Revista Mensual | Número: Febrero de 2021
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Fuentes consultadas:
EE.UU.-Gran Bretaña: The Economist (TE). Alemania: Deutsche Welle (DW).
China: Xinhua (XH). Rusia: Russia Today (RT). Irán: HispanTV (HTV). Líbano: Al Manar (AM).
Venezuela: Telesur (TS). Cuba: Cubadebate (CD). Brasil: Folha de Sâo Paulo (FSP). Colombia: El Tiempo (ET). México: La Jornada (LJ).
Argentina: Clarín (CL); Cronista Comercial (CR); El Cohete a la luna (COH); La Nación (LN); Página/12 (P12).
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Ruinas sobre ruinas


El capital financiero y la oligarquía vernácula a él asociado recrudecen la guerra económica. La coalición de gobierno responde a la defensiva y urge la preparación del pueblo.

Ruinas sobre ruinas

Quien sabe Alicia este país
no estuvo hecho porque sí
Te vas a ir, vas a salir
pero te quedas,
¿dónde más vas a ir?

Serú Giran

 


La oligarquía terrateniente, históricamente en pie de guerra con las fuerzas populares, recrudeció su ofensiva al gobierno peronista, a través de un lock out patronal. Este hecho es una más de las determinaciones que hacen a la guerra económica llevada adelante contra el pueblo argentino. Esta vez actuaron en respuesta a la fijación de cuotas de exportación de maíz ante el aumento inusitado de los precios de los alimentos de consumo popular, insumo fundamental de la producción de leche y carne (tanto bovina, como porcina y aviar).

Para una comprensión cabal del hecho se hace necesario estudiar el escenario en que el gobierno toma la medida y en el que las patronales agropecuarias (ya fracturadas) encaran nuevamente una lucha directa.

No cuentes lo que viste en los jardines

En el marco de la negociación que lleva adelante el gobierno argentino por la reestructuración de la deuda contraída por Macri con el FMI, su vocero, Gerry Rice, planteó que “el FMI es consciente de que el país requerirá de políticas que fomenten la estabilidad, restablezcan la confianza, protejan a los más vulnerables y establezcan las bases para un crecimiento sostenible e inclusivo” (P12 15/1). El organismo, representante del capital financiero, adolece de condiciones políticas para profundizar e incluso sostener su programa económico en los países periféricos y en particular en la Argentina, cuya clase obrera se opuso tajantemente al programa económico del gobierno de Macri en las históricas jornadas de lucha contra la reforma previsional de diciembre de 2017 y cuyo pueblo votaría luego, masivamente, un gobierno peronista. Por esto insisten en que acompañarán algunas medidas de gobierno y apoyarán las políticas de crecimiento, sin dejar de impulsar, de todos modos, un ajuste sobre los trabajadores y el conjunto del pueblo (mediante reformas como la laboral y previsional) de modo gradual y no mediante sus clásicas políticas de shock. Sin embargo, el capital concentrado está imposibilitado de aminorar la succión que aplica sobre los pueblos y permitir que se establezcan las bases para un “crecimiento sostenible e inclusivo”. Los capitalistas están obligados a romper estas promesas ya que de la succión creciente de valor depende su existencia en medio de una feroz competencia inter monopólica. La burguesía se encuentra en un callejón sin salida atada a la contradicción entre la necesidad de garantizar la gobernabilidad aminorando la explotación y “repartiendo algunas migajas” a la población sobrante para el capital, por un lado, y la necesidad de incrementar la tasa de explotación para revertir la caída de la tasa de ganancia, por el otro, a riesgo de precipitar la turbulencia social. En la crisis capitalista actual el capital financiero requiere acelerar el ritmo de succión de valor, recrudeciendo la liquidación de fracciones enteras de capital medio (burguesías nacionales) y la explotación sobre toda la clase, viéndose imposibilitada de “comprar” a una fracción de proletariado; el rasgo central de la etapa actual es precisamente la incapacidad del capital financiero de resignar una parte de sus ganancias para fracturar al proletariado creando una capa acomodada del mismo: no cuenta ahora con esos recursos económicos. Asistimos hace años al fin del estado de bienestar con que los monopolios lograron integrar a un importante sector del proletariado (de los países centrales y de algunas zonas de los países periféricos) para quebrar la unidad de la clase en ascenso revolucionario (pos revolución bolchevique en 1917 y el “bienio rojo” de 1918-1920 en todo Europa). De modo que el capital monopólico, fracturado en su seno (caso EE.UU. visto más arriba) no cuenta con los recursos económicos y políticos para construir consenso y garantizar su hegemonía. Tiene para aplicar una dura política del garrote: represión y mentiras descaradas, ganándose cada vez más enemigos.

Los grupos económicos concentrados que operan en la Argentina elevaron su voz a través de la ONG “Será Justicia”, impulsora de la guerra judicial al kirchnerismo y fuertemente vinculada al gobierno de Cambiemos, siendo Eugenia Talerico una de sus fundadoras, nombrada vicepresidenta de la Unidad de Investigación Financiera por Mauricio Macri, a través de un documento enviado al Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington en el que pedía “el condicionamiento de cualquier tipo de financiamiento internacional" a la Argentina "a que se corrija el rumbo estipulado por el gobierno en materia institucional, se deje sin efecto el desmantelamiento institucional, y se implementen acciones tendientes a fortalecer los controles y contrapesos de la República” (CL 22/12). Atendiendo a la contradicción sufrida por el capital financiero proponía el ahogo económico y la extorsión política: recrudecer la guerra económica, generar caos e impedir la consolidación de una fuerza política que se les oponga. Como vemos, la propuesta no dista mucho de la política beligerante desatada contra el pueblo venezolano o iraní, solo por citar algunos ejemplos de lo que se ven obligados a hacer: la política del garrotazo. Los grupos económicos locales, en condiciones de atraso estructural, e imposibilitados de competir con el capital transnacional, requieren que el ajuste se profundice de forma inmediata y de la utilización de los resortes económicos que detentan para profundizarlo. Tengamos en cuenta que el gobierno de Macri era la aplicación de su plan político y económico y que fue rechazado por el pueblo argentino a través de la lucha callejera y el voto popular. Quedan al descubierto las fisuras que quiebran la alianza social imperial, abiertas por la competencia.

El sueño acabó

La guerra que desata el capital financiero contra nuestro pueblo no se reduce al ámbito de la deuda externa, sino que ésta es solo una de las formas que toma la estrangulación financiera necesaria para perpetuar el dominio de éste sobre nuestra economía y por ende sobre nuestros recursos. En el marco de las relaciones comerciales, las grandes corporaciones trasnacionales, estrechamente aliadas con la oligarquía terrateniente local, actúan para herir de muerte toda posibilidad de desarrollo autónomo.

En el mes de diciembre de 2020 se registró un déficit en la balanza comercial de 364 millones de dólares. En agosto de 2018 fue la última vez que se había registrado déficit en este concepto. Las exportaciones se derrumbaron 34,1% y las importaciones subieron 24,7% en relación al mismo mes del año 2019. Cayeron todos los conceptos de las exportaciones: combustibles y energía (-10%), manufacturas de origen industrial (-18,3%), manufacturas de origen agropecuario (-44,2%) y productos primarios (-45,3%). Como se puede apreciar, los rubros vinculados a la actividad primaria son los que más cayeron. Por su parte se incrementaron las importaciones de vehículos (14%), bienes de consumo (9,3%), piezas para bienes de capital (49,6%), bienes intermedios (31,6%), bienes de capital (34,3%) y cayeron las de combustibles y lubricantes (-44,2%) (indec.gob.ar).

