesía a profundizar este saqueo. La posición que promueve “cierto” reparto con sus socios menores (Stiglitz), representa un movimiento táctico para evitar un estallido continental que quiebre de modo severo el statu quo, en rigor no se corresponde con sus necesidades intrínsecas de acumulación. En definitiva, la ecuación cierra en el saqueo feroz y en la oposición de los trabajadores y trabajadoras del mundo.

En su manifestación nacional, el gobierno del Frente de Todxs lleva adelante la política de enfrentamiento con estos capitales, en la búsqueda de frenar la fuga de recursos y su inyección en el aparato industrial mercado-internista. Este proyecto cuenta con la oposición de la oligarquía vernácula, a la cual le toca el papel de ser “expropiada” de parte de la renta que percibe en concepto de retenciones a las exportaciones de bienes agropecuarios. Por su parte, los grupos económicos locales, comienzan a asociarse al proyecto gobernante en tanto se les garanticen las condiciones de explotación fronteras adentro y se regule la succión por parte del capital financiero transnacional. Enfrentar a la oligarquía y a los grupos concentrados mundiales implica una lucha cruenta que reemplace el orden existente. No es posible derrotar a un enemigo peleando en su propio terreno. Desterrar a estos grupos de nuestras tierras y lograr la independencia económica, que implica la independencia productiva, supone forjar otra conducta, que solo puede provenir de los trabajadores y las trabajadoras, que somos los únicos que nos encontramos en condiciones materiales de forjarla, por no ser explotadores de ningún sector de la población. Así se advierte la imposibilidad de llevar adelante el plan de los grupos económicos locales que requieren de la pelea férrea contra el capital concentrado, a la vez que recrudecen el grado de explotación de los trabajadores (caso Techint como botón de muestra). En el mismo brete se encuentran los pequeños empresarios.

A los trabajadores y las trabajadoras el momento actual nos demanda ponernos a la altura de los problemas, profundizando nuestra comprensión sobre la situación planteada y el comportamiento de las clases y sus fracciones en este escenario. Como analizáramos a lo largo de los artículos de esta revista, los países que están en vías de resolución del problema son aquellos en que la clase obrera es la conductora del proceso de revolución socialista sostenido con un inmenso esfuerzo por décadas. Esto sólo puede desarrollarse con claridad sobre el enemigo que se enfrenta. En este momento asistimos al enfrentamiento directo con el capital concentrado mundial y con la oligarquía que como analizamos no están en posición de permitir que nos desarrollemos, harán todo lo posible para evitarlo recrudeciendo los conflictos. La solución posible radica en profundizar materialmente el planteo de que “la cura es la organización”. Necesitamos profundizar la discusión de qué tipo de organización necesitamos para enfrentar al enemigo invisible y a aquellos que se nos muestran delante de los ojos hace cientos de años. El movimiento obrero argentino está en condiciones de divisar la solución al problema por las luchas que tiene en sus espaldas, así como los errores históricos que ha cometido, y que hoy toca saldar, a riesgo de perecer.



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