Mientras la soja en Chicago superaba los 500 dólares la tonelada (el mayor valor desde julio de 2014), el maíz se acercaba a los 200 y el trigo a los 250, la exportación de los productos primarios se derrumbaba. China incrementó significativamente la compra de soja a Estados Unidos quedando en concepto de existencias sólo 4,76 millones de toneladas, el nivel más bajo desde la campaña 2013/2014, habiéndose liquidado el 91,6% de la cosecha del país del norte. Al mismo tiempo, el pronóstico de lluvias para Argentina y Brasil para este verano (momento en que se cultiva la soja y el maíz) se muestra preocupante por lo escaso, lo que se tradujo en un aumento importante de los precios del grano. Es decir, que ya habiéndose liquidado casi la totalidad de la cosecha estadounidense y con la expectativa de bajos rindes para la campaña actual, los productores argentinos no pueden más que prever que el precio del cultivo se mantenga o siga subiendo y no encuentran urgencia en liquidarlo, restringiéndose junto a las exportaciones, la entrada de divisas a nuestro país (CL 23/12; P12 6/1; LN 6/1).

La dependencia argentina descansa fundamentalmente en el papel de proveedor de materias primas a los países centrales y receptor de productos de mayor valor (bienes industriales) e inversiones de capital, produciendo directamente en nuestra tierra a través de condiciones especiales y bajo costo de la mano de obra. Debido a su estructura productiva primarizada, con un complejo industrial atrasado, dependiente de la importación de bienes de capital para su funcionamiento, queda atada de pies y manos a su intercambio comercial. De la exportación de los bienes primarios agrícola ganaderos y de la manufactura de los mismos depende la entrada de dólares, los cuales se destinan principalmente a la adquisición de bienes de capital, bienes intermedios y energía para la producción industrial. Esta estructura dependiente, resultante de la derrota del proyecto económico industrial autocentrado en la batalla de Caseros en 1852 a manos de la oligarquía terrateniente, implica que las llaves del crecimiento económico local se encuentran en manos del capital financiero, que adquiere las materias primas e impone los niveles de tecnología con los que contará la Argentina para la producción industrial así como para la producción agropecuaria misma. Los terratenientes, en pie de guerra con un proyecto que se propone desarrollar ciertas ramas de la industria, acopian los granos especulando y presionando por una devaluación brusca y significativa. El complejo agroindustrial transnacionalizado obra en el mismo sentido viéndose limitado por la escasa afluencia de granos a sus plantas procesadoras. De esta forma, se derrumba el intercambio comercial y peligra gravemente el sostenimiento del resto de las ramas de la producción.

Como se detallara en el primer artículo de esta revista, a la guerra comercial que imponen los monopolios (amenazados por la sobreproducción relativa), surge China como como contraste organizando una vastísima red de comercio mundial (Ruta de la seda), en base a las relaciones de reciprocidad y del “ganar-ganar”. Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), China se convirtió en el principal importador agrícola del mundo, superando incluso a la Unión Europea. Solo en el último año importó desde Argentina alimentos por 6.606 millones de dólares (192% más que en el 2018), siendo más del 50% de los mismos los productos derivados de la soja (si bien este porcentaje viene disminuyendo hace algunos años). En los primeros diez meses de 2020 adquirió 369.911 toneladas de carne Argentina, representando el 73,9% de las exportaciones argentinas en este concepto. El diario oligárquico La Nación explica esta voluntad de intercambio desde las relaciones políticas: “Tenemos una importante ventaja con respecto a algunos países, que es la perspectiva de las muy buenas relaciones políticas entre ambos países, que a diferencia de otros exportadores, como por ejemplo Australia, está sufriendo medidas comerciales por parte del gobierno chino contra la importación de sus productos, como el vino y la carne”. Estas relaciones se asientan sin embargo en el desarrollo de distintas ramas productivas, vinculadas al desarrollo energético y la batalla de la fuerza social en el gobierno por quebrar la dependencia de los capitales de los países centrales. En este sentido, se reactivó la construcción de las represas hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, junto al emplazamiento de líneas de alta tensión, permitiendo la incorporación de 1310 MegaWatts de potencia al sistema eléctrico nacional. Sin embargo, el mes pasado, el gigante asiático suspendió a un frigorífico argentino por cuatro semanas diciendo que había encontrado Covid-19 en un empaque, lo cual generó el malestar del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC), que mediante un comunicado expresó que "no existe evidencia científica que demuestre que el SARS-CoV-2 se transmita por carne bovina, ni por la superficie de sus empaques", agregando que ante esto el Senasa debe tener "mayor firmeza y claridad en la negociación bilateral" con China, "ya que la implementación de las acciones mencionadas no tiene base científica y por ende no deberían ser aceptadas", y reclamó al Senasa "elevar esta situación a la Organización Mundial de Comercio".

¿Con qué condiciones cuenta la Argentina para reclamar ante la OMC o cualquier organismo internacional por las condiciones impuestas a los productos exportables siendo que depende pura y exclusivamente de las mismas para el sostenimiento del conjunto del aparato productivo y la economía nacional? No por retórica la pregunta pierde importancia ya que en el problema de la dependencia y el atraso estructural de nuestro país radica la clave para la comprensión tanto de los problemas que nos aquejan como de su posibilidad de resolución. La actitud coercitiva de los terratenientes se tradujo en que las exportaciones a ese país se derrumbaran un 23,5%, y las importaciones un 6,5%, perjudicando las relaciones bilaterales como elemento de combate a la posibilidad de desarrollo soberano (LN 18/12 y 23/12; P12 26/12 y 29/12).

Sobre el problema del papel de la Argentina en el mundo, Matías Kulfas, Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, aseguró que "Las exportaciones y la balanza comercial argentinas mejorarán en 2021. (…) Hemos implementado medidas industriales con el objetivo de exportar más. Adecuamos la estructura de los derechos de exportación para incentivar esas exportaciones industriales con mayor valor agregado y también trabajamos mucho en el desarrollo de proveedores nacionales. (…) la caída en las exportaciones tiene que ver con un escenario internacional bastante más complejo, los mercados internacionales se cayeron y tenemos una perspectiva de que se recuperen en el 2021. (…) por la falta de una política industrial del gobierno anterior o por descuidos, mucha producción nacional no era tenida en cuenta, como es el caso de la industria automotriz, donde el contenido nacional de los autos estaba siendo solo del 15 o 20% y el nuevo proyecto que hemos generado junto con industria en el marco del Acuerdo Económico y Social prevé un contenido nacional de entre un 40 y 45%" (CR 28/12).

En su diagnóstico el ministro ubica el problema en la política del gobierno anterior de desincentivo industrial y afirma que la solución se encuentra en el aumento de la demanda externa así como en la regulación de los derechos de exportación, medidas parciales en respuesta al ataque sufrido. El gobierno del capital financiero, encabezado por Macri hirió de muerte a la industria nacional, impulsando a su vez las exportaciones agropecuarias vía eliminación de las retenciones, alentando la profundización de la estructura primarizada, con importantes superávits en la balanza comercial. El problema del intercambio desigual y de la dependencia externa tecnológica no puede encontrar su solución mediante la estructura de los derechos de exportación (como veremos a lo largo del artículo), sino que requiere la superación de los lazos de sometimiento al capital financiero y sus socios locales, la oligarquía terrateniente, lo cual supone su reemplazo como fuerza social rectora de la sociedad.

Ya no hay morsas, ni tortugas

A lo largo de todo el 2020, el Banco Central perdió reservas por 6.000 millones de dólares, que fueron destinadas tanto a la intervención en el mercado cambiario, importación de bienes de capital, pago de deuda y sostenimiento del gasto público. En todo el año transfirió 2 billones de pesos al Tesoro (80 por ciento destinado a refinanciar vencimientos heredados y 430.000 millones a cubrir gasto público). El propio organismo reconocía que "en la emergencia, se debió implementar un esquema de asistencia extraordinaria al Estado Nacional y al sector privado. Eso requirió un nivel de emisión primaria y de potenciación del crédito de dimensiones inéditas". Durante el mes de diciembre se invirtió la tendencia y sumó 600 millones de dólares en reservas, al mismo tiempo que se achicó la brecha cambiaria (diferencia entre el precio del dólar oficial y el paralelo, llamado “blue”, pasando del 150% al 80%), habiendo realizado concesiones a los grupos exportadores (P12 23/12 y 2/1; LN 25/12; CL 30/12).

Los dueños de la tierra continúan acopiando los granos mientras impulsan mejores condiciones para su liquidación, según nos explica el diario La Nación, órgano de prensa de esta clase: “Si se consideran las cotizaciones del dólar oficial en el Rofex (dólar futuro), saltan de alrededor de $87 en la actualidad a $115 a mediados de 2021. La diferencia entre los dos valores, anualizada, equivale a una tasa del 75%. Es decir que, quien tiene grano de la campaña 2019/20 y desea conservarlo un tiempo más, suponiendo que el mercado sigue sostenido, puede esperar esa tasa de devaluación del peso y financiarse, mientras tanto, al 30-35% anual. (…) El Banco Central de la República Argentina (BCRA) reflotó la línea de Inversión Productiva que se había establecido en el anterior gobierno kirchnerista y obliga a las entidades financieras a prestar dinero a empresas, por ejemplo, para capital de trabajo, al 30-35% hasta un plazo de 12 meses” (LN 21/12). El dólar futuro es una apuesta en relación al precio del dólar oficial en determinado momento, y de la apuesta masiva sobre esto deviene la alta demanda de moneda extranjera con la consecuente presión devaluatoria. Al mismo tiempo, la no liquidación de los granos (acopio) impide la entrada de dólares al país presionando a la suba de su cotización. Para interceder en esta bicicleta que se traduce en el aumento del precio del dólar, el Banco Nación suspendió transitoriamente las solicitudes de créditos “MiPyme” provenientes de productores de soja y trigo aduciendo que “esa decisión interna a partir de la normativa del Banco Central que exige la liquidación del 95% de la cosecha por parte de los productores. La Mesa de Enlace se opuso a la medida (que coartaba la diferencia de 30% que se embolsan), planteando que la misma “discrimina y cercena la posibilidad de financiamiento al sector más dinámico de la economía, que es un enorme generador de legítimas divisas del país, en momentos en los que la cosecha de trigo está en pleno desarrollo” (CL 24/12).

En igual sentido, se destacaba que la industria automotriz, una de las mayores representantes del “repunte” de la industria, supone una baja proporción de valor agregado en nuestro país: Toyota produce con un 40 por ciento de integración local, mientras que General Motors y Renault solo cuentan con un 20 por ciento del producto fabricado fronteras adentro. La mayor parte del valor incorporado a los automotores se realiza en otros países, y dado que se completan localmente, requieren de la importación de los bienes intermedios para su producción, adquiridos en dólares. Así es que atendiendo a este problema el gobierno de Alberto Fernández determinó un monto máximo de dólares que las automotrices pueden recibir para la importación de autos finales y autopartes, estimando que por esta medida se ahorrarán 300 millones de dólares este año por la compra de bienes suntuarios y entre 3000 y 3500 millones de dólares anuales en compras de bienes finales. Para evitar que adquieran los dólares en el mercado paralelo, se les impide operar en el contado con liquidación o el MEP. Al mismo tiempo, se aumentó el impuesto a la exportación de los autos, pasando de un monto fijo de 3,36 pesos por dólar a un 4,5% del valor FOB exportado (P12 2/1 y 12/1).

Ante el escenario de falta de divisas, pagos de deuda externa e interna por delante, un Tesoro en situación de quiebra virtual, que no llega a cubrir los gastos regulares, y el acopio de granos que no se liquidan a la espera de una mayor devaluación, el gobierno va tomando medidas defensivas parciales en respuesta a cada uno de estos problemas: acuerdos impositivos para fomentar la producción agroindustrial, las retenciones diferenciales, la limitación de transferencias al Tesoro, la limitación de los créditos a los productores que no hayan liquidado la casi totalidad de la cosecha, las restricciones a las importaciones de las automotrices, etc…

La disminución en la entrada de dólares generó en los últimos meses que se devaluara el peso y que a su vez creciera la brecha cambiaria (diferencia entre el precio del dólar oficial y el paralelo o “blue”), hecho que presiona por una devaluación más importante, transfiriendo recursos de los bolsillos de los trabajadores a los grupos económicos concentrados. Como detallamos en los últimos meses, el gobierno tomó medidas específicas para paliar esta situación, en su mayoría vinculadas a generar condiciones excepcionales a los grupos exportadores vinculados a la agroindustria: acuerdos a largo plazo con el flamante Consejo Agroindustrial Argentino, disminución del tiempo en que se prohíbe cambiar los pesos de bonos por dólares (parking), y el ofrecimiento de bonos en moneda nacional atados al dólar (dólar linked), como las retenciones diferenciales a los productos agroindustriales (menores que las aplicadas a los bienes primarios). Estas medidas no detuvieron la caída de las exportaciones y por ende la entrada de dólares sino que generaron las garantías hacia el futuro de que restringiendo aún más la salida de granos y sin dólares en el mercado, éste aumentará su cotización y los grupos exportadores podrán realizar su diferencia en el mercado a través de la cotización de la divisa y el cobro de los bonos atados a la misma.

Un río de cabezas aplastadas por el mismo pie

La inflación del 2020 se ubicó apenas por encima del 35%, siendo notoriamente más baja que la del 2019 (53,8%). Sin embargo los productos frescos tuvieron un aumento de hasta el 90%, destacándose la carne que aumentó un 74% (duplicando la tasa inflacionaria total!). Esto significó que el consumo anual de carne bovina sea de 49,7 kilos per cápita, el más bajo desde hace 50 años y que el de carne aviar tenga el registro más alto de la historia, 44,1 kilos per cápita. En la misma dirección, y ante el aumento del precio del pan, el presidente de la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), Diego Cifarelli, explicó que se vive un momento de tensión en el mercado porque hay escasez en la oferta de trigo: “Estas situaciones suceden a lo largo del año, pero no suelen pasar en enero, cuando recién termina la cosecha. (…) los productores probablemente estén conservando los granos para que no se desvalorice su producción hasta la próxima siembra. (…) No hay herramientas que le permitan al productor salir del grano y quedarse dolarizado de cara a la próxima siembra”. A principio del año la bolsa de harina costaba 1400 pesos y al 15 de enero ya se ubicaba en 1800, a partir de los dos aumentos autorizados en los precios máximos del 5 y del 4 por ciento. Sin embargo, el trigo, que representa el 80% del costo de la harina, aumentó 61% en el año (LN 10/1; P12 12/1). Aquí puede observarse un aspecto más de la guerra económica desatada contra el pueblo en su punto central: la comida. En diciembre una familia de cuatro integrantes necesitó 54.207 pesos para comprar la canasta de bienes y servicios (para no ser pobre), un año atrás, en 2019, requirió 39 mil pesos; y 22.680 pesos solo para la comida (para no ser indigente) (en 2019 eran 15 mil pesos). El 44.2% de la población, o sea unos 18 millones de argentinos, vive en la pobreza, la que golpea en mayor medida a los menores: el 64% (COH 6/12; P12 22/1).

En este campo el Ministerio de Desarrollo Productivo también respondió actuando sobre las consecuencias y lanzó una batería de medidas para contener el precio de los alimentos. Realizó un acuerdo de precios con los aceiteros, renovó el programa de Precios Cuidados hasta abril para 660 productos autorizando una suba del 5,6 por ciento, comenzó a negociar precios máximos para la carne e impulsó la Ley de Góndolas para el acceso equitativo de todas las marcas (P12 5/1 y 13/1).

Los precios de los alimentos se encuentran fuertemente impactados por el precio de las materias primas, que como ya detallamos están cotizando en alza. También opera la especulación de las industrias alimenticias y comercios de la rama como mostramos en números anteriores de esta revista. Destacamos en su momento la oposición al control de precios de AEA, representante de los grupos económicos más concentrados. En esta ocasión se manifestó el diario La Nación planteando la inutilidad de estas medidas: "El gobierno de Mauricio Macri le dio continuidad [a precios cuidados], al percibir que un alto porcentaje de la población cree erróneamente que la inflación se debe a la remarcación injustificada de precios por parte de comerciantes y empresarios. Pero lo cierto es que en estos últimos siete años los valores de los productos de primera necesidad comprendidos en Precios Cuidados, al igual que los no comprendidos, aumentaron entre un 600% y un 700%. (...) Si quedara algún espacio para movimientos abusivos de precios es porque hay mercados protegidos, salvo los casos cada vez más infrecuentes de monopolios naturales. Solo en estos casos, referidos a algunos servicios públicos, cabe la regulación de tarifas o precios. (...) Nuestro país gozó de estabilidad hasta mediados de los cuarenta, cuando Juan Domingo Perón emergió tras el golpe del 4 de junio de 1943 e instrumentó políticas que se consolidaron en su presidencia desde 1946. Estas produjeron un aumento de los costos laborales, que se sumaron al proteccionismo frente a mercados internos limitados. Además, eso coincidió con la expansión del gasto público y la consecuente emisión monetaria. Estos factores pusieron en marcha la inflación. Esta lección no fue aprendida y el populismo y el estatismo consiguieron olvidarla, a excepción del período 1991-2001 con la aplicación de la convertibilidad. (...) La limitación del aumento de las tarifas de servicios públicos, postulada por la vicepresidenta Cristina Kirchner, podrá ayudarla en lo inmediato en su expectativa electoral, pero irremediablemente llevará a cortes de energía y al deterioro de las prestaciones, como ya ha ocurrido. (…) No hay otro camino que el de las reformas estructurales. (…) No se trata de una exigencia del FMI, sino de una ciudadanía que pretende estabilidad, menos pobreza y un futuro contrapuesto con el proyecto de país que proponen quienes hoy ejercen el poder y cuyas apetencias electorales continúan conduciéndonos al abismo" (LN 6/1). La Editorial citada se titula “el control de precios no sirve” y cabe cuestionarse dada la oposición de los sectores más concentrados de la economía a este tipo de medidas, ¿cuál sería el aumento en los últimos siete años si no se hubieran aplicado estas medidas? El editor plantea la necesidad del libre mercado, la no intervención y que el problema fundamental radica en el costo laboral, cerrando con la necesidad de “reformas estructurales”, es decir, la reforma laboral. Como ya analizamos, el FMI propone un gradualismo en la aplicación del ajuste, tiempos que una fracción del capital financiero y los grupos locales no tienen: necesitan un ajuste ahora, desestabilizar al gobierno y forzar un cambio de rumbo. ¿Con qué fuerza social cuentan para impulsar este tipo de medidas con casi la mitad de la población bajo la línea de pobreza? Disponen de la oligarquía terrateniente recrudeciendo la pelea por la devaluación, el deterioro de las relaciones comerciales y el empobrecimiento de la población. Anuncian los nuevos ataques: si bien destacan que sólo deberían regularse algunos servicios, amenazan con cortes de energía ante la limitación de aumentos en las tarifas energéticas.

Las empresas de capital concentrado recrudecen el ajuste como única forma de subsistencia. Según publicó la Encuesta Nacional a las Grandes Empresas, de las 500 compañías más grandes del país (concentradas en AEA) desde el año 2015 aumentó tendencialmente la cantidad de empresas cuyos balances fueron negativos. En 2019, tuvieron resultados positivos 380 empresas, con una utilidad de 903.909 millones de pesos. Las restantes 120 tuvieron resultados negativos o cero, sumando las pérdidas 232.630 millones de pesos. En 2015, había 18 empresas de construcción con resultados positivos y 3 con negativos, mientras que en 2019 quedaban 9 con ganancias y 10 con pérdidas. En la actividad comercial, en 2015 había 40 empresas que consignaron ganancias, mientras que en 2019 bajaron a 30 las agraciadas, aumentando el número de las compañías “perdedoras” en esos cuatro años de 4 a 11. En cuanto al transporte, correo y almacenamiento, en 2015 había 25 con ganancias, que pasaron a ser 19 en 2019, al tiempo que las que tenían pérdidas pasaron de 4 a 12. Las 4 empresas más grandes aumentaron su participación en las ventas al exterior: concentrando del 3 por ciento al 10,6 por ciento de las exportaciones en 2019; cayendo sensiblemente, a la vez, la cantidad de empresas exportadoras, las que si en 2015 sumaban 339, en el 2019 llegaban a 320. Las exportaciones de las grandes empresas se explicaron en un 18,2 por ciento por las de capital nacional en 2019, y 81,8 por ciento por las de participación extranjera. En 2015, las primeras explicaban el 22,1 por ciento, y las segundas, un 77,9 por ciento (P12 16/1). Se evidencia el proceso de concentración y extranjerización económica en el que los peces grandes se comen a los peces grandes, sin tener sin embargo la escala necesaria para adoptar la política del Fondo Monetario de “patear la pelota hacia adelante” ante el riesgo de un proceso de masas en su contra. En la rama del comercio las empresas con ganancias pasaron de 40 a 30, esas 30 empresas hoy son más grandes que antes del gobierno de Cambiemos. De la misma manera se monopoliza la exportación y el peso de la misma se desplaza hacia el capital extranjero. Es decir, que el problema de la dependencia se profundiza y el de los precios (que se deviene de aquel) solo podrá ser resuelto en tanto la clase obrera y el pueblo se organicen en pos del reemplazo de estos grupos que no tienen otra posibilidad que recrudecer el ajuste, el desabastecimiento y la guerra.

Juegan cricket, bajo la luna

A fines de diciembre, en respuesta al aumento de los precios, el Ministerio de Agricultura determinó el cierre de las exportaciones de maíz. Con una cosecha de 58 millones de toneladas y una demanda interna de 20 millones de toneladas anuales, quedaba un saldo de 38 millones para la exportación. Ya se habían exportado alrededor de 34 millones de toneladas restando 4 millones para destinar al exterior. Sin embargo ya desde sectores de la producción agroindustrial (concretamente, de carne aviar y de huevos) advertían faltantes de maíz en el mercado (P12 10/1). Es decir que se estaba restringiendo la entrega del cereal. Junto a la medida se detallaba que ya se había exportado el 89% y que “se basa en la necesidad de asegurar el abastecimiento del grano para los sectores que lo utilizan como materia prima en sus procesos de transformación, básicamente la producción de proteína animal como carne de cerdo, pollo, huevos, leche y feedlot, donde el cereal representa un componente significativo de sus costos de producción” y que el objetivo es que “los 4,27 millones de toneladas restantes queden disponibles para el consumo interno, con objeto de asegurar el abastecimiento durante los meses del verano, cuando la oferta de cereal tiende a escasear”. Inmediatamente se pronunciaron las principales entidades ruralistas. Daniel Pelegrina, presidente de SRA (grandes propietarios de la zona núcleo) dijo que ya había “señales negativas que venía emitiendo el Gobierno respecto de la intervención en los mercados y el cierre de exportaciones, viejas recetas obsoletas que ya mostraron en el pasado que provocan el efecto opuesto al que se pretende lograr. (…) Esto a la larga va a hacer que haya menos producción y los precios suban. Jorge Chemes, de CRA (medianos propietarios) señaló que la medida “es parte del cepo exportador a los granos y reafirma la empobrecedora política que viene llevando a cabo el Gobierno de destruir los mercados en beneficio de unas pocas empresas y en perjuicio de 30.000 productores de maíz, a los que se les deprime artificialmente el precio que reciben”. Alberto Morelli, presidente de Maizar (cámara que nuclea a empresarios que producen y comercializan dicho grano) destacó que “nunca ocurrió que falte maíz en la Argentina. El problema tiene que ver con que los productores tienen un tipo de cambio que no los favorece y aguardan a que la situación mejore para comercializarlo”. Matías de Velazco, presidente de Carbap (la entidad más fuerte de CRA) insistió “El objetivo es que haya carne más accesible. (…) las autoridades están jugando sus cartas: La primera que jugaron fue la conversación con los frigoríficos para lograr un programa de carne a valores accesibles; la segunda es la intervención del maíz, y otra de las cartas que les queda, si no logran bajar el precio, es directamente limitar la exportación de carne. Pero el mercado se regula solo sin intervenciones. El sector ya está en estado de alerta y movilización. Si llegan a perseverar con el manipuleo de mercado, esto va a un paro seguro”. Santiago del Solar, productor y exjefe de Gabinete de la cartera de Agricultura de la administración Macri, agregó “… esto es un punto de inflexión…” (LN 31/12).

Las entidades rurales iniciaron una ronda de protestas en Bell Ville, Pergamino y Armstrong en Santa Fe. Luego se sumaron otras localidades de la Provincia de Córdoba. Mientras la Asociación Argentinos de Productores Autoconvocados (AAPA) lanzaron un comunicado: “La cotización debería ser el valor FOB Puertos Argentinos menos los gastos de carga. El 29 de diciembre ese precio habría sido de 227 dólares por tonelada que a valor dólar oficial (83 pesos) son $ 19.074 pesos por tonelada. Instamos a todos nuestros colegas a no aceptar precios inferiores”, es decir que llamaban a vender en el mercado local a precio de exportación. Finalmente la Mesa de Enlace anunció un cese de comercialización por tres días, pero Coninagro (entidad que agrupa a las cooperativas agrícolas ganaderas más grandes) se apartaba de la medida. Carlos Iannizzotto, presidente de la entidad decía que “no es momento para un paro, pero sí para reclamar que las medidas tomadas por el Gobierno de intervención y regulación de los mercados no son las adecuadas y el sector cooperativo las rechaza por completo. No adherir al cese de comercialización es una medida a favor del país, no a favor del Gobierno. Hay un marco social muy complejo y queremos a través del diálogo poder solucionar la competitividad del sector agropecuario. No rompemos con la Mesa de Enlace”.

Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas advirtió que “si hacen un lockout, el Gobierno no se va a mover un centímetro. Que aquellos que pueden hacer el esfuerzo lo hagan. No solo con el aporte extraordinario sino también cumpliendo su responsabilidad en las decisiones que están marcadas por el interés colectivo y no solo por el interés sectorial. Al campo le ha ido muy bien y por una vez debe pensar en el bien de los argentinos. Tuvieron ganancias por encima de la media de los argentinos. El esfuerzo lo tienen que hacer aquellos que puedan hacerlo. Los empresarios pymes, los comerciantes y los laburantes ya han hecho un gran esfuerzo durante el año y no pueden más, necesitan que el Estado los acompañe y los apuntale”. El Presidente Alberto Fernández insistió en la misma dirección: “hay que entender que estamos en una situación de emergencia y que en esa situación tenemos que ocuparnos de los que menos tienen”, por lo que les planteó a los grandes y medianos dueños de la tierra “tener un principio de solidaridad que se basa en que le garanticen a los argentinos lo que se consume en el país y luego exporten lo que quieran al precio que se les da la gana. (…) Estoy en una lucha con la producción de alimentos en la argentina. El mundo demanda alimentos y suben los precios de la soja, el maíz y el trigo. Pero los productores argentinos producen en pesos argentinos y hace dos años que no tienen aumentos de tarifas de luz, de gas y fue muy bajo el aumento de combustibles” (LN 4/1; CL 5/1 y 7/1; P12 6/1).

Como veremos, Katopodis no pudo sostener su promesa, ya que las entidades fueron al Lock out y el gobierno deshizo la medida. El pedido de “solidaridad” y que “hagan esfuerzo” era rechazado de cuajo. Venimos analizando la estructura de la Argentina, fuertemente recostada sobre las exportaciones agropecuarias y dependiente de la apropiación de fracciones de renta agraria para el apuntalamiento del aparato industrial. La disputa se centraba una vez más en este punto, el rechazo a la intervención sobre la renta, es decir, sobre la propiedad de la tierra. En el marco de la inusitada concentración económica a nivel global y la alta dependencia tecnológica de los dueños de la tierra para con los sectores concentrados de capital que dominan tecnológicamente la rama de producción de alimentos, lleva a estos a radicalizarse en su enfrentamiento con la alianza social nacional (los sectores locales de capital medio en alianza con la mayoría de los trabajadores). La posibilidad de ejecutar lo que Katopodis amenaza de “no moverse un centímetro” radica en construir la fuerza social que pueda sostener el enfrentamiento con los dueños de la tierra en nuestro país, que implica reemplazar su dominio y controlar la producción de alimentos desde los intereses del conjunto, proyecto que solo puede encabezar la clase obrera, aquella con condiciones históricas y materiales de asumir tamaña tarea, encabezando un gran frente de lucha con fracciones del pueblo perjudicadas por el asedio ajustador y extranjerizante. Tomemos como referencia el aporte extraordinario que el propio ministro cita, el impuesto a las grandes fortunas: aún no se reglamentó ni se definió la fecha y el modo de aplicación. El aporte fue tomado como ejemplo alrededor de todo el mundo pero aún no pudo ser aplicado en la Argentina.

Los principales representantes de la cadena agroindustrial, presidentes de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, José Martins; del Centro de Exportadores de Cereales (CEC), Gustavo Idígoras; de la Asociación del Maíz y Sorgo Argentinos (Maizar), Alberto Morelli, y del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), Roberto Domenech le presentaron las cifras del cereal disponible al ministro de agricultura Basterra, que dijo que “es un importante avance que los sectores involucrados se comprometan a generar mecanismos que, en acuerdo entre privados, ayuden a desacoplar los precios internos del dinamismo de los precios internacionales, garantizando la mesa de los argentinos y la lucha contra la pobreza extrema generando trabajo local”. Al mismo tiempo se comprometieron a garantizar el abastecimiento interno. Mientras se abría el diálogo con la agroindustria, el matutino oligárquico La Nación amenazaba: “Los productores que tienen hoy maíz disponible tienen suficiente solidez financiera como para venderlo a partir del 2 de marzo, momento en que finalizaría la suspensión transitoria de los registros de exportación. Por este motivo, la medida anunciada por el Gobierno no tendrá el efecto, ni el impacto buscado y deseado por las autoridades que la aplicaron” (P12 8/1; LN 8/1 y 9/1).

Al mismo tiempo en que comenzaba el lock out, el gobierno dejó sin efecto el cierre de exportaciones y anunció que habrá un monitoreo de la comercialización del cereal en el mercado para garantizar la disponibilidad para la demanda interna y que las DJVE Maíz (declaraciones juradas de venta al exterior del maíz, de la campaña 19/20) no podrán superar las 30.000 toneladas diarias. A pesar de los anuncios de la marcha atrás, la fracturada Mesa de Enlace decidió continuar con la medida que implicó además el bloqueo y la quema de cubiertas en Bell Ville (Córdoba) a la cooperativa Agricultores Federados Argentinos (AFA) que no se plegó al paro junto al control por la fuerza de la carga, el origen y el destino de los transportes.

Jorge Chemes, presidente de CRA insistió que la nueva medida “obviamente siempre es mejor que lo anterior, pero quien se quema con leche, ve una vaca y llora”. José Martins, en representación de la Mesa del Maíz planteó que “la meta del Gobierno es atemperar las subas de los precios internacionales para que no impacten tanto en el mercado interno. Es decir, que un santo no desvista a otro (…) Ellos [el Gobierno] se comprometieron a no intervenir el mercado en tanto y en cuanto el sector encuentre respuestas rápidas. Se debe trabajar en ese rumbo. Tenemos que bajar el nivel de conflicto” (LN 13/1).

Sumando una voz del agro aliada al gobierno nacional, Página 12 publicaba las declaraciones de Pedro Peretti (ex director de Federación Agraria): “El presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achettoni, uno de los convocantes al paro, reconoció que el sector redondeó una ganancia del 30% en dólares. Acaba de consumarse la más extraordinaria política pública de segmentación de retenciones, largamente exigida por la FAA, la misma entidad que decretó el paro. (…) Se les devolvieron 6.242 millones de pesos a 33.088 pequeños y medianos productores de soja de todo el país. (…) ¿qué quieren?... Tumbar al gobierno, eso quieren. Hay que decirlo. El paro es estrictamente político porque, como vimos, no existe ninguna razón de peso gremial para decretarlo. Esta es una mera y devaluada línea interna de Cambiemos, conducida por la inefable Dra. Elisa Carrió" (P12 17/1).

Se trata de una maniobra de pinzas utilizando el poder real que detentan. Dejan de liquidar granos, caen abruptamente las exportaciones, no hay disponibilidad de dólares para importar, se hacen enormes concesiones para evitar una devaluación mayor, escasea la oferta de insumos como el maíz y el trigo en el mercado interno y suben los precios de los alimentos por encima de todos los otros bienes. Una de las explicaciones posibles es que la que nos ofrece Peretti, que es a todas luces reales, quieren tumbar al gobierno. ¿Pero en qué radica esa necesidad? Como él dice “no existen razones de peso gremial”, pero sí hay razones económicas y políticas. Tienen condiciones para empujar la devaluación y hacerse de un diferencial cambiario importante. Además deben evitar a toda costa el desarrollo de un proyecto de país basado en la apropiación de renta agraria, habiendo chocado ya el pueblo argentino con los límites de este tipo de desarrollo y estando empujado a concluir que se hace necesario barrer con el dominio privado de la tierra y la dependencia alimentaria. Es decir que la guerra que llevan adelante no tiene que ver con la falta de preceptos morales o de solidaridad sino que es su necesidad intrínseca en tanto clase social poseedora y ordenadora del Estado Nacional en función de sus intereses hace ya doscientos años.

Estamos en la tierra de nadie, pero es mía

En estos últimos días se conoció el acuerdo por la compra de la empresa distribuidora de energía eléctrica Edenor. La transacción supone la transferencia del 51 por ciento del paquete accionario que se encontraba en manos de Pampa Energía a las empresas Energía del Cono Sur e Integra Capital, de los empresarios Daniel Vila, José Luis Manzano y Mauricio Filiberti, por 95 millones de dólares a pagar durante el próximo año. La empresa cuenta con el 20 por ciento del segmento de distribución y comprende el servicio de 3 millones de usuarios. Pampa informó en un comunicado que la operación es parte de un "ambicioso plan de enfocar sus inversiones en la generación de energía y exploración y producción de gas, con especial foco en el desarrollo y la explotación de sus reservas de gas no convencional (shale y tight gas)". Marcelo Midlin, titular de Pampa Energía es conocido por la compra de activos en el sector energético a precios de remate por crisis financieras, renegociación de deudas y llamado a la Revisión Tarifaria Integral pudiendo así reconstruir los ingresos y el valor de mercado de las empresas. Esta práctica no se reduce a este grupo sino que es uno de los mecanismos regulares de concentración económica (P12 19/12; LN 13/1).

El editorialista de La Nación, opositor y antikirchnerista acérrimo, Carlos Pagni destacó, en una de sus columnas, que no habría razones para que Midlin se desprendiera de la empresa en un momento en que la acción cotiza a 4,13 dólares si en 2017 llegó a valer 60 dólares, ya que sería una práctica contraria a su conducta regular. Destaca, además, la cercanía de los empresarios que adquieren la empresa con Sergio Massa e incluso que “ya se sabe que no habrá una actualización de la tarifa. Cristina Kirchner decidió, y se lo comunicó a Martín Guzmán, que solo se autorizará un único aumento del 9% en marzo. Esta premisa inspira otra conjetura. La idea de que Manzano, Vila y Filiberti se estarían haciendo cargo de Edenor a cuenta de su estatización. Hace meses que desde el Instituto Patria trasciende la fantasía de una nacionalización de servicios públicos. La Cámpora indagó, a través de su encuestadora, Analogías, cómo caería esa decisión en la opinión pública”. El diario Página 12 por su parte, ensayó otra explicación para la operación destacando que Pampa se está desprendiendo de una empresa “con una deuda financiera de 111 millones de dólares, de los cuales 98 millones corresponden a una Obligación Negociable que vence en 2022 y cuyo pago semestral viene cumpliéndose regularmente. Es decir, la empresa no afronta un stress financiero como ocurrió tras el fin de la convertibilidad. Por otro lado, se trata de una compañía que puede mostrar mejoras destacables en sus estándares de calidad de servicio tanto en términos de duración como de frecuencia de las interrupciones de este”. Es decir, se justifica que no es una empresa de remate por sus condiciones, pero sí por el precio de sus acciones (LN 31/12; P12 10/1).

Atendiendo a la explicación de la propia empresa de “enfocar sus inversiones en la generación de energía y exploración y producción de gas”, en el marco de la implementación del Plan Gas, que supone garantías de compra de una cuota de producción de gas a un precio fijo, y siendo que la empresa dispone de tecnología para este tipo de producción, es esperable que se trate de la necesidad de desprenderse de una empresa en la cual en términos inmediatos no se podrá establecer un aumento desmedido de tarifas dadas las condiciones políticas actuales, ya analizadas desde la imposibilidad de impulsar un mayor ajuste por parte del FMI.

La asociación que agrupa a las 47 empresas distribuidoras de energía emitió un comunicado en el que exigen una actualización tarifaria: “Es necesario conocer que la producción y distribución de energía tiene un costo y no es ‘gratis’ o ‘económica’ como algunos consideran. Se requieren inversiones constantes para garantizar las condiciones de calidad requerida por los usuarios”, y señalaron que la fijación de precios se da en un contexto de una inflación acumulada del 80% desde la última actualización, en marzo de 2019, lo que “impacta directamente en los aumentos de los costos de la prestación”. Este escenario describe claramente la tendencia: la adquisición de la mayoría del paquete accionario por parte de grupos de burguesía local atrasada supone en su desarrollo la imposibilidad de garantizar las inversiones necesarias para un servicio adecuado, sin un brutal aumento de tarifas. Es por este motivo que Pagni alerta por la posible estatización de la empresa, si bien lo enuncia como una operación preparada maquiavélicamente (LN 13/1).

Cuatro días antes del anuncio de la venta de Edenor, se realizó una reunión en la Casa Rosada en la que participaron el secretario de Energía, Darío Martínez, la interventora del ENRE, Soledad Manin, y los presidentes de Edesur y Edenor, Juan Carlos Blanco y Ricardo Torres. Si bien no se conocen los detalles de la reunión es de suponer que estaba vinculada a la venta del paquete accionario de los siguientes días. En el mismo momento en que la reunión ocurría se produjo un apagón que dejó sin servicio a 317.000 usuarios de Edesur, dejando sin luz a los barrios de Flores, Mataderos, Villa Luro, Caballito, Nueva Pompeya, Villa del Parque, Liniers, Parque Avellaneda, Floresta, Boedo y Villa Soldati e interrumpiéndose el servicio del Premetro y de las líneas A y H de subte. Si bien el ENRE comunicó que estudia aplicar sanciones Edesur “por falta de mantenimiento en la servidumbre del tendido de alta tensión que alimenta la subestación Perito Moreno”, la empresa alegó que “el corte de luz masivo en la zona sur-oeste de la Ciudad de Buenos Aires se produjo debido a un incendio intencional que afectó líneas de alta tensión”, y no descartaba la hipótesis de que haya sido producto de un atentado (LN 24/12). Ya en el año 2019 el país sufrió un apagón masivo que llegó a afectar a Uruguay, y en el marco de la guerra económica en la que estamos inmersos esta última hipótesis no puede descartarse, atendiendo además a los rumores y la propaganda de una eventual estatización de Edenor.

El ataque no queda “reducido” al abastecimiento de energía eléctrica, el tipo de cambio, los precios de los alimentos básicos, el cese de comercialización de los principales productos exportables y el acaparamiento de las cosechas sino que también se bombardea financieramente la empresa de mayoría estatal YPF. Durante el mes de enero se dieron varios hechos de trascendencia en la empresa. En primer lugar se anunció la reestructuración de las deudas de la empresa con el ofrecimiento de tres bonos a pagarse recién en 2023 (uno de 8,5% de interés al 2026 atado al flujo de exportaciones, otro del mismo interés a 2029 sin esa garantía, y un bono al 7% con vencimiento al 2033). Si bien el canje no tiene cláusulas de acción colectiva que obligan al mismo, hay mayorías de aceptación que permiten habilitar las condiciones de los títulos anteriormente emitidos. El anuncio estuvo vinculado a la normativa del BCRA que impone a las empresas a refinanciar sus deudas en moneda extranjera. En solo dos días hábiles el precio de la acción de YPF se desplomó 8,66% y las calificadoras de riesgo Fitch y S&P le rebajaron la nota crediticia de C a CCC en el caso de Fitch, que emitió un comunicado que rezaba: “Fitch considera que esta oferta de canje propuesta es coercitiva y es una reducción material en los términos que diluye los derechos originales de los tenedores de bonos” (encareciendo la toma de crédito y perjudicando la reestructuración). Por su parte, un grupo de acreedores contrató a los estudios de abogados Dechert LLP y DLA Piper Argentina para formar un comité de tenedores de bonos para bloquear la oferta de canje. Doce días después, al 20 de enero, ya las acciones se habían desplomado de 4,8 a 3,71 dólares (23% de caída) (LN 8/1, 12/1 y 20/1). En este marco la empresa anunció el ingreso de Shell como socio en la explotación hidrocarburífera del bloque CAN 100 ubicado en la Cuenca Norte del Mar Argentino. Equinor (operador del área) e YPF se dividirán en partes iguales el 70% del bloque y Shell ingresará con el 30% restante. Sergio Affronti, CEO de YPF destacó que “Para YPF la firma de este acuerdo es un nuevo paso en el fortalecimiento y expansión de la relación con estas dos grandes compañías energéticas. Estamos muy entusiasmados de poder aportarle al país el conocimiento y la experiencia que Equinor y Shell tienen en el desarrollo de proyectos offshore en el mundo”. A los pocos días además se anunció el reemplazo del Presidente de la empresa Guillermo Nielsen por Pablo González, actual diputado por Santa Cruz (P12 15/1; LN 20/1).

Para mayor comprensión de estos hechos vamos a retomar las palabras publicadas por Pagni, que como miembro activo de la guerra desatada contra el Frente Nacional, sirven para esclarecer algunos aspectos. Aquel escribía al respecto: “En YPF el oficialismo está llevando a cabo el experimento más relevante, y más peligroso, que haya realizado desde que llegó al poder. (…) Nielsen fue el experto en finanzas que acompañó a Alberto Fernández en cada reunión que tuvo como candidato con bancos y fondos de inversión. Fue el garante de que el nuevo gobierno no sería una regresión hacia el estatismo de la anterior experiencia kirchnerista. Todavía más: fue el encargado de explicar que los dólares que le faltan a la economía argentina vendrían del sector petrolero. (…) El nuevo presidente de YPF será el encargado de alinear a la petrolera con un plan electoral. Producir, tal vez, a pérdida. Ejecutar la represión sobre los precios. (… ) La acción de YPF cayó ayer, en un día de euforia bursátil por la asunción de Joe Biden, más de 6%. Este derrumbe alienta las versiones sobre una fácil estatización. Se atribuye ese objetivo al Instituto Patria. El diputado provincial de Neuquén Mariano Mansilla, muy ligado al secretario Martínez, lo propuso varias veces. (…) ¿de dónde saldrán los dólares que se requieren para las inversiones que impulsarían el crecimiento que él promete? YPF viene a reforzar un problema previo: el aislamiento de la Argentina respecto de las corrientes de financiamiento. El costo del capital para cualquier emprendimiento es insostenible. El país debe pagar tasas de alrededor del 16%. ¿Qué negocio puede ofrecer ese retorno? (…) Es el drama de la vieja ensoñación populista, “vivir con lo nuestro”. Que “lo nuestro”, hoy, es casi nada” (LN 13/1).

El capital financiero se ve obligado a profundizar la succión que ejerce sobre los trabajadores alrededor del mundo para garantizar su subsistencia, atada a la posibilidad de reproducirse a escala ampliada, resultando en una concentración económica nunca antes vista. En este proceso barren con las fracciones nacionales de burguesía en primer lugar e incluso con grandes grupos transnacionales. Como ya analizamos respecto de las empresas agrupadas en AEA este proceso afecta a los grandes grupos nacionales, ya transnacionalizados. El gobierno de Alberto Fernández en tanto expresión de una alianza social que incluye a un sector de los grupos locales de capital se encuentra imposibilitado de resolver este problema, respondiendo parcialmente a cada uno de los ataques sufridos sin encontrar una respuesta global, ya que la misma supondría transformar la estructura de producción del país. Como ya destacamos, estos grupos requieren de la transferencia de porciones cada vez más grandes de renta agraria para su subsistencia, disputando su control con la oligarquía terrateniente. Ésta evalúa con claridad las tendencias del proceso, aspecto que puede evidenciarse a través de las palabras de Pagni. La guerra que necesariamente desatan los grandes dueños de la tierra y los grupos económicos ligados a ésta (Arcor, Pérez Companc, Ledesma, etc.) o con cierta inserción en el mercado mundial (Techint, MercadoLibre, por dar dos ejemplos) deja a los grupos nacionales menores sin posibilidad de subsistir, enfocando su ataque contra el kirchnerismo, expresión de la alianza de los sectores medios de capital, de una fracción del movimiento obrero y de la masa de los trabajadores desocupados. Entre los sectores que se identifican con el liderazgo de Cristina, el decisivo es la fracción de la clase trabajadora que cuenta con las condiciones para llevar a término los postulados elementales del propio Frente de Todos: garantizar que todos los habitantes del país tengan satisfechas sus necesidades básicas y que el neoliberalismo no vuelva nunca más a gobernar el país. La ensoñación de “vivir con lo nuestro” es el único camino que tenemos al final del túnel y siendo que el embate asestado no se reduce al ámbito nacional, lo “nuestro” toma características de clase, lo nuestro es el producto de nuestro trabajo y como tal, la organización de lo nuestro es tarea de la clase obrera, superando el horizonte nacional.

La negociación con los grupos nacionales para la administración de los recursos estratégicos (gas, petróleo, electricidad) asociados al capital financiero (Shell) da cuenta de los límites de la “burguesía nacional” para llevar a delante un proceso de alcanzar cierta autonomía energética, elemental para un desarrollo industrial independiente del imperialismo. La dependencia financiera y tecnológica lleva al gobierno a cerrar acuerdos con los conglomerados “enemigos del pueblo”. Puede tratarse de un acuerdo coyuntural o de un mal presagio. Dependerá de la capacidad de la clase trabajadora para avanzar en el control genuino de las fuentes de riqueza nacionales.

Los inocentes son los culpables dice su Señoría

Los sectores económicos concentrados, y fundamentalmente los terratenientes de la Pampa Húmeda intentan ordenar a su fuerza social sobre cuál es el enfrentamiento que tienen por delante.

 Emilio Ocampo, editorialista de La Nación publicaba a fin de año: “Perón fue quien ‘puso en marcha la industrialización’ del país. Es un mito que Perón mismo se encargó de promover y que hoy circula en distintas versiones. La más benigna plantea que la industria que había existido hasta 1945 no era una “verdadera” industria. Según la más fantasiosa, si no hubiera sido por Perón la Argentina nunca se hubiera industrializado. Cualquiera de ellas implica tergiversar la historia. Esto podría ser inocuo si no fuera porque tiene efectos nocivos en el presente, ya que plantea que la única manera de desarrollar la industria es con proteccionismo y subsidios permanentes... (…) Los datos son irrefutables. En 1943 el valor agregado por la industria superó al del agro. Además se exportaba el 20% de la producción industrial. (…) la economía argentina se volvió estructuralmente dependiente de sus menguantes exportaciones agropecuarias y, por ende, su desarrollo quedó limitado por su sector externo. Perón no solo abortó la posibilidad de que la Argentina contara con una industria eficiente e integrada al mundo que sostuviera el crecimiento económico sostenido bajo un marco democrático pluralista. (…) un porcentaje importante de argentinos sigue votando por mantener este sistema. No quieren cambiar porque luego de décadas de adoctrinamiento siguen aferrados a una ideología antiprogreso que confunde las relaciones de causalidad (por ejemplo, que para industrializarnos ‘hay que combatir al capital’). A esta altura el voluntarismo gradualista solo profundizará nuestros problemas. Hay que cambiar de raíz el sistema corporativista que nos gobierna y volver a los principios de nuestra Constitución” (LN 24/12). El periodista evalúa correctamente que uno de los límites del peronismo radica en su carácter rentístico, basado en desarrollar el conjunto de la economía apoyada en la producción agropecuaria. Los límites en el apalancamiento del mercado interno y la mejora del poder adquisitivo de los trabajadores y la ofensiva del gran capital empujan a la clase obrera a la conciencia de la necesidad de superar el carácter rentístico de su proyecto político, que supone la construcción de la soberanía. Es por esto que el escriba insiste en que “un porcentaje importante de los argentinos siguen aferrados a una ideología de que hay que combatir al capital”. Se equivoca en plantear a su propia base social que esto no es intrínsecamente así ya que no los preparan para el enfrentamiento que tienen por delante. Néstor Scibona por su parte toma nota de la búsqueda que encara el pueblo por la superación de los problemas y en contacto del mismo con las experiencias de enfrentamiento contra el poder económico concentrado: “la militancia kirchnerista que admira el modelo cubano debería reparar en un cambio que aquí pasó casi inadvertido detrás del revuelo político de fin de año. Desde ayer, Cuba abandona el peculiar régimen bimonetario impuesto en 1994 para paliar su crónica escasez de divisas y convertir al turismo externo en su principal fuente de ingresos. En Venezuela las cosas no están mejor: durante el verano de 2020 en las playas de Cartagena (Colombia), jóvenes venezolanos emigrados ofrecían por un dólar a los turistas enormes fajos de billetes de bolívares como exótico souvenir” (LN 2/1). Queda negado sin embargo el hecho de que son ellos mismos los constructores de la crisis económica que padecen los pueblos: aquellos que se les enfrentan y aquellos que no. La crónica escasez de divisas que padecemos y padecen los cubanos es pura y exclusiva obra suya. Intentan además separar al conjunto de la clase de las experiencias que ésta misma ha desarrollado en otras partes del mundo resolviendo los principales problemas que nos aquejan y buscan reducirlo a “la militancia kirchnerista”. En este punto confunden también a su propia clase, que no comprende que Cuba es la necesidad del conjunto del pueblo argentino, y no solamente de un sector que participa políticamente.

Nos muestran los límites del proyecto político más avanzado que pudimos construir, el peronismo, pero nos niegan, y además no tienen condiciones para verlo, que está en las manos de los trabajadores resolver los problemas que aparecen como insalvables. La organización de la estructura económica y la vida social en función de las necesidades de la clase obrera y del conjunto del pueblo supone que los trabajadores en tanto clase dejen de existir, y es por esto que no pueden ni si quiera concebirlo. Su única propuesta es que dejemos que el capital financiero y la oligarquía terrateniente produzcan en “libertad”, sin trabas de ningún tipo. Esto es, que no haya industria ni trabajo y nos resignemos a vivir en la pobreza extrema.

El Rey de Espadas

En los marcos de la ofensiva declarada del poder concentrado en todos los planos el gobierno toma medidas paliativas de sostenimiento del lánguido aparato industrial y el consumo popular. Las medidas en ningún caso superan el horizonte de la reconstrucción de la burguesía nacional y la apropiación de parte de la renta agropecuaria. La dependencia estructural de la Argentina impide limitar la succión del capital financiero y la coerción de la oligarquía. La posibilidad de resolver esta batalla está en manos de la clase obrera y del pueblo en su conjunto, en tanto asuma su tarea histórica de transformación del conjunto de las relaciones de producción ya que conducida por los sectores propietarios solo podrá responder de forma parcializada y tendrá una derrota asegurada.



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